D.Supremo 19-94-ED

Procedimiento Administrativo General

REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )


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Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

¿Cómo se otorga el Poder General?

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

¿Para qué sirve el Poder General?

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

Según sea la mejor elección del Administrado:

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

Debes saber que :

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

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RICARDO AYALA GORDILLO

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25 de Marzo del 2019

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¿COMO RECLAMO POR UNA AMONESTACION…?


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Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

¿Cómo reclamo por una amonestación verbal?

Se entiende que la amonestación verbal para ser válida debe ser hecha en privado solo entre el jefe inmediato y el servidor, en términos respetuosos, no dejándose registro expreso de lo tratado.

No obstante lo anterior, si estas en desacuerdo con ella, podrías plantear la respectiva reconsideración o apelación, precisando cuales son las razones por las cuales consideras que se te sanciona sin arreglo a Ley o porque no constituye la falta que se te atribuye acompañando de ser el caso, de los respectivos documentos.

Si la amonestación verbal es hecha de modo altisonante  y en público, deja de ser tal para convertirse en falta cometida por el Jefe, por ende, denunciable como Abuso de Autoridad.

Siempre es aconsejable que previamente consultes con Abogado.

Plazo para presentar descargos de auditoria según ley.

Recibida la Apertura del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) con todos los anexos, el plazo para presentar descargo es de 10 días de acuerdo a la Ley 29622, siendo susceptible de prórroga, que expresamente debe indicarlo el Auditor, usualmente por un plazo menor al originariamente dado.

Rehabilitación ley 27444

La Ley N°27444, por tratar sobre Procedimientos Administrativos no ha regulado sobre la Rehabilitación.

Sin embargo, es conveniente que sepas que la Rehabilitación es la eliminación automática de los antecedentes de sanción por responsabilidad incurrida siendo un derecho que le asiste pedir a quien fue sancionado o condenado una vez cumplida la sanción, condena o inhabilitación, según fuera el caso.

El plazo para que opere la Rehabilitación lo precisa la Ley especial por la que fue sancionado según sea cada procedimiento especial (administrativo sancionador, civil o penal).

Una vez declarada la Rehabilitación u operada esta por mandato legal, dicho antecedente no debe ser vuelto a tomar en consideración para las nuevas postulaciones que pretenda el interesado; asi:

Deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta.

No puede constituir un precedente o demérito para el infractor

No puede ser considerada para estimar la reiterancia o reincidencia del administrado.

¿A qué instancias jurídicas se debe acudir cuando a un maestro le quitan beneficios de su sueldo sin consultar al agraviado?

Los beneficios si forman parte de la remunertación son intangibles y sólo podrían ser materia de los descuentos de Ley caso contrario atentan contra tu derevho a la Alimentación y por ende susceptible de ser denunciado y reclamado al Poder Judicial via Acción de Amparo independietemente de la denuncia que puedas realizar ante el Titular de la entidad o Jefe del servidor que asi procede, o a la Secretaría Técnica de la entidad.

 

Dependencia gubernamental que se hace cargo de robos y abusos.

¿Cómo denunciar abuso de autoridad en aeropuerto?

Ocurrido el robo, debes denunciarlo personalmente o por escrito ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de Turno, mejor si lo acreditas documentadamente o con testigos.

En el caso de abusos hay de todo tipo, de familiares, vecinos o autoridades como de instituciones que brindan servicios públicos o establecimientos comerciales todos los cuales puedes denunciarlos ante las autoridades indicadas ante la Comisaria o Fiscalía.

En el caso de instituciones públicas también ante la Secretaría Técnica de la entidad y en el Libro de Reclamaciones y la Defensoría del Pueblo.

.

En el caso de instituciones que brindan servicios públicos o establecimientos comerciales, en el Libro de Reclamaciones, las respectivas Superintendencias e Indecopi también en el caso de establecimientos privados, como ante la Defensoría del Pueblo.

En todos los casos tan importante como la denuncia que debe ser ajustada a la verdad, es el seguimiento que hagas de ella hasta su resultado final.

 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa

Es el Reglamento del Decreto Legislativo 276 bajo cuyo régimen laboral laboran un importante sector de servidores y funcionarios públicos.

Algunas de sus partes han sido derogadas entre otras por la Ley 30057 Ley de Servicio Civil, como ocurre en el caso del Régimen Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario.

¿Me puede amenazar un funcionario?

Puede amenazarte como de hecho, según indicas, así ha procedido; pero, legalmente, NO te DEBE amenazar y mucho menos maltratar, porque estaría incurriendo en ABUSO de su autoridad; por ende, es tu derecho denunciar dicho proceder.

Acciones a realizar cuando dan de baja un RUC en casos de procesos de contratación con el Estado.

No podrás contratar si el RUC ha sido dado de baja, teniéndose por no presentada su propuesta .

Ley 27444 articulo 115

Regula el derecho que tiene el Administrado de ser Representado por otra persona, como los  diferentes tipos de Representación y los límites de ella.

“Artículo 115.- Representación del administrado

115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.

115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado  para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

115.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley.”

Mi tia enviudó de su esposo inglés puede cobrar su pensión por viudez?

Es su derecho a reclamarla, siempre que tu tía reuna los requisitos establecidos por la Ley inglesa

 

¿Qué es autoevalúo ?

Autoavalúo, es la valorización que tu mismo atribuyes a tu inmueble en tu declaración anual ante la Municipalidad conforme a los parámetros que ella establece para el correspondiente pago de tu impuesto predial

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25 de Marzo del 2019

CURSOS, denuncias, DERECHO LABORAL, FISCALIA PENAL, Práctica Legal, Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario, REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A


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por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

 

Enfermera sanciones y defensa

La enfermera en Perú, en el caso de laborar para establecimientos de salud privados puede ser sancionada, previo derecho a descargo o preaviso, por las acciones u omisiones que cometa en el ejercicio de su función como profesional en Enfermería y se encuentren listadas como faltas o infracciones en el Reglamento Interno de Trabajo como las catalogadas como causas justas de despido y faltas graves establecidas a partir del Art. 58° del D.Leg. 728.

 

En el caso de las enfermeras que trabajan para establecimientos públicos que dependen del Estado, pueden ser sancionadas además de las acciones u omisiones que cometa en el ejercicio de su función como profesional en Enfermería por las acciones u omisiones que  cometa en el ejercicio como jefa, directivo o funcionaria por las faltas que se encuentran listadas en el Artículo 85° de la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil o Código de la Función Pública.

 

Asimismo, pueden ser sancionadas por las conductas que constituyan infracción al   el Código de Ética del Colegio de Enfermeras,  sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran incurrir.  

 

En todos los casos, asiste a la Enfermera el derecho constitucional a ejercer su defensa,  preferiblemente con asistencia de su Abogado, de modo previo a que se le imponga alguna sanción; tanto en sede administrativa y de ser el caso, recurriendo a la vía judicial.

 

Disculpas ante el Consejo Regional por ofensas verbales

Las ofensas verbales hechas en público, pueden dar lugar a una sanción administrativa, como a acciones en la vía penal o civil, previo procedimiento o proceso que se instaure, según sea la mella causada en la honorabilidad de quien se considere ofendido.

Las disculpas que se formulen ante el Consejo Regional pueden ser consideradas como atenuantes de la sanción a imponer o de mediar acuerdo reparatorio, liberar de las acciones legales,  en la medida que sean aceptadas o no por el agraviado, como por las autoridades que tengan a cargo el proceso.

     

Resolución de improcedencia de apelación contra una sanción impuesta dentro del PAD.

Si estas en desacuerdo en todo o en parte con la sanción impuesta puedes impugnarla judicialmente, dentro de un plazo de 3 meses a partir de la fecha en que fuiste notificado con dicha resolución. Si antes mucho mejor para pedir la suspensión de la ejecución de la misma en dicha vía.

 

¿Cabe la via judicial de actos administrativos una vez agotada la vía administrativa?

La respuesta es afirmativa, el plazo para recurrir al Poder judicial en la vía contenciosa administrativa es de 3 meses contados a partir de la fecha en que fue notificada lo resuelto respecto de la Apelación interpuesta.

      

La sanción impuesta por el Tribunal de Servicio Civil, ¿se ejecuta?

Si, en los PAD sujetos a la Ley N° 30057, la sanción se ejecuta incluso desde que fue impuesta por el Órgano Sancionador de la Entidad; salvo que medie mandato  judicial en contrario.

       

¿Plazos para apelar una resolución directoral?

15 días hábiles contados a partir de la fecha en que te notificaron co el acto administrativo que consideres apelar.

Soy trabajador de la municipalidad y trabajador de la universidad del estado que delito he cometido?

 

Si no eres docente universitario, no has cometido delito sino falta administrativa, por doble percepción de remuneraciones del Estado, puedes ser sometido a Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) y sancionado con arreglo a la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.

 

Ley 27444: En caso no apelar resolución queda consentida.

 

La respuesta es afirmativa.

 

¿Ante quien quejarse de un funcionario público?

 

Ante el titular de la entidad o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

 

¿Cuáles son las faltas en la Ley 27444?

 

El Artículo 261° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 (cuyo contenido puedes verificar en el siguiente link https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/01/25/1734669-1/1734669-1.htm) , establece las  FALTAS en las que pueden estar incursos los funcionarios o servidores, que previo PAD, pueden dar lugar a que sean SANCIONADOS administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que pudiera haber lugar.

 

 

Si mi jefe me grita ¿pongo una denuncia ante la comisaria o inspección de trabajo?

 

En las entidades públicas sujetas a la Ley 30057: Las denuncias se interponen ante la Secretaría Técnica del PAD de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

En las empresas privadas ante el Gerente de Recursos Humanos o la establecida en el Reglamento Interno de Trabajo.

 

¿Que diferencia principal existe entre el procedimiento sancionador y procedimiento disciplinario?

 

El procedimiento sancionador se aplica al administrado que incurrió en una infracción, por ejemplo: al vecino, al comerciante,  contribuyente, al transportista, etc.

 

El procedimiento disciplinario se aplica a los servidores o funcionarios por haber cometido alguna de las faltas descritas en la Ley 27444 o en su respectivo régimen laboral.

 

Funcionario público me explota económicamente

 

Sería bueno que precises en que consiste la explotación : ¿te hace trabajar mas horas, te obliga a hacer trabajos que rebajan tu dignidad o diferentes a tus funciones?¿ Con que documentos o testigos cuentas para denunciar?  La explotación es una de las modalidades del ABUSO DE AUTORIDAD y como tal puedes  denunciarlo penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

.

Denuncia por amenazas por un servidor publico

 

Para el Código Penal  el servidor es tratado como funcionario público, por ende, puede ser igualmente denunciado penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

Después de la sanción cuanto tiempo tiene que pasar para aperturar otro proceso?

 

       La Ley no ha puesto límites al respecto, podría ser inmediatamente concluido el anterior. Dependerá de las diversas faltas que el servidor haya cometido y se vayan descubriendo.

 

Sanciones por abandono de turno en el trabajo asistencial de un Hospital Peru.

 

Esta pregunta recuerda un tema recurrente: cuanto cuesta una vida humana? ¿La muerte  o el daño irreversible causado en el  cuerpo o el cerebro de un  bebé que no fue atendido a tiempo y cuyos padres tendrán no que disfrutar de la alegría de su nacimiento sino cargar con su cruz de por vida? La vida como la falta de oxigeno al cerebro solo por brevísimos minutos cambia el destino no solo del paciente sino de toda la familia y la comunidad.

De ahí que el abandono de trabajo durante el turno en un trabajo asistencial en un hospital o establecimiento de salud público, especialmente ,si es dentro de una guardia hospitalaria (12 o mas  horas continuadas de dia o de noche) esta tipificada como FALTA GRAVE, puede dar lugar a la suspensión temporal desde un dia hasta 365 dias sin goce de remuneraciones o destitución, según sea el riesgo expuesto o daño infringido, en el paciente, cuanto mayor sea su jerarquía es mas grave; sin perjuicio de la multa que pueda imponerse al hospital y el proceso penal o civil que puedan interponer los familiares.

 

Me dieron un memorándum ¿como puedo responder en carta o que documento? El memorándum de llamada de atención se puede impugnar en sede administrativa?  ¿Cuantos días hábiles para cuestionar  una sanción destitución laboral?

 

Dependerá del contenido del Memorando: Te  dan a conocer nueva función u horario; o te sancionan o te abren proceso disciplinario.

 

En el caso de las dos primeras pueda que no hubiera necesidad de contestar, salvo que sea abusiva y te cause perjuicio.

 

Si asi fuera, al igual que si te estuvieran sancionando, es aconsejable que contrats servicio de abogado a efectos que  IMPUGNES -dentro del plazo de 15 dias hábiles desde la fecha de recibida mediante- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN.

 

En el caso que te estén abriendo proceso disciplinario NO ES IMPUGNABLE pero si deberás presentar tu DESCARGO dentro del plazo de 5 dias hábiles desde la fecha de recibida, por carta u otro escrito simple.

 

Si se negasen a recibir es aconsejable  la Carta Notarial.

 

Plazo del empleador para llamar la atención a un trabajador en Perú.

 

Inmediatamente de ocurrida la falta, previo requerimiento del descargo.

 

En las entidades públicas solo cabe la AMONESTACIÓN ORAL la cual para ser tal debe ser hecha en forma privada y reservada. Si lo hacen de modo publico y airado se convierte en un acto arbitrario, por tanto, denunciable.

 

En estas entidades desde la entrada en vigencia del régimen sancionador previsto en la Ley 30057 está vedada la  AMONESTACIÓN ESCRITA  por Memorando. pues para que sea aplicada, se requiere que previamente exista un investigación preliminar a cargo de la Secretaria Técnica quien solo si recomienda se imponga esta sanción deberá abrirse Procedimiento Administrativo Disciplinario, acto que podría ser notificado al servidor con Memorandum, Carta, Oficio o Resolución, si presentado el descargo por el servidor la falta no es desvirtuada la AMONESTACION ESCRITA se sanciona con RESOLUCION ADMiNISTRATIVA del Jefe de la Oficina de Personal o de quien haga sus veces.

 

¿El órgano instructor hace preguntas en el informe oral?

 

No lo establece expresamente la Ley ni el Reglamento; sin embargo, es parte de sus potestades en tanto instructor. 

 

Durante el Informe Oral puede hacerlas también el ORGANO SANCIONADOR al oir el Informe Oral del procesado.

 

¿Cómo actuar cuando un funcionario es acusado por OCI de falta penal?

 

No hay falta penal.

El Informe final del OCI puede concluir estableciendo presunta responsabilidad administrativa y penal del funcionario o servidor.

De ser asi la Contraloría promoverá la denuncia penal ante la Fiscalía Penal o Fiscalía Anticorrupción a través de su correspondiente Procurador, según fuera el caso.

La denuncia de ser admitida, dará lugar a la investigación penal a cargo de la Fiscalía.

Al final de la investigación penal el Fiscal podrá formular acusación ante el Juez quien la evaluará o la devolverá o la rechazará.

De aperturarse el proceso penal a cargo del Juez finalmente se emitirá sentencia condenatoria o absolutoria.

 

En caso la sentencia sea apelada, esta podría llegar hasta Casación, de ahi que entre la denuncia y la sentencia final de ultima instancia pueden ocurrir meses o años.

En tanto, el funcionario se encontraría revestido por la “presunción de inocencia”,  lo cual no impide que el titular del pliego o de la entidad opte en  dar término  a la función encomendada.

 

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RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : PAD

Lima, 25 de Marzo del 2019

 

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A PREGUNTAS MAS FRECUENTES EN


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Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

¿Dónde denuncio a funcionario inspector?

Ante la Secretaría Técnica del Procesos Administrativos Disciplinario (en adelante PAD) de la misma entidad.

¿Cómo proceder ante la amonestación laboral?

Si el trabajador amonestado no se encuentra de acuerdo con dicha sanción, sea porque lo considera un exceso, abuso o porque no ha cometido falta alguna o porque no ha sido sometido a un procedimiento investigatorio o PAD previo o porque el llevado a cabo contra el ha sido irregular, tiene el legítimo derecho a impugnarla a través de un Recurso de Reconsideración o de Apelación

¿Se puede negar a recibir un documento un servidor público?

Puede, pero no debe.

Si no lo recibe no tendrá forma de saber el contenido del documento.

La Ley 27444 faculta tenerlo por notificado en su domicilio y entregarlo a la persona que allí se encuentre dejando constancia de su nombre y relación con el notificado, o consignando “se negó a firmar”, precisando como las características del inmueble donde ha sido notificado.

Verificadas las opciones anteriores, la autoridad si considera necesario, puede optar por publicar el edicto ( el contenido del documento.)  en el diario oficial “El Peruano” como en uno de los medios escritos de la localidad.

Llamado de atención por estado etílico

La Ley 30057 establece como falta administrativa:  “g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes”

Para que el servidor  sea válidamente sancionado por dicha falta , debe ser preferiblemente  sometido a un resultado de laboratorio como parte de la  Investigación Preliminar a cargo de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) quien expresamente deberá recomendar que se le Instaure PAD.

 

Queja por mal comportamiento de funcionario

Puedes presentarla anotando  en el Libro de Reclamaciones o bien ante la Secretaria Técnica del PAD que existe en toda entidad pública.

Es esencial que sea verdad cuanto afirmas.

A tu reclamo o denuncia  debes  aportar las pruebas que lo sustentan tu reclamo o denuncia a efectos que no sea desestimada por falta de pruebas.

 

Procedimiento administrativo para destituir a un funcionario público por Abuso de Autoridad

Se entiende por abuso autoridad el cometido por el servidor o funcionario quien excediendo sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de una persona, un acto arbitrario cualquiera.

Los servidores o funcionarios sujetos a la Ley 30057 pueden ser sujetos de denuncia por abuso de autoridad, presentada ante la Secretaria Técnica del PAD quien recibiéndola  iniciará la investigación Preliminar a cuyo término de encontrar elementos que determinen la concurrencia de elementos materia de la denuncia recomendará se instaure PAD, se designará una Comisión Para Funcionarios quienes tendrán a su cargo de la fase instructiva del PAD, en cuya competencia  solicitarán el descargo documentado del funcionario o servidor procesado, efectuará las indagaciones que considere complementarias  y emitirá  su informe final al  Organo Sancionador ante el cual aquél solicitará presentar su Informe Oral, con la cual se encontrará expedido de  imponer la sanción a que pudiera haber lugar.

No cualquier falta administrativa debe conducir a la destitución, debe evaluarse la conducta con los resultados, podría ser merecedor o de una suspensión por días o una amonestación.

Para graduar la gravedad de la sanción a imponer , necesariamente debe procederse conforme a lo establecido en la LEY 30057:

“Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas

La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes:

  1. a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.
  2. b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
  3. c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.
  4. d) Las circunstancias   en   que   se   comete   la infracción.
  5. e) La concurrencia de varias faltas.
  6. f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
  7. g) La reincidencia en la comisión de la falta.
  8. h) La continuidad en la comisión de la falta.
  9. i) El beneficio ilícitamente obtenido,  de  ser el caso.

Articulo 91. Graduación de la sanción

Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley.

Soy servidor público destacado a trabajar en la Secretaria Técnica del PAD puede tener algún inconveniente por algún procesado?

No, si reúnes el perfil requerido y realizas tus funciones con eficiencia, repeto y probidad como con apego a los procedimientos previstos por Ley.

Sentencia de nulidad de proceso administrativo disciplinario

La sentencia es expedida por el Poder Judicial.

En ella se determinará de modo expreso el alcance de sus efectos favorables al procesado y de obligatorio acatamiento por parte de la entidad.

 

Un gerente inhabilitado por la contraloria puede seguir laborando en una entidad publica

No debe, salvo que cuente con medida judicial que suspenda dicha inhabilitación.

 

Se le proceso con un reglamento que no estaba vigente al momento que ocurrieron los hechos.

El PAD se encontraría afectado de nulidad.

 

Como quejarse de un docente déspota y que amenaza a los alumnos y no los evalúa bien?

En el caso de los docentes sujetos a la Ley de la Carrera Magisterial la denuncia se interpone ante el Director del Plantel o ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de la UGEL.

Un funcionario impide que me defienda

Puedes proceder conforme a lo indicado en los casos de Abuso de Autoridad

 

Causas de extinción del proceso administrativo disciplinario en Perú.

Por declararse afectado el PAD por prescripción o por el fallecimiento del procesado.

Recurso casación ¿suspende ejecución sanción disciplinaria?

No, salvo que declare la nulidad del acto que impuso la sanción.

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25 de Marzo del 2019

 

Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario, REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, DEBIDO PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD POR ERRORES


2 comentarios

Por RICARDO AYALA GORDILLO

La expresión “todos los caminos conducen a Roma” aplicable, cuando se tiene varias alternativas para escoger y llegar al mismo resultado; no es compatible con aquel único”camino” que formalmente establece la Ley para cada procedimiento, con la debida observancia de las garantías, derechos,  competencia, forma y plazos que establece la Ley como componentes del Principio del Debido Procedimiento que rige los “trámites” o procedimientos que el administrado sigue ante las entidades de la Administración Pública como a quienes tienen a su cargo o afrontan una investigación preliminar o un Proceso Administrativo Disciplinario.

El D. Leg 1272 -que modifica determinados artículos de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General- incide en que el procedimiento administrativo es más simple y garantista a favor de los administrados; en contraparte, enfatiza que los funcionarios y/o servidores que forman parte dela administración e incurran en errores o decisiones administrativa que pudieran dañar a los administrados pueden verse incursos en generar responsabilidad civil.

En ese sentido, interesa a unos y otros, revisar comparativamente el texto originario -aún vigente-, entre otros, del Principio del Debido Procedimiento, dice :

“ 1.2. Principio del Debido Procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. la regulación  propia  del  derecho  procesal  civil  es  aplicable  sólo  en  cuanto  sea compatible con el régimen administrativo”.

La modificatoria de este principio lo amplia con el reciente D.Leg. 1272 como sigue:

“ 1.2. Principio del Debido Procedimiento principio del debido procedimiento.- los administrados   gozan   de   los   derechos   y   garantías implícitos  al  debido  procedimiento  administrativo. tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. la regulación propia del derecho procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En esa misma línea proteccionista del administrado el D.Leg. 1272 incorpora también 3 principios mas, cuya lectura y comprensión interesa antes de su entrada en vigencia:

 

1.17. Principio del Ejercicio Legítimo del Poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de Responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

1.19. Principio de Acceso Permanente.- La autoridad administrativa  está  obligada a  facilitar  información  a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia.

  1. Los Principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo.

La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo.”

(…)

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

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25 de Marzo del 2019

CURSOS

PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIO MAGISTRAL


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El Acompañamiento Pedagógico terminó….cambiaste?…..eres una experta?..

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Te esperamos en EL PRIMER ENCUENTRO DE ESTUDIO MAGISTRAL los dias 21,22 y 23 de febrero ..ATENCION!!….La Especialista Jesús Marlene Caldas Villanueva participará el día 23 de febrero en la modalidad presencial y virtual para demostrarte cuan experta eres y serás el día que te observe MINEDU (Ministerio de Educación)…Trabajará con la ficha de registro de evidencias….BIENVENIDA MARLENE!!..COLEGAS LAS ESPERAMOS…INSCRIBETE YA!!

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CURSOS, Proceso Administrativo Disicplinario, REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, Uncategorized

Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL


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Taller :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

 

Ponente         :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

 Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

Fechas y Horas  :

Sábado 16 de Octubre del 2016

De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6 pm.

 

Miércoles 19, Jueves 20, Viernes 21 Octubre

De 18:30 a 21:30 horas

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           12 horas académicas

Costo                :           S/. 390.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  370.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 350.00 soles por participante

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y coordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al  RPM  # 985  483  172

RPC 994 948 189

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 3 de Setiembre 2016

 

CURSOS, Proceso Administrativo Disicplinario, Uncategorized

NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR


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Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

CURSOS, Gestión Pública, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Práctica Legal, Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario, PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS, Uncategorized

PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS


2 comentarios

Por : RICARDO AYALA GORDILLO

En este artículo,  los lectores interesados pueden dar a conocer y ofertar el resumen de su experiencia profesional y/o laboral como datos de contacto  y de considerarlo, remitir en archivo adjunto al email   asesoriadefensa02@yahoo.es     su currículum vitae no documentado.

En este artículo, también,  las entidades públicas o personas jurídicas o naturales interesadas pueden resumir sus convocatorias o solicitudes de servicios profesionales, de modo sucinto y, en archivo adjunto consignar la información ampliada.

Se recomienda que los resúmenes no superen de cinco líneas y comprendan experiencia de mayor relevancia y reciente, profesión o cargo requerido, datos de contacto con cargo y nombre compeleto de persona de contacto, DNI, teléfono fijo y celular, correo electrónico, fecha y cuando sea pertinente honorarios.

Nos reservamos el derecho de resumir o rechazar cuando resulte pertinente.

Gracias por tu confianza y Bienvenido.

Lima, 4 de noviembre del 2012

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Gestión Pública, Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TC


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El Decreto Supremo Nº 005-90-PCM trata la PRESCRIPCION  en un sólo Artículo del Proceso Administrativo Disciplinario :

 

“Artículo 173º.-  El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará  prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.”

 

 

De la aplicación de este único párrafo se pone de manifiesto que :

 

  1. El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año. El año se computa en días naturales o calendarios, es decir, se cuentan feriados, sábados y domingos.

 

  1. El cómputo del año se cuenta a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria. Nótese que la Ley no dice desde que conoce el hecho. Aquí la primera gran diferencia con lo establecido para las acciones civiles o penales, y también con el plazo establecido para la prescripción en algunos regímenes especiales de la administración pública, como podemos verificar en el caso de la Jurisprudencia del TC que hoy nos ilustra.

 

  1. Adviértase que la Ley dice que el cómputo corre desde que la autoridad competente conoce del hecho sino desde que conoce de la comisión de la falta, entendiéndose por tal, el momento en que la CPPAD o el OCI o el Abogado u órgano competente para imputarla concluye e informa al titular de la entidad que el hecho materia de la imputación constituye falta administrativa disciplinaria.

 

  1. La única autoridad competente para abrir o no el proceso administrativo disciplinario (PAD) es el titular de la entidad, salvo que el decida delegar esta facultad a otro funcionario.

 

  1. Si transcurre el plazo de un año desde que la autoridad competente conoció de la falta administrativa disciplinaria y no abrió PAD incurre en responsabilidad.

 

  1. Si el PAD se abre pasado ese año, el proceso se halla afectado por la prescripción de la acción.

 

  1. Corresponde al procesado invocar la prescripción, a la CEPAD acogerla y al titular de la entidad emitir la resolución reconociéndola, bajo responsabilidad de unos y otros.

 

  1. La declaración de la prescripción de la falta administrativa disciplinaria, pone fin y hace inhábil a la autoridad encargada de abrir PAD, al órgano encargado de proponer su apertura como de tener a su cargo el PAD como potestad sancionadora de la administración pública sobre ese hecho.

 

  1. Hay innumerables aspectos que el artículo en comentario y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no dice pero que son de obligatoria aplicación, unas mas sencillas y otras mas complejas, como es el caso de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que precisa en su artículo 233 numeral 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”; precisando en numeral 233.2 “EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada; siendo otro el análisis cuando como ocurre en este caso, con la afectación de la INTERRUPCION del plazo de la prescripción desarrollado en la presentada jurisprudencia del TC.

 

  1. Las interpretaciones sobre el sentido correcto de la Ley no siempre es uniforme inclusive entre expertos, de allí que no siempre es dilucidado debidamente dentro del PAD, algunas veces es amparado en sede administrativa vía impugnación y otras veces en sede judicial. Ello explica una vez mas, porqué la Ley faculta a la CEPAD a ser asesorado por especialistas en la materia y porqué sus miembros deben capacitarse de manera especializada en ella. 

 

 

LIMA     

ÁNGEL EDUARDO ALATRISTA TORREBLANCA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión del pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

 

 

I. ASUNTO

 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Eduardo Alatrista Torreblanca contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 29 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

 

 

 

II. ANTECEDENTES

 

 

1.      Demanda

 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), alegando vulneración de sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la irretroactividad de la ley, a la motivación, a la defensa y a la prescripción, y solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 107-2002-CNM, de 18 de octubre de 2002, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el recurrente, y se disponga su inmediata reincorporación al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Titular del Cuzco, con el reconocimiento de los derechos que indebidamente dejó de percibir. Manifiesta que el Consejo abrió un procedimiento disciplinario en su contra pese a que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que transcurrieron los hechos materia de investigación. Asimismo, alega que el Consejo aplicó retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley N.º 27444, con el objeto de declarar infundada la excepción de prescripción deducida por el accionante y procedió a su destitución. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el mismo que también  fue desestimado.

 

 

 

2.      Contestación de la demanda

El vicepresidente del CNM alega que el demandante fue destituido mediante una resolución motivada; la que, a su vez, fue emitida luego de un procedimiento disciplinario en que se garantizó el derecho de defensa. En consecuencia, sostiene que el CNM ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones, siendo de aplicación los artículos 142 y 154, inciso 3, de la Constitución. Por su parte, el Procurador Público del Ministerio de Justicia agrega que en el caso planteado no ha operado la prescripción, toda vez que su plazo se interrumpió cuando la Fiscalía Suprema de Control Interno dio inicio a las investigaciones, mediante resolución de fecha 12 de enero de 2001. 

 

 

 

3.      Resolución de primer grado

Con fecha 3 de diciembre de 2003, el Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, por considerar que el plazo de prescripción se interrumpió una vez iniciadas las investigaciones por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno, motivo por el cual no ha operado la prescripción.

 

 

 

4.      Resolución de segundo grado

 

Con fecha 29 de noviembre de 2005, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la Resolución N.º 107-2002-CNM ha sido debidamente motivada y dictada con previa audiencia del interesado, con lo cual es de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 7, del Código Procesal Constitucional.

 

 

 

III. FUNDAMENTOS

 

 

 

Precisión del petitorio de la demanda

 

1.      El demandante pretende que el Tribunal Constitucional declare inaplicable a su caso la Resolución N.º 107-2002-PCNM, de fecha 18 de octubre de 2002, por haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo; y que en consecuencia se ordene su reincorporación al Ministerio Público en el cargo que desempeñaba antes de su destitución. Asimismo, solicita que se le reconozca como efectivo el tiempo durante el cual estuvo suspendido y destituido.

 

 

 

Análisis del caso

 

2.      Antes de resolver la cuestión de fondo, conviene reafirmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de la resoluciones del CNM. En sentencia anterior (Exp. N.º 2409-2002-AA/TC, FJ 1b) se ha señalado que

 

(…) cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no dentro de otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.

 

 

 

3.      El demandante alega que se le ha sometido a un procedimiento sancionador habiendo prescrito la acción disciplinaria del Consejo; es decir, a un procedimiento irregular que afecta sus derechos fundamentales y garantías judiciales que reconocen el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y los artículos 138 y 139 de la Constitución (fojas 46-47). El actor afirma que la conducta irregular que se le atribuye tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la acción disciplinaria del CNM prescribía el 3 de marzo de 2002.

 

 

 

4.      No obstante, según alega, la Resolución N.º 015-2002-PCNM, de fecha 28 de febrero de 2002, que dispone el inicio del procedimiento disciplinario se le notificó el 5 de marzo de 2002; es decir, dos días después de haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo. Es más, al momento de dictarse la Resolución N.º 107-2002-PCNM, con fecha 18 de octubre de 2002, había transcurrido más de dos años de la fecha en que ocurrió la conducta atribuida.

 

 

 

5.      Por su parte, el Consejo, en la Resolución que ahora se cuestiona, señala que “(…) en cuanto a la excepción de prescripción de la acción disciplinaria deducida, de conformidad con el artículo 233, numeral 233.2, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, aplicable supletoriamente al presente proceso, en virtud de la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Resolución 042-2000-CNM, Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, debe declararse infundada, porque el plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, y toda vez que por resolución de 12 de enero de 2001, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación en su contra, consecuentemente, el plazo de prescripción se ha interrumpido” (fojas 51).

 

 

 

6.      El Tribunal Constitucional no comparte el argumento del demandante por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos, establecía que el acto procesal “(…) [i]nterpuesta la denuncia, en todo caso, prescribe a los 2 años de ocurrido el hecho, acto o conducta”. En el caso concreto, la conducta irregular que se le imputó al actor tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la prescripción debía operar el 3 de marzo de 2002. Sin embargo, con fecha 28 de febrero de 2002, se dictó la Resolución N.º 015-2002-PCNM, la misma que dio inicio al proceso disciplinario contra el recurrente; es decir, antes de que transcurrieran dos años desde que se produjo la conducta antes mencionada.

 

 

 

7.      En segundo lugar, el demandante sostiene que se le ha aplicado retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello no es exacto porque, cuando se inicia el procedimiento disciplinario –28 de febrero de 2002– contra el recurrente, dicha Ley –que prevé la interrupción del plazo de la prescripción– ya estaba vigente. Por ende, era plenamente aplicable el artículo 233.2, según el cual “[e]l plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado”.

 

 

 

8.      Más aún, la Primera Disposición Transitoria de dicha Ley señala que “[l]os procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión (…)”. En el presente caso, el procedimiento disciplinario se inició con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que no puede alegarse que la misma haya sido aplicada de manera retroactiva y en perjuicio de los derechos del recurrente. En consecuencia, en el caso concreto, el Consejo no ha vulnerado los derechos invocados, motivo por el cual la demanda no puede ser estimada.

 

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

 

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

 

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. GARCÍA TOMA   Gonzales Ojeda   Alva Orlandini   Bardelli Lartirigoyen   Vergara Gotelli   Landa Arroyo           Mesía Ramírez

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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21 de abril 2012

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario