NOTIFICACIÓN PARA EL INICIO DEL PAD EN LEY 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL

Por Ricardo Ayala Gordillo

 

 

La Notificación del inicio o apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) es el primer acto con el cual, el órgano instructor,  mediante el documento que firma (Resolución, Carta u Oficio) pone en conocimiento del procesado la presunta falta administrativa los requiere a presentar su descargo documentado dentro del plazo de 5 días hábiles, con el documento adjuntará  copia del informe preliminar emitido por la Secretaría Técnica del PAD como los documentos que sustentan el indicado informe y ahora la apertura del PAD.

 

Con la notificación adecuadamente realizada se garantiza el derecho a la defensa del procesado; el procesado, si considera insuficiente el plazo ara presentar su descargo puede solicitar al Organo Instructor le sea ampliado hasta por otros 5 dias mas.

 

La Notificación del inicio del PAD se sujetará al procedimiento establecido en la DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC  RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, numeral 15 (y en lo no previsto en la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

 

Si la notificación no es realizada y sigue adelante el PAD o es realizada sin seguir el procedimiento antes indicado el proceso puede ser declarado nulo por vulneración al principio al debido procedimiento a la Ley,  la  Constitución y normas reglamentarias; de ahí la necesidad de revisar las indicadas normas, permanentemente.

 

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC  :

  1. EL INICIO DEL PAD

15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento

que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano

Instructor.

Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los

documentos en que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio sigue

la estructura que se presenta como Anexo D.

 

15.2 La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de

tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

 

15.3 El acto o resolución de inicio no es impugnable.

 

15.4 Para efectos de notificaciones, en todo lo no previsto por la presente directiva,

se aplica supletoriamente la LPAG.

 

 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS establece

 

Artículo 20.- Modalidades de notificación

20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:

 

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.

 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.

 

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.

 

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos.

 

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral

20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

 

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días útiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1.

 

Lo señalado en el presente numeral no impide que la entidad asigne al administrado una casilla electrónica gestionada por ella, siempre que cuente con el consentimiento del administrado, salvo lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final de la Ley Nº 30229 o norma que lo sustituya. En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

 

Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia.

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272)

 

 

Artículo 21.- Régimen de la notificación personal

 

21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

 

21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.

 

21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.

 

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

 

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.

(Texto según el Artículo 21 de la Ley N° 27444)

 

Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados

22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo sí actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única.

 

22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus cointeresados.

(Texto según el Artículo 22 de la Ley N° 27444)

 

Gracias por leer y difundir el blog.

 

Lima, 18 de mayo 2018

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

818163670

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

 

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

 

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

 

 

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Cómo se otorga el Poder General?

 

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

 

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

 

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 

¿Para qué sirve el Poder General?

 

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

 

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

 

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

 

 

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

 

Según sea la mejor elección del Administrado:

 

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

 

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

 

Debes saber que :

 

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

Escríbenos a:

asesoriadefensa02@gmail.com

Citas a Teléfonos :

985 483 172 (RPM)

994 948 189 (RPC)
www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Lima, 11 de marzo del 2018

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General


PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A

por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

  1. Soy trabajador de la municipalidad y trabajador de la universidad del estado que delito he cometido?

 

Si no eres docente universitario, no has cometido delito sino falta administrativa, por doble percepción de remuneraciones del Estado, puedes ser sometido a Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) y sancionado con arreglo a la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.

 

  1. Ley 27444: En caso no apelar resolución queda consentida.

 

La respuesta es afirmativa.

 

  1. ¿Ante quien quejarse de un funcionario público?

 

Ante el titular de la entidad o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

 

  1. ¿Cuáles son las faltas en la Ley 27444?

 

El Artículo 259 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 establece las siguientes FALTAS en las que pueden estar incursos los funcionarios o servidores, que previo PAD, pueden dar lugar a que sean SANCIONADOS administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que pudiera haber lugar.

 

“Artículo 259.- Faltas administrativas

 

259.1. Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño

causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

 

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos,

declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

 

  1. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

 

  1. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o

expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la

producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado

dentro del procedimiento administrativo.

 

  1. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

 

  1. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

 

  1. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

 

  1. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

 

  1. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja

administrativa o contradecir sus decisiones.

 

  1. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

 

  1. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral.

 

  1. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.

 

  1. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación

automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante

la propia u otra entidad administrativa.

 

  1. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1)UIT, sin contar con autorización previa.

 

  1. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al

establecido para los procedimientos estandarizados.

 

  1. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas

en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas

de simplificación, aunque consten en normas internas de las

entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.

 

  1. Exigir a los administrados la presentación de documentos

prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base

en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de

Procedimientos Administrativos.

 

  1. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

 

  1. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios

presentados por los administrados, o a expedir constancia

de su recepción, lo que no impide que pueda formular las

observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134;

 

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o

documentos cuando la normativa no lo exija.

 

  1. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto

Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

 

 

259.2. Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 253 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

 

  1. Si mi jefe me grita ¿pongo una denuncia ante la comisaria o inspección de trabajo?

 

En las entidades públicas sujetas a la Ley 30057: Ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

En las empresas privadas al Gerente de Recursos Humanos o ante la autoridad administrativa de  trabajo del Ministerio de Trabajo.

 

  1. Que diferencia principal existe entre el procedimiento sancionador y procedimiento disciplinario?

 

El procedimiento sancionador se aplica al administrado que incurrió en una infracción, por ejemplo: al vecino, al comerciante,  contribuyente, al transportista, etc.

 

El procedimiento disciplinario se aplica a los servidores o funcionarios por haber cometido alguna de las faltas descritas en la Ley 27444 o en su respectivo régimen laboral.

 

  1. Funcionario público me explota económicamente

 

Sería bueno que precises en que consiste la explotación : ¿te hace trabajar mas horas, te obliga a hacer trabajos que rebajan tu dignidad o diferentes a tus funciones?¿ Con que documentos o testigos cuentas para denunciar?  La explotación es una de las modalidades del ABUSO DE AUTORIDAD y como tal puedes  denunciarlo penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

.

 

  1. Denuncia por amenazas por un servidor publico

 

Para el Código Penal  el servidor es tratado como funcionario público, por ende, puede ser igualmente denunciado penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

  1. Después de la sanción cuanto tiempo tiene que pasar para aperturar otro proceso?

 

       La Ley no ha puesto límites al respecto, podría ser inmediatamente concluido el anterior. Dependerá de las diversas faltas que el servidor haya cometido y se vayan descubriendo.

 

  1. Sanciones por abandono de turno en el trabajo asistencial de un Hospital Peru.

 

Esta pregunta recuerda un tema recurrente: cuanto cuesta una vida humana? ¿La muerte  o el daño irreversible causado en el  cuerpo o el cerebro de un  bebé que no fue atendido a tiempo y cuyos padres tendrán no que disfrutar de la alegría de su nacimiento sino cargar con su cruz de por vida? La vida como la falta de oxigeno al cerebro solo por brevísimos minutos cambia el destino no solo del paciente sino de toda la familia y la comunidad.

De ahí que el abandono de trabajo durante el turno en un trabajo asistencial en un hospital o establecimiento de salud público, especialmente ,si es dentro de una guardia hospitalaria (12 o mas  horas continuadas de dia o de noche) esta tipificada como FALTA GRAVE, puede dar lugar a la suspensión temporal desde un dia hasta 365 dias sin goce de remuneraciones o destitución, según sea el riesgo expuesto o daño infringido, en el paciente, cuanto mayor sea su jerarquía es mas grave; sin perjuicio de la multa que pueda imponerse al hospital y el proceso penal o civil que puedan interponer los familiares.

 

  1. Me dieron un memorándum ¿como puedo responder en carta o que documento? El memorándum de llamada de atención se puede impugnar en sede administrativa?  ¿Cuantos días hábiles para cuestionar  una sanción destitución laboral?

 

Dependerá del contenido del Memorando: Te  dan a conocer nueva función u horario; o te sancionan o te abren proceso disciplinario.

 

En el caso de las dos primeras pueda que no hubiera necesidad de contestar, salvo que sea abusiva y te cause perjuicio.

 

Si asi fuera, al igual que si te estuvieran sancionando, es aconsejable que contrats servicio de abogado a efectos que  IMPUGNES -dentro del plazo de 15 dias hábiles desde la fecha de recibida mediante- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN.

 

En el caso que te estén abriendo proceso disciplinario NO ES IMPUGNABLE pero si deberás presentar tu DESCARGO dentro del plazo de 5 dias hábiles desde la fecha de recibida, por carta u otro escrito simple.

 

Si se negasen a recibir es aconsejable  la Carta Notarial.

 

  1. Plazo del empleador para llamar la atención a un trabajador peru.

 

Inmediatamente de ocurrida la falta, previo requerimeinto del descargo.

 

En las entidades públicas solo cabe la AMONESTACIÓN ORAL la cual para ser tal debe ser hecha en forma privada y reservada. Si lo hacen de modo publico y airado se convierte en un acto arbitrario, por tanto, denunciable.

 

En estas entidades desde la entrada en vigencia del régimen sancionador previsto en la Ley 30057 está vedada la  AMONESTACIÓN ESCRITA  por Memorando. pues para que sea aplicada, se requiere que previamente exista un investigación preliminar a cargo de la Secretaria Técnica quien solo si recomienda se imponga esta sanción deberá abrirse Procedimiento Administrativo Disciplinario, acto que podría ser notificado al servidor con Memorandum, Carta, Oficio o Resolución, si presentado el descargo por el servidor la falta no es desvirtuada la AMONESTACION ESCRITA se sanciona con RESOLUCION ADMiNISTRATIVA del Jefe de la Oficina de Personal o de quien haga sus veces.

 

  1. El organo instructor hace preguntas en el informe oral

 

No, durante el Informe Oral el cual esta reservado al ORGANO SANCIONADOR .

 

Lo anterior no impide que el Organo Instructor durante la fase de la instrucción pueda citar al servidor para esclarecer los aspectos contenidos en su descargo.

 

 

  1. ¿Cómo actuar cuando un funcionario es acusado por OCI de falta penal?

 

El Informe final del OCI puede concluir estableciendo presunta responsabilidad penal del funcionario o servidor.

De ser asi la Contraloría promoverá la denuncia penal ante la Fiscalía Penal o Fiscalía Anticorrupción, según fuera el caso.

La denuncia de ser admitida, dará lugar a la investigación penal a cargo de la Fiscalía.

Al final de la investigación penal el Fiscal podrá formular acusación ante el Juez quien la evaluará o la devolverá o la rechazará.

De aperturarse el proceso penal a cargo del Juez finalmente se emitirá sentencia condenatoria o absolutoria.

 

En caso la sentencia sea apelada, esta podría llegar hasta Casación, de ahi que entre la denuncia y la sentencia final de ultima instancia pueden ocurrir meses o años.

En tanto, el funcionario se encontraría revestido por la “presunción de inocencia”,  lo cual no impide que el titular del pliego o de la entidad opte en  dar término  a la función encomendada.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com 

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

               (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444

 

 

                                                               Por   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

¿Cuánto tiempo debo esperar para que la municipalidad de respuesta a mi pedido?

¿Debo esperar el tiempo que me indican o hay una norma que señala un plazo obligatorio?

¿Qué hago si no me responden a tiempo?

¿Desde cuándo debo contar el plazo y hasta cuándo?

¿Qué son  días hábiles?

¿Qué son dias calendarios?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Por qué me sancionan si yo emití mi informe dentro del plazo de 7 dias que dice el Juzgado? Ahora me dicen que ese plazo era no para mi sino para la entidad, yo que culpa tengo y que me abrirán proceso sancionador. Nunca nos dijeron nada.

¡¡¡Aquí toda la vida hemos atendido asi!!!.

 

Estas son algunas de las reiteradas preguntas y expresiones cotidianas que suele hacerse el ciudadano como los servidores o funcionarios públicos en ejercicio.

 

La respuesta a cada interrogante se encuentra en la Ley 27444 cuya parte pertinente relacionada a los plazos y términos transcribimos  al final de este breve comentario

 

La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto  Legislativo N° 1272,  son de obligatorio conocimiento para los servidores y funcionarios públicos y de suma utilidad para los ciudadanos que acuden  a realizar sus diversos trámites ante las diversas instituciones públicas como en las  organizaciones y empresa privadas que  prestan  servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula cómo, quien y en que tiempo, deben resolver las actuaciones necesarias para dar respuesta sea denegando o atendiendo lo solicitado .

 

En la Ley 27444 se regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, los derechos y obligaciones y  faltas que pueden incurrir  quienes laboran para la administración pública como el administrado; desde el inicio, con la presentación de la solicitud hasta que concluya con  lo resuelto en segunda instancia agotándose  con ello finalmente la vía administrativa, quedando expedito el derecho del interesado acudir a la vía judicial respecto de cuanto no lo considere favorable.

 

En el caso de las entidades que cuentan con un procedimiento especial prevalece el establecido en dichas leyes y en lo no previsto en aquella es de aplicación supletoria lo regulado por Ley 27444.

 

La Ley 27444 está orientada a facilitar la atención al administrado con respeto eficiencia y eficacia, imponiendo sanciones administrativas al administrado  o a los servidores si el proceder es arbitrario o abusivo si es contrario a lo establecido por Ley.

 

La prevalencia de la Ley a favor del ciudadano no faculta al administrado a faltar el respeto a los servidores y mucho menos a que se realicen declaraciones falsas o documentos falsos o se incumplan los requerimientos que la administración le realiza.

 

De ahí la importancia de recordar a administrados como a los funcionarios y servidores públicos la adecuación de sus funciones como la permanente revisión de los Principios de Derecho  aplicables al Procedimiento Administrativo entre ellos:

 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación  propia  del  Derecho  Procesal  Civil  es  aplicable  sólo  en  cuanto  sea compatible con el régimen administrativo.

 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico

 

TÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO IV

PLAZOS Y TÉRMINOS

 

 

CONCORDANCIAS: D.U. N° 099-2009 (Establecen como días hábiles para elcómputo de determinados plazos administrativos a los días sábados, domingos y feriados no laborables)

 

ARTÍCULO 131° OBLIGATORIEDAD DE PLAZOS Y TÉRMINOS

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, aquello que respectivamente les concierna.

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

 

 

ARTÍCULO 132° PLAZOS MÁXIMOS PARA REALIZAR ACTOS PROCEDIMENTALES

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

  1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación.
  2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter en tres días.
  3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
  4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los diez días de solicitados.

 

 

ARTÍCULO 133° INICIO DE CÓMPUTO

133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

 

 

ARTÍCULO 134° TRANSCURSO DEL PLAZO

134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.

134.2 Cuando el último día de plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

 

ARTÍCULO 135° TÉRMINO DE LA DISTANCIA

135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la perspectiva actuación.

135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente.

 

 

ARTÍCULO 136° PLAZOS IMPRORROGABLES

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.

136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

 

ARTÍCULO 137° RÉGIMEN PARA DÍAS INHÁBILES

137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos.

137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados.

137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

 

ARTÍCULO 138° RÉGIMEN DE LAS HORAS HÁBILES

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:

  1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

CONCORDANCIAS: ACUERDO N° 006-2005 (Cumplimiento obligatorio del horario de atención de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General)

  1. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.
  2. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.
  3. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.
  4. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos.
  5. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad, en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.

 

ARTÍCULO 139° CÓMPUTO DE DÍAS CALENDARIO

139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil.

139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a  cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación.

ARTÍCULO 140° EFECTOS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

 

ARTÍCULO 141° ADELANTAMIENTO DE PLAZOS

La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.

ARTÍCULO 142° PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143° RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

TALLER :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

Ponente         :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

 Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

 

Fechas y Horas  :

Sábado 7 de Enero del 2017

De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6 pm.

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           12 horas académicas

Costo             :           S/. 300.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  270.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 250.00 soles por participante

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y coordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al

RPM      # 985  483  172

RPC         994 948 189

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 11 de Diciembre 2016

RESPUESTAS BREVES A PRINCIPALES BUSQUEDAS

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

  1. En la RENIEC puede aparecer el hijo de mi padre y otra mujer?

Si, si tienes los nombres de la madre o del hijo y siempre que el lo haya reconocido.

  1. Heredar pensión por viudez

Tiene derecho a pedir pensión por viudez quien fue casada por civil o la conviviente (legalmente, no es conviviente quien vive o vivió emparejada con el fallecido sin haberse divorciado previamente de su matrimonio anterior) que acredite haber convivido por mas de dos años como si fueran casados y acredite tal condición con su DECLARACION DE HECHO (hecha notarialmente cuando ambos vivían, o bien tramitarla judicialmente cuando el ya falleció), ACREDITAR DOCUMENTADAMENTE; la Escritura de la SUCESION INTESTADA,  verificar que no se encuentra en alguno de los impedimentos  establecidos en el régimen pensionario que perteneció el fallecido, documentos que adjuntados al DNI deben ser presentados a la  ONP o a la AFP .

  1. Mi bebe nació en provincia pero vivo en lima como hago para registrarlo?

Te sugiero que te acerques a cualquier oficina de RENIEC. Siendo de carácter nacional el alcance de la RENIEC confío que exista la opción de registrarlo en Lima precisando su lugar de nacimiento de tu bebé.

  1. Mi mamá falleció en la clínica, como hago para solicitar el acta de defunción

Cualquiera de ustedes tu papá, tu o cualquiera de tus hermanos, acreditando la condición con el DNI y la Partida de Matrimonio o de Nacimiento, tienen derecho a solicitar que se otorgue el Acta de Defunción.

  1. Plazo de ejecución de resolución administrativa para destitución de trabajador

En Perú la normativa de SERVIR dispone que sea inmediatamente emitida la resolución que así lo declare. La Ley del Procedimiento Administrativo General como las disposiciones contenidas en el Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo de la Contraloría General dispone que la sanción se ejecuta  una vez agotada la vía judicial, lo cual preservaría de eventuales arbitrariedades que pudieran existir en la resolución de primera instancia.

 6. Puedo inscribir a mi hijo sin acta de nacimiento?

Excepcionalmente si ante RENIEC, solo en los casos que el parto no hubiera sido constatado por el médico o profesional de la salud; a solicitud de autoridad política o religiosa siempre que no hubiera profesional de salud que constate; que cuentes con testigos del nacimiento mayores de edad , por mandato judicial.

  1. Responsabilidad de un ingeniero residente en una empresa

Al ser contratado por la empresa representa los  intereses de ésta, correspondiéndole proceder con honestidad y profesionalismo, estándole por Ley y éticamente prohibido  inmiscuirse en acuerdo ilícitos con la otra parte; caso contrario  incurriría en responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, según fuera el caso.

  1. Estoy por dar a luz y como asiento a mi hijo si su padre no quiere reconocerlo

La Ley peruana faculta a la madre soltera inscribir al nacido dando el nombre del padre o bien únicamente sólo con sus apellidos.

Asi de sencilla es la respuesta; sin embargo, por la diversidad de experiencias contadas por cada protagonistas en el blog, vemos que la decisión que adoptes es crucial.

Lo ideal es que la mujer, especialmente, pero también los varones, pensaran sobre este tema mucho antes de iniciar  relaciones sexuales.

Lo importante es que tu hijo cuente con su Acta de Nacimiento y su DNI desde que nace, por eso esta decisión, en el caso de las no casadas o no declaradas en  Unión de Hecho, debe ser pensada desde el primer dia del embarazo.

Si dudas sobre la responsabilidad o del buen trato del padre  hacia ti o especialmente hacia el bebé, lo prudente es que  lo reconozcas solo con tus apellidos.

Si das el nombre del padre,  la RENIEC pondrá su apellido , pero no significa que legalmente sea el padre en tanto él no lo haya reconocido.

Si mas adelante decides que el padre lo reconozca deberás seguirle un proceso de Filiación Extramatrimonial y Alimentos  o bien; prescindiendo de lo anterior, mas adelante hallar a quien te ame realmente como a tu hijo y pueda adoptarlo judicialmente dándole sus apellidos.

 9. Entrega de Cargo Norma interna de Contraloria

 La entrega de cargo de los altos funcionarios públicos es regulada además de las normas internas establecidas por cada entidad por las formalidades establecidas por la Contraloría General de la República para la TRANSFERENCIA DE GESTION, RENDICION DE CUENTAS Y DECLARACIONES JURADAS cuyas normas puedes encontrarlas en el portal electrónico de la Contraloría:

TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Guía Técnica de Probidad Administrativa – “Transferencia de Gestión” aprobada por Resolución de Contraloría General N° 373-2006-CG.

Municipal

Ley N° 26997- Ley que establece la conformación de Comisiones de Transferencia de la Administración Municipal, modificada por Ley N° 28430 – Ley que modifica los artículos 1°, 3° y 4° e incorpora el artículo 8° en la Ley N° 26997.

Regional

Directiva Nº 08-2006-CG/SGE-PC – Lineamientos preventivos para las entidades del Estado sobre Transferencia de Gestión y Directiva Nº 09-2006-CG/SGE-PC – Lineamientos preventivos para el control de la Transferencia de Gestión en las entidades del Estado, aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 372-2006-CG,

RENDICIÓN DE CUENTAS

Directiva N° 04-2007-CG/GDES “Rendición de cuentas de los titulares” aprobada con R.C. 332-2007-CG de 10.OCT.2007 y modificada por R.C. N° 001-2010-CG

DECLARACIONES JURADAS

Ley N° 27482, Reglamento y modificatorias “Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”

 10. Donde reclamar abuso de autoridad

Puedes denunciar ante la Secretaría Técnica que existe en cada entidades pública; o ante la Fiscalía Penal, en este caso siempre que reúna los componentes del ilícito penal.

  1. Que es la destitución administrativa

Es la mas grave de las tres sanciones que se imponen al servidor o funcionario público, luego de haber sido sometido, necesariamente, al correspondiente proceso administrativo disciplinario, cuyo efecto será separarlo de su trabajo sin poder reingresar a ninguna otra entidad que pertenezca a la administración pública durante el plazo de 5 años.        

 12. Plazo para la entrega de cargo

Dependiendo de la complejidad del cargo puede ser hecha en el mismo día o dentro de un término prudencialmente acordado, de 8 a 15 dias hábiles,  entre quien entrega y recibe con la anuencia de la superior autoridad administrativa.

La entrega de cargo no solo ocurre al término de una relación laboral sino antes de salir de licencia, comisión o por vacaciones y tiene por objeto que las labores y funciones encomendadas a quien se retira, no se paralicen y afecten con ello a los usuarios o administrados, por tal razón, sean asumidas en su ausencia por quien es designado en asumir sus funciones.

Consiste en la entrega formal de la documentación inventariada de los expedientes pendientes de resolver,  como de los equipos y materiales que le fueron entregados, contenida en las respectivas Actas de Entrega.

  1. Procedimiento disciplinario para la empresa

Las empresas en Perú laboralmente se regulan por el régimen laboral de la administración privada D. Leg. 728 y su Reglamento, la cual establecen que cada empresa debe contar con su respectivo RIT (Reglamento Interno de Trabajo) documento que debe ser entregado a cada trabajador para su conocimiento y aplicación sobre contiene la forma en que se organiza la empresa, los derechos, deberes, obligaciones y funciones de los servidores, y entre ellos el procedimiento administrativo previo sancionador  aplicable, en el marco del antes enunciado régimen laboral, pudiendo recoger  las garantías establecidas en el procedimiento administrativo sancionador del régimen público.

  1. Difamación laboral servidores publico

La DIFAMACION (consiste en atribuir a una persona hechos como si fueran verdaderos propalándolo por escrito o verbalmente ante otras personas reunidas o por separado, a sabiendas de su falsedad,) en la legislación peruana está calificada como uno de los 3 delitos contra el honor de la persona (los otros son la INJURIA (insultos) y la CALUMNIA (Atribuir falsamente haber cometido un delito) que por tal razón se denuncia ante el Juez penal sólo por interés y a pedido de quien se considere agraviado, y no por el Fiscal Penal como ocurre con los demás delitos.

En las entidades públicas es usual que servidores o funcionarios incurran en estos ilícitos, y muchas veces la autoridad a sabiendas, los ignore aduciéndose en ocasiones no ser competentes.

No somos partidarios que la autoridad administrativa, entendiéndose por tal al Jefe inmediato del cual depende el servidor o funcionario afectado o las Oficinas de Recursos Humanos o de Personal, ignore o se mantenga al margen de estos hechos, debiendo al contrario evitar que el personal a su cargo no sufra ninguna mella en su honor, como suele ocurrir con quienes son permanente u ocasionalmente agredidos con alguna de estas formas o con muchas otras formas de HOSTILIZACION, verbal o física o directa o indirectamente, pues su relación y rendimiento laboral, personal como familiar se verá  seriamente mellado hasta grados insospechados, evidenciándose cuadros de estress o depresión que, en ocasiones puede llevar a graves resultados, que repercuten en la imagen institucional como en la persona.

De ahí que todo acto como los antes anotados deben ser detectados y corregidos con la urgencia del caso, pudiendo ser materia de denuncia y sanción previo proceso administrativo quienes incurren en hostilización o infracción al deber de buen trato y respeto a los compañeros de trabajo.

Gracias por tu elección, por escribir y difundir el blog

Exitos

RICARDO P. AYALA GORDILLO

Abogado

Email :            asesoriadefensa02@gmail.com

Teléfonos:

# 985 483 172    (RPM)

994 948 189    (RPC)

 

Categoría : Consultas Variadas

Lima 9 de agosto 2015

NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

Si gustas puedes contactarme directamente escribiendo o llamando a

CORREOS ELECTRONICOS: asesoriadefensa02@gmail.com

asesoriadefensa02@yahoo.es

Teléfonos de contacto:

RPM # 985 483 172
RPC 994 948 189

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TC

 

El Decreto Supremo Nº 005-90-PCM trata la PRESCRIPCION  en un sólo Artículo del Proceso Administrativo Disciplinario :

 

“Artículo 173º.-  El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará  prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.”

 

 

De la aplicación de este único párrafo se pone de manifiesto que :

 

  1. El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año. El año se computa en días naturales o calendarios, es decir, se cuentan feriados, sábados y domingos.

 

  1. El cómputo del año se cuenta a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria. Nótese que la Ley no dice desde que conoce el hecho. Aquí la primera gran diferencia con lo establecido para las acciones civiles o penales, y también con el plazo establecido para la prescripción en algunos regímenes especiales de la administración pública, como podemos verificar en el caso de la Jurisprudencia del TC que hoy nos ilustra.

 

  1. Adviértase que la Ley dice que el cómputo corre desde que la autoridad competente conoce del hecho sino desde que conoce de la comisión de la falta, entendiéndose por tal, el momento en que la CPPAD o el OCI o el Abogado u órgano competente para imputarla concluye e informa al titular de la entidad que el hecho materia de la imputación constituye falta administrativa disciplinaria.

 

  1. La única autoridad competente para abrir o no el proceso administrativo disciplinario (PAD) es el titular de la entidad, salvo que el decida delegar esta facultad a otro funcionario.

 

  1. Si transcurre el plazo de un año desde que la autoridad competente conoció de la falta administrativa disciplinaria y no abrió PAD incurre en responsabilidad.

 

  1. Si el PAD se abre pasado ese año, el proceso se halla afectado por la prescripción de la acción.

 

  1. Corresponde al procesado invocar la prescripción, a la CEPAD acogerla y al titular de la entidad emitir la resolución reconociéndola, bajo responsabilidad de unos y otros.

 

  1. La declaración de la prescripción de la falta administrativa disciplinaria, pone fin y hace inhábil a la autoridad encargada de abrir PAD, al órgano encargado de proponer su apertura como de tener a su cargo el PAD como potestad sancionadora de la administración pública sobre ese hecho.

 

  1. Hay innumerables aspectos que el artículo en comentario y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no dice pero que son de obligatoria aplicación, unas mas sencillas y otras mas complejas, como es el caso de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que precisa en su artículo 233 numeral 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”; precisando en numeral 233.2 “EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada; siendo otro el análisis cuando como ocurre en este caso, con la afectación de la INTERRUPCION del plazo de la prescripción desarrollado en la presentada jurisprudencia del TC.

 

  1. Las interpretaciones sobre el sentido correcto de la Ley no siempre es uniforme inclusive entre expertos, de allí que no siempre es dilucidado debidamente dentro del PAD, algunas veces es amparado en sede administrativa vía impugnación y otras veces en sede judicial. Ello explica una vez mas, porqué la Ley faculta a la CEPAD a ser asesorado por especialistas en la materia y porqué sus miembros deben capacitarse de manera especializada en ella. 

 

 

LIMA     

ÁNGEL EDUARDO ALATRISTA TORREBLANCA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión del pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

 

 

I. ASUNTO

 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Eduardo Alatrista Torreblanca contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 29 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

 

 

 

II. ANTECEDENTES

 

 

1.      Demanda

 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), alegando vulneración de sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la irretroactividad de la ley, a la motivación, a la defensa y a la prescripción, y solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 107-2002-CNM, de 18 de octubre de 2002, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el recurrente, y se disponga su inmediata reincorporación al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Titular del Cuzco, con el reconocimiento de los derechos que indebidamente dejó de percibir. Manifiesta que el Consejo abrió un procedimiento disciplinario en su contra pese a que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que transcurrieron los hechos materia de investigación. Asimismo, alega que el Consejo aplicó retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley N.º 27444, con el objeto de declarar infundada la excepción de prescripción deducida por el accionante y procedió a su destitución. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el mismo que también  fue desestimado.

 

 

 

2.      Contestación de la demanda

El vicepresidente del CNM alega que el demandante fue destituido mediante una resolución motivada; la que, a su vez, fue emitida luego de un procedimiento disciplinario en que se garantizó el derecho de defensa. En consecuencia, sostiene que el CNM ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones, siendo de aplicación los artículos 142 y 154, inciso 3, de la Constitución. Por su parte, el Procurador Público del Ministerio de Justicia agrega que en el caso planteado no ha operado la prescripción, toda vez que su plazo se interrumpió cuando la Fiscalía Suprema de Control Interno dio inicio a las investigaciones, mediante resolución de fecha 12 de enero de 2001. 

 

 

 

3.      Resolución de primer grado

Con fecha 3 de diciembre de 2003, el Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, por considerar que el plazo de prescripción se interrumpió una vez iniciadas las investigaciones por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno, motivo por el cual no ha operado la prescripción.

 

 

 

4.      Resolución de segundo grado

 

Con fecha 29 de noviembre de 2005, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la Resolución N.º 107-2002-CNM ha sido debidamente motivada y dictada con previa audiencia del interesado, con lo cual es de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 7, del Código Procesal Constitucional.

 

 

 

III. FUNDAMENTOS

 

 

 

Precisión del petitorio de la demanda

 

1.      El demandante pretende que el Tribunal Constitucional declare inaplicable a su caso la Resolución N.º 107-2002-PCNM, de fecha 18 de octubre de 2002, por haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo; y que en consecuencia se ordene su reincorporación al Ministerio Público en el cargo que desempeñaba antes de su destitución. Asimismo, solicita que se le reconozca como efectivo el tiempo durante el cual estuvo suspendido y destituido.

 

 

 

Análisis del caso

 

2.      Antes de resolver la cuestión de fondo, conviene reafirmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de la resoluciones del CNM. En sentencia anterior (Exp. N.º 2409-2002-AA/TC, FJ 1b) se ha señalado que

 

(…) cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no dentro de otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.

 

 

 

3.      El demandante alega que se le ha sometido a un procedimiento sancionador habiendo prescrito la acción disciplinaria del Consejo; es decir, a un procedimiento irregular que afecta sus derechos fundamentales y garantías judiciales que reconocen el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y los artículos 138 y 139 de la Constitución (fojas 46-47). El actor afirma que la conducta irregular que se le atribuye tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la acción disciplinaria del CNM prescribía el 3 de marzo de 2002.

 

 

 

4.      No obstante, según alega, la Resolución N.º 015-2002-PCNM, de fecha 28 de febrero de 2002, que dispone el inicio del procedimiento disciplinario se le notificó el 5 de marzo de 2002; es decir, dos días después de haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo. Es más, al momento de dictarse la Resolución N.º 107-2002-PCNM, con fecha 18 de octubre de 2002, había transcurrido más de dos años de la fecha en que ocurrió la conducta atribuida.

 

 

 

5.      Por su parte, el Consejo, en la Resolución que ahora se cuestiona, señala que “(…) en cuanto a la excepción de prescripción de la acción disciplinaria deducida, de conformidad con el artículo 233, numeral 233.2, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, aplicable supletoriamente al presente proceso, en virtud de la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Resolución 042-2000-CNM, Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, debe declararse infundada, porque el plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, y toda vez que por resolución de 12 de enero de 2001, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación en su contra, consecuentemente, el plazo de prescripción se ha interrumpido” (fojas 51).

 

 

 

6.      El Tribunal Constitucional no comparte el argumento del demandante por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos, establecía que el acto procesal “(…) [i]nterpuesta la denuncia, en todo caso, prescribe a los 2 años de ocurrido el hecho, acto o conducta”. En el caso concreto, la conducta irregular que se le imputó al actor tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la prescripción debía operar el 3 de marzo de 2002. Sin embargo, con fecha 28 de febrero de 2002, se dictó la Resolución N.º 015-2002-PCNM, la misma que dio inicio al proceso disciplinario contra el recurrente; es decir, antes de que transcurrieran dos años desde que se produjo la conducta antes mencionada.

 

 

 

7.      En segundo lugar, el demandante sostiene que se le ha aplicado retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello no es exacto porque, cuando se inicia el procedimiento disciplinario –28 de febrero de 2002– contra el recurrente, dicha Ley –que prevé la interrupción del plazo de la prescripción– ya estaba vigente. Por ende, era plenamente aplicable el artículo 233.2, según el cual “[e]l plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado”.

 

 

 

8.      Más aún, la Primera Disposición Transitoria de dicha Ley señala que “[l]os procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión (…)”. En el presente caso, el procedimiento disciplinario se inició con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que no puede alegarse que la misma haya sido aplicada de manera retroactiva y en perjuicio de los derechos del recurrente. En consecuencia, en el caso concreto, el Consejo no ha vulnerado los derechos invocados, motivo por el cual la demanda no puede ser estimada.

 

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

 

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

 

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. GARCÍA TOMA   Gonzales Ojeda   Alva Orlandini   Bardelli Lartirigoyen   Vergara Gotelli   Landa Arroyo           Mesía Ramírez

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

CONSULTAS, COMENTARIOS Y SERVICIOS LEGALES escríbeme a:

CONSULTAS, COMENTARIOS Y SERVICIOS LEGALES escríbeme a:

CITAS:

RPM 985 483 172 RPM

RPC 991 948 189

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

 

21 de abril 2012

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

DESTITUCION-PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO…… LUEGO ¿QUE? (2da edición)

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

A manera de cuestión previa del porque de la segunda reedición.

Meses atrás la Página PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS del cual forma parte el presente artículo ha reflejado, como era previsible en razón de la coyuntura nacional, un muy significativo incremento de  consultantes y lectores del blog tanto administrados, servidores y funcionarios como quienes lo han dejado de ser, que solo sobre este tópico registra un muy significativo incremento de visitas diarias con ello pedidos de asesoría e invitaciones para capacitar.

A todos,  mi reconocimiento y agradecimiento, por interesarse en una especialidad a la que se echa mano esencialmente cuando como, en analogía al enfermo que solo va al médico cuando ya no encuentra alivio al no responder la automedicación,  siendo Jefe o Titular de entidad te corresponda sancionar o proponer una sanción como miembro de una CPPAD o CEPAD o afrontar o asesorar un proceso administrativo disciplinario, en condiciones mas claras y mas justas con la esperanza de hacer de nuestra sociedad y nuestros dias,  mejores.

A propósito de transferencias, entregas de cargos, pedidos de investigaciones, auditorías y aperturas de Procesos Adminstrativos Disciplinarios.

¿Sabes cómo reaccionaria un servidor o funcionario público al conocer que sus superiores, directamente o a través de terceros, lo van a investigar o auditar?

Las reacciones, suelen ser diversas.

Por lo usual, no siempre son adecuadamente asimiladas.

Los menos pueden ser totalmente indiferentes, esencialmente, si saben que su proceder ha sido correcto y transparente.

Para la mayoría, en cambio, ocurre todo un trastocamiento que puede evidenciarse y afectar desde su rendimiento laboral hasta su interrelación personal y familiar o en su salud física o mental.

Si esta afectación es mayúscula cuando le abren proceso administrativo disciplinario, ¿se imaginan lo terrible que puede ser  si le imponen una sanción?

Y, como tomará si de las 4 sanciones que prevé el D.Leg. 276 (amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal  sin goce de haber y destitución) deciden imponerle la mas grave? La de Destitución.

Como sabemos, de las únicas cuatro sanciones que prevé el D.Leg. 276 ,  la Destitución, (Art. 158° del D.S. 005-90-PCM, Reglamento del D.Leg. 276), es la mas gravosa, impuesta como correlato del proceso administrativo disciplinario.

La destitución es, se asume, la sanción reservada, para quien ha cometido la falta administrativa disciplinaria mas repulsiva, mas grave,  lo cual implica la expectoración sin posibilidad de reingreso no sólo de la entidad sino de toda la Administración  Pública por un plazo no mayor de 3 tres años.

El destituido es en consecuencia una suerte de apestado.

¿Cuantos sucumbieron en este tránsito?

¿A cuántos se les acabó toda esperanza al llegar a este estado y quedarse de manera permanente en tamaña condición?

¿Será acaso posible que un Destituído deje de tener la condición de tal?

¿Será acaso posible que un destituido pueda llegar a volver a ocupar cargos públicos o superiores a los que tenía hasta antes de ser destituido?

¿Un destituído podrá ocupar luego cargos públicos o es que, siempre lo perseguirá su estigma?

Cuantas otras interminables interrogantes  podríamos añadir a las antes mencionadas, a partir de los respectivos casos que nos han sido consultados en el blog o conocemos en las normas legales.

Del mismo modo como con una foto vale mas que mil palabras, en esta oportunidad voy a abreviar mayores comentarios, presentándoles las que al autor de este blog, en su momento, le correspondió afrontar y superarla con creces.

En  internet y google pueden apreciar en ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/1997/RD142-1997.pdf las siguientes dos resoluciones, que por cierto, no fui quien la colgó y difundió, pero curiosamente recientemente, allí la encuentro:

 

“Sancionan con destitución a diversos servidores del Sector” (SALUD)

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 142-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 26 de julio de 1997

Visto el Informe Nº 010-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 25 de julio de 1997, de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””;

 

CONSIDERANDO:

Que, por disposición de la R.D. Nº 121-OP-HONADOMANI-SB/97, de fecha 19 de junio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario por la comisión de faltas de carácter disciplinario incurridas en el desempeño de sus funciones contra el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo;

Que de la revisión de la documentación y de los descargos presentados por el procesado que obran en autos, se está acreditado que el servidor Ricardo Percy Ayala Gordillo interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

Que, el Sr. Ricardo Percy Ayala Gordillo por la comisión de hechos irregulares expuestos en el considerando anterior tiene responsabilidad administrativa por haber transgredido los Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios;

De conformidad con lo estipulado por el Inc. d) del Art. 155º y Art. 159º del D.S. Nº 005-90-PCM y en uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-87-SA/P y ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer Sanción Administrativa de Destitución al TAP. Ricardo Percy Ayala Gordillo, con el cargo de Asistente en Servicio de Salud I, del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” por grave falta de carácter disciplinario que se exponen en la parte considerativa de la presente resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General

Hospital Nacional Docente Madre Niño

“”San Bartolomé””

 

 

 

 

RESOLUCION DIRECTORAL

Nº 151-OP-HONADOMANI-SB/97

Lima, 11 de agosto de 1997

Visto el Informe Nº 012-CPPAD-HONADOMANI-SB-97, de fecha 9 de agosto de 1997 de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral Nº 136-OP-HONADOMANI- SB-97, del 1 de julio de 1997, se instauró Proceso Administrativo Disciplinario al servidor Gabriel Hurtado Rodríguez, por haber incurrido en falta grave de carácter disciplinario, por ausencias injustificadas por más de tres

días consecutivos;

Que, con el Informe del Visto, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé”” ha emitido su pronunciamiento señalando que se encuentra fehacientemente probado que el servidor Gabriel Hurtado Rodríguez ha incurrido en ausencia injustificada contemplados en el Inc. k) del Art. 28º del Decreto Legislativo Nº 276;

Estando a lo recomendado por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y de conformidad de la Dirección Adjunta;

En uso de las facultades conferidas por la R.M. Nº 0141-SA-87 y su ampliatoria R.M. Nº 0239-90-SA/P;

SE RESUELVE:1º.- Imponer la Sanción de Destitución al servidor Gabriel HURTADO RODRIGUEZ con el cargo de Trabajador de Servicio I, Nivel SAD de la Of. de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño “”San Bartolomé””, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

2º.- De conformidad con el Inc. d) del Art. 1º del D.S. Nº 074-95-PCM, publíquese la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese.

JOAQUIN C. FUENTES RODRIGUEZ

Director General Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé”

 

 

Quienes pueden verificar en las normas legales, ambas resoluciones fueron publicadas una al lado de otra en igual fecha, la exhibición y mención de ambas resoluciones no es ajena: 1. pretende hacer notar rectitud y justeza en el trato, por parte de la autoridad algo asi como  “ a todos por igual”. 2. Sobre mi resolución  voy a ocuparme en las líneas subsiguientes, sobre la segunda resolución sólo puedo decir, se trata de uno de los pocos  servidores nombrados encargado de la limpieza del hospital,  que por ese entonces, dependía de la Oficina de Logística, nunca supe la causa de sus inasistencias, de él nunca volví a saber nada.

Abordo el tema que nos ocupa, comentando la resolución con la cual fui destituido por tres propósitos puntuales:

con carácter autoreinvidicativo,

con carácter ilustrativo; y

con carácter esperanzador, a quienes -como yo en su momento pasé-, hoy se encuentren por ser auditados, evaluados,  procesados, sancionados o destituídos y,  también como no, a quienes al otro lado de la orilla, les corresponde procesar, opinar, revisar, rrecomendar, abrir proceso o sancionar, en su respectiva condición de ser miembros de la CPPAD, CEPAD, Titulares de entidad, Jefes de Oficina de Personal, Representantes de Trabajadores, Abogados, administradores, Jefes inmediatos etc.

El primero,  con carácter autoreinvidicativo, a falta del  desagravio público que en su momento pedí al titular de mi Sector y sigo esperando a la fecha, pedido que formulé al emitirse la correspondiente Sentencia de la Corte Superior de Justicia la cual ratificó la validez legal de mi desempeño público que años antes, desde 1993, siempre me reconoció la Contraloría General de la República como Jefe de Auditoría Interna del Hospital San Bartolomé. (función equivalente a los hoy llamados Jefe del Organo de Control Institucional OCI)

La razón del pedido del desagravio se explica entre otros fundamentos : 1. En que, habiendo transcurrido los 10 años de reserva es ahora posible someterlo al escrutinio público. 2. En que, a pesar de haber transcurrido desde el año 1997 a la fecha 13 años desde que fue emitida y ejecutada, e impugnada la viciada resolución, sigue circulando en medios de difusión masiva como el internet; 3. En que, con la sola difusión e invocación de la indicada resolución, no faltan quienes pregonando falsas premisas de moralidad, aprovechando el desconocimiento de ciertas autoridades en asuntos relacionados al procedimiento administrativo y al proceso administrativo disciplinario, han seguido usando la referida resolución como media verdades para impedirle o frustrar al autor de este blog, algunas veces, la asunción de otros diversos cargos públicos a los que fui o soy propuesto.

El segundo motivo, es ilustrar a partir de mi caso: lo que se hizo y  lo que no se debería hacerse al aplicar sanciones gravosas;  enunciar la diversidad de omisiones y vicios con los cuales se emitió dicha sanción, que hice notar desde el primer día en que conocí de la suerte de cacería a la cual fui sometido, argumentos que fueron soslayados en parte, en sede administrativa y finalmente tomados en cuenta dentro del lato proceso judicial que seguí  en la vía contencioso administrativa, con una inversión total de tiempo y dinero por alrededor de 5 años:

La Resolución se emite el año 1997.

En esos años el acceso a internet no tenía la difusión de estos tiempos, no existía el actual Tribunal de Servicio Civil, ni se difundía como ahora la jurisprudencia del TC, ni un blog que te de una pauta sobre como afrontar un proceso administrativo disciplinario.

La Resolución intencionalmente omite decir que ese año yo era Bachiller en Derecho, ni que en tal condición y que la nominación de Presidente del “Comité de Control Interno” dada por el Director del Hospital era irrelevante para que la  Contraloría General de la República, por el desempeño de MIS FUNCIONES AUDITORAS formaba parte del Sistema Nacional de Control resultándome por ende aplicable sus normas especiales, dado que desde el año 2003 me venía reconociendo como Jefe del Organo de Auditoría Interna (OAI) como codificado ante Contraloría el OAI  a mi cargo.

Por lo anterior, el Director del Hospital como el Inspector General eran legalmente incompetentes para auditarme, procesarme y sancionarme n mis funciones auditoras, por haberse reservado legalmente dicha atribución, a la Contraloría General de la República.

La Resolución con la cual me destituyen, tampoco dice, que MI FUNCION por mandato de la ley especial del Sistema Nacional de Control consistía en VELAR POR LA LEGALIDAD DEL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD, ni dice que como parte de las exigencias inherentes a dicha especializada función, permanentemente me  capacitaba en materias de Auditoría Gubernamental en la Escuela Nacional de Control,  cuyo conocimiento especializado era requisito imprescindible para poder auditar válidamente a los diferentes Sistemas Administrativos y Oficinas de la entidad (Economía, Personal, Logística, etc.) y emitir Informes de Control en los cuales se establecían los resultados de la acción de control y, cuando era el caso, establecer responsabilidades administrativas presuntas que correspondían ser dilucidadas o implementadas por parte del titular de la entidad, informes cuyos ejemplares se alcanzaba a la Contraloría General para su correspondiente revisión y aprobación.

La Resolución,  tampoco dice que meses antes que sea emitida la viciada Resolución, la Contraloría General de la República al conocer del concertado irregular proceder del Director del Hospital como del Inspector General de Salud en mi agravio, había oficiado a cada uno de ellos como a mi, un Oficio, recordándoles, de manera expresa y categórica, que mis funciones –esas que según el Director eran faltas graves y por las cuales me destituyó- eran válidas legalmente, y que solamente la Contraloría era la autoridad competente para auditar mis funciones auditoras.

La Resolución no dice que el director del Hospital y el Inspector General del Ministerio de Salud, contra lo expresamente ordenado a ellos por la Contraloría General de la República,  acordaron auditar mis funciones contraloras;

La resolución omite mencionar que se me abre proceso administrativo por Informe de Inspectoría  –una Inspectoría legalmente incompetente- la cual “me auditó” y emitió su “Informe de Control”  con imputaciones falsas y calumniosos, carentes de legitimidad como de  todo sustento válido, que osó incluso imputarme haber usurpado la función de la Procuradora Pública de ese entonces, ilícito que la misma Procuradora, rechazó por inexistente;

La resolución tampoco dice que, la CPPAD como el titular del hospital prescindieron de todos los principios que regulan el procedimiento sancionador  “por unanimidad” recomendaron y dispusieron, respectivamente,  mi destitución, “en cumplimiento de una recomendación de Inspectoría” bajo el sanbenito de tratarse de una  “prueba preconstituída”;

Como ven, en ningún extremo de dicha resolución, se recoge ninguno de mis argumentos de defensa y menos se hace una esencial valoración de cada uno  de los hechos contrastados con el derecho y mucho menos sobre cada uno de los extremos que antes he enunciado, es decir, sencillamente fue carente de motivación y violatoria del debido proceso y de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador que ahora ustedes mejor que yo conocen;

La resolución no dice, y esto es lo mas grave de todo, que el Informe de Control que motivó tamaña reacción y decisión del titular del Hospital, tenía el desesperado objeto de no implantar las recomendaciones contenidas en mis informes de control y con ello mantener en la impunidad a funcionarios incursos en presuntos actos de corrupción en agravio de los intereses del Estado.

Sería interesante acceder al seguimiento de las acciones que dio a esos informes de control por parte de quien me destituyó.

La resolución tampoco nada dice que mi Informe de Auditoría NUNCA fue invalidado sino por el contrario, con los oficios cursados FUERON EXPRESA Y LEGALMENTE VALIDADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por ende, obligaba al cumplimiento de sus recomendaciones por parte del Director del Hospital.

La resolución tampoco dice que  yo como Auditor Jefe del Organo de Auditoría Interna del Hospital actué en cumplimiento de la Resolución Contralora la cual no me facultaba sino disponía cual mandato alcanzar un ejemplar a la Fiscalía para que sea ella como titular de la acción penal la cual proceda a calificarla, a lo que ellos llamaron “denuncia penal”, al Estado le interesaría saber del contenido de esos Informes.

“…interpuso denuncia penal ante la 14º Fiscalía Provincial de Lima contra servidores y funcionarios del Hospital, sin contar con la autorización de las instancias superiores y ejerciendo funciones correspondientes a cargos diferentes a los que ostentaba…y asimismo sorprender a la Inspectoría General del Ministerio de Salud presentando el Of. Nº 273-CCI-HONADOMANI-SB-97 solicitando opinión legal sobre la tipificación de las conductas y responsabilidades pecuniarias, administrativas y judiciales, sobre aquellos actos que los había denunciado ante la 14º Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima;

¿Desde cuando cumplir con la función legalmente asignada y pedir una opinión legal se constituye en  falta administrativa?.

¿Desde cuando para interponer una denuncia penal debe pedirse autorización al superior?

¿Desde cuando pedir una opinión legal constituye infracción a las obligaciones para que prescindiendo de toda valoración jurídicada se me impute diversidad de faltas:

“Incs. a), d), g) y h) del Art. 21º del D. Leg. Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, la misma que constituye faltas de carácter disciplinario tipificadas en los Incs. a), d) y l) del Art. 28º del acotado Dispositivo Legal”;

La resolución, nunca debió ser emitida en todo caso por el titular, quien, mínimamente debió abstenerse por encontrarse incurso, en conflicto de intereses.

 

La pregunta que queda es :

¿si yo fui destituido por haber cumplido con mis funciones contraloras como finalmente me volvió a reconocer el Poder Judicial;  que sanción mas grave le impuso el titular del Hospital a los funcionarios y servidores que fueron comprendidos en presunta responsabilidad administrativa en mis Informes de Control, informe que repito, resultó dentro de los  validados legalmente por Contraloría?

Cierto, faltó que la Contraloría General  en defensa de quien era parte de sus sistema, con urgencia, reformule o invalide el informe de la Inspectoría del Ministerio de Salud, accione directamente contra aquel y me confiera ser defendido a través de su Procuraduría, lo propio pudieron hacer las instancias superiores del Ministerio de Salud.

Imperó el extraño mutis.

Ese mismo año 1997 decidí renunciar al OAI para afrontar de mejor forma mi defensa legal como los procesos penales que orquestadamente me imputaron proveedores y funcionarios  aunados a aquellos, a los cuales finalmente también vencí.

Habían previsto inhabilitarme y desaparecerme de la Administración Pública, en ese entonces, hasta por 5 años.

Ese mismo año 1997 me titulé de abogado y decidí reorientar mi futuro personal y quehacer profesional.

El año 1998 y siguientes,  mis detractores, directamente como a través de terceros en reiteradas oportunidades resultaban apareciendo ante las diversas entidades en los que fui invitado asesorar exhibiendo la cuestionada resolución, en algunas de las cuales les dieron crédito, aunque la mayoría prefirió optar por mi verdad, y en esa transparencia, confianza  y conocimiento acepté asumir diversos cargos en otras entidades del Sector a los cuales fui invitado acompañar como Abogado, Asesor, Director de Oficina de Asesoría Jurídica y avocarme al crecimiento profesional en el ejercicio independiente del Derecho, mi experiencia se amplió, desde entonces he conocido y recibido la gratitud y el reconocimiento de nueva y mas gente cuyas experiencias aunadas a la propia, consideré oportuno compartir en  este espacio del blog al cual ustedes me honran con su visita.

La tercera, la mas importante de las razones por las cuales publico este artículo, es demostrar con este botón, a quienes se encuentren afrontando una investigación, o hayan sido notificados con la apertura de un proceso administrativo disciplinario,  o a quienes se les esté imponiendo cualquier sanción administrativa disciplinaria, por grave que esta sea que, no me asiste en consecuencia el solo conocimiento académico o de la asesoría sino la experiencia de quien ha sabido trajinar por cada una de estas tortuosas etapas para decirte que:

Si estás convencido que tu proceder ha sido el adecuado,

si quienes te procesaron incurrieron en vicios,

entonces, será posible que puedas revertir, con creces, el infausto momento que ahora puedas estar afrontando.  Por cierto, contrata una defensa especializada, es tu futuro laboral y tu dignidad el que se encuentra en juego.

Si por acción u omisión eres conciente que incurriste en alguna falta administrativa, reflexiona sobre ella, ten en cuenta que eres uno de los pocos privilegiados que cuenta con una oportunidad laboral, ofrécete y sobretodo, enmienda tu conducta.

Afrontar un proceso administrativo disicplinario o con la imposición de una sanción administrativa,  el mundo no se acaba, toma la circunstancia como una suerte de hacer un alto en tu quehacer diario, vuelve a los tuyos, dale un respiro  a tu cuerpo y tu alma, prueba, si gustas  a dar clik por la web de Morella,  cuya página puedes ver entre los links amigos de mi blog.

Un abrupto alto, puede significarte un involuntario breve o largo descanso, en vez de darte a la aflicción, empléalo para revalorarte, para revalorar lo que eres y cuantos tienes, e  ir incluso por nuevos y mas fructíferos horizontes, como fuera mi caso cuando años después de la infausta Resolución con la cual se me destituyera, inmediatamente después se me brindó el privilegio de ser convocado para asesorar a dilectos funcionarios públicos titulares de entidades, fue el caso en que años después, fui designado como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica Nivel F-3 de la DISA II Lima Sur, del Ministerio de Salud, como puedes verificar en la página 22 del siguiente Link http://spij.minjus.gob.pe/Normas/textos/020304T.pdf coadyuvándolos a que sus gestiones además de legales, promuevan la aplicación del control interno previo y concurrente, y con ello afronten con menor riesgo, las acciones de control posterior.

Mi mayor gratificación las innumerables correspondencia y muestras de gratitud que recibo de colegas, servidores, funcionarios, ciudadanos(as)  a quienes hoy les asiste estar en uno u otro lado de la administración pública, o como usuario, administrado  o procesado como de los servidores o funcionarios que les asiste ser miembros del CPPAD o Titulares de entidades.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

NUEVO CORREO : asesoriadefensa02@gmail.com

asesoriadefensa02@yahoo.es 

www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Teléfonos de contacto:

Celular:    985  483 172 (Movistar)

                  # 985  483 172  RPM

                 991 264 631  (Claro)

Lima, 16 de octubre del 2011

Categoría Proceso Administrativo Disciplinario, Gestión Pública

VIOLENCIA FAMILIAR LEY Nº 30275 LEY QUE MODIFICA EL TUO DE LA LEY 26260 DE VIOLENCIA FAMILIAR

                                                                   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Sarita* comparte su experiencia de vida:

 

“Quisiera compartir con todos mi experiencia soy una mujer ya mayor.

 Me casé bastante joven,  tenia yo 20 años y me casé con la ilusión de hacerlo hasta la muerte.

  Mi esposo  empezó a cambiar y fui violentada enajenada violada maltratada por mas de 25 años.

 Todo el tiempo no pude concretar mi separación por que siempre pensé en mi hijo y claro en luchar hasta las últimas consecuencias por mi matrimonio.

  Además que los trámites para divorciarme eran en ese entonces muy difíciles. Y nunca tuve tiempo ni dinero ni voluntad de hacerlo pensando como piensan muchos aquí. La familia es la célula  básica de la sociedad…etc.

  Yo respeto mucho pero…por culpa de pensar de esta forma mi hijo sufre hoy todas las cosas k vio k su padre me hacia…Yo soy una persona triste y con tendencia a la depresión…

 Sobre mi esposo, él continua siéndome infiel con mujeres que se prestan a esto por internet…

 Todo se hubiera podido evitar si yo no hubiera pensado como piensan muchas aún….Que debemos continuar casados a pesar de todo lo que tenemos que soportar por nuestros hijos…

Hoy con esta ley después de todo lo que sufrí puedo divorciarme…pero a pienso…oh Dios mío  ya para que

¿¿¿ Mi hijo creció y el nunca cambiara y yo¿¿¿ tal vez yo pronto moriré”.

 

  

Para preservar la identidad de nuestra amiga lectora, la llamaremos Sarita.*

Cuantas veces, hasta cuando seguiremos viendo , oyendo o escuchando historias como la de Sarita?

Es una de la miles y miles de historias que se repiten en diversas formas una menos y otras muchísimo mas graves que la narrada.

Desde hace años en Perú se ha legislado y modificado con Ley 29282 la Ley de Violencia Familiar y su Reglamento,- cuyo texto será abordado en otro artículo-  y  como correlato existe todo un aparato policial, fiscal y judicial que se encarga de intervenir como procesar estos casos, lamentablemente, su quehacer es predominantemente  disuasivo, es decir, al final de todo un largo proceso  incide en recomendar que durante el proceso como al término del mismo , el agresor y su víctima  o toda su familia acuda a terapias sicológicas que casi nunca ocurren y menos le interesa al agresor.

A diario vemos diversidad de formas de violencia familiar una mas grave que otra; en los  pasados recientes días los medios de comunicación nos traían la noticia  como un padre asesina a su dijo que defendía a su maltratada madre; otra  el de una joven esposa cansada de esta violencia  resultó asesinada por arma de fuego  por su cónyuge junto con el policía al cual acudió a denunciar en el mismo acto que fue este último a notificarlo a su domicilio. El agresor quien también se suicidó, resolvió en segundos lo que la Ley tarda días, meses o años.

Lo peor de todo es que cuando estas noticias se difunden los malos actos se copian con el añadido que son superados en perversidad por los nuevos  actores.

Que hacer?

Aprender a   decir NO a tiempo.

Aprender decir NO  a tiempo puede y debería significar que las personas  aprendamos a identificar y apartarnos de todo vestigio o signo de violencia, desde la primera oportunidad.

Todos, nuestras amigas y amigos sicólogos, siquiatras, toda autoridad, servidor público, docentes, persona, vecino, familiares   tenemos una frondosa  tarea en lo preventivo, desde casa, en los colegios, acaso desde inicial o en la primaria, ahora casi todos los colegios cuentan con sicólogos, pero resultan insuficientes o en número o en estrategias para identificar y esencialmente para poder ejecutar acciones preventivas individuales destinadas a erradicarlas. Acaso una alternativa fuera educar a padres y docentes en estrategias orientadas  a identificar y disuadir toda  conducta violenta.

En que colegio no existen diversidad de niños y niñas violentadas o que violentan a  sus compañeras o compañeros o que presentan signos o síntomas de violencia en casa?  Recientemente el Ministerio de Educación procura regular al respecto una cruel realidad vigente de antaño.

Hay quienes no se consideran violentadas porque la pareja no le pega, no le insulta, pero la tiene sumida en un enfermizo  control hasta de sus mínimos movimientos, cual carceleros, es quien decide por ella que hacer o no, cuando como y con quien o no tratar.

Si aceptamos estas conductas desde el hogar es fácil entender porque  aceptamos con resignación las vejaciones a diario de cualquier persona  desde algunos  cobradores,  profesores,  compañeros de trabajo, del jefe, de la  autoridad que abusa de su poder.

Tratando de interpretar los comentarios de mi dilecto amigo, colega e historiador, César Cánepa Yori – a quien con esta parte rindo tributo de mi aprecio y amistad- en este país aún cuando han pasado mas de 500 años de emancipados  seguimos esperando un libertador, repetimos dia a dia  figuras o del conquistador avasallador o del genuflexo  resignado a su condición de conquistado.

Y que pasa en casos como el de Sarita  en el que ELLA siendo conciente de su vejación, de su destruída  autoestima  decide seguirla soportando hasta sus últimos días , dia a dia, con resignación?

Sarita es conciente del grave daño que su resignación no sólo le ha causado a ella sino también a su hijo. Quiera  su hijo  y Dios que su ciclo como agresor o víctima no se repita.

Mi consejo Sarita es que NUNCA, NUNCA  es tarde para que recobres tu dignidad, tu autoestima, tu libertad.

Busca ayuda profesional, da todo por un dia de vida en libertad, de vida con dignidad, verás que vale la pena verla y sobre todo, vivirla.

 

Estos eventos  ocurren a pesar de los esfuerzos legislativos del Estado, en dictar medidas para prevenir consecuencias mayores como las dictadas con la  LEY Nº 30275 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 26260, LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA PROHIBIR LA POSESIÓN Y USO DE ARMAS DE FUEGO A LOS SENTENCIADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR:

Artículo 1. Modificación del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar

Modifícase el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo 006-97-JUS, en los siguientes términos:

“De las medidas de protección inmediatas Artículo 10.- Recibida la petición o apreciados de of cio los hechos, el Fiscal dicta en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija.

Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima o por orden del Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes, suspensión del derecho de tenencia y porte de armas, y otras medidas de protección inmediatas que garantizan su integridad física, psíquica y moral.

Para la ejecución de estas medidas, debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Asimismo, el Fiscal puede solicitar la detención del agresor ante el Juez Penal competente, quien decreta dicha medida dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.

El Fiscal de Familia pone en conocimiento del Juez de Familia las medidas de protección adoptadas en caso de formalizar la demanda.

El órgano fiscal debe oficiar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) la resolución que dispone la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de suspender la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida  de protección.

En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se debe oficiar al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones pertinentes”.

 

Artículo 2. Modificación del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar Modifícase el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo 006-97-JUS, en los siguientes términos:

“De la sentencia Artículo 21.- La resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y podrá establecer:

a) Las medidas de protección en favor de la víctima pudiendo ordenar entre otras, la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra forma de acoso para la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el segundo párrafo del artículo 10 de esta Ley.

b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se estima conveniente. Si la resolución judicial establece como medida de protección el tratamiento del agresor y este no cumple el mandato judicial, a solicitud de la víctima, el Juez debe variar la medida y ordenar el retiro temporal del agresor del domicilio y/o el impedimento temporal de visitas, según sea el caso. Cuando se establezca que el agresor debe seguir tratamiento de rehabilitación, corresponde supeditar la duración de la suspensión temporal de cohabitación y/o visitas al tratamiento que debe someterse; la rehabilitación debe ser acreditada con la certifi cación del médico tratante.

c) La reparación del daño.

d) El establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, cuando corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para su subsistencia.

e) La prohibición de la posesión y uso de armas de fuego por parte del agresor y, en su caso, disponer su decomiso y la cancelación de la licencia respectiva. El órgano jurisdiccional oficia a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) la resolución que dispone la prohibición del uso y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de cancelar la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se ofi cia al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones pertinentes. En atención a la función tuitiva de este proceso, el Juez puede agregar a su decisión los mandatos que aseguren la efi cacia de las pretensiones exigidas y los derechos esenciales de la víctima”.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

 

CITAS llamándome a los Teléfonos móviles:

RPM                    # 985 483 172

RPC                        994 948 189

asesoriadefensa02@yahoo.es Categoría :Derecho de Familia

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com