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RECTIFICACION DE PARTIDAS E INSCRIPCION DE NACIMIENTO

 

 

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

Toda una vida puedes casarte, tener hijos y hasta nietos y no saber que tu Partida de Nacimiento -hoy llamada Acta de Nacido Vivo- o la de tus hermanos o la de tus padres o la de tu cónyuge o de tus hijos, tiene errores, nombres diferentes o escritos en modo diferente o suprimiendo un nombre o faltando el apellido materno.

 

Cuando lo sabes? Generalmente, cuando fallecen los padres o el cónyuge sin haber dejado testamento, y no puedes ni tramitar la pensión de viudez, ni vender la casa ni a heredar.

 

Es cuando entonces urges Rectificar tu Partida de Nacimiento -hoy llamada Acta de Nacido Vivo- mediante un procedimiento administrativo ante RENIEC o la Municipalidad o Notarial, si es un error de letra o atribuible al Registrador; si se trata de nombres o apellidos  diferentes u omitidos deberás hacer necesariamente un proceso judicial, contratando necesariamente los servicios de Abogado.

 

A continuación preguntas relacionadas

 

¿Cómo rectificar una partida de nacimiento mal hecha?

Para que una  Partida de Nacimiento – hoy llamada en Perú: Acta de Nacido Vivo- puede haber uno o dos responsables : por un lado, los padres que dictan, inscriben, firman y reciben el Acta sin leerla;  y por el otro lado, el registrador que toma mal los datos y no pide adecuadamente a los padres verifiquen los datos que aparecen consignados en el Acta.

 

Por ello antes de firmar, la Partida , llamada hoy Acta de Nacido Vivo; los padres están obligados a leerla y verificar que se encuentren debidamente llenados los datos que han dictado al Registrador,  relacionados a los nombres y apellidos de los padres, lugar, fecha y hora de nacimiento como el sexo.

Si hay algún error, deben pedir al Registrador  que lo corrija, en ese mismo momento.

En tanto, no se encuentran obligados a firmar el Acta.

Si el Registrador se niega, podrían formular queja o reclamo contra él ante  RENIEC.

 

Si ya firmaron el Acta de Nacido Vivo y recién reparan en el o en  los errores, dependiendo del tipo de error, (caso de una letra o un dato verificable con el Certificado de Nacimiento ) podrán pedir la rectificación de Partida, ante RENIEC o la Notaría.

 

Si se trata de nombres o apellidos diferentes, necesariamente deberán contratar servicios de Abogado y realizar un proceso judicial.

 

¿Cómo cambiar el apellido paterno si declaré otro padre en Acta de Nacimiento?

Necesariamente deberás realizar un proceso judicial de rectificación de Partida .

 

Diferencia entre una partida nacimiento para DNI

El DNI deberá ser igual a los datos puestos en el Acta de Nacido Vivo, de no ser así, deberás realizar un procedimiento adminstrativo o  judicial de rectificación de datos.

 

Dar apellido a un niño en Perú.

Sólo los padres biológicos podrán dar el apellido al hijo.

Si un familiar o un tercero lo reconoce, a sabiendas de no ser el padre, incurre en delito contra la familia.

Sólo por excepción, podrá ponerle su apellido y reconocerlo como su hijo quien cuenta con Sentencia de Adopción de menor, que asi lo ordene.

 

El certificado de nacimiento ¿es lo mismo que partida de nacimiento?

 

No, el primero te  lo expide el profesional de la salud apenas nacido el bebe; Con el Certificado tramitas el Acta de Nacido Vivo.

 

El padre de mi hijo no firmó la partida de nacimiento ¿ qué hago?

Puedes invitarlo directamente o mediante Carta a que reconozca tu hijo, en caso de falta de respuesta o negativa, deberás demandarlo judicialmente por Filiación Extramatrimonial

 

¿Puede llevar mi hijo sólo mi apellido en la acta de nacimiento si antes le  colocaron el certificado de nacimiento el del padre?

Si, la Ley te faculta; salvo que seas casada por civil, en cuyo caso, necesariamente,  llevará los apellidos de ambos cónyuges.

 

Mi mama ¿le puede dar el apellido a ni hijo?

No. Tu eres la madre y ella es la abuela. Si lo hace incurre en delito contra la Familia.

 

Partida de nacimiento es lo mismo q inscripción de nacimiento?

No pero están relacionados.

Inscribes el Nacimiento en RENIEC y el documento que te entregan al final en ese mismo momento es la Partida de nacimiento  -hoy llamada Acta de Nacido Vivo-.

¿La madre puede firmar a su hijo con los apellidos del padre?

Si, en Perú la madre podrá inscribir ante RENIEC a su hijo dando el nombre del quien es el padre; sin embargo, para que pueda reclamarle pensión alimenticia el padre deberá previamente reconocerlo voluntaria o judicialmente al menor

 

¿Es necesaria presencia del padre para tramitar DNI de recien nacido?

Si el padre ya lo reconoció, bastará la presencia de la madre.

 

Padres separados, ¿como reconocer a un hijo que aún no ha nacido?

El padre podrá formular el reconocimiento del hijo aún no nacido mediante escritura pública prestada ante Notario o Juez de Paz o mediante Testamento.

 

Si los padres son casados por civil pero se encuentran separados, bastará que la madre lo inscriba cuando nazca; la Ley  presume que el hijo es del marido. No obstante tal condición es aconsejable que el padre proceda a firmarlo para asegurar su derecho a heredar.

Si los padres son convivientes o solteros y se encuentran separados, cuando nazca, será necesario que ambos acudan juntos para inscribirlo en RENIEC, caso contrario, el deberá reconocerlo dentro de un procedimiento judicial.

 

Después del mes para sacar el DNI de un recién nacido  ¿cuanto se paga?

No hay multa por sacar tardíamente el DNI, se paga el monto normal establecido ppor RENIEC para obtener el DNI.

 

De lo que se trata es que lo obtengas tan prontamente nace e inscribes y obtienes su Acta de Nacido Vivo, caso contrario, le estarás restringiendo sus derechos, puesto que para cuanto trámite realices a su favor, te lo solicitarán.

 

Si consideras, puedes foRmular tu consulta o contratar nuestros servicios legales.

 

Gracias por tu preferencia como por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio :   Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

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PACIENTES y SUS DERECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN PERU

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

El jueves 13 de agosto del 2013, DIA NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE, fue publicado en las separatas de las normas legales el Decreto Supremo N° 17-2015/MINSA, 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, formando parte de los reglamentos de la Ley General de Salud Ley N° 26842 promulgada el 15 de julio de 1997, esto es, 18 años atrás.

Bastante joven tuve el privilegio de contar con formación profesional en salud y brindar mis servicios en Pueblo Nuevo de Maray, paradisiaco bello rincón de gente generosa asentados en la ceja de sierra de Morropón, Piura; entre la infinidad de anécdotas, recuerdo un grupo de campesinos provistos de ponchos y sus habituales machetes, bordeando las 5 de la mañana, en una improvisada camilla desde unas tres horas antes habían iniciado el traslado a pie hasta el Centro de Salud de Morropón, ubicado hora y media mas adelante, a su agónico anciano familiar, en una improvisada camilla de palos; le ha dado el “garrotazo” (neumonía) dijeron, en su paso presuroso; el establecimiento a mi cargo no contaba con Médico ni oxígeno por lo que urgía de una movilidad que presta lo lleve hacia el indicado establecimiento de salud, uno de los familiares sentenció con naturalidad, “no me hacen caso, yo les he dicho que, por las puras lo bajamos, porque no tenemos ya plata para comprar la medicina que nos pidan y que en vez de eso gastemos en el cajón.”

Historias dolorosas como la que me impactó desde entonces, de diverso tipo y grado hay a diario y no solo es privilegio de los confines apartados de nuestra patria sino en la ciudad capital conforme cada tanto expone la prensa, siempre ha sido y es tarea permanente de gobernantes dotar de establecimientos médicos y de salud con equipamiento suficiente para prevenir, atender las emergencias, recuperar y rehabilitar a nuestros conciudadanos.

Las limitantes económicas como la expuesta arriba, afortunadamente, para bien de las mayorías, no ha sido soslayada por los diversos gobiernos de turno, al crear en el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) el 2001 el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) resultado de la fusión previa en una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, de los programas subsidiados de salud creados en 1997 Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional y en 1998 el denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años hasta que el 29 de enero del 2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, la misma que crea el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, siendo posteriormente calificado como Organismos Público Ejecutor mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, cuya cobertura se ha ampliado a toda persona que se inscriba en los establecimientos públicos de salud cercano a su domicilio que no cuente con otros tipos de seguros de salud (hoy llamadas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)).

Actualmente el SIS brinda una amplia cobertura de la mayoría de enfermedades de alrededor del 70% de la población que acude a los establecimientos de salud del MINSA.

El derecho a la salud es parte de los derechos universales que le asiste a toda persona humana.

El derecho a la salud reviste en contraparte los deberes que corresponde a los PACIENTES, llamados en nuestra legislación nacional USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud pone relevancia recordar los derechos y deberes de los médicos y profesionales de la salud como del personal de los establecimientos de salud.

Usuarios como el personal de los establecimientos de salud tienen la necesidad de recordar la igual protección de los derechos constitucionales que les asiste como personas humanas : a ser respetados en su dignidad humana y con ello al recíproco trato respetuoso.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica a la vez obligaciones y deberes para los hospitales, clínicas, policlínicos y consultorios médicos y paramédicos públicos como privados, que ahora reciben la denominación de IPRESS (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) y UGIPRESS (UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) respectivamente y muy especialmente, para los titulares y gestores de dichas entidades como a los médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo que en ellos laboran cuyas actuaciones obligan al monitoreo y cercana supervisión de los JEFES INMEDIATOS como permanentemente por el personal que ha asignado SUSALUD (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) que, como parte de su normativa aplicable en su REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES prevé para infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves, sanciones a los establecimientos de salud que previo procedimiento administrativo sancionador van desde amonestaciones, cierre temporal parcial o total como definitivo, aparejados de gravosas multas impuestas a los establecimientos que van desde 100, 300 a 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria UIT para el año 2015 es de S/. 3,850.00) susceptibles de aplicar a partir del 1 de agosto del 2015, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran coexistir e involucrar al personal que resulte comprendido en la infracción que se establezca, todo lo cual implica, la urgente revisión y adecuación de documentos normativos internos, procedimientos de las IPRESS y UGIPRESS como las conductas del personal a su cargo.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica para el Poder Ejecutivo el incremento de los presupuestos que anualmente asigna a las IPRESS y UGIPRESS a su cargo, como lo propio por parte de los dueños y accionistas de los establecimientos de salud privados.

Resultaría injusto e incongruente con los fines que persigue la Ley General de Salud y sus Reglamentos como el que hoy nos ocupa, que el Poder Ejecutivo a través de las multas que impusiera SUSALUD termine embargando los escasos presupuestos asignados a las IPRES y UGIPRES, resultando recomendable la revisión de la graduación de las sanciones pecuniarias; como injusto y oportuno resultaría que el usuario afectado sea indemnizado inoportunamente o con montos diminutos.

A continuación enunciamos los derechos materia de regulación en el Reglamento, cuya lectura integral recomendamos a usuarios, gestores, jefes inmediatos, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo de los establecimeintos de salud.
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas

RICARDO P. AYALA GORDILLO
Abogado

Citas:
Email : asesoriadefensa02@gmail.com
Celular: # 985 483 172 (RPM)

994 948 189 (RPC)

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Lima, 6 de setiembre 2015

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DECRETO SUPREMO Nº 027-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 123 de la precitada ley, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;
Que, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del Estado garantiza;
Que, la Primera Disposición Final de la precitada Ley, dispuso que el Poder Ejecutivo Reglamente dicha Ley;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consta de tres (3) Capítulos, treinta (30) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Salud.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 031-2014-SA
1. Modifíquese el Anexo I A: Infracciones Leves aplicables a IAFAS del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“47. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
2. Modifíquese el Anexo II: Infracciones Leves Aplicables a UGIPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“9. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
3. Modifíquese el Anexo III A: Infracciones de Carácter General: Infracciones Leves, del Anexo III Infracciones Aplicables a las IPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose los siguientes numerales:
“39. No exhibir la cartera de servicios, listado de médicos, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente.
40. No permitir u obstaculizar el desarrollo de la segunda opinión médica, incluyendo la restricción al acceso a la historia clínica del médico consultor, previa autorización firmada por el paciente.
41. No contar con protocolos de seguridad personal, o no implementarlos o no evaluarlos de conformidad a la normativa vigente.
42. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así como, al acceso a la información y consentimiento informado.
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas.
Artículo 2.- Definiciones
Son de aplicación al presente reglamento las definiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1158, así como de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, las previstas en el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2006-SA y sus modificatorias; y las contenidas en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27604 que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2002-SA.
Adicionalmente, son de aplicación al presente Reglamento las definiciones y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, a las cuales se adicionan las siguientes:
Diálogo intercultural: Proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción de dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas y opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales a través de relaciones simétricas y de reciprocidad.
Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de los servicios, así como adaptarlos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
Artículo 3.- Lista de Acrónimos
El presente Reglamento contiene los siguientes acrónimos:
a. IAFAS : Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
b. IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
c. MINSA : Ministerio de Salud.
d. SIS : Seguro Integral de Salud.
e. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud
f. UGIPRESS : Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional a las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas, y en lo que corresponda para las IAFAS públicas, privadas y mixtas, así como a los trabajadores de éstas.
Artículo 5.- Representación de la persona usuaria de los servicios de salud
El ejercicio de los derechos estipulados en el presente reglamento corresponde a toda persona usuaria de los servicios de salud.
En caso que el titular del derecho delegue su representación o no se encuentre en capacidad de poder manifestar su voluntad, estos derechos podrán ser ejercidos por su representante, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. La representación se ejerce conforme a lo siguiente:
a. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio podrá delegar su representación a cualquier persona capaz, a través de una carta poder con firma certificada por fedatario institucional o notario o juez de paz, en forma anticipada a la situación que le impida manifestar su voluntad.
b. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no pueda expresar su voluntad, su representación será ejercida, conforme los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en la norma civil.
c. Cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absoluta o relativamente incapaz para manifestar su voluntad, será representada por aquellos que ejerzan la curatela, conforme lo establece el Código Civil. Así también los menores de edad serán representados por quienes ejerzan la patria potestad y tutela.
d. Cuando la persona usuaria sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, conforme a lo establecido en el Código Civil, no requerirá representación.
Ante la ausencia de las personas que ejercen la representación de los incapaces absolutos o relativos, el médico tratante dejará constancia de tal hecho en la Historia Clínica de la persona usuaria y el representante legal de la IPRESS dispondrá las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de dichas personas, debiendo comunicar el hecho al Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho.
Es nula toda representación de la persona usuaria en los servicios de salud que se hubiera realizado sin la observancia debida de lo estipulado en el presente artículo.
La IPRESS debe brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a. del presente artículo, debiéndose insertar copia del documento de representación en la historia clínica del paciente.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla en cualquier IPRESS pública, privada o mixta, en base a la capacidad resolutiva necesaria para tal fin.
La emergencia es determinada únicamente por el profesional médico, y excepcionalmente en ausencia de éste en el primer nivel de atención, podrá ser determinada por el personal asistencial de la IPRESS. Si ésta no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel.
La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.
Culminada la atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá solicitarlo a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Para el caso de las personas comprendidas en los grupos poblacionales vulnerables, los gastos de atención de la situación de emergencia serán asumidos por el Seguro Integral de Salud (SIS) bajo el Régimen Subsidiado, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la persona no se encuentre afiliada pero califique para acceder a dicha cobertura, la IPRESS que brinde la atención de emergencia deberá solicitar su afiliación al SIS de acuerdo a la normativa vigente.
Para el caso de las personas que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y no pertenezca a un grupo poblacional vulnerable, la IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma, de acuerdo a sus procedimientos institucionales.
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Toda persona en el ejercicio del derecho a su bienestar en salud puede elegir libremente al médico o a la IPRESS que le brinde la atención, según los lineamientos de gestión de las IAFAS. Quedan exceptuados los casos de emergencia.
Asimismo, la persona tiene derecho a no ser inducido u obligado a acudir por una determinada atención a otra IPRESS, con excepción de las limitaciones propias establecidas en la cobertura contratada, de ser el caso.
Para el ejercicio de este derecho, la IAFAS debe informar por medios idóneos, a sus asegurados las condiciones del plan de salud, incluyendo de ser el caso, la utilización del modelo de adscripción para su atención en una red prestacional, en cuyo caso la elección a la que se refiere el presente artículo deberá entenderse sólo respecto al médico tratante.
La IPRESS debe comunicar por medios idóneos a la persona usuaria, la disponibilidad, los horarios de atención previstos, y demás condiciones de acceso al servicio solicitado entre los que se encuentra la capacidad operativa. La persona usuaria debe sujetarse a las condiciones previstas para el acceso al servicio solicitado.
La IPRESS debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios, de forma actualizada y permanente.
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
La IPRESS está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. El acto médico se rige por la normativa dictada por el Ministerio de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos Internacionales ratificados por el Gobierno Peruano.
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Toda persona, bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o con cargo a sus propios recursos, tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la IPRESS ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante quien dejará constancia de la solicitud en la historia clínica del paciente. El médico consultor tiene acceso a la historia clínica, sin poder modificarla, debiendo exhibir para ello la autorización firmada por el paciente.
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.
La IAFAS debe garantizar el acceso de acuerdo a las condiciones de cobertura con el afiliado, su sostenibilidad financiera, lineamientos de gestión presupuestal y la normatividad vigente.
La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.
Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.
SUB CAPÍTULO II
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Toda persona tiene derecho a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en calidad de persona usuaria de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, sin ser discriminada por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, o discapacidad.
Para tal efecto las IAFAS e IPRESS deben difundir por medios idóneos y de forma permanente la lista de derechos de las personas usuarias que forman parte del presente Reglamento en calidad de Anexo. Los medios utilizados pueden ser físicos y virtuales, como afiches, boletines, medios de información y comunicación alternativa, entre otros, que permitan su comprensión, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren, debiendo exhibirse en un lugar visible y de fácil acceso al público, como en las áreas de ingreso y salida, salas de espera y así también usar todos aquellos medios disponibles para dicho fin.
Las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS garantizan la difusión permanente del listado de derechos contenido en el Anexo del presente reglamento, sin perjuicio de su difusión, a través de sus páginas institucionales.
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos. Esta información estará consignada en la Historia Clínica a cargo del médico, así como en la Nota de los profesionales de la salud, según corresponda, en estricta observancia de la norma técnica de Historia Clínica dictada por el Ministerio de Salud.
La IPRESS debe garantizar que todo el personal asistencial y administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado.
La persona usuaria podrá solicitar a la IPRESS el nombre de los responsables a que se refiere el presente artículo, mediante comunicación escrita. La IPRESS atenderá por escrito esta solicitud en un plazo máximo de dos (2) días útiles de recibida la solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, si la solicitud es formulada verbalmente, el personal de la IPRESS podrá dar respuesta de la misma forma y de manera inmediata, de ser el caso.
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria.
La IPRESS debe disponer los medios y procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias antes de llevarse a cabo la atención de salud, con excepción de las atenciones de emergencia.
La IAFAS debe garantizar que la persona usuaria sea informada de la cobertura de su póliza o plan de salud, a través de medios y procedimientos idóneos.
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Toda persona tiene derecho a recibir información completa sobre las razones que justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará.
La persona usuaria tiene derecho a no ser trasladada sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable de la IPRESS.
La persona usuaria o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá solicitar su traslado a otra IPRESS, de acuerdo a las condiciones de su cobertura, siempre que: exprese su voluntad por escrito, su estado de salud lo permita y su situación de salud, determinada por el médico, así lo requiera.
La IPRESS debe garantizar la seguridad de la persona usuaria durante el traslado, sin perjuicio de su derecho de solicitar a la IAFAS el reembolso por los gastos incurridos, siempre que forme parte de la cobertura prestacional a que la persona usuaria tiene derecho en su IAFAS.
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a acceder en forma precisa y oportuna a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas que rigen las actividades de la IPRESS vinculadas a su atención.
Para ello la IPRESS implementa permanentemente medios de difusión (físicos y/o virtuales) accesibles a las personas usuarias, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren.
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a recibir del médico tratante y, en términos comprensibles, información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren.
Asimismo, tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.
En caso que la persona se niegue, voluntariamente, a recibir dicha información, el médico tratante dejará constancia del hecho en la historia clínica del paciente, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá decidir su retiro voluntario del servicio o de la IPRESS; para tal efecto, deberá expresar al médico tratante por escrito esta decisión, dejando constancia que la misma se ejerce voluntariamente, sin presión alguna y que ha sido informado de los riesgos que asume por tal decisión, consignándose expresamente los mismos y, entregándole una copia de esa información con cargo de recepción. Asimismo, debe consignarse en la historia clínica haber recibido la información, que será firmada por el paciente o su representante y el médico tratante, eximiendo de responsabilidad a este último y a la IPRESS. También podrá solicitar copia de la epicrisis de forma gratuita y de su historia clínica a su costo.
La decisión de retiro voluntario de la IPRESS no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o cuando éste ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento, con la participación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que los que no gozan de autonomía plena requieren protección.
La negativa a recibir o continuar el tratamiento no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o esta decisión ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Toda persona tiene derecho a ser informada por el investigador sobre la condición experimental de un producto o procedimiento en investigación, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos y las condiciones de la continuidad del tratamiento; debiendo el investigador dejar constancia por escrito en la historia clínica del paciente; y la firma del consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el literal c. del artículo 24 del presente Reglamento, en concordancia con la legislación especial sobre la materia y a la Declaración de Helsinki.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
SUB CAPÍTULO III
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Toda persona tiene derecho a ser atendida por personal de salud autorizado por la normatividad vigente, y con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo.
El personal profesional de la salud y administrativo de la IPRESS debe brindar una atención con buen trato y respeto a las personas usuarias de los servicios de salud, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Ninguna persona usuaria puede ser discriminada en el acceso a los servicios de salud, la atención o tratamiento por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole.
En caso el paciente haya autorizado, previa firma de consentimiento informado, la exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, el médico tratante debe garantizar el respeto a la privacidad y pudor del paciente.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento a que se refiere el párrafo precedente, será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos hayan sido científicamente comprobados, o cuya eficacia o mecanismos con reacciones adversas y efectos colaterales descritos le hayan sido advertidos oportunamente. Las IAFAS podrán financiar estos tipos de tratamientos de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 10 del presente reglamento.
Para tal efecto, previo al inicio del tratamiento, el personal profesional en salud autorizado a indicar el tratamiento y prescribir los medicamentos, debe informar al paciente las reacciones adversas, interacciones o efectos colaterales, conocidos a la fecha, que pudiere ocasionarle y las precauciones que se deben observar para su uso correcto y seguro, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Con respecto a la seguridad del paciente, la IPRESS debe garantizar que éste no sea expuesto a riesgos adicionales a los de su propia enfermedad, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la IPRESS disponer las medidas preventivas frente a eventos adversos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, la información es brindada a los representantes, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Toda persona tiene derecho a su seguridad, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas a la IPRESS desde el momento que accede al mismo, para lo cual la IPRESS deberá implementar protocolos de seguridad personal, cuyo cumplimiento será responsabilidad de su máxima autoridad administrativa.
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a autorizar que estén presentes en sus exámenes médicos o intervención quirúrgica, personas que no estén implicadas directamente en la atención médica. La participación deberá contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándolo en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y se observen las prácticas de bioseguridad, caso contrario se revoca dicha aprobación. El paciente asumirá los costos derivados de dicha participación.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado. En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Cualquier acción u omisión que contravenga el citado proceso será pasible de las acciones punibles contenidas en el Código Penal.
SUB CAPÍTULO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, por lo que de no cumplirse con estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud.
El médico tratante o el investigador, según corresponda, es el responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria.
La firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, ni a la IPRESS, frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias.
Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que evidencie el proceso de información y decisión, el cual forma parte de la historia clínica de la persona usuaria, siendo responsabilidad de la IPRESS su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deberán imprimir su huella digital en señal de conformidad.
El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma en que fue otorgado.
El consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones:
a. Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.
b. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes.
c. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica.
d. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki y el marco legal vigente sobre la materia.
e. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.
f. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública.
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante tiene derecho a solicitar copia completa de su historia clínica, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante asume los costos de reproducción que supone el pedido.
La información contenida en la historia clínica del paciente así como aquella relacionada a cualquier acto médico, tiene carácter reservado, salvo en los supuestos contemplados en la Ley General de Salud.
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
La IPRESS debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente, observando la estructura y registros a consignarse en la misma y otros documentos vinculados.
La información mínima de la historia clínica debe contener lo siguiente:
a. Identificación del paciente.
b. Registro de la atención de salud.
c. Información complementaria.
d. Formatos Especiales.
Adicionalmente, el contenido mínimo de variables según la especialidad médica, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica manuscrita o electrónica deben adecuarse a lo dispuesto en las normas técnicas y otras emitidas por el ente rector en salud.
CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 27.- De la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de velar por la aplicación del presente Reglamento en el marco de las competencias conferidas en la normativa vigente de la materia.
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas
Toda persona que se encuentre disconforme con la atención recibida, tiene derecho a ser escuchada y recibir respuesta, debiendo presentar su reclamo ante las instancias competentes de la IAFAS o IPRESS, sin perjuicio de acudir en vía de queja ante SUSALUD para el inicio del procedimiento administrativo que pudiere corresponder, según la normatividad que sobre la materia emite SUSALUD.
La IPRESS debe exhibir de manera visible y de fácil acceso, el procedimiento para la atención de reclamos de las personas usuarias así como la posibilidad de acudir a SUSALUD en instancia de queja.
Artículo 29.- Solución de controversias
En caso de surgir controversias entre las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS y la persona usuaria de los servicios de salud, aquellas deberán generar mecanismos ágiles y oportunos de solución mediante el trato directo o el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional.
En caso las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo sobre el centro competente, se entenderá como centro competente el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.
SUSALUD propiciará mecanismos de acceso a la justicia a las personas que consideren haber sido vulnerados en sus derechos, sin que la capacidad económica de las personas sea un limitante para garantizar su acceso oportuno e independiente.
Artículo 30.- Responsabilidad frente a la vulneración de derechos
Las infracciones referidas a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y las sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, están establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA.
Para efecto de la restitución de los derechos de las personas usuarias y con el objeto de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado, SUSALUD, de acuerdo a las facultades conferidas, deberá disponer las medidas de seguridad que correspondan; así como, las medidas provisionales y correctivas, en el marco del procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar.
Para las pretensiones indemnizatorias la persona usuaria de los servicios de salud podrá acudir a la vía judicial o medios alternativos de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los profesionales de la salud dicha responsabilidad se rige por las normas laborales administrativas, civiles, penales, Código de Ética y Deontología y demás normas estatutarias de los colegios profesionales correspondientes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Registro de Sanciones de los Profesionales de la Salud
El Decano Nacional del Colegio Profesional correspondiente, comunicará a SUSALUD, por medio escrito, las sanciones impuestas por los respectivos Colegios Profesionales a sus agremiados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haber quedado firme la resolución que impuso la sanción.
SUSALUD, implementará el Registro respectivo, donde publicará la información remitida, a través de su portal institucional, conforme a la normativa vigente de la materia.
Segunda.- Enfoque Intercultural
Las disposiciones del presente Reglamento que establezcan la aplicación de técnicas para el uso de la metodología de Diálogo Intercultural con las personas usuarias de los servicios de salud en pueblos vulnerables, deberán ser implementadas por todas las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas de manera progresiva en observancia a las normas pertinentes de la materia y de todas aquellas que emita el Ministerio de Salud para tal efecto, así como las complementarias y conexas.
Tercera.- Reglamento de Reclamos y Quejas
A propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobará el Reglamento de Quejas y Reclamos que contendrá el procedimiento para la atención de las Quejas y Reclamos de las personas usuarias de los servicios de Salud en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles.

ANEXO

 
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Publicado por en septiembre 6, 2015 en SALUD, Uncategorized

 

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NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

Si gustas puedes contactarme directamente escribiendo o llamando a

CORREOS ELECTRONICOS: asesoriadefensa02@gmail.com

asesoriadefensa02@yahoo.es

Teléfonos de contacto:

RPM # 985 483 172
RPC 994 948 189

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

 

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PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TC

 

El Decreto Supremo Nº 005-90-PCM trata la PRESCRIPCION  en un sólo Artículo del Proceso Administrativo Disciplinario :

 

“Artículo 173º.-  El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará  prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.”

 

 

De la aplicación de este único párrafo se pone de manifiesto que :

 

  1. El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año. El año se computa en días naturales o calendarios, es decir, se cuentan feriados, sábados y domingos.

 

  1. El cómputo del año se cuenta a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria. Nótese que la Ley no dice desde que conoce el hecho. Aquí la primera gran diferencia con lo establecido para las acciones civiles o penales, y también con el plazo establecido para la prescripción en algunos regímenes especiales de la administración pública, como podemos verificar en el caso de la Jurisprudencia del TC que hoy nos ilustra.

 

  1. Adviértase que la Ley dice que el cómputo corre desde que la autoridad competente conoce del hecho sino desde que conoce de la comisión de la falta, entendiéndose por tal, el momento en que la CPPAD o el OCI o el Abogado u órgano competente para imputarla concluye e informa al titular de la entidad que el hecho materia de la imputación constituye falta administrativa disciplinaria.

 

  1. La única autoridad competente para abrir o no el proceso administrativo disciplinario (PAD) es el titular de la entidad, salvo que el decida delegar esta facultad a otro funcionario.

 

  1. Si transcurre el plazo de un año desde que la autoridad competente conoció de la falta administrativa disciplinaria y no abrió PAD incurre en responsabilidad.

 

  1. Si el PAD se abre pasado ese año, el proceso se halla afectado por la prescripción de la acción.

 

  1. Corresponde al procesado invocar la prescripción, a la CEPAD acogerla y al titular de la entidad emitir la resolución reconociéndola, bajo responsabilidad de unos y otros.

 

  1. La declaración de la prescripción de la falta administrativa disciplinaria, pone fin y hace inhábil a la autoridad encargada de abrir PAD, al órgano encargado de proponer su apertura como de tener a su cargo el PAD como potestad sancionadora de la administración pública sobre ese hecho.

 

  1. Hay innumerables aspectos que el artículo en comentario y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no dice pero que son de obligatoria aplicación, unas mas sencillas y otras mas complejas, como es el caso de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que precisa en su artículo 233 numeral 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”; precisando en numeral 233.2 “EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada; siendo otro el análisis cuando como ocurre en este caso, con la afectación de la INTERRUPCION del plazo de la prescripción desarrollado en la presentada jurisprudencia del TC.

 

  1. Las interpretaciones sobre el sentido correcto de la Ley no siempre es uniforme inclusive entre expertos, de allí que no siempre es dilucidado debidamente dentro del PAD, algunas veces es amparado en sede administrativa vía impugnación y otras veces en sede judicial. Ello explica una vez mas, porqué la Ley faculta a la CEPAD a ser asesorado por especialistas en la materia y porqué sus miembros deben capacitarse de manera especializada en ella. 

 

 

LIMA     

ÁNGEL EDUARDO ALATRISTA TORREBLANCA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión del pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

 

 

I. ASUNTO

 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Eduardo Alatrista Torreblanca contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 29 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

 

 

 

II. ANTECEDENTES

 

 

1.      Demanda

 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), alegando vulneración de sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la irretroactividad de la ley, a la motivación, a la defensa y a la prescripción, y solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 107-2002-CNM, de 18 de octubre de 2002, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el recurrente, y se disponga su inmediata reincorporación al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Titular del Cuzco, con el reconocimiento de los derechos que indebidamente dejó de percibir. Manifiesta que el Consejo abrió un procedimiento disciplinario en su contra pese a que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que transcurrieron los hechos materia de investigación. Asimismo, alega que el Consejo aplicó retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley N.º 27444, con el objeto de declarar infundada la excepción de prescripción deducida por el accionante y procedió a su destitución. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el mismo que también  fue desestimado.

 

 

 

2.      Contestación de la demanda

El vicepresidente del CNM alega que el demandante fue destituido mediante una resolución motivada; la que, a su vez, fue emitida luego de un procedimiento disciplinario en que se garantizó el derecho de defensa. En consecuencia, sostiene que el CNM ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones, siendo de aplicación los artículos 142 y 154, inciso 3, de la Constitución. Por su parte, el Procurador Público del Ministerio de Justicia agrega que en el caso planteado no ha operado la prescripción, toda vez que su plazo se interrumpió cuando la Fiscalía Suprema de Control Interno dio inicio a las investigaciones, mediante resolución de fecha 12 de enero de 2001. 

 

 

 

3.      Resolución de primer grado

Con fecha 3 de diciembre de 2003, el Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, por considerar que el plazo de prescripción se interrumpió una vez iniciadas las investigaciones por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno, motivo por el cual no ha operado la prescripción.

 

 

 

4.      Resolución de segundo grado

 

Con fecha 29 de noviembre de 2005, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la Resolución N.º 107-2002-CNM ha sido debidamente motivada y dictada con previa audiencia del interesado, con lo cual es de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 7, del Código Procesal Constitucional.

 

 

 

III. FUNDAMENTOS

 

 

 

Precisión del petitorio de la demanda

 

1.      El demandante pretende que el Tribunal Constitucional declare inaplicable a su caso la Resolución N.º 107-2002-PCNM, de fecha 18 de octubre de 2002, por haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo; y que en consecuencia se ordene su reincorporación al Ministerio Público en el cargo que desempeñaba antes de su destitución. Asimismo, solicita que se le reconozca como efectivo el tiempo durante el cual estuvo suspendido y destituido.

 

 

 

Análisis del caso

 

2.      Antes de resolver la cuestión de fondo, conviene reafirmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de la resoluciones del CNM. En sentencia anterior (Exp. N.º 2409-2002-AA/TC, FJ 1b) se ha señalado que

 

(…) cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no dentro de otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.

 

 

 

3.      El demandante alega que se le ha sometido a un procedimiento sancionador habiendo prescrito la acción disciplinaria del Consejo; es decir, a un procedimiento irregular que afecta sus derechos fundamentales y garantías judiciales que reconocen el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y los artículos 138 y 139 de la Constitución (fojas 46-47). El actor afirma que la conducta irregular que se le atribuye tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la acción disciplinaria del CNM prescribía el 3 de marzo de 2002.

 

 

 

4.      No obstante, según alega, la Resolución N.º 015-2002-PCNM, de fecha 28 de febrero de 2002, que dispone el inicio del procedimiento disciplinario se le notificó el 5 de marzo de 2002; es decir, dos días después de haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo. Es más, al momento de dictarse la Resolución N.º 107-2002-PCNM, con fecha 18 de octubre de 2002, había transcurrido más de dos años de la fecha en que ocurrió la conducta atribuida.

 

 

 

5.      Por su parte, el Consejo, en la Resolución que ahora se cuestiona, señala que “(…) en cuanto a la excepción de prescripción de la acción disciplinaria deducida, de conformidad con el artículo 233, numeral 233.2, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, aplicable supletoriamente al presente proceso, en virtud de la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Resolución 042-2000-CNM, Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, debe declararse infundada, porque el plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, y toda vez que por resolución de 12 de enero de 2001, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación en su contra, consecuentemente, el plazo de prescripción se ha interrumpido” (fojas 51).

 

 

 

6.      El Tribunal Constitucional no comparte el argumento del demandante por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos, establecía que el acto procesal “(…) [i]nterpuesta la denuncia, en todo caso, prescribe a los 2 años de ocurrido el hecho, acto o conducta”. En el caso concreto, la conducta irregular que se le imputó al actor tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la prescripción debía operar el 3 de marzo de 2002. Sin embargo, con fecha 28 de febrero de 2002, se dictó la Resolución N.º 015-2002-PCNM, la misma que dio inicio al proceso disciplinario contra el recurrente; es decir, antes de que transcurrieran dos años desde que se produjo la conducta antes mencionada.

 

 

 

7.      En segundo lugar, el demandante sostiene que se le ha aplicado retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello no es exacto porque, cuando se inicia el procedimiento disciplinario –28 de febrero de 2002– contra el recurrente, dicha Ley –que prevé la interrupción del plazo de la prescripción– ya estaba vigente. Por ende, era plenamente aplicable el artículo 233.2, según el cual “[e]l plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado”.

 

 

 

8.      Más aún, la Primera Disposición Transitoria de dicha Ley señala que “[l]os procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión (…)”. En el presente caso, el procedimiento disciplinario se inició con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que no puede alegarse que la misma haya sido aplicada de manera retroactiva y en perjuicio de los derechos del recurrente. En consecuencia, en el caso concreto, el Consejo no ha vulnerado los derechos invocados, motivo por el cual la demanda no puede ser estimada.

 

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

 

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

 

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. GARCÍA TOMA   Gonzales Ojeda   Alva Orlandini   Bardelli Lartirigoyen   Vergara Gotelli   Landa Arroyo           Mesía Ramírez

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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21 de abril 2012

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

 

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HALLAZGO ABSOLUCION ANTE OCI Y DESCARGO ANTE CPPAD

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Andrés consulta:

Dr. como puedo levantar un hallazgo de auditoria que ha derivado en la apertura de un proceso administrativo sancionador, según el fondo del asunto es que para la evaluación en un proceso de selección, para el comité considera como válidas las facturas presentadas por el postor y para el auditor no le parece, nuestro criterio esta amparado en los principios que rigen las adquisiciones y contrataciones demostrado técnicamente en sujeción estricta a la normativa de contrataciones en el descargo presentado oportunamente. Como poder demostrar que nuestra actuación (a falta de norma expresa) esta sujeta a los principios que rigen las contrataciones y que a criterio del auditor no son así . aquí lo que se trata es de interpretaciones de la normatividad y nuestro criterio como comité y el criterio del auditor, quien audita a los auditores cuando no saben formular bien sus hallazgos con los requisitos que estos deben de tener ( condición ,causa, criterio, efecto)

Si ya hay un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) aperturado lo que  corresponde es que ante la CPPAD formules tu descargo documentado; ya no cabe que levantes hallazgo alguno de auditoría, término este último reservado para el momento en que eres requerido por el OCI u Organo de Control que te audita, de manera previa a la emisión del respectivo Informe de Control.

Tanto la posición del Comité Especial, de las autoridades administrativas que acogen su decisión deben ser arregladas a la Ley y/o a la opinión especializada de la OSCE como ente normativo y rector, que con igual rigor es el fundamento legal en el cual se basa el “criterio” en el cual el auditor sustenta su hallazgo, observación y conclusión.

Cierto es que los principios resultan de aplicación en ausencia de norma expresa mas su aplicación debe ser congruente con el hecho observado y debidamente ponderado.

Justamente por el principio de legalidad que es de aplicación predominante en la adminstración pública, una defensa, un descargo o una absolución de hallazgo jamás puede sustentarse únicamente en el criterio del auditado o en una interpretación general de un principio.

Del mismo modo, un hallazgo de auditoría plasmado en un informe de Control, o un cargo atribuído en una denuncia, o la imputación de responsabilidad por parte de la CPPAD, o la sanción impuesta porla  autoridad administrativa o judicial , tampoco puede sustentarse únicamente en el criterio del auditor o de la autoridad .

Los respectivos Códigos de Etica como la legislación especial que, respectivamente,  regulan a auditados y a auditores reprueba y sanciona una conducta arbitraria de quien contraviene o se excede en sus atribuciones, dejan abierta la posibilidad de accionar por parte de quien demuestre su condición de agraviado.

Cierto es que eventualmente pueden darse caso de errores o abusos por parte de determinados auditores, como los que hemos dado cuenta en alguno de nuestros artículos, lo cual, es de suponer debería ser conocido y corregido, de oficio o a pedido de parte, por las instancias superiores del Sistema Nacional de Control, lo cual, es verdad, también hemos demostrado que, en ocasiones, tampoco, ha sido ni oportuno ni expeditivo. En todo caso, estas situaciones deben entenderse como la excepción y no la regla.

Cierto también es que, es mucho mas satisfactorio que, cuando la Comisión auditora traslada el hallazgo ese es el primer momento que tiene el auditado para procurar revertirlo y con ello, lograr no ser comprendido en observación o responsabilidad alguna en el Informe de Control finalmente emitido.

Si lo anterior no prosperase, el PAD se presenta entonces como la siguiente primera posibilidad administrativa, dentro de gestión, ante la cual el procesado con su descargo escrito y oral, podría procurar demostrar la certeza de su posición ante la CPPAD en cuyo informe final aspiraría ser absuelto o con una responsabilidad diminuta, según fuera el caso.

Mas si, a pesar de ello fuera hallado en responsabilidad y sancionado, al no hallarse con la impuesta a él le asiste impugnar interponiendo la correspondiente reconsideración o apelación, en este último caso será resuelto por el Tribunal de Servicio Civil en el caso de las entidades de alcance nacional o por la autoridad competente en el caso de Gobiernos Regionales o Locales.

De persistir la disconformidad con la sanción, le asistirá impugnar el acto adminstrativo en sede judicial, en la vía contenciosa administrativa.

El asunto que hoy es materia de tu consulta pone de manifiesto recordar cuando menos cuatro aspectos esenciales previstos en la Ley con antelación, pero que en la práctica habitual suele preterirse o soslayarse:

1. La CAPACITACION en la función pública encomendada, en este caso, en materia de Contrataciones del Estado. Recuerda que la Ley exige que es obligatoria para quienes se desempeñan en tal función;

2. La ASESORIA LEGAL y/o ADMINISTRATIVA especializada con la cual la Ley de Contrataciones faculta contar a los Comités Especiales.

3. La ASESORIA LEGAL especializada con la cual deberían contar las CPPAD como los titulares de las entidades públicas para minimizar los riesgos previos, concurrentes o posteriores en las decisiones que adopte y en las sanciones con justeza y ecuanimidad.

4. La DEFENSA LEGAL especializada en derecho administrativo, aún suele ser no ponderada por la mayoría de servidores o funcionarios procesados en razón que suelen prescindir de contar con aquella, del mismo modo que el peruano prefiere ir al boticario que al médico y sólo buscar a éste cuando el estado es tardío o irreversible, del mismo modo, hay la tendencia de buscar al abogado especializado cuando se afronta una eventual suspensión, cese temporal o destitución

Actualmente hay todo un todo un engranaje legal para perseguir y sancionar todo asomo de fraude en materia de Contrataciones del Estado y delitos contra la Administración Pública, por un lado:

a) La Contraloría General legalmente ahora cuenta con facultades de sancionar a quienes audita, posición que si bien no comparto en razón de los riesgos y experiencia expuesta, mas en tanto resulte Ley no queda sino acatarla, albergando únicamente la confianza que dichas sanciones no resulten una mera prolongación y ratificación de confirmar lo concluído en el Informe de Control.

b) Por Ley se ha dispuesto que, a partir del 15 de enero del 2011, en el caso de Lima y del 1erode junio 2011 a nivel nacional la entrada en vigencia o aplicación del Código Procesal Penal en el Poder Judicial para los funcionarios o servidores que incurran en la mayoría de los delitos cometidos contra la Administración Pública, lo cual implica que los juicios serán breves y las condenas impuestas con prontitud y ya no con largos e interminables procesos como ocurría con la legislación procesal penal anterior.

c) Existen Juzgados y Salas Penales especializados en ANTICORRUPCION exclusivamente creadas para procesar a quienes se encontrasen involucrados en los antes mencionados delitos contra la Administración Pública.

Finalmente, justamente estos días  ha comenzado el cambio de autoridades en los Gobiernos Locales y en pocos meses del Gobierno Central, nuestro deseo sería que ningún servidor o funcionario afrontara la maquinaria descrita en ninguno de las instancias o vías.

Una cosa es afrontar este ingrato periplo estando en ejercicio del Poder o del cargo o función  y otra, después de estarlo.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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ADOLESCENCIA Y AUTO ESTIMA

                                                  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

En estos difíciles tiempos en que la violencia familiar en casa o el entorno del trabajo o la calle con fácil recurrencia se convierten en diarios sangrientos titulares de los medios de comunicación,  cuan gratificante es escuchar a quienes tienen una propuesta que no dudo en compartir.  

Hace poco menos de 20 días fuí invitado y concurrí al Colegio Santo Tomás  de Aquino del Cercado deLima – Perú en el cual, Aarón,  el mayor de mis dos hijos, con sus 12 vertiginosos  e inquietos  años cursa el primero de secundaria.

Era un dia especial, la entrega de libretas realizada nada menos que en el Auditorio del colegio, minutos previos al inicio de la brillante exposición magistral de  FERNANDO MONTERO RODRIGUEZ destacado peruano facilitador-conferencista.

Fue la anestesia puesta antes de una acaso acalorada y no siempre feliz reacción, antes de tomar conciencia de las notas puestas en el primer trimestre escolar.

La cálida técnica motivacional para romper el frio entre los participantes cayó de perillas para que con la facilidad, que caracteriza al  orador nos   clarifique e ilustre diversidad de situaciones y como abordarlas, de las cuales con las excusas de alguna involuntaria distorsión con su venia, voy a referirme puntualmente a dos conceptos y uno de sus varios tips :

1) Autoestima: .  Es la dignidad personal, Es el valor nuclear.  Es el yo me quiero, yo me amo. Es lo que te lleva de por vida a donde vas. Es el motor puesto desde la niñez y que de por vida puede sellar tu destino.Dice el orador “Se nos acusa en Perú de tener la peor autoestima”  Urge revertirla: Ten cuidado como disciplinas y crias a tus hijos; cualquier método es válido mas no el físico. Quien entrega autoestima logra EXITO. Formemos hijos y personas de Exito. No compare a sus hijos entre sí. No te angusties por sus nimiedasdes, pero tampoco las ignores. No digas nunca, no digas siempre. No bombardees con palabras en negativo (cállate, torpe, tu no puedes) No dañes a tu hijo. Ama al pecador, detestando el pecado.No cuestiones ni mitigues sus iniciativas. ELOGIALO hazlo sentir agradable y deseable, con EXCELENTE , GENIAL, ESTUPENDO, QUE VIVA, BRAVO. Elogia siempre, es mágico.  

2) Adolescencia, en esencia es adolecer. Todo adolescente es un niño no los critiques. No lo juzgues. No lo condenes. Los niños de hoy tienen una madurez emocional de 3 años mas que la generación anterior. Ello explica, porque en los tiempos actuales un muchachón o chica de 12 años pida ser comprendido(a) y tratado(a) como un autosuficiente  de 15, 16 o mas años. Si estamos claros en esta situación y comportamientos, queda en los padres darles cuanto emocionalmente adolecen, lo que no necesariamente significa la complasencia de cuanto pidan sino de cuanto realmente requieran,  aunque se resistan a afirmar  y aceptar que ello no es así.  

Como en todo, no es fácil y cuestionable engarzar cada situación a una receta general, de allí la necesidad de acudir a los expertos como el destacado  motivador quien consigna como sus direcciones fmonteno @proyectolife.com y web: www.proyectolife.com.   

  3)  Todos los dias, abraza y besa a tu ser Adolescente y todo otro ser querido, muy  fuerte, cuando menos 1 minuto por lo menos 7 veces al día y dile lo mucho que lo quieres y necesitas.  Si no lo haces otros u otras personas, drogas o caminos, lo harán.

Te invito a reflexionar al repecto y a probar lo último en cuanta situación atravieses.

Me han participado y he sido testigo de sus buenos resultados en  situaciones airadas.

Si conoces de otros tips exitosos, quedas invitado a compartirlos.

RICARDO AYALA GORDILLO

              A B O G A D O

5 de julio 2010

 

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¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?*

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Muchas madres gestantes, transcurridos los 9 meses del embarazo y llegado el momento del parto aún no decidieron que nombre poner a sus hijos o hijas o no se pusieron de acuerdo con el padre en el nombre del hijo o hija; algunas otras, del padre sólo saben su apelativo o sólo un nombre; otras no saben quien es el padre. Estas realidades salen a flote cuando llegado el momento del parto, el médico o la obstetriz le piden el nombre del hijo o hija y el nombre del padre.

Algunas veces, en el Certificado de Nacimiento esos datos quedan en blanco y por causa de ello y de una elemental orientación, se dan casos de muchos niños que quedan sin ser inscritos por varios años, en tanto, la vida y destino de algunos de esos niños o niñas se vuelve incierta.

La prensa suele dar cuenta de muchos niños y niñas que por esa razón terminan siendo traficados, otros, los abuelos creen que es mejor que ellos los reconozcan como padre, se han dado caso de madres que esperan conocer un nuevo compromiso que quiera darle “su apellido” a su hijo o hija Hoy , la Ley faculta a la madre soltera inscribir a su niño con el apellido del padre o bien sólo con los apellidos de la madre.

En la medida de lo posible, promovamos medidas para que el niño conozca la identidad del padre.

De otro lado, hay personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.

Te dan un plazo breve y no siempre tienes tiempo o dinero suficiente para realizar los procedimientos notariales o judiciales para arreglar tus papeles.

Nada pierdes dando una mirada a los tuyos y de tus seres queridos.

A continuación algunas pautas generales y previas relacionadas al título como a las notas precedentes, que ampliaremos en las siguientes entregas.

El nacimiento de un niño(a) da lugar a la emisión secuencial de diversos documentos.

Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar. El siguiente es, en Perú, el orden según su emisión :

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetríz que atendió o constató el parto.

En las localidades apartadas donde no existen alguno de dichos profesionales el nacimiento es certificado por el profesional o técnico de salud que atendió o constató el parto.

El llenado de los datos es inmediatamente a la atención o constatación del parto.

Es entregado a los padres, sus representantes legales o al funcionario público designado formalmente.

Es el primer documento público que prueba, en esencia, el nacimiento del(a) recién nacido(a).

Su emisión es coetánea al procedimiento administrativo de verificación de identidad a cargo del personal Criminalística de la PolicíaNacionaldel Perúencargado de la toma de la huella digital de la madre y huella pelmatoscópica (huella plantar) del(a) recién nacido (a).

El certificado de nacimiento prueba: El lugar del nacimiento La hora, el día, mes y año del nacimiento. El sexo del(a) recién nacido(a) La identidad de la madre : Nombre, Edad, Estado Civil El nombre del(a) recién nacido(a) Debería contener también la identidad del padre La huella pelmatoscópica (huella plantar del pie derecho del recién nacido) Sello, nombre, colegiatura y nombre del profesional que atendió el parto Sello del establecimiento donde ocurrió el nacimiento

Es un formato aprobado oficialmente por la RENIEC y el INEI

PARTIDA DE NACIMIENTO (hoy llamado ACTA DE NACIMIENTO): Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país donde se produjo el nacimiento.

Lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

El formato que lo contiene es una hoja de papel con membrete de la Municipalidad, llenado en una sola carilla en formato A-4 u Oficio.

Al dorso suele ir sello y firma certificando su originalidad. Además de los datos que contiene el Certificado de Nacimiento, lleva una numeración correlativa y espacio para la firma de los funcionarios y progenitores que intervienen.

La Partida de Nacimiento contiene: El lugar del nacimiento La hora, el día, mes y año del nacimiento. El sexo del(a) recién nacido(a) La identidad de ambos padres : Nombre, Edad, Estado Civil El nombre del(a) recién nacido(a) Domicilio de los padres Nombre y domicilio de los testigos.

El Código Civil establece que éste es el primer documento público con el cual la persona acredita su nombre y a partir de él, su derecho y pertenencia a una familia, a recibir alimentos, sus expectativa a heredar, a la seguridad social, educación, etc. La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

ACTA DE NACIMIENTO (ha venido a reemplazar a las llamadas PARTIDAS DE NACIMIENTO): Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de Registro Civil de las Municipalidades del país.

Al igual que las partidas de nacimiento, lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacimiento y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

Ha pasado a reemplazar a las tradicionales Partida de Nacimiento y aunque también se emite en una hoja de papel tamaña A-4, preimpresa por una sola carilla, la diferencia mas saltante es que lleva el logotipo y membresía del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) y ya no de la Municipalidad. RENIEC ya ha incorporado en su Base de Datos las Actas de Nacimiento, Actas de Matrimonio y Actas de Defunción que poseen las Oficinas de Registros Civiles (ORECs) de los diversos Distritos de Lima : San Borja, Santiago de Surco, Surquillo, San Isidro, San Luis, Santa Anita, Breña, Lince, Comas, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porres, Magdalena, Ate, Rímac, La Molina, La Perla, Jesús María, Barranco, La Punta, Puente Piedra, Carmen de la Legua, La Punta, San Miguel, Carabayllo, Lurigancho- Chosica, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Bellavista, El Agustino, Pueblo Libre, La Victoria, Villa El Salvador, Lurín, Cieneguilla; además de los Departamentos de Piura, Trujillo, Chiclayo y Cusco.

La gran ventaja de este proceso es que podrás obtener en tiempo récord el Acta que necesites desde cualquier Agencia de Reniec ubicada a lo largo del país.

En cualquier momento, tal vez no extrañe que instale mas Plataformas Virtuales Multiservicios que consisten en máquinas que cual cajero automático de un banco sea la que te expida el Acta que necesitas, de las cuales el año pasado inauguró en Lima en el patio de comidas del centro comercial Jockey Plaza ubicada en el Distrito de Monterrico, donde está a disposición de cualquier ciudadano.

DNI : Documento de Identidad Nacional emitido por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

Es una tarjeta de color azul para los adultos y de color amarillo con marrón claro para los niños(a), similar al tamaño de una tarjeta de crédito, de dimensiones: 8.54 cms. de ancho, por 5.4 cms. de alto en posición horizontal, y contiene la misma información que contiene el Acta de Nacimiento, fecha de caducidad del documento y fotografía de frente del titular con todos los elementos de seguridad destinados a evitar su falsificación.

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

Para una mayor cobertura del tema te sugiero visitar el portal de RENIEC en : http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm

CONSTANCIA DE NACIMIENTO : Documento Público emitido por el funcionario autorizado de los establecimientos de Salud a solicitud de parte interesada.

Es un formato preelaborado y aprobado formalmente por el establecimiento de salud donde ocurrió el nacimiento.

Por lo general, es emitido por el Jefe de la Oficina de Estadística e Informática.

Contiene los mismos datos que el Certificado de Nacimiento los que son extractados de la Base de Datos del establecimiento de salud.

En los últimos tiempos, dado el incremento del uso de documentos falsificados, su demanda se ha visto incrementada por diversas Embajadas, que lo requieren a los interesados en obtener visa, como parte de los mecanismos de verificación y de control cruzando dicha información con la que contienen los DNI o Partida de Nacimiento que ellos han presentado.

Es comprensible que para su expedición se cobre una tasa, razón por la cual debe formar parte de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) del establecimiento de salud. Todo aporte será bienvenido.

Tus inquietudes o servicios legales que requieras,  puedes escribírmelas a asesoriadefensa@yahoo.es

No es obligatorio, pero a efectos de propiciar  la coordinación necesaria con los contactos que pudieran existir,  te invito a consignar desde donde me escribes, el País y Estado en los casos que son fuera de Perú; y la Región,  Departamento, Provincia o Distrito si eres residente en Perú. Si tienes algún cargo público y gustas compartir, mejor. Tus  datos son reservados.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia/ De la Persona

Lima, 22/12/12

 

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