ABSTENCIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)

ABSTENCIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)

Por Ricardo Ayala Gordillo

El Secretario Técnico del PAD, como el Órgano Instructor y el Órgano Sancionador en caso de ser denunciados o verificar que se encuentran incursos en algunas de las causales de ABSTENCION establecidas en el Artículo 88 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, están obligadas a promover su Abstención, y apartarse del PAD.
La Abstención no es un acto supeditado a la decisión de la ST o de la autoridad del PAD sino deriva de la obligación impuesta por la Ley en aras de garantizar la transparencia e imparcialidad del PAD.
Corresponderá al superior jerárquico o al titular de la entidad, si fuera el caso, designar al ST o a la autoridad suplente del PAD, mediante el correspondiente acto resolutivo.

En caso de encontrarse e incursos en causal de Abstención y no lo hacen, persistiendo en su función, vician el PAD e incurren en las responsabilidades administrativa civil o penal a que hubiera lugar.

LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo 88.- Causales de abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del
procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de
participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios,
con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo
procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre
el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto,
salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se
trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses
objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se
hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio
o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con
alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

Artículo 89.- Promoción de la abstención
89.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas
en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que
comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su
abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al
presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite,
se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.

89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las
causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de
la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.

Artículo 90.- Disposición superior de abstención
90.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los
administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se
refiere el Artículo 89 de la presente Ley.

90.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto,
preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.
90.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el
superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en
causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión.

Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención
91.1 La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las
causales de abstención, no implica necesariamente la invalidez de los actos
administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la
imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al
administrado.

91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones
de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese
abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.

Artículo 92.- Trámite de abstención
La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender
los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo.
Artículo 93.- Impugnación de la decisión
La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo
la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo
contra la resolución final.
Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida
La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento,
coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar
en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión.

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL
(…)
8.1. Definición
(…)SI EL SECRETARIO TÉCNICO fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG.

9.1. CAUSALES DE ABSTENCIÓN
SI LA AUTORIDAD INSTRUCTIVA O SANCIONADORA SE encontrare o incurriese en alguno de los supuestos del artículo 88 de la LPAG, se aplica el criterio de jerarquía, con el fin de determinar la autoridad competente.

La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día hábil.

Si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior jerárquico procede a designar a la autoridad competente del PAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la LPAG. En el supuesto que la abstención sea ordenada de oficio o a pedido del presunto infractor, se seguirá lo establecido en el mismo artículo 90 de la LPAG.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
ABOGADO
Celular 985 483 172
Email: asesoriadefensa02@gmail.com
Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú
(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

SANCIÓN POR FISCALIZACIÓN POSTERIOR A SERVIDOR CIVIL

SANCIÓN POR FISCALIZACIÓN POSTERIOR A SERVIDOR CIVIL
Por Ricardo Ayala Gordillo

Quienes realizaron la fiscalización posterior por tienen competencia para imponer sanción administrativa.
La sanción administrativa está reservada únicamente a las autoridades del PAD.
En ese sentido, si en el informe de la fiscalización posterior se ha establecido presunta falta de un servidor, dicho documento debidamente sustentado será necesariamente remitida a la Secretaría Técnica del PAD a efectos que, en el ejercicio de sus funciones establecidas por la Ley 30057, proceda a evaluar y precalificar la denuncia.

En caso que la ST concluya que existen elementos que configuren presunta falta administrativa emitirá Informe de Precalificación en el cual, podría o archivar definitivamente la denuncia, o bien, recomendar a el Órgano Instructor la apertura del PAD.

El Órgano Instructor evaluará el Informe de Precalificación pudiendo apartarse en todo o en parte, de lo recomendado por el ST fundamentando debidamente su posición; o bien, hacer suya la apertura del PAD, caso en el cual, notificará dicho acto al servidor, adjuntando los documentos en que se sustenta, concediéndole un plazo de 5 días hábiles para que presente su descargo documentado el cual debidamente valorado elevará su Informe Final al Órgano Sancionador.

El Órgano Sancionador evaluará el Informe del Órgano Instructor, pudiendo igualmente apartarse en todo o en parte de lo recomendado con el debido fundamento; caso contrario, notificará al servidor con el indicado Informe Final, concediéndole el derecho a informar oralmente, luego de lo cual, de ser el caso, impondrá la sanción administrativa a que hubiera lugar.

AGRESORES DE VIOLENCIA FAMILIAR ¿PUEDEN POSTULAR A TRABAJOS DEL ESTADO ?

AGRESORES DE VIOLENCIA FAMILIAR ¿PUEDEN POSTULAR A TRABAJOS DEL ESTADO ?

Por Ricardo Ayala Gordillo

El autor de este artículo rechaza todo tipo de violencia, cualquiera sea su procedencia.

El Gobierno, ha emitido el Decreto Legislativo N°1386 con el cual, ha modificado parcialmente, la Ley N° 30364- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-, con el objeto de erradicar el incesante incremento de diversidad de actos de violencia familiar y fortalecer las medidas dirigidas a proteger a las víctimas de violencia, ordena las funciones de los operadores del sistema de justicia y fomentando una participación mas activa y responsabilidades en la materia de las instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, instituciones educativas, profesionales de la salud de los establecimientos de salud públicos y privados, disponiendo que incurre en delito de demora o rehusamiento de sus deberes de función (Art. 377 Código Penal) a quien en ejercicio de su cargo, conociendo de un caso de violencia familiar, actúa con indiferencia, rehusa o demora cuanto por función le corresponde ; dando lugar a la impunidad; asimismo, ha ampliado las medidas de protección que a favor de las víctimas el Juzgado de Familia puede dictar algunas de las siguientes medidas cautelares contra el agresor y con ello, dar celeridad al proceso :

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución.
2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad.
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este numeral.
5. Inventario de bienes.
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia.
El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.
7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes.
8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.
9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este.
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares.”

Como se puede apreciar, entre las indicadas medidas, no se encuentra alguna que restrinja al agresor de violencia familiar para postular o laborar en alguna Entidad de la Administración Pública.

Lo anterior se explicaría en el hecho que, la Constitución Política del Estado a la cual los peruanos nos encontramos obligados a respetarla y obedecerla, de modo especial, por parte de las autoridades, cualquiera sea el cargo o función, consagra como derecho fundamentales de la persona humana : el derecho al trabajo, al igual que la presunción de inocencia. De ahí que, en tanto no medie sentencia firme, prevalece la presunción de inocencia. El denunciado por violencia familiar puede postular a trabajar en una Entidad del Estado. Postular no significa necesariamente ganar un proceso de selección. Asimismo, si bien cualquier persona puede denunciar a otra, no todas las denuncias son amparadas por falta de pruebas o por ser calumniosas.

Finalmente, quien es violento contra la familia es posible que también pueda serlo en el trabajo, de ahí que es conveniente y saludable que, los compañeros de trabajo o el empleador se lo hagan notar, exhortándolo al cambio de conducta, máxime cuando de modo expreso la Ley, sanciona todo tipo violencia, faltamiento de respeto verbal o física a los compañeros de trabajo, superiores y público que, de ser verificada, previo Procedimiento Administrativo Disciplinario, puede llevarlo a perder temporal o definitivamente, el privilegio de contar con un trabajo.

Si inscribo a una niña con mi apellido ¿ la estoy adoptando?

Si inscribo a una niña con mi apellido ¿ la estoy adoptando?
No.
Sólo se adopta mediante procedimiento administrativo hecho ante el Inabiff o mediante sentencia Judicial.
Lo que estás haciendo es incurrir en la presunta comisión del delito contra la familia en la modalidad de Alteración o supresión de la filiación de menor (Artículo 145 del Código Penal) reprimido con hasta 5 años de pena privativa de libertad: “El que exponga u oculte a un menor, lo sustituya por otro, le atribuya falsa filiación o emplee cualquier otro medio para alterar o suprimir su filiación será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años”.

¿Pueden destituir a un personal administrativo nombrado con tres sanciones al año?

Si, previo Procedimiento Administrativo Disciplinario. Si la primera falta que comete es lo suficientemente grave, basta con esa sola falta para que pudiera ser sancionado con destitución. La siguiente ilustración grafica este último caso: la misma conducta del servidor, primero como guardián que fuma un cigarrillo, dentro del terreno público podría hasta resultar irrelevante; a […]

¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, ACTA DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, CONSTANCIA DE NACIMIENTO Y DNI? (Reedición)

Transcurridos los 9 meses del embarazo, algunas madres gestantes llegado el momento del parto aún no decidieron que nombre poner a sus hijos o hijas o no se pusieron de acuerdo con el padre en el nombre del hijo o hija; algunas otras, del padre sólo saben su apelativo o sólo un nombre; otras no saben quien es el padre.

Estas realidades salen a flote cuando llegado el momento del parto, el médico o la obstetriz le piden el nombre del hijo o hija y el nombre del padre.

Muchas veces en el Certificado de Nacimiento esos datos quedan en blanco y por causa de ello y de una elemental orientación, se dan casos de niños que quedan sin ser inscritos por varios años, en tanto, la vida y destino de algunos de esos niños o niñas se vuelve incierta.

A 23 años de la trascendental función que cumple el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), -organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad (DNI), registrando hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil-; aún existen niños y niñas, como adolescentes como adultas indocumentadas que, por esa razón, terminan siendo traficados, o siendo parte de inimaginables situaciones como es el caso de abuelos que creyendo obrar bien intencionados pretenden reconocer al nieto como progenitores; o aquellos en que las gestantes madres contraen nuevo compromiso que reconozca o le asignen el apellido de éste al hijo a sabiendas que el padre biológico es otro.

Si el asunto no funciona, con el tiempo, suelen presentarse situaciones diversas que necesariamente terminarán en procesos judiciales de Exclusión de Nombre, Usurpación de Nombre, Nulidad de Reconocimiento, Filiación Extramatrimonial, etc., que demandarán tiempo y dinero al demandante, con las implicancias familiares, relacionadas a pensiones de sobrevivientes, pensiones alimenticias, herencias, entre otros.

Hoy, la Ley faculta a la madre soltera inscribir a su niño con el apellido del padre o bien sólo con los apellidos de la madre.

En la medida de lo posible, promovamos medidas para que el niño conozca la identidad del padre.

De otro lado, alguna personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.

Te dan un plazo breve y no siempre tienes tiempo o dinero suficiente para realizar los procedimientos notariales o judiciales para arreglar tus papeles.

Nada pierdes dando una mirada a tu Partida o Acta de Nacimiento y de tus seres queridos.

A continuación algunas pautas generales y previas relacionadas al título como a las notas precedentes, que ampliaremos en las siguientes entregas.

El nacimiento de un niño(a) da lugar a la emisión secuencial de diversos documentos.

Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar.

El siguiente es, en Perú, el orden según su emisión :

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO (ANTES CERTIFICADO DE NACIMIENTO): Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetríz que atendió o constató el parto.

En las localidades apartadas donde no existen alguno de dichos profesionales el nacimiento es certificado por el profesional o técnico de salud que atendió o constató el parto.

El llenado de los datos es inmediatamente a la atención o constatación del parto.

Es entregado a los padres, sus representantes legales o al funcionario público designado formalmente.

Es el primer documento público que prueba, en esencia, el nacimiento del(a) recién nacido(a).

Su emisión es coetánea al procedimiento administrativo de verificación de identidad a cargo del personal Criminalística de la Policía Nacional del Perú encargado de la toma de la huella digital de la madre y huella pelmatoscópica (huella plantar) del(a) recién nacido (a).

El certificado de Nacido Vivo prueba:

El lugar del nacimiento

La hora, el día, mes y año del nacimiento.

El sexo del(a) recién nacido(a)

La identidad de la madre : Nombre, Edad, Estado Civil

El nombre del(a) recién nacido(a)

Debería contener también la identidad del padre

La huella pelmatoscópica (huella plantar del pie derecho del recién nacido)

Sello, nombre, colegiatura y nombre del profesional que atendió el parto

Sello del establecimiento donde ocurrió el nacimiento

Es un formato aprobado oficialmente por la RENIEC y el INEI

ACTA DE NACIMIENTO (ANTES LLAMADA PARTIDA DE NACIMIENTO): Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de RENIEC o del Registro Civil de las Municipalidades Distritales del país donde se produjo el nacimiento.

Lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacido Vivo y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

El formato que lo contiene es una hoja de papel con membrete de la Municipalidad, llenado en una sola carilla en formato A-4 u Oficio. Al dorso suele ir sello y firma certificando su originalidad. Además de los datos que contiene el Certificado de Nacimiento, lleva una numeración correlativa y espacio para la firma de los funcionarios y progenitores que intervienen.

La Partida de Nacimiento contiene:

El lugar del nacimiento

La hora, el día, mes y año del nacim

SANCIONES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS LA LEY N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC)

SANCIONES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS LA LEY N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC),

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

La Ley N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC), vigente a partir del 14.09.2014, estableció un común Régimen Sancionador (RS) y Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), derogando asi los diferentes PAD que hasta entonces se aplicaban a los servidores y funcionarios públicos de los regímenes laborales comprendidos en la misma ley, en el D.Leg. 276, 728 y 1057 (CAS) incluyendo el previsto en el Código de Etica de la Función Pública.
Como hemos sostenido en nuestros artículos anteriores, con todas las imperfecciones que pueda atribuirse a esta Ley, en lo concerniente al RS y PAD para quien es PROCESADO ADMINISTRATIVAMENTE, es mas garantista (léase justa si se quiere) que las derogadas, porque, entre otros, crea la SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD(ST), el ORGANO INSTRUCTOR(OI) Y ORGANO SANCIONADOR(OS), estableciendo que son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario: El jefe inmediato del presunto infractor.(desaparece el término de autoridad competente), El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil (de SERVIR); precisa el plazo prescriptorio, introduce la causal de eximente de responsabilidad, que para aplicar una de las tres sanciones debe necesariamente someterse a una investigación preliminar a cargo de la ST, que se encuentra a cargo de Abogado designado por el titular de la entidad, de abrirse PAD previamente debe entregarse copia del expediente que contienen los antecedentes y cargos que se atribuyen al servidor y en caso de no encontrarse conforme con la sanción impuesta no será la misma entidad sino un tercero ajeno, en este caso, el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR el competente para evaluarlo y resolverlo, de ahí que originariamente un número importante resultaron amparadas en todo o en parte.
Para los JEFES INMEDIATOS si constituye una ingrata pero necesaria función, puesto que antes se limitaban a informar sobre el hecho presuntamente infractor, hoy les toca actuar como ORGANO INSTRUCTOR, es decir de abrir PAD y de evaluar el descargo del servidor procesado y cuando se trata de Amonestar por Escrito actuar como ORGANO SANCIONADOR.
De ahí lo aconsejable de tener a la mano la Ley 30057, su reglamento aprobado con D.S. N°084-2014-PCM y su DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC revisarlo permanentemente y si es mejor capacitarse en este no grato pero circunstancialmente necesario procedimiento.

¿COMO PROCEDO SI DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO LA ST, EL OI , EL OS INCURRE EN VICIOS?
Del mismo modo que la entidad en materia de PAD, cuenta ahora con un Abogado que tiene a cargo la ST y con ello la evaluación de las denuncias, siempre es aconsejable que el denunciado y tanto mas el procesado cuente con abogado.
Tan prontamente el procesado tome conocimiento de un vicio dentro de un PAD, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad administrativa efectos que asi lo declare.
El pedido dará lugar a que la autoridad tenga presente al momento de resolver o promueva la nulidad de oficio, retrotaendo hasta la respectiva subsanación.
En ningún caso es aconsejable que el procesado deje de presentar tu descargo o presentar su informe oral, pues implicaría renunciar al ejercicio de su defensa,
Si no prosperase la nulidad planteada al apelar la sanción podrá pedir se declare la Nulidad del acto administrativo impugnado ante el Poder Judicial, precisando entre otros, el vicio invocado.
¿A QUE INSTANCIA RECURRO PARA RECLAMAR MI CARGO Y CUMPLA DISPOSICION DE SERVIR?
En caso la autoridad administrativa no cumpla con lo ordenado por el TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL o el mandato judicial, si fuera el caso; el afectado pondrá de la renuiencia en conocimiento de aquellas o proceder a la ACCION JUDICIAL destinada a EJECUTAR lo ordenado por la instancia superior,
La renuencia de la autoridad constituye en incumplimiento de órdenes del superior o en desacato al mandato judicial, resultando susceptible de denuncia administrativa o penalmente, respectivamente, lo cual es preciso a las autoridades administrativas evitar.

Gracias por escribir y difundir el blog.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
ABOGADO

Estudio: Jr. Moquegua N° 157 Oficio 201
(A media cuadra de la 5ta de Jr. De la Unión )
Lima – Perú
Atención : De lunes a Sábado, previa confirmación de fecha y hora

CITAS:
RPM # 985 483 172
RPC 994 948 189
Email: asesoriadefensa02@gmail.com
Twiter: @ricardoayalago

ALIMENTOS – MONTO

Si primase la desconfianza o la necesidad de rodearse de una común seguridad, sería mejor que ese acuerdo, sea elaborado con el concurso de un ABOGADO y quede plasmado en un acta celebrada ante un CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, lo cual te evitará pérdida de tiempo y dinero en pasajes, trámites engorrosos, sobre todo enojos y enemistades mayores siendo lo mas importante que tiene igual validez que una sentencia judicial, de modo que de no cumplirse, es mas pronto su exigibilidad, en ese caso si a través de un JUZGADO.

Con esa acta, el monto no pagado oportunamente, se entenderá adeudado y es pasible de exigir su cobranza como devengados para cuando el padre perciba ingresos, oportunidad en la cual podrás exigir el pago de los respectivos INTERESES generados.

Idealmente debiera ser el 50% de sus ingresos a favor del niño, aunque judicialmente suele señalarse alrededor del 20 al 30%.

Mucho dependerá de cada caso en particular, asi, si un padre tuviera un ingreso diminuto, el porcentaje otorgado por máximo que fuera siempre será en esa proporción; en contrario, si su ingreso es alto, el mas diminuto que se señale podría atender con creces la necesidad del alimentista.

A mayor edad mayor necesidad de alimentos.

RESPONSABILIDAD DEL COMITE ESPECIAL

Normativamente, el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa las atribuciones del Comité Especial las cuales concluyen al quedar firme administrativamente el otorgamiento de la buena pro, siendo responsable por la adecuada selección del postor ganador como de los actos inherentes a su función, destinados a declararlo como tal, no formando parte de dicha función supervisar la ejecución de la prestación contratada ni ser quien da la conformidad previa al pago.

El control y supervisión permanente de la ejecución de la prestación corre a cargo del usuario y/o del funcionario o servidor designado como responsable de la supervisión como del autorizado a dar la conformidad previa al pago y en lo que corresponde, al órgano encargado de las contrataciones de la entidad.

Los artículos 24 y 32 de la LCE establecen la responsabilidad administrativa que respectivamente asiste al Comité Especial como a los funcionarios o servidores de la Entidad; la cual puede derivar en responsabilidades civiles o penales como refieres en el caso en particular.

A efectos de mejor ilustrar a la autoridad judicial es aconsejable que los miembros del Comité Especial cuenten con una adecuada defensa legal preferiblemente, con experticia en la Ley de Contrataciones del Estado.