UNION DE HECHO

                                         por Ricardo Percy Ayala Gordillo

¿Quiénes pueden pedir ser declarados en Unión de Hecho?

El hombre y mujer, unidos voluntariamente, que no tengan impedimento para contraer matrimonio civil (ambos  solteros, o  uno de ellos o ambos, viudo o divorciado), que acrediten con documentos que  conviven de manera continua por mas de dos años bajo un mismo techo para alcanzar fines semejantes al matrimonio.

¿ Que requisitos deben reunir para solicitar ser declarados en Unión de Hecho?

Ante Notario (si viven juntos y en buenas relaciones):

Solicitud, preparada por Abogado, con nombres y firmas de ambos solicitantes.

Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos años de manera continua.

Declaración expresa que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno hace vida en común con otro hombre o mujer.

Certificado del domicilio de los solicitantes.

Certificado negativo de la Unión de Hecho, expedido por la Oficina de Registros Públicos.

Declaración testimonial de dos personas que den fe sobre la convivencia de la pareja por dos o mas años.

Otros documentos que acrediten la unión de hecho.

El Notario manda publicar un extracto de la solicitud en el diario oficial ”El Peruano” y en otro diario de amplia circulación del lugar.

Judicialmente (si uno murió o abandonó la relación o no le interesa el reconocimiento de UH ) :

Los mismos requisitos señalados anteriormente, con la diferencia que será el Abogado quien prepare la demanda que dará inicio al Juicio. 

Si la pareja convivió durante 13 años ¿quiere decir que ya están casados?

No, solo son casados los que se casan por civil, ante la Municipalidad;  o por Religioso ante su respectiva Iglesia.

Si uno de ellos ES  CASADO, AUN CUANDO VIVAN 50 AÑOS con otra persona soltera, viuda o divorciada, sin haberse casado, convivan bajo un mismo techo cual si fueran un matrimonio, ante las leyes peruanas, NO tienen la condición de Convivientes, concubinos, Unión Libre, o Unión de Hecho, por tanto, en caso de muerte de uno de ellos NO PODRA RECLAMAR los derechos hereditarios, pedir pensión por viudez,  repartición de los bienes adquiridos dentro de la relación convivencial.

¿En que casos se requiere la Declaración de Unión de Hecho?

En caso de muerte de uno de ellos, para reclamar los derechos hereditarios, pedir pensión por viudez,  repartición de los bienes adquiridos dentro de la relación convivencial, previamente, es aconsejable contar con el asesoramiento de Abogado, deberá pedir o demandar su Reconocimiento de Unión de Hecho.

¿Se puede solicitar unión estable siendo casada?

Puedes solicitarla, pero te será denegada, en tanto no esté inscrito tu divorcio.

¿Se puede ser pareja de hecho estando casada con otra persona’

Si, pero en tanto se encuentre casado, no genera ningún derecho

¿Ante que juzgado se solicita reconocer vida marital de hecho?

El proceso judicial será interpuesto ante el Juez Civil y a falta de él ante el Juzgado Mixto.

¿Cuando estoy juntado en unión de hecho o libre y estoy afiliado al seguro social y si en caso que muera mi pareja yo pierdo la filiación del seguro?

No,  siempre que tu Unión de Hecho haya sido declarada Notarial o judicialmente y presentada al empleador.

Presenté acta de defunción al juez, pero el Ministerio Público pide que la expida y entregue el registro civil?

Es parte de sus atribuciones lo solicitado, ante la tendencia a presentar documentos falsificados, le asiste verificar la veracidad de la fuente de la cual procede.

¿Afecta la unión de dos personas el nacimiento de una nueva hija con la ex pareja?

Sin duda, tanto que motiva vuestra consulta.

Interesa saber las circunstancias del embarazo como la solidez de la actual y futura de la unión de hecho de la cual formas parte y esencialmente la del bebé.  

¿Con qué documento acredito la Unión de Hecho?

Con diversos documentos que valorados todos en conjunto acrediten que has vivido en convivencia mas de dos años: como el DNI con domicilio común, partidas o actas de nacimiento o bautizo de hijos, certificados o constancias de estudios,  contrato de compra de bienes muebles o inmuebles, cuentas de ahorros, denuncias, fotografías, filmaciones, etc.

Me separé de mi conviviente y no quiere reconocer mis derechos a los bienes que adquirimos juntos

Puedes comenzar poniendo denuncia policial por violencia patrimonial e iniciando proceso judicial de reconocimiento de Unión de Hecho.

¿La pareja en unión libre  o unión de Hecho  puede denunciar por abandono de hogar?

Si, aun cuando no cuenten con el Acta Notarial o sentencia que les hubiera reconocido su Unión de Hecho.

Pueden igualmente demandar Filiación Extramatrimonial, Alimentos y Violencia Familiar (física , psicológica o patrimonial),

Si consideras,  puedes llamarnos o escribirnos para reservar cita.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

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23 de Abril del 2019

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PACIENTES y SUS DERECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN PERU

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

El jueves 13 de agosto del 2013, DIA NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE, fue publicado en las separatas de las normas legales el Decreto Supremo N° 17-2015/MINSA, 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, formando parte de los reglamentos de la Ley General de Salud Ley N° 26842 promulgada el 15 de julio de 1997, esto es, 18 años atrás.

Bastante joven tuve el privilegio de contar con formación profesional en salud y brindar mis servicios en Pueblo Nuevo de Maray, paradisiaco bello rincón de gente generosa asentados en la ceja de sierra de Morropón, Piura; entre la infinidad de anécdotas, recuerdo un grupo de campesinos provistos de ponchos y sus habituales machetes, bordeando las 5 de la mañana, en una improvisada camilla desde unas tres horas antes habían iniciado el traslado a pie hasta el Centro de Salud de Morropón, ubicado hora y media mas adelante, a su agónico anciano familiar, en una improvisada camilla de palos; le ha dado el “garrotazo” (neumonía) dijeron, en su paso presuroso; el establecimiento a mi cargo no contaba con Médico ni oxígeno por lo que urgía de una movilidad que presta lo lleve hacia el indicado establecimiento de salud, uno de los familiares sentenció con naturalidad, “no me hacen caso, yo les he dicho que, por las puras lo bajamos, porque no tenemos ya plata para comprar la medicina que nos pidan y que en vez de eso gastemos en el cajón.”

Historias dolorosas como la que me impactó desde entonces, de diverso tipo y grado hay a diario y no solo es privilegio de los confines apartados de nuestra patria sino en la ciudad capital conforme cada tanto expone la prensa, siempre ha sido y es tarea permanente de gobernantes dotar de establecimientos médicos y de salud con equipamiento suficiente para prevenir, atender las emergencias, recuperar y rehabilitar a nuestros conciudadanos.

Las limitantes económicas como la expuesta arriba, afortunadamente, para bien de las mayorías, no ha sido soslayada por los diversos gobiernos de turno, al crear en el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) el 2001 el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) resultado de la fusión previa en una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, de los programas subsidiados de salud creados en 1997 Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional y en 1998 el denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años hasta que el 29 de enero del 2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, la misma que crea el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, siendo posteriormente calificado como Organismos Público Ejecutor mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, cuya cobertura se ha ampliado a toda persona que se inscriba en los establecimientos públicos de salud cercano a su domicilio que no cuente con otros tipos de seguros de salud (hoy llamadas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)).

Actualmente el SIS brinda una amplia cobertura de la mayoría de enfermedades de alrededor del 70% de la población que acude a los establecimientos de salud del MINSA.

El derecho a la salud es parte de los derechos universales que le asiste a toda persona humana.

El derecho a la salud reviste en contraparte los deberes que corresponde a los PACIENTES, llamados en nuestra legislación nacional USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud pone relevancia recordar los derechos y deberes de los médicos y profesionales de la salud como del personal de los establecimientos de salud.

Usuarios como el personal de los establecimientos de salud tienen la necesidad de recordar la igual protección de los derechos constitucionales que les asiste como personas humanas : a ser respetados en su dignidad humana y con ello al recíproco trato respetuoso.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica a la vez obligaciones y deberes para los hospitales, clínicas, policlínicos y consultorios médicos y paramédicos públicos como privados, que ahora reciben la denominación de IPRESS (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) y UGIPRESS (UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) respectivamente y muy especialmente, para los titulares y gestores de dichas entidades como a los médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo que en ellos laboran cuyas actuaciones obligan al monitoreo y cercana supervisión de los JEFES INMEDIATOS como permanentemente por el personal que ha asignado SUSALUD (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) que, como parte de su normativa aplicable en su REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES prevé para infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves, sanciones a los establecimientos de salud que previo procedimiento administrativo sancionador van desde amonestaciones, cierre temporal parcial o total como definitivo, aparejados de gravosas multas impuestas a los establecimientos que van desde 100, 300 a 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria UIT para el año 2015 es de S/. 3,850.00) susceptibles de aplicar a partir del 1 de agosto del 2015, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran coexistir e involucrar al personal que resulte comprendido en la infracción que se establezca, todo lo cual implica, la urgente revisión y adecuación de documentos normativos internos, procedimientos de las IPRESS y UGIPRESS como las conductas del personal a su cargo.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica para el Poder Ejecutivo el incremento de los presupuestos que anualmente asigna a las IPRESS y UGIPRESS a su cargo, como lo propio por parte de los dueños y accionistas de los establecimientos de salud privados.

Resultaría injusto e incongruente con los fines que persigue la Ley General de Salud y sus Reglamentos como el que hoy nos ocupa, que el Poder Ejecutivo a través de las multas que impusiera SUSALUD termine embargando los escasos presupuestos asignados a las IPRES y UGIPRES, resultando recomendable la revisión de la graduación de las sanciones pecuniarias; como injusto y oportuno resultaría que el usuario afectado sea indemnizado inoportunamente o con montos diminutos.

A continuación enunciamos los derechos materia de regulación en el Reglamento, cuya lectura integral recomendamos a usuarios, gestores, jefes inmediatos, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo de los establecimeintos de salud.
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas

 

 

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho a la Salud

25 de Marzo del 2019

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DECRETO SUPREMO Nº 027-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 123 de la precitada ley, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;
Que, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del Estado garantiza;
Que, la Primera Disposición Final de la precitada Ley, dispuso que el Poder Ejecutivo Reglamente dicha Ley;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consta de tres (3) Capítulos, treinta (30) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Salud.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 031-2014-SA
1. Modifíquese el Anexo I A: Infracciones Leves aplicables a IAFAS del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“47. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
2. Modifíquese el Anexo II: Infracciones Leves Aplicables a UGIPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“9. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
3. Modifíquese el Anexo III A: Infracciones de Carácter General: Infracciones Leves, del Anexo III Infracciones Aplicables a las IPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose los siguientes numerales:
“39. No exhibir la cartera de servicios, listado de médicos, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente.
40. No permitir u obstaculizar el desarrollo de la segunda opinión médica, incluyendo la restricción al acceso a la historia clínica del médico consultor, previa autorización firmada por el paciente.
41. No contar con protocolos de seguridad personal, o no implementarlos o no evaluarlos de conformidad a la normativa vigente.
42. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así como, al acceso a la información y consentimiento informado.
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas.
Artículo 2.- Definiciones
Son de aplicación al presente reglamento las definiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1158, así como de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, las previstas en el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2006-SA y sus modificatorias; y las contenidas en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27604 que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2002-SA.
Adicionalmente, son de aplicación al presente Reglamento las definiciones y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, a las cuales se adicionan las siguientes:
Diálogo intercultural: Proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción de dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas y opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales a través de relaciones simétricas y de reciprocidad.
Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de los servicios, así como adaptarlos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
Artículo 3.- Lista de Acrónimos
El presente Reglamento contiene los siguientes acrónimos:
a. IAFAS : Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
b. IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
c. MINSA : Ministerio de Salud.
d. SIS : Seguro Integral de Salud.
e. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud
f. UGIPRESS : Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional a las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas, y en lo que corresponda para las IAFAS públicas, privadas y mixtas, así como a los trabajadores de éstas.
Artículo 5.- Representación de la persona usuaria de los servicios de salud
El ejercicio de los derechos estipulados en el presente reglamento corresponde a toda persona usuaria de los servicios de salud.
En caso que el titular del derecho delegue su representación o no se encuentre en capacidad de poder manifestar su voluntad, estos derechos podrán ser ejercidos por su representante, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. La representación se ejerce conforme a lo siguiente:
a. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio podrá delegar su representación a cualquier persona capaz, a través de una carta poder con firma certificada por fedatario institucional o notario o juez de paz, en forma anticipada a la situación que le impida manifestar su voluntad.
b. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no pueda expresar su voluntad, su representación será ejercida, conforme los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en la norma civil.
c. Cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absoluta o relativamente incapaz para manifestar su voluntad, será representada por aquellos que ejerzan la curatela, conforme lo establece el Código Civil. Así también los menores de edad serán representados por quienes ejerzan la patria potestad y tutela.
d. Cuando la persona usuaria sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, conforme a lo establecido en el Código Civil, no requerirá representación.
Ante la ausencia de las personas que ejercen la representación de los incapaces absolutos o relativos, el médico tratante dejará constancia de tal hecho en la Historia Clínica de la persona usuaria y el representante legal de la IPRESS dispondrá las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de dichas personas, debiendo comunicar el hecho al Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho.
Es nula toda representación de la persona usuaria en los servicios de salud que se hubiera realizado sin la observancia debida de lo estipulado en el presente artículo.
La IPRESS debe brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a. del presente artículo, debiéndose insertar copia del documento de representación en la historia clínica del paciente.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla en cualquier IPRESS pública, privada o mixta, en base a la capacidad resolutiva necesaria para tal fin.
La emergencia es determinada únicamente por el profesional médico, y excepcionalmente en ausencia de éste en el primer nivel de atención, podrá ser determinada por el personal asistencial de la IPRESS. Si ésta no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel.
La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.
Culminada la atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá solicitarlo a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Para el caso de las personas comprendidas en los grupos poblacionales vulnerables, los gastos de atención de la situación de emergencia serán asumidos por el Seguro Integral de Salud (SIS) bajo el Régimen Subsidiado, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la persona no se encuentre afiliada pero califique para acceder a dicha cobertura, la IPRESS que brinde la atención de emergencia deberá solicitar su afiliación al SIS de acuerdo a la normativa vigente.
Para el caso de las personas que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y no pertenezca a un grupo poblacional vulnerable, la IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma, de acuerdo a sus procedimientos institucionales.
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Toda persona en el ejercicio del derecho a su bienestar en salud puede elegir libremente al médico o a la IPRESS que le brinde la atención, según los lineamientos de gestión de las IAFAS. Quedan exceptuados los casos de emergencia.
Asimismo, la persona tiene derecho a no ser inducido u obligado a acudir por una determinada atención a otra IPRESS, con excepción de las limitaciones propias establecidas en la cobertura contratada, de ser el caso.
Para el ejercicio de este derecho, la IAFAS debe informar por medios idóneos, a sus asegurados las condiciones del plan de salud, incluyendo de ser el caso, la utilización del modelo de adscripción para su atención en una red prestacional, en cuyo caso la elección a la que se refiere el presente artículo deberá entenderse sólo respecto al médico tratante.
La IPRESS debe comunicar por medios idóneos a la persona usuaria, la disponibilidad, los horarios de atención previstos, y demás condiciones de acceso al servicio solicitado entre los que se encuentra la capacidad operativa. La persona usuaria debe sujetarse a las condiciones previstas para el acceso al servicio solicitado.
La IPRESS debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios, de forma actualizada y permanente.
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
La IPRESS está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. El acto médico se rige por la normativa dictada por el Ministerio de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos Internacionales ratificados por el Gobierno Peruano.
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Toda persona, bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o con cargo a sus propios recursos, tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la IPRESS ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante quien dejará constancia de la solicitud en la historia clínica del paciente. El médico consultor tiene acceso a la historia clínica, sin poder modificarla, debiendo exhibir para ello la autorización firmada por el paciente.
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.
La IAFAS debe garantizar el acceso de acuerdo a las condiciones de cobertura con el afiliado, su sostenibilidad financiera, lineamientos de gestión presupuestal y la normatividad vigente.
La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.
Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.
SUB CAPÍTULO II
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Toda persona tiene derecho a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en calidad de persona usuaria de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, sin ser discriminada por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, o discapacidad.
Para tal efecto las IAFAS e IPRESS deben difundir por medios idóneos y de forma permanente la lista de derechos de las personas usuarias que forman parte del presente Reglamento en calidad de Anexo. Los medios utilizados pueden ser físicos y virtuales, como afiches, boletines, medios de información y comunicación alternativa, entre otros, que permitan su comprensión, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren, debiendo exhibirse en un lugar visible y de fácil acceso al público, como en las áreas de ingreso y salida, salas de espera y así también usar todos aquellos medios disponibles para dicho fin.
Las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS garantizan la difusión permanente del listado de derechos contenido en el Anexo del presente reglamento, sin perjuicio de su difusión, a través de sus páginas institucionales.
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos. Esta información estará consignada en la Historia Clínica a cargo del médico, así como en la Nota de los profesionales de la salud, según corresponda, en estricta observancia de la norma técnica de Historia Clínica dictada por el Ministerio de Salud.
La IPRESS debe garantizar que todo el personal asistencial y administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado.
La persona usuaria podrá solicitar a la IPRESS el nombre de los responsables a que se refiere el presente artículo, mediante comunicación escrita. La IPRESS atenderá por escrito esta solicitud en un plazo máximo de dos (2) días útiles de recibida la solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, si la solicitud es formulada verbalmente, el personal de la IPRESS podrá dar respuesta de la misma forma y de manera inmediata, de ser el caso.
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria.
La IPRESS debe disponer los medios y procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias antes de llevarse a cabo la atención de salud, con excepción de las atenciones de emergencia.
La IAFAS debe garantizar que la persona usuaria sea informada de la cobertura de su póliza o plan de salud, a través de medios y procedimientos idóneos.
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Toda persona tiene derecho a recibir información completa sobre las razones que justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará.
La persona usuaria tiene derecho a no ser trasladada sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable de la IPRESS.
La persona usuaria o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá solicitar su traslado a otra IPRESS, de acuerdo a las condiciones de su cobertura, siempre que: exprese su voluntad por escrito, su estado de salud lo permita y su situación de salud, determinada por el médico, así lo requiera.
La IPRESS debe garantizar la seguridad de la persona usuaria durante el traslado, sin perjuicio de su derecho de solicitar a la IAFAS el reembolso por los gastos incurridos, siempre que forme parte de la cobertura prestacional a que la persona usuaria tiene derecho en su IAFAS.
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a acceder en forma precisa y oportuna a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas que rigen las actividades de la IPRESS vinculadas a su atención.
Para ello la IPRESS implementa permanentemente medios de difusión (físicos y/o virtuales) accesibles a las personas usuarias, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren.
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a recibir del médico tratante y, en términos comprensibles, información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren.
Asimismo, tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.
En caso que la persona se niegue, voluntariamente, a recibir dicha información, el médico tratante dejará constancia del hecho en la historia clínica del paciente, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá decidir su retiro voluntario del servicio o de la IPRESS; para tal efecto, deberá expresar al médico tratante por escrito esta decisión, dejando constancia que la misma se ejerce voluntariamente, sin presión alguna y que ha sido informado de los riesgos que asume por tal decisión, consignándose expresamente los mismos y, entregándole una copia de esa información con cargo de recepción. Asimismo, debe consignarse en la historia clínica haber recibido la información, que será firmada por el paciente o su representante y el médico tratante, eximiendo de responsabilidad a este último y a la IPRESS. También podrá solicitar copia de la epicrisis de forma gratuita y de su historia clínica a su costo.
La decisión de retiro voluntario de la IPRESS no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o cuando éste ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento, con la participación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que los que no gozan de autonomía plena requieren protección.
La negativa a recibir o continuar el tratamiento no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o esta decisión ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Toda persona tiene derecho a ser informada por el investigador sobre la condición experimental de un producto o procedimiento en investigación, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos y las condiciones de la continuidad del tratamiento; debiendo el investigador dejar constancia por escrito en la historia clínica del paciente; y la firma del consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el literal c. del artículo 24 del presente Reglamento, en concordancia con la legislación especial sobre la materia y a la Declaración de Helsinki.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
SUB CAPÍTULO III
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Toda persona tiene derecho a ser atendida por personal de salud autorizado por la normatividad vigente, y con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo.
El personal profesional de la salud y administrativo de la IPRESS debe brindar una atención con buen trato y respeto a las personas usuarias de los servicios de salud, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Ninguna persona usuaria puede ser discriminada en el acceso a los servicios de salud, la atención o tratamiento por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole.
En caso el paciente haya autorizado, previa firma de consentimiento informado, la exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, el médico tratante debe garantizar el respeto a la privacidad y pudor del paciente.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento a que se refiere el párrafo precedente, será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos hayan sido científicamente comprobados, o cuya eficacia o mecanismos con reacciones adversas y efectos colaterales descritos le hayan sido advertidos oportunamente. Las IAFAS podrán financiar estos tipos de tratamientos de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 10 del presente reglamento.
Para tal efecto, previo al inicio del tratamiento, el personal profesional en salud autorizado a indicar el tratamiento y prescribir los medicamentos, debe informar al paciente las reacciones adversas, interacciones o efectos colaterales, conocidos a la fecha, que pudiere ocasionarle y las precauciones que se deben observar para su uso correcto y seguro, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Con respecto a la seguridad del paciente, la IPRESS debe garantizar que éste no sea expuesto a riesgos adicionales a los de su propia enfermedad, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la IPRESS disponer las medidas preventivas frente a eventos adversos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, la información es brindada a los representantes, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Toda persona tiene derecho a su seguridad, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas a la IPRESS desde el momento que accede al mismo, para lo cual la IPRESS deberá implementar protocolos de seguridad personal, cuyo cumplimiento será responsabilidad de su máxima autoridad administrativa.
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a autorizar que estén presentes en sus exámenes médicos o intervención quirúrgica, personas que no estén implicadas directamente en la atención médica. La participación deberá contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándolo en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y se observen las prácticas de bioseguridad, caso contrario se revoca dicha aprobación. El paciente asumirá los costos derivados de dicha participación.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado. En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Cualquier acción u omisión que contravenga el citado proceso será pasible de las acciones punibles contenidas en el Código Penal.
SUB CAPÍTULO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, por lo que de no cumplirse con estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud.
El médico tratante o el investigador, según corresponda, es el responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria.
La firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, ni a la IPRESS, frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias.
Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que evidencie el proceso de información y decisión, el cual forma parte de la historia clínica de la persona usuaria, siendo responsabilidad de la IPRESS su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deberán imprimir su huella digital en señal de conformidad.
El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma en que fue otorgado.
El consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones:
a. Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.
b. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes.
c. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica.
d. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki y el marco legal vigente sobre la materia.
e. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.
f. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública.
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante tiene derecho a solicitar copia completa de su historia clínica, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante asume los costos de reproducción que supone el pedido.
La información contenida en la historia clínica del paciente así como aquella relacionada a cualquier acto médico, tiene carácter reservado, salvo en los supuestos contemplados en la Ley General de Salud.
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
La IPRESS debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente, observando la estructura y registros a consignarse en la misma y otros documentos vinculados.
La información mínima de la historia clínica debe contener lo siguiente:
a. Identificación del paciente.
b. Registro de la atención de salud.
c. Información complementaria.
d. Formatos Especiales.
Adicionalmente, el contenido mínimo de variables según la especialidad médica, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica manuscrita o electrónica deben adecuarse a lo dispuesto en las normas técnicas y otras emitidas por el ente rector en salud.
CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 27.- De la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de velar por la aplicación del presente Reglamento en el marco de las competencias conferidas en la normativa vigente de la materia.
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas
Toda persona que se encuentre disconforme con la atención recibida, tiene derecho a ser escuchada y recibir respuesta, debiendo presentar su reclamo ante las instancias competentes de la IAFAS o IPRESS, sin perjuicio de acudir en vía de queja ante SUSALUD para el inicio del procedimiento administrativo que pudiere corresponder, según la normatividad que sobre la materia emite SUSALUD.
La IPRESS debe exhibir de manera visible y de fácil acceso, el procedimiento para la atención de reclamos de las personas usuarias así como la posibilidad de acudir a SUSALUD en instancia de queja.
Artículo 29.- Solución de controversias
En caso de surgir controversias entre las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS y la persona usuaria de los servicios de salud, aquellas deberán generar mecanismos ágiles y oportunos de solución mediante el trato directo o el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional.
En caso las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo sobre el centro competente, se entenderá como centro competente el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.
SUSALUD propiciará mecanismos de acceso a la justicia a las personas que consideren haber sido vulnerados en sus derechos, sin que la capacidad económica de las personas sea un limitante para garantizar su acceso oportuno e independiente.
Artículo 30.- Responsabilidad frente a la vulneración de derechos
Las infracciones referidas a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y las sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, están establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA.
Para efecto de la restitución de los derechos de las personas usuarias y con el objeto de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado, SUSALUD, de acuerdo a las facultades conferidas, deberá disponer las medidas de seguridad que correspondan; así como, las medidas provisionales y correctivas, en el marco del procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar.
Para las pretensiones indemnizatorias la persona usuaria de los servicios de salud podrá acudir a la vía judicial o medios alternativos de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los profesionales de la salud dicha responsabilidad se rige por las normas laborales administrativas, civiles, penales, Código de Ética y Deontología y demás normas estatutarias de los colegios profesionales correspondientes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Registro de Sanciones de los Profesionales de la Salud
El Decano Nacional del Colegio Profesional correspondiente, comunicará a SUSALUD, por medio escrito, las sanciones impuestas por los respectivos Colegios Profesionales a sus agremiados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haber quedado firme la resolución que impuso la sanción.
SUSALUD, implementará el Registro respectivo, donde publicará la información remitida, a través de su portal institucional, conforme a la normativa vigente de la materia.
Segunda.- Enfoque Intercultural
Las disposiciones del presente Reglamento que establezcan la aplicación de técnicas para el uso de la metodología de Diálogo Intercultural con las personas usuarias de los servicios de salud en pueblos vulnerables, deberán ser implementadas por todas las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas de manera progresiva en observancia a las normas pertinentes de la materia y de todas aquellas que emita el Ministerio de Salud para tal efecto, así como las complementarias y conexas.
Tercera.- Reglamento de Reclamos y Quejas
A propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobará el Reglamento de Quejas y Reclamos que contendrá el procedimiento para la atención de las Quejas y Reclamos de las personas usuarias de los servicios de Salud en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : DERECHO A LA SALUD

25 de Marzo del 2019

¿COMO INSCRIBO A MI HIJO CUYO PADRE BIOLOGICO, NO ES MI CONYUGE?

Por RICARDO AYALA GORDILLO

Este drama era cotidiano hasta fines del año 2018 y lo afrontaban innumerables recién nacidos y sus progenitores.

De acuerdo al Código Civil, los hijos nacidos dentro del matrimonio como los nacidos dentro de los 300 dias posteriores al divorcio, se presumían hijos del cónyuge.

Los casados separados que deciden rehacer su vida con nueva pareja y procrear hijos dentro de esta nueva relación, se enteraban del tremendo impedimento legal al estar ante el Registrador de Reniec o de las Oficinas de Registros Civiles de las Municipalidades, puesto que les indicaban que en tanto sea la mujer casada inscribirán al menor con el apellido del cónyuge.

¿Que solían hacer las madres con su bebé en brazos y el padre biológico ahí presente, ante esta noticia que les da el Registrador?

Optaban por no inscribir al bebé.

Lo que ocurría a partir de esta noticia entre ambos padres no siempre era tomado de la mejor forma; mucho dependía de la adecuada comunicación, respeto, madurez y co-responsabilidad de ambos progenitores para admitir y superar ambos esta realidad.

¿Que debían hacer ? Que el aún cónyuge inicie un proceso judicial de impugnación de paternidad contra su esposa y el padre biológico, lo cual requerían constosa  prueba de ADN y durar entre año y medio a mucho mas hasta que la sentencia sea finalmente consentida y quede firme y se oficie a la RENIEC se expida nueva Acta de Nacido Vivo con el apellido del padre biológico.

A partir del sábado 25 de agosto, en que fue publicado el D.Leg. N° 1377 publicado en el diario El Peruano que modifica varios artículos del Código Civil, los padres biológicos de un niño, niña o adolescente nacido fuera del matrimonio pueden reconocer su paternidad pese a que la madre siga casada con otra persona, lo cual permite que el recién nacido sea inscrito y cuente con su Acta de Nacido Vivo y DNI, con el cual tiene una identidad, que le será reclamada de inmediato para asegurar las atenciones de salud que recibirá por  ESSALUD, el SIS o alguna EPS.

Para que la felicidad redondee en el nuvo hogar, si el matrimonio no prosperó y se separaron rehaciendo sus respectivas vidas, lo aconsejable es que los aún casados, preferiblemente de mutuo acuerdo, en los mejores términos posibles, inicien de inmediato la Separación de cuerpos y Divorcio ulterior cuya sentencia  lo inscriban en RENIEC y Registros Públicos.

Este Decreto Legislativo  permite también a los peruanos de 14, 15, 16 o 17 años, que se convierten en padres o madres, pueden llevar a cabo una serie de actos legales; entre ellos, solicitar por su cuenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) e inscribir el nacimiento reconocer a sus hijos e hijas a fin de evitar la indocumentación tanto de los jóvenes progenitores como de sus hijos e hijas.(Fuente Diario La República 28 de agosto 2018)

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia

23 de Marzo del 2019

¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, ACTA DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, CONSTANCIA DE NACIMIENTO Y DNI? (Reedición)

Transcurridos los 9 meses del embarazo, algunas madres gestantes  llegado el momento del parto aún no decidieron  que nombre poner a sus hijos o hijas o no se pusieron de acuerdo con el padre en el nombre del hijo o hija; algunas otras, del padre sólo saben  su apelativo o sólo un nombre; otras no saben quien es el padre.

Estas realidades salen a flote cuando  llegado el momento del parto, el médico o la obstetriz le piden el nombre del hijo o hija y el nombre del padre.

Muchas veces en el Certificado de Nacimiento esos datos quedan en blanco y por causa de ello y de una elemental orientación, se dan casos de  niños que quedan sin ser inscritos por varios años, en tanto, la vida y destino de algunos de esos niños o niñas  se vuelve incierta.

A psar de la trascendental función que cumple el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), –organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad (DNI), registrando hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil-; aún existen niños y niñas, como adolescentes como adultas indocumentadas que, por esa razón, terminan siendo traficados, o siendo parte de inimaginables situaciones como es el caso de abuelos que creyendo obrar bien intencionados pretenden reconocer al nieto como progenitores; o aquellos en que las gestantes madres  contraen nuevo compromiso que reconozca o le asignen el apellido  de éste al hijo a sabiendas que el padre biológico es otro.

Si el asunto no funciona, con el tiempo, suelen presentarse situaciones diversas que necesariamente terminarán en procesos judiciales de Exclusión de Nombre, Usurpación de Nombre, Nulidad de Reconocimiento, Filiación Extramatrimonial, etc., que demandarán tiempo y dinero al demandante, con las implicancias familiares, relacionadas a pensiones de sobrevivientes, pensiones alimenticias, herencias, entre otros.

Hoy,  la Ley faculta a la madre soltera inscribir a su niño con el apellido del padre o bien sólo con los apellidos de la madre.

En la medida de lo posible, promovamos medidas para que el niño conozca la identidad del padre.

De otro lado, alguna personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.

Te dan un plazo breve y no siempre tienes tiempo o dinero suficiente para realizar los procedimientos notariales o judiciales para arreglar tus papeles.

Nada pierdes dando una mirada, ahora,  a tu Partida o Acta de Nacimiento  y de tus seres queridos.

A continuación algunas pautas generales y previas relacionadas al título como  a las notas precedentes, que ampliaremos en las siguientes entregas.

El nacimiento de un niño(a) da lugar a la emisión secuencial de diversos documentos.

Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar.

El siguiente es, en Perú,  el orden según su emisión :

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO (ANTES CERTIFICADO DE NACIMIENTO): Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetríz que atendió o constató el parto.

En las localidades apartadas donde no existen alguno de dichos profesionales el nacimiento es certificado por el profesional o técnico de salud que atendió o constató el parto.

El llenado de los datos es inmediatamente a la atención o constatación del parto.

Es entregado a los padres, sus representantes legales o al funcionario público designado formalmente.

Es el primer documento público que prueba, en esencia, el nacimiento del(a)  recién nacido(a).

Su emisión es coetánea al procedimiento administrativo de verificación de identidad a cargo ahora de la RENIEC (antes se encontraba a cargo del personal Criminalística de la Policía Nacional del Perú) tomando  las huellas digitales de todos los dedos de la mano de la madre y de la huella pelmatoscópica (huella plantar) del(a) recién nacido (a).

El certificado de Nacido Vivo prueba:

El lugar del nacimiento

La hora, el día, mes y año del nacimiento.

El sexo del(a) recién nacido(a)

La identidad de la madre : Nombre, Edad, Estado Civil

El nombre del(a) recién nacido(a)

No está, pero debería contener también la identidad del padre

La huella pelmatoscópica (huella plantar del pie derecho del recién nacido)

Fotografía del recién nacido.

Sello, nombre, colegiatura y nombre del profesional que atendió el parto

Sello del establecimiento donde ocurrió el nacimiento

Es un formato aprobado oficialmente por la RENIEC y el INEI

ACTA DE NACIDO VIVO (ANTES  LLAMADA PARTIDA DE NACIMIENTO):  Documento Público emitido por el Registrador autorizado de las Oficinas de RENIEC o del Registro Civil de las Municipalidades Distritales del país donde se produjo el nacimiento.

El Registrador autorizado, lo expedirá teniendo a la vista el Certificado de Nacido Vivo y los documento de identidad (DMI) de los padres o del progenitor que lo inscribe.

El formato que lo contiene es una hoja de papel especial con membrete de la RENIEC, llenado en una sola carilla. Al dorso suele ir sello y firma certificando su originalidad.  Además de los datos que contiene el Certificado de Nacimiento, lleva una numeración correlativa y espacio para la firma de los funcionarios y progenitores que intervienen.

La Partida de Nacimiento contiene:

El lugar del nacimiento

La hora, el día, mes y año del nacimiento.

El sexo del(a) recién nacido(a)

La identidad de ambos padres : Nombre, Edad, Estado Civil

El nombre del(a) recién nacido(a)

Domicilio de los padres

Nombre y domicilio de los testigos

El Código Civil establece que éste es el primer documento público con el cual la persona acredita su nombre y a partir de él, su derecho y pertenencia a una familia, a recibir alimentos, sus expectativa a heredar,  a la seguridad social, educación, etc.

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

RENIEC ya ha incorporado en su Base de Datos las Actas de Nacido Vivo,  Actas de Matrimonio y Actas de Defunción que poseen la mayoría de las Oficinas de Registros Civiles (ORECs) de los diversos Distritos de Lima y del Perú.

La gran ventaja de este proceso es que podrás obtener en tiempo récord el Acta que necesites desde cualquier Agencia de Reniec ubicada a lo largo del país.

DNI   :           Documento de Identidad Nacional emitido por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

Es una tarjeta de color azul para los adultos y de color amarillo con marrón claro para los niños(a), similar al tamaño de una tarjeta de crédito, de dimensiones: 8.54 cms. de ancho, por 5.4 cms. de alto en posición horizontal, y contiene la misma información que contiene el Acta de Nacimiento, fecha de caducidad del documento y fotografía de frente del titular con todos los elementos de seguridad destinados a evitar su falsificación.

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

Para una mayor cobertura del tema te sugiero visitar el portal de RENIEC en : http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm

CONSTANCIA DE NACIMIENTO  :     Documento Público emitido por el funcionario autorizado de los establecimientos de Salud a solicitud de parte interesada.

Es un formato preelaborado y aprobado formalmente por el establecimiento de salud donde ocurrió el nacimiento.

Por lo general, es emitido por el Jefe de la Oficina de Estadística e Informática.

Contiene los mismos datos que el Certificado de Nacido Vivo los que son extractados de la Base de Datos del establecimiento de salud.

En  los últimos tiempos, dado el incremento  del uso de documentos falsificados, su demanda se ha visto incrementada por diversas Embajadas, que lo requieren a los  interesados en obtener visa,  como parte de los mecanismos de verificación y de control cruzando dicha información con la que contienen los DNI o Partida de Nacimiento que ellos han presentado.

CONSULTAS RELACIONADAS:

No me dieron carta de alumbramiento en la clínica

Reclámala, es obligación del médico u obstetriz de la clínica que atendió o constató el parto expedir el CERTIFICADO DE NACIMIENTO (hoy llamada de CERTIFICADO  DE NACIDO VIVO) documento necesario para que en RENIEC te expidan el ACTA de NACIDO VIVO y con éste se tramite su DNI.

¿Como conseguir el documento de alumbramiento si se perdió y no se registró el niño?

En caso de pérdida del CERTIFICADO  DE NACIDO VIVO, puedes solicitar al establecimiento de salud donde nació el bebé te expidan una CONSTANCIA DE NACIMIENTO, el cual es válidamente aceptado por  RENIEC para que te expidan el ACTA de NACIDO VIVO.

¿Que pasa si el padre reconoce a su bebe pero no lleva su apellido?

La pregunta que resulta es ¿De qué modo has realizado el reconocimiento?

Ello en razón a que el reconocimiento se realiza, voluntariamente, al apersonarte a firmar el ACTA DE NACIDO VIVO ante la Oficina de la RENIEC o la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad donde ocurrió el nacimiento.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Derecho de Familia – Derecho al Nombre

21 de Marzo del 2019

RECONOCIMIENTO DEL(A) HIJO (A), CONSTANCIA DE NACIMIENTO

Por Ricardo P. Ayala Gordillo

¿Qué plazo tiene un papá parar firmar el Acta de Nacido Vivo, reconociendo el(a) hijo(a), en  Perú?

 

Inmediatamente ocurrido el nacimiento, o tan pronto tenga conocimiento del mismo o tan pronto asi lo decida, voluntariamente.

El trámite es inmediato y gratuito ante las Oficina de RENIEC en donde deberá acudir en compañía de la madre.

En el caso de los casados si bien no es obligatorio, es aconsejable que firmen ambos padres para efectos del posterior derecho a heredar que corresponde a los hijos.

 

¿Cómo puedo hacer para que mi hijo tenga mis apellidos ya que mi hermana la inscribió sin mi consentimiento?

Se trataría de un caso de suplantación de identidad por ende, denunciable en la vía penal.

Para que sea dejada sin efecto la ilegal Acta de Nacimiento (hoy llamada de Nacido Vivo) deberás interponer un juicio contra tu hermana pidiendo se declare la nulidad del Acta de Nacido Vivo, a cuyo término el juez oficiará a la RENIEC emita nueva Acta de Nacido Vivo.

¿Se puede registrar a un bebe sin la presencia del padre en Perú?

Si.  para efectos de inscribirlo en la RENIEC y  que el recién nacido cuente con Certificado o Acta de Nacido Vivo o DNI, no es imprescindible que previamente el padre firme el reconocimiento; con ello, el menor contará con la debida identidad y protección por parte del Estado, entre otros aspectos, con la cobertura inmediata del Seguro Integral de Salud (SIS).

Sin embargo,  el hecho que sea inscrito con el nombre del padre, no genera filiación con  el padre (por ende, él no está obligado a pasarle alimentos ni el hijo podrá  heredarlo) sino hasta no lo reconozca voluntariamente o por mandato judicial.

¿Es necesario que el padre firme el acta de nacimiento?

Si, conforme precisamos en la respuesta anterior, es aconsejable que el padre lo reconozca por ser derecho constitucional y legal del menor conocer la identidad de su progenitor como conocer a los familiares de los cuales desciende, tener derecho a que le brinden el afectos y las pensiones alimenticias y esencialmente, para que pueda acceder a heredarlo.

 ¿Es lo mismo Acta de Nacimiento que Certificado de Nacimiento?

No, el Acta de Nacimiento llamada hoy Acta de Nacido Vivo lo expide RENIEC.

En tanto, el Certificado de Nacido Vivo (asi también se llama ahora) lo expide el profesional de salud del establecimiento de salud que  atendió o constató el parto.

 

 Diferencia entre Partida y Acta de Matrimonio

Es lo mismo, solo cambia el nombre de Partida (antes se llamaba asi) a Acta (asi se llama hoy).

 

¿Dónde puedo sacar una Constancia de Nacimiento?

En el establecimiento de salud donde nació el menor; ello aun cuando, recientemente el Ministerio de Salud ha dispuesto su eliminación como parte de los procedimientos previstos en el TUPA del MINSA.

 

¿Mi papá puede reconocer a mi hijo?

No, si lo hace sería delito contra la Familia y en caso de ser detectada el Acta  de Nacido Vivo deberá ser anulada.

¿Te vuelven a dar la partida de nacimiento original?  

No, pero si una copia certificada, a partir de aquel original que posee la entidad.

 

Filiación extramatrimonial y alimentos       

La madre que conoce la identidad del padre quien se niegue a reconocer al hijo de ambos como a pasarle alimentos, puede demandarlo ante el Juez de Paz Letrado, gratuitamente, por “Filiación extramatrimonial y alimentos”.

 

Se asume que es un proceso rápido por el cual, el demandado tiene solo dos opciones, o contesta la demanda reconociéndolo y pasando alimentos al menor; o, en caso de negarse, cumplir con el pago para que ante el Juez (al demandado, demandante y al menor)  se les extraiga la muestra que será sometida a la prueba de ADN.

Si el resultado es positivo el Juez lo declara padre y oficia a la RENIEC expida nueva Acta de Nacido Vivo.

Si el resultado es negativo, le Ley faculta al demandado accionar contra la demandante; por el perjuicio causado.

 

Gracias por escribir y difundir el blog.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                  ABOGADO

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Categoría : PAD/Derecho civil y penal

23 de Marzo del 2019

CONTESTACION DE DEMANDA DEL EX CONVIVIENTE QUE TIENE A MIS HIJAS?

Por Ricardo Ayala Gordillo

Aunque no precisas, se asume que el demandante es el padre de las hijas en común.

Tratándose de un proceso judicial, es necesario que la demanda sea estudiada y contestada por el abogado que elijas contratar.

La contestación debe ser realizada dentro del plazo concedido por el Juez, caso contrario, serás considerada rebelde y en tal condición, se seguirá el proceso bajo la presunción que se tiene por cierto lo planteado y afirmado por el demandante.

La condición de rebelde no te impide que ingreses al proceso en la etapa en que se encuentre y desvirtúes documentadamente cuanto corresponda .

De acuerdo al Artículo 442 del Código Procesal Civil, los siguientes son los REQUISITOS Y CONTENIDO que debe reunir la contestación de la demanda:

  1. Observar los requisitos previstos para la demanda, en lo que corresponda;

C.P.C. Art. 426

La demanda deberá contener:

  1. La designación del Juez ante quien se interpone;
  2. El nombre, datos de identidaddirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante, casilla electrónica del Abogado en el SINOE, celular y correo electrónico;
  3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo;
  4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda;
  5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide;
  6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en forma precisa, con orden y claridad;
  7. La fundamentación jurídica del petitorio;
  8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse;
  9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda;
  10. Los medios probatorios; y
  11. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos. El Secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto.

 3.2  ANEXOS DE LA DEMANDA ( Art. 425 C.P.C.)

A la demanda se le  acompañará:

  1. Copia legible del documento de identidad del demandante y, en su caso, del representante;
  2. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado;
  3. La prueba que acredite la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas;
  4. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienesadministrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea materia del conflicto de intereses y en el caso del procurador oficioso;
  5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. A este efecto acompañará por separado pliego cerrado de posiciones, de interrogatorios para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso; y
  6. Los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante.
  7. Arancel judicial por Ofrecimento de Prueba y por cédulas de notificación debidamente pagados en el Banco de la Nación
  8. Certificado de Habilidad del Abogado defensor
  9. Copia suficiente para las partes.
  1. La contestación deberá pronunciarse respecto de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden ser apreciados por el Juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados;

Asi, puedes admitir o reconocer hechos en común; como por ejemplo, respecto a que ambos son los padres de los hijos nacidos dentro de la convivencia.

Contradiciéndola documentadamente, ofreciendo y adjuntando la respectiva Acta de Nacimiento por ejemplo, si una de las hijas tiene por padre a otro varón.

  1. Reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuyen, o aceptar o negar, de igual manera, la recepción de documentos que se alega le fueron enviados.

4. Negar categóricamente la autenticidad de los documentos: por ejemplo: si pretende acreditar los gastos hechos, presentando los gastos efectuados a nombre de otras personas distintas a tus hijas o en simples notas de venta

El silencio puede ser apreciado por el Juez como reconocimiento o aceptación de recepción de los documentos

5. Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara;

  1. Ofrecer los medios probatorios que acreditan tu contestación de la demanda; y
  2. Incluir su firma o la de su representante o de su apoderado, y la del Abogado.

El Secretario respectivo certificará la huella digital del demandado analfabeto.

  1. Debe anexarse todos los documentos pertinentes (Art. 447º)

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

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Categoría : Derecho de Familia

25 de Marzo del 2019

REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

818163670

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

¿Cómo se otorga el Poder General?

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

¿Para qué sirve el Poder General?

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

Según sea la mejor elección del Administrado:

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

Debes saber que :

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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Categoría : Derecho Civil

25 de Marzo del 2019