PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO MAL ESTABLECIDO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO MAL ESTABLECIDO

Por la relevancia y recurrencia que pueda presentarse a quienes afrontan situaciones como la consultada, comienzo transcribiendo parcialmente el prólogo de la “Guía sobre la aplicación del Principio – Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos” elaborado por el Ministerio de Justicia, cuya lectura y permanente revisión es recomendable para los titulares y funcionarios de las Entidades públicas, las autoridades del PAD, las Secretarías Técnicas del PAD, los abogados, los funcionarios y servidores investigados por la Secretaría Técnica, los procesados, los representantes gremiales y todo ciudadano, que por internet pueden descargar en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Gu%C3%ADa-del-debido-proceso-MINJUS.pdf.

“…La Constitución Política de Perú, contempla los derechos fundamentales y configura los poderes e instituciones que rigen el Estado junto a sus competencias. Por ello, su cumplimiento es de vital importancia, no solo por la trascendencia de su contenido, sino porque este genera un primer mandato sobre autoridades y ciudadanos de respeto a las derechos de las personas.

Conjuntamente, existen instrumentos internacionales de derechos humanos que refuerzan el vigor normativo de estos derechos y amplían su eficacia.

Por ello, observar el cumplimiento del principio del debido proceso, entendido como el conjunto de garantías que permiten que las personas puedan tener un proceso regular y justo, se vuelve de imperiosa necesidad.

Más aún, porque este principio se expande al ámbito de los procedimientos administrativos del Estado como el principio del debido procedimiento. Esta cobertura se da porque los operadores del sistema constitucional y, en particular los jueces, van delineando verdaderas reglas jurídicas, vigentes para el ámbito administrativo que van construyendo sus propias pautas a partir de normas inferidas o deducidas de algunos artículos constitucionales de tipo amplio, como por ejemplo, las que regulan el debido proceso.

En ese contexto, con el nuevo marco legal que establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e Ministerio de Justicia adquiere mayores competencias con la finalidad de lograr una auténtica promoción y difusión de los derechos humanos, convirtiéndose en un defensor del Estado Constitucional de Derecho y la institucionalidad democrática. En particular, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico tiene entre sus funciones, brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público, así como sistematizar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con el fin de perfeccionar el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, la presente obra tiene como finalidad desarrollar los alcances del principio derecho del debido procedimiento en los procedimientos administrativos, así como un análisis del conjunto de derechos y garantías que lo conforman. Para ello, se ha recurrido además de la doctrina, a una selección de jurisprudencia relevante en la materia, de órganos jurisdiccionales supranacionales y nacionales como la Corte IDH y el TC.”

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), no puede por ello ser, un copiar y pegar de otro caso similar, y mucho menos el simple cumplimiento del pedido hecho a o por la máxima autoridad de la Entidad para que investiguen, procesen y “sancionen ejemplarmente” al presunto trabajador infractor, o permitir la impunidad ante el evidente abuso de su función que pudiera incurrir el Secretario Técnico del PAD, o el Organo Instructor o el Organo Sancionador del PAD o el Titular de la Entidad.

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), implica capacitarse, conocer y adecuar la conducta conforme dictan los diversos Principios que regulan el PAD contenidos en el Art. 230 de la Ley 27444, de los cuales, el debido procedimiento es solo uno de ellos, bastando ver, solo el índice de la Guía para apreciar si las autoridades del PAD están cumpliendo con aplicar este principio o no al aperturar el PAD:
“(….)
I.1. El principio-derecho del debido proceso
I.2. La aplicación del debido proceso en los procedimientos administrativos
(…)
El debido procedimiento administrativo
II.1. Delimitación conceptual
II.2. Garantías del debido procedimiento administrativo
II.2.1. Derecho a la notificación
II.2.2. Derecho de acceso al expediente
II.2.3. Derecho a la defensa
II.2.4. Derecho a ofrecer y producir pruebas
II.2.5. Derecho a una decisión motivada y fundada en derecho
II.2.6. Derecho a la presunción de licitud
II.2.7. Derecho al plazo razonable
II.2.8. Derecho a ser investigado por una autoridad competente
II.2.9. Derecho a ser investigado por una autoridad imparcial
II.2.10. Derecho a impugnar las decisiones administrativas
II.2.11. Ne bis in idem
II.2.12. Principio de publicidad de normas procedimentales
(…)

De ahí que, si bien el acto de Apertura del PAD es inimpugnable, ello no obsta que, de verificarse el trastocamiento o incumplimiento de alguno de los elementos descritos en el índice o se proceda con infracción de los artículos 3° al 6° de la indicada Ley, o se soslaye pronunciarse sobre la prescripción extintiva o con vulneración de los principios que regulan el PAD, prescindido de las formalidades y procedimientos establecidos en la Ley 30057, su Reglamento aprobado con D.S. 004-2914-JUS, o en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”, el procesado, puede denunciar por alguno de los vicios previstos en el Art. 10 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General o en vía de reconsideración o de apelación plantear la NULIDAD de los actuados.

De confirmarse la nulidad, la autoridad determinará las acciones conducentes a establecer responsabilidad de quienes dieron lugar a la nulidad, por negligencia o arbitrariedad.

REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver? 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 “Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

¿Cómo se otorga el Poder General?

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 ¿Para qué sirve el Poder General?

El Poder General faculta al representante:

A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
Indagar el estado del expediente
Coordinar con los funcionarios a cargo,
Obtener copias
Presentar escritos a nombre de su representado.    

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 Cuando el administrado pretenda:

Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
Interponer recursos impugnativo
Para el cobro de dinero.
Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

Según sea la mejor elección del Administrado:

Legalizando su firma ante el Notario Público;
Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

  

 

 Debes saber que :

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.     

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

Escríbenos a:

asesoriadefensa02@gmail.com

Citas a Teléfonos :

985 483 172 (RPM)

994 948 189 (RPC)
http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444

¿Cuánto tiempo debo esperar para que la municipalidad de respuesta a mi pedido?

¿Debo esperar el tiempo que me indican o hay una norma que señala un plazo obligatorio?

¿Qué hago si no me responden a tiempo?

¿Desde cuándo debo contar el plazo y hasta cuándo?

¿Qué son días hábiles?

¿Qué son dias calendarios?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Por qué me sancionan si yo emití mi informe dentro del plazo de 7 dias que dice el Juzgado? Ahora me dicen que ese plazo era no para mi sino para la entidad, yo que culpa tengo y que me abrirán proceso sancionador. Nunca nos dijeron nada.

¡¡¡Aquí toda la vida hemos atendido asi!!!.

Estas son algunas de las reiteradas preguntas y expresiones cotidianas que suele hacerse el ciudadano como los servidores o funcionarios públicos en ejercicio.

La respuesta a cada interrogante se encuentra en la Ley 27444 cuya parte pertinente relacionada a los plazos y términos transcribimos al final de este breve comentario

La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto Legislativo N° 1272, son de obligatorio conocimiento para los servidores y funcionarios públicos y de suma utilidad para los ciudadanos que acuden a realizar sus diversos trámites ante las diversas instituciones públicas como en las organizaciones y empresa privadas que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula cómo, quien y en que tiempo, deben resolver las actuaciones necesarias para dar respuesta sea denegando o atendiendo lo solicitado .

En la Ley 27444 se regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, los derechos y obligaciones y faltas que pueden incurrir quienes laboran para la administración pública como el administrado; desde el inicio, con la presentación de la solicitud hasta que concluya con lo resuelto en segunda instancia agotándose con ello finalmente la vía administrativa, quedando expedito el derecho del interesado acudir a la vía judicial respecto de cuanto no lo considere favorable.

En el caso de las entidades que cuentan con un procedimiento especial prevalece el establecido en dichas leyes y en lo no previsto en aquella es de aplicación supletoria lo regulado por Ley 27444.

La Ley 27444 está orientada a facilitar la atención al administrado con respeto eficiencia y eficacia, imponiendo sanciones administrativas al administrado o a los servidores si el proceder es arbitrario o abusivo si es contrario a lo establecido por Ley.

La prevalencia de la Ley a favor del ciudadano no faculta al administrado a faltar el respeto a los servidores y mucho menos a que se realicen declaraciones falsas o documentos falsos o se incumplan los requerimientos que la administración le realiza.

De ahí la importancia de recordar a administrados como a los funcionarios y servidores públicos la adecuación de sus funciones como la permanente revisión de los Principios de Derecho aplicables al Procedimiento Administrativo entre ellos:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico

Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

TALLER :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

Ponente :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”
Fechas y Horas :

Sábado 7 de Enero del 2017

De 9 am. a 1 pm. y de 2 pm. a 6 pm.

Lugar: : Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 – Lima

Duración : 12 horas académicas

Costo : S/. 300.00 por participante

Tarifa Corporativa : De 2 a 3 participantes S/. 270.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 250.00 soles por participante

DESTITUCION-PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO…… LUEGO ¿QUE? (2da edición)

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO A manera de cuestión previa del porque de la segunda reedición. Meses atrás la Página PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS del cual forma parte el presente artículo ha reflejado, como era previsible en razón de la coyuntura nacional, un muy significativo incremento de  consultantes y lectores del blog tanto administrados, servidores y funcionarios como quienes lo […]