PACIENTES y SUS DERECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN PERU

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

El jueves 13 de agosto del 2013, DIA NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE, fue publicado en las separatas de las normas legales el Decreto Supremo N° 17-2015/MINSA, 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, formando parte de los reglamentos de la Ley General de Salud Ley N° 26842 promulgada el 15 de julio de 1997, esto es, 18 años atrás.

Bastante joven tuve el privilegio de contar con formación profesional en salud y brindar mis servicios en Pueblo Nuevo de Maray, paradisiaco bello rincón de gente generosa asentados en la ceja de sierra de Morropón, Piura; entre la infinidad de anécdotas, recuerdo un grupo de campesinos provistos de ponchos y sus habituales machetes, bordeando las 5 de la mañana, en una improvisada camilla desde unas tres horas antes habían iniciado el traslado a pie hasta el Centro de Salud de Morropón, ubicado hora y media mas adelante, a su agónico anciano familiar, en una improvisada camilla de palos; le ha dado el “garrotazo” (neumonía) dijeron, en su paso presuroso; el establecimiento a mi cargo no contaba con Médico ni oxígeno por lo que urgía de una movilidad que presta lo lleve hacia el indicado establecimiento de salud, uno de los familiares sentenció con naturalidad, “no me hacen caso, yo les he dicho que, por las puras lo bajamos, porque no tenemos ya plata para comprar la medicina que nos pidan y que en vez de eso gastemos en el cajón.”

Historias dolorosas como la que me impactó desde entonces, de diverso tipo y grado hay a diario y no solo es privilegio de los confines apartados de nuestra patria sino en la ciudad capital conforme cada tanto expone la prensa, siempre ha sido y es tarea permanente de gobernantes dotar de establecimientos médicos y de salud con equipamiento suficiente para prevenir, atender las emergencias, recuperar y rehabilitar a nuestros conciudadanos.

Las limitantes económicas como la expuesta arriba, afortunadamente, para bien de las mayorías, no ha sido soslayada por los diversos gobiernos de turno, al crear en el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) el 2001 el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) resultado de la fusión previa en una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, de los programas subsidiados de salud creados en 1997 Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional y en 1998 el denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años hasta que el 29 de enero del 2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, la misma que crea el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, siendo posteriormente calificado como Organismos Público Ejecutor mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, cuya cobertura se ha ampliado a toda persona que se inscriba en los establecimientos públicos de salud cercano a su domicilio que no cuente con otros tipos de seguros de salud (hoy llamadas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)).

Actualmente el SIS brinda una amplia cobertura de la mayoría de enfermedades de alrededor del 70% de la población que acude a los establecimientos de salud del MINSA.

El derecho a la salud es parte de los derechos universales que le asiste a toda persona humana.

El derecho a la salud reviste en contraparte los deberes que corresponde a los PACIENTES, llamados en nuestra legislación nacional USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud pone relevancia recordar los derechos y deberes de los médicos y profesionales de la salud como del personal de los establecimientos de salud.

Usuarios como el personal de los establecimientos de salud tienen la necesidad de recordar la igual protección de los derechos constitucionales que les asiste como personas humanas : a ser respetados en su dignidad humana y con ello al recíproco trato respetuoso.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica a la vez obligaciones y deberes para los hospitales, clínicas, policlínicos y consultorios médicos y paramédicos públicos como privados, que ahora reciben la denominación de IPRESS (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) y UGIPRESS (UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) respectivamente y muy especialmente, para los titulares y gestores de dichas entidades como a los médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo que en ellos laboran cuyas actuaciones obligan al monitoreo y cercana supervisión de los JEFES INMEDIATOS como permanentemente por el personal que ha asignado SUSALUD (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) que, como parte de su normativa aplicable en su REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES prevé para infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves, sanciones a los establecimientos de salud que previo procedimiento administrativo sancionador van desde amonestaciones, cierre temporal parcial o total como definitivo, aparejados de gravosas multas impuestas a los establecimientos que van desde 100, 300 a 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria UIT para el año 2015 es de S/. 3,850.00) susceptibles de aplicar a partir del 1 de agosto del 2015, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran coexistir e involucrar al personal que resulte comprendido en la infracción que se establezca, todo lo cual implica, la urgente revisión y adecuación de documentos normativos internos, procedimientos de las IPRESS y UGIPRESS como las conductas del personal a su cargo.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica para el Poder Ejecutivo el incremento de los presupuestos que anualmente asigna a las IPRESS y UGIPRESS a su cargo, como lo propio por parte de los dueños y accionistas de los establecimientos de salud privados.

Resultaría injusto e incongruente con los fines que persigue la Ley General de Salud y sus Reglamentos como el que hoy nos ocupa, que el Poder Ejecutivo a través de las multas que impusiera SUSALUD termine embargando los escasos presupuestos asignados a las IPRES y UGIPRES, resultando recomendable la revisión de la graduación de las sanciones pecuniarias; como injusto y oportuno resultaría que el usuario afectado sea indemnizado inoportunamente o con montos diminutos.

A continuación enunciamos los derechos materia de regulación en el Reglamento, cuya lectura integral recomendamos a usuarios, gestores, jefes inmediatos, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo de los establecimeintos de salud.
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas

 

 

 

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RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho a la Salud

25 de Marzo del 2019

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DECRETO SUPREMO Nº 027-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 123 de la precitada ley, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;
Que, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del Estado garantiza;
Que, la Primera Disposición Final de la precitada Ley, dispuso que el Poder Ejecutivo Reglamente dicha Ley;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consta de tres (3) Capítulos, treinta (30) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Salud.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 031-2014-SA
1. Modifíquese el Anexo I A: Infracciones Leves aplicables a IAFAS del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“47. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
2. Modifíquese el Anexo II: Infracciones Leves Aplicables a UGIPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“9. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
3. Modifíquese el Anexo III A: Infracciones de Carácter General: Infracciones Leves, del Anexo III Infracciones Aplicables a las IPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose los siguientes numerales:
“39. No exhibir la cartera de servicios, listado de médicos, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente.
40. No permitir u obstaculizar el desarrollo de la segunda opinión médica, incluyendo la restricción al acceso a la historia clínica del médico consultor, previa autorización firmada por el paciente.
41. No contar con protocolos de seguridad personal, o no implementarlos o no evaluarlos de conformidad a la normativa vigente.
42. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así como, al acceso a la información y consentimiento informado.
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas.
Artículo 2.- Definiciones
Son de aplicación al presente reglamento las definiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1158, así como de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, las previstas en el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2006-SA y sus modificatorias; y las contenidas en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27604 que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2002-SA.
Adicionalmente, son de aplicación al presente Reglamento las definiciones y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, a las cuales se adicionan las siguientes:
Diálogo intercultural: Proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción de dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas y opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales a través de relaciones simétricas y de reciprocidad.
Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de los servicios, así como adaptarlos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
Artículo 3.- Lista de Acrónimos
El presente Reglamento contiene los siguientes acrónimos:
a. IAFAS : Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
b. IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
c. MINSA : Ministerio de Salud.
d. SIS : Seguro Integral de Salud.
e. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud
f. UGIPRESS : Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional a las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas, y en lo que corresponda para las IAFAS públicas, privadas y mixtas, así como a los trabajadores de éstas.
Artículo 5.- Representación de la persona usuaria de los servicios de salud
El ejercicio de los derechos estipulados en el presente reglamento corresponde a toda persona usuaria de los servicios de salud.
En caso que el titular del derecho delegue su representación o no se encuentre en capacidad de poder manifestar su voluntad, estos derechos podrán ser ejercidos por su representante, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. La representación se ejerce conforme a lo siguiente:
a. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio podrá delegar su representación a cualquier persona capaz, a través de una carta poder con firma certificada por fedatario institucional o notario o juez de paz, en forma anticipada a la situación que le impida manifestar su voluntad.
b. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no pueda expresar su voluntad, su representación será ejercida, conforme los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en la norma civil.
c. Cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absoluta o relativamente incapaz para manifestar su voluntad, será representada por aquellos que ejerzan la curatela, conforme lo establece el Código Civil. Así también los menores de edad serán representados por quienes ejerzan la patria potestad y tutela.
d. Cuando la persona usuaria sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, conforme a lo establecido en el Código Civil, no requerirá representación.
Ante la ausencia de las personas que ejercen la representación de los incapaces absolutos o relativos, el médico tratante dejará constancia de tal hecho en la Historia Clínica de la persona usuaria y el representante legal de la IPRESS dispondrá las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de dichas personas, debiendo comunicar el hecho al Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho.
Es nula toda representación de la persona usuaria en los servicios de salud que se hubiera realizado sin la observancia debida de lo estipulado en el presente artículo.
La IPRESS debe brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a. del presente artículo, debiéndose insertar copia del documento de representación en la historia clínica del paciente.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla en cualquier IPRESS pública, privada o mixta, en base a la capacidad resolutiva necesaria para tal fin.
La emergencia es determinada únicamente por el profesional médico, y excepcionalmente en ausencia de éste en el primer nivel de atención, podrá ser determinada por el personal asistencial de la IPRESS. Si ésta no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel.
La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.
Culminada la atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá solicitarlo a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Para el caso de las personas comprendidas en los grupos poblacionales vulnerables, los gastos de atención de la situación de emergencia serán asumidos por el Seguro Integral de Salud (SIS) bajo el Régimen Subsidiado, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la persona no se encuentre afiliada pero califique para acceder a dicha cobertura, la IPRESS que brinde la atención de emergencia deberá solicitar su afiliación al SIS de acuerdo a la normativa vigente.
Para el caso de las personas que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y no pertenezca a un grupo poblacional vulnerable, la IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma, de acuerdo a sus procedimientos institucionales.
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Toda persona en el ejercicio del derecho a su bienestar en salud puede elegir libremente al médico o a la IPRESS que le brinde la atención, según los lineamientos de gestión de las IAFAS. Quedan exceptuados los casos de emergencia.
Asimismo, la persona tiene derecho a no ser inducido u obligado a acudir por una determinada atención a otra IPRESS, con excepción de las limitaciones propias establecidas en la cobertura contratada, de ser el caso.
Para el ejercicio de este derecho, la IAFAS debe informar por medios idóneos, a sus asegurados las condiciones del plan de salud, incluyendo de ser el caso, la utilización del modelo de adscripción para su atención en una red prestacional, en cuyo caso la elección a la que se refiere el presente artículo deberá entenderse sólo respecto al médico tratante.
La IPRESS debe comunicar por medios idóneos a la persona usuaria, la disponibilidad, los horarios de atención previstos, y demás condiciones de acceso al servicio solicitado entre los que se encuentra la capacidad operativa. La persona usuaria debe sujetarse a las condiciones previstas para el acceso al servicio solicitado.
La IPRESS debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios, de forma actualizada y permanente.
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
La IPRESS está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. El acto médico se rige por la normativa dictada por el Ministerio de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos Internacionales ratificados por el Gobierno Peruano.
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Toda persona, bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o con cargo a sus propios recursos, tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la IPRESS ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante quien dejará constancia de la solicitud en la historia clínica del paciente. El médico consultor tiene acceso a la historia clínica, sin poder modificarla, debiendo exhibir para ello la autorización firmada por el paciente.
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.
La IAFAS debe garantizar el acceso de acuerdo a las condiciones de cobertura con el afiliado, su sostenibilidad financiera, lineamientos de gestión presupuestal y la normatividad vigente.
La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.
Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.
SUB CAPÍTULO II
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Toda persona tiene derecho a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en calidad de persona usuaria de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, sin ser discriminada por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, o discapacidad.
Para tal efecto las IAFAS e IPRESS deben difundir por medios idóneos y de forma permanente la lista de derechos de las personas usuarias que forman parte del presente Reglamento en calidad de Anexo. Los medios utilizados pueden ser físicos y virtuales, como afiches, boletines, medios de información y comunicación alternativa, entre otros, que permitan su comprensión, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren, debiendo exhibirse en un lugar visible y de fácil acceso al público, como en las áreas de ingreso y salida, salas de espera y así también usar todos aquellos medios disponibles para dicho fin.
Las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS garantizan la difusión permanente del listado de derechos contenido en el Anexo del presente reglamento, sin perjuicio de su difusión, a través de sus páginas institucionales.
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos. Esta información estará consignada en la Historia Clínica a cargo del médico, así como en la Nota de los profesionales de la salud, según corresponda, en estricta observancia de la norma técnica de Historia Clínica dictada por el Ministerio de Salud.
La IPRESS debe garantizar que todo el personal asistencial y administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado.
La persona usuaria podrá solicitar a la IPRESS el nombre de los responsables a que se refiere el presente artículo, mediante comunicación escrita. La IPRESS atenderá por escrito esta solicitud en un plazo máximo de dos (2) días útiles de recibida la solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, si la solicitud es formulada verbalmente, el personal de la IPRESS podrá dar respuesta de la misma forma y de manera inmediata, de ser el caso.
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria.
La IPRESS debe disponer los medios y procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias antes de llevarse a cabo la atención de salud, con excepción de las atenciones de emergencia.
La IAFAS debe garantizar que la persona usuaria sea informada de la cobertura de su póliza o plan de salud, a través de medios y procedimientos idóneos.
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Toda persona tiene derecho a recibir información completa sobre las razones que justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará.
La persona usuaria tiene derecho a no ser trasladada sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable de la IPRESS.
La persona usuaria o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá solicitar su traslado a otra IPRESS, de acuerdo a las condiciones de su cobertura, siempre que: exprese su voluntad por escrito, su estado de salud lo permita y su situación de salud, determinada por el médico, así lo requiera.
La IPRESS debe garantizar la seguridad de la persona usuaria durante el traslado, sin perjuicio de su derecho de solicitar a la IAFAS el reembolso por los gastos incurridos, siempre que forme parte de la cobertura prestacional a que la persona usuaria tiene derecho en su IAFAS.
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a acceder en forma precisa y oportuna a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas que rigen las actividades de la IPRESS vinculadas a su atención.
Para ello la IPRESS implementa permanentemente medios de difusión (físicos y/o virtuales) accesibles a las personas usuarias, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren.
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a recibir del médico tratante y, en términos comprensibles, información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren.
Asimismo, tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.
En caso que la persona se niegue, voluntariamente, a recibir dicha información, el médico tratante dejará constancia del hecho en la historia clínica del paciente, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá decidir su retiro voluntario del servicio o de la IPRESS; para tal efecto, deberá expresar al médico tratante por escrito esta decisión, dejando constancia que la misma se ejerce voluntariamente, sin presión alguna y que ha sido informado de los riesgos que asume por tal decisión, consignándose expresamente los mismos y, entregándole una copia de esa información con cargo de recepción. Asimismo, debe consignarse en la historia clínica haber recibido la información, que será firmada por el paciente o su representante y el médico tratante, eximiendo de responsabilidad a este último y a la IPRESS. También podrá solicitar copia de la epicrisis de forma gratuita y de su historia clínica a su costo.
La decisión de retiro voluntario de la IPRESS no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o cuando éste ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento, con la participación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que los que no gozan de autonomía plena requieren protección.
La negativa a recibir o continuar el tratamiento no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o esta decisión ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Toda persona tiene derecho a ser informada por el investigador sobre la condición experimental de un producto o procedimiento en investigación, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos y las condiciones de la continuidad del tratamiento; debiendo el investigador dejar constancia por escrito en la historia clínica del paciente; y la firma del consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el literal c. del artículo 24 del presente Reglamento, en concordancia con la legislación especial sobre la materia y a la Declaración de Helsinki.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
SUB CAPÍTULO III
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Toda persona tiene derecho a ser atendida por personal de salud autorizado por la normatividad vigente, y con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo.
El personal profesional de la salud y administrativo de la IPRESS debe brindar una atención con buen trato y respeto a las personas usuarias de los servicios de salud, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Ninguna persona usuaria puede ser discriminada en el acceso a los servicios de salud, la atención o tratamiento por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole.
En caso el paciente haya autorizado, previa firma de consentimiento informado, la exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, el médico tratante debe garantizar el respeto a la privacidad y pudor del paciente.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento a que se refiere el párrafo precedente, será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos hayan sido científicamente comprobados, o cuya eficacia o mecanismos con reacciones adversas y efectos colaterales descritos le hayan sido advertidos oportunamente. Las IAFAS podrán financiar estos tipos de tratamientos de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 10 del presente reglamento.
Para tal efecto, previo al inicio del tratamiento, el personal profesional en salud autorizado a indicar el tratamiento y prescribir los medicamentos, debe informar al paciente las reacciones adversas, interacciones o efectos colaterales, conocidos a la fecha, que pudiere ocasionarle y las precauciones que se deben observar para su uso correcto y seguro, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Con respecto a la seguridad del paciente, la IPRESS debe garantizar que éste no sea expuesto a riesgos adicionales a los de su propia enfermedad, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la IPRESS disponer las medidas preventivas frente a eventos adversos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, la información es brindada a los representantes, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Toda persona tiene derecho a su seguridad, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas a la IPRESS desde el momento que accede al mismo, para lo cual la IPRESS deberá implementar protocolos de seguridad personal, cuyo cumplimiento será responsabilidad de su máxima autoridad administrativa.
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a autorizar que estén presentes en sus exámenes médicos o intervención quirúrgica, personas que no estén implicadas directamente en la atención médica. La participación deberá contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándolo en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y se observen las prácticas de bioseguridad, caso contrario se revoca dicha aprobación. El paciente asumirá los costos derivados de dicha participación.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado. En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Cualquier acción u omisión que contravenga el citado proceso será pasible de las acciones punibles contenidas en el Código Penal.
SUB CAPÍTULO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, por lo que de no cumplirse con estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud.
El médico tratante o el investigador, según corresponda, es el responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria.
La firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, ni a la IPRESS, frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias.
Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que evidencie el proceso de información y decisión, el cual forma parte de la historia clínica de la persona usuaria, siendo responsabilidad de la IPRESS su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deberán imprimir su huella digital en señal de conformidad.
El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma en que fue otorgado.
El consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones:
a. Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.
b. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes.
c. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica.
d. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki y el marco legal vigente sobre la materia.
e. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.
f. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública.
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante tiene derecho a solicitar copia completa de su historia clínica, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante asume los costos de reproducción que supone el pedido.
La información contenida en la historia clínica del paciente así como aquella relacionada a cualquier acto médico, tiene carácter reservado, salvo en los supuestos contemplados en la Ley General de Salud.
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
La IPRESS debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente, observando la estructura y registros a consignarse en la misma y otros documentos vinculados.
La información mínima de la historia clínica debe contener lo siguiente:
a. Identificación del paciente.
b. Registro de la atención de salud.
c. Información complementaria.
d. Formatos Especiales.
Adicionalmente, el contenido mínimo de variables según la especialidad médica, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica manuscrita o electrónica deben adecuarse a lo dispuesto en las normas técnicas y otras emitidas por el ente rector en salud.
CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 27.- De la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de velar por la aplicación del presente Reglamento en el marco de las competencias conferidas en la normativa vigente de la materia.
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas
Toda persona que se encuentre disconforme con la atención recibida, tiene derecho a ser escuchada y recibir respuesta, debiendo presentar su reclamo ante las instancias competentes de la IAFAS o IPRESS, sin perjuicio de acudir en vía de queja ante SUSALUD para el inicio del procedimiento administrativo que pudiere corresponder, según la normatividad que sobre la materia emite SUSALUD.
La IPRESS debe exhibir de manera visible y de fácil acceso, el procedimiento para la atención de reclamos de las personas usuarias así como la posibilidad de acudir a SUSALUD en instancia de queja.
Artículo 29.- Solución de controversias
En caso de surgir controversias entre las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS y la persona usuaria de los servicios de salud, aquellas deberán generar mecanismos ágiles y oportunos de solución mediante el trato directo o el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional.
En caso las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo sobre el centro competente, se entenderá como centro competente el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.
SUSALUD propiciará mecanismos de acceso a la justicia a las personas que consideren haber sido vulnerados en sus derechos, sin que la capacidad económica de las personas sea un limitante para garantizar su acceso oportuno e independiente.
Artículo 30.- Responsabilidad frente a la vulneración de derechos
Las infracciones referidas a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y las sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, están establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA.
Para efecto de la restitución de los derechos de las personas usuarias y con el objeto de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado, SUSALUD, de acuerdo a las facultades conferidas, deberá disponer las medidas de seguridad que correspondan; así como, las medidas provisionales y correctivas, en el marco del procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar.
Para las pretensiones indemnizatorias la persona usuaria de los servicios de salud podrá acudir a la vía judicial o medios alternativos de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los profesionales de la salud dicha responsabilidad se rige por las normas laborales administrativas, civiles, penales, Código de Ética y Deontología y demás normas estatutarias de los colegios profesionales correspondientes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Registro de Sanciones de los Profesionales de la Salud
El Decano Nacional del Colegio Profesional correspondiente, comunicará a SUSALUD, por medio escrito, las sanciones impuestas por los respectivos Colegios Profesionales a sus agremiados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haber quedado firme la resolución que impuso la sanción.
SUSALUD, implementará el Registro respectivo, donde publicará la información remitida, a través de su portal institucional, conforme a la normativa vigente de la materia.
Segunda.- Enfoque Intercultural
Las disposiciones del presente Reglamento que establezcan la aplicación de técnicas para el uso de la metodología de Diálogo Intercultural con las personas usuarias de los servicios de salud en pueblos vulnerables, deberán ser implementadas por todas las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas de manera progresiva en observancia a las normas pertinentes de la materia y de todas aquellas que emita el Ministerio de Salud para tal efecto, así como las complementarias y conexas.
Tercera.- Reglamento de Reclamos y Quejas
A propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobará el Reglamento de Quejas y Reclamos que contendrá el procedimiento para la atención de las Quejas y Reclamos de las personas usuarias de los servicios de Salud en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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Categoría : DERECHO A LA SALUD

25 de Marzo del 2019

SOAT

por RICARDO AYALA GORDILLO

Hola

Me llamo Viridiana hace casi un mes sufri un accidente a bordo de un taxi y llegamos al ministerio público xq yo tenia lesiones pero no me hicieron caso y tuve q trasladarme por mis propios medios a una clínica presentándose posteriormente a dar mi declaración la persona q me atendió dice q dejo ir a los responsables porque se presentaron voluntariamente además que le dieron dinero y ya soltó los carros q estaban detenidos y a mi no me dan solución se portan groseros y la verdad yo he hecho muchos gastos ya que sufri esguince en el cuello y en la columna de hecho no podía ni hablar y estoy en terapias de rehabilitación y ahora resulta q no hay responsable de la lesiones que puedo hacer????

accidente-transito

Viridiana

Ocurrido el accidente, lo primero que debió hacer el conductor fue conducirte a un hospital o clínica a que recibas la atención de urgencia, cuyos gastos desde ese momento los asume el SOAT, -correspondiéndole a él llamar a dicho Seguro como dar cuenta a la Policía-; si no lo hizo, debiste exigir a que así proceda, caso contrario, debiste pedir la intervención policial.

Por lo que describes, todo el proceder que siguió el conductor contigo es irregular, lo cual hace presumir que el vehículo no contaba con SOAT, lo cual debió dar lugar a la inmediata intervención policial por la infracción legal, de ser asi, ello no impide que, acreditando por tu parte la debida identificación del vehículo como del conductor y la atención médica recibida, exijas legalmente al conductor, al propietario y de ser el caso, al SOAT, el pago por los gastos incurridos, el costo de la rehabilitación total y el perjuicio por la discapacidad y dolor temporal, tus ingresos regulares  dejados de percibir.

Amplio la información relacionada como sigue:.

 

¿Qué es el SOAT?

De acuerdo al Código de Tránsito y Seguridad Vial todo vehículo está obligado a contratar una póliza de Responsabilidad Civil, de ahí que por Ley el año 2002 todo vehículo está obligado a contratar en Perú el SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), el cual no sólo repara el daño que sufra :

. el asegurado

. los ocupantes de un vehículo

.  como los peatones que pudieran verse afectados por un accidente de tránsito.

El objeto del SOAT es asegurar y cubrir los riesgos y gastos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado, como sigue :

Muerte c/u Cuatro (4) UIT S/. 15,800

Invalidez permanente c/u hasta Cuatro (4) UIT S/. 15,800

Incapacidad temporal c/u hasta Una (1) UIT S/. 3950

Gastos Médicos c/u hasta Cinco (5) UIT S/. 19,750

Gastos de sepelio c/u hasta Una (1) UIT S/. 3,950

(*) La UIT – Unidad Impositiva Tributaria – es equivalente a S/. 3,950

.  la atención médica es inmediata e incondicional a las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales, como en tu caso.

. El pago del beneficio de  indemnizaciones, por cada persona u ocupante del vehículo,  sin necesidad de ninguna investigación previa respecto a la responsabilidad en el accidente.

Por su parte, el propietario del vehículo al contratar el SOAT está obligado a:

Declarar el verdadero uso del vehículo automotor.

Pagar la prima correspondiente contra entrega del correspondiente Certificado de Seguro.

Mantener durante la vigencia de la póliza, el uso del vehículo declarado en el Certificado SOAT, debiendo comunicar por escrito a la compañía de seguros, oportunamente, cualquier variación en dicho uso. La compañía de seguros podrá modificar el Certificado de Seguros de acuerdo con el nuevo uso y cobrar o devolver la prima que corresponda.

No permitir la conducción del vehículo automotor por menores de edad, personas que no posean licencia de conducir o que teniéndola no corresponda a la categoría requerida para el vehículo asegurado, personas en estado de ebriedad, de drogadicción o en situación de grave perturbación de sus facultades físicas o mentales.

Comunicar a la compañía de seguros la transferencia de propiedad del vehículo automotor en el plazo de cinco (5) días de ocurrido el hecho.

Avisar de inmediato la ocurrencia de un accidente de tránsito a la Compañía de Seguros, salvo caso de impedimento debidamente justificado. Asimismo, dejar constancia del accidente de tránsito en la delegación de la Policía Nacional del Perú más cercana, exhibiendo el certificado de seguro correspondiente a la póliza en vigencia.

Formalizar por escrito el aviso de la ocurrencia del siniestro a la compañía de Seguros.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : PAD/Derecho civil y penal

25 de Marzo del 2019

¿COMO INSCRIBO A MI HIJO CUYO PADRE BIOLOGICO, NO ES MI CONYUGE?

Por RICARDO AYALA GORDILLO

Este drama era cotidiano hasta fines del año 2018 y lo afrontaban innumerables recién nacidos y sus progenitores.

De acuerdo al Código Civil, los hijos nacidos dentro del matrimonio como los nacidos dentro de los 300 dias posteriores al divorcio, se presumían hijos del cónyuge.

Los casados separados que deciden rehacer su vida con nueva pareja y procrear hijos dentro de esta nueva relación, se enteraban del tremendo impedimento legal al estar ante el Registrador de Reniec o de las Oficinas de Registros Civiles de las Municipalidades, puesto que les indicaban que en tanto sea la mujer casada inscribirán al menor con el apellido del cónyuge.

¿Que solían hacer las madres con su bebé en brazos y el padre biológico ahí presente, ante esta noticia que les da el Registrador?

Optaban por no inscribir al bebé.

Lo que ocurría a partir de esta noticia entre ambos padres no siempre era tomado de la mejor forma; mucho dependía de la adecuada comunicación, respeto, madurez y co-responsabilidad de ambos progenitores para admitir y superar ambos esta realidad.

¿Que debían hacer ? Que el aún cónyuge inicie un proceso judicial de impugnación de paternidad contra su esposa y el padre biológico, lo cual requerían constosa  prueba de ADN y durar entre año y medio a mucho mas hasta que la sentencia sea finalmente consentida y quede firme y se oficie a la RENIEC se expida nueva Acta de Nacido Vivo con el apellido del padre biológico.

A partir del sábado 25 de agosto, en que fue publicado el D.Leg. N° 1377 publicado en el diario El Peruano que modifica varios artículos del Código Civil, los padres biológicos de un niño, niña o adolescente nacido fuera del matrimonio pueden reconocer su paternidad pese a que la madre siga casada con otra persona, lo cual permite que el recién nacido sea inscrito y cuente con su Acta de Nacido Vivo y DNI, con el cual tiene una identidad, que le será reclamada de inmediato para asegurar las atenciones de salud que recibirá por  ESSALUD, el SIS o alguna EPS.

Para que la felicidad redondee en el nuvo hogar, si el matrimonio no prosperó y se separaron rehaciendo sus respectivas vidas, lo aconsejable es que los aún casados, preferiblemente de mutuo acuerdo, en los mejores términos posibles, inicien de inmediato la Separación de cuerpos y Divorcio ulterior cuya sentencia  lo inscriban en RENIEC y Registros Públicos.

Este Decreto Legislativo  permite también a los peruanos de 14, 15, 16 o 17 años, que se convierten en padres o madres, pueden llevar a cabo una serie de actos legales; entre ellos, solicitar por su cuenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) e inscribir el nacimiento reconocer a sus hijos e hijas a fin de evitar la indocumentación tanto de los jóvenes progenitores como de sus hijos e hijas.(Fuente Diario La República 28 de agosto 2018)

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia

23 de Marzo del 2019

PROCESO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINARIO¿COMO FORMULO MI DESCARGO?

                                                                                                                                                                             Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

En estos días en que la noticia cotidiana en los medios de comunicación llevan nombres de antes distinguidos políticos, ex Presidentes, ex Presidentes o Presidentes de Gobiernos Regionales, Alcaldes, Gerentes Municipales, algunos de ellos corroídos en sus gestiones como funcionarios públicos por la corrupción, son arduas como frecuentes las investigaciones administrativas a cargo de los Organos de Control Institucional (OCI)  funcionalmente dependientes  de la Contraloría General de la República, como de la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de cada entidad pública, cuando no de la Fiscalías Anticorrupción, como por la prensa;  funcionarios y servidores públicos que se limitaron o fueron obligados a cumplir lo ordenado por la autoridad superior sin oponerse o manifestar oportunamente su desacuerdo con lo dispuesto a ellos, hoy resultan comprendidos en esta vorágine y notificados con la APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO sujeto al RÉGIMEN SANCIONADOR  previsto en la Ley 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL y con ello,  requeridos a presentar sus respectivos descargos dentro del perentorio plazo de 5 días hábiles.

En el documento o Acto Administrativo con el cual te aperturan PAD se encuentra propuesta la sanción Administrativa que, de encontrarte responsable y acuerdo a la gravedad de los hechos que se te atribuye se propone imponerte alguna de las siguientes SANCIONES, desde una :

Amonestación Escrita,

Suspensión (desde 1 dia hasta 365 dias) sin goce de remuneraciones; o bien,

Destitución ( con lo cual te encontrarías impedido para ser contratado en cualquier modalidad, en entidades públicas hasta por 5 años.)

Tal sanción es independiente de la eventual responsabilidad penal o civil que pudiera existir.

El descargo deberá ser presentado por escrito, dentro del plazo concedido o prorrogado por igual plazo que el originario, si lo solicitas; aceptando o rechazando cuanto se te atribuye, precisando la versión ordenada y coherente de los hechos compatibles con tu función, invocando las normas legales y jurisprudencia que resulten necesarias y aplicables al caso, adjuntando u ofreciendo los medios probatorios que abonen en prueba de tu posición.

De ahí que para hacer el descargo, lo primero que debe hacerse previamente, es el estudio pormenorizado, no solo de la falta administrativa que se te atribuye en el  Acto Administrativo con el cual se abre el PAD, sino del INFORME PRELIMINAR(IP) elaborado por el SECRETARIO TECNICO competente, las fechas, que te hayan entregado copia de todo el expediente que sustenta el IP como el cargo y faltas que se te atribuyen; la verificación de la concurrencia del cumplimiento de los plazos para apreciar si la apertura del PAD se encuentra afectada o no por  la PRESCRIPCION; de la competencia (de las autoridades que participan y suscriben los documentos); si existe congruencia entre los hechos y las normas que se invocan o si se están aplicando normas derogadas o inaplicables, si se ha satisfecho los principios que informan el procedimiento sancionador, entre ellos, el debido proceso, que la sanción propuesta sea proporcional a la falta que se imputa; análisis de los hechos, las funciones y cargos; si concurren atenuantes o eximentes de responsabilidad, etc.

Debes saber que el descargo está orientado a que el ORGANO INSTRUCTOR en un primer momento y el ORGANO INSTRUCTOR  después, cuenten con elementos convincentes destinados a apartarse motivadamente de lo propuesto en la apertura del PAD, siempre que tus argumentos se encuentren debidamente sustentados con documentos u otros medios probatorios que respalden tu posición; pudiendo también evidenciarse que:

El PAD podría estar afectado por la Prescripción, en cuyo caso debe ser remitido al titular de la entidad para que la evalúe y de corresponder declare la Prescripción extintiva; o bien,

Podrías declararte responsable en todo o en parte de la falta que se te atribuye ;

O estando  inmerso en atenuante o eximente de responsabilidad; o,

Que no existe la falta imputada.

Es penoso saber de casos en que por no haber presentado un descargo adecuado, como de casos en que a pesar de un adecuado descargo, arbitrariamente, el servidor termine siendo sancionado, caso en el cual, el servidor podrá optar por interponer el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACION (que será resuelto por la misma autoridad que impone la sanción) o el RECURSO DE APELACION, caso en el cual, la entidad  deberá elevar el expediente para que lo resuelva el TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL DE SERVIR.

De confirmar la sanción el mencionado Tribunal, el procesado, desde que es notificado con la sanción tiene un plazo de 3 meses,  para  impugnar esta decisión ante el Poder Judicial en la vía Contenciosa Administrativa, pudiendo pedir mediante medida cautelar,  la suspensión de la sanción impuesta.

Por estas razones si bien, legalmente, el descargo, no requiere la firma de Abogado y puede hacerlo personalmente el servidor procesado; siempre hemos aconsejado que el descargo sea hecho con el concurso de Abogado, preferiblemente, conocedor del Proceso Administrativo Disciplinario (PAD).

Lima, 21 de marzo 2019

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

            ABOGADO

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DESCARGO, DENUNCIA, RESPONSABILIDAD

                                                Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

¿Puedo poner denuncia anónima ante la UGEL?

Comoregla, en el caso de las denuncias contra funcionarios y servidores públicos se interponen ante la Secretaría Técnica del PAD de la UGEL,  la norma requiere que el denunciante se identifique, lo cual no obsta que solicites la reserva de tu identidad.

Por excepción, puedes pedir que se mantenga en reserva tu identidad.

Si se trata de mal manejo de recursos públicos la denuncia debe ser interpuesta  ante el Órgano de Control Interno de la UGEL, en cuyo caso, la norma si faculta, la reserva de tu identidad.

Denuncia por abuso de autoridad al no dar respuesta en el tiempo estipulado

Ante el Director Administrativo como reclamo;  o bien como  denuncia  ante la Secretaría Técnica de Apoyo al PAD de la Entidad donde ocurrió el presunto abuso de autoridad.

Denuncia por incumplimiento de funciones del jefe de OCI.

Ante el Contralor General en la Contraloría General de la República.

¿Cómo proceder con una queja contra el Alcalde o regidores por violación del Código de Etica?

La denuncia debe ser remitida al Consejo Municipal para su respectiva evaluación y deliberación.

Cuál es la responsabilidad del contratista en el proceso de ejecución de obra?

Puedeser administrativa, civil o penal; dependiendo de la descripción del hecho o conducta incurrida u omitida y los medios probatorios que puedas ofrecer, o que existieran y puedes pedir sean recabados de quien los posee.

¿A quién presento mi apelación en caso de amonestación escrita?

A la misma autoridad que impuso la sanción, quien de acuerdo a Ley, será la misma que resolverá la apelación.

Registro de sanciones inscritas y vigentes en el ámbito de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República

Puedes verificar su contenido en el siguiente link: http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/participacion_ciudadana/conoce_nuestra_facultad_sancionadora/registrosancionados

Modelo de memorando por maltrato de palabra a sus compañeros de trabajo

En Perú y en las entidades públicas cuyo régimen sancionador esté sujeto a la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil, ocurrido el maltrato, deberá ser denunciado ante la Secretaría Técnica de Apoyo a las Autoridades del  PAD adjuntando o indicando las pruebas que respaldan la denuncia, con las cuales ésta abrirá investigación y puede concluir o recomendando el Archivamiento o que se abra PAD.

En ese sentido no corresponde que el Jefe inmediato emita memorando  al agresor salvo que sea solo para pedirle un informe sobre los hechos que le atribuyen.

Amonestación por falta laboral injustificada para enfermeras.

En las entidades públicas cuyo régimen sancionador esté sujeto a la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil la sanción más leve es la Amonestación.

Frente a un hecho que podría configurar falta administrativa disciplinaria, el jefe inmediato puede pedir, en este caso a la Enfermera, le presente un informe relacionado a su conducta,  la cual una vez evaluada, puede dar lugar a que no configure falta o no comprenda a la Licenciada en Enfermería; o bien que la presunta falta amerite una sanción directa que de lugar a una AMONESTACIÓN VERBAL, la que de ser así, será hecha en forma personal, en términos respetuosos y de manera reservada.

Enel caso la presunta falta a su entender amerite una AMONESTACIÓN ESCRITA, el Jefe inmediato remitirá todos los documentos relacionados a la Secretaria Técnica del PAD, quien de las indagaciones e investigaciones complementarias considerase atendible la sanción propuesta u otra sanción emitirá su Informe de Precalificación, recomendando la Apertura del PAD, al término del cual, de ser confirmada la indicada sanción, el Órgano Sancionador solicitará a la Oficina de Personal o Recursos Humanos que emita la Resolución con la cual se Amoneste por escrito.

¿Cuánto tiempo se tiene para responder requerimiento del jefe en entidad pública?

El plazo que expresamente te indiquen, a falta de plazo, de tres a 7 días hábiles.

¿Cómo responder a una llamada de atención?

Debe entenderse que se trata de la imposición de la sanción denominada Amonestación ; de ser así , de no estar tu de acuerdo con ella, lo que te corresponde es que dentro del plazo de 15 días hábiles de haber sido notificado puedas impugnarla mediante un Recurso de Reconsideración o de Apelación; siendo preferible que cuentes con la asesoría de Abogado.

¿Es válida la confesión sincera en el Procedimiento administrativo disciplinario?

Es válida y en mi opinión, debe ser tomada en consideración por las autoridades del PAD, ello aún cuando, la Ley 30057 no regula un tratamiento diferenciado en particular, como si ocurre en materia penal.

Quien voluntariamente, es decir, sin coacción, confiese su falta podría ahorrar a la administración del costo de lo que significa en tiempo y dinero que el Estado invierte para realizar una investigación preliminar y un PAD.

Ello no exonera que la Entidad realice necesariamente  las indagaciones e investigaciones destinadas a conocer o corroborar directamente la versión de los hechos; ello por cuanto, hay situaciones en las cuales puede estarse ocultando la real magnitud de los hechos o la participación de otras personas, como en los casos que la prensa ha denunciado, a manera de ejemplo : en los accidentes de tránsito,  ocurrido el choque o accidente,  el copiloto (abstemio)  suplanta en su lugar al conductor, quien se hallaba ebrio.

¿En que consiste la responsabilidad administrativa disciplinaria?

Todo funcionario y servidor público realiza las funciones que expresamente le asigna la autoridad administrativa y responden por el resultado de cuanto realizan en esas de dichas funciones.

La Administración pública por Ley tiene la potestad (facultad) de sancionarlos previo PAD  cuando con sus acciones u omisiones contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de sus funciones hayan desarrollado una gestión deficiente.

En caso que en esas funciones causen perjuicio a la entidad o a los usuarios, en virtud del poder disciplinario la administración pública por medio del procedimiento administrativo (PAD) se  pretende poner coto a la arbitrariedad u omisión incurrida.

¿Quién designa al secretario técnico de procedimientos administrativos en la municipalidad?

El Alcalde o si está expresamente facultado, el Gerente Municipal.

¿Notificación con la apertura del PAD es válida cuando servidor se encuentra con descanso médico?

La respuesta es afirmativa.

Lo que corresponde es que, adjuntando el certificado médico, tu o tusa familiares pongan en inmediato conocimiento de la administración o a quien te requiere el  impedimento temporal que afrontas, a efectos que, de ser el caso, pudiera prorrogarse la presentación de tu descargo o se evalúe la suspensión temporal del PAD.

Siempre,  es aconsejable que el requerimiento formulado a ti, antes de responder sea evaluado por tu Abogado.

¿Se puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a un servidor CAS por no hacer entrega de cargo?

La respuesta es afirmativa. La entrega de cargo no solo es obligatoria para el CAS sino para la Entidad, por cuanto ella implica que la Administración Pública prosiga atendiendo los documentos o expedientes que tenía a su cargo el trabajador cesado o cambiado a otra oficina los cuales podrían ser de sustantiva importancia para el interesado o para la Entidad, como la integridad de los bienes que le fueron asignados temporalmente.

Después del proceso administrativo sancionador ¿que sigue?

El PAD concluye con la imposición de la sanción o el Archivamiento y Absolución del servidor procesado.

El servidor sancionado puede aceptar la sanción impuesta, o bien, de no estar de acuerdo con ella, impugnarla dentro del plazo de 15 días hábiles desde que es notificado.

En caso sea confirmada la sanción podrá impugnarla en vía judicial.

¿De acuerdo con el régimen del servicio civil la Oficinas de Recursos Humanos son competentes para imponer la sanción de destitución?

No, tal facultad está reservada al titular de la entidad.

La Oficina de Recursos Humanos actúa como órgano instructor.

Descargos por falsa negligencia de enfermería

Es a las autoridades del PAD de la Entidad a la que corresponde acreditar documentadamente, en este caso, en que consiste la negligencia que te atribuye.

El descargo consiste en aceptar o rechazar, en todo o en parte, los hechos y/o la falta atribuida, esencialmente que actuaste con apego a las Guías y Protocolos de Atención de la institución como a las aprobadas por el MINSA y la literatura científica .

Sanciones administrativas a servidores públicos

A los servidores públicos de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, previo PAD, les puede resultar aplicable las sanciones previstas en el régimen sancionador establecido en el Art. 88 de la Ley 30057:

a)         Amonestación verbal o escrita.

b)         Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses.

c)         Destitución.

Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo.

En Perú ¿quienes están obligados a consultar el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles?

De manera primordial la Oficina de Recursos Humanos y los Directores de Administración, por ser parte de sus funciones verificar los antecedentes de los servidores que contratarán.

¿El Proceso administrativo disciplinario que no debe durar más de 45 días?.

Así debería ser conforme a los plazos puestos en el Gráfico N° 3 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Sin embargo, si es complejo debe fundamentarse la prórroga; al extremo que el Art. 106° del Reglamento de la Ley 30057 precisa que: “Entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (01) año calendario.”  

Puede sancionar un jefe de área a un trabajador si no existe  Dirección General en ese momento?

Un Jefe de  Área puede sancionar a un trabajador sólo :

1) Si le está facultado hacerlo por la Ley; y,

2) Siempre que haya seguido un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) previo dentro del cual se precise que sea él a quien se le faculte sancionar.

Según  la Ley SERVIR, ¿la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa?

En mi opinión, sólo al agotarse la vía administrativa debiera ejecutarse la sanción; sin embargo, la Ley 30057 establece que debe ser ejecutada con la primera sanción impuesta.

¿Cómo investigar una falta disciplinaria?

En los sujetos a la Ley 30057, las denuncias por presunta comisión de faltas administrativas son interpuestas e investigadas dentro de plazo breve por la Secretaría Técnica (ST)de Apoyo a los Autoridades del PAD.

El denunciante debe presentar la denuncia con las pruebas que tenga o indicar quien las tuviera o en que consistiría, la cuales serán valoradas por la ST, la cual de ser el caso, podrá requerir las adicionales que considere relevantes y con la cual concluirá en el no haber mérito a PAD archivando definitivamente la denuncia o bien recomendando la apertura del PAD a cargo del Órgano Instructor.

¿Debe un funcionario identificarse en sus escritos o no?

Si, Salvo que por mandato legal o razones de seguridad personal o relevancia de los hechos materia de la denuncia, esencialmente si son vinculados a actos de corrupción, pida acogerse a la protección de su identidad.

¿Qué debo tener en cuenta para elaborar mi Descargo en un PAD?.

Para elaborar el descargo, es obligación de la ST del PAD de la Entidad, que al momento de notificarlo con el acto administrativo anexe el íntegro de todas las copias que la ST evaluó y forman parte de su Informe de Precalificación, caso contrario, se le está vulnerando su derecho a la defensa que puede dar lugar a la nulidad del PAD.

Corresponde al Órgano Instructor la carga de la prueba, de ahí que el cargo imputado debe ser claro y encontrarse acreditado con los documentos y medios probatorios acopiados.

El procesado luego de estudiar el expediente en su descargo, podrá aceptar o rechazar en todo o en parte el cargo imputado, presentando su descargo ante el Órgano Instructor dentro del plazo legalmente señalado o dentro de la prórroga concedida.

Siempre es aconsejable que el descargo sea efectuado con asesoría de abogado.

Efectos  de una suspensión de días sin pago de remuneraciones, por sanción administrativa..

Dejarás de percibir remuneraciones durante el tiempo que dure la sanción.

La sanción que causen inhabilitación para ejercer la función pública y otras que por mandato de ley se deban inscribir será inscrita en el Registro Nacional de Sanciones y Despidos (de SERVIR), el cual es de acceso público.

Copia de la resolución sancionatoria será insertada en tu legajo de servicio, constituyendo demérito para tus evaluaciones y concursos, que sólo podrá ser levantado una vez que hayas sido Rehabilitado en la forma prescrita en la Ley o en el Reglamento interno de Trabajo.

Proceso adecuado de sanciones disciplinarias, en empresas

El procedimiento sancionador aplicable al interior de una empresa (derecho laboral privado) debe estar previsto en el Reglamento interno de Trabajo de la empresa y ser acorde al procedimiento Sancionador previsto en el D. Leg. 728 y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 003-97-TR.  

Nulidad de oficio de proceso disciplinario

La autoridad del PAD o el titular de la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio del PAD si repara que el PAD se encuentra viciado con alguna de las causales previstas en el Art. 10 de a Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

¿Qué hacer si un servidor público me golpea?

Puedes denunciarla administrativamente ante la ST y en la vía penal por Lesiones ante la Fiscalía Penal.

¿Puede un servidor  denunciar a un funcionario  por gritarle, humillarlo e insultarlo en púbico?

Si, por cuanto los gritos, acoso, hostigamiento, gestos despectivos o humillación en público o privado cual mellan la dignidad personal.

Conforme explica Carlos Cárdenas, socio de EY “El hostigamiento sexual tiene por finalidad que una persona presente una queja contra un empleador –acercamientos deseados o comentarios de contenido sexual-. La hostilidad laboral tiene por finalidad cautelar que los trabajadores no sufran de actos como reducción de remuneración, de categoría, el traslado inmotivado a un lugar lejano. Estos son actos de hostilidad laboral”,.

Ser Jefe o compañero de trabajo o público usuario no autoriza en modo alguno conductas de este tipo.

Estas conductas deben ser puestas de inmediato en conocimiento del titular de la Entidad, debiendo dar inicio a la correspondiente investigación y de ser el caso a PAD y sancionado, sin perjuicio de la que correspondiere en la vía civil o penal.

La víctima de estos actos, por indistinta que sea la profesión o cargo que ostenten, usualmente callan, por desconocimiento o vergüenza, con el consiguiente deterioro a su personalidad y rendimiento, e interrelaciones personales, familiares y laborales.

En contrario a ello, la impunidad, a partir de la no denuncia al agresor o que sea archivada o inadecuadamente  procesada y archivada, lo robustecerá considerando su ilicitud parte de sus derechos y  asumiéndose avalado por sus superiores.  

Los jefes y superiores a ellos no deben ser indiferentes a estas situaciones, muy por el contrariom deben conocer y en lo posible, erradicar la causa.

El respeto a la persona, es objeto especial tutela y protección constitucional y legal por parte del Estado, por constituir derecho fundamentales como enunciativamente en verifica en la :

Constitución

Artículo 1°.- “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

Artículo 23°.- “El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad

y al impedido que trabajan.

(…)

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

En la Ley 30057

Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad,   pueden   ser  sancionadas  con   suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

(…)

c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor.

(…)

h) El abuso de autoridad, (….)

¿En qué casos la excepción de caducidad no se declara fundada?

 La caducidad como la prescripción deben estar expresamente declaradas por la Ley; de no ser así, la excepción que se plantee será desestimada.

A manera de ejemplo, en los PAD sujetos a la Ley 30057 suele plantearse la caducidad del PAD al vencimiento del plazo de 30 días concedido a la autoridad sancionadora (párrafo segundo Art. 94 de a Ley); sin embargo, en dicho párrafo la Ley no precisa que ese plazo en particular sea de caducidad; ello aún cuando el indicado artículo en su integridad precise en los demás párrafos las causales de prescripción.

¿Qué hacer cuando un Contador hace presuntos malos manejos de dinero?

Dependiendo de la magnitud, ante la ST del PAD o la Contraloría si se trata de recursos públicos y dependiendo de la magnitud del monto, a la Fiscalía Penal; y/o el Colegio de Contadores

¿Incurre en responsabilidad el servidor o funcionario por  demora dar atención a mi denuncia o queja?

Si. La Ley 27444 Ley General del Procedimiento administrativo, señala el plazo máximo para la tramitación a cargo de una denuncia o queja lo cual obliga a la entidad a dar respuesta oportuna sobre el estado en que se encuentra en que se encuentra un expediente administrativo, como a resolver lo solicitado; caso contrario, el servidor o funcionario incurre en infracción o falta establecida en la Ley o Reglamento Interno de Trabajo de la misma entidad y puede ser sometido a PAD y de ser el caso, sancionado administrativamente y de acuerdo a a la gravedad de la conducta, podría ser denunciado penalmente por Omisión a los deberes de función.

Si se despide a una persona por inmoralidad ¿se le paga sus beneficios laborales?

Si, el derecho a los beneficios laborales  son intangibles, no debiendo ser recortados, salvo que judicialmente se disponga lo contrario.

Siendo diferente que  como resultado del PAD se evidencie presunta responsabilidad económica el servidor se ofrezca asumirla vía conciliación, a efectos de evitar afrontar un proceso civil.

  Archivamiento de expedientes por abandono en trámite

 La Entidad puede declarar el abandono del expediente si habiendo requerido documento alguno al administrado dentro de plazo determinado,  no lo presenta .

 ¿Hay plazo especial para presentar escritos del sector público a la Fiscalía o Poder judicial?

En ambos hay plazos.

En el caso de los delitos, para que se denuncie por flagrancia , la denuncia debe ser interpuesta en el mismo momento en que se está cometiendo o tan pronto se ha cometidoy capturado al autor del presunto delito .

Cuanto  mas antes denuncies o demandes, según fuera el caso; mejor.

En el caso de los demás ilícitos penales, dentro del plazo máximo que se encuentra sancionado el delito.

Las acciones civiles ellas prescribe el derecho a interponerlas  dentro de :

Los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

Los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

Los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vinculo no laboral.

Los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

¿Qué sucede si el presidente del comité de selección es familiar de un postor?

El Presidente o miembro del Comité incurre en conflicto de intereses como estar coludido en el resultado, por lo que debe  plantear sus abstención y apartarse de la indicada función, debiendo ser reemplazado su respectivo suplente.

De no ser asi, será pasible de denuncia ante la ST del PAD y de la Fiscalía Anticorrupción.

Si una persona natural tiene un proceso penal ¿puede presentarse a licitaciones públicas?

Dependerá del tipo de proceso penal que afronte y siempre que las Bases o la  Ley expresamente no se lo prohíba.

 ¿Qué sucede si habiendo firmado el contrato, el postor  entregado un bien  diferente  al que presentó como muestra,  en virtud de la cual  se le otorgó la Buena pro?

No se le recibe;  y se le emplaza notarialmente al inmediato debido cumplimiento dentro del breve plazo concedido.

En caso de persistir el incumplimiento se procede a notificarlo notarialmente con la resolución del contrato, penalizar el incumplimiento, ejecutar la fianza que hubiera otorgado y denunciarlo ante el OSCE, remitiendo el expediente en original o copias fedateadas de todo lo actuado.

¿El Comité de selección puede pedir asesoría del Organo Encargado de Contrataciones?

Si, como a los especialistas que considere necesario.

 ¿En dónde puedo demandar una persona que está publicando mis fotos privadas sin mi autorización?

De modo previo importa identificar al autor y requerirlo mediante carta notarial a cesar en el uso de la publicación. Dependiendo del tipo de uso que le de a tus fotografías: ante la Fiscalía Penal (en caso de pretender atribuirte delito alguno), ante el Poder Judicial (querella por delito contra el Honor o en la via civil por el daño causado ) y/o ante el Indecopi (para publicidad) uso .

¿Dónde puedo denunciar a un alcalde?

Ante el Consejo Municipal y ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Lima, 30 de setiembre 2018

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com 

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

               (Atención previa cita confirmada telefónicamente)















¿SE CONSIDERA BIGAMIA UNA UNIÓN ESTABLE DE HECHO ESTANDO CASADA CON OTRA PERSONA PERO CON MAS DE 5 AÑOS DE SEPARACIÓN DE CUERPOS?

Por RICARDO AYALA GORDILLO

El matrimonio celebrado en el Perú tiene validez en cualquier lugar del mundo.

El  nuevo matrimonio celebrado en Perú o el extranjero, sin que antes se haya divorciado e inscrito el Divorcio en RENIEC y Registros Públicos, no tiene validez ante la ley.

En  Perú, es bígamo quien siendo casado, contrae otro matrimonio.

Por ello, si bien la convivencia o Unión de Hecho se asemeja en mucho al matrimonio, el casado que con otra pareja vive en tal condición, no incurriría en delito de bigamia.

El bígamo incurre en Delito contra la Familia, (Artículo 139 del Código Penal) por tanto, será denunciado, procesado y sancionado con pena privativa de la libertad, según fuera su conducta:

. Al bígamo, hasta con cuatro años.

. Hasta con cinco años, si el bígamo indujo a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio.

. Hasta con 3 años al soltero que a sabiendas contrae matrimonio con persona casada..

Además de los novios; serán castigados, también lo serán el funcionario público que, a sabiendas, celebra un matrimonio ilegal y al  párroco  que proceda a la celebración del matrimonio sin observar las formalidades exigidas por la ley.

Gracias por escribir y difundir el blog.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

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Estudio  : Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

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Categoría : Derecho civil y penal

23 de Marzo del 2019

RECONOCIMIENTO DEL(A) HIJO (A), CONSTANCIA DE NACIMIENTO

Por Ricardo P. Ayala Gordillo

¿Qué plazo tiene un papá parar firmar el Acta de Nacido Vivo, reconociendo el(a) hijo(a), en  Perú?

 

Inmediatamente ocurrido el nacimiento, o tan pronto tenga conocimiento del mismo o tan pronto asi lo decida, voluntariamente.

El trámite es inmediato y gratuito ante las Oficina de RENIEC en donde deberá acudir en compañía de la madre.

En el caso de los casados si bien no es obligatorio, es aconsejable que firmen ambos padres para efectos del posterior derecho a heredar que corresponde a los hijos.

 

¿Cómo puedo hacer para que mi hijo tenga mis apellidos ya que mi hermana la inscribió sin mi consentimiento?

Se trataría de un caso de suplantación de identidad por ende, denunciable en la vía penal.

Para que sea dejada sin efecto la ilegal Acta de Nacimiento (hoy llamada de Nacido Vivo) deberás interponer un juicio contra tu hermana pidiendo se declare la nulidad del Acta de Nacido Vivo, a cuyo término el juez oficiará a la RENIEC emita nueva Acta de Nacido Vivo.

¿Se puede registrar a un bebe sin la presencia del padre en Perú?

Si.  para efectos de inscribirlo en la RENIEC y  que el recién nacido cuente con Certificado o Acta de Nacido Vivo o DNI, no es imprescindible que previamente el padre firme el reconocimiento; con ello, el menor contará con la debida identidad y protección por parte del Estado, entre otros aspectos, con la cobertura inmediata del Seguro Integral de Salud (SIS).

Sin embargo,  el hecho que sea inscrito con el nombre del padre, no genera filiación con  el padre (por ende, él no está obligado a pasarle alimentos ni el hijo podrá  heredarlo) sino hasta no lo reconozca voluntariamente o por mandato judicial.

¿Es necesario que el padre firme el acta de nacimiento?

Si, conforme precisamos en la respuesta anterior, es aconsejable que el padre lo reconozca por ser derecho constitucional y legal del menor conocer la identidad de su progenitor como conocer a los familiares de los cuales desciende, tener derecho a que le brinden el afectos y las pensiones alimenticias y esencialmente, para que pueda acceder a heredarlo.

 ¿Es lo mismo Acta de Nacimiento que Certificado de Nacimiento?

No, el Acta de Nacimiento llamada hoy Acta de Nacido Vivo lo expide RENIEC.

En tanto, el Certificado de Nacido Vivo (asi también se llama ahora) lo expide el profesional de salud del establecimiento de salud que  atendió o constató el parto.

 

 Diferencia entre Partida y Acta de Matrimonio

Es lo mismo, solo cambia el nombre de Partida (antes se llamaba asi) a Acta (asi se llama hoy).

 

¿Dónde puedo sacar una Constancia de Nacimiento?

En el establecimiento de salud donde nació el menor; ello aun cuando, recientemente el Ministerio de Salud ha dispuesto su eliminación como parte de los procedimientos previstos en el TUPA del MINSA.

 

¿Mi papá puede reconocer a mi hijo?

No, si lo hace sería delito contra la Familia y en caso de ser detectada el Acta  de Nacido Vivo deberá ser anulada.

¿Te vuelven a dar la partida de nacimiento original?  

No, pero si una copia certificada, a partir de aquel original que posee la entidad.

 

Filiación extramatrimonial y alimentos       

La madre que conoce la identidad del padre quien se niegue a reconocer al hijo de ambos como a pasarle alimentos, puede demandarlo ante el Juez de Paz Letrado, gratuitamente, por “Filiación extramatrimonial y alimentos”.

 

Se asume que es un proceso rápido por el cual, el demandado tiene solo dos opciones, o contesta la demanda reconociéndolo y pasando alimentos al menor; o, en caso de negarse, cumplir con el pago para que ante el Juez (al demandado, demandante y al menor)  se les extraiga la muestra que será sometida a la prueba de ADN.

Si el resultado es positivo el Juez lo declara padre y oficia a la RENIEC expida nueva Acta de Nacido Vivo.

Si el resultado es negativo, le Ley faculta al demandado accionar contra la demandante; por el perjuicio causado.

 

Gracias por escribir y difundir el blog.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                  ABOGADO

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23 de Marzo del 2019