MODIFICA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

Por RICARDO AYALA GORDILLO

Mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS el viernes 25 de enero de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo texto oficial puedes ver en el siguiente link https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/01/25/1734669-1/1734669-1.htm  

Mucho antes, el 21 de diciembre 2016, fue modificada la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General  y derogado la Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo.

Las modificatorias y derogatoria debe significar un cambio mas favorable a los trámites que a diario realiza el ciudadano – administrado ante diversas entidades públicas como ante empresas que prestan servicios públicos de telefonía, agua, luz, etc. al Estado, sobre las cuales iremos comentando progresivamente en artículos siguientes.

Por la brevedad del tiempo, considero interesante compartir el artículo publicado por La LEY , y a continuación compartir la modificatoria referente al Procedimiento Sancionador, el incremento de Faltas aplicables y sobre el encargo dado ahora a Contraloría como a los Organos de Control Institucional para recibir las denuncias de los administrativos

http://laley.pe/not/3686/conoce-aqui-los-17-principales-cambios-al-procedimiento-administrativo/ .

 

FIJAN 12 NUEVAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 6 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

Conoce aquí los 17 principales cambios al procedimiento administrativo

 

El reciente Decreto Legislativo Nº 1272 busca agilizar y optimizar los procedimientos administrativos que se realizan en las entidades públicas. Para ello, modifica diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley del Silencio Administrativo. De esta manera se crean nuevas guías que los ciudadanos deberán tomar en cuenta durante sus trámites ante el Estado.

(Foto: Andina)

A partir de ahora, los procedimientos administrativos en las entidades públicas sufrirán significativos y progresivos cambios. Por un lado, la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley N° 27444) tendrá nuevas disposiciones, mientras que por el otro, la Ley del Silencio Administrativo quedará derogada. Así lo fija el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado este miércoles 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

Algunas de las modificaciones que establece la norma recaen sobre los derechos de los administrados, la velocidad de la respuesta por parte de los entes donde se realizan trámites administrativos, los supuestos eximentes de responsabilidad por infracciones y la incorporación de faltas. Además, ordena que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 sea aprobado en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de este jueves.

La norma deberá aplicarse tanto por parte de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como por los gobiernos regionales y locales, los organismos autónomos del Estado y las personas jurídicas que, estando bajo el régimen privado, prestan servicios al Estado o ejercen funciones administrativas. A continuación, te explicamos al detalle los cambios normativos más importantes que trae el nuevo decreto.

  1. Tres novedosos principios.El Decreto Legislativo Nº 1272 incorpora los siguientes principios: de ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad y de acceso permanente. El primero establece límites dentro de las facultades o potestades que posee la autoridad administrativa, con la finalidad de evitar el abuso del poder. Por su parte, el segundo principio obliga a la administración responder por los daños que perjudiquen a los administrados cuando la causa sea el mal funcionamiento de la actividad administrativa. Finalmente, el principio de acceso permanente busca facilitarle al administrado el acceso a la información sobre el estado de sus trámites.
  1. No cualquier notificación será válidamente efectuada.La norma también ordena que las notificaciones enviadas por correo electrónico sean validadas solo cuando la entidad reciba la respuesta de recepción, cuyo plazo es de dos días útiles.
  1. Administrados que mienten serán puestos en evidencia.Aquellos administrados que presenten declaraciones o informaciones falsas o fraudulentas serán incluidos en una lista pública. Esta relación será emitida y actualizada trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo.
  1. No más papeleo.A su vez, el decreto prohíbe a las entidades solicitar documentación que ellas mismas administren o tengan a la mano. Esta disposición se adecúa al Decreto Legislativo Nº 1246, que se publicó anteriormente y que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.
  1. Se reconocen nuevos derechos de los administrados. Con la norma, se incorporan como nuevos derechos de los administrados el no presentar los documentos que las entidades tengan prohibido solicitar y a no pagar tasas diferentes a las reguladas. Además, las renovaciones de licencias o permisos se entenderán como prorrogadas siempre que el administrado lo solicite durante la vigencia original y la autoridad se encuentre instruyendo el procedimiento de renovación.
  1. Espacios idóneos.Las entidades deberán habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada al público.
  1. Denunciantes protegidos.La norma también establece que las entidades receptoras de denuncias podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes.
  1. Respuestas puntuales.De otro lado, las entidades estarán obligadas a responder las solicitudes de información dentro del plazo que establece la ley.
  1. El recurso administrativo de revisión podrá ser interpuesto solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente.
  1. Responsabilidad administrativa subjetiva.En los principios de la potestad sancionadora administrativa, se agrega el principio de culpabilidad, el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, a menos que por ley o decreto legislativo se establezca como objetiva.
  1. Situaciones que eximen de responsabilidad por infracciones. El decreto también fija seis supuestos en los que los administrados no serán responsabilizados por infracciones:
  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.
  1. Nuevas faltas administrativas.Por otra parte, se agregan 12 faltas administrativas que traen como consecuencia la suspensión, el cese o la destitución de la autoridad o personal administrativo. Algunos de los nuevos supuestos que califican como falta son: no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada; desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa; incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos y  cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
  1. Digitalización del procedimiento.El decreto ordena la incorporación del procedimiento administrativo electrónico. Esto, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales.
  1. Entidades interconectadas. Las entidades permitirán a otras el acceso gratuito a sus bases de datos para consultar información requerida.
  1. Nuevos parámetros en la Contraloría y la Oficina de Control Interno. Los roles cumplidos por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno responderán a nuevos parámetros específicos.
  1. Caducidad ampliable.La norma ordena que el plazo para la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio será de nueve meses. Sin embargo, también prevé que podrá otorgarse una prórroga de tres meses más.
  1. Se incorpora la Actividad Administrativa de Fiscalización, como un conjunto de actos, diligencias, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados.

 

Durante mis días de estudiante de Derecho estaba lejos de sospechar cuan cotidiano me resultaría el Derecho Administrativo, al cual me introduje abruptamente a partir de la experiencia laboral como Auditor Jefe reconocido por Contraloría que, con igual premura, me remitió a empaparme en la normativa y aplicación de las normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario como Abogado, Asesor de diversas entidades públicas, con cuyas experiencias me permito contribuir a  través de los artículos publicados en el Blog como a los consultantes al mismo o al correo personal en la esperanza que las peticiones que formulen y sobre todo las decisiones que se adopten resulten legales, como en lo posible, justas.

Por esta línea de trabajo en adición a las expuestas en los párrafos anteriores consideramos de relevante importancia antelar las modificaciones relacionadas al Procedimiento Sancionador como  las asignadas a Contraloría y a los Organos de Control Institucional.

 “Artículo 229. Ámbito de aplicación de este capítulo

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.”

 

“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

  1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
  2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento.

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

  1. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.

Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

  1. a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
  2. b) La probabilidad de detección de la infracción;
  3. c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
  4. d) EI perjuicio económico causado;
  5. e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
  6. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
  7. g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

 

 

  1. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

 

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

  1. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
  2. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

  1. a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
  2. b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
  3. c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el

ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

  1. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
  2. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
  3. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.
  4. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

(…)

“Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.

 

Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.”

 

Es en consecuencia  ilegal, imponer una medida correctiva no tipificada previamente como tal.

 

“Artículo 233. Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

 

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 232 infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

 

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

 

233.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

 

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

 

 

 

“Artículo 234. Caracteres del procedimiento sancionador

234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

  1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción.
  2. Considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.
  3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
  4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

 

234.2 La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio.

 

“Artículo 235. Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

  1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.
  2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

 

  1. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

 

  1. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

 

  1. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción.

 

La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

 

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

 

  1. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.”

 

Congruente como diferente, en parte, con el procedimiento sancionador previsto en la Ley 30057.

 

“Artículo 236. Medidas de carácter provisional

236.1 La autoridad que tramita el procedimiento

puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 146.

 

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.

236.3 No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos.

 

236.4 Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.5 Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.6 Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva medida.

 

236.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

236.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas:

  1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso.
  2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.”

 

 

“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracci nes las siguientes:

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:

  1. a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

  1. b) Otros que se establezcan por norma especial.”

 

Oportuna incorporación de reclamados eximentes y atenuantes a favor del administrado

 

Artículo 239.- Faltas administrativas

 

239.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de

los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.
  2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
  3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
  4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
  5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
  6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.
  7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
  8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
  9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
  10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refi ere el numeral 160.1 de esta Ley.
  11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.
  12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
  13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.
  14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
  15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
  16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.
  17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

20 Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 125;

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.
  2. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

239.2 Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

Ampliar el número de faltas es el resultado de haber verificado no solo que existen sino que son las que mas proliferan en las diversas entidades públicas, constituyendo el proceso de implementación de 60 dias (hasta el 21 de febrero2017), para los titulares de las entidades, no solo el deber de capacitar al personal sino modificar los instrumentos de gestión y en determinados casos racionalizar o incrementar recursos humanos como adecuar  su infraestructura.

 

“Artículo 49-B.- Rol de la Contraloría General y de los órganos de control interno

49-B.1 Corresponde a la Contraloría General de la República y a los órganos de control interno de las entidades, en el marco de la Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verificar de oficio que las entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento Administrativo, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.”

49-B.2 Los administrados podrán presentar denuncias ante los órganos de control interno de las entidades, que forman parte del Sistema Nacional de Control, o directamente ante la Contraloría General de la República, contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.

49-B.3 Es obligación de los órganos de control interno de las entidades o de la Contraloría General de la República que conocen de las denuncias informar a los denunciantes sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como resultado de las denuncias en relación a las irregularidades o incumplimientos que son objeto de denuncia.

49-B.4 El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia institucional, en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este dispositivo.”

 

Particularmente consideramos que esta función debiera encomendarse a las Secretarías Técnicas de Procedimiento Administrativo Disciplinario a efectos de no recargarse la labor relevante de los Organos de Control Interno en evaluar la adecuada ejecución de los recursos públicos asignados a las entidades.

Comprobado está que mejores leyes por si solas  no hacen un cambio significativo en la sociedad, de ahí la urgencia en la difusión de las Leyes antes mencionadas tanto en los ciudadanos –administrados como por parte de la entidades públicas representadas por los funcionarios, directivos y los servidores, quienes están obligados al mejor conocimiento de las normas administrativas que regulan sus funciones como todas aquellas relacionadas a su quehacer.

Exitos en tu cometido.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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Categoría : PAD/Derecho civil y penal

25 de Marzo del 2019

SOAT

por RICARDO AYALA GORDILLO

Hola

Me llamo Viridiana hace casi un mes sufri un accidente a bordo de un taxi y llegamos al ministerio público xq yo tenia lesiones pero no me hicieron caso y tuve q trasladarme por mis propios medios a una clínica presentándose posteriormente a dar mi declaración la persona q me atendió dice q dejo ir a los responsables porque se presentaron voluntariamente además que le dieron dinero y ya soltó los carros q estaban detenidos y a mi no me dan solución se portan groseros y la verdad yo he hecho muchos gastos ya que sufri esguince en el cuello y en la columna de hecho no podía ni hablar y estoy en terapias de rehabilitación y ahora resulta q no hay responsable de la lesiones que puedo hacer????

accidente-transito

Viridiana

Ocurrido el accidente, lo primero que debió hacer el conductor fue conducirte a un hospital o clínica a que recibas la atención de urgencia, cuyos gastos desde ese momento los asume el SOAT, -correspondiéndole a él llamar a dicho Seguro como dar cuenta a la Policía-; si no lo hizo, debiste exigir a que así proceda, caso contrario, debiste pedir la intervención policial.

Por lo que describes, todo el proceder que siguió el conductor contigo es irregular, lo cual hace presumir que el vehículo no contaba con SOAT, lo cual debió dar lugar a la inmediata intervención policial por la infracción legal, de ser asi, ello no impide que, acreditando por tu parte la debida identificación del vehículo como del conductor y la atención médica recibida, exijas legalmente al conductor, al propietario y de ser el caso, al SOAT, el pago por los gastos incurridos, el costo de la rehabilitación total y el perjuicio por la discapacidad y dolor temporal, tus ingresos regulares  dejados de percibir.

Amplio la información relacionada como sigue:.

 

¿Qué es el SOAT?

De acuerdo al Código de Tránsito y Seguridad Vial todo vehículo está obligado a contratar una póliza de Responsabilidad Civil, de ahí que por Ley el año 2002 todo vehículo está obligado a contratar en Perú el SEGURO OBLIGATORIO POR ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), el cual no sólo repara el daño que sufra :

. el asegurado

. los ocupantes de un vehículo

.  como los peatones que pudieran verse afectados por un accidente de tránsito.

El objeto del SOAT es asegurar y cubrir los riesgos y gastos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor asegurado, como sigue :

Muerte c/u Cuatro (4) UIT S/. 15,800

Invalidez permanente c/u hasta Cuatro (4) UIT S/. 15,800

Incapacidad temporal c/u hasta Una (1) UIT S/. 3950

Gastos Médicos c/u hasta Cinco (5) UIT S/. 19,750

Gastos de sepelio c/u hasta Una (1) UIT S/. 3,950

(*) La UIT – Unidad Impositiva Tributaria – es equivalente a S/. 3,950

.  la atención médica es inmediata e incondicional a las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales, como en tu caso.

. El pago del beneficio de  indemnizaciones, por cada persona u ocupante del vehículo,  sin necesidad de ninguna investigación previa respecto a la responsabilidad en el accidente.

Por su parte, el propietario del vehículo al contratar el SOAT está obligado a:

Declarar el verdadero uso del vehículo automotor.

Pagar la prima correspondiente contra entrega del correspondiente Certificado de Seguro.

Mantener durante la vigencia de la póliza, el uso del vehículo declarado en el Certificado SOAT, debiendo comunicar por escrito a la compañía de seguros, oportunamente, cualquier variación en dicho uso. La compañía de seguros podrá modificar el Certificado de Seguros de acuerdo con el nuevo uso y cobrar o devolver la prima que corresponda.

No permitir la conducción del vehículo automotor por menores de edad, personas que no posean licencia de conducir o que teniéndola no corresponda a la categoría requerida para el vehículo asegurado, personas en estado de ebriedad, de drogadicción o en situación de grave perturbación de sus facultades físicas o mentales.

Comunicar a la compañía de seguros la transferencia de propiedad del vehículo automotor en el plazo de cinco (5) días de ocurrido el hecho.

Avisar de inmediato la ocurrencia de un accidente de tránsito a la Compañía de Seguros, salvo caso de impedimento debidamente justificado. Asimismo, dejar constancia del accidente de tránsito en la delegación de la Policía Nacional del Perú más cercana, exhibiendo el certificado de seguro correspondiente a la póliza en vigencia.

Formalizar por escrito el aviso de la ocurrencia del siniestro a la compañía de Seguros.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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Categoría : PAD/Derecho civil y penal

25 de Marzo del 2019

ADN y RECONOCIMIENTO DE HIJO

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

 

Reconocimiento de hijo(a) nacido(a) de mujer casada con varón diferente al marido

A partir del 24 de agosto 2018 en que entra en  vigencia el Decreto Legislativo Nº 1377 el hijo nacido de mujer casada con  varón diferente del marido se presumía hijo del cónyuge.

Esta realidad postergaba la posibilidad del inscripción del hijo hasta el momento en que el cónyuge o el padre biológico promueva primero un proceso judicial de impugnación de dicha presunción legal  con cuya sentencia recién podía el padre biológico reconocer al hijo.

Como consecuencia de ello muchos hijos e hijas no eran inscritos o reconocidos.

Con la dación del antes indicado Decreto Legislativo ya no es necesario dicho proceso judicial, facultando a que el hijo o hija  sea  reconocido e inscrito en RENIEC por el nombre del padre biológico.

 

Inscripción en Reniec de hijo producto de violación        

Legalmente la madre puede optar por inscribirlo sólo con sus apellidos o con los del progenitor.

Para la madre víctima de la violación y su menor hijo no es un tema fácil sin duda, pues optar por lo primero implicaría liberar de la obligación alimenticia al agresor y de optar por lo segundo puede resultar revivir el trauma a lo largo de su vida.

¿Qué puedo hacer si mi nombre en mi DNI es José Sebastián Bartolomé y mi Acta de Nacimiento tiene nada más un nombre dónde acudir?

Tendrás que hacer un proceso judicial por Rectificación de Nombre

 

Un padre en prisión puede darle apellido a un hijo recién nacido

Si. La prisión no le cercena el derecho como padre.

 

Reconocí a mi sobrino como hijo ¿Que trámite debo seguir para que mi hermano lo firme en su partida de nacimiento en Perú?

Tu hermano debe pedir la nulidad del reconocimiento dentro de un proceso judicial.

 

Se puede registrar a un bebé sin la presencia del padre en Perú?

Si.

La Ley  asi  le faculta a la mamá, quien podrá inscribir su nacimiento en RENIEC  consignando el apellido del padre o sólo el de ella.

Cualquiera que fuera su decisión no le impide más adelante, demandar judicialmente al padre para que proceda a reconocerlo y darle alimentos  a su hijo.

 

¿Cómo darle mi apellido a mi hijo biológico en Perú?

Voluntariamente,  con el simple acuerdo con la mamá yendo ambos a RENIEC

Judicialmente, en caso de negativa de la madre o cuando otra persona hubiera inscrito al menor.

¿Qué documento demuestra que mi padre es él?

El Acta o Partida de Nacimiento, en tanto no sea impugnado judicialmente.

El resultado de la prueba de ADN corrobora o descarta la paternidad atribuida.

¿Por que los hijos adoptados tienen un acta de nacimiento normal?

Porque es resultado de un proceso judicial y porque las Actas de Nacimiento o Nacido Vivo como se llaman hoy no deben contener términos que identifiquen tal condición, teniendo los mismos derechos que los nacidos dentro del matrimonio.

En mi partida de nacimiento mis padres aparecen como casados cuando son solteros

Tus padres o tu, deben contratar Abogado para presentar demanda judicial denominada Rectificación de Partida.

De no hacerlo podrían tener problemas en caso de herencia o vender bienes que adquirieron dentro de la convivencia .

El menor lleva los apellidos del padre, pero el resultado de la prueba de ADN es negativo.

Quien reconoció al menor como hijo sin saber que no lo era puede demandar la Nulidad del Reconocimiento realizado o bien, en tanto la paternidad no sea reclamada por el padre biológico, puede continuar  asumiendo la condición de padre.  Suele por ello decirse que es mas padre quien cría que el que engendra.

¿Cómo registrar un bebé si no tengo la hoja de alumbramiento?

En Perú se llama Certificado de Nacimiento.

En el establecimiento de salud donde nació puedes pedir el Certificado de Nacimiento y con ello acercarte a RENIEC.

Alternativamente pueden presentar ante RENIEC la tarjeta de vacunación, partida de bautizo, certificados de estudios y dos  testigos

 

¿Qué hacer si mi hoja de alumbramiento de mi bebé está mal la huella de su pie?

Puedes darlo a conocer al establecimiento de salud para que hagan la correspondiente verificación y, solo de ser el caso, la subsanación que corresponda.

¿Se puede sacar una constancia de nacimiento o atención en un hospital?

Si. Debes solicitarlo por  Mesa de Partes del Hospital.

Requisitos para rectificar partida de nacimiento nombre de la mamá

Dependiendo del tipo de error en el nombre de la mamá si es ortográfico los documentos que así lo demuestren.

Si se trata de error en el apellido es necesario contar con la Partida de nacimiento de la mamá y de los abuelos.

 

¿Cómo hacer en casos que el padre no firma al recién nacido?

La madre puede demandar judicialmente al padre para que proceda a reconocerlo y darle alimentos  a su hijo.

En  Perú, ¿si la madre registra a un niño sin padre que apellido llevaría?

Todo niño tiene un padre, necesariamente.

Lllevará el apellido del padre o de la madre, según ella lo decida.

¿Cómo firmar reconociendo a mi hijo cuando otra persona lo firmó en Perú?

Previamente deberás pedir la Nulidad de dicho reconocimiento dentro de un proceso judicial.

De acreditarse tu  paternidad con el examen de ADN dentro de ese proceso judicial, el Juez declarará la Nulidad del Reconocimiento y dispondrá a RENIEC proceda a emitir nueva Acta de Nacimiento con tus nombres y apellidos.

Mi hija tiene 50 días de nacida su papá la quiere reconocer

No hay inconveniente para que la reconozca el trámite es personal, inmediato y gratuito, bastará que ambos padres acudan con sus DNI ante la Oficina de RENIEC.

¿Puede mi pareja de unión de hecho demandarme por deuda?

Puede demandarte, si no está acreditado el reconocimiento de  la Unión de Hecho.

Si está declarada o reconocida la Unión de Hecho, no prosperaría su demanda.

 

¿Puedo ponerle el apellido de papá mi hijo después de siete meses de nacimiento?

Si , voluntariamente, yendo conjuntamente contigo a RENIEC o demandándolo judicialmente por Filiación Extramatrimonial .

Quiero  cambiar el apellido ante RENIEC

El cambio de apellidos no se hace ante la RENIEC sino ante el Poder Judicial.

No procede a la sola voluntad o deseo del peticionante, sino que existan legalmente razones para que el Juez así lo ampare, sea en caso de errores en el apellidos o cuando este resulte probadamente vergonzoso u ofensivo, el Juez determinará la procedencia o no de lo solicitado.

Un hijo de 20 años que esté estudiando satisfactoriamente ¿ tiene derecho a la pensión alimenticia?

La respuesta es afirmativa, siempre que así lo acredite documentadamente.

 

Pensión de alimentos Perú. Cuáles son los requisitos para denunciar en la  fiscalía?

Se denuncia ante la Fiscalía Penal el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, cuanto el padre incumple mas de tres meses el pago  de la pensión alimenticia ordenada judicialmente o de la obligada  a asumir ante un Centro de Conciliación.

En ese sentido, lo que se requiere acreditar al Fiscal es copia certificada de la demanda de alimentos,  de la sentencia y los requerimientos judiciales incumplidos, que contiene el mandato judicial y el requerimiento incumplido al pago de pensión alimenticia o copia del acuerdo extrajudicial hecho ante Centro de Conciliación y los requerimientos omitidos por el obligado.

En la demanda de alimentos se puede afectar el Sub cafae de un trabajador administrativo?

La respuesta es afirmativa. La solicitante preferiblemente, debe asi precisarlo.

 

Conviviente tarda 10 años en reclamar pensión

El pedido de la pensión es imprescriptible, esto es, no se pierde el derecho a pedirlo y a obtenerlo.

 

Si consideras,  puedes llamarnos o escribirnos para reservar cita.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO ABOGADO

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Categoría : Derecho Civil

23 de Marzo del 2019

AMONESTACION VERBAL Y RESPUESTAS SOBRE PROCEDIMIENTO ADIMINISTRATIVO

por RICARDO AYALA GORDILLO

¿Qué es una llamada de atención verbal legalmente?

Es la realizada al servidor, cuando -como resultado de la evaluación del informe solicitado sobre el hecho-, el superior jerárquico tiene la certeza que se trata de una falta leve-  el superior jerárquico decide amonestarlo, en forma personal y en privado. No dice la norma, pero indudablemente, se realiza en términos respetuosoS.

En contrario, la realizada sin conocer la versión del servidor, ante un grupo y en términos altisonante, con insultos u ofensas o por memorando; constituye falta administrativa por parte del superior.

 

¿Como hacer descargo ante un proceso administrativo  disciplinario?

Para hacer el descargo, lo primero que debe hacerse previamente, es verificar que al momento que te notifican, te adjunten copia del Informe de Precalificación elaborado por el SECRETARIO TECNICO de apoyo a las autoridades del PAD y todos los documentos que sustenten dicho Informe como el Acto de apertura del PAD.

Considerando que el PAD tiene por objeto aplicar la sanción administrativa propuesta, la cual de confirmarse al término del PAD, no solo puede constituir demérito en tu foja de servicios sino suspenderte temporalmente desde 1 día hasta un año sin goce de  remuneraciones o a inhabilitarte para que contrates con cualquier entidad del Estado hasta por 5 años, es que siempre es aconsejable que contrates los servicios de un Abogado para que conjuntamente contigo estudien el expediente y preparen el correspondiente descargo a ser presentado dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que te notificaron.

En ese cometido debes verificar :

Si contiene la estructura puesta en el Anexo …de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Si el PAD no se encuentra afectado por la Prescripción, en cuyo caso debe solicitarse al titular de la entidad para que verifique los plazos y de corresponder declare cuanto corresponda.

Si el Órgano Instructor es el jefe inmediato o el Jefe de Personal, según sea el tipo de  sanción propuesta.

Si el Secretario como el Órgano Instructor no se encuentran incursos en causal de abstención.

Si el Informe de Precalificación como la apertura del PAD se han elaborado con sujeción a Constitución, a la Ley, Reglamentos y a los principios que informan el PAD.

Proceder al estudio pormenorizado del contenido del documento con el que se apertura PAD:

Si el hecho o los hechos son acordes o no a la cuanto ocurrió.

Si los hechos guardan coherencia con la falta administrativa que se te atribuye o si se están aplicando normas derogadas o inaplicables.

Si existe congruencia entre los hechos y las normas que se invocan

Si la sanción propuesta es proporcional a la falta que se imputa

Si concurren atenuantes o eximentes de responsabilidad.

Recuerda que el descargo está orientado a que el ORGANO INSTRUCTOR en un primer momento y el ORGANO SANCIONADOR  después, cuenten con elementos convincentes destinados a apartarse motivadamente de lo propuesto en la apertura del PAD, siempre que tus argumentos se encuentren debidamente sustentados con documentos u otros medios probatorios que respalden tu posición, de modo que rechaces, aceptes o desvirtúes, en todo o en parte, la falta que se te atribuye, de modo que idealmente conduzca a la Absolución y archivamiento del PAD o a que se imponga la sanción mas benigna.

 

¿Cómo designar al jefe inmediato si fue rotado y a quien designar en el proceso PAD?

Quien designa a una jefatura es el titular de la entidad o la autoridad a quien la Ley le faculte delegar tal acción.

La Ley N° 3057 ya ha predeterminado que son autoridades del PAD: el Jefe inmediato,  el Jefe de la Oficina de Personal el Titular de la entidad y el Tribunal de Servicio Civil.

Dichas autoridades intervienen conforme al cargo y según sea la gravedad de la sanción a aplicar  

 

¿En qué tiempo prescribe el inicio de proceso administrativo disciplinario en contra de un profesor de acuerdo a la legislación peruana?

En el plazo no mayor de un (1) año, contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta sin que se haya iniciado el proceso administrativo, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario, se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.

 

¿Puedo apelar mientras estoy sancionado sin goce de haber?

Si, es lo que por derecho a la doble instancia en sede administrativa, te corresponde.

 

¿Cuándo una empresa o institución estatal cobra tarifa distinta de la oficial por un servicio  el usuario puede presentar una denuncia?

La respuesta es afirmativa.

La denuncia puedes presentarla en el Libro de Reclamaciones, o ante el Órgano de Control Institucional (OCI)  o la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos.

 

Lo que hagamos como administración en materia de procedimientos, ¿va a ser revisado y observado, al revisar los TUPA?

La respuesta es afirmativa.

La revisión de los procedimientos administrativos, debe  ser realizada  permanentemente, de oficio, por la propia entidad; siendo algunos de ellos, materia de control periódico por el Órgano de Control Institucional (OCI) , como ocurre con los relacionados a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Personal permanente ¿puede pedir permiso y trabajar como personal tercero en otra entidad del estado peruano?

Los funcionarios y servidores públicos tienen  prohibida la doble percepción de remuneraciones del Estado, salvo que una provenga de labor docente.

En ese sentido, el  permiso solicitado como la concesión otorgada  resultan irregulares y conllevan responsabilidad administrativa y civil.

 

En qué casos se pide destaque en un nombrado de la salud

El destaque puede ser solicitado por el servidor por unión familiar o por motivos salud.

El destaque puede también solicitarlo la Entidad de destino cuando es de interés institucional contar con sus servicios profesionales.

En ambos casos requiere la aceptación de la entidad de origen (donde labora el servidor) y de la aceptación de la entidad de destino (donde pretende ir a laborar temporalmente el servidor).

Autoridad que  sanciona a los OCI

El personal que labora en las OCI dependen, administrativa y funcionalmente de la Contraloría General de la República, siendo dicho órgano el que conoce de la denuncia, procesa la información, abre PAD, si fuera el caso, y se pronuncia sobre lo denunciado.

¿Son responsables civil y penalmente en el proceso de adquisiciones del estado. titular de la entidad?

El titular de la Entidad podría asumir responsabilidad, siempre que el  acto u omisión denunciado sea inherente a las funciones que le asigna la Ley de Contrataciones o realice actos contrarios a ella.

La Ley de Contrataciones del Estado determina expresamente las funciones y responsabilidades en las que pueden incurrir no solo el titular de la entidad sino los diversos servidores o funcionarios públicos: el usuario, el órgano encargado de las contrataciones, los miembros del Comité, los abogados, los expertos o especialistas contratados que asesoren al Comité, el Administrador como el titular de la Entidad.

 

¿Qué hacer cuando un servidor publico no te quiere extender una constancia de no adeudo?

Puedes poner en su conocimiento de su superior jerárquico, generalmente  con ello se soluciona de inmediato.   De no ser así, puedes poner la Queja ante el superior por retardo, o Denuncia contra el infractor ante la Secretaría Técnica del PAD.

 

Funcionario que se niega a acatar sanción disciplinaria

Incurre en nueva falta tipificada como “reiterada desobediencia a las órdenes de los superiores”.

La administración cuenta con mecanismos destinados a ejecutarla.

Si el funcionario considera que es abusiva e ilegal la sanción tiene derecho a  impugnarla , lo cual no suspende la sanción; sin embargo, le asiste la opción de pedir  la suspensión de la ejecución  al órgano jurisdiccional.

Un profesor puede solicitar destitución de su cargo a un inspector?

Puede solicitar o denunciar, pero quien graduará la sanción aplicable, si ese fuera el caso es,  la Secretaría Técnica del PAD y quien lo determinará o rechazará es la autoridad administrativa que tendrá a su cargo el PAD.

Proceso disciplinario por hurto

El hurto es un delito y como tal corresponde ser denunciado ante  la Fiscalía Penal.

En la vía administrativa  podría ser procesado por alguna de las infracciones  previstas en el Código de Ética o bien por apropiarse para si o para otros de un bien de la entidad contenida en el Artículo 85 de la Ley 30057.

 

Recusación de funcionarios y autoridades en el procedimiento administrativo

Abstención es el nombre con el cual se puede pedir o promover el apartamiento de la autoridad que se encuentre incursa en alguna de las causales previstas en el Art. 88 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General que perturben y afecten la transparencia e imparcialidad de la autoridad administrativa   en el PAD.

 

El plazo 15 dias para apelar, son hábiles ley 27444?

La respuesta es afirmativa.

 

¿Se puede denunciar a un notario por mal comportamiento?

Si.  Si es un mal comportamiento o maltrato ético puedes denunciar ante el Colegio de Notarios.

¿El procesado en prisión, tiene derecho a copias certificadas de su proceso penal en Perú?

La respuesta es afirmativa, es parte de sus derechos esenciales.

 

Plazos de respuesta dentro de un proceso administrativo.

Presentada tu solicitud, tienes derecho a obtener respuesta dentro de un plazo de 3 a 7 días, sobre el estado en que se encuentra tu expediente.

La Ley del Procedimiento General establece que El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.  Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO  

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 PAD/PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

21 marzo 2019

FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL T.U.O. DE LA LEY 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

Vas a una entidad pública, intentas presentar tu solicitud,  la cuestionan o rechazan; presentas tu solicitud  te indican regresar en tantos días,regresas en la fecha señalada  no obtienes respuesta, vuelves a ir una y otra vez; no hay cuando te respondan, o la respuesta es sumamente tardía o no resuelve lo que solicitas.

La Constitución establece que es un derecho fundamental de la persona humana el derecho de petición y a obtener respuesta por parte d ela autoridad competente en el plazo de Ley; asi lo regulan también las diversas leyes relacionadas. 

Al otro lado del escritorio, el documento fue recibido por trámite documentario y trasladado  a la oficina que corresponde atender lo solicitado, donde reparan a la vez que se requiere una o más opiniones técnicas de otras oficinas, antes de dar respuesta al interesado.

El interesado consigue llegar a hablar con quien tiene su expediente, el funcionario o servidor que tiene el expediente le indica que recién se lo han entregado,que está con recargadas labores atrasadas, no funciona su computadora, o que quien lo tiene está de vacaciones o licencia, habrá que esperar que retorne,etc, etc.

Cuantos casos asi  ocurren a diario las entidades públicas, como en las empresas que brindan servicios públicos.

Cada una de las conductas arriba graficadas pueden configurar faltas administrativas,por ende, susceptibles de ser reclamadas y atendidas y sobre todo SOLUCIONADAS por el Titular de la Entidad directamente o a través de los servidores o funcionarios  que él delegue; caso contrario, ser denunciadas ante la Secretaría Técnica de Apoyo a las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, la cual con la verificación de la denuncia podría recomendar las medidas correctivas como si existe o no la necesidad de aperturar Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los servidores o funcionarios infractores.

Este post mas que promover las denuncias tiene el propósito que tanto los ciudadanos- administrados como los servidores y funcionarios recuerden que conductas son necesarias modificarlas para evitar ser denunciados.

El Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS publicado el viernes 25 de enero de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”, en el capítulo relacionado a la  “Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública” establece de modo expreso que conductas que constituyen Faltas Administrativas :

Artículo 261.- Faltas administrativas

261.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos  administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para  resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral 169.1 de este TUO.

11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustifi cada.

12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.

13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.

14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.

16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.

17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.

18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.

19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 136.

21. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.

22. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

261.2 Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 255, en lo que fuere pertinente.

Artículo 262.- Restricciones a ex autoridades de las entidades

262.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció:

262.1.1 Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad.

262.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad.

262.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación.

262.2 La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en el Registro respectivo.

Artículo 263.- Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles

El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles consolida toda la información relativa al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria y funcional ejercida por las entidades de la Administración Pública, así como aquellas sanciones penales impuestas de conformidad con los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106.

Artículo 264.- Autonomía de responsabilidades

264.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.

264.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.

Artículo 265.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función

El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido.

b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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Categoría : Derecho Administrativo

21 de Marzo del 2019

NACIMIENTO, MATRIMONIO Y MUERTE, DERECHOS QUE GENERAN

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

El solo nacimiento de un bebé le confiere los derechos fundamentales como persona humana a la dignidad, a la vida, a la salud, el derecho al nombre, a la identidad, a la inscripción, a vivir en una familia, a la protección por parte del Estado al entroncamiento con la familia de sus progenitores como a heredarlos y a que todas las personas respeten y reconozcan todos sus derechos listados en el artículo 1 y 2 de la Constitución Política del Estado como en las diversas leyes peruanas e internacionales.

Al nacer el bebé ambos padres o la madre soltera deben inscribir su nacimiento ante Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

A pesar de la tesonera función que cumple RENIEC a nivel nacional,  aún hay casos de niños, jóvenes y adultos no inscritos.  

Los derechos de los niños, a la vez, genera obligaciones para los padres de cuidarlos y alimentarlos, y al Estado de protegerlo contra el abandono, discriminación y maltrato en todas sus manifestaciones.

Creces, te enamoras y decides vivir en pareja, sea porque contraes matrimonio o solo convivir  en  Unión de Hecho, ambos comienzan a adquirir bienes, tienes hijos.

Tanto el matrimonio civil como la Unión de hecho (tramitado judicial o notarialmente) deben ser igualmente inscritos ante RENIEC y Registros Públicos (SUNARP), las propiedades que adquirieron dentro de dicho estado, a efectos que todos sepan los derechos que ambos tienen sobre ellos y en caso de fallecimiento sus herederos.

El matrimonio como la Unión de hecho generan derechos y obligaciones entre ambos, a contribuir a su fortalecimiento, al respeto, sostenimiento económico  y cuidado reciproco y alimenticio como a sus hijos; a administrar  y disponer de común acuerdo el patrimonio que adquieran, salvo que opten por bienes separados.

La muerte pone  fin a la persona humana y como tal debe ser también inscrita en RENIEC obteniendo el Acta de Defunción.

Con la muerte nace para el cónyuge o conviviente que sobrevive como a los hijos de ambos a heredar sus bienes, el cual alcanza a los padres o hermanos sólo en caso no existieran hijos o cónyuge y a falta de ellos a los sobrinos o nietos.

Para reclamar la parte que le corresponda heredar, hay dos caminos el Testamento o la Sucesión Intestada:

El TESTAMENTO es dado en vida por quien lo otorga, voluntariamente, en pleno uso de sus plenas facultades mentales, no siendo necesario llegar a la vejez o a que la enfermedad se encuentre en estado muy avanzado; de modo que al ocurrir la muerte, cada heredero recibirá la parte que equitativamente le corresponda con los mismos derechos de propietario.

A falta de Testamento, que es lo más frecuente en nuestra realidad,  corresponderá  a la cónyuge o conviviente que sobrevive o a cualquiera de los hijos del fallecido, tramitar, notarial o judicialmente, la SUCESIÓN INTESTADA identificando a todos los que tienen derecho a heredar, adjuntando las respectivas Actas o Partidas de Defunción y  Nacimiento como los documentos de los bienes que forman parte de la herencia a dividir y repartir  posteriormente entre ellos.   Generalmente, por limitantes económicas u otras prioridades muchos se desinteresan tramitarlo resultando beneficiado con toda o la mayor parte quien se encuentra en posesión de los bienes al punto de venderlo,
vulnerando el legítimo derecho de quienes con él les corresponde heredar en igual proporción.

La venta o disposición arbitraria de estos bienes en desmedro de los demás herederos es imprescriptible y pueden ser reclamados en cualquier momento por quien ostente la condición de co – heredero. 

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RICARDO PERCY AYALA GORDILLO  

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Categoría : Derecho de Familia – Derecho al Nombre

21 de Marzo del 2019

ABSTENCIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)

Por Ricardo Ayala Gordillo

El Secretario Técnico del PAD, como el Órgano Instructor y el Órgano Sancionador, en caso de ser denunciados o verificar que se encuentran incursos en algunas de las causales de ABSTENCIÓN establecidas en el Artículo 88 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, están obligadas a promover su Abstención, y apartarse del PAD.

La Abstención no es un acto supeditado a la decisión de la ST o de la autoridad del PAD sino deriva de la obligación impuesta por la Ley en aras de garantizar la transparencia e imparcialidad del PAD.

Corresponderá al superior jerárquico o al titular de la entidad, si fuera el caso, designar al ST o a la autoridad suplente del PAD, mediante el correspondiente acto resolutivo.

En  caso de encontrarse e incursos en causal de Abstención y no lo hacen, persistiendo en su función, vician el PAD e incurren en las responsabilidades administrativa, civil o penal a que hubiera lugar.   

LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 88.- Causales de abstención

 La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del

procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de

participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios,

con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios.

 2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo

procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre

el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto,

salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

 3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se

trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél.

 4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses

objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se

hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

 5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio

o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente

interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con

alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

Artículo 89.- Promoción de la abstención

 89.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas

en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que

comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su

abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al

presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite,

se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.

 89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las

causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de

la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.

Artículo 90.- Disposición superior de abstención

 90.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los

administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se

refiere el Artículo 89 de la presente Ley.

 90.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto,

preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.

 90.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el

superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en

causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión.

 Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención

 91.1 La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las

causales de abstención, no implica necesariamente la invalidez de los actos

administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la

imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al

administrado.

 91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones

de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese

abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal.

 Artículo 92.- Trámite de abstención

 La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender

los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo.

 Artículo 93.- Impugnación de la decisión

 La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo

la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo

contra la resolución final.

 Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida

 La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento,

coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar

en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión.

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL

(…)

8.1. Definición

(…)SI EL SECRETARIO TÉCNICO fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG.

9.1. CAUSALES DE ABSTENCIÓN

SI LA AUTORIDAD INSTRUCTIVA O SANCIONADORA SE encontrare o incurriese en alguno de los supuestos del artículo 88 de la LPAG, se aplica el criterio de jerarquía, con el fin de determinar la autoridad competente.

 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día hábil.

Si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior jerárquico procede a designar a la autoridad competente del PAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la LPAG. En el supuesto que la abstención sea ordenada de oficio o a pedido del presunto infractor, se seguirá lo establecido en el mismo artículo 90 de la LPAG.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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21 de Marzo del 2019