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NOTIFICACIÓN PARA EL INICIO DEL PAD EN LEY 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL

Por Ricardo Ayala Gordillo

 

 

La Notificación del inicio o apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) es el primer acto con el cual, el órgano instructor,  mediante el documento que firma (Resolución, Carta u Oficio) pone en conocimiento del procesado la presunta falta administrativa los requiere a presentar su descargo documentado dentro del plazo de 5 días hábiles, con el documento adjuntará  copia del informe preliminar emitido por la Secretaría Técnica del PAD como los documentos que sustentan el indicado informe y ahora la apertura del PAD.

 

Con la notificación adecuadamente realizada se garantiza el derecho a la defensa del procesado; el procesado, si considera insuficiente el plazo ara presentar su descargo puede solicitar al Organo Instructor le sea ampliado hasta por otros 5 dias mas.

 

La Notificación del inicio del PAD se sujetará al procedimiento establecido en la DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC  RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, numeral 15 (y en lo no previsto en la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

 

Si la notificación no es realizada y sigue adelante el PAD o es realizada sin seguir el procedimiento antes indicado el proceso puede ser declarado nulo por vulneración al principio al debido procedimiento a la Ley,  la  Constitución y normas reglamentarias; de ahí la necesidad de revisar las indicadas normas, permanentemente.

 

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC  :

  1. EL INICIO DEL PAD

15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento

que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano

Instructor.

Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los

documentos en que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio sigue

la estructura que se presenta como Anexo D.

 

15.2 La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de

tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

 

15.3 El acto o resolución de inicio no es impugnable.

 

15.4 Para efectos de notificaciones, en todo lo no previsto por la presente directiva,

se aplica supletoriamente la LPAG.

 

 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS establece

 

Artículo 20.- Modalidades de notificación

20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:

 

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.

 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.

 

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.

 

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos.

 

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral

20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

 

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días útiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1.

 

Lo señalado en el presente numeral no impide que la entidad asigne al administrado una casilla electrónica gestionada por ella, siempre que cuente con el consentimiento del administrado, salvo lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final de la Ley Nº 30229 o norma que lo sustituya. En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

 

Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia.

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272)

 

 

Artículo 21.- Régimen de la notificación personal

 

21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

 

21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.

 

21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.

 

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

 

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.

(Texto según el Artículo 21 de la Ley N° 27444)

 

Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados

22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo sí actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única.

 

22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus cointeresados.

(Texto según el Artículo 22 de la Ley N° 27444)

 

Gracias por leer y difundir el blog.

 

Lima, 18 de mayo 2018

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

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Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

TALLER :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

Ponente         :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

 Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

 

Fechas y Horas  :

Sábado 7 de Enero del 2017

De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6 pm.

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           12 horas académicas

Costo             :           S/. 300.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  270.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 250.00 soles por participante

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y coordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al

RPM      # 985  483  172

RPC         994 948 189

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 11 de Diciembre 2016

 

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CPPAD : RESPONSABILIDAD POR DEMORA

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Isaac nos consulta :

Buenos Dias, ¿el plazo de caducidad en los procesos disciplinarios del D.Leg 276, muchas jurisprudencias constitucionales, han señalado que el exceso de los 30 días para sancionar o para el pronunciamiento final de la CPPAD ó CEPAD no significa que se declare NULO todo el proceso.

La pregunta es :

¿si hay una recargada labor de la CEPAD ó CPPAD, se podrán pronunciar luego por decir en un año más, en los extremos de los casos o no?

Hola Isaac :

Dentro del marco permisible incorporado por la reiterada jurisprudencia del TC la CPPAD o CEPAD podrá emitir válidamente su informe final aún luego de pasado un año.

La justificación de retardo que invoquen los miembros de la CPPAD o CEPAD en la alegada recarga de labores debe ser real y verificable,  de allí que no impide que el procesado o servidor que se considere afectado en sus derechos con dicha demora, al amparo de la Ley 27444, haga valer su derecho formulando la correspondiente petición administrativa, queja, reclamo, denuncia administrativa, civil o penal, y a que la autoridad administrativa resuelva con apego  a  justicia y Ley.

Aún cuando suele sostenerse que aún la apertura de un proceso no ees impugnable por no variar la situación del servidor, lo cierto es que en realidad durante dicha etapa y aún en la etapa de la investigación  o calificación de denuncia el servidor investigado o procesado puede perder el acceso a mejores oportunidades laborales  para asumir nuevas y mayores responsabilidades con la consiguiente mejora de ingresos a causa de dilaciones no siempre reales, al margen del estigma y perjuicio que en la práctica  suele prevalecer en el entorno laboral.

De allí que quien no encontrara conforme la justificación dada por la administración  puede hacer uso de los medios impugnatorios :reconsideración o apelación.

Agotada la vía administrativa, si el adminstrado persistiera en no hallarse conforme con lo resuelto, puede impugnar judicialmente la resolución administrativa en vía contenciosa administrativa.

Una rápida revisión de los principales artículos de la Ley 27444 vinculados son el sustento de tal aserto.

Lo razonable es que los miembros de la CPPAD o CEPAD con el titular de la entidad coordinen las acciones destinadas a dotarles de capacitación especializada, logística, tiempo y reasignación de otras funciones a fin que les permita el cabal y oportuno desempeño de sus funciones en la CPPAD tanto para la etapa de la calificación de denuncias como para el desarrollo mismo del proceso administrativo disciplinario.

LEY 27444   LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATVO GENERAL

PLAZO MAXIMO

Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático

PETICIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa

106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.

QUEJA:

Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación

158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable.),

RECLAMO

Artículo 221.- Inicio del procedimiento

221.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una reclamación o de oficio.

221.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia.

221.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del reclamado a fin de que éste presente su descargo.

Artículo 222.- Contenido de la reclamación

222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa.

222.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.

222.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivos.

DENUNCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 105.- Derecho a formular denuncias:

105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento.

105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación.

105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 238.- Disposiciones Generales

238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas.”

238.2 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o de tercero.

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias.”

238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización.”

238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado proveniente de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo  con la ley. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos.”

238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se calculará con referencia al día en que el perjuicio se produjo. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.”

238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.

RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 239.- Faltas administrativas

Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.

AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES

Artículo 243 .- Autonomía de responsabilidades

243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.

243.2 Los  procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.

DENUNCIA POR DELITO DE OMISIÓN O RETARDO DE FUNCIÓN

“Artículo 244.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función

El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido.

b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.”

(*) Artículo 244, incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 28187, publicada el 09-03-2004.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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 22/09/12

 

Categoría: PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

 

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