ABUSO DE AUTORIDAD, ¿ SI ME DENUNCIAN POR HABER COMETIDO ABUSO DE AUTORIDAD, CÓMO LO EXPLICO?

 

Por Ricardo Ayala Gordillo

 

 

El mal trato y el abuso de autoridad son las quejas y denuncias que con mas frecuencia reportan las entidades públicas como las empresas que brindan servicios públicos;, como en el comentario cotidiano.

Cualquier persona puede denunciar el hecho que considere haber sufrido en su agravio; sin embargo, no todas las denuncias pueden ser amparadas finalmente; sobre todo, aquellas que son falsas o no tienen coherencia con la verdad o aún habiendo ocurrido, el denunciante no  aporta o no indica quien posee las pruebas necesarias.

En ese sentido, no cualquier persona puede cometer abuso de autoridad, sino únicamente el funcionario o servidor público.

El abuso de autoridad, tanto en el D.Leg 276 como  en la Ley 30057 Ley de Servicio Civil y en regímenes especiales, está considerada como una de las falta administrativas que previo PAD y de acuerdo a la gravedad, es pasible de ser sancionado administrativamente con amonestación escrita, suspensión o destitución, según fuera el caso.

El abuso de autoridad está también tipificado como delito en el Código Penal (donde al servidor público le da la condición de funcionario) siempre que concurran todos los elementos (resaltados en negrita) que conforman alguno  de los  dos tipos:

“Artículo 376.- Abuso de autoridad: El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.”

“Artículo 376-A.- Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios : El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política y/o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.” (*)

Es al denunciante ante la Secretaría Técnica del PAD y a éste – o al Fiscal en los casos  penales-, a quienes les corresponde acreditar la concurrencia de los elementos que constituyen abuso de autoridad.

En consecuencia, el servidor o funcionario denunciado, puede rebatir la acusación ofreciendo los medios probatorios suficientes con los cuales acredite y explique que él ha procedido con apego y  dentro del marco de las funciones o facultades que expresamente, por escrito, le fue conferido en el Reglamento de Funciones de la entidad o por las dadas a él por su superior jerárquico y que estas, por cierto, sean acordes a la Constitución y a la Ley; actuar fuera de ellas, arbitrariamente imponiendo su voluntad por encima de dichas facultades, para obtener un ventaja  para si o para un tercero y siempre que se cause un perjuicio al administrado, puede configurar Abuso de Autoridad.

 

Lima, 20 de mayo 2018

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

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REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

818163670

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

 

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

 

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

 

 

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Cómo se otorga el Poder General?

 

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

 

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

 

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 

¿Para qué sirve el Poder General?

 

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

 

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

 

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

 

 

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

 

Según sea la mejor elección del Administrado:

 

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

 

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

 

Debes saber que :

 

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 11 de marzo del 2018

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General


PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A

por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

  1. Soy trabajador de la municipalidad y trabajador de la universidad del estado que delito he cometido?

 

Si no eres docente universitario, no has cometido delito sino falta administrativa, por doble percepción de remuneraciones del Estado, puedes ser sometido a Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) y sancionado con arreglo a la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.

 

  1. Ley 27444: En caso no apelar resolución queda consentida.

 

La respuesta es afirmativa.

 

  1. ¿Ante quien quejarse de un funcionario público?

 

Ante el titular de la entidad o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

 

  1. ¿Cuáles son las faltas en la Ley 27444?

 

El Artículo 259 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 establece las siguientes FALTAS en las que pueden estar incursos los funcionarios o servidores, que previo PAD, pueden dar lugar a que sean SANCIONADOS administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que pudiera haber lugar.

 

“Artículo 259.- Faltas administrativas

 

259.1. Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño

causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

 

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos,

declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

 

  1. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

 

  1. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o

expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la

producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado

dentro del procedimiento administrativo.

 

  1. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

 

  1. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

 

  1. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

 

  1. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

 

  1. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja

administrativa o contradecir sus decisiones.

 

  1. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

 

  1. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral.

 

  1. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.

 

  1. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación

automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante

la propia u otra entidad administrativa.

 

  1. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1)UIT, sin contar con autorización previa.

 

  1. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al

establecido para los procedimientos estandarizados.

 

  1. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas

en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas

de simplificación, aunque consten en normas internas de las

entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.

 

  1. Exigir a los administrados la presentación de documentos

prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base

en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de

Procedimientos Administrativos.

 

  1. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

 

  1. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios

presentados por los administrados, o a expedir constancia

de su recepción, lo que no impide que pueda formular las

observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134;

 

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o

documentos cuando la normativa no lo exija.

 

  1. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto

Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

 

 

259.2. Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 253 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

 

  1. Si mi jefe me grita ¿pongo una denuncia ante la comisaria o inspección de trabajo?

 

En las entidades públicas sujetas a la Ley 30057: Ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

En las empresas privadas al Gerente de Recursos Humanos o ante la autoridad administrativa de  trabajo del Ministerio de Trabajo.

 

  1. Que diferencia principal existe entre el procedimiento sancionador y procedimiento disciplinario?

 

El procedimiento sancionador se aplica al administrado que incurrió en una infracción, por ejemplo: al vecino, al comerciante,  contribuyente, al transportista, etc.

 

El procedimiento disciplinario se aplica a los servidores o funcionarios por haber cometido alguna de las faltas descritas en la Ley 27444 o en su respectivo régimen laboral.

 

  1. Funcionario público me explota económicamente

 

Sería bueno que precises en que consiste la explotación : ¿te hace trabajar mas horas, te obliga a hacer trabajos que rebajan tu dignidad o diferentes a tus funciones?¿ Con que documentos o testigos cuentas para denunciar?  La explotación es una de las modalidades del ABUSO DE AUTORIDAD y como tal puedes  denunciarlo penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

.

 

  1. Denuncia por amenazas por un servidor publico

 

Para el Código Penal  el servidor es tratado como funcionario público, por ende, puede ser igualmente denunciado penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

  1. Después de la sanción cuanto tiempo tiene que pasar para aperturar otro proceso?

 

       La Ley no ha puesto límites al respecto, podría ser inmediatamente concluido el anterior. Dependerá de las diversas faltas que el servidor haya cometido y se vayan descubriendo.

 

  1. Sanciones por abandono de turno en el trabajo asistencial de un Hospital Peru.

 

Esta pregunta recuerda un tema recurrente: cuanto cuesta una vida humana? ¿La muerte  o el daño irreversible causado en el  cuerpo o el cerebro de un  bebé que no fue atendido a tiempo y cuyos padres tendrán no que disfrutar de la alegría de su nacimiento sino cargar con su cruz de por vida? La vida como la falta de oxigeno al cerebro solo por brevísimos minutos cambia el destino no solo del paciente sino de toda la familia y la comunidad.

De ahí que el abandono de trabajo durante el turno en un trabajo asistencial en un hospital o establecimiento de salud público, especialmente ,si es dentro de una guardia hospitalaria (12 o mas  horas continuadas de dia o de noche) esta tipificada como FALTA GRAVE, puede dar lugar a la suspensión temporal desde un dia hasta 365 dias sin goce de remuneraciones o destitución, según sea el riesgo expuesto o daño infringido, en el paciente, cuanto mayor sea su jerarquía es mas grave; sin perjuicio de la multa que pueda imponerse al hospital y el proceso penal o civil que puedan interponer los familiares.

 

  1. Me dieron un memorándum ¿como puedo responder en carta o que documento? El memorándum de llamada de atención se puede impugnar en sede administrativa?  ¿Cuantos días hábiles para cuestionar  una sanción destitución laboral?

 

Dependerá del contenido del Memorando: Te  dan a conocer nueva función u horario; o te sancionan o te abren proceso disciplinario.

 

En el caso de las dos primeras pueda que no hubiera necesidad de contestar, salvo que sea abusiva y te cause perjuicio.

 

Si asi fuera, al igual que si te estuvieran sancionando, es aconsejable que contrats servicio de abogado a efectos que  IMPUGNES -dentro del plazo de 15 dias hábiles desde la fecha de recibida mediante- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN.

 

En el caso que te estén abriendo proceso disciplinario NO ES IMPUGNABLE pero si deberás presentar tu DESCARGO dentro del plazo de 5 dias hábiles desde la fecha de recibida, por carta u otro escrito simple.

 

Si se negasen a recibir es aconsejable  la Carta Notarial.

 

  1. Plazo del empleador para llamar la atención a un trabajador peru.

 

Inmediatamente de ocurrida la falta, previo requerimeinto del descargo.

 

En las entidades públicas solo cabe la AMONESTACIÓN ORAL la cual para ser tal debe ser hecha en forma privada y reservada. Si lo hacen de modo publico y airado se convierte en un acto arbitrario, por tanto, denunciable.

 

En estas entidades desde la entrada en vigencia del régimen sancionador previsto en la Ley 30057 está vedada la  AMONESTACIÓN ESCRITA  por Memorando. pues para que sea aplicada, se requiere que previamente exista un investigación preliminar a cargo de la Secretaria Técnica quien solo si recomienda se imponga esta sanción deberá abrirse Procedimiento Administrativo Disciplinario, acto que podría ser notificado al servidor con Memorandum, Carta, Oficio o Resolución, si presentado el descargo por el servidor la falta no es desvirtuada la AMONESTACION ESCRITA se sanciona con RESOLUCION ADMiNISTRATIVA del Jefe de la Oficina de Personal o de quien haga sus veces.

 

  1. El organo instructor hace preguntas en el informe oral

 

No, durante el Informe Oral el cual esta reservado al ORGANO SANCIONADOR .

 

Lo anterior no impide que el Organo Instructor durante la fase de la instrucción pueda citar al servidor para esclarecer los aspectos contenidos en su descargo.

 

 

  1. ¿Cómo actuar cuando un funcionario es acusado por OCI de falta penal?

 

El Informe final del OCI puede concluir estableciendo presunta responsabilidad penal del funcionario o servidor.

De ser asi la Contraloría promoverá la denuncia penal ante la Fiscalía Penal o Fiscalía Anticorrupción, según fuera el caso.

La denuncia de ser admitida, dará lugar a la investigación penal a cargo de la Fiscalía.

Al final de la investigación penal el Fiscal podrá formular acusación ante el Juez quien la evaluará o la devolverá o la rechazará.

De aperturarse el proceso penal a cargo del Juez finalmente se emitirá sentencia condenatoria o absolutoria.

 

En caso la sentencia sea apelada, esta podría llegar hasta Casación, de ahi que entre la denuncia y la sentencia final de ultima instancia pueden ocurrir meses o años.

En tanto, el funcionario se encontraría revestido por la “presunción de inocencia”,  lo cual no impide que el titular del pliego o de la entidad opte en  dar término  a la función encomendada.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

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PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444

 

 

                                                               Por   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

¿Cuánto tiempo debo esperar para que la municipalidad de respuesta a mi pedido?

¿Debo esperar el tiempo que me indican o hay una norma que señala un plazo obligatorio?

¿Qué hago si no me responden a tiempo?

¿Desde cuándo debo contar el plazo y hasta cuándo?

¿Qué son  días hábiles?

¿Qué son dias calendarios?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Por qué me sancionan si yo emití mi informe dentro del plazo de 7 dias que dice el Juzgado? Ahora me dicen que ese plazo era no para mi sino para la entidad, yo que culpa tengo y que me abrirán proceso sancionador. Nunca nos dijeron nada.

¡¡¡Aquí toda la vida hemos atendido asi!!!.

 

Estas son algunas de las reiteradas preguntas y expresiones cotidianas que suele hacerse el ciudadano como los servidores o funcionarios públicos en ejercicio.

 

La respuesta a cada interrogante se encuentra en la Ley 27444 cuya parte pertinente relacionada a los plazos y términos transcribimos  al final de este breve comentario

 

La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto  Legislativo N° 1272,  son de obligatorio conocimiento para los servidores y funcionarios públicos y de suma utilidad para los ciudadanos que acuden  a realizar sus diversos trámites ante las diversas instituciones públicas como en las  organizaciones y empresa privadas que  prestan  servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula cómo, quien y en que tiempo, deben resolver las actuaciones necesarias para dar respuesta sea denegando o atendiendo lo solicitado .

 

En la Ley 27444 se regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, los derechos y obligaciones y  faltas que pueden incurrir  quienes laboran para la administración pública como el administrado; desde el inicio, con la presentación de la solicitud hasta que concluya con  lo resuelto en segunda instancia agotándose  con ello finalmente la vía administrativa, quedando expedito el derecho del interesado acudir a la vía judicial respecto de cuanto no lo considere favorable.

 

En el caso de las entidades que cuentan con un procedimiento especial prevalece el establecido en dichas leyes y en lo no previsto en aquella es de aplicación supletoria lo regulado por Ley 27444.

 

La Ley 27444 está orientada a facilitar la atención al administrado con respeto eficiencia y eficacia, imponiendo sanciones administrativas al administrado  o a los servidores si el proceder es arbitrario o abusivo si es contrario a lo establecido por Ley.

 

La prevalencia de la Ley a favor del ciudadano no faculta al administrado a faltar el respeto a los servidores y mucho menos a que se realicen declaraciones falsas o documentos falsos o se incumplan los requerimientos que la administración le realiza.

 

De ahí la importancia de recordar a administrados como a los funcionarios y servidores públicos la adecuación de sus funciones como la permanente revisión de los Principios de Derecho  aplicables al Procedimiento Administrativo entre ellos:

 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación  propia  del  Derecho  Procesal  Civil  es  aplicable  sólo  en  cuanto  sea compatible con el régimen administrativo.

 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico

 

TÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO IV

PLAZOS Y TÉRMINOS

 

 

CONCORDANCIAS: D.U. N° 099-2009 (Establecen como días hábiles para elcómputo de determinados plazos administrativos a los días sábados, domingos y feriados no laborables)

 

ARTÍCULO 131° OBLIGATORIEDAD DE PLAZOS Y TÉRMINOS

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, aquello que respectivamente les concierna.

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

 

 

ARTÍCULO 132° PLAZOS MÁXIMOS PARA REALIZAR ACTOS PROCEDIMENTALES

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

  1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación.
  2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter en tres días.
  3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
  4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los diez días de solicitados.

 

 

ARTÍCULO 133° INICIO DE CÓMPUTO

133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

 

 

ARTÍCULO 134° TRANSCURSO DEL PLAZO

134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.

134.2 Cuando el último día de plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

 

ARTÍCULO 135° TÉRMINO DE LA DISTANCIA

135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la perspectiva actuación.

135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente.

 

 

ARTÍCULO 136° PLAZOS IMPRORROGABLES

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.

136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

 

ARTÍCULO 137° RÉGIMEN PARA DÍAS INHÁBILES

137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos.

137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados.

137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

 

ARTÍCULO 138° RÉGIMEN DE LAS HORAS HÁBILES

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:

  1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

CONCORDANCIAS: ACUERDO N° 006-2005 (Cumplimiento obligatorio del horario de atención de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General)

  1. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.
  2. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.
  3. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.
  4. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos.
  5. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad, en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.

 

ARTÍCULO 139° CÓMPUTO DE DÍAS CALENDARIO

139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil.

139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a  cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación.

ARTÍCULO 140° EFECTOS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

 

ARTÍCULO 141° ADELANTAMIENTO DE PLAZOS

La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.

ARTÍCULO 142° PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143° RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

¿COMO FORMULO MI DESCARGO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO?

 

                                                                                                                                       Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

En estos días en que la noticia cotidiana en los medios de comunicación llevan nombres de antes distinguidos políticos, ex Presidentes, ex Presidentes o Presidentes de Gobiernos Regionales, Alcaldes, Gerentes Municipales, algunos de ellos corroídos en sus gestiones como funcionarios públicos por la corrupción, son arduas como frecuentes las investigaciones administrativas a cargo de los Organos de Control Institucional (OCI)  funcionalmente dependientes  de la Contraloría General de la República, como de la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de cada entidad pública, cuando no de la Fiscalías Anticorrupción, como por la prensa;  funcionarios y servidores públicos que se limitaron o fueron obligados a cumplir lo ordenado por la autoridad superior sin oponerse o manifestar oportunamente su desacuerdo con lo dispuesto a ellos, hoy resultan comprendidos en esta vorágine y notificados con la APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO sujeto al RÉGIMEN SANCIONADOR  previsto en la Ley 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL y con ello,  requeridos a presentar sus respectivos descargos dentro del perentorio plazo de 5 días hábiles.

 

 

En el documento o Acto Administrativo con el cual te aperturan PAD se encuentra propuesta la sanción Administrativa que, de encontrarte responsable y acuerdo a la gravedad de los hechos que se te atribuye se propone imponerte alguna de las siguientes SANCIONES, desde una :

Amonestación Escrita,

Suspensión (desde 1 dia hasta 365 dias) sin goce de remuneraciones; o bien,

Destitución ( con lo cual te encontrarías impedido para ser contratado en cualquier modalidad, en entidades públicas hasta por 5 años.)

 

Tal sanción es independiente de la eventual responsabilidad penal o civil que pudiera existir.

 

 

El descargo deberá ser presentado por escrito, dentro del plazo concedido o prorrogado por igual plazo que el originario, si lo solicitas; aceptando o rechazando cuanto se te atribuye, precisando la versión ordenada y coherente de los hechos compatibles con tu función, invocando las normas legales y jurisprudencia que resulten necesarias y aplicables al caso, adjuntando u ofreciendo los medios probatorios que abonen en prueba de tu posición.

 

De ahí que para hacer el descargo, lo primero que debe hacerse previamente, es el estudio pormenorizado, no solo de la falta administrativa que se te atribuye en el  Acto Administrativo con el cual se abre el PAD, sino del INFORME PRELIMINAR(IP) elaborado por el SECRETARIO TECNICO competente, las fechas, que te hayan entregado copia de todo el expediente que sustenta el IP como el cargo y faltas que se te atribuyen; la verificación de la concurrencia del cumplimiento de los plazos para apreciar si la apertura del PAD se encuentra afectada o no por  la PRESCRIPCION; de la competencia (de las autoridades que participan y suscriben los documentos); si existe congruencia entre los hechos y las normas que se invocan o si se están aplicando normas derogadas o inaplicables, si se ha satisfecho los principios que informan el procedimiento sancionador, entre ellos, el debido proceso, que la sanción propuesta sea proporcional a la falta que se imputa; análisis de los hechos, las funciones y cargos; si concurren atenuantes o eximentes de responsabilidad, etc.

 

Debes saber que el descargo está orientado a que el ORGANO INSTRUCTOR en un primer momento y el ORGANO INSTRUCTOR  después, cuenten con elementos convincentes destinados a apartarse motivadamente de lo propuesto en la apertura del PAD, teniendo por ciertos tus argumentos debidamente sustentados con documentos que respalden tu posición con el cual pudieran finalmente tramitar ante el titular de la entidad la Prescripción invocada; o bien, encontrarte y declararte responsable o absuelto en todo o en parte de la falta que se te atribuye; o bien, inmerso en atenuante o eximente de responsabilidad o que no existe la falta imputada.

 

Es penoso saber de casos en que por no haber presentado un descargo adecuado, como de casos en que a pesar de un adecuado descargo, arbitrariamente, el servidor termine siendo sancionado, caso en el cual, el servidor podrá optar por interponer el correspondiente RECURSO DE RECONSIDERACION (que será resuelto por la misma autoridad que impone la sanción) o el RECURSO DE APELACION (Caso en el cual deberá ser elevado para que lo resuelva el TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL DE SERVIR).

 

Por estas razones si bien, legalmente, el descargo, no requiere la firma de Abogado y puede hacerlo personalmente el servidor procesado; siempre hemos aconsejado que el descargo sea hecho con el concurso de Abogado, preferiblemente, conocedor del Proceso Administrativo Disciplinario (PAD).

Lima, 18 de abril 2017

 

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com 

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

               (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

TALLER :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

Ponente         :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

 Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

 

Fechas y Horas  :

Sábado 7 de Enero del 2017

De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6 pm.

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           12 horas académicas

Costo             :           S/. 300.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  270.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 250.00 soles por participante

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y coordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al

RPM      # 985  483  172

RPC         994 948 189

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 11 de Diciembre 2016

DIRECTIVA DE SERVIR QUE REGULA EL “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”

Por RICARDO AYALA GORDILLO

El martes 24 de marzo de 2015 ha sido publicada en separata especial del diario oficial El Peruano, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, cuyo contenido puedes verificar en el siguiente link http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2015/Res101-2015-SERVIR-PE_anexo.pdf

Esta norma administrativa, esperada con expectativa por funcionarios, directivos y servidores, por ex funcionarios y ex servidores de los regímenes laborales correspondientes a los Decretos Legislativos Nº 276, 728, 1057 y Ley N° 30057, (con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil) como por trabajadores de los demás regímenes especiales en los cuales resulta de aplicación supletoria; por cuanto, es de suma su utilidad práctica para los denunciantes, para el servidor o funcionario público denunciado como para las autoridades administrativas a quienes corresponderá evaluar la gravedad de la denuncia y en los casos que corresponda, previo procedimiento administrativo impondrán o no las sanciones de amonestación, suspensión de 1 a 365 días o la destitución.

La Directiva está redactada en términos comprensibles, sigue un orden sistemático que no se apreciaba en el caduco D.S. Nº 005-90-PCM; clarifica los aspectos relacionados al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador contenidos en la Ley Nº 30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento D.S Nº 040-2014-PCM, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y el procedimiento sancionador aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes antes mencionados, incluye modelos contenidos en anexos así como gráficos que facilitan su explicación.

Reitera el mandato a las entidades públicas en su deber de adecuar su normativa interna sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la Directiva.

Finalmente, modifica el numeral 5.2.1 del punto 5.2 de la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH que aprueba los “Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, precisando que sólo serán materia de inscripción:
a) Destitución o despido y suspensión independientemente de su régimen laboral.
b) Sanciones por responsabilidad administrativa funcional interpuestas por la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.
c) Inhabilitaciones de ex servidores civiles.
d) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial
e) Otras que determine la normatividad

Gracias por escribir y difundir el blog.

Exitos

RICARDO P. AYALA GORDILLO
Abogado

CITAS:

RPM # 985 483 172
RPC 994 948 189

ima, 28 de marzo 2015

Aqui la Directiva en word

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC

“RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”

1. OBJETO

La presente directiva tiene por objeto desarrollar las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador que establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.

2. BASE LEGAL

– Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
– Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.
– Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público y sus modificatorias.
– Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil como organismo técnico especializado y rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y su modificatoria.
– Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
– Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
– Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias.
– Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y su modificatoria.
– Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen
Especial para Gobiernos Locales.

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS

– LPAG : Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
– CEFP : Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
– LMEP : Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
– LSC : Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
– El Reglamento : Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la
Ley del Servicio Civil y su modificatoria.
– ORH : Oficina de Recursos Humanos.
– PAD : Procedimiento Administrativo Disciplinario.
– ST : Secretario Técnico.
– TUO : Texto Único Ordenado.

4. ÁMBITO

4.1. La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento.

De igual manera, es aplicable a los servidores civiles comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. Nº 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales.

4.2. A los servidores previstos en la Primera Disposición Complementaria Final de la LSC se les aplica de modo supletorio. La supletoriedad implica que, en todo aquello no previsto por sus normas especiales, se aplica el régimen disciplinario de la LSC y sus normas de desarrollo.

4.3. Las faltas previstas en el CEFP y la LPAG se procesan conforme a las reglas procedimentales del régimen disciplinario de la LSC y su Reglamento. Esta regla incluye el ámbito de aplicación de ambos cuerpos normativos.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Instrumentos de Gestión
Para efectos de esta directiva, se entenderá como instrumentos de gestión al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el Manual Operativo, y aquellos en los que se definan las funciones y atribuciones de las entidades, órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley N° 28411.

5.2. Alcances del Poder Disciplinario
Se entiende que aquellos órganos desconcentrados, proyectos, programas o
unidades ejecutoras conforme a la Ley N° 28411, de una entidad pública Tipo A, cuentan con poder disciplinario en los siguientes supuestos:

a) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y son declaradas entidades Tipo B.

b) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y no son declaradas entidades Tipo B.

c) Cuando no se les ha otorgado la facultad de sancionar y son declaradas entidades Tipo B.

5.3. Plazos. Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, resolver o declarar el archivo de los procedimientos administrativos

disciplinarios, la Secretaría Técnica y las autoridades del PAD observan plazos razonables y proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del derecho de defensa, entre otros. En este sentido, los actores del PAD deben actuar con diligencia en sus actuaciones, respetando los plazos de prescripción.

5.4. Desplazamiento del servidor. En caso de desplazamiento temporal o definitivo del servidor a otra entidad, órgano o unidad orgánica, la investigación preliminar, el inicio y, en general, el PAD, se realiza en la entidad, órgano o unidad orgánica donde se cometió la falta, correspondiendo a la entidad, órgano o unidad orgánica de destino del servidor la ejecución de la sanción.

5.5. Ex servidores. Cuando la Ley o el Reglamento hacen referencia a “ex servidores”, se entiende que se refiere a aquellas personas que no ejercen funciones públicas en ninguna entidad pública, bajo modalidad contractual alguna.

6. VIGENCIA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PAD
6.1. Los PAD instaurados antes del 14 de setiembre de 2014 (con resolución u otro acto de inicio expreso) se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al PAD.

6.2. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la LSC y su Reglamento y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.

6.3. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley Nº 30057 y su Reglamento.

6.4. Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad en parte o de todo lo actuado, se seguirá el mismo criterio dispuesto en el numeral 6.2 anterior.

6.5. Para efectos de la presente directiva, se considera que el PAD ha sido instaurado cuando la resolución u otro acto de inicio expreso que contiene la imputación de cargos ha sido debidamente notificado.

7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 de la presente directiva, las siguientes:

7.1. Reglas procedimentales:

– Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario.
– Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos procedimentales.
– Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales.
– Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
– Medidas cautelares.
– Plazos de prescripción.

7.2 Reglas sustantivas:

– Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores.
– Las faltas.
– Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes.

8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD

8.1. Definición

La Secretaría Técnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario. Está a cargo de un Secretario Técnico que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, en adición a las funciones que viene ejerciendo en la entidad o específicamente para dicho propósito. El Secretario Técnico puede ser un servidor civil que no forme parte de la ORH, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones reporta a esta.

Tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del
PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo.

La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren con el Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de flexibilidad, la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcentrados, entre otros criterios.

Si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG.

8.2. Funciones

a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, como se señala en el formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva.
b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles (Anexo B).
c) Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario, cuando la entidad sea competente y no se haya realizado la notificación dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento.
d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y
las investigaciones realizadas.
e) Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad.
f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento (Anexo C).
g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por el ST.
h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD.
i) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta.
j) Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte en caso que luego de las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la apertura del PAD.
k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

9. LAS AUTORIDADES DEL PAD

Para efectos de la identificación de las autoridades del PAD, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad.

9.1. Causales de abstención

Si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrare o incurriese en alguno de los supuestos del artículo 88 de la LPAG, se aplica el criterio de jerarquía, con el fin de determinar la autoridad competente.

La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día hábil.

Si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior jerárquico procede a designar a la autoridad competente del PAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la LPAG.

En el supuesto que la abstención sea ordenada de oficio o a pedido del presunto infractor, se seguirá lo establecido en el mismo artículo 90 de la LPAG.

9.2. Conflictos de competencia

Los casos de conflictos de competencia entre Órganos Instructores u órganos sancionadores, si las autoridades del procedimiento disciplinario considerasen que cuentan con dicha competencia en el caso concreto o que carecen de ella, son resueltos por la máxima autoridad administrativa de conformidad con lo dispuesto por la LPAG.

10. LA PRESCRIPCIÓN

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte.

Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento.

Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa.

10.1. Prescripción para el inicio del PAD

La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años.

Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende que la entidad conoció de la falta cuando la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente.

Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo es de dos (2) años calendario, computado desde que la entidad conoció de la comisión de la falta. Para este supuesto, se aplicarán los mismos criterios señalados en el párrafo anterior.

En los casos de falta continuada, para el cómputo del plazo, se entiende que la comisión de la falta se produce con el último acto que suponga la comisión de la misma falta.

10.2. Prescripción del PAD

Conforme a lo señalado en el artículo 94 de la LSC, entre la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la notificación de la resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más de un (1) año calendario.

11. LAS DENUNCIAS

11.1. Las denuncias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita de manera directa ante la Secretaría Técnica. Cuando la denuncia sea presentada de forma verbal, se debe canalizar a través de un formato de distribución gratuita que al menos cuente con la información contenida en el Anexo A. En el caso que el jefe inmediato o cualquier otro servidor civil sea quien ponga en conocimiento los hechos, se le dará el mismo tratamiento.
11.2. La denuncia debe exponer los hechos en que se fundamenta, adjuntando los medios probatorios que la sustentan, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 8.2 de la presente directiva. El ST puede también investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.
11.3. El denunciante no es parte del procedimiento administrativo disciplinario, sino
es un colaborador de la administración pública.

11.4. El plazo de treinta (30) días hábiles dispuesto por el artículo 101 del Reglamento tiene por objeto que el ST informe el estado de la denuncia al denunciante, teniendo en consideración, según corresponda, lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha respuesta no es impugnable.
11.5. El ST debe presentar semestralmente al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces un reporte sobre el estado de las denuncias recibidas y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados, pudiendo la entidad establecer plazos menores para la emisión de dicho reporte.
11.6. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral precedente, el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces puede solicitar, cuando lo considere conveniente, al ST información sobre el estado de las denuncias y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados.

12. LAS MEDIDAS CAUTELARES

12.1. La adopción de una medida cautelar antes del inicio del PAD es de competencia de la ORH o quien haga sus veces. La continuidad de sus efectos está condicionada al inicio del PAD en el plazo de cinco (5) días hábiles, conforme lo dispone el literal b) del artículo 109 del Reglamento.
12.2. Una vez iniciado el PAD, corresponde al Órgano Instructor adoptar la medida cautelar.
12.3. Tanto el Órgano Instructor como el Órgano Sancionador están facultados para modificar o revocar la medida cautelar dictada.
12.4. La medida cautelar no es impugnable.

13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRECALIFICACIÓN

13.1. Inicio y término de la etapa

Una vez recibidos la denuncia o el reporte del jefe inmediato o de cualquier otro servidor civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la Secretaría Técnica efectúa las investigaciones preliminares. Si la denuncia o reporte no adjuntara la documentación probatoria o indiciaria correspondiente, el ST la requerirá. En caso no reciba respuesta en plazo razonable puede declararlos como “no ha lugar a trámite”.

Una vez concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC.

Esta etapa culmina con el archivo de la denuncia conforme se señala en el informe de precalificación (Anexo C1) o con la remisión al Órgano Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD (Anexo C2).

En el caso del informe de control, el ST procede a identificar en su informe al órgano instructor competente.

El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAD. En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión.

13.2. Concurso de Infractores

En el caso de presuntos infractores que ostenten igual o similar nivel jerárquico y dependan del mismo inmediato superior, corresponde a este ser el Órgano Instructor.

Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos niveles jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el jefe inmediato, es competente la autoridad de mayor nivel jerárquico.

Si se diera la situación de presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel jerárquico y dependan de distinto inmediato superior del mismo rango, es la máxima autoridad administrativa la que determina cuál de los jefes inmediatos debe actuar como Órgano Instructor.

En caso se diera una diversidad de posibles sanciones a aplicar, corresponderá instruir a la autoridad competente de conocer la falta más grave.

13.3 Concurso de Infracciones

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG, cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

14. LAS SANCIONES

14.1 A las faltas del CEFP y las que se señalan de la LPAG, se les aplica las sanciones dispuestas por la LSC y su Reglamento, conforme al artículo 100 del Reglamento, a excepción de lo establecido en el artículo 241 de la LPAG.

14.2 Las sanciones principales que pueden imponerse a los servidores civiles por la comisión de una falta son: amonestación, suspensión entre uno (1) y trescientos sesenta y cinco (365) días y destitución.

14.3 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por cinco (5) años es la sanción principal solo para los ex servidores civiles.

Las autoridades competentes para esta sanción serán las previstas para la sanción de destitución. En el caso de ex funcionarios se sigue el procedimiento previsto en el numeral 19 de esta directiva.

Esta sanción se aplica de conformidad a las faltas y a los criterios de gradación previstos en la LSC y su Reglamento.

14.4 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años es sanción accesoria de la sanción de destitución. Esta sanción accesoria es eficaz y ejecutable una vez que la sanción principal haya quedado firme o se haya agotado la vía administrativa.

15. EL INICIO DEL PAD

15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano Instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos en que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio sigue la estructura que se presenta como Anexo D.

15.2 La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

15.3 El acto o resolución de inicio no es impugnable.

15.4 Para efectos de notificaciones, en todo lo no previsto por la presente directiva, se aplica supletoriamente la LPAG.

16. LA FASE INSTRUCTIVA

16.1 Los descargos se presentan dentro del plazo de cinco (5) días hábiles conforme lo establece el artículo 111 del Reglamento. La solicitud de prórroga se presenta dentro de dicho plazo; caso contrario, el Órgano Instructor continúa con el procedimiento hasta la emisión de su informe.

16.2 En caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al Órgano Instructor evaluar la solicitud y adoptando el principio de razonabilidad, conferir el plazo que considere necesario para que el imputado ejerza su derecho de defensa. Si el Órgano Instructor no se pronunciara en el plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial.

16.3 La fase instructiva culmina con la recepción por parte del Órgano Sancionador del informe a que se refiere el artículo 114 del Reglamento, emitido por el Órgano Instructor (Anexo E). El informe se sustenta en el análisis e indagaciones realizadas por el Órgano Instructor de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del literal a) del artículo 106 del Reglamento.

En el caso de la amonestación escrita, cuando el Órgano Instructor y Sancionador recae en el jefe inmediato, el procedimiento se culmina con la emisión del informe a que se refiere el párrafo precedente, remitiéndose el mismo, conforme se señala en el numeral 17.3 de esta directiva, al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces para que oficialice la sanción, de ser el caso.

17. LA FASE SANCIONADORA

17.1 Informe Oral
Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario- solicitar un informe oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil.

El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de diez (10) días hábiles, prorrogables por igual período de tiempo, debidamente sustentado.

17.2 Registro en el legajo
Se registran en el legajo las sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones y destitución. Las amonestaciones verbales no se registran en el legajo del servidor civil. Son de carácter reservado, conforme con lo dispuesto en la LSC.

17.3 Oficialización de la sanción
La sanción se entiende oficializada cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil, bajo los términos del artículo 93 del Reglamento y 89 y 90 de la LSC. Para los casos de amonestación escrita, cuando el jefe inmediato actúa como Órgano Instructor y Sancionador, una vez decidida la sanción, este debe comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, para que dicha sanción sea puesta en conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado. En los casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo Órgano Sancionador oficializar la sanción o emitir el acto de sanción.

La Secretaría Técnica queda a cargo de la notificación de los actos de oficialización de la sanción.

18. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

18.1 Contra las resoluciones que ponen fin al PAD, pueden interponerse los recursos de reconsideración o apelación ante la propia autoridad que impuso la sanción.

18.2 En el caso de las amonestaciones escritas, los recursos de apelación son resueltos por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

18.3 En los casos de suspensión y destitución, los recursos de apelación son resueltos por el Tribunal del Servicio Civil.

18.4 La interposición de los recursos impugnativos no suspende la ejecución de la sanción, salvo lo dispuesto para la inhabilitación como sanción accesoria.

19. REGLAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS EN EL PAD

19.1 Para efectos del PAD, se entiende que son funcionarios aquellos que han sido definidos como tales en la LSC y en la LMEP, inclusive para los regímenes distintos al de la LSC, con las exclusiones señaladas en el primer párrafo del numeral 4.1 de la presente directiva. Estas disposiciones se dictan en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 de la LSC y rigen de igual manera para los ex funcionarios.

19.2 En el caso de funcionarios pertenecientes a un Sector, el Órgano Sancionador se constituye en la figura del Titular del Sector para todos los casos y es quien oficializa la sanción.

19.3 Si los funcionarios pertenecen a una entidad no adscrita a un Sector, la
Resolución que conforma la Comisión a la que se hace referencia en el artículo
93.4 del Reglamento la emite el funcionario público responsable de la conducción de la entidad. En este supuesto, la Comisión Ad-hoc es determinada por dicho funcionario público y se compone por dos (2) funcionarios del mismo rango o jerarquía y el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces de la entidad. En caso la entidad no cuente con funcionarios de rango equivalente, se puede designar a funcionarios de rango inmediato inferior. El funcionario que tiene a su cargo la conducción de la entidad emite y oficializa también la resolución de sanción o archivo, según corresponda.

19.4 En el caso de funcionarios de gobiernos regionales y locales, la composición de la Comisión Ad-hoc a que se refiere el artículo 93.5 del Reglamento es determinada por el Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda. La Comisión se integra por dos (2) miembros elegidos entre los directivos

públicos de la entidad de rango inmediato inferior al funcionario procesado y el Jefe o responsable de la ORH de la entidad, quien será también el responsable de oficializar la sanción.

19.5 Las demás disposiciones relacionadas al régimen disciplinario y procedimiento sancionador reguladas por la LSC y su Reglamento son de aplicación para determinar la responsabilidad de los funcionarios o ex funcionarios, a que se refiere el presente apartado, en lo que corresponda.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA.-APLICACIÓN A OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN
La presente directiva también se aplica a otras formas de contratación de servicios de
personal en articulación a lo dispuesto en el artículo 4 del CEFP.

SEGUNDA.-ADECUACIÓN DE NORMATIVA INTERNA
Las entidades públicas deben adecuar su normativa interna sobre Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la presente directiva, de conformidad al Decreto Legislativo N° 1023 que establece la rectoría de SERVIR.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- SOBRE LAS COMISIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
Las Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, o quienes hagan sus
veces en los regímenes laborales, que al 13 de setiembre de 2014 estaban investigando la presunta comisión de faltas, pero que no notificaron al servidor civil el inicio del disciplinario con la imputación de cargos, deben remitir los actuados a la Secretaría Técnica, la que se encargará del procedimiento conforme a lo dispuesto en la presente directiva.

Los PAD que se encuentren en curso ante las Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de las entidades, una vez finalizados los procedimientos, deben remitir los actuados al ST de la entidad para su custodia y archivo.

SEGUNDA.- SANCIONES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LSC
Para los procesos en curso seguidos por faltas cometidas antes de la entrada en vigencia del régimen disciplinario dispuesto por la Ley Nº 30057 y su Reglamento, las sanciones de cese temporal y despido, reguladas bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, son aplicables para los casos que correspondan.

ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Modifíquese el numeral 5.2.1 del punto 5.2 de la Directiva N°001-2014-SERVIR/GDSRH que aprueba los “Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°233-
2014-SERVIR-PE, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:

“5.2 – SANCIONES MATERIA DE INSCRIPCIÓN
5.2.1.- Sanciones de obligatoria inscripción en el Registro
Las sanciones que son objeto de inscripción en el Registro son las siguientes:
a) Destitución o despido y suspensión, independientemente de su régimen laboral.
b) Sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por la Contraloría
General de la República y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. c) Inhabilitaciones de ex – servidores civiles.
d) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial.
e) Otras que determine la normatividad.”

RELACIÓN DE ANEXOS Y GRÁFICOS

ANEXOS:

Anexo A Formato de denuncia
Anexo B Estructura y formato de carta respuesta al denunciante
B1 Estructura de carta respuesta al denunciante
B2 Formato de carta respuesta al denunciante
Anexo C Estructura del informe de precalificación por parte del Secretario
Técnico:
C1 Dispone archivo de la denuncia
C2 Recomienda inicio del PAD Anexo D Estructura del Acto que inicia el PAD Anexo E Informe del Órgano Instructor
Anexo F Estructura del Acto de sanción disciplinaria
Anexo G Estructura del Acto de archivo del PAD

GRÁFICOS:

Gráfico 1 Cronología de la vigencia del PAD – LSC Gráfico 2 Esquema procedimental del PAD Gráfico 3 Flujograma del procedimiento

ANEXO A FORMATO DE DENUNCIA

Ciudad de ………., a los …… días del mes ……. de ….

Yo, ………………………………………………….. identificado con ……………………………………………….. (nombre completo y apellidos, en caso de ser persona natural y nombre de la empresa y de su representante, en caso de ser persona jurídica)

y domicilio en ……………………………………….………………………….. me presento ante usted, con la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el servidor(es)
………………………… de vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuación
expongo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… (Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores y partícipes y el aporte de la evidencia o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación)

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente:
1. ……………………
2. …………………..
3. …………………..

EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FÍSICA, declaro bajo juramento que la
autoridad …………………………………………………….. la tiene en su poder.

EN CASO NO SE TRATE DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL, adjunto como prueba
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre y firma del denunciante)

(Se debe adjuntar copia simple del documento de identidad: D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte y vigencia de poder, de ser el caso, de la persona natural o representante de la empresa).
Nota: El denunciante puede solicitar una copia de la denuncia que presenta, la misma que se le debe otorgar sin costo adicional.

ANEXO B1
ESTRUCTURA DE LA CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE

1. Lugar y fecha de emisión.
2. Persona a quien va dirigida la comunicación (denunciante/colaborador).
3. Domicilio del destinatario de la comunicación (denunciante/colaborador).
4. Identificación de la denuncia y su estado, teniendo en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806.
5. Agradecimiento por su colaboración.
6. Firma.

ANEXO B2
FORMATO CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE

Ciudad de ………., (fecha)

Señor(a)
………………………………..
(nombre completo y apellidos)
…………………………………………………. (dirección indicada en la denuncia) Presente.-

Apreciado(a) o Estimado(a) señor(a) …………………………………………………

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, con el fin de informarle el estado de la denuncia formulada y presentada ante nuestra entidad el día …. del mes de ………….. de …………

Al respecto, cumplimos con informar, conforme lo dispone el artículo 101 del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2014-PCM, que su denuncia tiene el siguiente estado:

En investigación a cargo de la Secretaría Técnica
En precalificación por el Secretario Técnico
En trámite por el Órgano Instructor
Se inició procedimiento administrativo disciplinario
Se dispuso su archivo *

*Se debe exponer claramente las razones por las cuales se dispuso el archivo de la denuncia.

Por parte nuestra, le agradecemos su colaboración y le precisamos que la información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, guardan reserva con referencia al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido por el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

……………………………………..
(Firma e identificación del ST)

ANEXO C1
ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN (dispone archivo de la denuncia)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil señalado en la denuncia, reporte o informe de control interno, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente cometida señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno y los medios probatorios en que sustentan.
3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada.
5. Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. Análisis de los
documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para dicha decisión.
6. Disposición del archivo.

ANEXO C2
ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN (recomienda inicio del PAD)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. Identificación de los hechos señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno, así como, de ser el caso, los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios probatorios presentados y los obtenidos de oficio.
3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. Fundamentación de las razones por las cuales se recomienda el inicio del PAD.
Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para dicha recomendación.
5. La posible sanción a la presunta falta imputada.
6. Identificación del Órgano Instructor competente para disponer el inicio del PAD.
7. De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la presunta falta, así como la afectación que esta genera al interés general.
8. Recomendación de inicio del PAD.

ANEXO D
ESTRUCTURA DEL ACTO QUE INICIA EL PAD

1. La identificación del servidor o ex servidor civil procesado, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. La falta disciplinaria que se imputa, con precisión de los hechos que configurarían dicha falta.
3. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
Análisis de los documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión.
4. La norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. La medida cautelar, de corresponder.
6. La posible sanción a la falta cometida.
7. El plazo para presentar el descargo.
8. La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga.
9. Los derechos y las obligaciones del servidor o ex servidor civil en el trámite del procedimiento, conforme se detallan en el artículo 96 del Reglamento.
10. Decisión de inicio del PAD.

ANEXO E
INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente vulnerada.
3. Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los medios probatorios en que se sustentan.
4. Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta.
5. La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser el caso.
6. El proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento, debidamente motivado.

ANEXO F
ESTRUCTURA DEL ACTO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del servidor o ex servidor civil respecto de la falta que se estime cometida.
3. La sanción impuesta.
4. Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) que pueden interponerse contra el acto de sanción.
5. El plazo para impugnar.
6. La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo.
7. La autoridad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar.

ANEXO G
ESTRUCTURA DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PAD

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
3. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada.
4. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. Fundamentación de las razones por las que se archiva. Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión.
6. Decisión de archivo.

REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL

Por Ricardo P. Ayala Gordillo

A re aprender de nuevo.

A partir del 14 de setiembre del 2014 todo lo que aprendimos sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005.90.PCM será sustituido por el REGIMEN SANCIONADOR previsto en la Ley N°30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 040.2014.PCM.

La Ley N°30057 no se aplica al universos de servidores o funcionarios de la administración pública. Es aplicable a los servidores sujetos a los regímenes laborales de D.Leg. 276 como del D.Leg. 276, y supletoriamente a los comprendidos en carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República.

El Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la Ley N°30057 .

Todo lo aprendido sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 es base sólida para comprender y aplicar las actuales normas.

Las normas sobre el PAD previstas en el D.Leg 276 y el D.S. N° 005.90.PCM seguirán vigentes solo para los casos que viniera conociendo las CPPAD y CEPAD, comisiones que se desactivan las cuales se desactivan al culminar el trámite de los procedimientos a su cargo.

Las actuales normas son mas garantistas, específicas y ordenadas sistemáticamente que la 276 y su reglamento, pues integra mucho de lo que requería remitirse a otras normas para su mejor comprensión, como el genérico “autoridad competente” cuando se refería a quien es la persona que califica y aplica sanción, así ahora es explícita en precisar es ORGANO SANCIONADOR el JEFE INMEDIATO es primera instancia para imponer sanciones de amonestación, en el caso de las suspensiones lo es el jefe de Recursos Humanos y para las destitución el titular de la entidad, la segunda, el Tribunal del Servicio Civil.

Las funciones de la autoridades que actúan como ORGANO INSTRUCTOR que tenían a su cargo las CPPAD y CEPAD se encontrarán a cargo de una SECRETARIA TECNICA que estará compuesta preferiblemente de ABOGADOS, lo cual es un reclamado acierto, dado que veníamos sosteniendo que la conformación de las CPPAD adolecía de tal capacidad profesional, las que muchas veces en la práctica se limitaban a firmar cuanto hacían abogados contratados como asesores con funciones no siempre claras.

La conformación de la Secretaría Técnica es una destacada oportunidad de labor especializada para nuestros colegas ABOGADOS que remite a la respectiva capacitación.

Igual necesidad de capacitación sobre régimen sancionador asiste a los JEFES INMEDIATOS, JEFES DE RECURSOS HUMANOS y TITULARES DE ENTIDADES en adición a la especializada y distinta formación profesional, el conocimiento les despojará de comprensibles dudas o temores por desconocimiento o del habitual limitarse a informar al superior y este a su vez sobre el superior a él cuando toman conocimiento sobre denuncias o hechos constitutivos de presuntas faltas administrativas.

En los JEFES INMEDIATOS tan importante como la capacitación es que tengan claramente delimitado los servidores sobre quienes tienen competencia sancionadora, a efectos de evitar innecesarias dilaciones o infundadas cuestiones de competencia.

Al desaparecer las CPPAD desaparecen también los REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, quienes mayormente consideraban que su participación correspondía actuar como defensor del servidor procesado, cuando su rol se circunscribía en velar porque se cumpla con el DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de ahí el mayor interés en capacitarse también los FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS y SERVIDORES individual, grupal o colectivamente o a través de los GREMIOS.

Si estas interesado en participar en el CURSO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR puedes contactarme en los datos de contactos puestos al pie de este artículo.

A continuación puedes realizar las comparaciones entre la Ley N° 30057 y el Reglamento del D.Leg. 276

LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL

TÍTULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
CAPÍTULO I: FALTAS

Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:
a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores.
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor.
d) La negligencia en el desempeño de las funciones.
e) El impedir el funcionamiento del servicio público.
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros.
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.
h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de lo función con fines de lucro.
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta.
j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días (180) calendario.
k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la victima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública.
I) Realizar actividades de proselitismo político durante la jomada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.
m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica.
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.
ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil.
o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros.
p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función docente.
q) Las demás que señale la ley.

Artículo 86. Régimen de los exservidores de las entidades
Los exservidores civiles de una entidad se acogen a las restricciones establecidas en el artículo 241 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas
La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes:
a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.
d) Las circunstancias en que se comete la infracción.
e) La concurrencia de varias faltas.
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
g) La reincidencia en la comisión de la falta.
h) La continuidad en la comisión de la falta.
i) El beneficio ¡licitamente obtenido, de ser el caso.
Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El servidor civil que se encuentre en este supuesto, no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de que la resolución administrativa que causa estado es eficaz.
Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia que cause estado, o que haya quedado consentida, o ejecutoriada, culmina su relación con la entidad.

CAPITULO II: RÉGIMEN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Articulo 88. Sanciones aplicables
Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses.
c) Destitución.
Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo.

Articulo 89. La amonestación
La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el casode amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien hago sus veces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.

Articulo 90. La suspensión y la destitución
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

Articulo 91. Graduación de la sanción
Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley.
La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la

entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor.
Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no eximen de la aplicación de la debida sanción.

Artículo 92. Autoridades
Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario:
a) El JEFE INMEDIATO del presunto infractor.
b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.
c) El titular de la entidad.
d) El Tribunal del Servicio Civil.
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un SECRETARIO TÉCNICO, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentarla actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes.
La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces.
Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o escrita ante la Secretaria Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes.

Articulo 93. El procedimiento administrativo disciplinarlo
93.1 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia inicia el
procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, debiendo comunicar al servidor por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el servidor civil tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento.
Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el proceso queda listo para ser resuelto.
Cuando la comunicación de la presunta falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar un proceso administrativo disciplinario debe ser motivado y notificado al que puso en conocimiento la presunta falta, si estuviese individualizado.

93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo disciplinario de primera instancia y luego de presentado los descargos, el servidor civil procesado puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única.
93.3 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia realiza las investigaciones del caso, solicita los informes respectivos, examina las pruebas que se presenten e impone las sanciones que sean de aplicación.
93 4 Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el servidor civil procesado, según la falta cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición de la oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve su situación, el servidor civil tiene derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) días o presentar renuncia.

Artículo 94. Prescripción
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces.
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30)días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayora un (1)año.
Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción.

Artículo 95. El procedimiento de los medios ¡mpugnatorios
95.1 El término perentorio para la interposición de los medios ¡mpugnatorios es de quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La resolución de la apelación agota la vía administrativa.
95.2 La interposición de los medios ¡mpugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado.
95.3 El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. La apelación es sin efecto suspensivo.

Articulo 96. Medidas cautelares
96.1 Luego de comunicar por escrito al servidor civil sobre las presuntas faltas, la autoridad del proceso administrativo disciplinario puede, mediante decisión motivada, y con el objeto de prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los ciudadanos, separarlo de su función y ponerlo a disposición de la Oficina de Personal para realizar trabajos que le sean asignados de acuerdo con su especialidad, o exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo.
96.2 Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso administrativo disciplinario, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa del servidorcivil y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corres ponderle. Excepcional mente, cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil afecte gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. La validez de dicha medida está condicionada al inicio del procedimiento correspondiente.
96.3 Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento administrativo disciplinario, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
96.4 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario en la instancia que impuso la medida, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

Artículo 97. Medidas correctivas
La autoridad puede dictar medidas correctivas para revertir en lo posible el acto que causó el daño a la entidad pública o a los ciudadanos.

Articulo 98. Registro de sanciones
Las sanciones de suspensión y destitución deben ser inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido creado por el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que administra la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir). La inscripción es permanente y debe indicar el plazo de la sanción.

D.S. N° 005-90-PCM
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: ENCAUSAMIENTO ANTE GRAVEDAD DE FALTA
Artículo 163º.- El servidor público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables.
El incumplimiento del plazo señalado configura falta de carácter disciplinario contenida en los incisos a) y d) del Artículo 28º de la Ley.

PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: FORMALIDAD Y COMPETENCIA INVESTIGADORA
Artículo 164º.- El proceso administrativo disciplinario a que se refiere el articulo anterior será escrito y sumario y estará a cargo de una Comisión de carácter permanente y cuyos integrantes son designados por resolución del titular de la entidad.

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS: CONSTITUCIÓN CON MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES
Artículo 165º.- La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios estará constituida por tres (3) miembros titulares y contará con tres (3) miembros suplentes. La citada comisión será presidida por un funcionario designado por el titular de la entidad y la integran el Jefe de Personal y un servidor de carrera designado por los servidores. La comisión podrá contar con el asesoramiento de los profesionales que resulten necesarios.

COMISIÓN ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS
Para el proceso de funcionarios se constituirá una Comisión Especial integrada por tres (3) miembros acordes con la jerarquía del procesado. Está Comisión tendrá las mismas facultades y observara similar procedimiento que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.
COMISIÓN: POTESTAD PARA CALIFICAR Y PRONUNCIARSE
Artículo 166º.- La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario. En caso de no proceder este elevara lo actuado al titular de la entidad con los fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso.

RESOLUCIÓN DEL TITULAR: INSTAURACIÓN FORMAL
Artículo 167º.- El proceso administrativo disciplinario será instaurado por resolución del titular de la entidad o del funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto, debiendo notificarse al servidor procesado en forma personal o publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, dentro del término de setentidós (72) horas contadas a partir del día siguiente de la expedición de dicha resolución.

SERVIDOR PROCESADO: DESCARGO Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DESVIRTUATORIAS
Artículo 168º.- El servidor procesado tendrá derecho a presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente en su defensa, para lo cual tomará conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso.

EL DESCARGO: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y FÁCTICA
Artículo 169º.- El descargo a que se refiere el articulo anterior, deberá hacerse por escrito y contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas con que se desvirtúen los cargos materia del proceso o el reconocimiento de su legalidad. El término de presentación de cinco(5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se prorrogará cinco (5) días hábiles más.

COMISIÓN INVESTIGACIÓN, EXAMEN Y RECOMENDACIÓN
Artículo 170º.- La Comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad recomendando las sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del titular de la Entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse.

INFORME ORAL: PERSONAL O POR APODERADO
Artículo 171º.- Previo al pronunciamiento de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios a que se refiere el artículo anterior, el servidor procesado podrá hacer de sus derechos a través de un informe oral efectuado personalmente o por medio de un apoderado, para lo que se señalará fecha y hora única.

SERVIDOR PROCESADO: REMOCIÓN EVENTUAL DEL CARGO
Artículo 172º.- Durante el tiempo que dure el proceso administrativo disciplinario el servidor procesado, según la falta cometida, podrá ser separado de su función y puesto a disposición de la Oficina de Personal para realizar trabajos que le sean asignados de acuerdo con su nivel de carrera y especialidad. Mientras se resuelve su situación, el servidor tiene derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco(5) días o presentar renuncia.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA: DEBE SER DECLARADA
Artículo 173º.- El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.

CESANTES: ENCAUSAMIENTO DE SERVIDORES CESANTES
Artículo 174º.- El servidor cesante podrá ser sometido a proceso administrativo por las faltas de carácter disciplinario que hubiese cometido en el ejercicio de sus funciones dentro de los términos señalados en el artículo anterior.

ANÁLOGO PROCEDER PARA EMPLEADOS CONTRATADOS
Artículo 175º.- Están comprendidos en el presente capítulo los funcionarios y servidores públicos contratados, en lo que les sea aplicables, aún en el caso que haya concluido su vínculo laboral con el Estado y dentro de los términos señalados en el artículo 173º del presente reglamento.

Índice General Índice

CAPITULO XIV
DE LA REHABILITACION

REHABILITACIÓN: REQUISITOS DETERMINANTES
Artículo 176º.- Para que un servidor sea rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hayan impuesto en el curso de su Carrera Administrativa, debe haber observado buena conducta y obtenido evaluación favorable desde la aplicación de la sanción.

REHABILITACIÓN – EFECTOS: ANULACIÓN DE SANCIÓN Y FALTAS REGISTRADAS
Artículo 177º.- La rehabilitación deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta proveniente de falta disciplinaria en el Registro de Funcionarios y Servidores y el correspondiente legajo personal. Se formaliza mediante resolución del funcionario competente.

REHABILITACIÓN POR ASCENSO
Artículo 178º.- El servidor de carrera queda rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hubieren aplicado durante su permanencia en un nivel de carrera cuando obtenga su ascenso al nivel inmediato superior; salvo que no hubiere transcurrido cuando menos un año de haberse cumplido con la sanción impuesta, en cuyo caso deberá esperarse dicho plazo. Para el efecto los procesos de ascenso deberán considerar las sanciones impuestas como deméritos.

REAPTITUD DE SERVIDOR SIN ASCENSO
Artículo 179º.- La rehabilitación del servidor que no hubiese ascendido de nivel sólo procederá transcurrido un año de su postulación a dicho ascenso, debiendo tenerse en cuenta la salvedad a que se refiere el artículo anterior.

TRIENIO LABORAL PARA REIVINDICACIÓN
Artículo 180.- La rehabilitación del servidor destituido que hubiese reingresado a la Administración Pública sólo procederá transcurridos tres (3) años, computables a partir de dicho reingreso.

REHABILITACIÓN: SOLICITUD DEL INTERESADO Y OPINIÓN PREVIAS
Artículo 181º.- La rehabilitación de los servidores comprendidos en los Arts. 179º y 180º se efectuará a solicitud del interesado con el informe del jefe inmediato, teniéndose en cuenta el resultado del promedio de sus evaluaciones en el nivel.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TC

 

El Decreto Supremo Nº 005-90-PCM trata la PRESCRIPCION  en un sólo Artículo del Proceso Administrativo Disciplinario :

 

“Artículo 173º.-  El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará  prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.”

 

 

De la aplicación de este único párrafo se pone de manifiesto que :

 

  1. El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año. El año se computa en días naturales o calendarios, es decir, se cuentan feriados, sábados y domingos.

 

  1. El cómputo del año se cuenta a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión  de la falta disciplinaria. Nótese que la Ley no dice desde que conoce el hecho. Aquí la primera gran diferencia con lo establecido para las acciones civiles o penales, y también con el plazo establecido para la prescripción en algunos regímenes especiales de la administración pública, como podemos verificar en el caso de la Jurisprudencia del TC que hoy nos ilustra.

 

  1. Adviértase que la Ley dice que el cómputo corre desde que la autoridad competente conoce del hecho sino desde que conoce de la comisión de la falta, entendiéndose por tal, el momento en que la CPPAD o el OCI o el Abogado u órgano competente para imputarla concluye e informa al titular de la entidad que el hecho materia de la imputación constituye falta administrativa disciplinaria.

 

  1. La única autoridad competente para abrir o no el proceso administrativo disciplinario (PAD) es el titular de la entidad, salvo que el decida delegar esta facultad a otro funcionario.

 

  1. Si transcurre el plazo de un año desde que la autoridad competente conoció de la falta administrativa disciplinaria y no abrió PAD incurre en responsabilidad.

 

  1. Si el PAD se abre pasado ese año, el proceso se halla afectado por la prescripción de la acción.

 

  1. Corresponde al procesado invocar la prescripción, a la CEPAD acogerla y al titular de la entidad emitir la resolución reconociéndola, bajo responsabilidad de unos y otros.

 

  1. La declaración de la prescripción de la falta administrativa disciplinaria, pone fin y hace inhábil a la autoridad encargada de abrir PAD, al órgano encargado de proponer su apertura como de tener a su cargo el PAD como potestad sancionadora de la administración pública sobre ese hecho.

 

  1. Hay innumerables aspectos que el artículo en comentario y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no dice pero que son de obligatoria aplicación, unas mas sencillas y otras mas complejas, como es el caso de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que precisa en su artículo 233 numeral 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años”; precisando en numeral 233.2 “EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada; siendo otro el análisis cuando como ocurre en este caso, con la afectación de la INTERRUPCION del plazo de la prescripción desarrollado en la presentada jurisprudencia del TC.

 

  1. Las interpretaciones sobre el sentido correcto de la Ley no siempre es uniforme inclusive entre expertos, de allí que no siempre es dilucidado debidamente dentro del PAD, algunas veces es amparado en sede administrativa vía impugnación y otras veces en sede judicial. Ello explica una vez mas, porqué la Ley faculta a la CEPAD a ser asesorado por especialistas en la materia y porqué sus miembros deben capacitarse de manera especializada en ella. 

 

 

LIMA     

ÁNGEL EDUARDO ALATRISTA TORREBLANCA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

 

En Lima, a los 16 días del mes de agosto de 2006, reunido el Tribunal Constitucional en sesión del pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia

 

 

 

I. ASUNTO

 

 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Eduardo Alatrista Torreblanca contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 228, su fecha 29 de noviembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos.

 

 

 

II. ANTECEDENTES

 

 

1.      Demanda

 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), alegando vulneración de sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la irretroactividad de la ley, a la motivación, a la defensa y a la prescripción, y solicita que se declare inaplicable la Resolución N.º 107-2002-CNM, de 18 de octubre de 2002, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el recurrente, y se disponga su inmediata reincorporación al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Titular del Cuzco, con el reconocimiento de los derechos que indebidamente dejó de percibir. Manifiesta que el Consejo abrió un procedimiento disciplinario en su contra pese a que habían transcurrido más de dos años desde el momento en que transcurrieron los hechos materia de investigación. Asimismo, alega que el Consejo aplicó retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley N.º 27444, con el objeto de declarar infundada la excepción de prescripción deducida por el accionante y procedió a su destitución. Contra dicha resolución, el recurrente interpuso recurso de reconsideración, el mismo que también  fue desestimado.

 

 

 

2.      Contestación de la demanda

El vicepresidente del CNM alega que el demandante fue destituido mediante una resolución motivada; la que, a su vez, fue emitida luego de un procedimiento disciplinario en que se garantizó el derecho de defensa. En consecuencia, sostiene que el CNM ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones, siendo de aplicación los artículos 142 y 154, inciso 3, de la Constitución. Por su parte, el Procurador Público del Ministerio de Justicia agrega que en el caso planteado no ha operado la prescripción, toda vez que su plazo se interrumpió cuando la Fiscalía Suprema de Control Interno dio inicio a las investigaciones, mediante resolución de fecha 12 de enero de 2001. 

 

 

 

3.      Resolución de primer grado

Con fecha 3 de diciembre de 2003, el Decimoséptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, por considerar que el plazo de prescripción se interrumpió una vez iniciadas las investigaciones por parte de la Fiscalía Suprema de Control Interno, motivo por el cual no ha operado la prescripción.

 

 

 

4.      Resolución de segundo grado

 

Con fecha 29 de noviembre de 2005, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, por considerar que la Resolución N.º 107-2002-CNM ha sido debidamente motivada y dictada con previa audiencia del interesado, con lo cual es de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el artículo 5, inciso 7, del Código Procesal Constitucional.

 

 

 

III. FUNDAMENTOS

 

 

 

Precisión del petitorio de la demanda

 

1.      El demandante pretende que el Tribunal Constitucional declare inaplicable a su caso la Resolución N.º 107-2002-PCNM, de fecha 18 de octubre de 2002, por haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo; y que en consecuencia se ordene su reincorporación al Ministerio Público en el cargo que desempeñaba antes de su destitución. Asimismo, solicita que se le reconozca como efectivo el tiempo durante el cual estuvo suspendido y destituido.

 

 

 

Análisis del caso

 

2.      Antes de resolver la cuestión de fondo, conviene reafirmar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el control constitucional de la resoluciones del CNM. En sentencia anterior (Exp. N.º 2409-2002-AA/TC, FJ 1b) se ha señalado que

 

(…) cuando el artículo 142.° de la Constitución establece que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de Jueces, limitación que no alcanza al Tribunal Constitucional por las razones antes mencionadas, el presupuesto de validez de dicha afirmación se sustenta en que las consabidas funciones que le han sido conferidas a dicho organismo sean ejercidas dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no dentro de otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento. En el fondo, no se trata sino de la misma teoría de los llamados poderes constituidos, que son aquellos que operan con plena autonomía dentro de sus funciones, pero sin que tal característica los convierta en entes autárquicos que desconocen o hasta contravienen lo que la misma Carta les impone. El Consejo Nacional de la Magistratura, como cualquier órgano del Estado, tiene límites en sus funciones, pues resulta indiscutible que estas no dejan en ningún momento de sujetarse a los lineamientos establecidos en la norma fundamental. Por consiguiente, sus resoluciones tienen validez constitucional en tanto las mismas no contravengan el conjunto de valores, principios y derechos fundamentales de la persona contenidos en la Constitución, lo que supone, a contrario sensu, que si ellas son ejercidas de forma tal que desvirtúan el cuadro de principios y valores materiales o los derechos fundamentales que aquella reconoce, no existe ni puede existir ninguna razón que invalide o deslegitime el control constitucional señalado a favor de este Tribunal en los artículos 201.° y 202.° de nuestro texto fundamental.

 

 

 

3.      El demandante alega que se le ha sometido a un procedimiento sancionador habiendo prescrito la acción disciplinaria del Consejo; es decir, a un procedimiento irregular que afecta sus derechos fundamentales y garantías judiciales que reconocen el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y los artículos 138 y 139 de la Constitución (fojas 46-47). El actor afirma que la conducta irregular que se le atribuye tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la acción disciplinaria del CNM prescribía el 3 de marzo de 2002.

 

 

 

4.      No obstante, según alega, la Resolución N.º 015-2002-PCNM, de fecha 28 de febrero de 2002, que dispone el inicio del procedimiento disciplinario se le notificó el 5 de marzo de 2002; es decir, dos días después de haber prescrito la acción disciplinaria del Consejo. Es más, al momento de dictarse la Resolución N.º 107-2002-PCNM, con fecha 18 de octubre de 2002, había transcurrido más de dos años de la fecha en que ocurrió la conducta atribuida.

 

 

 

5.      Por su parte, el Consejo, en la Resolución que ahora se cuestiona, señala que “(…) en cuanto a la excepción de prescripción de la acción disciplinaria deducida, de conformidad con el artículo 233, numeral 233.2, de la Ley 27444, Ley del Procedimiento administrativo General, aplicable supletoriamente al presente proceso, en virtud de la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Resolución 042-2000-CNM, Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, debe declararse infundada, porque el plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, y toda vez que por resolución de 12 de enero de 2001, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió investigación en su contra, consecuentemente, el plazo de prescripción se ha interrumpido” (fojas 51).

 

 

 

6.      El Tribunal Constitucional no comparte el argumento del demandante por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la legislación vigente al momento en que se produjeron los hechos, establecía que el acto procesal “(…) [i]nterpuesta la denuncia, en todo caso, prescribe a los 2 años de ocurrido el hecho, acto o conducta”. En el caso concreto, la conducta irregular que se le imputó al actor tuvo lugar el 3 de marzo de 2000, por lo que la prescripción debía operar el 3 de marzo de 2002. Sin embargo, con fecha 28 de febrero de 2002, se dictó la Resolución N.º 015-2002-PCNM, la misma que dio inicio al proceso disciplinario contra el recurrente; es decir, antes de que transcurrieran dos años desde que se produjo la conducta antes mencionada.

 

 

 

7.      En segundo lugar, el demandante sostiene que se le ha aplicado retroactivamente el artículo 233.2 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin embargo, ello no es exacto porque, cuando se inicia el procedimiento disciplinario –28 de febrero de 2002– contra el recurrente, dicha Ley –que prevé la interrupción del plazo de la prescripción– ya estaba vigente. Por ende, era plenamente aplicable el artículo 233.2, según el cual “[e]l plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado”.

 

 

 

8.      Más aún, la Primera Disposición Transitoria de dicha Ley señala que “[l]os procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión (…)”. En el presente caso, el procedimiento disciplinario se inició con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General; por lo que no puede alegarse que la misma haya sido aplicada de manera retroactiva y en perjuicio de los derechos del recurrente. En consecuencia, en el caso concreto, el Consejo no ha vulnerado los derechos invocados, motivo por el cual la demanda no puede ser estimada.

 

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

 

 

 

HA RESUELTO

 

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

 

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. GARCÍA TOMA   Gonzales Ojeda   Alva Orlandini   Bardelli Lartirigoyen   Vergara Gotelli   Landa Arroyo           Mesía Ramírez

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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21 de abril 2012

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario