UN HIJO NO NOS ACABA EL MUNDO

Carito nos ha escrito

Su historia,  que hoy tiene a bien compartirnos probablemente se parece en mucho a miles de historias

Nos resume el trance afrontado en su momento y la sabia como hidalga decisión asumida, apostar por la vida,  que personalmente felicito y aplaudo compartiéndola con nuestra mayor comunidad de lectores que accedieron a los comentarios a nuestro artículo “MADRE O PADRE DE MADRE – ADOLESCENTE : Por favor, lee estos artículos y comentarios…”

Su experiencia nos da por pagados en nuestra propuesta emprendida.

Todos los éxitos del mundo para ti Carito, tu esposo y tu bella bebé.

“Hola que tal, bueno yo les quiero contar mi historia,

la verdad no estoy muy orgullosa de mi, pero ahi les va,

cuando falleció mi abuelito paterno, me sentí muy mala, sentí que el mundo se me venía encima, ya que amo mucho a mis abuelitos,

 bueno entonces me fui al medico y me hicieron un montón de chequeos, nunca dieron con mi embarazo hasta que me sacaron una ecografía, ahi me enteré que tenía 6 semanas de embarazo,

 a lo cual me sentí terrible, al salir del hospital lo único que atine a decirle a mi padre que el mádico no me dió mi resultado ya que lo adherían a la historia,

lloré, grite, me sentí demasiado mal conmigo misma, llamé a todos los números que decian que interrumpian el embarazo, llegué a ir a un medico, al cual nunca regresé, me dió demasiado miedo, nunca decía nada a nadie,

solo al papá de mi hija, el cual es mi actual esposo, el se alegró mucho pero yo no porque quería terminar mi carrera y veia mi fututro diferente,

y bueno cuando cumplí los 8 meses de gestacion, recien les dije a mis padres por telefono que estaba embarazada,

se querian morir, me llegaron a botar de la casa, lo cual mi abuelita materna no permitió y me alojó en su casa,

luego me apoyaron y me dijieron que porque lo habia hecho,

pero bueno que solo me cuide,

a las 3 semanas nació mi hija, es una niña encantadora ahora ya tiene 6 meses, es el rayito de luz que me alumbra al despertar, no saben lo hermoso que es tenerla,

 pero cada dia pienso enque no quería tenerla y no saben como me arrepiento, y ahora que la veo a mi lado, que le doy pecho, es la sensación mas linda del mundo,

 asi que pongan fuerzas y sigan adelante, que un hijo no nos acaba el mundo,

mas bien nos da mas fuerzas de seguir y demostrarles a todos que podemos y que seremos mejores cada dia por esas pequeñas manitos que nos acarician cada dia, besitos…”

Carito

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

30 Noviembre 2009

Categoría Derecho de Familia/Madre Adolescente

ADOLESCENTES Y FLOR

Hace dos días tuve el embargo de reecontrarme, luego de buen tiempo, con mi buena amiga Flor Valencia de quien antes les he comentado, quien hoy me participa que acaba de cambiar su pesada bota de yeso por una de acrílico para poder mejor sobrellevar la fractura en el pie que mal ha pretendido paralizar temporalmente las dinámicas actividades que día a día la caracterizan en sus múltiples labores que realiza como Obstetriz con formación y experiencia como Especialista en Educación y Salud Reproductiva del Adolescente.

 

Como siempre, hemos platicado de tan variados temas, entre ellos, de la común preocupación sobre el alarmante número de niños y niñas que alrededor de los 11 años inician su vida sexual muchos de ellos con niñas que antes han sido abusadas en algunos casos infectadas con enfermedades de transmisión sexual que a la vez contagian a los niños o adolescentes varones;

 

Y nosotros como padres, familiares, profesores o autoridades que, por falta de una esencial comunicación con nuestros hijos y con escaso conocimiento sobre como abordar con ellos sobre esta cruda pero vigente realidad, casi siempre desconocemos en que y como andan nuestros hijos o nos mantenemos al margen o reaccionamos como instintivamente creemos, por lo general cuando ya es tarde, no siempre en la forma que ellos nos requieren y necesitan.

 

Por que no tenemos tiempo ni es nuestro cometido que sólo ambos resignadamente comentemos al respecto, sino que somos concientes aunarnos a cuanto se esté haciendo al respecto desde las entidades públicas y privadas a favor de los niños y adolescentes le he reiterado y pedido ampliar su radio de conocimiento y servicio a través de este blog, esta vez,

 

Flor ha aceptado mi invitación para que a partir de este espacio comparta sus conocimientos y experiencias publicando artículos y absuelva las consultas que niñas y niños, adolescentes y padres, profesores o autoridades le soliciten.

 

Comparto con ustedes su aceptación y desde ya quedas invitada e invitado a escribirle si lo prefieres directamente de manera privada a su correo o bien a través del blog dejando tu comentario al final del presente artículo.

 

“Ricardito, un nuevo día y lista a compartir por este medio la experiencia diaria con las y los adolescentes, con los cuales se vive hermosos y difíciles momentos pero unidos podemos salir y trascender con nuevas oportunidades y proyectos de vida.” 

 

” Al servicio de Adolescencia llegan cada día, chicas y chicos desesperados por su situación personal, sea embarazo, drogadicción y problemas críticos que prefiero reservar para compartir de manera personal, todo esto me ha hecho crecer, a entenderme y a criar mejor a mis hijos, lo cual agradezco inmensamente, la verdad que las y los ADOLESCENTES son para mi la fuerza de vida que se necesita, por lo tanto mi trabajo es Compartiendo y Proyectando nuevos estilos de vida.

Por ello EDUCAMOS PARA NACER como parte de nuestra propuesta atendiendo y educando integralmente a la adolescente madre, mujer, gestante y familia en todo proceso, visítame en facebook como LAZOSDEAMOR http://climper.com/o llamándome a 946589893

Los espero.

Flor

 

 

RICARDO P. AYALA GORDILLO

Categoría : Derecho de Familia/Adolescentes

 

 24 octubre 2009

CPPAD : AUTORIDAD COMPETENTE, REPRESENTANTE DE TRABAJADORES ATRIBUCIONES

 

Consulta :

El Reglamento del Decreto Legislativo 276, en los Artículos 164º, 167º y 170º, referentes a los Procesos Administrativos Disciplinarios, hablan de Titular de la Entidad como la persona que actúa ante una falta administrativa. Sin embargo, en el artículo 173º, de la misma norma, refiere a Autoridad Competente. Me podría decir cual es la diferencia entre estos dos términos o es la misma, porque tengo entendido que el legislador debió continuar mencionando Titular de la Entidad o del Pliego y no Autoridad Competente en todos los Artículos. Le manifiesto esto, por lo siguiente:

1.- En marzo del 2008, mi superior inmediato emitió un informe indicando mi presunta falta administrativa y opinó que se me aperture proceso, poniéndome además a disposición de personal. Contraviniendo el Artículo 172º de la citada ley. Toda vez que hasta la fecha me encuentro en investigación y no en proceso administrativo.

2.- Al informe emanado, al día siguiente, el Subgerente de Personal, me envía un memorándum, rotándome de área.

3.- El mismo funcionario me cita en junio 2008, para rendir mi manifestación por los hechos informados por el Subgerente de Rentas y emite un detallado informe, al Gerente de Administración, recién en agosto del 2008, donde concluye que la presunta falta cometida por mí, es suficiente para configurarse como falta grave y recomienda elevar los actuados a la CPPAD.

4.- El Gerente de Administración, mediante proveído, eleva al Gerente Municipal, quien a su vez, con un Memorándum de fecha 08 de agosto 2008, lo remite a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, para que actúe de acuerdo a su competencia. Y de ahí hasta la fecha, no se ha tocado mi expediente.

Por otro lado, en mérito, al Artículo 152º del la ley materia de mi consulta, indica que… la calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, según sea el caso. ¿No cree usted, que el Subgerente de Personal, también ha contravenido la ley, al adelantar opinión?, ¿qué medidas puedo tomar? y qué es lo que debe argumentar mi defensora, es decir la representante de los trabajadores, ante esta Comisión?

A la fecha me encuentro en una incertidumbre que a veces no me deja dormir. Cuándo el expediente está uno, dos o tres años, en poder de la CPPAD, sin que se pronuncie al respecto, estaríamos hablando de abuso de autoridad y desprotegiendo al trabajador?

Cuando se habla de la prescripción ¿el Legislador, está protegiendo al trabajador, cuando se refiere a Autoridad Competente y no Titular de la Entidad?.

Le agradeceré absolver mi consulta Dr. Ayala.

Apreciado lector :

  1. De acuerdo a los artículos que citas, Titular de la entidad y Autoridad Competente se refiere a la misma autoridad facultada para abrir proceso administrativo disciplinario como a la que por excepción se delega tal atribución como previene el Art. 167º “..o del funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto”.

 

  1. En el caso de las municipalidades “titular de la entidad” o autoridad competente para emitir el proceso abrir proceso administrativo disciplinario es el Alcalde.

 

  1. La Ley es clara en que tal atribución es factible delegar. La delegación debe estar contenida en una Resolución de Alcaldía emitida con arreglo a Ley.

 

  1. La siguiente glosa de sentencia del Tribunal Constitucional puede ilustrarte: “Respecto al alegato del demandante de que la emplazada lo ha venido hostilizando y de que su cese temporal se produjo por su enemistad con el Alcalde, ello no ha sido probado en autos. Por otra parte, respecto a que la resolución que dispuso su cese temporal fue expedida por el Gerente Municipal, y no por el Alcalde, como correspondía, a fojas 15 del cuaderno del Tribunal, corre la Resolución de Alcaldía N.° 052-2004-MPPA-A, expedida el 20 de febrero de 2004, en virtud de la cual el Alcalde delegó atribuciones administrativas al Gerente Municipal, de conformidad con el artículo 20°, inciso 20), de la Ley N.° 27972, Orgánica de Municipalidades, a fin de que instaure procesos administrativos y expida resoluciones absolutorias y sancionadoras en los procesos que viene conociendo la Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Por consiguiente, de autos se encuentra plenamente acreditado que la sanción de cese temporal cuestionada por el demandante proviene de un proceso regular y que ha sido impuesta por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones” (EXP. N.° 3043-2004-AA/TC UCAYALI ROGER PINEDO FLORES SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL).

 

  1. El jefe inmediato o también la CPPAD constituyen la autoridad competente prevista para calificar la gravedad de la falta que describe el Artículo 152º.- La calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD), según corresponda. Los elementos que se consideran para calificar la falta serán enunciados por escrito.

 

  1. Esta regla confirma que no todas las conductas constitutivas de faltas necesariamente pasan a la CPPAD. Ç

 

  1. Las que configuran faltas leves tienen por autoridad competente al Jefe inmediato para proponer la sanción y al superior a él para confirmarla prevista para el caso de sanciones de amonestación verbal o escrita y la suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días.

 

  1. Tu defensa puede correr sólo a tu cargo aunque siempre es recomendable que la asuma el Abogado especializado que tú o tu gremio puedas contratar.

 

  1. Es un error consuetudinario pensar que el representante de los trabajadores es el defensor del trabajador lo cual no es así.

 

  1. El representante de trabajadores al igual como a todos los demás integrantes de la comisión de la CPPAD le asiste la obligación de velar porque las actuaciones del órgano colegiado que él integra sea estricto respecto al debido proceso administrativo y a la Ley; en caso de verificar que algunas de las actuaciones de los otros miembros no fueran, así le corresponde dejarlo asentado y firmado en la respectiva Acta, de igual modo como debe proceder cuando no compartiese la motivación de las opiniones adoptadas por la mayoría, formulando y suscribiendo  sustentando su posición.

 

  1. En el caso que expones, si bien parte de las actuaciones anteriores pudieron haberse prescindido, lo que hoy te corresponde es verificar si el Gerente Municipal cuenta con facultad delegada para abrir proceso administrativo disciplinario, de ser así, el plazo para la prescripción de apertura del proceso administrativa corre desde la fecha en que él conoció que dicho hecho constituye falta. Si así fuera, de acuerdo a las fechas que citas éste vencería el 8 de agosto del 2009.

 

  1. “En consecuencia, constituye requisito sine qua non, para saber si ha prescrito o no la acción administrativa, determinar en qué momento la autoridad administrativa competente, en el caso de autos, tomó conocimiento de las faltas imputadas al accionante”. (EXP. N.° 0745-2003-AA/TC AYACUCHO NERIO JANAMPA ACUÑA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL)

 

  1. En la redacción de normas es válido que el legislador emplee términos con igual sentido a efectos de evitar cacofonías o redundancia.

 

  1. La prescripción preserva el derecho a la tranquilidad laboral del servidor como de la Administración Pública a procesar administrativamente y de ser el caso a sancionar, estableciendo para ello el plazo perentorio y común de un año.

 

  1. La CPPAD y el titular de la entidad cuentan con el plazo de un año para calificar e informar y determinar, respectivamente, si se abre PAD o no, vencido dicho plazo opera la prescripción administrativa a favor del servidor y la responsabilidad administrativa por omisión o retardo por parte de aquellos.

 

  1. Lo importante es que si te abren proceso administrativo disciplinario dentro de él puedas desvirtuarlo totalmente o en el peor de los casos que la sanción que eventualmente te fueran a imponer te resulte la mas benigna posible.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCILINARIO/ GESTION PUBLICA

10 setiembre 2009

COMITÉ ESPECIAL : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

 

Planeamiento, Proceso de Selección y Ejecución  contractual, son las fases a las cuales se halla sujeta toda contratación que realiza el Estado.

Un buen planeamiento debe conducir a un adecuado proceso de selección y si ello es así la ejecución contractual debe tener igual resultado.

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha precisado en los artículos 4 y 5  la competencia que asiste a cada una de las autoridades y funcionarios que intervienen :  

“Artículo 4.- Competencias en materia de contrataciones del Estado

Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el presente Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación. Corresponde al OSCE emitir directivas respecto a la aplicación de la Ley y su Reglamento, y aquellas que la normativa le asigne.

Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 5.- Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones

Para los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento están a cargo de las contrataciones los siguientes funcionarios y dependencias de la Entidad:

1. Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contrataciones del Estado. En el caso de las empresas del Estado, el Titular de la Entidad es el Gerente General o el que haga sus veces.

2. Área usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.

3. Órgano encargado de las contrataciones es aquél órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una Entidad.

4. Comité Especial es el órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación.

Los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, debiendo reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en general, no menor a ochenta (80) horas lectivas;

2. Experiencia laboral en general, no menor a tres (3) años;

3. Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor de un (1) año.

El procedimiento de certificación será establecido según directivas emitidas por el OSCE. El OSCE administrará una base de datos de los profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación.

Esta información será pública y de libre acceso en su portal institucional. Asimismo, el OSCE emitirá directivas para la acreditación de las instituciones o empresas capacitadoras con la finalidad de que éstas capaciten a los operadores de la norma en aspectos vinculados con las contrataciones del Estado.

La Entidad podrá realizar contrataciones a través de sus órganos desconcentrados, siempre que éstos cuenten con capacidad para contratar; o por medio de otros órganos funcionales con presupuesto propio y autonomía administrativa.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley, el Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la Ley le otorga, excepto en la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establecen en el presente Reglamento”.

Para contratar determinado bien, servicio u obra requerido por el usuario deberá conformarse un Comité Especial.

Es atribución del titular de la entidad designar, mediante acto resolutivo, los funcionarios, servidores públicos o contratados bajo la modalidad CAS  que conformarán el citado órgano colegiado.

El presente artículo pretende contribuir al mejor resultado de la función encomendada a quienes, sin que implique desatender su función principal, resultaron designados como miembro de un Comité Especial, recomendándoles la permanente revisión de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en su integridad como las disposiciones que publique el OSCE, de no resultarles posible, cuando menos sugerirles la revisión de las principales normas que les resultan aplicables, para que al momento de desarrollar la función de miembro del citado Comité conozcan su competencia, entendiéndose por tal, la conducción del proceso, encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde la recepción del Expediente, la elaboración de las Bases hasta la culminación del proceso, esto es, hasta que quede Consentido el Otorgamiento de la Buena Pro o la Declaración de Desierto, según fuera el caso.   

Debe igualmente saber que tales atribuciones y responsabilidades tienen límites, así, no podrá de oficio modificar las Bases aprobadas, como no es responsabilidad del Comité Especial la determinación de las especificaciones técnicas y del valor referencial teniendo facultad para formular consultas, observaciones o realizar propuestas a las áreas competentes de la Entidad, respecto de la información técnica y económica que le fuera proporcionada en el expediente de contratación respectivo, como formular consultas a expertos o al OSCE. Dicha  potestad, tendrán que ejercerla con las limitaciones que impone la complejidad de la información técnica y económica contenida en el expediente técnico y los plazos con que cuenta para poder efectuar la contratación.

Lo anterior se explica porque con mas frecuencia de lo pensado, los miembros de los Comités bajo un mal entendido exceso de confianza, facilidad o comodidad para ellos o para evitar enconos con quienes los contratan, se limitan únicamente a firmar cuanto otros les traen hecho, sin detenerse algunas veces a leer cuanto firman o en reparar las responsabilidades que les pudieran acarrear, o lo que es peor, en el perjuicio que con sus actuaciones u omisiones pueden causar a la entidad, al Estado y en definitiva al público usuario, que muchas veces, suelen ser ellos mismos o sus familiares quienes reciben bienes, servicios u obras de cantidad o calidad distinta a la que realmente corresponde.

Luego, ¿de qué nos quejamos?

Las autoridades que intervienen en las Contrataciones del Estado y especialmente los miembros de los Comité Especiales tienen en sus funciones la oportunidad de evitar que sus actos no formen parte del alarmante incremento de noticias y estadísticas sobre corrupción, violencia familiar y accidentes de tránsito, que a diario se destaca adentro y fuera de nuestro país.

Acaso,  una saludable modificación en la norma pudiera ser,  la dedicación exclusiva de los miembros del Comité Especial y garantizar la real capacitación e independencia de sus atribuciones. 

 

 

 

Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.L. N° 1017

 

Artículo 24.- Del Comité Especial

En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un Comité Especial que deberá conducir el proceso.

Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas para la designación y conformación de Comités Especiales Permanentes o el nombramiento de un Comité Especial ad hoc.

El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización de los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos casos el Titular de la Entidad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, cuando lo considere conveniente.

El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.

Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

En el caso de bienes sofisticados, servicios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades.

El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso de selección.

Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata fiscalización.

Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso de selección.

En los casos a que se refiere el artículo 32º del presente Decreto Legislativo, los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial que condujo el proceso de selección original.

 

 

Artículo 25.- Responsabilidad

Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable.

Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecido en el artículo 46º del presente Decreto Legislativo.

En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores (RNP).

 

 

 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF)

 

 

COMITÉ ESPECIAL

Artículo 27.- Designación

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial, indicando los nombres completos y quién actuará como presidente y cuidando que exista correspondencia entre cada miembro titular y su suplente. La decisión será notificada a cada uno de los miembros.

Conjuntamente con la notificación de designación, se entregará al presidente del Comité Especial el Expediente de Contratación aprobado y toda la información técnica y económica necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo.

Una vez recibida la documentación señalada en el párrafo anterior, el presidente del Comité Especial, a más tardar al día siguiente hábil de recibida, deberá convocar a los demás miembros para la instalación respectiva, dejando constancia en actas.

El Comité Especial elaborará las Bases y las elevará para la aprobación de la autoridad competente.

Luego de aprobadas, el Comité Especial dispondrá la convocatoria del proceso.

Durante el desempeño de su encargo, el Comité Especial está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que estarán obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.

Los acuerdos que adopte el Comité Especial deberán constar en actas, cuyas copias deberán incorporarse al Expediente de Contratación.

Para tal efecto, toda Entidad contará con un libro de actas de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, o con un libro de actas por cada tipo de proceso de selección, debidamente foliado y legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojas mecanizadas.

Facultativamente, también podrá incluir las actas de las Adjudicaciones de Menor Cuantía o contar con un libro de actas para este tipo de procesos de selección.

El órgano encargado de las contrataciones será el responsable de la custodia de los indicados libros.

Artículo 28.- Participación de expertos independientes

Los expertos independientes podrán ser personas jurídicas o naturales.

En el caso que se designe como experto independiente a una persona jurídica del sector privado, ésta deberá tener como giro principal de su negocio aquél vinculado con el objeto de la convocatoria, debiendo además designar a la persona natural que la representará dentro del Comité Especial.

Podrán ser invitados expertos independientes que provengan de otras Entidades del sector público.

Para estos efectos, será necesaria la autorización del Titular de la Entidad de la que provenga el experto independiente.

El experto independiente deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso con ocasión del servicio.

Artículo 29.- Impedimentos para ser miembro del Comité Especial

Se encuentran impedidos de formar parte de un Comité Especial:

1. El Titular de la Entidad.

2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalización tales como regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo que el Órgano de Control Institucional de la Entidad sea el área usuaria.

3. Los funcionarios que por delegación hayan aprobado el Expediente de Contratación, designado el Comité Especial, aprobado las Bases o tengan facultades para resolver el recurso de apelación.

4. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su actuación como integrantes de un Comité Especial, mediante decisión debidamente motivada y consentida o administrativamente firme, con suspensión o cese temporal, mientras se encuentre vigente; o hayan sido sancionados con destitución o despido.

Si la sanción a un miembro del Comité Especial es impuesta luego de ser designado, dejará de ser integrante de dicho Comité.

En el caso del inciso 3), el impedimento se circunscribe al proceso de contratación a que se refieren las delegaciones en él señaladas.

Artículo 30.- Comité Especial Permanente

Tratándose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, podrá designarse uno o más Comités Especiales Permanentes para objetos de contrataciones afines, excepto en el caso de procesos derivados de una declaratoria de desierto, los que serán conducidos por el mismo Comité Especial designado inicialmente.

En la conformación del Comité Especial Permanente sólo será exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones.

Artículo 31.- Competencias

El Comité Especial conducirá el proceso encargándose de su organización, conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación del proceso. El Comité Especial es competente para:

1. Consultar los alcances de la información proporcionada en el Expediente de Contratación y sugerir, de ser el caso, las modificaciones que considere pertinentes.

Cualquier modificación requerirá contar previamente con la conformidad del área usuaria y/o del órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

La modificación requerirá una nueva aprobación del Expediente de Contratación.

2. Elaborar las Bases.

3. Convocar el proceso.

4. Absolver las consultas y observaciones.

5. Integrar las Bases.

6. Evaluar las propuestas.

7. Adjudicar la Buena Pro.

8. Declarar desierto.

9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta el consentimiento de la Buena Pro.

El Comité Especial no podrá de oficio modificar las Bases aprobadas.

Artículo 32.- Quórum y acuerdos

Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité Especial se sujetará a las siguientes reglas:

1. El quórum para el funcionamiento del Comité Especial se da con la presencia del número total de miembros titulares. En caso de ausencia de alguno de éstos, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 33° y 34°.

2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los miembros.

Los actos del Comité Especial constan en actas que, debidamente suscritas, quedan en poder de la Entidad.

La fundamentación de los acuerdos y de los votos discrepantes se hará constar en el acta.

Artículo 33.- Intervención de los miembros suplentes

En caso de ausencia de un titular, éste deberá ser reemplazado por su correspondiente suplente, respetándose la conformación establecida en el artículo 24º de la Ley, salvo lo establecido en el artículo 30°.

La Entidad evaluará el motivo de la ausencia del titular, a efectos de determinar responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la participación del suplente.

Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el suplente, aquél podrá reincorporarse como miembro suplente al Comité Especial, previa autorización a partir de la evaluación señalada en el párrafo anterior.

Artículo 34.- Responsabilidad, remoción e irrenunciabilidad

El Comité Especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad.

Todos los miembros del Comité Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos.

Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante.

Los integrantes del Comité Especial sólo podrán ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, o por cese en el servicio, mediante documento debidamente motivado.

En el mismo documento podrá designarse al nuevo integrante.

Los integrantes del Comité Especial no podrán renunciar al cargo encomendado.

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : GESTION PUBLICA / LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO /COMITÉ ESPECIAL

28 de agosto 2009

¿COMETE DELITO QUIEN OBSTACULIZA UN ACTO MÉDICO? (I)

 

Esta interrogante la formula mi dilecto amigo médico Pediatra Dr. Carlos Kobayashi Kobayashi, Ex Director del reconocido Instituto Especializado Materno Perinatal de Salud de Lima Perú, quien a la vez trae al recuerdo las palabras de bienvenida del maestro Jorge Avendaño Valdez al curso de Práctica Forense como requisito previo a mi incorporación al Ilustre Colegio de Abogado de Lima.

Decía el maestro Avendaño, quien en brazos lleva desangrado a su hijo ingresa al establecimiento de salud lo hace urgido por salvar la vida de su familiar sin detenerse a preguntar al personal de salud que lo recibe si es médico o no o de que Universidad proviene o cuanto fue su nota aprobatoria, hay una confianza implícita en recibir la adecuada prestación de salud.    

Concebir una vida humana cuan fácil para unos, como inalcanzable para otros.

Toda una vida llena de esfuerzos, dicha, logros, fortuna o una expectativa de vida concebida o lograda en muchos casos con ingentes esfuerzos tras la cual sus familiares suelen hacer tantos planes a futuro ….. Nueve meses para esperar un nacimiento y apenas segundos para apagarse, todo puede acabarse en un instante.

Escasos …..breves minutos que la sangre y oxígeno no llegue al cerebro para que estemos frente a la inminencia de una muerte cerebral y /o  biológica, quienes puedan sobrevivir a ello, por lo general, pueden quedar con graves secuelas que le cambian la vida no sólo a quien lo padece sino trastocando el estilo de vida que venía llevando toda una familia.      

Pero, ¿cuánto vale perder una vida o un órgano?

Pensar en enfermedad es pensar inmediatamente en la relación con establecimiento de salud = médico = vida o salud, plantea que todo el sistema y los actos de las personas deberían estar encaminados a que entre el enfermo y el médico no exista ningún obstáculo para que el médico y el personal que labora o tiene relación con los establecimientos de salud puedan cumplir su deber de cuidado.

Sin embargo, algunas veces pueden existir obstáculos cometidos por terceros, por el propio médico, por otros profesionales de la salud no médicos, técnicos o auxiliares o personal administrativo, por el establecimiento de salud y algunas veces por el Sector al cual pertenecen , así lo prevé el Código Civil y la Ley General de Salud como veremos mas adelante.

Verdad es que ciertos obstáculos que impidan la realización de un acto médico pueden constituir delito mas no todos configuran tal ilícito; sin embargo, por lo general, cualquiera de ambas conductas, a la vez, sí podrían ser constitutivos de falta administrativa grave o leve, como también es cierto que podría no tener tal caracter.

De allí la importancia el rol preventivo a de los titulares de los establecimientos de salud como de la autoridad delegada en las instancias jerárquicamente superiores a quienes les asiste su deber de permanente supervisión y corrección, de oficio, como de las autoridades del Sectores del cual dependen, para corregir y en los casos que corresponda, evaluar medidas correctivas y sancionadoras cuando deban ser impuestas guarden la justa proporcionalidad con la amenaza o riesgo de algún daño en la vida o salud del paciente a cargo y que eventualmente podría conducir a que quien se sintió afectado o resultó dañado pueda disentir de acciones administrativas o judiciales civiles o penales a las que por Ley le asiste .  

No hay duda alguna que nuestro país siempre ha contado con destacados médicos y profesionales de la salud de establecimientos públicos y privados cuya reconocida calidad y prestigio no sólo mas de una vez han salvado nuestra vida y salud por generaciones como personalidades cuyo destacada trascendencia de sus aportes ha trascendido a la comunidad internacional dando lugar a que determinados establecimientos especializados constituyan sede de formación especializada para médicos extranjeros. En los últimos tiempos son mas los connacionales o extranjeros cuyo retorno temporal o turismo en Perú obedece también al propósito de someterse a tratamientos médicos quirúrgicos por razones de salud o estética que en el exterior puede resultarles una larga espera o disponer para ello de una fortuna. Este boom y los beneficios colaterales  puede representar para la economía nacional podría ser mayúsculo con una adecuada promoción de dichos servicios pasa por la permanente tarea de mejorar la implementación de recomendaciones de auditorías, supervisiones o exámenes que a dichos establecimientos médicos practica la autoridad de salud facultada a evaluar los estándares de calidad de las prestaciones de salud prevista, ofertada versus las realmente brindadas.

Frente a dichos avances es innegable que en nuestro vasto y variopinto territorio aún hay sentidas inequidades y contrastes que superar, que con caracter ilustrativo y reflexivo graficamos.   Unos tenemos el privilegio de poder acceder a una atención médica aún las mayorías a horas de sus casas, en el mejor de los casos, cuentan con acceso a una Posta donde sólo por horas atiende un Técnico o Auxiliar o bien recurren a los curanderos, yerberos  o boticarios o se automedican siguiendo las recomendaciones dadas por amigos o familiares. No todos podemos contar aún con poder elegir al médico de nuestra elección que nos atienda de permanentemente y al breve tiempo de llegar a él, primero porque la magra economía de las mayorías sólo podrá permitirle recurrir al establecimiento de salud que les resulte mas acequible y en esa coyuntura obligarlo a que por grave o leve que fuera la enfermedad que lo aqueje, está obligado a soportar indeterminadas colas, tiempo de espera, falta de adecuada orientación hasta que por fin, llamado por un número y no siempre por su nombre, tal vez en breves minutos mientras se está terminando de sentar y decir sus dolencias al médico de quien en el mejor de los casos apenas alcanza a ver u oir su apellido o características físicas cuando sin mediar mayores palabras ni revisión física que las estrictamente necesarias se ve invitado a que pase “el siguiente” recibiendo uno o mas papeles de trazos indescriptibles llevando nuestra dudas a cuestas tratando de adivinar si en alguna parte escribió el diagnóstico de la enfermedad que tenemos, lo cual es infrecuente, pues luego se entera que unos son una larga lista de exámenes auxiliares o a falta de ellos se trata de la receta médica conteniendo prescripciones que no siempre tampoco alcanzan a entender quienes lo atienden en farmacias o boticas.  

El famoso caricaturista Quino en diversas oportunidades ha graficado con su brillante pluma muestras de esta irónica realidad reafirmando que lo graficado en el párrafo anterior ocurre  en muchas latitudes.

Lo anterior es cuando tiene la fortuna de encontrar cita para el día y no se encuentra con el inconveniente que le digan que vuelva en un mes o mas.

Y que ocurre cuando acude a una emergencia donde para comenzar el vigilante de turno le dice “sólo pasa un familiar” a quien muchas veces también se le dice “espere afuera” y a esperar que, a quien, cuanto tiempo, la angustia lo consume y la impotencia de no poder saber si ya atendieron o si ya están atendiendo a nuestro familiar. 

De allí, que siempre es oportuno reflexionar que ocurre :

¿si el médico especialista programado en el turno  no se encuentra?, o si,

¿encontrándose en el establecimiento de salud no acude a atender la urgencia a tiempo?,

o porque ¿hallándose presente el profesional verifica que el establecimiento no cuenta con alguno de los instrumentales médicos o medicamentos esenciales requeridos para intervenir quirúrgicamente?

o porque ¿el instrumental médico o la sala de operaciones no se encuentra  operativa para la intervención de urgencia?

o porque algunos trabajadores determinan que deben llenarse formatos previos o hacerse pagos previos?

O porque algún otro personal no médico afirma que es a ellos a quienes les corresponde realizar procedimientos previos a la atención médica que se requiere?

O porque algún familiar o conocido del paciente se opone a la atención quirúrgica indicada en tanto no llegue determinada otra persona o por temores propios o por su creencia religiosa? 

¿Y qué ocurre si en dicho ínterin la persona empeora, queda con alguna secuela de por vida o muere?

O tantos otros innumerables supuestos posibles son los que sin duda, genera una aparente sencilla pregunta ¿COMETE DELITO QUIEN OBSTACULIZA UN ACTO MÉDICO?, que a la vez puede ser merecedora de innumerables respuestas, desde un puntual y frío:  si o no,  hasta las mas diversas que ameritan una mayor reflexión por parte de nuestros amigos : médicos, otros profesionales de la salud no médicos, técnicos, auxiliares, personal administrativo quienes eligieron tan valiosa y privilegiada como álgida labor de velar por la prevención cuidado recuperación y rehabilitación de la salud de las personas por indistinto que sea el cargo como servidor o funcionario público que ocupen dentro del establecimiento de salud.

Pero ¿qué es delito?, ¿Qué es obstaculizar?¿qué es un Acto Médico?

Sobre estas interrogantes volveremos en la siguiente entrega

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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Categoría : GESTION PUBLICA / ACTO MEDICO /RESPONSABILIDAD

01 agosto 2009

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y RESPONSABILIDAD

 

El 1º de febrero del 2009 entró en vigencia la nueva “Ley de Contrataciones del Estado” aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017[1] y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, fecha desde la cual también entraron en vigencia el “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2009-EF.

El Decreto Legislativo contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos y su objeto es establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios señalados en su artículo 4º .

Sin embargo el citado Decreto Legislativo en su mismo Artículo 3º numeral 3.3, admite, contradictoriamente a su entrecomillado nombre que, no es la única Ley por la cual el Estado realiza contrataciones, destacando entre ellas a manera de un claro ejemplo, que los contratos por la modalidad de Servicios No Personales  que se venían regulando con la extinta Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado desde su creación en los años 80 con el “Reglamento Unico de Adquisiciones (RUA)” –que tampoco era único pues las obras se contrataban con el RULCOP-, hoy han sido excluídos y se regulan por su propia Ley como  CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS) creada con el Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nª 075-2008-PCM,  con las cuales se les reconoce una relación contractual de servicio y no laboral con el Estado.

Sostienen los expertos que mediante este Decreto Legislativo se contratarán durante el 2009 mas de  12 mil millones de soles para atender las necesidades que requieren las entidades de la Administración Pública, razones suficientes por las cuales resulta exigible proveedores, titulares de entidades, funcionarios y servidores públicos CAPACITADOS y HONESTOS en razón que su destino final se asume es para brindar una mejor atención y servicios al grueso de los ciudadanos y usuarios  de Perú.

 
Los ingentes recursos que destina el Estado para el pago de las contrataciones durante todos los regímenes de gobierno siempre han sido temas neurálgicos, de allí que sea una constante pretextar que la norma es un obstáculo, ante las denuncias, exámenes, supervisiones o acciones de control previo o concurrente a cargo de la propia entidad o acciones de control posterior a cargo del OCI, Sociedades Auditoras o de Contraloría, -cuando en realidad se prescinde, distorsiona o ignoran su aplicación-  y bajo tal argumento se han desarrollado una serie de vicios a lo que han echado mano algunos malos servidores y funcionarios cuya función es comprar para el Estado con el interesado beneplácito de algunos otros proveedores que interesadamente alimentan dicha situación, tanto mas cuando hoy se faculta a los titulares de entidades tener atribuciones que antes se reservaba al titular del Sector como a resolver en instancia definitiva la mayoría de las impugnaciones que antes tenía a su cargo el Consucode,  de las cuales sólo muy pocas ahora conocerá el OSCE y a realizar compras directas hasta S/. 10,500 nuevos soles sin necesidad de someter a mayores formalidades que invocar la necesidad institucional y cursar la  respectiva invitación .

Para tratar de contrarrestar eventuales abusos, por acción u omisión, en el desempeño de las atribuciones delegadas y repetir ingratas experiencias -como las que afrontan algunos funcionarios o servidores públicos comprendidos en responsabilidad administrativa y judicial que cada cierto tiempo suelen propalar los diversos medios de comunicación, el Decreto Ley que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado ha establecido mecanismos para examinar periódicamente los procedimientos y sus resultados como evaluar las eventuales  responsabilidades en las que podrían incurrir los proveedores como los funcionarios y servidores públicos por indistinta que fuera la modalidad contractual celebrada con el Estado.

Para disuadir a los incursos en malas prácticas o a sancionar el jefe inmediato o el titular de la entidad no tienen porqué esperar que sea la Contraloría General a través del OCI o de las Sociedades Auditoras recién determine la responsabilidad del caso, toda vez que, la Ley de Contrataciones como las leyes que regulan la relación laboral o la relación contractual de servicio les confiere prerrogativas para que, de acuerdo a la  gravedad de la falta, directamente o a través de los órganos colegiados establecidos por Ley, dentro del correspondiente proceso administrativo, adopten los correctivos administrativos que pueden ir desde el simple apartamiento o rotación del servicio, independientemente que exista o no la necesidad de imponer las sanciones administrativas disciplinarias, civiles o penales  a que pudiera haber lugar, como ha establecido, entre otros, en los Artículos 4º, 5º, 25º, 46º del Decreto Ley,  que procederemos a comentar en las siguientes entregas .

Estando el concepto de Responsabilidad íntimamente vinculado al Control a cargo de las entidades públicas como del Sistema que tiene a cargo la Contraloría General de la República resulta oportuno extractar de sus Definiciones Básicas contenidas en la 9na Disposición Final de la Ley Nº 27748 que Aprueba la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control :

Responsabilidad Administrativa Funcional.- Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control.

 

Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión ; deficiente, para cuya configuración se requiere la existencia, previa a la asunción de la función pública que corresponda o durante el desempeño de la misma, de mecanismos objetivos o indicadores de medición de eficiencia.

 

Responsabilidad Civil.- Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos, que por su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a su Entidad o al Estado.

 

Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta inexcusable o leve.

 

La obligación del resarcimiento a la Entidad o al Estado es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generan el daño económico.

 

 

Responsabilidad Penal.- Es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito.

 

Servidor o Funcionario Público.- Es para los efectos de esta Ley, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades.

Estas definiciones básicas ayudarán a comprender y aplicar mejor las responsabilidades prevista en el DECRETO LEY Nº 1017 :

Responsabilidad Los miembros del Comité Especial

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público:

a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia.

 

b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.

c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas.

e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado.

f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.

 

g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores.

 

h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.

i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.

j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

k) Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.

l) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

m) Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación se aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos en concordancia con las normas de la materia.

 

Estos principios servirán también de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la presente norma y su Reglamento y como parámetros para la actuación de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones.

 

Artículo 5.- Especialidad de la norma y delegación

 

El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables.

 

El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento.

 

 

 

 

 Artículo 5 (del Reglamento) .- Funcionarios y órganos encargados de las contratacionesPara los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento están a cargo de las contrataciones los siguientes funcionarios y dependencias de la Entidad:

 

1.      Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contrataciones del Estado. En el caso de las empresas del Estado, el Titular de la Entidad es el Gerente General o el que haga sus veces.

 

2. Área usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.

 

3. Órgano encargado de las contrataciones es aquél órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una Entidad.

4. Comité Especial es el órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación.

Los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, debiendo reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en general, no menor a ochenta (80) horas lectivas;

2. Experiencia laboral en general, no menor a tres (3) años;

3. Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor de un (1) año.

El procedimiento de certificación será establecido según directivas emitidas por el OSCE.

El OSCE administrará una base de datos de los profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación. Esta información será pública y de libre acceso en su portal institucional. Asimismo, el OSCE emitirá directivas para la acreditación de las instituciones o empresas capacitadoras con la finalidad de que éstas capaciten a los operadores de la norma en aspectos vinculados con las contrataciones del Estado.

La Entidad podrá realizar contrataciones a través de sus órganos desconcentrados, siempre que éstos cuenten con capacidad para contratar; o por medio de otros órganos funcionales con presupuesto propio y autonomía administrativa.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley, el Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la Ley le otorga, excepto en la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se

 

“Artículo 25.- Responsabilidad Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable.

 

Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecido en el artículo 46º del presente Decreto Legislativo.

 

En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores (RNP)”.

De las Entidades y funcionarios

 

Artículo 46.-De las responsabilidades y sanciones

Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.

 

En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la actuación del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo.

 

La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la más alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos en sus cargos.

 

Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías especializadas.

En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el Directorio.

En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:

a) Amonestación escrita;

b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días;

c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,

d) Destitución o despido.

Supervisión

Artículo 47.- La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, todo el proceso de ejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias.

 

En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.

 

El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.”

 

 

DE LOS CONTRATISTAS 

 

Artículo 48.- Intereses y penalidades 

 

En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.

El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.

 

Artículo 49.- Cumplimiento de lo pactado 

 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan apor­tado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774º del Código Civil.

 

Artículo 50.- Responsabilidad del contratista 

 

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.

 

Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas 

51.1 Infracciones

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o, de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la orden de compra o de servicio emitida a su favor;

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte;

c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o laudo arbitral;


d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo a la presente norma;

e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP);

f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o en especialidades distintas, según sea el caso;

g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento;

h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa declaración del organismo nacional competente; así como cuando incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos según lo que establece el Reglamento;

i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE;

j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables establecidos en el Reglamento;

k) Se constate después de otorgada la conformidad que incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las Bases; y,

l) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento.

 

51.2 Sanciones

En los casos que la presente norma o su Reglamento lo señalen, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá a los proveedores, participantes, postores y contratistas las sanciones siguientes:

a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período determinado, de los derechos a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado. Esta inhabilitación en ningún caso podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.

b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del ejercicio de los derechos de los proveedores, participantes, postores y contratistas a participar en procesos de selección y a contratar con el Estado. Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones del Estado resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor, participante, postor o contratista.

c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías otorgadas a la presentación de recursos de apelación que son declarados infundados o improcedentes por la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en parte, se devolverá la garantía por el Tribunal o la Entidad. En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía.

 

Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir con la ejecución de los contratos que tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos.

 

Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en el literal g) del numeral 51.1 del presente artículo, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año.

 

Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral 51.1 del presente artículo 51º, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor de tres (3) años.

 

La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las infracciones cometidas.

 

Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE podrá imponer sanciones económicas a las Entidades que trasgredan la normativa de contratación pública”.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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[1] Así lo estableció el Decreto de Urgencia Nº 014-2009 publicado el 31/01/09

¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?

Muchas madres gestantes, transcurridos los 9 meses del embarazo y llegado el momento del parto aún no decidieron  que nombre poner a sus hijos o hijas o no se pusieron de acuerdo con el padre en el nombre del hijo o hija; algunas otras, del padre sólo saben  su apelativo o sólo un nombre; otras no saben quien es el padre.

 

Estas realidades salen a flote cuando  llegado el momento del parto, el médico o la obstetriz le piden el nombre del hijo o hija y el nombre del padre.

 

Muchas veces en el Certificado de Nacimiento esos datos quedan en blanco y por causa de ello y de una elemental orientación, se dan casos de muchos niños que quedan sin ser inscritos por varios años, en tanto, la vida y destino de algunos de esos niños o niñas  se vuelve incierta.

 

La prensa suele dar cuenta de muchos niños y niñas que por esa razón terminan siendo traficados,  otros, los abuelos creen que es mejor que ellos los reconozcan como padre, se han dado caso de madres que esperan conocer un nuevo compromiso que quiera darle “su apellido” a su hijo o hija

 

Hoy ,  la Leyfaculta a la madre soltera inscribir a su niño con el apellido del padre o bien sólo con los apellidos de la madre.

En la medida de lo posible, promovamos medidas para que el niño conozca la identidad del padre.

 

 

 

 

 

 

De otro lado, muchas personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.

 

Te dan un plazo breve y no siempre tienes tiempo o dinero suficiente para realizar los procedimientos notariales o judiciales para arreglar tus papeles.

 

Nada pierdes dando una mirada a los tuyos y de tus seres queridos.

 

 

 

 

A continuación algunas pautas generales y previas relacionadas al título como  a las notas precedentes, que ampliaremos en las siguientes entregas.

 

 

 

 

 

El nacimiento de un niño(a) da lugar a la emisión secuencial de diversos documentos.

 

Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar.

 

El siguiente es, en Perú,  el orden según su emisión :

 

 

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetriz que atendió o constató el parto.

 

En las localidades apartadas donde no existen alguno de dichos profesionales el nacimiento es certificado por el profesional o técnico de salud que atendió o constató el parto. 

 

El llenado de los datos es inmediatamente a la atención o constatación del parto.

 

Es entregado a los padres, sus representantes legales o al funcionario público designado formalmente.

 

Es el primer documento público que prueba, en esencia, el nacimiento del(a)  recién nacido(a).

 

Su emisión es coetánea al procedimiento administrativo de verificación de identidad a cargo del personal Criminalística de la PolicíaNacionaldel Perúencargado de la toma de la huella digital de la madre y huella pelmatoscópica (huella plantar) del(a) recién nacido (a).  

 

El certificado de nacimiento prueba:

 

  • El lugar del nacimiento
  • La hora, el día, mes y año del nacimiento.
  • El sexo del(a) recién nacido(a)
  • La identidad de la madre : Nombre, Edad, Estado Civil
  • El nombre del(a) recién nacido(a)
  • Debería contener también la identidad del padre
  • La huella pelmatoscópica (huella plantar del pie derecho del recién nacido)
  • Sello, nombre, colegiatura y nombre del profesional que atendió el parto
  • Sello del establecimiento donde ocurrió el nacimiento
  • Es un formato aprobado oficialmente por la RENIECy el INEI

 

 

PARTIDA DE NACIMIENTO :  Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país donde se produjo el nacimiento.  

 

Lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

 

El formato que lo contiene es una hoja de papel con membrete de la Municipalidad, llenado en una sola carilla en formato A-4 u Oficio. Al dorso suele ir sello y firma certificando su originalidad.  Además de los datos que contiene el Certificado de Nacimiento, lleva una numeración correlativa y espacio para la firma de los funcionarios y progenitores que intervienen.

 

La Partidade Nacimiento contiene:

 

  • El lugar del nacimiento
  • La hora, el día, mes y año del nacimiento.
  • El sexo del(a) recién nacido(a)
  • La identidad de ambos padres : Nombre, Edad, Estado Civil
  • El nombre del(a) recién nacido(a)
  • Domicilio de los padres
  • Nombre y domicilio de los testigos

 

 

El Código Civil establece que éste es el primer documento público con el cual la persona acredita su nombre y a partir de él, su derecho y pertenencia a una familia, a recibir alimentos, sus expectativa a heredar,  a la seguridad social, educación, etc.

 

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

 

ACTA DE NACIMIENTO  : Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país.

 

Al igual que las partidas de nacimiento, lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

 

 

Ha pasado a reemplazar a las tradicionales Partida de Nacimiento y aunque también se emite en una hoja de papel tamaña A-4, preimpresa por una sola carilla, la diferencia mas saltante es que lleva el logotipo y membresía del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y ya no de la Municipalidad.

 

 

 

DNI   :           Documento de Identidad Nacional emitido por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

 

Es una tarjeta de color azul para los adultos y de color amarillo con marrón claro para los niños(a), similar al tamaño de una tarjeta de crédito, de dimensiones: 8.54 cms. de ancho, por 5.4 cms. de alto en posición horizontal, y contiene la misma información que contiene el Acta de Nacimiento, fecha de caducidad del documento y fotografía de frente del titular con todos los elementos de seguridad destinados a evitar su falsificación.

 

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

 

Para una mayor cobertura del tema te sugiero visitar el portal de RENIÇEC en : http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm

 

 

 

CONSTANCIA DE NACIMIENTO  :     Documento Público emitido por el funcionario autorizado de los establecimientos de Salud a solicitud de parte interesada.

 

Es un formato preelaborado y aprobado formalmente por el establecimiento de salud donde ocurrió el nacimiento.

 

Por lo general, es emitido por el Jefe de la Oficinade Estadística e Informática.

 

Contiene los mismos datos que el Certificado de Nacimiento los que son extractados de la Basede Datos del establecimiento de salud.

 

En  los últimos tiempos, dado el incremento  del uso de documentos falsificados, su demanda se ha visto incrementada por diversas Embajadas, que lo requieren a los  interesados en obtener visa,  como parte de los mecanismos de verificación y de control cruzando dicha información con la que contienen los DNI o Partida de Nacimiento que ellos han presentado.

  

Es comprensible que para su expedición se cobre una tasa, razón por  la cual debe formar parte de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos ) del establecimiento de salud.

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

asesoriadefensa@yahoo.es

www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

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Categoría : Derecho de los Niños

28/08/08