INFORME ORAL EN PAD

Por: RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Consulta:

Buenos Días Doctor, primero para felicitar su labor altamente contributiva a la formación y capacitación de los que aplicamos las normas en el sector público. Agradeciendo anticipadamente su respuesta.

1.- Favor de ilustrarnos de forma resumida, como se debe desarrollar correctamente el informe ORAL dentro del PAD y cual es la actuación de las partes que intervienen.

2.- Cual sería la actuación de las autoridades del PAD, considerando que en la institución solo contamos con 1 secretario técnico el mismo que desempeña funciones de asesor legal, teniendo en cuenta el asesoramiento para instaurar el proceso, informe de órgano instructor, informe oral, resolución de sanción, recurso de apelación, etc, resumiendo que lógicamente las autoridades no son especialistas en derecho y necesitan el asesoramiento legal, sin embargo la secretaria técnica es un órgano de apoyo y no es autoridad disciplinaria, la idea es no vulnerar el principio de doble instancia, por cuanto en algunos procesos es la secretaría técnica quien realiza todos los documentos del proceso y las autoridades disciplinarias solo se limitan a firmar los mismos, favor ilustrarnos como deberíamos proceder en estos casos.

Asimismo cuando se proyecta una resolución de sanción o que resuelve un recurso de apelación, debe ir el sello o visto bueno de secretaría técnica? nosotros consideramos que no, por cuanto podría vulnerar el debido proceso o el principio de doble instancia, sin embargo ¿como una autoridad que no es conocedora del derecho puede resolver o emitir dichos pronunciamientos?

Aprecio sinceramente la reflexión que formulas en torno, a cómo un servidor o funcionario público especializado en otras materias, que, por mandato de la Ley, de pronto, se ve compelido a asumir una función compleja, especializada y no siempre querida debe actuar como autoridad en materia disciplinaria, en su condición de Organo Instructor o de Organo Sancionador, o de ambas a la vez.

Respuesta:

El rol encomendado por Ley a los colegas abogados que asumen funciones como Secretarios Técnicos del PAD, lo hemos dicho siempre, es un importante avance en el régimen sancionador como en el procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, no es suficiente, de ahí la necesidad que los titulares de las entidades públicas, los Secretarios Técnicos  y los gremios se interesen en fomentar la capacitación en esta materia tanto a Jefes como a los servidores públicos.

Si revisas la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y de manera especial, los gráficos 2 y 3, existentes al final de la Directiva Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, podrás apreciar que el Informe Oral es un derecho del procesado cuya actuación está prevista para ser solicitada, concedida y actuada ante el Organo Sancionador.

La Directiva establece en el numeral 17.1Informe Oral.- Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario solicitar un informe oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil. El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de diez (10) días hábiles, prorrogables por igual período de tiempo, debidamente sustentado.”

En el escrito que presente el procesado pidiendo se le fije fecha y hora para que proceda a informar oralmente, el procesado precisará si es él quien únicamente informará o sólo su Abogado o bien un tiempo cada uno. El Organo Instructor en la respuesta precisará los minutos que concederá al procesado y/o o su abogado.

A dicho acto son dos las partes que concurren, la autoridad que actúa como Organo Sancionador y el procesado.

El Organo Sancionador puede encontrarse asistido por el Secretario Técnico del PAD para el levantamiento del Acta; a la vez, el procesado puede optar por ir solo o asistido por su Abogado.

En dicho acto el Organo Sancionador se circunscribirá a escuchar los argumentos que respecto a su defensa proceda a exponer al procesado y/o a su abogado.

No dice la norma; sin embargo, considerando que el informe oral es la última oportunidad previa a la emisión de la sanción o absolución que correspondiera, el Organo Sancionador puede hacer alguna o algunas preguntas que mejor esclarezcan o ilustren los argumentos de defensa escrita presentados durante el descargo, que, en ocasiones, el Instructor y esencialmente para el Organo Sancionador, no han leido el expediente administrativo, ni las normas originariamente citadas ni analizan si la apertura del PAD, los medios probatorios o las diligencias realizadas han sido acordes o no a la norma especializada y aplicable como en aquellos casos, en que como dices, “es la secretaría técnica quien realiza todos los documentos del proceso y las autoridades disciplinarias solo se limitan a firmar los mismos” o donde por razones presupuestales o de decisión “…en la institución solo contamos con 1 secretario técnico el mismo que desempeña funciones de asesor legal, teniendo en cuenta el asesoramiento para instaurar el proceso, informe de órgano instructor, informe oral, resolución de sanción, recurso de apelación,etc, resumiendo que lógicamente las autoridades no son especialistas en derecho y necesitan el asesoramiento legal, la secretaria técnica es un órgano de apoyo y no es autoridad disciplinaria, la idea es no vulnerar el principio de doble instancia.”

En ese sentido, en el caso que expones, la actuación concurrente del colega Asesor, actuando a la vez como Secretario Técnico y quien proyecta las resoluciones en diversas instancias podría viciar todos los actuados, riesgo que debe evaluar y en todo caso, corresponde corregir al titular de la entidad.

Un adecuado informe oral, preferiblemente, a cargo de un Abogado, en muchas ocasiones, ha sido gravitante para que el Organo Sancionador pudiera confirmar lo actuado hasta ahí o en caso contrario, revirar todo lo actuado no resultando extraño o se emita una decisión mas justa ni el  que pudiera exponerse y entenderse, en mejor forma, los vicios que existieran y con ello promover la correspondiente Nulidad, en los casos que asi resulte evidente y con ello la subsiguientes responsabilidad de quienes dieron lugar a dicho estado.

Recomendamos leer lo relacionado a la NULIDAD de OFICIO en el Artículo 167° de la Ley N° 27444, la Ley N° 30057 y  la Resolución de Sala Plena Nº 002-2019-SERVIR/TSC del Tribunal del Servicio Civil, que reitera que la misma autoridad no puede declarar la nulidad de sus propios actos, sino el la autoridad jerárquicamente superior.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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Categoría : PAD/Derecho civil y penal

7 de Octubre del 2019

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PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444

                                                           Por   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

¿Cuánto tiempo debo esperar para que la municipalidad de respuesta a mi pedido?

¿Debo esperar el tiempo que me indican o hay una norma que señala un plazo obligatorio?

¿Qué hago si no me responden a tiempo?

¿Desde cuándo debo contar el plazo y hasta cuándo?

¿Qué son  días hábiles?

¿Qué son dias calendarios?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Por qué me sancionan si yo emití mi informe dentro del plazo de 7 dias que dice el Juzgado? Ahora me dicen que ese plazo era no para mi sino para la entidad, yo que culpa tengo y que me abrirán proceso sancionador. Nunca nos dijeron nada.

¡¡¡Aquí toda la vida hemos atendido asi!!!.

Estas son algunas de las reiteradas preguntas y expresiones cotidianas que suele hacerse el ciudadano como los servidores o funcionarios públicos en ejercicio.

El artículo 132° de la Ley N° 27444 precisa los plazos máximos para realizar cada actuación  (El texto de este articulo se reproduce en el Art. 141 del T.U.O. de la Ley N° 27444)

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

  1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación.
  2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter en tres días.
  3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
  4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los diez días de solicitados.

 La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto  Legislativo N° 1272,  son de obligatorio conocimiento para los servidores y funcionarios públicos y de suma utilidad para los ciudadanos que acuden  a realizar sus diversos trámites ante las diversas instituciones públicas como en las  organizaciones y empresa privadas que  prestan  servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula cómo, quien y en que tiempo, deben resolver las actuaciones necesarias para dar respuesta sea denegando o atendiendo lo solicitado .

En la Ley 27444 se regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, los derechos y obligaciones y  faltas que pueden incurrir  quienes laboran para la administración pública como el administrado; desde el inicio, con la presentación de la solicitud hasta que concluya con  lo resuelto en segunda instancia agotándose  con ello finalmente la vía administrativa, quedando expedito el derecho del interesado acudir a la vía judicial respecto de cuanto no lo considere favorable.

En el caso de las entidades que cuentan con un procedimiento especial prevalece el establecido en dichas leyes y en lo no previsto en aquella es de aplicación supletoria lo regulado por Ley 27444.

La Ley 27444 está orientada a facilitar la atención al administrado con respeto eficiencia y eficacia, imponiendo sanciones administrativas al administrado  o a los servidores si el proceder es arbitrario o abusivo si es contrario a lo establecido por Ley.

La prevalencia de la Ley a favor del ciudadano no faculta al administrado a faltar el respeto a los servidores y mucho menos a que se realicen declaraciones falsas o documentos falsos o se incumplan los requerimientos que la administración le realiza.

De ahí la importancia de recordar a administrados como a los funcionarios y servidores públicos la adecuación de sus funciones como la permanente revisión de los Principios de Derecho  aplicables al Procedimiento Administrativo entre ellos:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación  propia  del  Derecho  Procesal  Civil  es  aplicable  sólo  en  cuanto  sea compatible con el régimen administrativo.

 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico

TÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO IV

PLAZOS Y TÉRMINOS

 

 

CONCORDANCIAS: D.U. N° 099-2009 (Establecen como días hábiles para elcómputo de determinados plazos administrativos a los días sábados, domingos y feriados no laborables)

 

ARTÍCULO 131° OBLIGATORIEDAD DE PLAZOS Y TÉRMINOS

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, aquello que respectivamente les concierna.

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

 

 

ARTÍCULO 132° PLAZOS MÁXIMOS PARA REALIZAR ACTOS PROCEDIMENTALES

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

  1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación.
  2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter en tres días.
  3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
  4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los diez días de solicitados.

 

 

ARTÍCULO 133° INICIO DE CÓMPUTO

133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

 

 

ARTÍCULO 134° TRANSCURSO DEL PLAZO

134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.

134.2 Cuando el último día de plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

 

ARTÍCULO 135° TÉRMINO DE LA DISTANCIA

135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la perspectiva actuación.

135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente.

 

 

ARTÍCULO 136° PLAZOS IMPRORROGABLES

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.

136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

 

ARTÍCULO 137° RÉGIMEN PARA DÍAS INHÁBILES

137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos.

137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados.

137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

 

ARTÍCULO 138° RÉGIMEN DE LAS HORAS HÁBILES

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:

  1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

CONCORDANCIAS: ACUERDO N° 006-2005 (Cumplimiento obligatorio del horario de atención de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General)

  1. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.
  2. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.
  3. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.
  4. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos.
  5. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad, en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.

 

ARTÍCULO 139° CÓMPUTO DE DÍAS CALENDARIO

139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil.

139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a  cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación.

ARTÍCULO 140° EFECTOS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

 

ARTÍCULO 141° ADELANTAMIENTO DE PLAZOS

La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.

ARTÍCULO 142° PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143° RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

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SANCIONES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS LA LEY N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC)

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 La Ley N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC), vigente a partir del 14.09.2014, estableció un común Regimen Sancionador (RS) y Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), derogando asi los diferentes PAD que hasta entonces se aplicaban a los servidores y funcionarios públicos de los regímenes laborales comprendidos en la misma ley, en el D.Leg. 276, 728 y 1057 (CAS) incluyendo el previsto en el Código de Etica de la Función Pública.

Como hemos sostenido en nuestros artículos anteriores, con todas las imperfecciones que pueda atribuirse a esta Ley, en lo concerniente al RS y PAD para quien es PROCESADO ADMINISTRATIVAMENTE, es mas garantista (léase justa si se quiere) que las derogadas, porque, entre otros, crea la SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD(ST), el ORGANO INSTRUCTOR(OI) Y ORGANO SANCIONADOR(OS), estableciendo que son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario:            El jefe inmediato del presunto infractor.(desaparece el término de autoridad competente),    El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil (de SERVIR); precisa el plazo prescriptorio, introduce la causal de eximente de responsabilidad, que para aplicar una de las tres sanciones debe necesariamente someterse a una investigación preliminar a cargo de la ST, que se encuentra a cargo de Abogado designado por el titular de la entidad, de abrirse PAD previamente debe entregarse copia del expediente que contienen los antecedentes y cargos que se atribuyen al servidor y en caso de no encontrarse conforme con la sanción impuesta no será la misma entidad sino un tercero ajeno, en este caso, el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR el competente para evaluarlo y resolverlo, de ahí que originariamente un número importante resultaron amparadas en todo o en parte.

Para los JEFES INMEDIATOS si constituye una ingrata pero necesaria función, puesto que antes se limitaban a informar sobre el hecho presuntamente infractor, hoy les toca actuar como ORGANO INSTRUCTOR, es decir de abrir PAD y de evaluar el descargo del servidor procesado  y cuando se trata de Amonestar por Escrito actuar como ORGANO SANCIONADOR.

Al tipo de FALTAS que se encontraban previstas en el D.Leg. 276 se han incrementado las establecidas en el Código de Etica de la Función Pública como en la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, las que discrecionalmente se precisen en el Reglamento Interno de Trabajo de cada entidad, y aunque no lo dice expresamente también las previstas, entre otros, como faltas leves en el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Contraloría General de la República, etc.

De las 4 SANCIONES establecidas en el D.Leg. 276 hoy son 3, subsistiendo la Amonestación, Suspensión sin goce de remuneraciones que ahora es desde 1 día hasta 12 meses y Destitución.

Las diferencias sustantivas es que para imponer la AMONESTACIÓN en sus dos formas –oral y escrita- requieren la observancia del DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, esto es, entre otros, el derecho del servidor a recibir de su Jefe inmediato los documentos que contiene el sustento de la denuncia por la cual se le pretende sancionar, como su derecho a producir prueba y a que ella sea actuada, antes de imponerse la sanción

En el caso de la AMONESTACIÓN VERBAL es impuesta solo para las faltas leves por el Jefe Inmediato, de manera personal y reservada. Se equipara, en nuestra opinión, mas a una EXHORTACIÓN puesto que en vía de informes legales, se dispone que no debe figurar documento alguno relacionado en el legajo personal.

Si las solas exhortaciones fueran suficiente para que el servidor o funcionario se enmiende o se abstenga de incurrir en faltas sería estupendo, aunque tal deseo no siempre es acorde con nuestra realidad.

Si se determina sancionar con AMONESTACIÓN ESCRITA debe existir investigación preliminar previa e informe de precalificación emitido por la ST  y APERTURA DE PAD,  trasladándole copia del expediente de todo lo actuado a efectos que ejerza su defensa con la presentación de su Descargo dentro del plazo de 5 días hábiles .

De ahí lo aconsejable de tener a la mano la Ley 30057, su reglamento aprobado con D.S. N°040-2014-PCM y su DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC revisarlo permanentemente  y si es mejor, capacitarse en este no grato, pero circunstancialmente necesario procedimiento.

Es en este común cometido, integrando nuestros anteriores artículos a continuación las respuestas a las consultas mas frecuentes:

1 .¿QUE NORMA CREA EL ÓRGANO SANCIONADOR EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PERUANA?

La Ley N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC) y su reglamento aprobado con D.S. N°040-2014-PCM identifican al Órgano Sancionador (OS)  como una de las autoridades del PAD, siendo en este caso la llamada a imponer la sanción a partir de la recomendación que le formula el Organo Instructor pudiendo implementarla tal cual o apartarse de ellas siempre que exista fundamento debidamente motivado. La Ley precisa que será el OS varía de acuerdo al tipo de sanción a imponer:

Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario

93.1. La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera instancia, a:

  1. a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción.
  2. b) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción.
  3. c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción.

La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su comunicación al servidor.

 Cuando se le haya imputado al jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, la comisión de una infracción, para el caso contemplado en el literal a) precedente, instruye y sanciona su jefe inmediato y en los demás casos instruye el jefe inmediato y sanciona el titular de la entidad.

93.2.   En los casos de progresión transversal, la competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde al jefe inmediato, al jefe de recursos humanos o al titular de entidad en la que se cometió la falta, conforme al tipo de sanción a ser impuesta y los criterios antes detallados; sin perjuicio de que la sanción se ejecute en la entidad en la que al momento de ser impuesta el servidor civil presta sus servicios.

93.3.   En el caso de los funcionarios, el instructor será una comisión compuesta por dos (2) funcionarios de rango equivalente pertenecientes al Sector al cual está adscrita la Entidad y el Jefe de Recursos Humanos del Sector, los cuales serán designados mediante resolución del Titular del Sector correspondiente. Excepcionalmente, en el caso que el Sector no cuente con dos funcionarios de rango equivalente al funcionario sujeto a procedimiento, se podrá designar a funcionarios de rango inmediato inferior.

93.4.   En el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales, el instructor es el Jefe inmediato y el Consejo Regional y el Concejo Municipal, según corresponda, nombra una Comisión Ad-hoc para sancionar.”

 

2. INFORME DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR SECRETARIA TECNICA SOBRE ABUSO DE AUTORIDAD

Una de las conductas mas recurrentemente calladas es la de  ABUSO de AUTORIDAD, por lo regular ante el temor a perder el trabajo o a que quede impune y en contrario a ello se tomen represalias diversas contra ella, dado el vínculo del superior con las autoridades que lo investigarán; existiendo casos también en que el trabajador a efectos de omitir sus deberes de función opta por denunciar por esta conducta directamente o a través de sus respectivos sindicatos.

Frente a la denuncia presentada ante la ST, evaluará los medios probatorios presentados, realizará la investigación preliminar a que hubiera. Concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC.

Esta etapa culmina con el archivo de la denuncia conforme se señala en el informe de precalificación o con la remisión al Órgano Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD, en cuyo caso el informe contendrá : 1. La identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta; 2. Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. Identificación de los hechos  señalados  en  la denuncia, reporte  o el informe de control interno, así como, de ser el caso, los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios probatorios presentados y los obtenidos de oficio; 3. Norma jurídica presuntamente vulnerada; 4.Fundamentación de las razones por las cuales se recomienda el inicio del PAD; 5. Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para dicha recomendación; 6.   La posible sanción a la presunta falta imputada; 7.  Identificación del Órgano Instructor competente para disponer el inicio del PAD; 8.  De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la presunta falta, así como la afectación que esta genera al interés general; y 8.   Recomendación de inicio del PAD.

El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por considerarse no  competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAD. De proceder asi, en ambos casos, el OI debe fundamentar debidamente las razones de su decisión.

De acoger la apertura del PAD, se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano Instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos en que se sustenta, entre otros.

La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

El acto o resolución de inicio no es impugnable.

3.  ¿COMO PROCEDO SI DURANTE EL PROCESO  ADMINISTRATIVO LA ST, EL  OI ,  EL  OS INCURRE EN VICIOS?

Del mismo modo que la entidad en materia de PAD, cuenta ahora con un Abogado que tiene a cargo la ST  que evalúa las denuncias, investiga y precalifica si corresponde abrir PAD o declarar No ha Lugar al trámite;  con mayor razón es aconsejable que el denunciado y tanto mas el procesado cuente con abogado.

Tan prontamente el procesado tome conocimiento de un vicio dentro de un PAD, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad administrativa a efectos que asi lo declare.

El pedido dará lugar a que la autoridad tenga presente al momento de resolver o promueva la nulidad de oficio, retrotraendo hasta el momento en que se verifica el vicio.

En ningún caso es aconsejable que el procesado deje de presentar su descargo o presentar su informe oral, pues implicaría renunciar al ejercicio de su defensa,

Si al momento de resolverse la Apelación se declarase infundada la nulidad del vicio invocado,  el servidor podrá optar por demandar judicialmente en vía del Proceso Contencioso Administrativo pidiendo se declare la Ineficacia o  Nulidad del acto administrativo impugnado.

  1. ¿CUALES SON LAS CAUSAS O MOTIVO POR LO QUE TE PUEDEN ABRIR UN PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN UN TRABAJO?

Cuando incurres en el quebrantamiento de los deberes, obligaciones o prohibiciones establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo o de la Ley 30057 Ley de Servicio Civil que configuren alguna de las faltas administrativas contenidas en el Art. 85 de la  antes indicada Ley  o de las faltas establecidas en la Ley 27444, o en alguna de las infracciones contenidas en el Código de Etica de la Administración Pública, como en algunas otras normas especiales que remitan a la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario.

  1. ¿EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ES POR ESCRITO?

El Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) en Perú es predominantemente escrito así:

    1. El informe de Precalificación que emite la Secretaría Técnica ante el Órgano Instructor.
    1. El documento del Órgano Instructor con el cual te instaura PAD,  te notifican con las copias de lo investigado y te conceden plazo de 5 días hábiles para presentar tu descargo.
    1. Tu descargo debidamente documentado
    1.  El informe Final del Órgano Instructor
    1. Tu pedido pidiendo fecha y hora para rendir tu Informe Oral
    1. El informe Final del Órgano Sancionador
  1. La sanción o Archivamiento del PAD

6. ¿CUANDO TE PUEDEN ABRIR UN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ALGUIEN QUE TRABAJA EN LA MUNICIPALIDAD?

Cuando el Órgano Instructor acoge la recomendación de la Secretaría Técnica contenida en el Informe de Precalificación se te atribuye ser autor de  presunta falta administrativa.

7. HAN PASADO UN EXPEDIENTE DONDE LA SECRETARIA TÉCNICA HACE UN EXTENSO INFORME SOBRE UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE UN MONITOR DE OBRA AL HABER PERMITIDO EN EXCESO AMPLIACIONES DE PLAZO EN UNA OBRA, Y RECOMIENDA AL FINAL UNA LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL.¿QUE SE HACE CON EL EXPEDIENTE, EL JEFE INMEDIATO (INSTRUCTOR Y SANCIONADOR) CON PROVEÍDO HA DICHO QUE SE ARCHIVE Y QUE YA LLAMO LA ATENCIÓN VERBALMENTE AL INFRACTOR. PREGUNTO ES NECESARIO HACER UN INFORME Y SOLICITAR SU ARCHIVO COMUNICANDO QUE SE HA CUMPLIDO CON AMONESTAR VERBALMENTE AL INFRACTOR?

Anita, pregunto : A cuánto asciende el total de ampliaciones de obra? Que porcentaje significan respecto del contrato originario? Fueron imprescindibles de modo que fue posible preveer en las Bases y el Contrato? De otro lado, la Secretaría Técnica toma en consideración los aspectos precedentes y los fundamenta motivadamente o resulta evidente que no habría proporcionalidad en la sanción propuesta?.

El OI-Jefe inmediato, se encuentra facultado por Ley, a apartarse de la sanción propuesta motivando debidamente su decisión; y de ser ast,  la ST deberá adecuar su Apoyo a dicha decisión.

 8. EN UN EVENTUAL INICIO DE UN PAD, QUIEN TENDRÍA QUE SER EL QUE ACTÚE COMO ÓRGANO INSTRUCTOR, SI EL INFRACTOR ES PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA, Y LA TESORERÍA ESTA CON ENCARGATURA POR UN TIEMPO CORTO, LA ADMINISTRADORA (SE DESEMPEÑO COMO TESORERA Y JEFE DEL INFRACTOR EN EL MOMENTO DE LOS HECHOS), TENDRÍA QUE INHIBIRSE?, PREGUNTO PODRÍA SER EL ÓRGANO INSTRUCTOR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS?, GRACIAS.

Si la sanción a aplicar sería amonestación escrita o suspensión sin goce de remuneraciones, el OI necesariamente será su Jefe inmediato, vale decir, quien ocupe el cargo de Tesorero, independientemente de la persona que transitoriamente ejerza dicho cargo, por así establecerlo la Ley.

Si el procesado o el Tesorero promueve la abstención, el titular deberá proceder a designar a funcionario de igual jerarquía que actúe haciendo sus veces conforme a la regla establecida en el artículo 90 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General de aplicación supletoria en lo no previsto en la Ley 30057 y su reglamento.

9. A LA LUZ DEL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA LEY 30057, SI EN EL INICIO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, EL INFRACTOR, EN SU DESCARGO NO DEDUCE NULIDAD POR CUANTO NO SE LE HABÍA ADJUNTADO A LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAD NOTIFICADA A ESTE, LOS ANTECEDENTES DOCUMENTARIOS, Y ES VIA INFORME ORAL ANTE EL ÓRGANO SANCIONADOR SOLICITA NULIDAD DE ACTUADOS, POR LA RAZÓN ANTES COMENTADA, MI PREGUNTA ES: SE DEBE APLICAR LA NULIDAD DE DICHA RESOLUCION DE INICIO DEL PAD, O DEBE CONVALIDARSE DICHO ACTO, POR CUANTO NO LO OBSERVO EN SU DEBIDO MOMENTO (DESCARGO)?.

Considerando que no todos los procesados, optan por contratar Abogado o este por desconocimiento prescinde de este sustantivo acto, en mi opinión, se vulnera el derecho a la defensa como al debido proceso; de ahí que, es aconsejable declarar la nulidad de oficio, retrotraer y subsanar lo omitido, a efectos que el OS en primera o el TSC segunda instancia, no sea quien lo declare.

Salvo que, en el expediente se verifique fehacientemente que el procesado o su abogado tomaron conocimiento integral del contenido.

10. SON VÁLIDAS LAS SANCIONES IMPUESTAS, INVOCANDO QUE EL PROCESADO COMETIÓ FALTAS CONTENIDAS EN LOS INCISOS A) Y D) DEL ART. 85° DE LA LEY 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL QUE NORMA: A) “EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY Y SU REGLAMENTO” D) “ LA NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES”,

         Para su validez en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional exige que la autoridad administrativa haya reglamentadoen su RIT  y/o precise de modo expreso y no genéricamente que conductas se encuentran incursas en uno u otro inciso.

11.  LEY QUE REGULA EL APOYO DEL ESTADO AL FUNCIONARIO QUE EN CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES INCUMPLIÓ LAS NORMAS

Es parte de los derechos individuales que confiere a los servidores civiles la Ley 30057 Ley de Servicio Civil en su Artículo 35 inciso l) Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con  la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados.

12. HASTA QUE ETAPA DEL PROCESO DISCIPLINARIO PUEDO PEDIR PRUEBAS?

Si eres Secretario Técnico dentro de la etapa de la precalificación de la denuncia, reporte o informe de control.

Si es dentro del PAD el Órgano Instructor dentro del plazo concedido al servidor para que presente su descargo documentado durante la fase de la Instrucción.

Si eres Órgano Sancionador,  únicamente que se previsto que se haga ante ti el Informe Oral.

Por excepción en mi opinión, en prioridad  de la verdad, podrías recibir  o pedir pruebas hasta antes de emitir la sanción a imponer.

13. ¿CUAL ES EL PLAZO PARA QUE SE PRONUNCIE EL ÓRGANO INSTRUCTOR EN EL PAD?

Luego de recibido el descargo tiene un plazo de 15 días hábiles para remitir su informe al Órgano Sancionador.

14. EJEMPLOS DE HACER UN DESCARGO DE UNA LLAMADA DE ATENCIÓN

Si ya te impusieron la sanción de “amonestación escrita” ya no corresponde presentar descargo, sino, impugnar la sanción.

Si consideras injusta o viciada la sanción tienes derecho a impugnarla, interponiendo Recurso de Reconsideración o Recurso de Apelación, para lo cual es aconsejable que contrates los servicios de Abogado.

15. PROCESOS SANCIONADORES  A CARGO DE LOS JEFES INMEDIATOS DEL AREA DE QUÍMICA Y FARMACIA DE ESSALUD

Les resulta de aplicación el Régimen Sancionador y PAD previsto en la Ley N° 30057

Comienza con la “denuncia” o “reporte” que sobre los hechos reciba la Secretaría Técnica quien luego de evaluar el contenido  de cuanto se denuncia precalificará y opinará por la procedencia o no del respectivo PAD.

Si opina porque se abra PAD, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, establecerá que tipo de sanción se aplicaría, si: amonestación escrita, suspensión o destitución.

El tipo de sanción que finalmente se aplique será la que determine el Órgano Instructor o de ser el caso el Órgano Sancionador: si el Jefe inmediato o la Jefatura de la Oficina de Personal.

16. SE ENCUENTRAN VIGENTES LAS COMISIONES PERMANENTES DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

Con la entrada en vigencia el PAD  previsto en la Ley N°30057, las CPPAD constituidas por mandato del D.Leg 276  caducaron en sus funciones 14 de setiembre del 2014 con las salvedades de los casos que tuvieran pendientes hasta su respectiva culminación.

Hay otros regímenes especiales donde las CPPAD mantienen sus funciones conforme al procedimiento en ellas establecidas.

17.  La LEY SERVIR SE APLICA A DOCENTES?

No.

Los docentes se rigen por su Ley Especial Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial  y su Reglamento.

18. QUE PROCEDE CUANDO UN PRESIDENTE DE UN SINDICATO VIOLA UN DERECHO DE UN TRABAJADOR?

Es susceptible de denuncia y de ser el caso de remoción, conforme a sus Estatutos; independientemente de la falta que pudiera haber cometido como servidor público que daría lugar a la denuncia ante la ST.

 

19. ABUSO DE AUTORIDAD EN CONTRA DE MI, ME PERJUDICA EN MIS ASPIRACIONES.

No todo acto cometido por el superior constituye Abuso de Autoridad, como la apertura de un PAD o la aplicación de una sanción, siempre que sean el resultado del debido procedimiento administrativo.

A diferencia de lo anteriormente anotado, podría constituir Abuso de Autoridad todo aquello que es un derecho para el servidor y no es otorgado por la autoridad.

Asimismo, podría constituir Abuso de Autoridad, todo acto arbitrario como el no seguir el procedimiento expresamente establecido, la no atención dentro del plazo y en la forma establecida.

20. CÓMO DEFENDER MI HONOR COMO FUNCIONARIO  DENUNCIADO  CON FALSEDADES ANTE UN FALLO JUDICIAL EN MI CONTRA?

Apelando el fallo judicial.

De resultarte favorable la decisión final en sede judicial, tienes derecho a pedir la correspondiente indemnización.

21. QUE PASA SI LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, NO DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO O A PEDIDO DE PARTE.

Puedes optar por apelar y/o denunciar como abuso dicho acto.

22. PUEDES SER FUNCIONARIO TENIENDO UNA DENUNCIA POR AMENAZAS?

En tanto no medie sanción firme puede ser designado, prevaleciendo en tanto la presunción de inocencia.

Por ética, los funcionarios, dado que por su tendencia ser paradigmas como líderes del personal a su cargo, debieran estar desprovistos de todo acto que resultase cuestionable.

23. PORQUE MI PROFORMA DE CONTRALORÍA DICE EVENTUAL Y SOY PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN.

Pide la aclaración respectiva ante la Contraloría.

24. CONDICIONES DEL TRABAJADOR PARA INTEGRAR LA SECRETARIA TÉCNICA DISCIPLINARIA DEL NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO, SEGÚN DS. 040-2014-PCM

Abogado(a) nombrado o con vínculo laboral como contratado por la entidad.

Capacidad de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública.

Preferiblemente con experiencia en la Administración Pública con un mínimo de dos años.

Diplomado en Derecho Administrativo, Constitucional y Penal, Mejor si acredita cursos o Experiencia laboral en Procesos Administrativo Disciplinario o Procedimiento Administrativo Sancionador.

Ausencia de deméritos o de PAD.

Proactivo(a), responsable, imparcial, ecuanimidad,  colaborador, trabajo a presión y trato cordial.

25. MODELO DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIO PUBLICO

Revisa la respuesta dada en mi artículo Respuesta a Principales preguntas N° 7.

26. CUANDO HABLAMOS DE PRESCRIPCIÓN EN UN PAD, EN EL CASO QUE DENTRO DE LOS TRES AÑOS CALENDARIOS MI SECRETARIA TÉCNICA RECIBE EL EXPEDIENTE FALTANDO SEIS MESES PARA QUE SE CUMPLIESE EL PLAZO DE LOS TRES AÑOS CALENDARIOS, YO ENTENDÍA QUE AL TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS, MI SECRETARIA TENDRÍA UN AÑO MAS DEL PLAZO DE PLAZO A PARTIR DE LA TOMA DE CONOCIMIENTO. 

No ha sido correcta tu interpretación, el plazo es para la entidad no para cada uno de los funcionarios que tienen temporalmente el expediente.

Mas aún, ese plazo de prescripción se reduce a 1 años contado desde que fue conocido por la Oficina de Personal.

27. PARA LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PAD, POR PARTE DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, NECESITA LLEVAR LA VISACION DEL ÁREA LEGAL DE LA INSTITUCIÓN, POR CUANTO ASÍ LO SEÑALA SU NORMA INSTITUCIONAL, O ES QUE EN ESTE TIPO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS BASTA QUE SE REMITA CON LA FIRMA DEL ENCARGADO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR.

La Ley no ha establecido tal formailidad,  el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) debe adecuarse en ese sentido, en atención al principio de legalidad y de la jerarquía de las normas.

28. CÓMO REALIZAR UNA DENUNCIA ANÓNIMA A UN SERVIDOR PÚBLICO DE SALUD.

Te sugiero dirigirte a la SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, con las pruebas que poseas y le expliques la razón del porque prefieres que se conserve en reserva identidad como denunciante, siempre que entregues o indiques que documentos causen presunta veracidad a tu denuncia que brinde a la ST  elementos para investigar.

29. ¿QUE ESCRITO PRESENTARÍA A LA ADMINISTRACIÓN, CUANDO EN LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO ME CALIFICAN COMO FUNCIONARIO, SIENDO YO UN SERVIDOR PUBLICO SIN PODER DE DECISIÓN Y OTROS, EXPRESANDO QUE POR SER FUNCIONARIO LA INSTRUCCIÓN LO LLEVARA UNA COMISIÓN, ESTANDO A QUE EL JEFE INMEDIATO ES EL QUE TIENE COMPETENCIA PARA LA INSTRUCCIÓN DE UN SERVIDOR (CAS 1057) QUE ESCRITO Y QUE SOLICITARÍA EN EL PRESENTE CASO, TENIENDO A QUE ME DIERON 5 DÍAS PARA MI DESCARGO; NO OBSTANTE PIDEN SUSPENSIÓN DE 1 AÑO CUANDO MI CONTRATO SE TERMINO HACE 3 MESES ATRÁS,( YA CESO) ENTONCES EN EL DESCARGO TENDRÍA QUE MENCIONAR ESTO?

No dices que falta te atribuyen ni la función que desempeñaste como CAS.

Considerando la consecuencia que te acarrearía la suspensión de contratar con toda entidad del Estado, hasta por un año como el antecedente que ello te generaría, siempre es conveniente que el expediente sea estudiado por tu abogado, para que integralmente con los hechos que alegas, prepare tu descargo dentro del plazo concedido.

Si no fuiste funcionario, podrías alegar incompetencia.

El hecho que no mantengas vínculo con la entidad no te exonera de ser procesado.

De ser necesario, la Ley te faculta el que pidas prórroga para presentar tu descargo  hasta por 5 días mas, y posteriormente que informes oralmente.

30.¿CUALES SON LOS PROCEDIMIENTOS QUE UNO DEBE SEGUIR ANTE UNA ESTAFA?.TENGO UN HERMANO DE 15 AÑOS QUE PRESTO DINERO A SU PROFESOR A ESCONDIDAS, DINERO QUE IBA A SER DESTINADO EN SUS ESTUDIOS.ESE PROFESOR LE LLAMABA Y LE MANDABA MENSAJES INSISTENTEMENTE ARGUMENTANDO QUE TENIA UNA ESPOSA ENFERMA Y QUE NECESITA EL DINERO PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO DE ELLA, MI HERMANO DE BUENA FE, LE PRESTO DINERO, EL ACUERDO ERA QUE LE IBA A PAGAR EN UN MES. YA HA PASADO MAS DE 3 MESES Y EL PROFESOR NO LE PAGA. HOY NOS ACABAMOS DE ENTERAR QUE ES UNA APERSONA ACOSTUMBRADA Y QUE AL IGUAL QUE MI HERMANO A OTROS JÓVENES LES HA ESTAFADO CON DIFERENTES ARTIMAÑAS.

La estafa es un delito que debe ser denunciado ante la Policía dando lugar a una investigación y proceso judicial que podría dar a su detención temporal y al final de los años que dure el juicio condenará al culpable, si lo halla responsable, pero no necesariamente, garantiza la devolución del dinero ni la puesta en prisión del culpable.

La conducta del profesor constituye una falta administrativa grave que mas allá de la suma obtenida implica un grave aprovechamiento de la confianza sobre quien tiene bajo su custodia temporal, máxime si esta habituado a realizarla con otros escolares.

Esta falta grave deberá ser denunciada ante el Director del Colegio y la UGEL, la cual lo someterá a una investigación administrativa proceso administrativo disciplinario que, daría lugar a apartarlo de su habitual centro de labores y de hallarlo responsable, suspenderlo temporal o definitivamente. Extraordinariamente, es posible que el profesor se obligue a devolver la suma recibida a efectos de procurar evitar una sanción severa.

Este hecho alecciona a la urgente necesidad de mejorar la comunicación con los hijos y los riesgos a los cuales están expuestos al no existir o ser precaria.

31.¿A QUE INSTANCIA RECURRO PARA RECLAMAR LA REPOSICIÓN EN MI CARGO Y SE CUMPLA DISPOSICIÓN DE SERVIR?

En caso la autoridad administrativa no cumpla con lo ordenado por el TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL o el mandato judicial, si fuera el caso; el afectado pondrá de la renuencia en conocimiento de aquellas o proceder a la ACCION DE CUMPLIMIENTO  en vía JUDICIAL destinada  a EJECUTAR lo ordenado por la instancia superior,

La renuencia de la autoridad constituye  incumplimiento de órdenes del superior o en desacato al mandato judicial, resultando susceptible de denuncia administrativa o penal, respectivamente, lo cual es preciso a las autoridades administrativas evitar.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

CITAS, CONSULTAS Y SERVICIOS LEGALES escríbeme a:

asesoriadefensa02@gmail.com 

CITAS : Celular : 985  483 172 o las redes sociales

 

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24 de Abril del 2019

 

MODIFICA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

Por RICARDO AYALA GORDILLO

Mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS el viernes 25 de enero de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo texto oficial puedes ver en el siguiente link https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/01/25/1734669-1/1734669-1.htm  

Mucho antes, el 21 de diciembre 2016, fue modificada la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General  y derogado la Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo.

Las modificatorias y derogatoria debe significar un cambio mas favorable a los trámites que a diario realiza el ciudadano – administrado ante diversas entidades públicas como ante empresas que prestan servicios públicos de telefonía, agua, luz, etc. al Estado, sobre las cuales iremos comentando progresivamente en artículos siguientes.

Por la brevedad del tiempo, considero interesante compartir el artículo publicado por La LEY , y a continuación compartir la modificatoria referente al Procedimiento Sancionador, el incremento de Faltas aplicables y sobre el encargo dado ahora a Contraloría como a los Organos de Control Institucional para recibir las denuncias de los administrativos

http://laley.pe/not/3686/conoce-aqui-los-17-principales-cambios-al-procedimiento-administrativo/ .

 

FIJAN 12 NUEVAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 6 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

Conoce aquí los 17 principales cambios al procedimiento administrativo

 

El reciente Decreto Legislativo Nº 1272 busca agilizar y optimizar los procedimientos administrativos que se realizan en las entidades públicas. Para ello, modifica diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley del Silencio Administrativo. De esta manera se crean nuevas guías que los ciudadanos deberán tomar en cuenta durante sus trámites ante el Estado.

(Foto: Andina)

A partir de ahora, los procedimientos administrativos en las entidades públicas sufrirán significativos y progresivos cambios. Por un lado, la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley N° 27444) tendrá nuevas disposiciones, mientras que por el otro, la Ley del Silencio Administrativo quedará derogada. Así lo fija el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado este miércoles 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

Algunas de las modificaciones que establece la norma recaen sobre los derechos de los administrados, la velocidad de la respuesta por parte de los entes donde se realizan trámites administrativos, los supuestos eximentes de responsabilidad por infracciones y la incorporación de faltas. Además, ordena que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 sea aprobado en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de este jueves.

La norma deberá aplicarse tanto por parte de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como por los gobiernos regionales y locales, los organismos autónomos del Estado y las personas jurídicas que, estando bajo el régimen privado, prestan servicios al Estado o ejercen funciones administrativas. A continuación, te explicamos al detalle los cambios normativos más importantes que trae el nuevo decreto.

  1. Tres novedosos principios.El Decreto Legislativo Nº 1272 incorpora los siguientes principios: de ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad y de acceso permanente. El primero establece límites dentro de las facultades o potestades que posee la autoridad administrativa, con la finalidad de evitar el abuso del poder. Por su parte, el segundo principio obliga a la administración responder por los daños que perjudiquen a los administrados cuando la causa sea el mal funcionamiento de la actividad administrativa. Finalmente, el principio de acceso permanente busca facilitarle al administrado el acceso a la información sobre el estado de sus trámites.
  1. No cualquier notificación será válidamente efectuada.La norma también ordena que las notificaciones enviadas por correo electrónico sean validadas solo cuando la entidad reciba la respuesta de recepción, cuyo plazo es de dos días útiles.
  1. Administrados que mienten serán puestos en evidencia.Aquellos administrados que presenten declaraciones o informaciones falsas o fraudulentas serán incluidos en una lista pública. Esta relación será emitida y actualizada trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo.
  1. No más papeleo.A su vez, el decreto prohíbe a las entidades solicitar documentación que ellas mismas administren o tengan a la mano. Esta disposición se adecúa al Decreto Legislativo Nº 1246, que se publicó anteriormente y que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.
  1. Se reconocen nuevos derechos de los administrados. Con la norma, se incorporan como nuevos derechos de los administrados el no presentar los documentos que las entidades tengan prohibido solicitar y a no pagar tasas diferentes a las reguladas. Además, las renovaciones de licencias o permisos se entenderán como prorrogadas siempre que el administrado lo solicite durante la vigencia original y la autoridad se encuentre instruyendo el procedimiento de renovación.
  1. Espacios idóneos.Las entidades deberán habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada al público.
  1. Denunciantes protegidos.La norma también establece que las entidades receptoras de denuncias podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes.
  1. Respuestas puntuales.De otro lado, las entidades estarán obligadas a responder las solicitudes de información dentro del plazo que establece la ley.
  1. El recurso administrativo de revisión podrá ser interpuesto solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente.
  1. Responsabilidad administrativa subjetiva.En los principios de la potestad sancionadora administrativa, se agrega el principio de culpabilidad, el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, a menos que por ley o decreto legislativo se establezca como objetiva.
  1. Situaciones que eximen de responsabilidad por infracciones. El decreto también fija seis supuestos en los que los administrados no serán responsabilizados por infracciones:
  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.
  1. Nuevas faltas administrativas.Por otra parte, se agregan 12 faltas administrativas que traen como consecuencia la suspensión, el cese o la destitución de la autoridad o personal administrativo. Algunos de los nuevos supuestos que califican como falta son: no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada; desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa; incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos y  cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
  1. Digitalización del procedimiento.El decreto ordena la incorporación del procedimiento administrativo electrónico. Esto, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales.
  1. Entidades interconectadas. Las entidades permitirán a otras el acceso gratuito a sus bases de datos para consultar información requerida.
  1. Nuevos parámetros en la Contraloría y la Oficina de Control Interno. Los roles cumplidos por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno responderán a nuevos parámetros específicos.
  1. Caducidad ampliable.La norma ordena que el plazo para la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio será de nueve meses. Sin embargo, también prevé que podrá otorgarse una prórroga de tres meses más.
  1. Se incorpora la Actividad Administrativa de Fiscalización, como un conjunto de actos, diligencias, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados.

 

Durante mis días de estudiante de Derecho estaba lejos de sospechar cuan cotidiano me resultaría el Derecho Administrativo, al cual me introduje abruptamente a partir de la experiencia laboral como Auditor Jefe reconocido por Contraloría que, con igual premura, me remitió a empaparme en la normativa y aplicación de las normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario como Abogado, Asesor de diversas entidades públicas, con cuyas experiencias me permito contribuir a  través de los artículos publicados en el Blog como a los consultantes al mismo o al correo personal en la esperanza que las peticiones que formulen y sobre todo las decisiones que se adopten resulten legales, como en lo posible, justas.

Por esta línea de trabajo en adición a las expuestas en los párrafos anteriores consideramos de relevante importancia antelar las modificaciones relacionadas al Procedimiento Sancionador como  las asignadas a Contraloría y a los Organos de Control Institucional.

 “Artículo 229. Ámbito de aplicación de este capítulo

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.”

 

“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

  1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
  2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento.

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

  1. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.

Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

  1. a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
  2. b) La probabilidad de detección de la infracción;
  3. c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
  4. d) EI perjuicio económico causado;
  5. e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
  6. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
  7. g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

 

 

  1. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

 

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

  1. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
  2. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

  1. a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
  2. b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
  3. c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el

ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

  1. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
  2. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
  3. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.
  4. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

(…)

“Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.

 

Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.”

 

Es en consecuencia  ilegal, imponer una medida correctiva no tipificada previamente como tal.

 

“Artículo 233. Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

 

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 232 infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

 

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

 

233.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

 

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

 

 

 

“Artículo 234. Caracteres del procedimiento sancionador

234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

  1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción.
  2. Considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.
  3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
  4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

 

234.2 La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio.

 

“Artículo 235. Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

  1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.
  2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

 

  1. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

 

  1. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

 

  1. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción.

 

La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

 

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

 

  1. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.”

 

Congruente como diferente, en parte, con el procedimiento sancionador previsto en la Ley 30057.

 

“Artículo 236. Medidas de carácter provisional

236.1 La autoridad que tramita el procedimiento

puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 146.

 

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.

236.3 No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos.

 

236.4 Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.5 Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.6 Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva medida.

 

236.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

236.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas:

  1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso.
  2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.”

 

 

“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracci nes las siguientes:

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:

  1. a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

  1. b) Otros que se establezcan por norma especial.”

 

Oportuna incorporación de reclamados eximentes y atenuantes a favor del administrado

 

Artículo 239.- Faltas administrativas

 

239.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de

los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.
  2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
  3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
  4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
  5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
  6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.
  7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
  8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
  9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
  10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refi ere el numeral 160.1 de esta Ley.
  11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.
  12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
  13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.
  14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
  15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
  16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.
  17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

20 Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 125;

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.
  2. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

239.2 Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

Ampliar el número de faltas es el resultado de haber verificado no solo que existen sino que son las que mas proliferan en las diversas entidades públicas, constituyendo el proceso de implementación de 60 dias (hasta el 21 de febrero2017), para los titulares de las entidades, no solo el deber de capacitar al personal sino modificar los instrumentos de gestión y en determinados casos racionalizar o incrementar recursos humanos como adecuar  su infraestructura.

 

“Artículo 49-B.- Rol de la Contraloría General y de los órganos de control interno

49-B.1 Corresponde a la Contraloría General de la República y a los órganos de control interno de las entidades, en el marco de la Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verificar de oficio que las entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento Administrativo, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.”

49-B.2 Los administrados podrán presentar denuncias ante los órganos de control interno de las entidades, que forman parte del Sistema Nacional de Control, o directamente ante la Contraloría General de la República, contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.

49-B.3 Es obligación de los órganos de control interno de las entidades o de la Contraloría General de la República que conocen de las denuncias informar a los denunciantes sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como resultado de las denuncias en relación a las irregularidades o incumplimientos que son objeto de denuncia.

49-B.4 El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia institucional, en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este dispositivo.”

 

Particularmente consideramos que esta función debiera encomendarse a las Secretarías Técnicas de Procedimiento Administrativo Disciplinario a efectos de no recargarse la labor relevante de los Organos de Control Interno en evaluar la adecuada ejecución de los recursos públicos asignados a las entidades.

Comprobado está que mejores leyes por si solas  no hacen un cambio significativo en la sociedad, de ahí la urgencia en la difusión de las Leyes antes mencionadas tanto en los ciudadanos –administrados como por parte de la entidades públicas representadas por los funcionarios, directivos y los servidores, quienes están obligados al mejor conocimiento de las normas administrativas que regulan sus funciones como todas aquellas relacionadas a su quehacer.

Exitos en tu cometido.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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Categoría : PAD/Derecho civil y penal

25 de Marzo del 2019

DENUNCIAS

por RICARDO AYALA GORDILLO

 

¿Como denunciar a un funcionario público?

La denuncia puede ser hecha verbalmente o por escrito.

Dependiendo de la naturaleza de lo que se va a denunciar:

Si es por faltas administrativas cometidas por  funcionarios o servidores en los procedimientos o trámites administrativos a su cargo   : ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario o ante el superior jerárquico.

Si es por mal uso de los recursos públicos  en la gestión o compras públicas  : Ante la Contraloría General o ante los  Organos de Control Institucional (OCI) que hay en cada entidad.

Si es por faltas o delitos de otras personas : ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de turno de donde se produjo el hecho.

Si es contra Policias: ante  la Inspectoría de la Policía Nacional

Si es contra Jueces o Fiscales: Ante el respectivo Organo de Control .

Si es por hechos de conocimiento público:   Puede recurrirse también a los medios de comunicación.

Si es por mala prestación de seguros, servicios de salud, educativos, trnsportes, agua, luz , telefonía o internet, de empresas : ante las mismas entidades o empresas; en caso de no encontrar pronta respuestas o no encontrarse satisfecha con la respuesta, ante las respectivas  instancias superiores:Superintendencia, de Bancas y Seguros, SUSALUD,  UGEL , SUTRAN, o del Organo Supervisor, OSINERGMIN, INDECOPI, etc.

En todos los casos, es necesario actuar con la verdad y claridad en que consiste la denuncia, adjuntando o precisando   las pruebas en las cuales se sostiene la denuncia.

La entidad está obligada a dar respuesta al denunciante del resultado de la denuncia.

Siempre es aconsejable contar con  orientación legal de Abogado.

 

Incumplimiento en Contrataciones del Estado Perú.

Para los funcionarios y servidores: Deben supervisar la adecuada ejecución contractual  de los proveedores; caso contrario, las omisiones no solo pueden significar responsabilidades administrativas sino ser comprendidos  en responsabilidades civiles y esencialmente penales, lo cual es preciso evitar.

Para los proveedores: puede dar lugar a la pérdida de las garantías otorgadas, ser sancionados con  inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 5 años además de responder  las acciones civiles por los daños y perjuicios que se hubiera causado.

Para los usuarios: No recibir o recibir  malos bienes  o servicios

 

Después del hecho en cuanto tiempo se pasa memorándum

De inmediato, debe pedírsele un informe documentado sobre el hecho que lo motiva precisando que la respuesta sea dentro de un plazo no mayor de 3 a 6 días.

Con ello se tiene una versión más clara de los hechos, se garantiza el derecho a la defensa del empleado servidor y queda o desvirtuado o  esclarecida la situación, o bien si se trata de una falta puede apreciarse si esta es grave o leve.

En el caso de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 30057, 276, 728 y 1057,  el Jefe o quien conozca el hecho puede denunciar o ponerlo en conocimiento de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) por ser legalmente la llamada a precalificar las denuncias y disponer su archivamiento si no reviste el carácter de falta o si solo ameritaría una amonestación verbal o bien emitir Informe Preliminar recomendando la apertura del PAD, -en los casos que si ameritase amonestar por escrito, suspensión al servidor con un día o hasta un año sin goce de remuneraciones o bien destitución- Informe que deberá remitir al Jefe inmediato o al Jefe de Personal según fuera el caso de quien actuará como Órgano Instructor quien previo estudio del mismo será quien determine y disponga la apertura del PAD  o bien apartarse de lo recomendado por el ST, en cuyo caso deberá fundamentar su decisión.

En el caso de los empleados de empresas privadas se encuentran al régimen del D.Leg. 728 el Gerente de la empresa o quien tenga facultades delegadas les deberá cursar preaviso de despido imputando la presunta falta grave, precisando los días que tiene para absolver el cargo imputado pudiendo exonerarlo de concurrir en esos días, solo en caso que no se desvirtuara la falta podría despedir al empleado. Si el despido es arbitrario el empleado podrá demandar al empleador.

 

¿Ante que fiscalía se denuncia a los funcionarios?

Si se trata de presuntos delitos comunes ante la Fiscalía Penal de turno, si se trata de delitos de corrupción contra la Fiscalía Anticorrupción.

 

Si yo ganara un proceso administrativo como policía ¿puedo reclamar el daño moral y en que lugar?

Dentro de un proceso judicial que deberás interponer con dicho fin; no bastará que alegues el daño moral sino acreditar el sufrimiento, entre otras pruebas, con el respectivo informe psicológico.

 

¿Puedo denunciar  un mal procedimiento de embargo?

Puedes impugnar el realizado dentro del respectivo proceso judicial; e independientemente de ello, denunciar a quienes participaron ilegal o irregularmente.

¿Dónde puedo poner una denuncia de un robo? ya que la inspectora no hace nada.

Si se trata de un robo debes denunciar ante la Comisaría o la Fiscalía Penal.

 

¿Cómo denunciar una conducta indebida de un policía de tránsito?

Ante la Inspectoría de la Policía Nacional, por escrito, con la verdad, precisando los hechos fecha y hora como adjuntando los medios probatorios u ofreciendo a los testigos que vieron o escucharon directamente los hechos.

¿Cómo denunciar anónimamente contra Ministerio Público?

Las denuncias por lo usual requieren como requisito indispensable la debida identificación de quien denuncia; salvo que la Ley y dependiendo del tipo de caso que denuncies, a tu pedido,  permita proteger tu identidad.

 

Recurso de Reconsideración ¿ se redacta como demanda o como reclamo?

Con la estructura de una demanda y a manera de reclamo respetuoso, precisando de manera puntual porque razón no estas de acuerdo con la decisión adversa que recurres.

Para que te concedan la posibilidad de evaluar tu reconsideración  es imprescindible que  aportes nueva o nuevas pruebas que no se encuentran en el expediente.

Satisfecho ese requisito, ten presente que la Reconsideración está orientada a que la misma autoridad que antes denegó tu pedido pueda volver a revisar cuanto ha decidido y con tus fundamentos y nuevas pruebas aportadas, rectifique su originaria decisión a tu favor.

Si bien ahora, a partir del vigencia el D.Leg. 1272 ya no se requiere que como requisito los recursos deban llevar firma de abogado, siempre es aconsejable que seas asesorada por el abogado de tu preferencia .   en dinde puedo poner una denuncia de un robo ya que la inspectora no hace nada

 

¿Cuantos días hábiles tiene una institución para contestar un escrito?

De tres a 7 dias hábiles.

La Ley 27444 en su Artículo establece: “No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor”.

¿Uno debe aceptar o no que anda con licencia falsa?

Siempre debe primar la verdad.

Elaborar o usar documentos falsos como si fueran verdaderos o declarar falsedades  constituye  delito contra la Fé Pública. Dentro de un proceso o investigación la confesión sincera puede rebajarte la sanción o pena a imponer.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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25 de Marzo del 2019

PROCESO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO¿COMO FORMULO MI DESCARGO?

                                                                                                                                                                             Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

En estos días en que la noticia cotidiana en los medios de comunicación llevan nombres de antes distinguidos políticos, ex Presidentes, ex Presidentes o Presidentes de Gobiernos Regionales, Alcaldes, Gerentes Municipales, algunos de ellos corroídos en sus gestiones como funcionarios públicos por la corrupción, son arduas como frecuentes las investigaciones administrativas a cargo de los Organos de Control Institucional (OCI)  funcionalmente dependientes  de la Contraloría General de la República, como de la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de cada entidad pública, cuando no de la Fiscalías Anticorrupción, como por la prensa;  funcionarios y servidores públicos que se limitaron o fueron obligados a cumplir lo ordenado por la autoridad superior sin oponerse o manifestar oportunamente su desacuerdo con lo dispuesto a ellos, hoy resultan comprendidos en esta vorágine y notificados con la APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO sujeto al RÉGIMEN SANCIONADOR  previsto en la Ley 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL y con ello,  requeridos a presentar sus respectivos descargos dentro del perentorio plazo de 5 días hábiles.

En el documento o Acto Administrativo con el cual te aperturan PAD se encuentra propuesta la sanción Administrativa que, de encontrarte responsable y acuerdo a la gravedad de los hechos que se te atribuye se propone imponerte alguna de las siguientes SANCIONES, desde una :

Amonestación Escrita,

Suspensión (desde 1 dia hasta 365 dias) sin goce de remuneraciones; o bien,

Destitución ( con lo cual te encontrarías impedido para ser contratado en cualquier modalidad, en entidades públicas hasta por 5 años.)

Tal sanción es independiente de la eventual responsabilidad penal o civil que pudiera existir.

El descargo deberá ser presentado por escrito, dentro del plazo concedido o prorrogado por igual plazo que el originario, si lo solicitas; aceptando o rechazando cuanto se te atribuye, precisando la versión ordenada y coherente de los hechos compatibles con tu función, invocando las normas legales y jurisprudencia que resulten necesarias y aplicables al caso, adjuntando u ofreciendo los medios probatorios que abonen en prueba de tu posición.

De ahí que para hacer el descargo, lo primero que debe hacerse previamente, es el estudio pormenorizado, no solo de la falta administrativa que se te atribuye en el  Acto Administrativo con el cual se abre el PAD, sino del INFORME PRELIMINAR(IP) elaborado por el SECRETARIO TECNICO competente, las fechas, que te hayan entregado copia de todo el expediente que sustenta el IP como el cargo y faltas que se te atribuyen; la verificación de la concurrencia del cumplimiento de los plazos para apreciar si la apertura del PAD se encuentra afectada o no por  la PRESCRIPCION; de la competencia (de las autoridades que participan y suscriben los documentos); si existe congruencia entre los hechos y las normas que se invocan o si se están aplicando normas derogadas o inaplicables, si se ha satisfecho los principios que informan el procedimiento sancionador, entre ellos, el debido proceso, que la sanción propuesta sea proporcional a la falta que se imputa; análisis de los hechos, las funciones y cargos; si concurren atenuantes o eximentes de responsabilidad, etc.

Debes saber que el descargo está orientado a que el ORGANO INSTRUCTOR en un primer momento y el ORGANO INSTRUCTOR  después, cuenten con elementos convincentes destinados a apartarse motivadamente de lo propuesto en la apertura del PAD, siempre que tus argumentos se encuentren debidamente sustentados con documentos u otros medios probatorios que respalden tu posición; pudiendo también evidenciarse que:

El PAD podría estar afectado por la Prescripción, en cuyo caso debe ser remitido al titular de la entidad para que la evalúe y de corresponder declare la Prescripción extintiva; o bien,

Podrías declararte responsable en todo o en parte de la falta que se te atribuye ;

O estando  inmerso en atenuante o eximente de responsabilidad; o,

Que no existe la falta imputada.

Es penoso saber de casos en que por no haber presentado un descargo adecuado, como de casos en que a pesar de un adecuado descargo, arbitrariamente, el servidor termine siendo sancionado, caso en el cual, el servidor podrá optar por interponer el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACION (que será resuelto por la misma autoridad que impone la sanción) o el RECURSO DE APELACION, caso en el cual, la entidad  deberá elevar el expediente para que lo resuelva el TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL DE SERVIR.

De confirmar la sanción el mencionado Tribunal, el procesado, desde que es notificado con la sanción tiene un plazo de 3 meses,  para  impugnar esta decisión ante el Poder Judicial en la vía Contenciosa Administrativa, pudiendo pedir mediante medida cautelar,  la suspensión de la sanción impuesta.

Por estas razones si bien, legalmente, el descargo, no requiere la firma de Abogado y puede hacerlo personalmente el servidor procesado; siempre hemos aconsejado que el descargo sea hecho con el concurso de Abogado, preferiblemente, conocedor del Proceso Administrativo Disciplinario (PAD).

Lima, 21 de marzo 2019

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO MAL ESTABLECIDO

                                                                                                                        Por Ricardo Ayala Gordillo

Por la relevancia y recurrencia que pueda presentarse a quienes afrontan situaciones como la consultada, comienzo transcribiendo parcialmente el prólogo de la “Guía sobre la aplicación del Principio – Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos” elaborado por el Ministerio de Justicia, cuya lectura y permanente revisión es recomendable para los titulares y funcionarios de las Entidades públicas, las autoridades del PAD, las Secretarías Técnicas del PAD, los abogados, los funcionarios y servidores investigados por la Secretaría Técnica, los procesados, los representantes gremiales y todo ciudadano, que por internet pueden descargar en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Gu%C3%ADa-del-debido-proceso-MINJUS.pdf.

“…La Constitución Política de Perú, contempla los derechos fundamentales y configura los poderes e instituciones que rigen el Estado junto a sus competencias. Por ello, su cumplimiento es de vital importancia, no solo por la trascendencia de su contenido, sino porque este genera un primer mandato sobre autoridades y ciudadanos de respeto a las derechos de las personas.

Conjuntamente, existen instrumentos internacionales de derechos humanos que refuerzan el vigor normativo de estos derechos y amplían su eficacia.

Por ello, observar el cumplimiento del principio del debido proceso, entendido como el conjunto de garantías que permiten que las personas puedan tener un proceso regular y justo, se vuelve de imperiosa necesidad.

Más aún, porque este principio se expande al ámbito de los procedimientos administrativos del Estado como el principio del debido procedimiento. Esta cobertura se da porque los operadores del sistema constitucional y, en particular los jueces, van delineando verdaderas reglas jurídicas, vigentes para el ámbito administrativo que van construyendo sus propias pautas a partir de normas inferidas o deducidas de algunos artículos constitucionales de tipo amplio, como por ejemplo, las que regulan el debido proceso.

En ese contexto, con el nuevo marco legal que establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e Ministerio de Justicia adquiere mayores competencias con la finalidad de lograr una auténtica promoción y difusión de los derechos humanos, convirtiéndose en un defensor del Estado Constitucional de Derecho y la institucionalidad democrática. En particular, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico tiene entre sus funciones, brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público, así como sistematizar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con el fin de perfeccionar el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, la presente obra tiene como finalidad desarrollar los alcances del principio derecho del debido procedimiento en los procedimientos administrativos, así como un análisis del conjunto de derechos y garantías que lo conforman. Para ello, se ha recurrido además de la doctrina, a una selección de jurisprudencia relevante en la materia, de órganos jurisdiccionales supranacionales y nacionales como la Corte IDH y el TC.”

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), no puede por ello ser, un copiar y pegar de otro caso similar, y mucho menos el simple cumplimiento del pedido hecho a o por la máxima autoridad de la Entidad para  que investiguen, procesen y “sancionen ejemplarmente” al presunto trabajador infractor, o permitir la impunidad ante el evidente abuso de su función que pudiera incurrir el Secretario Técnico del PAD, o  el Organo Instructor o el Organo Sancionador del PAD o el Titular de la Entidad.

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), implica capacitarse, conocer y adecuar la conducta conforme dictan los diversos Principios que regulan el PAD  contenidos en el Art. 230 de la Ley 27444, de los cuales, el debido procedimiento es solo uno de ellos, bastando ver, solo el índice de la Guía para apreciar si las autoridades del PAD están cumpliendo con aplicar este principio o no al aperturar el PAD:

 “(….)

I.1. El principio-derecho del debido proceso

I.2. La aplicación del debido proceso en los procedimientos administrativos

(…)

El debido procedimiento administrativo

II.1. Delimitación conceptual

II.2. Garantías del debido procedimiento administrativo

II.2.1. Derecho a la notificación

II.2.2. Derecho de acceso al expediente

II.2.3. Derecho a la defensa

II.2.4. Derecho a ofrecer y producir pruebas

II.2.5. Derecho a una decisión motivada y fundada en derecho

II.2.6. Derecho a la presunción de licitud

II.2.7. Derecho al plazo razonable

II.2.8. Derecho a ser investigado por una autoridad competente

II.2.9. Derecho a ser investigado por una autoridad imparcial

II.2.10. Derecho a impugnar las decisiones administrativas

II.2.11. Ne bis in idem

II.2.12. Principio de publicidad de normas procedimentales

(…)

De ahí que, si bien el acto de Apertura del PAD es inimpugnable, ello no obsta que, de verificarse el trastocamiento o incumplimiento de alguno de los elementos descritos en el índice  o se proceda con infracción de los artículos 3° al 6° de la indicada Ley, o se soslaye pronunciarse sobre la prescripción extintiva o con vulneración de los principios que regulan el PAD, prescindido de las formalidades y procedimientos establecidos en la Ley 30057, su Reglamento aprobado con D.S. 004-2914-JUS, o en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”, el procesado, puede denunciar por alguno de los vicios previstos en el Art. 10 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General o en vía de reconsideración o de apelación plantear la NULIDAD de los actuados.

De confirmarse la nulidad, la autoridad determinará las acciones conducentes a establecer responsabilidad de quienes dieron lugar a la nulidad, por negligencia o arbitrariedad.

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RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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