REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver? 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 “Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

¿Cómo se otorga el Poder General?

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 ¿Para qué sirve el Poder General?

El Poder General faculta al representante:

A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
Indagar el estado del expediente
Coordinar con los funcionarios a cargo,
Obtener copias
Presentar escritos a nombre de su representado.    

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 Cuando el administrado pretenda:

Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
Interponer recursos impugnativo
Para el cobro de dinero.
Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

Según sea la mejor elección del Administrado:

Legalizando su firma ante el Notario Público;
Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

  

 

 Debes saber que :

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.     

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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985 483 172 (RPM)

994 948 189 (RPC)
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DENUNCIAS

Como denunciar a un funcionario público?

La denuncia puede ser hecha verbalmente o por escrito.

Dependiendo de la naturaleza de lo que se va a denunciar:

Si es por faltas administrativas cometidas por  funcionarios o servidores en los procedimientos o trámites administrativos a su cargo   : ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario o ante el superior jerárquico.

Si es por mal uso de los recursos públicos  en la gestión o compras públicas  : Ante la Contraloría General o ante los  Organos de Control Institucional (OCI) que hay en cada entidad.

Si es por faltas o delitos de otras personas : ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de turno de donde se produjo el hecho.

Si es contra Policias: ante  la Inspectoría de la Policía Nacional

Si es contra Jueces o Fiscales: Ante el respectivo Organo de Control .

Si es por hechos de conocimiento público:   Puede recurrirse también a los medios de comunicación.

Si es por mala prestación de seguros, servicios de salud, educativos, trnsportes, agua, luz , telefonía o internet, de empresas : ante las mismas entidades o empresas; en caso de no encontrar pronta respuestas o no encontrarse satisfecha con la respuesta, ante las respectivas  instancias superiores:Superintendencia, de Bancas y Seguros, SUSALUD,  UGEL , SUTRAN, o del Organo Supervisor, OSINERGMIN, INDECOPI, etc.

En todos los casos, es necesario actuar con la verdad y claridad en que consiste la denuncia, adjuntando o precisando   las pruebas en las cuales se sostiene la denuncia.

La entidad está obligada a dar respuesta al denunciante del resultado de la denuncia.

Siempre es aconsejable contar con  orientación legal de Abogado.

 

Incumplimiento en Contrataciones del Estado Perú.

Para los funcionarios y servidores: Deben supervisar la adecuada ejecución contractual  de los proveedores; caso contrario, las omisiones no solo pueden significar responsabilidades administrativas sino ser comprendidos  en responsabilidades civiles y esencialmente penales, lo cual es preciso evitar.  

Para los proveedores: puede dar lugar a la pérdida de las garantías otorgadas, ser sancionados con  inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 5 años además de responder  las acciones civiles por los daños y perjuicios que se hubiera causado.

Para los usuarios: No recibir o recibir  malos bienes  o servicios

 

¿Uno debe aceptar o no que anda con licencia falsa?

Siempre debe primar la verdad.

 Elaborar o usar documentos falsos como si fueran verdaderos o declarar falsedades  constituye  delito contra la Fé Pública. Dentro de un proceso o investigación la confesión sincera puede rebajarte la sanción o pena a imponer.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS, RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE TEMAS DE   (II)

Nulidades en el proceso disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario (PAD) como la sanción impuesta, puede ser declarado nulo a pedido de parte (efectuado por el procesado, su abogado  o su representante legal) o de oficio, por la autoridad jerárquicamente superior (en caso de amonestación escrita) o el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR, (en caso de suspensión o destitución) si se encuentra incurso en alguna de las causales de Nulidad del Acto Administrativo previstos en el Artículo 10 de la Ley o del TUO de la Ley 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.
Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
 

Asi, es Nulo si el acto administrativo que no contiene los requisitos de validez previstos en el Art. 3 de la indicada Ley:

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.
 

En ese sentido, puede declararse la Nulidad del PAD o de la sanción impuesta, entre otras razones: cuando ya ha prescrito la falta, o si se impone sanción sin la investigación preliminar y/o el PAD previo; si investigación preliminar y/o el PAD son llevados a cabo por autoridad incompetente, o sin reunir las formalidades o requisitos establecidos por la Ley 30057; si se apertura por una falta y se sanciona por otra distinta, o cuando el PAD es llevado en forma irregular en contravención con los principios que informan al procedimiento sancionador o la sanción resulta desproporcional a la falta cometida, etc.

 

Perú, derecho de petición

La Constitución  reconoce a todo(a) ciudadano (a) peruano(a) el derecho a pedir el respeto de sus derechos humanos previstos en los Artículos 1, 2, 3, 26 y siguientes de la Constitución.

De manera específica  el Art. 2, inciso 20) reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

El TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General precisa:

Artículo 115.- Derecho de petición administrativa

115.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

115.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.  Tal derecho impone a la administración el deber de:

a) “Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho de petición sin trabas absurdas o innecesarias.
b) Abstenerse de cualquier forma o modo de sancionar al peticionante, por el solo hecho de haber ejercido dicho derecho.
c) Admitir y tramitar el petitorio.
d) Resolver en el plazo señalado por la ley de la materia la petición planteada, ofreciendo la correspondiente fundamentación de la determinación.
e) Comunicar al peticionante la decisión adoptada” (STC 01042-2002-AA/TC, fundamento 2.2.4, último párrafo).
A la vez,  el pedir documentación o información que posea la entidad no requiere expresar la causa, es decir, sin necesidad de justificar para que se solicita dicha documentación.

Asimismo,  pedir documentación o información que posea la entidad  no obliga a que la entidad produzca la  información que solicita.

Los pedidos formulados por el ciudadano o administrado, deben ser respondidos por la autoridad administrativa dentro del plazo establecido por la Ley, bajo responsabilidad administrativa y funcional de ser sancionados conforme al PAD establecido por la Ley 30057, Ley de Servicio Civil como la que resulte aplicable, pudiendo dar lugar a la denuncia del titular de la entidad ante la Fiscalía Penal, en caso de incumplimiento .

Importante es saber que el derecho de petición apareja el deber del administrado de proceder con la verdad y apego a la Ley, caso contrario el pedido puede cual boomerang resultarle adverso con implicancias administrativas, penales como civiles si ese fuera el caso.

 Artículo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:

Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental

Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.

Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

 

Órgano Sancionador

En el Régimen Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario previsto en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, aplicable a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057:

Es el Jefe Inmediato del servidor procesado, si la sanción es de amonestación verbal o escrita

El Jefe de la Oficina de Personal si la sanción consiste en suspensión si goce de remuneraciones desde un día hasta un año.

El Titular de la entidad si la sanción consiste en destitución.

 

 

Sanción por agresión verbal

Para sancionar válidamente a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057, se requiere que previamente exista una Investigación Preliminar a cargo del Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien de concluir en que el denunciado le asiste presunta responsabilidad administrativa podrá recomendar se le aperture PAD ante la cual ejerza su derecho a defenderse del cargo imputado, a cuyo término, de no desvirtuarla, se le impondrá la sanción que resulte proporcional a la gravedad de la falta incurrida.

Si se sanciona prescindiendo del procedimiento antes indicado, la sanción se encontraría incursa en Nulidad de pleno derecho, legitimando al procesado a impugnarla con invocando su nulidad.

 

¿Que pasa con el funcionario de institución pública que  ha sido denunciada por acoso?

Si la denuncia es en la vía penal será investigado y de ser el caso procesado judicialmente, de ser hallado culpable podría ser condenado a pena restrictiva de la libertad.

Si la denuncia es en la vía administrativa podría ser sometido a investigación dentro de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, si lo encuentran culpable en la vía administrativa podrían sancionarlo con amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o destitución.

¿Dónde me quejo de una notaría en Perú?

Dependiendo de lo que se trate en el Libro de Reclamaciones de la misma Notaría, el cual está sujeto a la intervención del Notario como del Indecopi; pudiendo recurrir también ante el Colegio de Notarios como ante el Colegio de Abogados, si se tratara de un acto propio del Abogado Notario.

¿Dónde denunciar una estafa o fraude de la alcaldía (catastro)?

La estafa o fraude es un delito,  por tal razón, debe ser denunciado ante la Fiscalía Penal ; sin embargo si evaluados los hechos  se concluye que se trata de un delito de corrupción de funcionarios la Fiscalía competente será la Fiscalía Anticorrupción, lo cual implicará la necesaria intervención previa de la Contraloría General o a través del Órgano de Control Institucional de la entidad.

Lo anterior no impide que puedas denunciar la conducta del servidor ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad .

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                  ABOGADO

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PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444

¿Cuánto tiempo debo esperar para que la municipalidad de respuesta a mi pedido?

¿Debo esperar el tiempo que me indican o hay una norma que señala un plazo obligatorio?

¿Qué hago si no me responden a tiempo?

¿Desde cuándo debo contar el plazo y hasta cuándo?

¿Qué son días hábiles?

¿Qué son dias calendarios?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Por qué me sancionan si yo emití mi informe dentro del plazo de 7 dias que dice el Juzgado? Ahora me dicen que ese plazo era no para mi sino para la entidad, yo que culpa tengo y que me abrirán proceso sancionador. Nunca nos dijeron nada.

¡¡¡Aquí toda la vida hemos atendido asi!!!.

Estas son algunas de las reiteradas preguntas y expresiones cotidianas que suele hacerse el ciudadano como los servidores o funcionarios públicos en ejercicio.

La respuesta a cada interrogante se encuentra en la Ley 27444 cuya parte pertinente relacionada a los plazos y términos transcribimos al final de este breve comentario

La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto Legislativo N° 1272, son de obligatorio conocimiento para los servidores y funcionarios públicos y de suma utilidad para los ciudadanos que acuden a realizar sus diversos trámites ante las diversas instituciones públicas como en las organizaciones y empresa privadas que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula cómo, quien y en que tiempo, deben resolver las actuaciones necesarias para dar respuesta sea denegando o atendiendo lo solicitado .

En la Ley 27444 se regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, los derechos y obligaciones y faltas que pueden incurrir quienes laboran para la administración pública como el administrado; desde el inicio, con la presentación de la solicitud hasta que concluya con lo resuelto en segunda instancia agotándose con ello finalmente la vía administrativa, quedando expedito el derecho del interesado acudir a la vía judicial respecto de cuanto no lo considere favorable.

En el caso de las entidades que cuentan con un procedimiento especial prevalece el establecido en dichas leyes y en lo no previsto en aquella es de aplicación supletoria lo regulado por Ley 27444.

La Ley 27444 está orientada a facilitar la atención al administrado con respeto eficiencia y eficacia, imponiendo sanciones administrativas al administrado o a los servidores si el proceder es arbitrario o abusivo si es contrario a lo establecido por Ley.

La prevalencia de la Ley a favor del ciudadano no faculta al administrado a faltar el respeto a los servidores y mucho menos a que se realicen declaraciones falsas o documentos falsos o se incumplan los requerimientos que la administración le realiza.

De ahí la importancia de recordar a administrados como a los funcionarios y servidores públicos la adecuación de sus funciones como la permanente revisión de los Principios de Derecho aplicables al Procedimiento Administrativo entre ellos:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, DEBIDO PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD POR ERRORES

La expresión “todos los caminos conducen a Roma” aplicable, cuando se tiene varias alternativas para escoger y llegar al mismo resultado; no es compatible con la debida observancia de las garantías, derechos, competencia, forma y plazos que establece la Ley como componentes del Principio del Debido Procedimiento que rige los “trámites” o procedimientos que el administrado sigue ante las entidades de la Administración Pública como a quienes tienen a su cargo o afrontan una investigación preliminar o un Proceso Administrativo Disciplinario.

El D. Leg 1272 -que modifica determinados artículos de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General- incide en que el procedimiento administrativo es más simple y garantista a favor de los administrados; en contraparte, enfatiza que los funcionarios y/o servidores que forman parte dela administración e incurran en errores o decisiones administrativa que pudieran dañar a los administrados pueden verse incursos en generar responsabilidad civil.

En ese sentido, interesa a unos y otros, revisar comparativamente el texto originario -aún vigente-, entre otros, del Principio del Debido Procedimiento, dice :

“ 1.2. Principio del Debido Procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. la regulación propia del derecho procesal civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”.

La modificatoria de este principio lo amplia con el reciente D.Leg. 1272 como sigue:

“ 1.2. Principio del Debido Procedimiento principio del debido procedimiento.- los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. la regulación propia del derecho procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En esa misma línea proteccionista del administrado el D.Leg. 1272 incorpora también 3 principios mas, cuya lectura y comprensión interesa antes de su entrada en vigencia:

1.17. Principio del Ejercicio Legítimo del Poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de Responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

1.19. Principio de Acceso Permanente.- La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia.

Los Principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo.
La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo.”

(…)

PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIO MAGISTRAL

El Acompañamiento Pedagógico termino….cambiaste?…..eres una experta?..

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…te ayudaremos a demostrarlo…

Te esperamos en EL PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIO MAGISTRAL los dias21,22..ATENCION!!….La Especialista Jesús Marlene Caldas Villanueva participara el día 23 de febrero en la modalidad presencial y virtual para demostrarte cuan experta eres y seras el día que te observe MINEDU (Ministerio de Educación)…Trabajara con la ficha de registro de evidencias….BIENVENIDA MARLENE!!..COLEGAS LAS ESPERAMOS…INSCRIBETE YA!!

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ACTA DE DEFUNCION

José tuvo el infortunio que, en lo mejor de su vida como profesional adulto, un ladrillo desprendido cuatro pisos arriba, le abra en rosa el cerebro y lo ponga al borde de la muerte por mas de dos meses.

José, tuvo fortuna, en parte, su familia veló por él y luego de meses de larga rehabilitación, pudo reincorporarse al trabajo, recuperó entonces trabajo, su familia y progresivamente su salud.

Sin embargo; durante todo ese tiempo su empleador dejó de aportar el seguro que tenía contratado, cuando fue a reclamar a la aseguradora , le indicaron que había perdido el derecho a los seguros contratados y sólo le entregarían una ínfima suma.

Sus familiares desconocían que contaba con dichos seguros; hoy intenta ante la Superintentencia de Banca y Seguros (SBS) revertir tal estado, aunque la aseguradora ya le anteló que es inútil.

Y que pasa con quienes intempestivamente o por causas diversas fallecen sin compartir tal información con su familia?

¿Cuantos sabíamos que SBS, la Superintentencia de Banca y Seguros, en su condición de ente Supervisor de los Bancos y Seguros a mediados de Diciembre 2014 había publicado el siguiente aviso a insertar en el ACTA DE DEFUNCION? Lo cual saludamos con creces y contribuimos en difundir:

“ACTAS DE DEFUNCIÓN INCLUIRÁN ANOTACIÓN CON INFORMACIÓN FINANCIERA

A partir de la fecha, toda copia certificada de un acta de defunción incluirá una anotación que facilitará el acceso a la información sobre los seguros, aportes previsionales y ahorros pertenecientes a personas fallecidas. Gracias a esta información financiera, los familiares del difunto sabrán que pueden hacer consultas sobre la existencia de dichos depósitos llamando a la línea telefónica gratuita 0800-10840 o ingresando en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, http://www.sbs.gob.pe (lo resaltado en negrita y subrayado es nuestro)

La modificación en la partida de defunción es posible luego de que hoy suscribieran un convenio el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Daniel Schydlowsky, y el Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Jorge Yrivarren. El acuerdo permite cumplir lo dispuesto por la Ley N° 30205 referida al acceso a la información financiera, previsional y de seguros en beneficio de los herederos.

Según dicha norma, la anotación con la información financiera debe aparecer en el dorso de todas las copias de las partidas emitidas por las Oficinas Registrales del RENIEC o por las 4,508 Oficinas de Registros del Estado Civil (OREC) que operan en las municipalidades. El RENIEC es el ente rector del sistema de registro civil y proporciona materiales registrales a los gobiernos locales. En las copias impresas se colocarán etiquetas autoadhesivas que contengan la anotación y, donde se cuente con el sistema automático de registro en línea, la nota será incorporada electrónicamente. (lo resaltado en negrita y subrayado es nuestro)

“Muchos peruanos, sobre todo aquellas personas con menos recursos, no saben cómo averiguar qué fondos tenía su familiar fallecido. Por eso este convenio es un paso adelante para alcanzar la inclusión financiera”, señaló Daniel Schydlowsky durante la firma del acuerdo.

Lima, 17 de diciembre de 2014”

El Acta de Defunción constituye el instrumento jurídico que acredita el fallecimiento (RENIEC R.J. N° 782-2009-JNAC-RENIEC).

La muerte pone fin a la persona (Código Civil Artículo 61) e inicia diversidad de acontecimientos, con implicancias legales para sus deudos, empleadores, deudores y acreedores, que respectivamente, pretenderán hacer reconocer, reclamar y atender su mejor derecho.