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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO MAL ESTABLECIDO

                                                                                                                        Por Ricardo Ayala Gordillo

Por la relevancia y recurrencia que pueda presentarse a quienes afrontan situaciones como la consultada, comienzo transcribiendo parcialmente el prólogo de la “Guía sobre la aplicación del Principio – Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos” elaborado por el Ministerio de Justicia, cuya lectura y permanente revisión es recomendable para los titulares y funcionarios de las Entidades públicas, las autoridades del PAD, las Secretarías Técnicas del PAD, los abogados, los funcionarios y servidores investigados por la Secretaría Técnica, los procesados, los representantes gremiales y todo ciudadano, que por internet pueden descargar en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Gu%C3%ADa-del-debido-proceso-MINJUS.pdf.

“…La Constitución Política de Perú, contempla los derechos fundamentales y configura los poderes e instituciones que rigen el Estado junto a sus competencias. Por ello, su cumplimiento es de vital importancia, no solo por la trascendencia de su contenido, sino porque este genera un primer mandato sobre autoridades y ciudadanos de respeto a las derechos de las personas.

Conjuntamente, existen instrumentos internacionales de derechos humanos que refuerzan el vigor normativo de estos derechos y amplían su eficacia.

Por ello, observar el cumplimiento del principio del debido proceso, entendido como el conjunto de garantías que permiten que las personas puedan tener un proceso regular y justo, se vuelve de imperiosa necesidad.

Más aún, porque este principio se expande al ámbito de los procedimientos administrativos del Estado como el principio del debido procedimiento. Esta cobertura se da porque los operadores del sistema constitucional y, en particular los jueces, van delineando verdaderas reglas jurídicas, vigentes para el ámbito administrativo que van construyendo sus propias pautas a partir de normas inferidas o deducidas de algunos artículos constitucionales de tipo amplio, como por ejemplo, las que regulan el debido proceso.

En ese contexto, con el nuevo marco legal que establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e Ministerio de Justicia adquiere mayores competencias con la finalidad de lograr una auténtica promoción y difusión de los derechos humanos, convirtiéndose en un defensor del Estado Constitucional de Derecho y la institucionalidad democrática. En particular, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico tiene entre sus funciones, brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público, así como sistematizar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con el fin de perfeccionar el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, la presente obra tiene como finalidad desarrollar los alcances del principio derecho del debido procedimiento en los procedimientos administrativos, así como un análisis del conjunto de derechos y garantías que lo conforman. Para ello, se ha recurrido además de la doctrina, a una selección de jurisprudencia relevante en la materia, de órganos jurisdiccionales supranacionales y nacionales como la Corte IDH y el TC.”

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), no puede por ello ser, un copiar y pegar de otro caso similar, y mucho menos el simple cumplimiento del pedido hecho a o por la máxima autoridad de la Entidad para  que investiguen, procesen y “sancionen ejemplarmente” al presunto trabajador infractor, o permitir la impunidad ante el evidente abuso de su función que pudiera incurrir el Secretario Técnico del PAD, o  el Organo Instructor o el Organo Sancionador del PAD o el Titular de la Entidad.

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), implica capacitarse, conocer y adecuar la conducta conforme dictan los diversos Principios que regulan el PAD  contenidos en el Art. 230 de la Ley 27444, de los cuales, el debido procedimiento es solo uno de ellos, bastando ver, solo el índice de la Guía para apreciar si las autoridades del PAD están cumpliendo con aplicar este principio o no al aperturar el PAD:

 “(….)

I.1. El principio-derecho del debido proceso

I.2. La aplicación del debido proceso en los procedimientos administrativos

(…)

El debido procedimiento administrativo

II.1. Delimitación conceptual

II.2. Garantías del debido procedimiento administrativo

II.2.1. Derecho a la notificación

II.2.2. Derecho de acceso al expediente

II.2.3. Derecho a la defensa

II.2.4. Derecho a ofrecer y producir pruebas

II.2.5. Derecho a una decisión motivada y fundada en derecho

II.2.6. Derecho a la presunción de licitud

II.2.7. Derecho al plazo razonable

II.2.8. Derecho a ser investigado por una autoridad competente

II.2.9. Derecho a ser investigado por una autoridad imparcial

II.2.10. Derecho a impugnar las decisiones administrativas

II.2.11. Ne bis in idem

II.2.12. Principio de publicidad de normas procedimentales

(…)

De ahí que, si bien el acto de Apertura del PAD es inimpugnable, ello no obsta que, de verificarse el trastocamiento o incumplimiento de alguno de los elementos descritos en el índice  o se proceda con infracción de los artículos 3° al 6° de la indicada Ley, o se soslaye pronunciarse sobre la prescripción extintiva o con vulneración de los principios que regulan el PAD, prescindido de las formalidades y procedimientos establecidos en la Ley 30057, su Reglamento aprobado con D.S. 004-2914-JUS, o en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”, el procesado, puede denunciar por alguno de los vicios previstos en el Art. 10 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General o en vía de reconsideración o de apelación plantear la NULIDAD de los actuados.

De confirmarse la nulidad, la autoridad determinará las acciones conducentes a establecer responsabilidad de quienes dieron lugar a la nulidad, por negligencia o arbitrariedad.

.

Si consideras,  puedes llamarnos o escribirnos para reservar cita.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

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UNION DE HECHO

                                                                           por Ricardo Percy Ayala Gordillo

¿Quiénes pueden pedir ser declarados en Unión de Hecho?

El hombre y mujer, unidos voluntariamente, que no tengan impedimento para contraer matrimonio civil (ambos  solteros, o  uno de ellos o ambos, viudo o divorciado), que acrediten con documentos que  conviven de manera continua por mas de dos años bajo un mismo techo para alcanzar fines semejantes al matrimonio.

¿ Que requisitos deben reunir para solicitar ser declarados en Unión de Hecho?

Ante Notario (si viven juntos y en buenas relaciones):

Solicitud, preparada por Abogado, con nombres y firmas de ambos solicitantes.

Reconocimiento expreso que conviven no menos de dos años de manera continua.

Declaración expresa que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno hace vida en común con otro hombre o mujer.

Certificado del domicilio de los solicitantes.

Certificado negativo de la Unión de Hecho, expedido por la Oficina de Registros Públicos.

Declaración testimonial de dos personas que den fe sobre la convivencia de la pareja por dos o mas años.

Otros documentos que acrediten la unión de hecho.

El Notario manda publicar un extracto de la solicitud en el diario oficial ”El Peruano” y en otro diario de amplia circulación del lugar.

Judicialmente (si uno murió o abandonó la relación o no le interesa el reconocimiento de UH ) :

Los mismos requisitos señalados anteriormente, con la diferencia que será el Abogado quien prepare la demanda que dará inicio al Juicio. 

Si la pareja convivió durante 13 años ¿quiere decir que ya están casados?

No, solo son casados los que se casan por civil, ante la Municipalidad;  o por Religioso ante su respectiva Iglesia.

Si uno de ellos ES  CASADO, AUN CUANDO VIVAN 50 AÑOS con otra persona soltera, viuda o divorciada, sin haberse casado, convivan bajo un mismo techo cual si fueran un matrimonio, ante las leyes peruanas, NO tienen la condición de Convivientes, concubinos, Unión Libre, o Unión de Hecho, por tanto, en caso de muerte de uno de ellos NO PODRA RECLAMAR los derechos hereditarios, pedir pensión por viudez,  repartición de los bienes adquiridos dentro de la relación convivencial.

¿En que casos se requiere la Declaración de Unión de Hecho?

En caso de muerte de uno de ellos, para reclamar los derechos hereditarios, pedir pensión por viudez,  repartición de los bienes adquiridos dentro de la relación convivencial, previamente, es aconsejable contar con el asesoramiento de Abogado, deberá pedir o demandar su Reconocimiento de Unión de Hecho.

¿Se puede solicitar unión estable siendo casada?

Puedes solicitarla, pero te será denegada, en tanto no esté inscrito tu divorcio.

¿Se puede ser pareja de hecho estando casada con otra persona’

Si, pero en tanto se encuentre casado, no genera ningún derecho

¿Con qué documento acredito la Unión de Hecho?

Con diversos documentos que valorados todos en conjunto acrediten que has vivido en convivencia mas de dos años: como el DNI con domicilio común, partidas o actas de nacimiento o bautizo de hijos, certificados o constancias de estudios,  contrato de compra de bienes muebles o inmuebles, cuentas de ahorros, denuncias, fotografías, filmaciones, etc.

Me separé de mi conviviente y no quiere reconocer mis derechos a los bienes que adquirimos juntos

Puedes comenzar poniendo denuncia policial por violencia patrimonial e iniciando proceso judicial de reconocimiento de Unión de Hecho.

¿La pareja en unión libre  o unión de Hecho  puede denunciar por abandono de hogar?

Si, aun cuando no cuenten con el Acta Notarial o sentencia que les hubiera reconocido su Unión de Hecho.

Pueden igualmente demandar Filiación Extramatrimonial, Alimentos y Violencia Familiar (física , psicológica o patrimonial),

Si consideras,  puedes llamarnos o escribirnos para reservar cita.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

RPM        985 483 172

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NOTIFICACIÓN PARA EL INICIO DEL PAD EN LEY 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL

Por Ricardo Ayala Gordillo

 

 

La Notificación del inicio o apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) es el primer acto con el cual, el órgano instructor,  mediante el documento que firma (Resolución, Carta u Oficio) pone en conocimiento del procesado la presunta falta administrativa los requiere a presentar su descargo documentado dentro del plazo de 5 días hábiles, con el documento adjuntará  copia del informe preliminar emitido por la Secretaría Técnica del PAD como los documentos que sustentan el indicado informe y ahora la apertura del PAD.

 

Con la notificación adecuadamente realizada se garantiza el derecho a la defensa del procesado; el procesado, si considera insuficiente el plazo ara presentar su descargo puede solicitar al Organo Instructor le sea ampliado hasta por otros 5 dias mas.

 

La Notificación del inicio del PAD se sujetará al procedimiento establecido en la DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC  RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL, numeral 15 (y en lo no previsto en la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

 

Si la notificación no es realizada y sigue adelante el PAD o es realizada sin seguir el procedimiento antes indicado el proceso puede ser declarado nulo por vulneración al principio al debido procedimiento a la Ley,  la  Constitución y normas reglamentarias; de ahí la necesidad de revisar las indicadas normas, permanentemente.

 

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC  :

  1. EL INICIO DEL PAD

15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento

que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano

Instructor.

Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los

documentos en que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio sigue

la estructura que se presenta como Anexo D.

 

15.2 La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de

tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

 

15.3 El acto o resolución de inicio no es impugnable.

 

15.4 Para efectos de notificaciones, en todo lo no previsto por la presente directiva,

se aplica supletoriamente la LPAG.

 

 

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado con  Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS establece

 

Artículo 20.- Modalidades de notificación

20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de prelación:

 

20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.

 

20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

 

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley.

 

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido en el numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notificación. Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados.

 

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos administrativos análogos.

 

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral

20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

 

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días útiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1.

 

Lo señalado en el presente numeral no impide que la entidad asigne al administrado una casilla electrónica gestionada por ella, siempre que cuente con el consentimiento del administrado, salvo lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final de la Ley Nº 30229 o norma que lo sustituya. En este caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

 

Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia.

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272)

 

 

Artículo 21.- Régimen de la notificación personal

 

21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

 

21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.

 

21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado.

 

21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.

 

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente.

(Texto según el Artículo 21 de la Ley N° 27444)

 

Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados

22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo sí actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única.

 

22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus cointeresados.

(Texto según el Artículo 22 de la Ley N° 27444)

 

Gracias por leer y difundir el blog.

 

Lima, 18 de mayo 2018

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

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REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

818163670

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

 

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

 

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

 

 

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Cómo se otorga el Poder General?

 

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

 

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

 

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 

¿Para qué sirve el Poder General?

 

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

 

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

 

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

 

 

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

 

Según sea la mejor elección del Administrado:

 

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

 

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

 

Debes saber que :

 

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

Escríbenos a:

asesoriadefensa02@gmail.com

Citas a Teléfonos :

985 483 172 (RPM)

994 948 189 (RPC)
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Lima, 11 de marzo del 2018

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General


 

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A

por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

  1. Soy trabajador de la municipalidad y trabajador de la universidad del estado que delito he cometido?

 

Si no eres docente universitario, no has cometido delito sino falta administrativa, por doble percepción de remuneraciones del Estado, puedes ser sometido a Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) y sancionado con arreglo a la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.

 

  1. Ley 27444: En caso no apelar resolución queda consentida.

 

La respuesta es afirmativa.

 

  1. ¿Ante quien quejarse de un funcionario público?

 

Ante el titular de la entidad o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

 

  1. ¿Cuáles son las faltas en la Ley 27444?

 

El Artículo 259 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 establece las siguientes FALTAS en las que pueden estar incursos los funcionarios o servidores, que previo PAD, pueden dar lugar a que sean SANCIONADOS administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que pudiera haber lugar.

 

“Artículo 259.- Faltas administrativas

 

259.1. Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño

causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

 

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos,

declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

 

  1. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

 

  1. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o

expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la

producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado

dentro del procedimiento administrativo.

 

  1. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

 

  1. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

 

  1. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

 

  1. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

 

  1. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja

administrativa o contradecir sus decisiones.

 

  1. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

 

  1. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral.

 

  1. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.

 

  1. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación

automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante

la propia u otra entidad administrativa.

 

  1. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1)UIT, sin contar con autorización previa.

 

  1. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al

establecido para los procedimientos estandarizados.

 

  1. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas

en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas

de simplificación, aunque consten en normas internas de las

entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.

 

  1. Exigir a los administrados la presentación de documentos

prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base

en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de

Procedimientos Administrativos.

 

  1. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

 

  1. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios

presentados por los administrados, o a expedir constancia

de su recepción, lo que no impide que pueda formular las

observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134;

 

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o

documentos cuando la normativa no lo exija.

 

  1. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto

Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

 

 

259.2. Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 253 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

 

  1. Si mi jefe me grita ¿pongo una denuncia ante la comisaria o inspección de trabajo?

 

En las entidades públicas sujetas a la Ley 30057: Ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

En las empresas privadas al Gerente de Recursos Humanos o ante la autoridad administrativa de  trabajo del Ministerio de Trabajo.

 

  1. Que diferencia principal existe entre el procedimiento sancionador y procedimiento disciplinario?

 

El procedimiento sancionador se aplica al administrado que incurrió en una infracción, por ejemplo: al vecino, al comerciante,  contribuyente, al transportista, etc.

 

El procedimiento disciplinario se aplica a los servidores o funcionarios por haber cometido alguna de las faltas descritas en la Ley 27444 o en su respectivo régimen laboral.

 

  1. Funcionario público me explota económicamente

 

Sería bueno que precises en que consiste la explotación : ¿te hace trabajar mas horas, te obliga a hacer trabajos que rebajan tu dignidad o diferentes a tus funciones?¿ Con que documentos o testigos cuentas para denunciar?  La explotación es una de las modalidades del ABUSO DE AUTORIDAD y como tal puedes  denunciarlo penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

.

 

  1. Denuncia por amenazas por un servidor publico

 

Para el Código Penal  el servidor es tratado como funcionario público, por ende, puede ser igualmente denunciado penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

  1. Después de la sanción cuanto tiempo tiene que pasar para aperturar otro proceso?

 

       La Ley no ha puesto límites al respecto, podría ser inmediatamente concluido el anterior. Dependerá de las diversas faltas que el servidor haya cometido y se vayan descubriendo.

 

  1. Sanciones por abandono de turno en el trabajo asistencial de un Hospital Peru.

 

Esta pregunta recuerda un tema recurrente: cuanto cuesta una vida humana? ¿La muerte  o el daño irreversible causado en el  cuerpo o el cerebro de un  bebé que no fue atendido a tiempo y cuyos padres tendrán no que disfrutar de la alegría de su nacimiento sino cargar con su cruz de por vida? La vida como la falta de oxigeno al cerebro solo por brevísimos minutos cambia el destino no solo del paciente sino de toda la familia y la comunidad.

De ahí que el abandono de trabajo durante el turno en un trabajo asistencial en un hospital o establecimiento de salud público, especialmente ,si es dentro de una guardia hospitalaria (12 o mas  horas continuadas de dia o de noche) esta tipificada como FALTA GRAVE, puede dar lugar a la suspensión temporal desde un dia hasta 365 dias sin goce de remuneraciones o destitución, según sea el riesgo expuesto o daño infringido, en el paciente, cuanto mayor sea su jerarquía es mas grave; sin perjuicio de la multa que pueda imponerse al hospital y el proceso penal o civil que puedan interponer los familiares.

 

  1. Me dieron un memorándum ¿como puedo responder en carta o que documento? El memorándum de llamada de atención se puede impugnar en sede administrativa?  ¿Cuantos días hábiles para cuestionar  una sanción destitución laboral?

 

Dependerá del contenido del Memorando: Te  dan a conocer nueva función u horario; o te sancionan o te abren proceso disciplinario.

 

En el caso de las dos primeras pueda que no hubiera necesidad de contestar, salvo que sea abusiva y te cause perjuicio.

 

Si asi fuera, al igual que si te estuvieran sancionando, es aconsejable que contrats servicio de abogado a efectos que  IMPUGNES -dentro del plazo de 15 dias hábiles desde la fecha de recibida mediante- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN.

 

En el caso que te estén abriendo proceso disciplinario NO ES IMPUGNABLE pero si deberás presentar tu DESCARGO dentro del plazo de 5 dias hábiles desde la fecha de recibida, por carta u otro escrito simple.

 

Si se negasen a recibir es aconsejable  la Carta Notarial.

 

  1. Plazo del empleador para llamar la atención a un trabajador peru.

 

Inmediatamente de ocurrida la falta, previo requerimeinto del descargo.

 

En las entidades públicas solo cabe la AMONESTACIÓN ORAL la cual para ser tal debe ser hecha en forma privada y reservada. Si lo hacen de modo publico y airado se convierte en un acto arbitrario, por tanto, denunciable.

 

En estas entidades desde la entrada en vigencia del régimen sancionador previsto en la Ley 30057 está vedada la  AMONESTACIÓN ESCRITA  por Memorando. pues para que sea aplicada, se requiere que previamente exista un investigación preliminar a cargo de la Secretaria Técnica quien solo si recomienda se imponga esta sanción deberá abrirse Procedimiento Administrativo Disciplinario, acto que podría ser notificado al servidor con Memorandum, Carta, Oficio o Resolución, si presentado el descargo por el servidor la falta no es desvirtuada la AMONESTACION ESCRITA se sanciona con RESOLUCION ADMiNISTRATIVA del Jefe de la Oficina de Personal o de quien haga sus veces.

 

  1. El organo instructor hace preguntas en el informe oral

 

No, durante el Informe Oral el cual esta reservado al ORGANO SANCIONADOR .

 

Lo anterior no impide que el Organo Instructor durante la fase de la instrucción pueda citar al servidor para esclarecer los aspectos contenidos en su descargo.

 

 

  1. ¿Cómo actuar cuando un funcionario es acusado por OCI de falta penal?

 

El Informe final del OCI puede concluir estableciendo presunta responsabilidad penal del funcionario o servidor.

De ser asi la Contraloría promoverá la denuncia penal ante la Fiscalía Penal o Fiscalía Anticorrupción, según fuera el caso.

La denuncia de ser admitida, dará lugar a la investigación penal a cargo de la Fiscalía.

Al final de la investigación penal el Fiscal podrá formular acusación ante el Juez quien la evaluará o la devolverá o la rechazará.

De aperturarse el proceso penal a cargo del Juez finalmente se emitirá sentencia condenatoria o absolutoria.

 

En caso la sentencia sea apelada, esta podría llegar hasta Casación, de ahi que entre la denuncia y la sentencia final de ultima instancia pueden ocurrir meses o años.

En tanto, el funcionario se encontraría revestido por la “presunción de inocencia”,  lo cual no impide que el titular del pliego o de la entidad opte en  dar término  a la función encomendada.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com 

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

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PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444

 

 

                                                               Por   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

¿Cuánto tiempo debo esperar para que la municipalidad de respuesta a mi pedido?

¿Debo esperar el tiempo que me indican o hay una norma que señala un plazo obligatorio?

¿Qué hago si no me responden a tiempo?

¿Desde cuándo debo contar el plazo y hasta cuándo?

¿Qué son  días hábiles?

¿Qué son dias calendarios?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Por qué me sancionan si yo emití mi informe dentro del plazo de 7 dias que dice el Juzgado? Ahora me dicen que ese plazo era no para mi sino para la entidad, yo que culpa tengo y que me abrirán proceso sancionador. Nunca nos dijeron nada.

¡¡¡Aquí toda la vida hemos atendido asi!!!.

 

Estas son algunas de las reiteradas preguntas y expresiones cotidianas que suele hacerse el ciudadano como los servidores o funcionarios públicos en ejercicio.

 

La respuesta a cada interrogante se encuentra en la Ley 27444 cuya parte pertinente relacionada a los plazos y términos transcribimos  al final de este breve comentario

 

La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto  Legislativo N° 1272,  son de obligatorio conocimiento para los servidores y funcionarios públicos y de suma utilidad para los ciudadanos que acuden  a realizar sus diversos trámites ante las diversas instituciones públicas como en las  organizaciones y empresa privadas que  prestan  servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula cómo, quien y en que tiempo, deben resolver las actuaciones necesarias para dar respuesta sea denegando o atendiendo lo solicitado .

 

En la Ley 27444 se regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, los derechos y obligaciones y  faltas que pueden incurrir  quienes laboran para la administración pública como el administrado; desde el inicio, con la presentación de la solicitud hasta que concluya con  lo resuelto en segunda instancia agotándose  con ello finalmente la vía administrativa, quedando expedito el derecho del interesado acudir a la vía judicial respecto de cuanto no lo considere favorable.

 

En el caso de las entidades que cuentan con un procedimiento especial prevalece el establecido en dichas leyes y en lo no previsto en aquella es de aplicación supletoria lo regulado por Ley 27444.

 

La Ley 27444 está orientada a facilitar la atención al administrado con respeto eficiencia y eficacia, imponiendo sanciones administrativas al administrado  o a los servidores si el proceder es arbitrario o abusivo si es contrario a lo establecido por Ley.

 

La prevalencia de la Ley a favor del ciudadano no faculta al administrado a faltar el respeto a los servidores y mucho menos a que se realicen declaraciones falsas o documentos falsos o se incumplan los requerimientos que la administración le realiza.

 

De ahí la importancia de recordar a administrados como a los funcionarios y servidores públicos la adecuación de sus funciones como la permanente revisión de los Principios de Derecho  aplicables al Procedimiento Administrativo entre ellos:

 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación  propia  del  Derecho  Procesal  Civil  es  aplicable  sólo  en  cuanto  sea compatible con el régimen administrativo.

 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico

 

TÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO IV

PLAZOS Y TÉRMINOS

 

 

CONCORDANCIAS: D.U. N° 099-2009 (Establecen como días hábiles para elcómputo de determinados plazos administrativos a los días sábados, domingos y feriados no laborables)

 

ARTÍCULO 131° OBLIGATORIEDAD DE PLAZOS Y TÉRMINOS

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, aquello que respectivamente les concierna.

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

 

 

ARTÍCULO 132° PLAZOS MÁXIMOS PARA REALIZAR ACTOS PROCEDIMENTALES

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

  1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación.
  2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter en tres días.
  3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
  4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los diez días de solicitados.

 

 

ARTÍCULO 133° INICIO DE CÓMPUTO

133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

 

 

ARTÍCULO 134° TRANSCURSO DEL PLAZO

134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.

134.2 Cuando el último día de plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

 

ARTÍCULO 135° TÉRMINO DE LA DISTANCIA

135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la perspectiva actuación.

135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente.

 

 

ARTÍCULO 136° PLAZOS IMPRORROGABLES

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.

136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

 

ARTÍCULO 137° RÉGIMEN PARA DÍAS INHÁBILES

137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos.

137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados.

137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

 

ARTÍCULO 138° RÉGIMEN DE LAS HORAS HÁBILES

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:

  1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

CONCORDANCIAS: ACUERDO N° 006-2005 (Cumplimiento obligatorio del horario de atención de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General)

  1. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.
  2. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.
  3. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.
  4. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos.
  5. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad, en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.

 

ARTÍCULO 139° CÓMPUTO DE DÍAS CALENDARIO

139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil.

139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a  cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación.

ARTÍCULO 140° EFECTOS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

 

ARTÍCULO 141° ADELANTAMIENTO DE PLAZOS

La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.

ARTÍCULO 142° PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143° RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

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(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

 

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Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

TALLER :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

Ponente         :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

 Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

 

Fechas y Horas  :

Sábado 7 de Enero del 2017

De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6 pm.

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           12 horas académicas

Costo             :           S/. 300.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  270.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 250.00 soles por participante

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y coordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al

RPM      # 985  483  172

RPC         994 948 189

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 11 de Diciembre 2016

 

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