FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL T.U.O. DE LA LEY 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL TUO DE LA LEY 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

Vas a una entidad pública, intentas presentar tu solicitud, la cuestionan o rechazan; presentas tu solicitud te indican regresar en tantos días, regresas en la fecha señalada y no obtienes respuesta, vuelves a ir una y otra vez; no hay cuando te respondan o la respuesta es sumamente tardía o no resuelve lo que solicitas.
La Constitución establece que es un derecho fundamental de la persona humana el derecho de petición y a obtener respuesta por parte d ela autoridad competente en el plazo de Ley; asi lo regulan también las diversas leyes relacionadas.
Al otro lado del escritorio, el documento fue recibido por trámite documentario y trasladado a la oficina que corresponde atender lo solicitado, donde reparan a la vez que se requiere una o más opiniones técnicas de otras oficinas, antes de dar respuesta al interesado.

El interesado consigue llegar a hablar con quien tiene su expediente, el funcionario o servidor que tiene el expediente le indica que recién se lo han entregado, que está con recargadas labores atrasadas, no funciona su computadora, o que quien lo tiene está de vacaciones o licencia, habrá que esperar que retorne, etc, etc.

Cuantos casos a diario ocurren en diversas Entidades públicas.

Cada una de las conductas arriba graficadas pueden configurar faltas administrativas, por ende, susceptibles de ser reclamadas y atendidas y sobre todo SOLUCIONADAS por el Titular de la Entidad directamente o a través de los servidores o funcionarios que él delegue; caso contrario, ser denunciadas ante la Secretaría Técnica de Apoyo a las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, la cual con la verificación de la denuncia podría recomendar las medidas correctivas como si existe o no la necesidad de Aperturar Procedimiento Administrativo contra los servidores o funcionarios infractores.

Este post mas que promover las denuncias tiene el propósito que tanto los administrados como los servidores y funcionarios recuerden que conductas son necesarias modificarlas para evitar ser denunciadas.

El Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General , en el capítulo relacionado a la “Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública” establece de modo expreso que conductas que constituyen Faltas Administrativas
Artículo 259.- Faltas administrativas
259.1. Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:
1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.
2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral 169.1 de este TUO.
11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.
12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.
14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1)UIT, sin contar con autorización previa.
15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.
17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.
18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.
20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134;
21. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.
22. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

259.2. Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 253 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.
Importa también tener en consideración que esta Ley ha previsto en el Artículo 263° la posibilidad que el administrado pueda formular Denuncia por delito de omisión o retardo de función ante el Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función. Para ello el Ministerio Público, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido. b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
ABOGADO
RPM 985 483 172
Email: asesoriadefensa02@gmail.com
Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú
(Atención previa cita confirmada telefónicamente)
Derecho Administrativo
Lima, 3 de diciembre 2018

REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver? 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 “Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

¿Cómo se otorga el Poder General?

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 ¿Para qué sirve el Poder General?

El Poder General faculta al representante:

A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
Indagar el estado del expediente
Coordinar con los funcionarios a cargo,
Obtener copias
Presentar escritos a nombre de su representado.    

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 Cuando el administrado pretenda:

Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
Interponer recursos impugnativo
Para el cobro de dinero.
Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

Según sea la mejor elección del Administrado:

Legalizando su firma ante el Notario Público;
Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

  

 

 Debes saber que :

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.     

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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LEY Nº 27444 “LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL”

Cuando el ciudadano, en Perú, acude a alguna de las entidades públicas (conformadas, entre otros, por municipalidades, ministerios, colegios, hospitales, SUNAT, EsSALUD, ONP, INDECOPI, etc.) o algunas empresas que prestan servicios públicos como : agua, luz, telefonía, organismos reguladores, etc., formulando un pedido o reclamo o es requerido por ellas por causa alguna : se INICIA un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO el mismo que para su adecuada atención está sujeto a requisitos para la admisibilidad, procedencia, validez o invalidez de lo actuado, quien es la autoridad competente, cuales son los principios que regulan el procedimiento, cuales son los plazos mínimos y máximos, las formalidades, los derechos, obligaciones y responsabilidades que respectivamente le corresponde a cada una de las partes (los administrados y la Administración Pública: representada por sus servidores y funcionarios públicos) a uno de los cuales la Ley le faculta poner FIN con la correspondiente decisión y respuesta escrita y/o electrónica “notificada debidamente” al interesado o, excepcionalmente, con el silencio administrativo ( falta de respuesta).