DERECHOS SUCESORIOS ENTRE MIEMBROS DE UNION DE HECHO

 

                                                                                                                                     Por : Ricardo Ayala Gordillo

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos.

La Ley reconoce derecho sucesorio entre  los convivientes, esto es, a que al fallecimiento de uno, el otro pueda heredarlo forzosamente como a acceder a la herencia, cobrar las pensiones y seguros, para lo cual, el sobreviviente, deberá adjuntar a los familiares o juzgado,  empleador o empresa de seguros, según corresponda: el testimonio de la escritura pública o la sentencia judicial firme debidamente inscrita en el Registro Personal de los Registro Públicos.

La inscripción de la Unión de Hecho será tramitada notarialmente cuando habiendo cumplido más de dos años como convivientes, ambos se encuentran viviendo juntos y en armonía.

La inscripción de la Unión de Hecho será judicial cuando habiendo cumplido más de dos años como convivientes, viven en el mismo domicilio pero separados de cuerpo, o viven en domicilios diferentes o abandonó el hogar o falleció uno de ellos.

Los hijos de los convivientes podrán promover el reconocimiento de la Unión de Hecho de sus padres.

La falta de reconocimiento e inscripción oportuna de la declaración de Unión de Hecho pueda dar lugar a que el sobreviviente sea despojado por los familiares del fallecido o quienes se reclamen mejor derecho a heredarlo.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

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27 de Abril del 2019

Categoria : Derecho de Familia

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PACIENTES y SUS DERECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN PERU

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

El jueves 13 de agosto del 2013, DIA NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE, fue publicado en las separatas de las normas legales el Decreto Supremo N° 17-2015/MINSA, 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, formando parte de los reglamentos de la Ley General de Salud Ley N° 26842 promulgada el 15 de julio de 1997, esto es, 18 años atrás.

Bastante joven tuve el privilegio de contar con formación profesional en salud y brindar mis servicios en Pueblo Nuevo de Maray, paradisiaco bello rincón de gente generosa asentados en la ceja de sierra de Morropón, Piura; entre la infinidad de anécdotas, recuerdo un grupo de campesinos provistos de ponchos y sus habituales machetes, bordeando las 5 de la mañana, en una improvisada camilla desde unas tres horas antes habían iniciado el traslado a pie hasta el Centro de Salud de Morropón, ubicado hora y media mas adelante, a su agónico anciano familiar, en una improvisada camilla de palos; le ha dado el “garrotazo” (neumonía) dijeron, en su paso presuroso; el establecimiento a mi cargo no contaba con Médico ni oxígeno por lo que urgía de una movilidad que presta lo lleve hacia el indicado establecimiento de salud, uno de los familiares sentenció con naturalidad, “no me hacen caso, yo les he dicho que, por las puras lo bajamos, porque no tenemos ya plata para comprar la medicina que nos pidan y que en vez de eso gastemos en el cajón.”

Historias dolorosas como la que me impactó desde entonces, de diverso tipo y grado hay a diario y no solo es privilegio de los confines apartados de nuestra patria sino en la ciudad capital conforme cada tanto expone la prensa, siempre ha sido y es tarea permanente de gobernantes dotar de establecimientos médicos y de salud con equipamiento suficiente para prevenir, atender las emergencias, recuperar y rehabilitar a nuestros conciudadanos.

Las limitantes económicas como la expuesta arriba, afortunadamente, para bien de las mayorías, no ha sido soslayada por los diversos gobiernos de turno, al crear en el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) el 2001 el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) resultado de la fusión previa en una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, de los programas subsidiados de salud creados en 1997 Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional y en 1998 el denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años hasta que el 29 de enero del 2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, la misma que crea el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, siendo posteriormente calificado como Organismos Público Ejecutor mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, cuya cobertura se ha ampliado a toda persona que se inscriba en los establecimientos públicos de salud cercano a su domicilio que no cuente con otros tipos de seguros de salud (hoy llamadas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)).

Actualmente el SIS brinda una amplia cobertura de la mayoría de enfermedades de alrededor del 70% de la población que acude a los establecimientos de salud del MINSA.

El derecho a la salud es parte de los derechos universales que le asiste a toda persona humana.

El derecho a la salud reviste en contraparte los deberes que corresponde a los PACIENTES, llamados en nuestra legislación nacional USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud pone relevancia recordar los derechos y deberes de los médicos y profesionales de la salud como del personal de los establecimientos de salud.

Usuarios como el personal de los establecimientos de salud tienen la necesidad de recordar la igual protección de los derechos constitucionales que les asiste como personas humanas : a ser respetados en su dignidad humana y con ello al recíproco trato respetuoso.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica a la vez obligaciones y deberes para los hospitales, clínicas, policlínicos y consultorios médicos y paramédicos públicos como privados, que ahora reciben la denominación de IPRESS (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) y UGIPRESS (UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) respectivamente y muy especialmente, para los titulares y gestores de dichas entidades como a los médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo que en ellos laboran cuyas actuaciones obligan al monitoreo y cercana supervisión de los JEFES INMEDIATOS como permanentemente por el personal que ha asignado SUSALUD (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) que, como parte de su normativa aplicable en su REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES prevé para infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves, sanciones a los establecimientos de salud que previo procedimiento administrativo sancionador van desde amonestaciones, cierre temporal parcial o total como definitivo, aparejados de gravosas multas impuestas a los establecimientos que van desde 100, 300 a 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria UIT para el año 2015 es de S/. 3,850.00) susceptibles de aplicar a partir del 1 de agosto del 2015, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran coexistir e involucrar al personal que resulte comprendido en la infracción que se establezca, todo lo cual implica, la urgente revisión y adecuación de documentos normativos internos, procedimientos de las IPRESS y UGIPRESS como las conductas del personal a su cargo.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica para el Poder Ejecutivo el incremento de los presupuestos que anualmente asigna a las IPRESS y UGIPRESS a su cargo, como lo propio por parte de los dueños y accionistas de los establecimientos de salud privados.

Resultaría injusto e incongruente con los fines que persigue la Ley General de Salud y sus Reglamentos como el que hoy nos ocupa, que el Poder Ejecutivo a través de las multas que impusiera SUSALUD termine embargando los escasos presupuestos asignados a las IPRES y UGIPRES, resultando recomendable la revisión de la graduación de las sanciones pecuniarias; como injusto y oportuno resultaría que el usuario afectado sea indemnizado inoportunamente o con montos diminutos.

A continuación enunciamos los derechos materia de regulación en el Reglamento, cuya lectura integral recomendamos a usuarios, gestores, jefes inmediatos, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo de los establecimeintos de salud.
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas

 

 

 

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RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho a la Salud

25 de Marzo del 2019

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DECRETO SUPREMO Nº 027-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 123 de la precitada ley, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;
Que, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del Estado garantiza;
Que, la Primera Disposición Final de la precitada Ley, dispuso que el Poder Ejecutivo Reglamente dicha Ley;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consta de tres (3) Capítulos, treinta (30) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Salud.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 031-2014-SA
1. Modifíquese el Anexo I A: Infracciones Leves aplicables a IAFAS del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“47. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
2. Modifíquese el Anexo II: Infracciones Leves Aplicables a UGIPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“9. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
3. Modifíquese el Anexo III A: Infracciones de Carácter General: Infracciones Leves, del Anexo III Infracciones Aplicables a las IPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose los siguientes numerales:
“39. No exhibir la cartera de servicios, listado de médicos, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente.
40. No permitir u obstaculizar el desarrollo de la segunda opinión médica, incluyendo la restricción al acceso a la historia clínica del médico consultor, previa autorización firmada por el paciente.
41. No contar con protocolos de seguridad personal, o no implementarlos o no evaluarlos de conformidad a la normativa vigente.
42. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así como, al acceso a la información y consentimiento informado.
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas.
Artículo 2.- Definiciones
Son de aplicación al presente reglamento las definiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1158, así como de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, las previstas en el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2006-SA y sus modificatorias; y las contenidas en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27604 que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2002-SA.
Adicionalmente, son de aplicación al presente Reglamento las definiciones y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, a las cuales se adicionan las siguientes:
Diálogo intercultural: Proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción de dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas y opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales a través de relaciones simétricas y de reciprocidad.
Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de los servicios, así como adaptarlos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
Artículo 3.- Lista de Acrónimos
El presente Reglamento contiene los siguientes acrónimos:
a. IAFAS : Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
b. IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
c. MINSA : Ministerio de Salud.
d. SIS : Seguro Integral de Salud.
e. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud
f. UGIPRESS : Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional a las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas, y en lo que corresponda para las IAFAS públicas, privadas y mixtas, así como a los trabajadores de éstas.
Artículo 5.- Representación de la persona usuaria de los servicios de salud
El ejercicio de los derechos estipulados en el presente reglamento corresponde a toda persona usuaria de los servicios de salud.
En caso que el titular del derecho delegue su representación o no se encuentre en capacidad de poder manifestar su voluntad, estos derechos podrán ser ejercidos por su representante, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. La representación se ejerce conforme a lo siguiente:
a. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio podrá delegar su representación a cualquier persona capaz, a través de una carta poder con firma certificada por fedatario institucional o notario o juez de paz, en forma anticipada a la situación que le impida manifestar su voluntad.
b. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no pueda expresar su voluntad, su representación será ejercida, conforme los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en la norma civil.
c. Cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absoluta o relativamente incapaz para manifestar su voluntad, será representada por aquellos que ejerzan la curatela, conforme lo establece el Código Civil. Así también los menores de edad serán representados por quienes ejerzan la patria potestad y tutela.
d. Cuando la persona usuaria sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, conforme a lo establecido en el Código Civil, no requerirá representación.
Ante la ausencia de las personas que ejercen la representación de los incapaces absolutos o relativos, el médico tratante dejará constancia de tal hecho en la Historia Clínica de la persona usuaria y el representante legal de la IPRESS dispondrá las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de dichas personas, debiendo comunicar el hecho al Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho.
Es nula toda representación de la persona usuaria en los servicios de salud que se hubiera realizado sin la observancia debida de lo estipulado en el presente artículo.
La IPRESS debe brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a. del presente artículo, debiéndose insertar copia del documento de representación en la historia clínica del paciente.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla en cualquier IPRESS pública, privada o mixta, en base a la capacidad resolutiva necesaria para tal fin.
La emergencia es determinada únicamente por el profesional médico, y excepcionalmente en ausencia de éste en el primer nivel de atención, podrá ser determinada por el personal asistencial de la IPRESS. Si ésta no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel.
La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.
Culminada la atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá solicitarlo a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Para el caso de las personas comprendidas en los grupos poblacionales vulnerables, los gastos de atención de la situación de emergencia serán asumidos por el Seguro Integral de Salud (SIS) bajo el Régimen Subsidiado, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la persona no se encuentre afiliada pero califique para acceder a dicha cobertura, la IPRESS que brinde la atención de emergencia deberá solicitar su afiliación al SIS de acuerdo a la normativa vigente.
Para el caso de las personas que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y no pertenezca a un grupo poblacional vulnerable, la IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma, de acuerdo a sus procedimientos institucionales.
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Toda persona en el ejercicio del derecho a su bienestar en salud puede elegir libremente al médico o a la IPRESS que le brinde la atención, según los lineamientos de gestión de las IAFAS. Quedan exceptuados los casos de emergencia.
Asimismo, la persona tiene derecho a no ser inducido u obligado a acudir por una determinada atención a otra IPRESS, con excepción de las limitaciones propias establecidas en la cobertura contratada, de ser el caso.
Para el ejercicio de este derecho, la IAFAS debe informar por medios idóneos, a sus asegurados las condiciones del plan de salud, incluyendo de ser el caso, la utilización del modelo de adscripción para su atención en una red prestacional, en cuyo caso la elección a la que se refiere el presente artículo deberá entenderse sólo respecto al médico tratante.
La IPRESS debe comunicar por medios idóneos a la persona usuaria, la disponibilidad, los horarios de atención previstos, y demás condiciones de acceso al servicio solicitado entre los que se encuentra la capacidad operativa. La persona usuaria debe sujetarse a las condiciones previstas para el acceso al servicio solicitado.
La IPRESS debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios, de forma actualizada y permanente.
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
La IPRESS está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. El acto médico se rige por la normativa dictada por el Ministerio de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos Internacionales ratificados por el Gobierno Peruano.
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Toda persona, bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o con cargo a sus propios recursos, tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la IPRESS ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante quien dejará constancia de la solicitud en la historia clínica del paciente. El médico consultor tiene acceso a la historia clínica, sin poder modificarla, debiendo exhibir para ello la autorización firmada por el paciente.
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.
La IAFAS debe garantizar el acceso de acuerdo a las condiciones de cobertura con el afiliado, su sostenibilidad financiera, lineamientos de gestión presupuestal y la normatividad vigente.
La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.
Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.
SUB CAPÍTULO II
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Toda persona tiene derecho a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en calidad de persona usuaria de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, sin ser discriminada por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, o discapacidad.
Para tal efecto las IAFAS e IPRESS deben difundir por medios idóneos y de forma permanente la lista de derechos de las personas usuarias que forman parte del presente Reglamento en calidad de Anexo. Los medios utilizados pueden ser físicos y virtuales, como afiches, boletines, medios de información y comunicación alternativa, entre otros, que permitan su comprensión, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren, debiendo exhibirse en un lugar visible y de fácil acceso al público, como en las áreas de ingreso y salida, salas de espera y así también usar todos aquellos medios disponibles para dicho fin.
Las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS garantizan la difusión permanente del listado de derechos contenido en el Anexo del presente reglamento, sin perjuicio de su difusión, a través de sus páginas institucionales.
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos. Esta información estará consignada en la Historia Clínica a cargo del médico, así como en la Nota de los profesionales de la salud, según corresponda, en estricta observancia de la norma técnica de Historia Clínica dictada por el Ministerio de Salud.
La IPRESS debe garantizar que todo el personal asistencial y administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado.
La persona usuaria podrá solicitar a la IPRESS el nombre de los responsables a que se refiere el presente artículo, mediante comunicación escrita. La IPRESS atenderá por escrito esta solicitud en un plazo máximo de dos (2) días útiles de recibida la solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, si la solicitud es formulada verbalmente, el personal de la IPRESS podrá dar respuesta de la misma forma y de manera inmediata, de ser el caso.
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria.
La IPRESS debe disponer los medios y procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias antes de llevarse a cabo la atención de salud, con excepción de las atenciones de emergencia.
La IAFAS debe garantizar que la persona usuaria sea informada de la cobertura de su póliza o plan de salud, a través de medios y procedimientos idóneos.
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Toda persona tiene derecho a recibir información completa sobre las razones que justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará.
La persona usuaria tiene derecho a no ser trasladada sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable de la IPRESS.
La persona usuaria o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá solicitar su traslado a otra IPRESS, de acuerdo a las condiciones de su cobertura, siempre que: exprese su voluntad por escrito, su estado de salud lo permita y su situación de salud, determinada por el médico, así lo requiera.
La IPRESS debe garantizar la seguridad de la persona usuaria durante el traslado, sin perjuicio de su derecho de solicitar a la IAFAS el reembolso por los gastos incurridos, siempre que forme parte de la cobertura prestacional a que la persona usuaria tiene derecho en su IAFAS.
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a acceder en forma precisa y oportuna a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas que rigen las actividades de la IPRESS vinculadas a su atención.
Para ello la IPRESS implementa permanentemente medios de difusión (físicos y/o virtuales) accesibles a las personas usuarias, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren.
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a recibir del médico tratante y, en términos comprensibles, información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren.
Asimismo, tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.
En caso que la persona se niegue, voluntariamente, a recibir dicha información, el médico tratante dejará constancia del hecho en la historia clínica del paciente, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá decidir su retiro voluntario del servicio o de la IPRESS; para tal efecto, deberá expresar al médico tratante por escrito esta decisión, dejando constancia que la misma se ejerce voluntariamente, sin presión alguna y que ha sido informado de los riesgos que asume por tal decisión, consignándose expresamente los mismos y, entregándole una copia de esa información con cargo de recepción. Asimismo, debe consignarse en la historia clínica haber recibido la información, que será firmada por el paciente o su representante y el médico tratante, eximiendo de responsabilidad a este último y a la IPRESS. También podrá solicitar copia de la epicrisis de forma gratuita y de su historia clínica a su costo.
La decisión de retiro voluntario de la IPRESS no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o cuando éste ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento, con la participación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que los que no gozan de autonomía plena requieren protección.
La negativa a recibir o continuar el tratamiento no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o esta decisión ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Toda persona tiene derecho a ser informada por el investigador sobre la condición experimental de un producto o procedimiento en investigación, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos y las condiciones de la continuidad del tratamiento; debiendo el investigador dejar constancia por escrito en la historia clínica del paciente; y la firma del consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el literal c. del artículo 24 del presente Reglamento, en concordancia con la legislación especial sobre la materia y a la Declaración de Helsinki.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
SUB CAPÍTULO III
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Toda persona tiene derecho a ser atendida por personal de salud autorizado por la normatividad vigente, y con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo.
El personal profesional de la salud y administrativo de la IPRESS debe brindar una atención con buen trato y respeto a las personas usuarias de los servicios de salud, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Ninguna persona usuaria puede ser discriminada en el acceso a los servicios de salud, la atención o tratamiento por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole.
En caso el paciente haya autorizado, previa firma de consentimiento informado, la exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, el médico tratante debe garantizar el respeto a la privacidad y pudor del paciente.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento a que se refiere el párrafo precedente, será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos hayan sido científicamente comprobados, o cuya eficacia o mecanismos con reacciones adversas y efectos colaterales descritos le hayan sido advertidos oportunamente. Las IAFAS podrán financiar estos tipos de tratamientos de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 10 del presente reglamento.
Para tal efecto, previo al inicio del tratamiento, el personal profesional en salud autorizado a indicar el tratamiento y prescribir los medicamentos, debe informar al paciente las reacciones adversas, interacciones o efectos colaterales, conocidos a la fecha, que pudiere ocasionarle y las precauciones que se deben observar para su uso correcto y seguro, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Con respecto a la seguridad del paciente, la IPRESS debe garantizar que éste no sea expuesto a riesgos adicionales a los de su propia enfermedad, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la IPRESS disponer las medidas preventivas frente a eventos adversos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, la información es brindada a los representantes, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Toda persona tiene derecho a su seguridad, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas a la IPRESS desde el momento que accede al mismo, para lo cual la IPRESS deberá implementar protocolos de seguridad personal, cuyo cumplimiento será responsabilidad de su máxima autoridad administrativa.
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a autorizar que estén presentes en sus exámenes médicos o intervención quirúrgica, personas que no estén implicadas directamente en la atención médica. La participación deberá contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándolo en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y se observen las prácticas de bioseguridad, caso contrario se revoca dicha aprobación. El paciente asumirá los costos derivados de dicha participación.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado. En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Cualquier acción u omisión que contravenga el citado proceso será pasible de las acciones punibles contenidas en el Código Penal.
SUB CAPÍTULO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, por lo que de no cumplirse con estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud.
El médico tratante o el investigador, según corresponda, es el responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria.
La firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, ni a la IPRESS, frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias.
Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que evidencie el proceso de información y decisión, el cual forma parte de la historia clínica de la persona usuaria, siendo responsabilidad de la IPRESS su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deberán imprimir su huella digital en señal de conformidad.
El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma en que fue otorgado.
El consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones:
a. Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.
b. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes.
c. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica.
d. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki y el marco legal vigente sobre la materia.
e. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.
f. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública.
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante tiene derecho a solicitar copia completa de su historia clínica, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante asume los costos de reproducción que supone el pedido.
La información contenida en la historia clínica del paciente así como aquella relacionada a cualquier acto médico, tiene carácter reservado, salvo en los supuestos contemplados en la Ley General de Salud.
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
La IPRESS debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente, observando la estructura y registros a consignarse en la misma y otros documentos vinculados.
La información mínima de la historia clínica debe contener lo siguiente:
a. Identificación del paciente.
b. Registro de la atención de salud.
c. Información complementaria.
d. Formatos Especiales.
Adicionalmente, el contenido mínimo de variables según la especialidad médica, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica manuscrita o electrónica deben adecuarse a lo dispuesto en las normas técnicas y otras emitidas por el ente rector en salud.
CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 27.- De la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de velar por la aplicación del presente Reglamento en el marco de las competencias conferidas en la normativa vigente de la materia.
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas
Toda persona que se encuentre disconforme con la atención recibida, tiene derecho a ser escuchada y recibir respuesta, debiendo presentar su reclamo ante las instancias competentes de la IAFAS o IPRESS, sin perjuicio de acudir en vía de queja ante SUSALUD para el inicio del procedimiento administrativo que pudiere corresponder, según la normatividad que sobre la materia emite SUSALUD.
La IPRESS debe exhibir de manera visible y de fácil acceso, el procedimiento para la atención de reclamos de las personas usuarias así como la posibilidad de acudir a SUSALUD en instancia de queja.
Artículo 29.- Solución de controversias
En caso de surgir controversias entre las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS y la persona usuaria de los servicios de salud, aquellas deberán generar mecanismos ágiles y oportunos de solución mediante el trato directo o el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional.
En caso las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo sobre el centro competente, se entenderá como centro competente el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.
SUSALUD propiciará mecanismos de acceso a la justicia a las personas que consideren haber sido vulnerados en sus derechos, sin que la capacidad económica de las personas sea un limitante para garantizar su acceso oportuno e independiente.
Artículo 30.- Responsabilidad frente a la vulneración de derechos
Las infracciones referidas a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y las sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, están establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA.
Para efecto de la restitución de los derechos de las personas usuarias y con el objeto de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado, SUSALUD, de acuerdo a las facultades conferidas, deberá disponer las medidas de seguridad que correspondan; así como, las medidas provisionales y correctivas, en el marco del procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar.
Para las pretensiones indemnizatorias la persona usuaria de los servicios de salud podrá acudir a la vía judicial o medios alternativos de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los profesionales de la salud dicha responsabilidad se rige por las normas laborales administrativas, civiles, penales, Código de Ética y Deontología y demás normas estatutarias de los colegios profesionales correspondientes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Registro de Sanciones de los Profesionales de la Salud
El Decano Nacional del Colegio Profesional correspondiente, comunicará a SUSALUD, por medio escrito, las sanciones impuestas por los respectivos Colegios Profesionales a sus agremiados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haber quedado firme la resolución que impuso la sanción.
SUSALUD, implementará el Registro respectivo, donde publicará la información remitida, a través de su portal institucional, conforme a la normativa vigente de la materia.
Segunda.- Enfoque Intercultural
Las disposiciones del presente Reglamento que establezcan la aplicación de técnicas para el uso de la metodología de Diálogo Intercultural con las personas usuarias de los servicios de salud en pueblos vulnerables, deberán ser implementadas por todas las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas de manera progresiva en observancia a las normas pertinentes de la materia y de todas aquellas que emita el Ministerio de Salud para tal efecto, así como las complementarias y conexas.
Tercera.- Reglamento de Reclamos y Quejas
A propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobará el Reglamento de Quejas y Reclamos que contendrá el procedimiento para la atención de las Quejas y Reclamos de las personas usuarias de los servicios de Salud en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : DERECHO A LA SALUD

25 de Marzo del 2019

FILIACION EXTRAMATRIMONIAL Y ALIMENTOS

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

Buenos días doctor

Tengo un asunto familiar que quisiera me sea aclarado;
tengo mi cuñada peruana que se viene a la argentina, pasó por un mal momento con el novio, de quien está embarazada, mas él no quiere reconocer al bebé, al contrario le pidió abortarlo, lo peor es que, el tipo acaba de tener una hija, y por la cual mi cuñada se encuentra mal emocionalmente y con lo que se enteró del novio, desea venir a vivir con nosotros acá en Argentina.

Ahora que pasa el bebe va a nacer acá de todas maneras, me pregunto: si ella en algún momento desea que el bebe tenga el apellido del padre, que debería hacer ya que mi sobrino(a) va a tener el apellido de mi cuñada únicamente, pero y del padre???? como hacer en este caso ya que no nacerá en Perú y tendrá la nacionalidad argentina ??? ayúdeme a conocer de este tema por favor asi y ayudar a mi cuñada
gracias espero su respuesta.

Apreciada lectora:

La persona viene y se va de este mundo, sola.

Durante este trayecto de la vida algunas personas nos acompañan alguna parte del camino, ellos son: los padres y hermanos, no los elegimos; si es afortunada, estarán la mayor parte de su vida.

A algunas otras, la persona las va incorporando en su vida: los amigos, la pareja, los hijos y nietos.

Se supone que la persona elije que tipo de vida quiere tener: si ser libre o dependiente, emocional o afectivamente, en lo personal, familiar, como en lo laboral.

Idealmente, la persona debiera planear y orientar sus actos a cuanto quiere ser y hacer durante su vida.

Unas tienen claras sus metas y las consiguen, cualquiera fuera la circunstancia y dificultades que hayan tenido que sortear: desde no conocer a sus progenitores, quedar huérfanos a temprana edad, parejas irresponsables, muchos hijos o nietos, etc.

Otras, no hacen planes o si los hacen, los van adecuando de acuerdo a las personas y circunstancias que se van presentando a lo largo de la vida.

En Perú, una madre soltera puede elegir : entre reconocer a su hijo declarando el nombre del padre biológico o bien sólo con sus apellidos de la madre.

La primera opción es la regla, por cuanto es derecho esencial de toda persona conocer a sus progenitores y es obligación de ellos prodigarles cuidado, afecto y por supuesto atender la elemental necesidad alimenticia; la segunda (reconocer la madre solo con sus apellidos) es la excepción.

En el caso de tu cuñada-madre soltera, lo primero que ella debiera definir es que tipo de vida quiere para ella y también para su hijo(a), no sólo durante esta circunstancial y temporal etapa sino en adelante.

Luego de ello, puede optar por, demandar al padre biológico para que reconozca al niño como a pedir que cumpla con pasarle pensión de alimentos, sea que el nacimiento ocurra en Perú o en Argentina; o bien, optar por la excepción, de reconocerlo sola, con sus apellidos.

Si elige viajar a la Argentina y desde allá demandarlo, el proceso judicial será mas largo y costoso.

Para abreviar costo y tiempo, antes de viajar, puede optar por otorgar un Poder Especial por Escritura Pública al Abogado o persona de su confianza para que, sea quien en su nombre realice el proceso judicial en Perú.

En uno u otro caso, si el padre demandado se opone a reconocer al hijo sosteniendo que no es el padre, al contestar la demanda deberá ofrecer el pago por la prueba de ADN, si la paga, tu cuñada deberá viajar con prontitud a Perú conjuntamente con el bebé para que ante el Juzgado les extraigan la muestra de ADN.

Como podrás apreciar, tu cuñada deberá poner en la balanza como desea afrontar su condición de madre soltera, como su futuro inmediato y mediato como el de su menor hijo y obviamente el costo-beneficio que obtenga si decide quedarse en Perú o viajar a la Argentina.

Si consideran pueden contratar nuestros servicios legales.

Gracias por tu preferencia, por escribnir y difundir el blog

 

RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia

25 de Marzo del 2019

DENUNCIAS

por RICARDO AYALA GORDILLO

 

¿Como denunciar a un funcionario público?

La denuncia puede ser hecha verbalmente o por escrito.

Dependiendo de la naturaleza de lo que se va a denunciar:

Si es por faltas administrativas cometidas por  funcionarios o servidores en los procedimientos o trámites administrativos a su cargo   : ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario o ante el superior jerárquico.

Si es por mal uso de los recursos públicos  en la gestión o compras públicas  : Ante la Contraloría General o ante los  Organos de Control Institucional (OCI) que hay en cada entidad.

Si es por faltas o delitos de otras personas : ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de turno de donde se produjo el hecho.

Si es contra Policias: ante  la Inspectoría de la Policía Nacional

Si es contra Jueces o Fiscales: Ante el respectivo Organo de Control .

Si es por hechos de conocimiento público:   Puede recurrirse también a los medios de comunicación.

Si es por mala prestación de seguros, servicios de salud, educativos, trnsportes, agua, luz , telefonía o internet, de empresas : ante las mismas entidades o empresas; en caso de no encontrar pronta respuestas o no encontrarse satisfecha con la respuesta, ante las respectivas  instancias superiores:Superintendencia, de Bancas y Seguros, SUSALUD,  UGEL , SUTRAN, o del Organo Supervisor, OSINERGMIN, INDECOPI, etc.

En todos los casos, es necesario actuar con la verdad y claridad en que consiste la denuncia, adjuntando o precisando   las pruebas en las cuales se sostiene la denuncia.

La entidad está obligada a dar respuesta al denunciante del resultado de la denuncia.

Siempre es aconsejable contar con  orientación legal de Abogado.

 

Incumplimiento en Contrataciones del Estado Perú.

Para los funcionarios y servidores: Deben supervisar la adecuada ejecución contractual  de los proveedores; caso contrario, las omisiones no solo pueden significar responsabilidades administrativas sino ser comprendidos  en responsabilidades civiles y esencialmente penales, lo cual es preciso evitar.

Para los proveedores: puede dar lugar a la pérdida de las garantías otorgadas, ser sancionados con  inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 5 años además de responder  las acciones civiles por los daños y perjuicios que se hubiera causado.

Para los usuarios: No recibir o recibir  malos bienes  o servicios

 

Después del hecho en cuanto tiempo se pasa memorándum

De inmediato, debe pedírsele un informe documentado sobre el hecho que lo motiva precisando que la respuesta sea dentro de un plazo no mayor de 3 a 6 días.

Con ello se tiene una versión más clara de los hechos, se garantiza el derecho a la defensa del empleado servidor y queda o desvirtuado o  esclarecida la situación, o bien si se trata de una falta puede apreciarse si esta es grave o leve.

En el caso de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 30057, 276, 728 y 1057,  el Jefe o quien conozca el hecho puede denunciar o ponerlo en conocimiento de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) por ser legalmente la llamada a precalificar las denuncias y disponer su archivamiento si no reviste el carácter de falta o si solo ameritaría una amonestación verbal o bien emitir Informe Preliminar recomendando la apertura del PAD, -en los casos que si ameritase amonestar por escrito, suspensión al servidor con un día o hasta un año sin goce de remuneraciones o bien destitución- Informe que deberá remitir al Jefe inmediato o al Jefe de Personal según fuera el caso de quien actuará como Órgano Instructor quien previo estudio del mismo será quien determine y disponga la apertura del PAD  o bien apartarse de lo recomendado por el ST, en cuyo caso deberá fundamentar su decisión.

En el caso de los empleados de empresas privadas se encuentran al régimen del D.Leg. 728 el Gerente de la empresa o quien tenga facultades delegadas les deberá cursar preaviso de despido imputando la presunta falta grave, precisando los días que tiene para absolver el cargo imputado pudiendo exonerarlo de concurrir en esos días, solo en caso que no se desvirtuara la falta podría despedir al empleado. Si el despido es arbitrario el empleado podrá demandar al empleador.

 

¿Ante que fiscalía se denuncia a los funcionarios?

Si se trata de presuntos delitos comunes ante la Fiscalía Penal de turno, si se trata de delitos de corrupción contra la Fiscalía Anticorrupción.

 

Si yo ganara un proceso administrativo como policía ¿puedo reclamar el daño moral y en que lugar?

Dentro de un proceso judicial que deberás interponer con dicho fin; no bastará que alegues el daño moral sino acreditar el sufrimiento, entre otras pruebas, con el respectivo informe psicológico.

 

¿Puedo denunciar  un mal procedimiento de embargo?

Puedes impugnar el realizado dentro del respectivo proceso judicial; e independientemente de ello, denunciar a quienes participaron ilegal o irregularmente.

¿Dónde puedo poner una denuncia de un robo? ya que la inspectora no hace nada.

Si se trata de un robo debes denunciar ante la Comisaría o la Fiscalía Penal.

 

¿Cómo denunciar una conducta indebida de un policía de tránsito?

Ante la Inspectoría de la Policía Nacional, por escrito, con la verdad, precisando los hechos fecha y hora como adjuntando los medios probatorios u ofreciendo a los testigos que vieron o escucharon directamente los hechos.

¿Cómo denunciar anónimamente contra Ministerio Público?

Las denuncias por lo usual requieren como requisito indispensable la debida identificación de quien denuncia; salvo que la Ley y dependiendo del tipo de caso que denuncies, a tu pedido,  permita proteger tu identidad.

 

Recurso de Reconsideración ¿ se redacta como demanda o como reclamo?

Con la estructura de una demanda y a manera de reclamo respetuoso, precisando de manera puntual porque razón no estas de acuerdo con la decisión adversa que recurres.

Para que te concedan la posibilidad de evaluar tu reconsideración  es imprescindible que  aportes nueva o nuevas pruebas que no se encuentran en el expediente.

Satisfecho ese requisito, ten presente que la Reconsideración está orientada a que la misma autoridad que antes denegó tu pedido pueda volver a revisar cuanto ha decidido y con tus fundamentos y nuevas pruebas aportadas, rectifique su originaria decisión a tu favor.

Si bien ahora, a partir del vigencia el D.Leg. 1272 ya no se requiere que como requisito los recursos deban llevar firma de abogado, siempre es aconsejable que seas asesorada por el abogado de tu preferencia .   en dinde puedo poner una denuncia de un robo ya que la inspectora no hace nada

 

¿Cuantos días hábiles tiene una institución para contestar un escrito?

De tres a 7 dias hábiles.

La Ley 27444 en su Artículo establece: “No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor”.

¿Uno debe aceptar o no que anda con licencia falsa?

Siempre debe primar la verdad.

Elaborar o usar documentos falsos como si fueran verdaderos o declarar falsedades  constituye  delito contra la Fé Pública. Dentro de un proceso o investigación la confesión sincera puede rebajarte la sanción o pena a imponer.

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25 de Marzo del 2019

¿COMO INSCRIBO A MI HIJO CUYO PADRE BIOLOGICO, NO ES MI CONYUGE?

Por RICARDO AYALA GORDILLO

Este drama era cotidiano hasta fines del año 2018 y lo afrontaban innumerables recién nacidos y sus progenitores.

De acuerdo al Código Civil, los hijos nacidos dentro del matrimonio como los nacidos dentro de los 300 dias posteriores al divorcio, se presumían hijos del cónyuge.

Los casados separados que deciden rehacer su vida con nueva pareja y procrear hijos dentro de esta nueva relación, se enteraban del tremendo impedimento legal al estar ante el Registrador de Reniec o de las Oficinas de Registros Civiles de las Municipalidades, puesto que les indicaban que en tanto sea la mujer casada inscribirán al menor con el apellido del cónyuge.

¿Que solían hacer las madres con su bebé en brazos y el padre biológico ahí presente, ante esta noticia que les da el Registrador?

Optaban por no inscribir al bebé.

Lo que ocurría a partir de esta noticia entre ambos padres no siempre era tomado de la mejor forma; mucho dependía de la adecuada comunicación, respeto, madurez y co-responsabilidad de ambos progenitores para admitir y superar ambos esta realidad.

¿Que debían hacer ? Que el aún cónyuge inicie un proceso judicial de impugnación de paternidad contra su esposa y el padre biológico, lo cual requerían constosa  prueba de ADN y durar entre año y medio a mucho mas hasta que la sentencia sea finalmente consentida y quede firme y se oficie a la RENIEC se expida nueva Acta de Nacido Vivo con el apellido del padre biológico.

A partir del sábado 25 de agosto, en que fue publicado el D.Leg. N° 1377 publicado en el diario El Peruano que modifica varios artículos del Código Civil, los padres biológicos de un niño, niña o adolescente nacido fuera del matrimonio pueden reconocer su paternidad pese a que la madre siga casada con otra persona, lo cual permite que el recién nacido sea inscrito y cuente con su Acta de Nacido Vivo y DNI, con el cual tiene una identidad, que le será reclamada de inmediato para asegurar las atenciones de salud que recibirá por  ESSALUD, el SIS o alguna EPS.

Para que la felicidad redondee en el nuvo hogar, si el matrimonio no prosperó y se separaron rehaciendo sus respectivas vidas, lo aconsejable es que los aún casados, preferiblemente de mutuo acuerdo, en los mejores términos posibles, inicien de inmediato la Separación de cuerpos y Divorcio ulterior cuya sentencia  lo inscriban en RENIEC y Registros Públicos.

Este Decreto Legislativo  permite también a los peruanos de 14, 15, 16 o 17 años, que se convierten en padres o madres, pueden llevar a cabo una serie de actos legales; entre ellos, solicitar por su cuenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) e inscribir el nacimiento reconocer a sus hijos e hijas a fin de evitar la indocumentación tanto de los jóvenes progenitores como de sus hijos e hijas.(Fuente Diario La República 28 de agosto 2018)

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RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia

23 de Marzo del 2019

PROCESO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO¿COMO FORMULO MI DESCARGO?

                                                                                                                                                                             Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

En estos días en que la noticia cotidiana en los medios de comunicación llevan nombres de antes distinguidos políticos, ex Presidentes, ex Presidentes o Presidentes de Gobiernos Regionales, Alcaldes, Gerentes Municipales, algunos de ellos corroídos en sus gestiones como funcionarios públicos por la corrupción, son arduas como frecuentes las investigaciones administrativas a cargo de los Organos de Control Institucional (OCI)  funcionalmente dependientes  de la Contraloría General de la República, como de la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de cada entidad pública, cuando no de la Fiscalías Anticorrupción, como por la prensa;  funcionarios y servidores públicos que se limitaron o fueron obligados a cumplir lo ordenado por la autoridad superior sin oponerse o manifestar oportunamente su desacuerdo con lo dispuesto a ellos, hoy resultan comprendidos en esta vorágine y notificados con la APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO sujeto al RÉGIMEN SANCIONADOR  previsto en la Ley 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL y con ello,  requeridos a presentar sus respectivos descargos dentro del perentorio plazo de 5 días hábiles.

En el documento o Acto Administrativo con el cual te aperturan PAD se encuentra propuesta la sanción Administrativa que, de encontrarte responsable y acuerdo a la gravedad de los hechos que se te atribuye se propone imponerte alguna de las siguientes SANCIONES, desde una :

Amonestación Escrita,

Suspensión (desde 1 dia hasta 365 dias) sin goce de remuneraciones; o bien,

Destitución ( con lo cual te encontrarías impedido para ser contratado en cualquier modalidad, en entidades públicas hasta por 5 años.)

Tal sanción es independiente de la eventual responsabilidad penal o civil que pudiera existir.

El descargo deberá ser presentado por escrito, dentro del plazo concedido o prorrogado por igual plazo que el originario, si lo solicitas; aceptando o rechazando cuanto se te atribuye, precisando la versión ordenada y coherente de los hechos compatibles con tu función, invocando las normas legales y jurisprudencia que resulten necesarias y aplicables al caso, adjuntando u ofreciendo los medios probatorios que abonen en prueba de tu posición.

De ahí que para hacer el descargo, lo primero que debe hacerse previamente, es el estudio pormenorizado, no solo de la falta administrativa que se te atribuye en el  Acto Administrativo con el cual se abre el PAD, sino del INFORME PRELIMINAR(IP) elaborado por el SECRETARIO TECNICO competente, las fechas, que te hayan entregado copia de todo el expediente que sustenta el IP como el cargo y faltas que se te atribuyen; la verificación de la concurrencia del cumplimiento de los plazos para apreciar si la apertura del PAD se encuentra afectada o no por  la PRESCRIPCION; de la competencia (de las autoridades que participan y suscriben los documentos); si existe congruencia entre los hechos y las normas que se invocan o si se están aplicando normas derogadas o inaplicables, si se ha satisfecho los principios que informan el procedimiento sancionador, entre ellos, el debido proceso, que la sanción propuesta sea proporcional a la falta que se imputa; análisis de los hechos, las funciones y cargos; si concurren atenuantes o eximentes de responsabilidad, etc.

Debes saber que el descargo está orientado a que el ORGANO INSTRUCTOR en un primer momento y el ORGANO INSTRUCTOR  después, cuenten con elementos convincentes destinados a apartarse motivadamente de lo propuesto en la apertura del PAD, siempre que tus argumentos se encuentren debidamente sustentados con documentos u otros medios probatorios que respalden tu posición; pudiendo también evidenciarse que:

El PAD podría estar afectado por la Prescripción, en cuyo caso debe ser remitido al titular de la entidad para que la evalúe y de corresponder declare la Prescripción extintiva; o bien,

Podrías declararte responsable en todo o en parte de la falta que se te atribuye ;

O estando  inmerso en atenuante o eximente de responsabilidad; o,

Que no existe la falta imputada.

Es penoso saber de casos en que por no haber presentado un descargo adecuado, como de casos en que a pesar de un adecuado descargo, arbitrariamente, el servidor termine siendo sancionado, caso en el cual, el servidor podrá optar por interponer el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACION (que será resuelto por la misma autoridad que impone la sanción) o el RECURSO DE APELACION, caso en el cual, la entidad  deberá elevar el expediente para que lo resuelva el TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL DE SERVIR.

De confirmar la sanción el mencionado Tribunal, el procesado, desde que es notificado con la sanción tiene un plazo de 3 meses,  para  impugnar esta decisión ante el Poder Judicial en la vía Contenciosa Administrativa, pudiendo pedir mediante medida cautelar,  la suspensión de la sanción impuesta.

Por estas razones si bien, legalmente, el descargo, no requiere la firma de Abogado y puede hacerlo personalmente el servidor procesado; siempre hemos aconsejado que el descargo sea hecho con el concurso de Abogado, preferiblemente, conocedor del Proceso Administrativo Disciplinario (PAD).

Lima, 21 de marzo 2019

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

            ABOGADO

CONSULTAS

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com 

CITAS:      985 483 172

Estudio:    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

               (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

MUJER CASADA PUEDE INSCRIBIR EN RENIEC AL HIJO O HIJA EXTRAMATRIMONIAL CON NOMBRE DEL PADRE BIOLOGICO

 

 

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

 

 

Con el recientemente aprobado Decreto Legislativo 1377, publicado el 24 de agosto 2018, en la separata de normas legales de el Diario Oficial “El Peruano”, el Poder Ejecutivo, realiza importantes modificaciones al Código Civil y normas relacionadas – y por supuesto, lo dicho en nuestro blog al respecto- que sin duda favorecen el interés superior del niño en lo concerniente a su identidad como a su derecho a los alimentos, destinados a fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando las medidas de protección a su favor en situaciones de desprotección familiar, la optimización de servicios en situaciones de riesgo por desprotección familiar, su derecho a la identidad y al nombre, la reserva de su identidad y la de sus familiares ante casos de violencia, así como la priorización en el pago de las pensiones alimenticias determinadas a su favor en sentencias judiciales, en ese sentido:

 

 

La incapacidad de las personas mayores de dieciséis (16) años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio.

La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este.

 

 

Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija, para realizar solamente los siguientes actos:

  1. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas.
  2. Demandar por gastos de embarazo y parto.
  3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas.
  4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas.
  5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas.
  6. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su Documento Nacional de Identidad.
  7. Impugnar judicialmente la paternidad

 

 

El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare expresamente que no es del marido.»

 

 

Reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada

 

Pone fin al sinnúmero de madres que por su condición de casadas, debían registrar a sus hijos en RENIEC con  el apellido de su aún marido,  a pesar que declaraba que el hijo cuyo padre biológico era otro varón.

 

El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre, cuando esta haya declarado quién es el progenitor.

 

 

 

Sanciona penalmente  a los responsables de la alteración de la identidad y filiación, sustitución o privación ilegal, del niño niña o adolescente.

 

En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos.

 

Cuando un niño, niña o adolescente se encuentren involucrados como autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito o sean víctimas de los mismos, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación. La prohibición se extiende al padre, madre, tutor/a o a las personas que vivan con él/ella. Los medios de comunicación tienen la obligación de garantizar la reserva de los datos personales y cualquier información que permita identificarlos

 

Fortalece las atribuciones de las Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente es un servicio gratuito y especializado que forma parte del Sistema Nacional de Atención Integral. Funciona en los gobiernos locales, (DEMUNA), en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil facultándolas a :

 

  1. c) Efectuar conciliación extrajudicial especializada sin necesidad de constituirse en Centros de Conciliación, emitiendo actas que constituyen título ejecutivo en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que las mismas materias no hayan sido resueltas por instancia judicial.
  2. d) Disponer la apertura de cuentas de consignación de pensión de alimentos derivada de los acuerdos conciliatorios que haya celebrado.
  3. e) Promover la inscripción de nacimientos y solicitarla en caso de orfandad o desprotección familiar, con conocimiento de la autoridad competente.
  4. f) Promover la obtención del Documento Nacional de Identidad, coordinando con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC y las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades.
  5. g) Promover el reconocimiento voluntario de niñas, niños y adolescentes, y con dicha finalidad están facultados a elaborar actas de compromisos siempre que alguno de los progenitores solicite hacer constar dicho reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial.
  6. h) Comunicar o denunciar las presuntas faltas, delitos o contravenciones en contra de niñas, niños y adolescentes, a las autoridades competentes.
  7. i) Ejercer la representación procesal en los procesos por alimentos y filiación, según lo establecido en el Código Procesal Civil.

 

 

Publicita en detalle las características del deudor moroso por alimentos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –REDAM-

 

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos debe contener la siguiente información:

  1. a) Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso.
  2. b) Domicilio real del Deudor Alimentario Moroso.
  3. c) Número del Documento Nacional de Identidad u otro que haga sus veces, del Deudor Alimentario Moroso.
  4. d) Fotografía del Deudor Alimentario Moroso.
  5. e) Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación.
  6. f) Indicación del órgano jurisdiccional que ordena el registro

 

 Procedimiento

1 El órgano jurisdiccional que conoce o conoció la causa, de oficio o a petición de parte y previo a ordenar la inscripción, notifica al obligado alimentario, para que informe en el término de tres (3) días el cumplimiento de la deuda. El juez ordena la inscripción en el mismo plazo si el deudor no demuestra el cumplimiento de la deuda o no absuelve el requerimiento.

2 El deudor puede oponerse a la inscripción o solicitar la cancelación de la inscripción solo si acredita haber cumplido con el pago de la deuda alimentaria. Dicha oposición o solicitud puede formularse en cualquier momento y tiene como efecto la cancelación de la inscripción.

3 En los casos de omisión de asistencia familiar, el juez penal informa al Registro de Deudores Alimentarios Morosos los datos de la persona procesada, para su inscripción correspondiente.

4 Cuando se solicite la oposición o cancelación de la inscripción, el Juez resuelve el levantamiento de la inscripción en un plazo máximo de tres (3) días.

5 Para los fines de la inscripción o cancelación de la inscripción en el Registro, el juez deberá oficiar al órgano de Gobierno del Poder Judicial en un plazo no mayor de tres (3) días luego de resolver la cuestión. El Órgano de Gobierno del Poder Judicial realiza la inscripción o cancelación en un plazo máximo de tres (3) días.»

 

Las instituciones del Estado están obligadas a colaborar

 

1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a pedido del Órgano de Gobierno del Poder Judicial y en el plazo de cinco (5) días hábiles, remite la información de la planilla electrónica que resulte pertinente de los contratos laborales vigentes, de las personas inscritas en el REDAM, con la finalidad de comunicar a los juzgados correspondientes, en el término de la distancia, para que procedan conforme a sus atribuciones.

 

2 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a pedido del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, remite las listas de transferencias de bienes muebles o inmuebles registrables realizados por las personas inscritas en el REDAM, en un plazo de cinco (5) días hábiles.

3 El Banco de la Nación, en los casos que las pensiones alimenticias sean abonadas en cuentas administradas por dicha entidad, a pedido del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, remite el reporte de abonos realizados a las personas inscritas en el REDAM, en un plazo de cinco (5) días hábiles.

4 El Órgano de Gobierno del Poder Judicial, al término de cada mes, debe remitir a las entidades señaladas en los numerales precedentes, el listado de personas inscritas en el REDAM, para el cumplimiento de la remisión de información.

 

 

El inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos debe estar al día en pago de alimentos si aspira a ser designado o contratado

 

  1. La persona inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos puede postular y acceder al servicio civil en el Estado, o ser designado funcionario o directivo de confianza, o contratar con el Estado, siempre que cancele el registro o autorice el descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, previo a la suscripción del contrato o la expedición de la resolución de designación correspondiente.

 

  1. La oficina de recursos humanos o la oficina de logística, según corresponda, o la que cumpla dichas funciones, comunica al REDAM la autorización de descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad. La misma oficina se encarga de tramitar el depósito judicial respectivo a través de la oficina de tesorería o la que haga sus veces en la entidad, salvo disposición distinta del juzgado competente sobre la forma de pago.

 

  1. En el sector privado, la autorización del descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos se establece de común acuerdo entre el empleador y el trabajador o la persona postulante, debiendo la oficina de recursos humanos o la que cumpla dichas funciones, informar al REDAM de la autorización de descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles.»

 

 

A partir del 24 octubre 2018 ,  las/los servidores, directivos y funcionarios del sector público, o aquéllos que tengan una relación contractual con el Estado, deben suscribir una autorización para que la entidad proceda a la retención de la contraprestación o descuento por planilla de sus remuneraciones, según sea el caso, para el pago de la pensión alimenticia que tenga pendiente, siempre que se verifique que aparece inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La negativa a suscribir la autorización es causal de resolución del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el citado registro.

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

 

Derecho de Familia

Lima, 27 de agosto 2018

 

 

A continuación el texto completo de la norma legal

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1377

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo de sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar en materia de prevención y protección de las personas en situación de violencia y vulnerabilidad, con la finalidad de establecer medidas para optimizar los servicios a su favor; así como fortalecer el marco jurídico para la prevención y protección de las víctimas de casos de violación sexual de menores de edad, de conformidad con lo establecido en los literales a) y b) del numeral 4 del artículo 2 de la referida Ley;

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, establece que las niñas, niños y adolescentes conforman una población vulnerable; ello debido a que por su edad afrontan situaciones de indefensión, desventaja o discriminación para satisfacer sus necesidades básicas y hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y libertades, por lo que requieren medidas que les garanticen su protección y desarrollo integral;

Que, el Estado debe garantizar en todas las circunstancias el derecho a la identidad y al nombre de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, ya que de esta manera se acredita un primer reconocimiento de su existencia y su condición de sujeto de derechos; por lo que resulta necesario que los/las adolescentes tramiten la obtención del Documento Nacional de Identidad de los hijos e hijas que han procreado;

Que, de otro lado, se viene constatando que en el contexto de violencia que afecta gravemente a nuestra sociedad, se debe proteger la imagen de las niñas, niños y adolescentes víctimas de estos hechos, o de sus familiares, para evitar situaciones de indefensión y riesgo para su vida e integridad personal;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, regula los procedimientos de riesgo y desprotección familiar con la finalidad de brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en tales situaciones, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en familia; no obstante, se requiere mejorar la intervención del Ministerio Público en tales procedimientos y agilizar el trámite de publicación de edictos, pues la demora de ello retarda la posibilidad de adoptar medidas de protección en un tiempo oportuno y razonable; así como optimizar la actuación de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente – DEMUNA a cargo de los gobiernos locales;

Que, por otra parte, el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias establecidas en sentencias judiciales constituye no sólo un desacato a las decisiones del Poder Judicial, sino que en determinados casos configura una forma de violencia económica o patrimonial, en los términos señalados en el literal d) del artículo 8 de la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; por lo que el Estado debe adoptar medidas para obligar al pago inmediato y prioritario de dicha pensión;

De conformidad con lo establecido en los literales a) y b) numeral 4 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO

QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN INTEGRAL

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 1.- Objeto

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando las medidas de protección a su favor en situaciones de desprotección familiar, la optimización de servicios en situaciones de riesgo por desprotección familiar, su derecho a la identidad y al nombre, la reserva de su identidad y la de sus familiares ante casos de violencia, así como la priorización en el pago de las pensiones alimenticias determinadas a su favor en sentencias judiciales.

Artículo 2.- Modificación del Código Civil

Modifíquense los artículos 46, 361, 362, 396 y 402, inciso 6, del Código Civil, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 295, en los siguientes términos:

«Artículo 46.- Capacidad adquirida por matrimonio o título oficial

La incapacidad de las personas mayores de dieciséis (16) años cesa por matrimonio o por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio.

La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este.

Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija, para realizar solamente los siguientes actos:

  1. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas.
  2. Demandar por gastos de embarazo y parto.
  3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas.
  4. Demandar y ser parte en los procesos de filiación extramatrimonial de sus hijos e hijas.
  5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas.
  6. Solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener su Documento Nacional de Identidad.
  7. Impugnar judicialmente la paternidad.»

«Presunción de paternidad

Artículo 361.- El hijo o hija nacido/a durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días calendario siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario.»

«Presunción de filiación matrimonial

Artículo 362.- El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare expresamente que no es del marido.»

«Reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer casada

Artículo 396.- El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la madre y el progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre, cuando esta haya declarado quién es el progenitor.

Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable.»

«Procedencia de la declaración judicial de paternidad extramatrimonial

Artículo 402.- La paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada:

(…)

  1. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza. El juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza.»

Artículo 3.- Modificación de los artículos 11 y 48 del Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos

Incorpórese el literal g) al numeral 11.4 del artículo 11 y modifíquese el artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, en los siguientes términos:

«Artículo 11.- Funciones de las autoridades en el marco de la presente ley

Son funciones de:

(…)

11.4 El Ministerio Público, a través de las fiscalías especializadas de Familia o Mixtas:

(…)

  1. g) Comunicar las situaciones de riesgo o desprotección familiar a la autoridad competente en un plazo no mayor de 24 horas.»

«Artículo 48.- Edicto

De no ser ubicada la familia de origen de la niña, niño o adolescente, se procede a su búsqueda y ubicación a través de la Comisaría en el último domicilio consignado y en el domicilio que aparece en el RENIEC. En caso no cuenten con domicilio conocido, se procede a notificarlos por un periodo de cinco (5) días calendario mediante edictos en la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o en el mural de la Municipalidad por el mismo término, cuando en el lugar no existe acceso a internet. En este último caso la autoridad competente puede solicitar la colaboración de la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente-DEMUNA de la localidad donde fue ubicada/o la niña, niño o adolescente, o donde residía su familia de origen, para que publique el edicto en su local. La falta de comunicación a la DEMUNA o de difusión del edicto por parte de ésta, no invalida la notificación realizada en el mural de la Municipalidad.

Los edictos comprenden el nombre de la niña, niño o adolescente o el que le fue asignado/a, fecha de nacimiento, edad o edad aproximada, una síntesis de las circunstancias en que fue encontrada/o y los nombres y apellidos de los destinatarios de la notificación, en caso de conocerse.»

Artículo 4.- Modificación de los artículos 6, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 del Código de los Niños y Adolescentes

Modifíquense los artículos 6, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante Ley Nº 27337, en los siguientes términos:

«Artículo 6.- A la identidad

6.1 El niño, niña y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral de su personalidad.

6.2 Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código Penal.

6.3 En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos.

6.4 Cuando un niño, niña o adolescente se encuentren involucrados como autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito o sean víctimas de los mismos, no se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación. La prohibición se extiende al padre, madre, tutor/a o a las personas que vivan con él/ella. Los medios de comunicación tienen la obligación de garantizar la reserva de los datos personales y cualquier información que permita identificarlos, salvo que, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, exista una autorización escrita de los padres o representantes legales, y siempre que no se atente contra su interés superior.»

«CAPÍTULO III

DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE

Artículo 42.- Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente

La Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente es un servicio gratuito y especializado que forma parte del Sistema Nacional de Atención Integral. Funciona en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de la sociedad civil, y su finalidad es contribuir al ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes para su protección integral, actuando conforme a los principios señalados en este Código y otras normas aplicables a su favor.

Artículo 43.- Instancia administrativa

La Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente actúa en las instancias administrativas de las instituciones públicas y privadas de atención a las niñas, niños y adolescentes. El MIMP, como Autoridad Central, promueve, inscribe, conduce, norma, coordina y supervisa este servicio, así como capacita a sus integrantes.

Cuando la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente está a cargo de un gobierno local se denomina Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente-DEMUNA. El gobierno local se encuentra a cargo de su implementación y sostenimiento, garantizando las condiciones requeridas para el cumplimiento de sus funciones.

En el caso de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente promovidas por otras entidades públicas, entidades privadas u organizaciones de la sociedad civil, estas deben brindar las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 44.- Integrantes de las Defensorías

La Defensoría Municipal de la Niña, Niño y el Adolescente–DEMUNA está integrada por profesionales de diversas disciplinas, de reconocida solvencia moral y capacitadas/os para desempeñar las funciones propias del servicio. Las Defensorías promovidas por otras instituciones u organizaciones pueden contar con profesionales o, cuando sus posibilidades no lo permitan, deben ser integradas cuando menos por personas de la comunidad debidamente capacitadas y acreditadas para el ejercicio de su función.

Los integrantes de las Defensorías pueden desempeñarse en dicho servicio como defensor/a responsable, defensor/a, promotor/a o personal de apoyo, y para ello, deben cumplir con las siguientes condiciones:

  1. a) Ser mayor de 18 años de edad.
  2. b) No registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales.
  3. c) No ser deudor/a alimentario.
  4. d) Haber aprobado el curso de formación para defensores/as.

Artículo 45.- Funciones

45.1 Son funciones de las Defensorías:

  1. a) Promover o desarrollar acciones de prevención y atención de situaciones de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes para hacer prevalecer su Interés Superior y contribuir al fortalecimiento de las relaciones con su familia, y su entorno comunal y social.
  2. b) Difundir e informar sobre los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes.
  3. c) Efectuar conciliación extrajudicial especializada sin necesidad de constituirse en Centros de Conciliación, emitiendo actas que constituyen título ejecutivo en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que las mismas materias no hayan sido resueltas por instancia judicial.
  4. d) Disponer la apertura de cuentas de consignación de pensión de alimentos derivada de los acuerdos conciliatorios que haya celebrado.
  5. e) Promover la inscripción de nacimientos y solicitarla en caso de orfandad o desprotección familiar, con conocimiento de la autoridad competente.
  6. f) Promover la obtención del Documento Nacional de Identidad, coordinando con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC y las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades.
  7. g) Promover el reconocimiento voluntario de niñas, niños y adolescentes, y con dicha finalidad están facultados a elaborar actas de compromisos siempre que alguno de los progenitores solicite hacer constar dicho reconocimiento voluntario de filiación extrajudicial.
  8. h) Comunicar o denunciar las presuntas faltas, delitos o contravenciones en contra de niñas, niños y adolescentes, a las autoridades competentes.
  9. i) Ejercer la representación procesal en los procesos por alimentos y filiación, según lo establecido en el Código Procesal Civil.
  10. j) Comunicar a las autoridades competentes las situaciones de riesgo o desprotección familiar que sean de su conocimiento.

45.2 Las DEMUNA tienen como funciones adicionales las siguientes:

  1. a) Intervenir como instancia técnica en la gestión del riesgo de desastres a nivel local en los temas de infancia y adolescencia, así como en los Centros de Operación de Emergencia.
  2. b) Actuar en el procedimiento por riesgo de desprotección familiar, conforme a la ley sobre la materia.
  3. c) Colaborar en los procedimientos de desprotección familiar a solicitud de la autoridad competente.

Artículo 46.- Trabajo en redes locales

Las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente establecen los mecanismos de coordinación y cooperación a nivel local, con otras entidades, para el cumplimiento de su finalidad.

Artículo 47.- Rol del gobierno regional

El gobierno regional articula y promueve acciones con el gobierno local para el fortalecimiento de las DEMUNA, conforme al marco normativo del servicio.»

Artículo 5.- Modificación de los artículos 3, 4 y 7 a la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Modifíquense los artículos 3, 4 y 7 a la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en los siguientes términos:

«Artículo 3.- Contenido del Registro de Deudores Alimentarios Morosos –REDAM-

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos debe contener la siguiente información:

  1. a) Nombres y apellidos completos del Deudor Alimentario Moroso.
  2. b) Domicilio real del Deudor Alimentario Moroso.
  3. c) Número del Documento Nacional de Identidad u otro que haga sus veces, del Deudor Alimentario Moroso.
  4. d) Fotografía del Deudor Alimentario Moroso.
  5. e) Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la comunicación.
  6. f) Indicación del órgano jurisdiccional que ordena el registro.»

«Artículo 4.- Procedimiento

4.1 El órgano jurisdiccional que conoce o conoció la causa, de oficio o a petición de parte y previo a ordenar la inscripción, notifica al obligado alimentario, para que informe en el término de tres (3) días el cumplimiento de la deuda. El juez ordena la inscripción en el mismo plazo si el deudor no demuestra el cumplimiento de la deuda o no absuelve el requerimiento.

4.2 El deudor puede oponerse a la inscripción o solicitar la cancelación de la inscripción solo si acredita haber cumplido con el pago de la deuda alimentaria. Dicha oposición o solicitud puede formularse en cualquier momento y tiene como efecto la cancelación de la inscripción.

4.3 En los casos de omisión de asistencia familiar, el juez penal informa al Registro de Deudores Alimentarios Morosos los datos de la persona procesada, para su inscripción correspondiente.

4.4 Cuando se solicite la oposición o cancelación de la inscripción, el Juez resuelve el levantamiento de la inscripción en un plazo máximo de tres (3) días.

4.5 Para los fines de la inscripción o cancelación de la inscripción en el Registro, el juez deberá oficiar al órgano de Gobierno del Poder Judicial en un plazo no mayor de tres (3) días luego de resolver la cuestión. El Órgano de Gobierno del Poder Judicial realiza la inscripción o cancelación en un plazo máximo de tres (3) días.»

«Artículo 7.- Deber de colaboración entre las instituciones del Estado

7.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a pedido del Órgano de Gobierno del Poder Judicial y en el plazo de cinco (5) días hábiles, remite la información de la planilla electrónica que resulte pertinente de los contratos laborales vigentes, de las personas inscritas en el REDAM, con la finalidad de comunicar a los juzgados correspondientes, en el término de la distancia, para que procedan conforme a sus atribuciones.

7.2 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, a pedido del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, remite las listas de transferencias de bienes muebles o inmuebles registrables realizados por las personas inscritas en el REDAM, en un plazo de cinco (5) días hábiles.

7.3 El Banco de la Nación, en los casos que las pensiones alimenticias sean abonadas en cuentas administradas por dicha entidad, a pedido del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, remite el reporte de abonos realizados a las personas inscritas en el REDAM, en un plazo de cinco (5) días hábiles.

7.4 El Órgano de Gobierno del Poder Judicial, al término de cada mes, debe remitir a las entidades señaladas en los numerales precedentes, el listado de personas inscritas en el REDAM, para el cumplimiento de la remisión de información.

Artículo 6.- Incorporación del artículo 10 a la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Incorpórese el artículo 10 a la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en los siguientes términos:

«Artículo 10.- Pago de la deuda alimentaria e incumplimiento

10.1 La persona inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos puede postular y acceder al servicio civil en el Estado, o ser designado funcionario o directivo de confianza, o contratar con el Estado, siempre que cancele el registro o autorice el descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos, previo a la suscripción del contrato o la expedición de la resolución de designación correspondiente.

10.2 La oficina de recursos humanos o la oficina de logística, según corresponda, o la que cumpla dichas funciones, comunica al REDAM la autorización de descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad. La misma oficina se encarga de tramitar el depósito judicial respectivo a través de la oficina de tesorería o la que haga sus veces en la entidad, salvo disposición distinta del juzgado competente sobre la forma de pago.

10.3 En el sector privado, la autorización del descuento por planilla o por otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos se establece de común acuerdo entre el empleador y el trabajador o la persona postulante, debiendo la oficina de recursos humanos o la que cumpla dichas funciones, informar al REDAM de la autorización de descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles.»

Artículo 7.- Refrendo

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo 8.- Financiamiento

La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

FINALES

PRIMERA.- Normas complementarias del servicio de Defensoría de la Niña, Niño y del Adolescente.

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el/la Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el plazo de sesenta (60) días hábiles se aprueba el Reglamento del servicio de las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente.

SEGUNDA.- Prioridad del cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Considérese de interés para el Estado el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, para lo cual las entidades involucradas implementan los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la presente Ley.

TERCERA.- Obligación de verificación semestral del REDAM

Las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas y privadas, o las que cumplan dichas funciones, verifican semestralmente el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para la suscripción o propuesta de suscripción de la autorización de retención de la contraprestación o descuento por planilla de sus remuneraciones del trabajador, según sea el caso, para el pago de la pensión alimenticia que tenga pendiente.

En el caso del sector público, la negativa a suscribir la autorización es causal de resolución del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el citado registro.

CUARTA.- Informe Anual del Poder Judicial

El Poder Judicial elabora un informe anual detallando las acciones realizadas para el cumplimiento del presente Decreto Legislativo, el cual debe ser remitido al Congreso de la República y publicado en su página institucional.

QUINTA.- Adecuación del Reglamento de la Ley Nº 28970

En un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se aprueba la adecuación del Reglamento de la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de acuerdo a lo señalado en el presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

TRANSITORIA

ÚNICA.- Autorización para la retención o descuento por planilla para el pago de la pensión alimenticia de trabajadores/as del sector público y privado

En el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, las/los servidores, directivos y funcionarios del sector público, o aquéllos que tengan una relación contractual con el Estado, deben suscribir una autorización para que la entidad proceda a la retención de la contraprestación o descuento por planilla de sus remuneraciones, según sea el caso, para el pago de la pensión alimenticia que tenga pendiente, siempre que se verifique que aparece inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La negativa a suscribir la autorización es causal de resolución del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el citado registro.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogatoria del artículo 404 del Código Civil.

Derógase el artículo 404 del Código Civil referido a la declaración judicial de paternidad del hijo de mujer casada.

SEGUNDA.- Derogatoria de la Ley Nº 27007

Derógase la Ley Nº 27007, Ley que faculta a las defensorías del niño y el adolescente a realizar conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO

Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo