ABUSO DE AUTORIDAD, ¿ SI ME DENUNCIAN POR HABER COMETIDO ABUSO DE AUTORIDAD, CÓMO LO EXPLICO?

 

Por Ricardo Ayala Gordillo

 

 

El mal trato y el abuso de autoridad son las quejas y denuncias que con mas frecuencia reportan las entidades públicas como las empresas que brindan servicios públicos;, como en el comentario cotidiano.

Cualquier persona puede denunciar el hecho que considere haber sufrido en su agravio; sin embargo, no todas las denuncias pueden ser amparadas finalmente; sobre todo, aquellas que son falsas o no tienen coherencia con la verdad o aún habiendo ocurrido, el denunciante no  aporta o no indica quien posee las pruebas necesarias.

En ese sentido, no cualquier persona puede cometer abuso de autoridad, sino únicamente el funcionario o servidor público.

El abuso de autoridad, tanto en el D.Leg 276 como  en la Ley 30057 Ley de Servicio Civil y en regímenes especiales, está considerada como una de las falta administrativas que previo PAD y de acuerdo a la gravedad, es pasible de ser sancionado administrativamente con amonestación escrita, suspensión o destitución, según fuera el caso.

El abuso de autoridad está también tipificado como delito en el Código Penal (donde al servidor público le da la condición de funcionario) siempre que concurran todos los elementos (resaltados en negrita) que conforman alguno  de los  dos tipos:

“Artículo 376.- Abuso de autoridad: El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.”

“Artículo 376-A.- Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios : El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política y/o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.” (*)

Es al denunciante ante la Secretaría Técnica del PAD y a éste – o al Fiscal en los casos  penales-, a quienes les corresponde acreditar la concurrencia de los elementos que constituyen abuso de autoridad.

En consecuencia, el servidor o funcionario denunciado, puede rebatir la acusación ofreciendo los medios probatorios suficientes con los cuales acredite y explique que él ha procedido con apego y  dentro del marco de las funciones o facultades que expresamente, por escrito, le fue conferido en el Reglamento de Funciones de la entidad o por las dadas a él por su superior jerárquico y que estas, por cierto, sean acordes a la Constitución y a la Ley; actuar fuera de ellas, arbitrariamente imponiendo su voluntad por encima de dichas facultades, para obtener un ventaja  para si o para un tercero y siempre que se cause un perjuicio al administrado, puede configurar Abuso de Autoridad.

 

Lima, 20 de mayo 2018

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

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REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

818163670

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

 

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

 

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

 

 

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Cómo se otorga el Poder General?

 

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

 

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

 

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 

¿Para qué sirve el Poder General?

 

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

 

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

 

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

 

 

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

 

Según sea la mejor elección del Administrado:

 

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

 

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

 

Debes saber que :

 

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 11 de marzo del 2018

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General


DENUNCIAS

por RICARDO AYALA GORDILLO

 

 

¿Como denunciar a un funcionario público?

La denuncia puede ser hecha verbalmente o por escrito.

Dependiendo de la naturaleza de lo que se va a denunciar:

Si es por faltas administrativas cometidas por  funcionarios o servidores en los procedimientos o trámites administrativos a su cargo   : ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario o ante el superior jerárquico.

Si es por mal uso de los recursos públicos  en la gestión o compras públicas  : Ante la Contraloría General o ante los  Organos de Control Institucional (OCI) que hay en cada entidad.

Si es por faltas o delitos de otras personas : ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de turno de donde se produjo el hecho.

Si es contra Policias: ante  la Inspectoría de la Policía Nacional

 

Si es contra Jueces o Fiscales: Ante el respectivo Organo de Control .

 

Si es por hechos de conocimiento público:   Puede recurrirse también a los medios de comunicación.

 

Si es por mala prestación de seguros, servicios de salud, educativos, trnsportes, agua, luz , telefonía o internet, de empresas : ante las mismas entidades o empresas; en caso de no encontrar pronta respuestas o no encontrarse satisfecha con la respuesta, ante las respectivas  instancias superiores:Superintendencia, de Bancas y Seguros, SUSALUD,  UGEL , SUTRAN, o del Organo Supervisor, OSINERGMIN, INDECOPI, etc.

 

En todos los casos, es necesario actuar con la verdad y claridad en que consiste la denuncia, adjuntando o precisando   las pruebas en las cuales se sostiene la denuncia.

La entidad está obligada a dar respuesta al denunciante del resultado de la denuncia.

Siempre es aconsejable contar con  orientación legal de Abogado.

 

Incumplimiento en Contrataciones del Estado Perú.

Para los funcionarios y servidores: Deben supervisar la adecuada ejecución contractual  de los proveedores; caso contrario, las omisiones no solo pueden significar responsabilidades administrativas sino ser comprendidos  en responsabilidades civiles y esencialmente penales, lo cual es preciso evitar.

 

Para los proveedores: puede dar lugar a la pérdida de las garantías otorgadas, ser sancionados con  inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 5 años además de responder  las acciones civiles por los daños y perjuicios que se hubiera causado.

 

Para los usuarios: No recibir o recibir  malos bienes  o servicios

 

Después del hecho en cuanto tiempo se pasa memorándum

De inmediato, debe pedírsele un informe documentado sobre el hecho que lo motiva precisando que la respuesta sea dentro de un plazo no mayor de 3 a 6 días.

Con ello se tiene una versión más clara de los hechos, se garantiza el derecho a la defensa del empleado servidor y queda o desvirtuado o  esclarecida la situación, o bien si se trata de una falta puede apreciarse si esta es grave o leve.

En el caso de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 30057, 276, 728 y 1057,  el Jefe o quien conozca el hecho puede denunciar o ponerlo en conocimiento de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) por ser legalmente la llamada a precalificar las denuncias y disponer su archivamiento si no reviste el carácter de falta o si solo ameritaría una amonestación verbal o bien emitir Informe Preliminar recomendando la apertura del PAD, -en los casos que si ameritase amonestar por escrito, suspensión al servidor con un día o hasta un año sin goce de remuneraciones o bien destitución- Informe que deberá remitir al Jefe inmediato o al Jefe de Personal según fuera el caso de quien actuará como Órgano Instructor quien previo estudio del mismo será quien determine y disponga la apertura del PAD  o bien apartarse de lo recomendado por el ST, en cuyo caso deberá fundamentar su decisión.

 

En el caso de los empleados de empresas privadas se encuentran al régimen del D.Leg. 728 el Gerente de la empresa o quien tenga facultades delegadas les deberá cursar preaviso de despido imputando la presunta falta grave, precisando los días que tiene para absolver el cargo imputado pudiendo exonerarlo de concurrir en esos días, solo en caso que no se desvirtuara la falta podría despedir al empleado. Si el despido es arbitrario el empleado podrá demandar al empleador.

 

 

¿Ante que fiscalía se denuncia a los funcionarios?

Si se trata de presuntos delitos comunes ante la Fiscalía Penal de turno, si se trata de delitos de corrupción contra la Fiscalía Anticorrupción.

 

Si yo ganara un proceso administrativo como policía ¿puedo reclamar el daño moral y en que lugar?

Dentro de un proceso judicial que deberás interponer con dicho fin; no bastará que alegues el daño moral sino acreditar el sufrimiento, entre otras pruebas, con el respectivo informe psicológico.

 

¿Puedo denunciar  un mal procedimiento de embargo?

Puedes impugnar el realizado dentro del respectivo proceso judicial; e independientemente de ello, denunciar a quienes participaron ilegal o irregularmente.

 

¿Dónde puedo poner una denuncia de un robo? ya que la inspectora no hace nada.

Si se trata de un robo debes denunciar ante la Comisaría o la Fiscalía Penal.

 

¿Cómo denunciar una conducta indebida de un policía de tránsito?

Ante la Inspectoría de la Policía Nacional, por escrito, con la verdad, precisando los hechos fecha y hora como adjuntando los medios probatorios u ofreciendo a los testigos que vieron o escucharon directamente los hechos.

 

¿Cómo denunciar anónimamente contra Ministerio Público?

Las denuncias por lo usual requieren como requisito indispensable la debida identificación de quien denuncia; salvo que la Ley y dependiendo del tipo de caso que denuncies, a tu pedido,  permita proteger tu identidad.

 

Recurso de Reconsideración ¿ se redacta como demanda o como reclamo?

Con la estructura de una demanda y a manera de reclamo respetuoso, precisando de manera puntual porque razón no estas de acuerdo con la decisión adversa que recurres.

Para que te concedan la posibilidad de evaluar tu reconsideración  es imprescindible que  aportes nueva o nuevas pruebas que no se encuentran en el expediente.

Satisfecho ese requisito, ten presente que la Reconsideración está orientada a que la misma autoridad que antes denegó tu pedido pueda volver a revisar cuanto ha decidido y con tus fundamentos y nuevas pruebas aportadas, rectifique su originaria decisión a tu favor.

Si bien ahora, a partir del vigencia el D.Leg. 1272 ya no se requiere que como requisito los recursos deban llevar firma de abogado, siempre es aconsejable que seas asesorada por el abogado de tu preferencia .   en dinde puedo poner una denuncia de un robo ya que la inspectora no hace nada

 

¿Cuantos días hábiles tiene una institución para contestar un escrito?

De tres a 7 dias hábiles.

La Ley 27444 en su Artículo establece: “No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor”.

 

¿Uno debe aceptar o no que anda con licencia falsa?

Siempre debe primar la verdad.

Elaborar o usar documentos falsos como si fueran verdaderos o declarar falsedades  constituye  delito contra la Fé Pública. Dentro de un proceso o investigación la confesión sincera puede rebajarte la sanción o pena a imponer.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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FAMILIA, RESPUESTAS A PREGUNTAS MAS FRECUENTES EN DERECHO DE

 

                                                                                                                       

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

¿Es lo mismo acta de nacimiento que certificado de nacimiento?

No, el Certificado de Nacimiento lo expide el profesional de la salud que  constata el nacimiento.

En tanto el Acta de Nacimiento lo expide el registrador de la Reniec, teniendo a la vista el Certificado de Nacimiento.

 

Necesito saber q diferencia hay entre la partida de nacimiento y la acta d nacimiento..yo tengo la partida de nacimiento y me piden la acta de nacimiento para tramitar mi DNI

Es lo mismo.

Antes se llamaba Partida de Nacimiento y actualmente Acta de Nacimiento.

Si cuando naciste se entregaba Partida de Nacimiento, es abusivo que te pidan Acta de Nacimiento.

Si no te aceptan, formula la queja respectiva ante el superior de quien asi te pidió en RENIEC.

 

Para rectificacion de una letra en Acta de Nacimiento en Reniec Ayacucho ¿puedo mandar carta poder?.

Una sola letra puede cambiar tu identidad, tu filiación y tu vida.

Es preferible que el trámite sea hecho  personalmente salvo que otorgues Poder por Escritura Pública, si radicas en el extranjero o te encuentras imposibilitado en desplazarte por otras condiciones.

Excepcionalmente podrían aceptar la Carta Poder designando apoderado con tal fin; dependiendo quien motivó  el error :si el padre o madre; o el funcionario de RENIEC.

La Carta Poder designando apoderado es para trámites generales..

 

¿Como debo proceder para que la Partida o Acta de Nacimiento solo salga con filiación de la madre?

Para que solo aparezcan los apellidos de la madre en el Acta de Nacimiento , debes ser la única quien inscribe el nacimiento ante el  Registrador de la Reniec , por tener la condición de  madre soltera.

 

¿Cómo cambio el apellido si el padre todavía no firmo?

Si ya tienes Acta de Nacimiento de tu bebé y el padre aún no lo firmó, necesariamente debes hacer un proceso judicial de rectificación de Acta de Nacimiento, sustentando las razones del cambio.

 

Mi compañero adquirió dos casas con la primer señora conmigo vivió 6años y el murió ¿me pertenece algo?

Si el estuvo casado o declaró su Unión de Hecho con aquella y nunca se divorció, no te corresponde.

 

Partida de nacimiento presentada  no coincide con la  edad declarada ¿como identificar?.

Si hay datos que no coinciden en lo presentado con lo declarado, puedes solicitar a RENIEC un ejemplar de la Partida de Nacimiento para verificar los datos proporcionados a dicha entidad.

Quien usa una Partida de Nacimiento falsa como quien declara falsamente en una declaración jurada, esta cometiendo delito contra la Fé Pública.

Puede ser denunciada, procesada y sentenciada administrativa, civil y penalmente.

Abstente de emplear un documento falso como si fuera verdadero.

 

¿Como y dónde se hace la Unión de Hecho con fallecido en el Perú?

Debes contratar Abogado quien, con los medios de prueba con los que cuentes y pudieras demostrar que viviste con el fallecido como si fueran casados por más de do años continuos,  prepare la solicitud para ser presentada ante el Juez.

De igual modo debes proceder si:

.  el conviviente se fue del domicilio donde vivían o si no le interesa regularizar tu condición como conviviente.


 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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INFORME ORAL EN PAD

 

Por: RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Consulta:

Buenos Días Doctor, primero para felicitar su labor altamente contributiva a la formación y capacitación de los que aplicamos las normas en el sector público. Agradeciendo anticipadamente su respuesta.

1.- Favor de ilustrarnos de forma resumida, como se debe desarrollar correctamente el informe ORAL dentro del PAD y cual es la actuación de las partes que intervienen.

2.- Cual sería la actuación de las autoridades del PAD, considerando que en la institución solo contamos con 1 secretario técnico el mismo que desempeña funciones de asesor legal, teniendo en cuenta el asesoramiento para instaurar el proceso, informe de órgano instructor, informe oral, resolución de sanción, recurso de apelación, etc, resumiendo que lógicamente las autoridades no son especialistas en derecho y necesitan el asesoramiento legal, sin embargo la secretaria técnica es un órgano de apoyo y no es autoridad disciplinaria, la idea es no vulnerar el principio de doble instancia, por cuanto en algunos procesos es la secretaría técnica quien realiza todos los documentos del proceso y las autoridades disciplinarias solo se limitan a firmar los mismos, favor ilustrarnos como deberíamos proceder en estos casos.

Asimismo cuando se proyecta una resolución de sanción o que resuelve un recurso de apelación, debe ir el sello o visto bueno de secretaría técnica? nosotros consideramos que no, por cuanto podría vulnerar el debido proceso o el principio de doble instancia, sin embargo ¿como una autoridad que no es conocedora del derecho puede resolver o emitir dichos pronunciamientos?

Aprecio sinceramente la reflexión que formulas en torno, a cómo un servidor o funcionario público especializado en otras materias, que, por mandato de la Ley, de pronto, se ve compelido a asumir una función compleja, especializada y no siempre querida debe actuar como autoridad en materia disciplinaria, en su condición de Organo Instructor o de Organo Sancionador, o de ambas a la vez.

 

Respuesta:

El rol encomendado por Ley a los colegas abogados que asumen funciones como Secretarios Técnicos del PAD, lo hemos dicho siempre, es un importante avance en el régimen sancionador como en el procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, no es suficiente, de ahí la necesidad que los titulares de las entidades públicas, los Secretarios Técnicos  y los gremios se interesen en fomentar la capacitación en esta materia tanto a Jefes como a los servidores públicos.

 

Si revisas la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y de manera especial, los gráficos 2 y 3, existentes al final de la Directiva Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, podrás apreciar que el Informe Oral es un derecho del procesado cuya actuación está prevista para ser solicitada, concedida y actuada ante el Organo Sancionador.

 

La Directiva establece en el numeral 17.1Informe Oral.- Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos {2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario solicitar un informe oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil. El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de diez (10) días hábiles, prorrogables por igual período de tiempo, debidamente sustentado.”

 

En el escrito que presente el procesado pidiendo se le fije fecha y hora para que proceda a informar oralmente, el procesado precisará si es él quien únicamente informará o sólo su Abogado o bien un tiempo cada uno. El Organo Instructor en la respuesta precisará los minutos que concederá al procesado y/o o su abogado.

 

A dicho acto son dos las partes que concurren, la autoridad que actúa como Organo Sancionador y el procesado.

 

El Organo Sancionador puede encontrarse asistido por el Secretario Técnico del PAD para el levantamiento del Acta; a la vez, el procesado puede optar por ir solo o asistido por su Abogado.

 

En dicho acto el Organo Sancionador se circunscribirá a escuchar los argumentos que respecto a su defensa proceda a exponer al procesado y/o a su abogado.

 

No dice la norma; sin embargo, considerando que el informe oral es la última oportunidad previa a la emisión de la sanción o absolución que correspondiera, el Organo Sancionador puede hacer alguna o algunas preguntas que mejor esclarezcan o ilustren los argumentos de defensa escrita presentados durante el descargo, que, en ocasiones, el Instructor y esencialmente para el Organo Sancionador, no han leido el expediente administrativo, ni las normas originariamente citadas ni analizan si la apertura del PAD, los medios probatorios o las diligencias realizadas han sido acordes o no a la norma especializada y aplicable como en aquellos casos, en que como dices, “es la secretaría técnica quien realiza todos los documentos del proceso y las autoridades disciplinarias solo se limitan a firmar los mismos” o donde por razones presupuestales o de decisión “…en la institución solo contamos con 1 secretario técnico el mismo que desempeña funciones de asesor legal, teniendo en cuenta el asesoramiento para instaurar el proceso, informe de órgano instructor, informe oral, resolución de sanción, recurso de apelación,etc, resumiendo que lógicamente las autoridades no son especialistas en derecho y necesitan el asesoramiento legal, la secretaria técnica es un órgano de apoyo y no es autoridad disciplinaria, la idea es no vulnerar el principio de doble instancia.”

 

En ese sentido, en el caso que expones, la actuación concurrente del colega Asesor, actuando a la vez como Secretario Técnico y quien proyecta las resoluciones en diversas instancias podría viciar todos los actuados, riesgo que debe evaluar y en todo caso, corresponde corregir al titular de la entidad.

 

Un adecuado informe oral, preferiblemente, a cargo de un Abogado, en muchas ocasiones, ha sido gravitante para que el Organo Sancionador sino revire todo lo actuado, emita una decisión mas justa.

 

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RESPUESTA A PREGUNTAS DIVERSAS

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

  1. Cómo se defiende un contador de un cliente que no cumple con sus pagos?

Si tienes contrato, o fue celebrado verbalmente, cn el concurso de tu abogado, puedes invitarlo a un Centro de Conciliación Extrajudicial reconocido por el Ministerio de Justicia para resolver el Contrato dando cuenta de ser el caso a la SUNAT, requerirlo al pago de lo adeudado y de ser el caso al pago de la correspondiente indemnización.

2.¿Qué sucede si la entidad incumple el calendario de entrega de materiales al contratista, o los mismos no cumplen las especificaciones técnicas?

Debes hacerlo constar en el Acta respectiva pidiendo la suspensión del cómputo del plazo.

3. Ley 20530 en caso de viudez en convivencia

Para acceder a tu pensión de viudez de la Ley 20530 deberás presentar tu Declaración de Unión de Hecho obtenida notarial o judicialmente.

 4. Demanda por Negacion de servicio público

La inadecuada o deficiente prestación de servicios públicos da lugar a la queja o reclamo del usuario ante la misma empresa y en caso de no atención puede formularla ante el correspondiente Organismo  Supervisor que de verificar la queja o reclamo ordenará a la empresa.

De no prosperar esta vía administrativa podría optar por la Acción de Amparo si fuera el caso o el correspondiente Proceso Contencioso  Administrativo.

5. Ley de procedimiento administrativo plazos

La Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece respecto a los plazos lo siguiente:

Artículo 132.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

  1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: dentro del mismo día de su presentación.
  2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días.
  3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
  4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados.

Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 6. El proceso sancionador de Contraloría General de la República me impide contratar con el Estado.

No es causal expresa de impedimento conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Es un riesgo que le corresponde en todo caso ponderar a la entidad.

7. La trabajadora social de una institución puede actuar sobre un familiar que no quiere llevar a consulta al paciente?

Puede persuadirla o de encontrarse en estado grave o riesgo su salud o de contagiar o de abandono, puede solicitar la intervención de la Fiscalía de Prevención del delito o de la Fiscalía de Familia, dando cuenta al titular de su entidad

8. Acta de transacción en caso de bullyng

Puede firmarse un Acta sobre la constatación del bullyng como de las medidas a actuar por cada parte .

Sin embargo, más importante que el Acta es el cumplimiento de cada una de las partes al cese inmediato del mismo, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad administrativa, civil o penal.

9. Ante quien se solicita el pago de salario de un funcionario que depende de una alcaldía?

En primera instancia, ante el Gerente de Recursos Humanos.

10. Gobierno Regional de Ayacucho resuelve las resolución que agota la via administrativa.

Si, en los establecidos expresamente por Ley.

No, cuando por Ley la vía administrativa, se agota con el pronunciamiento de otras instituciones como el caso del Tribunal de SERVIR, o del OSCE, etc

11. Responsabilidad solidaria de alcaldes 2016 contenciosa administrativa.

         Si lo resuelto en via administrativa le es atribuida al Alcalde le asistiría la responsabilidad que indicas.

 

12.  ¿QUÉ SUCEDE SI ME SEPARÉ DE MI CONVIVIENTE HACE UN AÑO PERO SEGUIMOS VIVIENDO BAJO EL MISMO TECHO POR X MOTIVOS? ¿QUÉ DEBO HACER PARA EVITARME PROBLEMAS LEGALES?

Si ambos están de acuerdo, es aconsejable plasmar un escrito, preferiblemente con el concurso de abogado, declarando la fecha en que han puesto fin a su conviviencia, sobre los alimentos y Tenencia para los hijos, en caso los hubiera; y sobre la división y repartición de los bienes adquiridos, lo cual incluye la vivienda si la hubieran comprado entre ambos.

Para que pueda tener eficacia legal ante terceros, deberán realizar previamente su Declaración de UNION DE HECHO y puesta a fin.

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RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS (VI)

            

      Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 1.Tengo pareja pero me gustaría a mi bebe ponerle mi apellido, puede ser?

 En Perú, el nombre de la persona está compuesto por los nombres de pila seguido por el primer apellido del padre y a continuación el primer apellido de la madre.

El nombre no es puesto “al gusto” del padre o de la madre.

Si tienes pareja, no siendo conviviente ni casada, eres madre soltera, caso en el cual, la Ley te faculta poder inscribir a tu hijo solo con tus apellidos o bien dando el apellido del padre.

Sin embargo; es aconsejable que lo pienses debidamente.

Tu bebé, a quien hoy representas legalmente por su imposibilidad de expresarte al respecto;, al igual que tu, tiene  derecho a contar con una identidad como  a saber quienes fueron sus padres y los padres de sus padres, es decir, conocer a sus ascendientes; cuando crezca podría reclamarte al respecto.

Sólo excepcionalmente, por real imposibilidad del padre para  poder realizar el reconocimiento del hijo o por conducta que amenace gravemente la vida de la madre o del bebé  cabría excluir al padre de su derecho y obligación de reconocer al(a) hijo(a) y asumir sus obligaciones alimenticias como compartir la crianza del hijo.

  1. Que pasa si el padre no reconoce a su hijo la madre puede inscribirlo?

 Si, en Perú lo permite el Artículo 2 de la Ley N° 28720

La madre podrá inscribir al bebé dando el nombre del padre; sin embargo, no será reconocido como  tal en tanto él no firme el Acta de Nacimiento o el juez lo declare como  tal.

La madre puede demandar, judicialmente. al padre, para que lo reconozca; en caso se opusiera o no dejara que le tomen la muestra para el examen de ADN,  el juez, lo declarará padre del menor.

  1. Puedo firmar a mi hijo como madre soltera

 Si, por lo dicho en las preguntas anteriores.

Puedes revisar también mi anterior artículo “RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS (V)

  1. Quiero separarme de mi conviviente donde acudo en Perú?

Si ambos están de acuerdo, pueden suscribir tal voluntad ante un Centro de Conciliación Extrajudicial o ante  un Notario.

Si no están de acuerdo o ya viven separados, puedes  acudir a la Policía o al Notario para dejar constancia que estas abandonado el hogar convivencial, por razones justificadas, si ese fuera el caso; o bien cursarle Carta Notarial.

En todos los casos es aconsejable proceder con la asesoría de Abogado.

 5. Dónde y cómo sacar constancia de nacimiento?

 Debes presentar tu solicitud al establecimiento de salud donde fue atendido el parto o cesárea.

  1. Tuve unión marital de hecho; mi ex se casó, puedo reclamar vivienda?

 Si, siempre que tu Unión de Hecho fue reconocida judicialmente antes y la vivienda comprada dentro de ese periodo

 7. Necesito un número telefónico para reclamo o consulta de marinos que pagan pensión por un hijo de la marina de guerra del Perú

 Puedes pedir esa información a la Marina de Guerra invocando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

  1. Que diferencia hay entre partida de nacimiento o acta de nacimiento es lo mismo o no

Si, es lo mismo.

Te invito  revisar  mi anterior artículo RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS (V)

   9. Número de teléfono para denunciar maltrato contra la mujer

 Llama gratis a la línea 100

La siguiente información puedes verla en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

LÍNEA 100

Servicio gratuito de cobertura  nacional a cargo de un equipo de profesionales especializados en  brindar  contención emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono fijo, público ó celular durante las 24 horas del día.

La Línea 100 cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en atender temas de violencia familiar y/o sexual y derivan los casos a los Centros de Emergencia Mujer  u otras Instituciones que atienden la problemática.

  • Orientación y/o información: Esta acción se da cuando el servicio brindado haya consistido en proporcionar información (procedimientos, alcances legales), orientar al consultante, responder interrogantes, aclarar dudas y motivar acciones para la solución del problema.
  • Derivación:Es el proceso por el cual los casos de violencia familiar o sexual mas graves son reportados directamente a los Centros de Emergencia Mujer – CEM. Una vez realizada la derivación el CEM o la Línea 100 en Acción realizará la visita correspondiente a la víctima y tras la validación del caso se le insertará en los servicios especializados del CEM, para tal fin el operador deberá solicitar la dirección exacta de la(s) persona(s) afectada(s).
  • Referencia:Consiste en informar al usuario sobre los servicios donde se puede acudir para resolver los problemas presentados, para esto el operador de la Línea 100 brindará la dirección exacta de los servicios referidos, de acuerdo al departamento, provincia y distrito del afectado. Para tal fin el PNCVFS cuenta con una base de datos actualizada de las instituciones a las cuales se pueden referir los casos.
  • Contención Emocional:Consiste en escuchar y brindar soporte emocional a la persona afectada. Se entiende que la contención emocional se efectuará para las personas con problemas de violencia familiar y/o violencia sexual que llamen en estado de labilidad emocional o crisis.
  • Atención de llamadas de retorno:Cuando la persona que haya recibido atención en la Línea 100 vuelve a llamar para reportar el mismo caso y algunos detalles del mismo.
  • Coordinación telefónica de urgencia:Se efectúa para los casos de violencia familiar y/o sexual que requieran urgente intervención, por ejemplo las coordinaciones telefónicas que se hacen para que la comisaría de un lugar intervenga en el momento en que una mujer está siendo maltratada por su pareja.
  • Otro:Alguna otra acción diferente a las anteriores y factible de realizarse telefónicamente, según lo amerite el caso

 

¿Quiénes llaman a la Línea 100?

Todas aquellas personas afectadas por hechos de Violencia Familiar y Abuso Sexual, o aquellas que conozcan sobre algún caso de maltrato.  

Horario de atención

Puedes contactarnos las 24 horas del día, llamándonos de Lunes a Domingo e inclusive los feriados, desde cualquier teléfono:
Fijo – Celular – Público

 10. Partida de nacimiento hijo ilegitimo

Actualmente no se emplea la palabra “hijo ilegítimo” expresión que se ponía en las Partidas de Nacimiento, años atrás cuando el padre no lo reconocía o cuando no eran casados.

  1. En el país de Nicaragua la mujer cuando es madre soltera puede poner el apellido del papa del papa a su bebé

Gracias por tu aporte.

Es una facultad a la cual puede también  optar la madre soltera  peruana.

  1. Cómo saldría el DNI del niño no reconocido?

 Con los nombres y apellidos que dé la madre.

  1. Cómo registrar a mi hijo si el padre lo reconoce pero no puede estar presente en el hecho.

 Inscríbelo dando el nombre tuyo y del padre.

El podría reconocerlo a su retorno o en donde se encuentre, coordinando al respecto en las agencias de RENIEC o consulado o por Escritura Pública que puede remitírtela con Poder Especial para que proceda la inscripción.

El reconocimiento puede ser hecho también por TESTAMENTO

 

  1. Mi papá acaba de cumplir 82 años me podrías decir en qué año nació

 A  2015  resta los 82 que dices es la edad de tu papá, el resultado, es el año en que nació.

  1. Estoy divorciada hace 7anos. Tengo mi nueva pareja desde hace 6 años, es pensionado si fallece tengo derecho a la pensión?

 Tendrías, si acreditas tu declaración de Unión de Hecho, la cual es aconsejable que la tramites ahora que están en buena relación o bien, judicialmente.

 16. Formato de declaración jurada para desafiliacion de concubino de eps

Recábalo en tu EPS

 17. Cómo puede intervenir un presidente regional ante un mal director de un hospital Perú Huancayo?

A través de las actuaciones que disponga o realice el Director de la Dirección Regional de Salud, por ser su superior inmediato

  1. Según la ley como puedo dar código a los mobiliarios de una oficina?

 Si laboras en una entidad pública, en tu centro de trabajo, ubica al responsable de Control Patrimonial para que a la luz de la normativa aplicable te señale el procedimiento aplicable.

  1. Cómo elaborar querella en Bogotá?

Contrata servicios de Abogado para que previamente estudie tu caso y determine el tipo de querella a interponer

  1. Con que código puedo denunciar a mi abogado por que me pasea?

 En Perú, no hay código para denunciar al abogado.

Si la conversación no prospera, puedes invitarlo a un Centro de Conciliación Extrajudicial, preferiblemente con el concurso de otro abogado y/o denunciarlo ante el Colegio de Abogados donde se Colegió.

  1. Cuánto tiempo debo de esperar para tener una respuesta de un documento?

 Si es de un documento entre dos particulares en el plazo razonable que convengan pudiendo ser 3, 7, 10 o más días.

Si el documento ha sido presentado ante una entidad pública el plazo máximo es de 30 días hábiles, pasado el cual puedes seguir esperando o dar por denegada tu petición y recurrir en impugnación por denegatoria ficta (lo cual significa que se presume denegada  tu petición), y das lugar a que la misma autoridad o el superior jerárquico reexamine la petición.

Mucho depende de lo que se pide y sobre todo si se encuentra regulado por alguna Ley especial.

  1. Jurisprudencia sobre alcalde que gano buena pro

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado Los funcionarios públicos como sus familiares mas cercanos se encuentran prohibidos de celebrar contratos con entidades del Estado, siendo ello así, ha quebrantado la declaración jurada declarada en contrario con la consiguiente responsabilidad administrativa y/o penal;  el otorgamiento de la buena pro es nulo de pleno derecho, debiendo ser declarado así; conllevando responsabilidad administrativa, civil y penal, la cual podría eventualmente comprender a los funcionarios que a sabiendas habrían propiciado tal resultado.

De ahí la importancia que el Organo de Contrataciones de la entidad y el Comité Especial prevean en lo posible tales verificaciones  por medio de internet,  especialmente antes de Otorgar  la Buena Pro

 23. La conformación de los miembros del comité especial deben ser profesionales en un concurso público?

 No lo exige la Ley. Lo importante es que sean honrados, responsables y mucho mejor, que tengan experiencia en la función encomendada.

  1. Pronunciamiento del OSCE para ser miembro del comité especial en un proceso de selección

 Te sugiero Ingresar al Portal del OSCE para ver los que publica permanentemente

El CE son designados por el titular de la entidad, está compuesto por 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes: un representante del Area usuaria, uno del órgano de contrataciones y uno, en lo posible, es experto en la materia a contratar.

Su función comienza con la revisión de la información técnica y económica con la cual elaboran las Bases Administrativas y concluyen cuando quedó consentida la Buena Pro o fue declarada desierto el proceso de selección.

Los 3 miembros deben revisar escrupulosamente todo antes de firmar; el confiarse en que el que mas sabe lo haga todo y los demás solo firmen sin siquiera leer o entender ha dado lugar a que atreviesen responsabilidades solidarias graves, administrativa, civil y penalmente; por cuanto decidan.

En caso de no entender o estar en desacuerdo deben dejar constancia expresa sobre que extremos está en desacuerdo en la respectiva Acta, antes de firmarla

Gran parte del éxito del proceso de selección recae en las adecuadas especificaciones técnicas como en el accionar ecuánime y transparente del CE como de los postores.

  1. Se puede denunciar ante Indecopi por falsificar boleta de venta?

 Puedes, aunque la autoridad competente en Caso de falsificación de documentos es el Ministerio Público o Fiscalia Penal-

  1. Recurso de apelación no he obtenido respuesta

 Puedes seguir esperando o bien demandar tu pretensión en  sede judicial, en la vía contenciosa administrativa

  1. Representación de persona jurídica procedimiento administrativo

 Quien representa a la persona jurídica debe acreditar el Poder Especial  vigente, debidamente inscrito en Registros Públicos para el fin que representa

  1. Ley Servir ponen a disposición a un trabajador

 A efectos que el procesado causen o ponga en riesgo Puede apartarse a un trabajador de sus funciones habituales mediante medida cautelar previa al PAD debidamente motivada o por acreditada necesidad de servicio

 Plazo para responder un documento en gestión publica

 Si es de una entidad 3, 7 o hasta 30 días hábiles pasado el cual puedes seguir esperando o dar por denegada tu petición y recurrir en impugnación por denegatoria ficta (lo cual significa que se presume denegada  tu petición).

 30. Proceso administrativo disciplinario Ley Servir

A re aprender de nuevo.

A partir del 14 de setiembre del 2014 todo lo que aprendimos sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005.90.PCM será sustituido por el REGIMEN SANCIONADOR previsto en la Ley N°30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 040.2014.PCM.

La Ley N°30057 no se aplica al universo de servidores o funcionarios de la administración pública. Es aplicable a los servidores sujetos a los regímenes laborales de D.Leg. 276,1057 y 728 y supletoriamente a los comprendidos en carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República.

El Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la Ley N°30057 .

Todo lo aprendido sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 es base sólida para comprender y aplicar las actuales normas.

Las normas sobre el PAD previstas en el D.Leg 276 y el D.S. N° 005.90.PCM seguirán vigentes solo para los casos que viniera conociendo las CPPAD y CEPAD, comisiones que se desactivan las cuales se desactivan al culminar el trámite de los procedimientos a su cargo.

Las actuales normas son mas garantistas, específicas y ordenadas sistemáticamente que la 276 y su reglamento, pues integra mucho de lo que requería remitirse a otras normas para su mejor comprensión, como el genérico “autoridad competente” cuando se refería a quien es la persona que califica y aplica sanción, así ahora es explícita en precisar es ORGANO SANCIONADOR el JEFE INMEDIATO es primera instancia para imponer sanciones de amonestación, en el caso de las suspensiones lo es el jefe de Recursos Humanos y para las destitución el titular de la entidad, la segunda, el Tribunal del Servicio Civil.

Las funciones de la autoridades que actúan como ORGANO INSTRUCTOR que tenían a su cargo las CPPAD y CEPAD se encontrarán a cargo de una SECRETARIA TECNICA que estará compuesta preferiblemente de ABOGADOS, lo cual es un reclamado acierto, dado que veníamos sosteniendo que la conformación de las CPPAD adolecía de tal capacidad profesional, las que muchas veces en la práctica se limitaban a firmar cuanto hacían abogados contratados como asesores con funciones no siempre claras.

La conformación de la Secretaría Técnica es una destacada oportunidad de labor especializada para nuestros colegas ABOGADOS que remite a la respectiva capacitación.

Igual necesidad de capacitación sobre régimen sancionador asiste a los JEFES INMEDIATOS, JEFES DE RECURSOS HUMANOS y TITULARES DE ENTIDADES en adición a la especializada y distinta formación profesional, el conocimiento les despojará de comprensibles dudas o temores por desconocimiento o del habitual limitarse a informar al superior y este a su vez sobre el superior a él cuando toman conocimiento sobre denuncias o hechos constitutivos de presuntas faltas administrativas.

En los JEFES INMEDIATOS tan importante como la capacitación es que tengan claramente delimitado los servidores sobre quienes tienen competencia sancionadora, a efectos de evitar innecesarias dilaciones o infundadas cuestiones de competencia.

Al desaparecer las CPPAD desaparecen también los REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, quienes mayormente consideraban que su participación correspondía actuar como defensor del servidor procesado, cuando su rol se circunscribía en velar porque se cumpla con el DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de ahí el mayor interés en capacitarse también los FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS y SERVIDORES individual, grupal o colectivamente o a través de los GREMIOS.

Si estas interesado en participar en el CURSO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR puedes contactarme en los datos de contactos puestos al pie de este artículo.

Te invito a revisar mis artículos relacionados REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL,SECRETARIA TECNICA Y ORGANO SANCIONADOR.

  1. Cuando se promulgó el DS 005-90-PCM

 El 15 de enero del 1990

  1. Los llamados de atención según la ley del trabajador prescriben. si o no?

 En Perú, la Ley 30057 Ley de Servicio Civil -las comúnmente “llamadas de atención”- se denominan legalmente “Amonestación”, pudiendo ser Amonestación verbal o Amonestación Escrita.

Son las sanciones previstas para las faltas o infracciones administrativas mas leves y son impuestas por el Jefe inmediato.

Las verbales se imponen de modo reservado, luego del correspondiente pedido y evaluación del descargo que antes hubiera solicitado al trabajador.

Las Amonestaciones escritas requieren la apertura de proceso administrativo previo.

Al haber sido ya impuestas, no prescriben.

Una vez impuesta, lo aconsejable es pedir a la autoridad competente la respectiva REHABILITACION de dicha sanción, conforme al procedimiento establecido en el respectivo Reglamento Interno, a efectos que así se declarada por la autoridad administrativa.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                       ABOGADO

 LIMA. 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015

 

Categoria derecho de familia, procedimiento administrativo, pad

NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

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Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TC

 

El Decreto Supremo Nº 005-90-PCM trata la PRESCRIPCION  en un sólo Artículo del Proceso Administrativo Disciplinario :

 

“Artículo 173º.-  El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará  prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.”

 

 

De la aplicación de este único párrafo se pone de manifiesto que :

 

  1. El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año. El año se computa en días naturales o calendarios, es decir, se cuentan feriados, sábados y domingos.

 

  1. El cómputo del año se cuenta a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria. Nótese que la Ley no dice desde que conoce el hecho. Aquí la primera gran diferencia con lo establecido para las acciones civiles o penales, y también con el plazo establecido para la prescripción en algunos regímenes especiales de la administración pública, como podemos verificar en el caso de la Jurisprudencia del TC que hoy nos ilustra.

 

  1. Adviértase que la Ley dice que el cómputo corre desde que la autoridad competente conoce del hecho sino desde que conoce de la comisión de la falta, entendiéndose por tal, el momento en que la CPPAD o el OCI o el Abogado u órgano competente para imputarla concluye e informa al titular de la entidad que el hecho materia de la imputación constituye falta administrativa disciplinaria.

 

  1. La única autoridad competente para abrir o no el proceso administrativo disciplinario (PAD) es el titular de la entidad, salvo que el decida delegar esta facultad a otro funcionario.

 

  1. Si transcurre el plazo de un año desde que la autoridad competente conoció de la falta administrativa disciplinaria y no abrió PAD incurre en responsabilidad.

 

  1. Si el PAD se abre pasado ese año, el proceso se halla afectado por la prescripción de la acción.

 

  1. Corresponde al procesado invocar la prescripción, a la CEPAD acogerla y al titular de la entidad emitir la resolución reconociéndola, bajo responsabilidad de unos y otros.

 

  1. La declaración de la prescripción de la falta administrativa disciplinaria, pone fin y hace inhábil a la autoridad encargada de abrir PAD, al órgano encargado de proponer su apertura como de tener a su cargo el PAD como potestad sancionadora de la administración pública sobre ese hecho.

 

  1. Hay innumerables aspectos que el artículo en comentario y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no dice pero que son de obligatoria aplicación, unas mas sencillas y otras mas complejas, como es el caso de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que precisa en su artículo 233 numeral 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”; precisando en numeral 233.2 “EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada; siendo otro el análisis cuando como ocurre en este caso, con la afectación de la INTERRUPCION del plazo de la prescripción desarrollado en la presentada jurisprudencia del TC.

 

  1. Las interpretaciones sobre el sentido correcto de la Ley no siempre es uniforme inclusive entre expertos, de allí que no siempre es dilucidado debidamente dentro del PAD, algunas veces es amparado en sede administrativa vía impugnación y otras veces en sede judicial. Ello explica una vez mas, porqué la Ley faculta a la CEPAD a ser asesorado por especialistas en la materia y porqué sus miembros deben capacitarse de manera especializada en ella. 

 

 

LIMA     

ÁNGEL EDUARDO ALATRISTA TORREBLANCA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión del pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

 

 

I. ASUNTO

 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Eduardo Alatrista Torreblanca contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 29 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

 

 

 

II. ANTECEDENTES

 

 

1.      Demanda

 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), alegando vulneración de sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la irretroactividad de la ley, a la motivación, a la defensa y a la prescripción, y solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 107-2002-CNM, de 18 de octubre de 2002, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el recurrente, y se disponga su inmediata reincorporación al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Titular del Cuzco, con el reconocimiento de los derechos que indebidamente dejó de percibir. Manifiesta que el Consejo abrió un procedimiento disciplinario en su contra pese a que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que transcurrieron los hechos materia de investigación. Asimismo, alega que el Consejo aplicó retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley N.º 27444, con el objeto de declarar infundada la excepción de prescripción deducida por el accionante y procedió a su destitución. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el mismo que también  fue desestimado.

 

 

 

2.      Contestación de la demanda

El vicepresidente del CNM alega que el demandante fue destituido mediante una resolución motivada; la que, a su vez, fue emitida luego de un procedimiento disciplinario en que se garantizó el derecho de defensa. En consecuencia, sostiene que el CNM ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones, siendo de aplicación los artículos 142 y 154, inciso 3, de la Constitución. Por su parte, el Procurador Público del Ministerio de Justicia agrega que en el caso planteado no ha operado la prescripción, toda vez que su plazo se interrumpió cuando la Fiscalía Suprema de Control Interno dio inicio a las investigaciones, mediante resolución de fecha 12 de enero de 2001. 

 

 

 

3.      Resolución de primer grado

Con fecha 3 de diciembre de 2003, el Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, por considerar que el plazo de prescripción se interrumpió una vez iniciadas las investigaciones por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno, motivo por el cual no ha operado la prescripción.

 

 

 

4.      Resolución de segundo grado

 

Con fecha 29 de noviembre de 2005, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la Resolución N.º 107-2002-CNM ha sido debidamente motivada y dictada con previa audiencia del interesado, con lo cual es de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 7, del Código Procesal Constitucional.

 

 

 

III. FUNDAMENTOS

 

 

 

Precisión del petitorio de la demanda

 

1.      El demandante pretende que el Tribunal Constitucional declare inaplicable a su caso la Resolución N.º 107-2002-PCNM, de fecha 18 de octubre de 2002, por haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo; y que en consecuencia se ordene su reincorporación al Ministerio Público en el cargo que desempeñaba antes de su destitución. Asimismo, solicita que se le reconozca como efectivo el tiempo durante el cual estuvo suspendido y destituido.

 

 

 

Análisis del caso

 

2.      Antes de resolver la cuestión de fondo, conviene reafirmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de la resoluciones del CNM. En sentencia anterior (Exp. N.º 2409-2002-AA/TC, FJ 1b) se ha señalado que

 

(…) cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no dentro de otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.

 

 

 

3.      El demandante alega que se le ha sometido a un procedimiento sancionador habiendo prescrito la acción disciplinaria del Consejo; es decir, a un procedimiento irregular que afecta sus derechos fundamentales y garantías judiciales que reconocen el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y los artículos 138 y 139 de la Constitución (fojas 46-47). El actor afirma que la conducta irregular que se le atribuye tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la acción disciplinaria del CNM prescribía el 3 de marzo de 2002.

 

 

 

4.      No obstante, según alega, la Resolución N.º 015-2002-PCNM, de fecha 28 de febrero de 2002, que dispone el inicio del procedimiento disciplinario se le notificó el 5 de marzo de 2002; es decir, dos días después de haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo. Es más, al momento de dictarse la Resolución N.º 107-2002-PCNM, con fecha 18 de octubre de 2002, había transcurrido más de dos años de la fecha en que ocurrió la conducta atribuida.

 

 

 

5.      Por su parte, el Consejo, en la Resolución que ahora se cuestiona, señala que “(…) en cuanto a la excepción de prescripción de la acción disciplinaria deducida, de conformidad con el artículo 233, numeral 233.2, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, aplicable supletoriamente al presente proceso, en virtud de la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Resolución 042-2000-CNM, Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, debe declararse infundada, porque el plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, y toda vez que por resolución de 12 de enero de 2001, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación en su contra, consecuentemente, el plazo de prescripción se ha interrumpido” (fojas 51).

 

 

 

6.      El Tribunal Constitucional no comparte el argumento del demandante por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos, establecía que el acto procesal “(…) [i]nterpuesta la denuncia, en todo caso, prescribe a los 2 años de ocurrido el hecho, acto o conducta”. En el caso concreto, la conducta irregular que se le imputó al actor tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la prescripción debía operar el 3 de marzo de 2002. Sin embargo, con fecha 28 de febrero de 2002, se dictó la Resolución N.º 015-2002-PCNM, la misma que dio inicio al proceso disciplinario contra el recurrente; es decir, antes de que transcurrieran dos años desde que se produjo la conducta antes mencionada.

 

 

 

7.      En segundo lugar, el demandante sostiene que se le ha aplicado retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello no es exacto porque, cuando se inicia el procedimiento disciplinario –28 de febrero de 2002– contra el recurrente, dicha Ley –que prevé la interrupción del plazo de la prescripción– ya estaba vigente. Por ende, era plenamente aplicable el artículo 233.2, según el cual “[e]l plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado”.

 

 

 

8.      Más aún, la Primera Disposición Transitoria de dicha Ley señala que “[l]os procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión (…)”. En el presente caso, el procedimiento disciplinario se inició con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que no puede alegarse que la misma haya sido aplicada de manera retroactiva y en perjuicio de los derechos del recurrente. En consecuencia, en el caso concreto, el Consejo no ha vulnerado los derechos invocados, motivo por el cual la demanda no puede ser estimada.

 

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

 

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

 

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. GARCÍA TOMA   Gonzales Ojeda   Alva Orlandini   Bardelli Lartirigoyen   Vergara Gotelli   Landa Arroyo           Mesía Ramírez

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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21 de abril 2012

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

DESTITUCION-PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO…… LUEGO ¿QUE? (2da edición)

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

A manera de cuestión previa del porque de la segunda reedición.

Meses atrás la Página PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS del cual forma parte el presente artículo ha reflejado, como era previsible en razón de la coyuntura nacional, un muy significativo incremento de  consultantes y lectores del blog tanto administrados, servidores y funcionarios como quienes lo han dejado de ser, que solo sobre este tópico registra un muy significativo incremento de visitas diarias con ello pedidos de asesoría e invitaciones para capacitar.

A todos,  mi reconocimiento y agradecimiento, por interesarse en una especialidad a la que se echa mano esencialmente cuando como, en analogía al enfermo que solo va al médico cuando ya no encuentra alivio al no responder la automedicación,  siendo Jefe o Titular de entidad te corresponda sancionar o proponer una sanción como miembro de una CPPAD o CEPAD o afrontar o asesorar un proceso administrativo disciplinario, en condiciones mas claras y mas justas con la esperanza de hacer de nuestra sociedad y nuestros dias,  mejores.

A propósito de transferencias, entregas de cargos, pedidos de investigaciones, auditorías y aperturas de Procesos Adminstrativos Disciplinarios.

¿Sabes cómo reaccionaria un servidor o funcionario público al conocer que sus superiores, directamente o a través de terceros, lo van a investigar o auditar?

Las reacciones, suelen ser diversas.

Por lo usual, no siempre son adecuadamente asimiladas.

Los menos pueden ser totalmente indiferentes, esencialmente, si saben que su proceder ha sido correcto y transparente.

Para la mayoría, en cambio, ocurre todo un trastocamiento que puede evidenciarse y afectar desde su rendimiento laboral hasta su interrelación personal y familiar o en su salud física o mental.

Si esta afectación es mayúscula cuando le abren proceso administrativo disciplinario, ¿se imaginan lo terrible que puede ser  si le imponen una sanción?

Y, como tomará si de las 4 sanciones que prevé el D.Leg. 276 (amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal  sin goce de haber y destitución) deciden imponerle la mas grave? La de Destitución.

Como sabemos, de las únicas cuatro sanciones que prevé el D.Leg. 276 ,  la Destitución, (Art. 158° del D.S. 005-90-PCM, Reglamento del D.Leg. 276), es la mas gravosa, impuesta como correlato del proceso administrativo disciplinario.

La destitución es, se asume, la sanción reservada, para quien ha cometido la falta administrativa disciplinaria mas repulsiva, mas grave,  lo cual implica la expectoración sin posibilidad de reingreso no sólo de la entidad sino de toda la Administración  Pública por un plazo no mayor de 3 tres años.

El destituido es en consecuencia una suerte de apestado.

¿Cuantos sucumbieron en este tránsito?

¿A cuántos se les acabó toda esperanza al llegar a este estado y quedarse de manera permanente en tamaña condición?

¿Será acaso posible que un Destituído deje de tener la condición de tal?

¿Será acaso posible que un destituido pueda llegar a volver a ocupar cargos públicos o superiores a los que tenía hasta antes de ser destituido?

¿Un destituído podrá ocupar luego cargos públicos o es que, siempre lo perseguirá su estigma?

Cuantas otras interminables interrogantes  podríamos añadir a las antes mencionadas, a partir de los respectivos casos que nos han sido consultados en el blog o conocemos en las normas legales.

Del mismo modo como con una foto vale mas que mil palabras, en esta oportunidad voy a abreviar mayores comentarios, presentándoles las que al autor de este blog, en su momento, le correspondió afrontar y superarla con creces.

En  internet y google pueden apreciar en ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/1997/RD142-1997.pdf las siguientes dos resoluciones, que por cierto, no fui quien la colgó y difundió, pero curiosamente recientemente, allí la encuentro:

 

“Sancionan con destitución a diversos servidores del Sector” (SALUD)

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 142-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 26 de julio de 1997

Visto el Informe Nº 010-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 25 de julio de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””;

 

CONSIDERANDO:

Que, por disposición de la R.D. Nº 121-OP-HONADOMANI-SB/97, de fecha 19 de junio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario por la comisión de faltas de carácter disciplinario incurridas en el desempeño de sus funciones contra el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo;

Que de la revisión de la documentación y de los descargos presentados por el procesado que obran en autos, se está acreditado que el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

Que, el Sr. Ricardo Percy Ayala Gordillo por la comisión de hechos irregulares expuestos en el considerando anterior tiene responsabilidad administrativa por haber transgredido los Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios;

De conformidad con lo estipulado por el Inc. d) del Art. 155º y Art. 159º del D.S. Nº 005-90-PCM y en uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-87-SA/P y ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer Sanción Administrativa de Destitución al TAP. Ricardo Percy Ayala Gordillo, con el cargo de Asistente en Servicio de Salud I, del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” por grave falta de carácter disciplinario que se exponen en la parte considerativa de la presente resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General

Hospital Nacional Docente Madre Niño

“”San Bartolomé””

 

 

 

 

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 151-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 11 de agosto de 1997

Visto el Informe Nº 012-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 9 de agosto de 1997 de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Nº 136-OP-HONADOMANI- SB-97, del 1 de julio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Gabriel Hurtado Rodríguez, por haber incurrido en falta grave de carácter disciplinario, por ausencias injustificadas por más de tres

días consecutivos;

Que, con el Informe del Visto, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” ha emitido su pronunciamiento señalando que se encuentra fehacientemente probado que el servidor Gabriel Hurtado Rodríguez ha incurrido en ausencia injustificada contemplados en el Inc. k) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y de conformidad de la Dirección Adjunta;

En uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-SA-87 y su ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer la Sanción de Destitución al servidor Gabriel HURTADO RODRIGUEZ con el cargo de Trabajador de Servicio I, Nivel SAD de la Of. de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”

 

 

Quienes pueden verificar en las normas legales, ambas resoluciones fueron publicadas una al lado de otra en igual fecha, la exhibición y mención de ambas resoluciones no es ajena: 1. pretende hacer notar rectitud y justeza en el trato, por parte de la autoridad algo asi como  “ a todos por igual”. 2. Sobre mi resolución  voy a ocuparme en las líneas subsiguientes, sobre la segunda resolución sólo puedo decir, se trata de uno de los pocos  servidores nombrados encargado de la limpieza del hospital,  que por ese entonces, dependía de la Oficina de Logística, nunca supe la causa de sus inasistencias, de él nunca volví a saber nada.

Abordo el tema que nos ocupa, comentando la resolución con la cual fui destituido por tres propósitos puntuales:

con carácter autoreinvidicativo,

con carácter ilustrativo; y

con carácter esperanzador, a quienes -como yo en su momento pasé-, hoy se encuentren por ser auditados, evaluados,  procesados, sancionados o destituídos y,  también como no, a quienes al otro lado de la orilla, les corresponde procesar, opinar, revisar, rrecomendar, abrir proceso o sancionar, en su respectiva condición de ser miembros de la CPPAD, CEPAD, Titulares de entidad, Jefes de Oficina de Personal, Representantes de Trabajadores, Abogados, administradores, Jefes inmediatos etc.

El primero,  con carácter autoreinvidicativo, a falta del  desagravio público que en su momento pedí al titular de mi Sector y sigo esperando a la fecha, pedido que formulé al emitirse la correspondiente Sentencia de la Corte Superior de Justicia la cual ratificó la validez legal de mi desempeño público que años antes, desde 1993, siempre me reconoció la Contraloría General de la República como Jefe de Auditoría Interna del Hospital San Bartolomé. (función equivalente a los hoy llamados Jefe del Organo de Control Institucional OCI)

La razón del pedido del desagravio se explica entre otros fundamentos : 1. En que, habiendo transcurrido los 10 años de reserva es ahora posible someterlo al escrutinio público. 2. En que, a pesar de haber transcurrido desde el año 1997 a la fecha 13 años desde que fue emitida y ejecutada, e impugnada la viciada resolución, sigue circulando en medios de difusión masiva como el internet; 3. En que, con la sola difusión e invocación de la indicada resolución, no faltan quienes pregonando falsas premisas de moralidad, aprovechando el desconocimiento de ciertas autoridades en asuntos relacionados al procedimiento administrativo y al proceso administrativo disciplinario, han seguido usando la referida resolución como media verdades para impedirle o frustrar al autor de este blog, algunas veces, la asunción de otros diversos cargos públicos a los que fui o soy propuesto.

El segundo motivo, es ilustrar a partir de mi caso: lo que se hizo y  lo que no se debería hacerse al aplicar sanciones gravosas;  enunciar la diversidad de omisiones y vicios con los cuales se emitió dicha sanción, que hice notar desde el primer día en que conocí de la suerte de cacería a la cual fui sometido, argumentos que fueron soslayados en parte, en sede administrativa y finalmente tomados en cuenta dentro del lato proceso judicial que seguí  en la vía contencioso administrativa, con una inversión total de tiempo y dinero por alrededor de 5 años:

La Resolución se emite el año 1997.

En esos años el acceso a internet no tenía la difusión de estos tiempos, no existía el actual Tribunal de Servicio Civil, ni se difundía como ahora la jurisprudencia del TC, ni un blog que te de una pauta sobre como afrontar un proceso administrativo disciplinario.

La Resolución intencionalmente omite decir que ese año yo era Bachiller en Derecho, ni que en tal condición y que la nominación de Presidente del “Comité de Control Interno” dada por el Director del Hospital era irrelevante para que la  Contraloría General de la República, por el desempeño de MIS FUNCIONES AUDITORAS formaba parte del Sistema Nacional de Control resultándome por ende aplicable sus normas especiales, dado que desde el año 2003 me venía reconociendo como Jefe del Organo de Auditoría Interna (OAI) como codificado ante Contraloría el OAI  a mi cargo.

Por lo anterior, el Director del Hospital como el Inspector General eran legalmente incompetentes para auditarme, procesarme y sancionarme n mis funciones auditoras, por haberse reservado legalmente dicha atribución, a la Contraloría General de la República.

La Resolución con la cual me destituyen, tampoco dice, que MI FUNCION por mandato de la ley especial del Sistema Nacional de Control consistía en VELAR POR LA LEGALIDAD DEL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD, ni dice que como parte de las exigencias inherentes a dicha especializada función, permanentemente me  capacitaba en materias de Auditoría Gubernamental en la Escuela Nacional de Control,  cuyo conocimiento especializado era requisito imprescindible para poder auditar válidamente a los diferentes Sistemas Administrativos y Oficinas de la entidad (Economía, Personal, Logística, etc.) y emitir Informes de Control en los cuales se establecían los resultados de la acción de control y, cuando era el caso, establecer responsabilidades administrativas presuntas que correspondían ser dilucidadas o implementadas por parte del titular de la entidad, informes cuyos ejemplares se alcanzaba a la Contraloría General para su correspondiente revisión y aprobación.

La Resolución,  tampoco dice que meses antes que sea emitida la viciada Resolución, la Contraloría General de la República al conocer del concertado irregular proceder del Director del Hospital como del Inspector General de Salud en mi agravio, había oficiado a cada uno de ellos como a mi, un Oficio, recordándoles, de manera expresa y categórica, que mis funciones –esas que según el Director eran faltas graves y por las cuales me destituyó- eran válidas legalmente, y que solamente la Contraloría era la autoridad competente para auditar mis funciones auditoras.

La Resolución no dice que el director del Hospital y el Inspector General del Ministerio de Salud, contra lo expresamente ordenado a ellos por la Contraloría General de la República,  acordaron auditar mis funciones contraloras;

La resolución omite mencionar que se me abre proceso administrativo por Informe de Inspectoría  –una Inspectoría legalmente incompetente- la cual “me auditó” y emitió su “Informe de Control”  con imputaciones falsas y calumniosos, carentes de legitimidad como de  todo sustento válido, que osó incluso imputarme haber usurpado la función de la Procuradora Pública de ese entonces, ilícito que la misma Procuradora, rechazó por inexistente;

La resolución tampoco dice que, la CPPAD como el titular del hospital prescindieron de todos los principios que regulan el procedimiento sancionador  “por unanimidad” recomendaron y dispusieron, respectivamente,  mi destitución, “en cumplimiento de una recomendación de Inspectoría” bajo el sanbenito de tratarse de una  “prueba preconstituída”;

Como ven, en ningún extremo de dicha resolución, se recoge ninguno de mis argumentos de defensa y menos se hace una esencial valoración de cada uno  de los hechos contrastados con el derecho y mucho menos sobre cada uno de los extremos que antes he enunciado, es decir, sencillamente fue carente de motivación y violatoria del debido proceso y de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador que ahora ustedes mejor que yo conocen;

La resolución no dice, y esto es lo mas grave de todo, que el Informe de Control que motivó tamaña reacción y decisión del titular del Hospital, tenía el desesperado objeto de no implantar las recomendaciones contenidas en mis informes de control y con ello mantener en la impunidad a funcionarios incursos en presuntos actos de corrupción en agravio de los intereses del Estado.

Sería interesante acceder al seguimiento de las acciones que dio a esos informes de control por parte de quien me destituyó.

La resolución tampoco nada dice que mi Informe de Auditoría NUNCA fue invalidado sino por el contrario, con los oficios cursados FUERON EXPRESA Y LEGALMENTE VALIDADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por ende, obligaba al cumplimiento de sus recomendaciones por parte del Director del Hospital.

La resolución tampoco dice que  yo como Auditor Jefe del Organo de Auditoría Interna del Hospital actué en cumplimiento de la Resolución Contralora la cual no me facultaba sino disponía cual mandato alcanzar un ejemplar a la Fiscalía para que sea ella como titular de la acción penal la cual proceda a calificarla, a lo que ellos llamaron “denuncia penal”, al Estado le interesaría saber del contenido de esos Informes.

“…interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba…y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

¿Desde cuando cumplir con la función legalmente asignada y pedir una opinión legal se constituye en  falta administrativa?.

¿Desde cuando para interponer una denuncia penal debe pedirse autorización al superior?

¿Desde cuando pedir una opinión legal constituye infracción a las obligaciones para que prescindiendo de toda valoración jurídicada se me impute diversidad de faltas:

“Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal”;

La resolución, nunca debió ser emitida en todo caso por el titular, quien, mínimamente debió abstenerse por encontrarse incurso, en conflicto de intereses.

 

La pregunta que queda es :

¿si yo fui destituido por haber cumplido con mis funciones contraloras como finalmente me volvió a reconocer el Poder Judicial;  que sanción mas grave le impuso el titular del Hospital a los funcionarios y servidores que fueron comprendidos en presunta responsabilidad administrativa en mis Informes de Control, informe que repito, resultó dentro de los  validados legalmente por Contraloría?

Cierto, faltó que la Contraloría General  en defensa de quien era parte de sus sistema, con urgencia, reformule o invalide el informe de la Inspectoría del Ministerio de Salud, accione directamente contra aquel y me confiera ser defendido a través de su Procuraduría, lo propio pudieron hacer las instancias superiores del Ministerio de Salud.

Imperó el extraño mutis.

Ese mismo año 1997 decidí renunciar al OAI para afrontar de mejor forma mi defensa legal como los procesos penales que orquestadamente me imputaron proveedores y funcionarios  aunados a aquellos, a los cuales finalmente también vencí.

Habían previsto inhabilitarme y desaparecerme de la Administración Pública, en ese entonces, hasta por 5 años.

Ese mismo año 1997 me titulé de abogado y decidí reorientar mi futuro personal y quehacer profesional.

El año 1998 y siguientes,  mis detractores, directamente como a través de terceros en reiteradas oportunidades resultaban apareciendo ante las diversas entidades en los que fui invitado asesorar exhibiendo la cuestionada resolución, en algunas de las cuales les dieron crédito, aunque la mayoría prefirió optar por mi verdad, y en esa transparencia, confianza  y conocimiento acepté asumir diversos cargos en otras entidades del Sector a los cuales fui invitado acompañar como Abogado, Asesor, Director de Oficina de Asesoría Jurídica y avocarme al crecimiento profesional en el ejercicio independiente del Derecho, mi experiencia se amplió, desde entonces he conocido y recibido la gratitud y el reconocimiento de nueva y mas gente cuyas experiencias aunadas a la propia, consideré oportuno compartir en  este espacio del blog al cual ustedes me honran con su visita.

La tercera, la mas importante de las razones por las cuales publico este artículo, es demostrar con este botón, a quienes se encuentren afrontando una investigación, o hayan sido notificados con la apertura de un proceso administrativo disciplinario,  o a quienes se les esté imponiendo cualquier sanción administrativa disciplinaria, por grave que esta sea que, no me asiste en consecuencia el solo conocimiento académico o de la asesoría sino la experiencia de quien ha sabido trajinar por cada una de estas tortuosas etapas para decirte que:

Si estás convencido que tu proceder ha sido el adecuado,

si quienes te procesaron incurrieron en vicios,

entonces, será posible que puedas revertir, con creces, el infausto momento que ahora puedas estar afrontando.  Por cierto, contrata una defensa especializada, es tu futuro laboral y tu dignidad el que se encuentra en juego.

Si por acción u omisión eres conciente que incurriste en alguna falta administrativa, reflexiona sobre ella, ten en cuenta que eres uno de los pocos privilegiados que cuenta con una oportunidad laboral, ofrécete y sobretodo, enmienda tu conducta.

Afrontar un proceso administrativo disicplinario o con la imposición de una sanción administrativa,  el mundo no se acaba, toma la circunstancia como una suerte de hacer un alto en tu quehacer diario, vuelve a los tuyos, dale un respiro  a tu cuerpo y tu alma, prueba, si gustas  a dar clik por la web de Morella,  cuya página puedes ver entre los links amigos de mi blog.

Un abrupto alto, puede significarte un involuntario breve o largo descanso, en vez de darte a la aflicción, empléalo para revalorarte, para revalorar lo que eres y cuantos tienes, e  ir incluso por nuevos y mas fructíferos horizontes, como fuera mi caso cuando años después de la infausta Resolución con la cual se me destituyera, inmediatamente después se me brindó el privilegio de ser convocado para asesorar a dilectos funcionarios públicos titulares de entidades, fue el caso en que años después, fui designado como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Nivel F-3 de la DISA II Lima Sur, del Ministerio de Salud, como puedes verificar en la página 22 del siguiente Link http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/020304T.pdf coadyuvándolos a que sus gestiones además de legales, promuevan la aplicación del control interno previo y concurrente, y con ello afronten con menor riesgo, las acciones de control posterior.

Mi mayor gratificación las innumerables correspondencia y muestras de gratitud que recibo de colegas, servidores, funcionarios, ciudadanos(as)  a quienes hoy les asiste estar en uno u otro lado de la administración pública, o como usuario, administrado  o procesado como de los servidores o funcionarios que les asiste ser miembros del CPPAD o Titulares de entidades.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

NUEVO CORREO : asesoriadefensa02@gmail.com

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Lima, 16 de octubre del 2011

Categoría Proceso Administrativo Disciplinario, Gestión Pública