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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS, RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE TEMAS DE (II)

 

                                                                                                                         Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

Nulidades en el proceso disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario (PAD) como la sanción impuesta, puede ser declarado nulo a pedido de parte (efectuado por el procesado, su abogado  o su representante legal) o de oficio, por la autoridad jerárquicamente superior (en caso de amonestación escrita) o el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR, (en caso de suspensión o destitución) si se encuentra incurso en alguna de las causales de Nulidad del Acto Administrativo previstos en el Artículo 10 de la Ley o del TUO de la Ley 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

  1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
  2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
  3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.
  4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asi, es Nulo si el acto administrativo que no contiene los requisitos de validez previstos en el Art. 3 de la indicada Ley:

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

  1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
  2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
  3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
  4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
  5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

 

En ese sentido, puede declararse la Nulidad del PAD o de la sanción impuesta, entre otras razones: cuando ya ha prescrito la falta, o si se impone sanción sin la investigación preliminar y/o el PAD previo; si investigación preliminar y/o el PAD son llevados a cabo por autoridad incompetente, o sin reunir las formalidades o requisitos establecidos por la Ley 30057; si se apertura por una falta y se sanciona por otra distinta, o cuando el PAD es llevado en forma irregular en contravención con los principios que informan al procedimiento sancionador o la sanción resulta desproporcional a la falta cometida, etc.

 

Perú, derecho de petición

La Constitución  reconoce a todo(a) ciudadano (a) peruano(a) el derecho a pedir el respeto de sus derechos humanos previstos en los Artículos 1, 2, 3, 26 y siguientes de la Constitución.

De manera específica  el Art. 2, inciso 20) reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

 

El TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General precisa:

Artículo 115.- Derecho de petición administrativa

115.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

 

115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

 

115.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.  Tal derecho impone a la administración el deber de:

  1. a) “Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho de petición sin trabas absurdas o innecesarias.
  2. b) Abstenerse de cualquier forma o modo de sancionar al peticionante, por el solo hecho de haber ejercido dicho derecho.
  3. c) Admitir y tramitar el petitorio.
  4. d) Resolver en el plazo señalado por la ley de la materia la petición planteada, ofreciendo la correspondiente fundamentación de la determinación.
  5. e) Comunicar al peticionante la decisión adoptada” (STC 01042-2002-AA/TC, fundamento 2.2.4, último párrafo).

A la vez,  el pedir documentación o información que posea la entidad no requiere expresar la causa, es decir, sin necesidad de justificar para que se solicita dicha documentación.

Asimismo,  pedir documentación o información que posea la entidad  no obliga a que la entidad produzca la  información que solicita.

Los pedidos formulados por el ciudadano o administrado, deben ser respondidos por la autoridad administrativa dentro del plazo establecido por la Ley, bajo responsabilidad administrativa y funcional de ser sancionados conforme al PAD establecido por la Ley 30057, Ley de Servicio Civil como la que resulte aplicable, pudiendo dar lugar a la denuncia del titular de la entidad ante la Fiscalía Penal, en caso de incumplimiento .

 

Importante es saber que el derecho de petición apareja el deber del administrado de proceder con la verdad y apego a la Ley, caso contrario el pedido puede cual boomerang resultarle adverso con implicancias administrativas, penales como civiles si ese fuera el caso.

 

Artículo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:

 

  1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental

 

  1. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.

 

  1. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

 

  1. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

 

 

 

 

Órgano Sancionador

En el Régimen Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario previsto en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, aplicable a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057:

Es el Jefe Inmediato del servidor procesado, si la sanción es de amonestación verbal o escrita

El Jefe de la Oficina de Personal si la sanción consiste en suspensión si goce de remuneraciones desde un día hasta un año.

El Titular de la entidad si la sanción consiste en destitución.

 

 

Sanción por agresión verbal

Para sancionar válidamente a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057, se requiere que previamente exista una Investigación Preliminar a cargo del Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien de concluir en que el denunciado le asiste presunta responsabilidad administrativa podrá recomendar se le aperture PAD ante la cual ejerza su derecho a defenderse del cargo imputado, a cuyo término, de no desvirtuarla, se le impondrá la sanción que resulte proporcional a la gravedad de la falta incurrida.

Si se sanciona prescindiendo del procedimiento antes indicado, la sanción se encontraría incursa en Nulidad de pleno derecho, legitimando al procesado a impugnarla con invocando su nulidad.

 

¿Que pasa con el funcionario de institución pública que  ha sido denunciada por acoso?

Si la denuncia es en la vía penal será investigado y de ser el caso procesado judicialmente, de ser hallado culpable podría ser condenado a pena restrictiva de la libertad.

Si la denuncia es en la vía administrativa podría ser sometido a investigación dentro de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, si lo encuentran culpable en la vía administrativa podrían sancionarlo con amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o destitución.

 

 

¿Dónde me quejo de una notaría en Perú?

Dependiendo de lo que se trate en el Libro de Reclamaciones de la misma Notaría, el cual está sujeto a la intervención del Notario como del Indecopi; pudiendo recurrir también ante el Colegio de Notarios como ante el Colegio de Abogados, si se tratara de un acto propio del Abogado Notario.

 

¿Dónde denunciar una estafa o fraude de la alcaldía (catastro)?

La estafa o fraude es un delito,  por tal razón, debe ser denunciado ante la Fiscalía Penal ; sin embargo si evaluados los hechos  se concluye que se trata de un delito de corrupción de funcionarios la Fiscalía competente será la Fiscalía Anticorrupción, lo cual implicará la necesaria intervención previa de la Contraloría General o a través del Órgano de Control Institucional de la entidad.

Lo anterior no impide que puedas denunciar la conducta del servidor ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad .

 

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                  ABOGADO

 

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio :   Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

 

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Certificado de Nacimiento : Errores en su llenado

A pocos días de haber asumido el cargo como Funcionario Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de uno de los principales establecimientos de salud que atiende el mayor número de partos en Lima[1], Perú, llamó  nuestra atención el elevado número de madres[2] que, a diario, acudieran a nuestras oficinas solicitando se proceda a la rectificación de los datos personales puestos en sus respectivos Certificados de Nacimiento.

 

 

Esta realidad motivó nuestro interés de conocer la cantidad de niños y niñas que en la entidad podrían estar afrontando la penosa realidad de ver condicionados su DERECHO AL NOMBRE y FILIACION y con ello sus demás DERECHOS PERSONALES a un procedimiento asistencial y administrativo,  imprescindible y previo para la inscripción de los recién nacidos en los Registros de la Oficina de Registro Civil, ubicada en las instalaciones del mismo nosocomio para inscribirlos dentro del 3er días de nacido, antes de ser dados de alta.

 

 

Como hemos sostenido en nuestro post ¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?.  El Certificado de Nacimiento es el primer documento público que acredita la condición del nacimiento de un(a) recién nacido(a) y de acuerdo a las normas que lo regulan y es emitido por el Médico o la Obstetríz que constató el nacimiento. 

 

 

Pero, ¿Cuáles eran las causas mas frecuentes que motivaban estas solicitudes de rectificación de datos en el Certificado de Nacimiento?

 

El grueso de las solicitudes era por diferencias en letras o algunos de los nombres o apellidos del padre o de la madre con el que figuraba en sus respectivos documentos de identidad, o del nombre asignado al(a) recién nacido(a); algunas otras pretendían el cambio del padre declarado dando por tal a una tercera  persona o bien que no sea consignado.

 

 

La mayoría de solicitudes reportaba que el nacimiento había ocurrido en días recientes; en menor número, estaban los ubicados en ambos extremos: nacimientos ocurridos pasados los 30 días o meses próximos y los nacimientos ocurridos años atrás.

 

 

La entidad no contaba con una información estadística oficial sobre el volumen de dichas solicitudes ni el de sus resultados. De la vasta y variadas razones que exponían en la que comenzó a levantarse,  recurrentemente se apreciaba que :

 

  • Las solicitantes atribuían que el error puesto en los nombres de algunos o ambos progenitores no era por culpa de ellas sino de la persona que llenó los datos en el Certificado de Nacimiento, lo cual referían ocurría durante el mismo momento del parto.
  • Por su parte las(os) profesionales de la salud afirmaban que las pacientes no daban los datos correctos, existiendo casos de quienes eran indocumentadas o tenían problemas para identificarse debidamente, detectándose muchos casos en que casi desconocían por completo al padre. Otras, decían sólo conocer del padre sólo un nombre, su sobrenombre o apodo.
  • Algunas madres reclamaban que el procedimiento (administrativo) para la rectificación del error puesto en el certificado de nacimiento era muy largo y generalmente declarado improcedente, lo cual les significaba llevar su pedido a un proceso judicial, del cual muchas manifestaban no atreverse a discurrir por no tener dinero inclusive para el pasaje.
  • Entre las solicitantes predominaban las madres de hijos extramatrimoniales algunas de las cuales se declaraban “solteras”, “convivientes”, y hasta “casadas” quienes, en la realidad, no siempre tenían la condición con la cual se identificaban.

 

 

El procedimiento administrativo aplicable en dicho nosocomio a los pedidos de rectificación de Certificados de Nacimiento ya lo encontramos regulado internamente por parte de la entidad, en virtud del cual,  formulada la solicitud por parte de la interesada, la Oficina de Asesoría Jurídica previa evaluación de lo aseverado y documentado, opinaba, según fuera el caso, por la procedencia o improcedencia de lo solicitado.    

 

La Directiva aplicable establecía que, en los casos que declaraba su procedencia (solicitudes por diferencias en letras o algunos de los nombres o apellidos del padre o de la madre con el que figuraba en sus respectivos documentos de identidad, o del nombre asignado al(a) recién nacido) se recomendaba que el expediente fuera  remitido a la Jefatura de la cual dependía el mismo profesional que firmó el cuestionado Certificado de Nacimiento para que proceda a emitir un nuevo certificado, en sustitución del anterior

 

 

En casos de duda, el titular de la entidad proponíamos oficiar la cooperación y/o intervención del personal de la División de Criminalística de la Policía Nacional del Perú adscrito al hospital para el cotejo de las huellas e identidades declaradas y de ser el caso, se practicaban las pericias conducentes a su mejor dilucidación. En algunas ocasiones, este procedimiento permitió detectar o comprobar  casos de suplantación de identidades, dando aviso e inmediata intervención del Ministerio Público.

 

 

En los casos en que se opinaba por la improcedencia, (cuando solicitaban cambio del padre declarado y que se consigne a otra persona), se recomendaba a la interesada hacer valer su derecho en la vía judicial, lo cual era participado a la interesada mediante escrito del titular de la entidad.

 

 

Afortunadamente, el grueso de las solicitudes resultaban amparables; razón por la cual, por su trascendencia propusimos al Titular de la entidad no sólo su continuidad sino su fortalecimiento implementando un módulo de atención ad hoc, y mejorando la difusión del privilegiado e importantísimo rol que tienen los médicos y obstetrices a quienes la Ley les ha reservado el privilegiado deber llenar el certificado de nacimiento[3] así como a los demás profesionales de la salud, Titular del establecimiento de salud, Directivos, jefes, personal asistencial, vigilantes, servidores administrativos de admisión, relaciones públicas, etc., en el respectivo ámbito de sus atribuciones, contribuyan en promover que, antes del alta por ejemplo, de igual modo como se verifica la papeleta de no adeudo, verifiquen que entre dichos documentos el(la) recién nacido(a) lleve su respectiva  Acta de Nacimiento.

 

 

Sabido es que el error puesto en el Certificado de Nacimiento en una letra o en un nombre puede significarle a un niño la absoluta exclusión de sus mas esenciales derechos como el de verse privado por muchos años del derecho al nombre, a no conocer a sus progenitores, a los alimentos, a la adecuada seguridad social, a la educación, a la herencia, a mejores oportunidades de vida, tanto mas cuando un importante número de madres son analfabetas, de extrema pobreza, solteras, o dependientes emocional y económicamente de sus parejas, o desconocen o son temerosas de acceder al procedimiento administrativo rectificatorio razones que pueden hacer mas remota aún que accedan a la rectificación del nombre en sede notarial o judicial. 

 

 

¿Es posible mejorar el procedimiento administrativo instituído?  Algunas propuestas.

 

 

La prosecución por parte nuestra de la continuidad de este servicio y procedimiento administrativo instituído ante esta permanente realidad, por parte de los colegas y gestores públicos que nos antecedieron normando cuando aún se carecía, y aún carece como de marco normativo de mayor jerarquía aprobado por parte de la autoridad competente del Ministerio de Salud, lo cual resulta de mayor necesidad para la diversidad de establecimientos de salud periféricos como del interior del país s algunos de cuyos profesionales inmersos en esta noble función hemos tenido la oportunidad de absolver inquietudes relacionadas, razón por la cual, en tanto, entonces como ahora nos ratificamos en la necesidad que el Procedimiento Administrativo de Rectificación de Certificados de Nacimiento en la Directiva interna que el establecimiento de salud posea se fortalezca adicionando, entre otros  :

 

  • Que, a partir del titular de la entidad se propicie toda acción conducente a mejor difundir, sensibilizar y lograr la interactiva y permanente participación activa de los profesionales y servidores de la salud, tanto asistenciales como administrativos, de la RENIEC, de la Policía Nacional, de la Fiscalía de Familia en el conocimiento y manejo de este significativo procedimiento.

 

  • Que, desde la primera atención que reciba una embarazada, se identifique debidamente a ambos progenitores, anexando, en la medida de lo posible en las Historias Clínicas, copia de los documentos de identidad de ambos sea porque presenten copias o porque se obtenga vía Internet de la Base de Datos de la RENIEC, lo cual podría disuadir o disminuir al cambio de identidades;

 

  • Que, el llenado del certificado de nacimiento no sea necesariamente cuando la madre se encuentra en la fase y con los dolores propios del alumbramiento;

 

  • Que, los datos de los progenitores sean VERIFICADOS con los documentos de identidad que aparezcan en la Historia o con la información en línea que ofrece la RENIEC;

 

  • Que, los Certificados de Nacimiento emitidos sean REVISADOS por la Jefatura de turno contrastando con la identidad con la copia del documento de identidad de ambos progenitores;

 

  • Que, las solicitudes de rectificación del Certificado de Nacimiento concluyan con la emisión de una Resolución declarando la procedencia o improcedencia, según sea cada caso.

 

  • Que, cuando la solicitud sea declarada procedente, la rectificación debe practicarse, marginalmente, en el mismo Certificado de Nacimiento y consignando como sustento el Nº y fecha de la Resolución autoritativa.

 

  • Que, sólo en casos excepcionales debía emitirse nuevo Certificado de Nacimiento consignándose igualmente el Nº y fecha de R.D. autoritativa.

 

  • La misma R.D. disponía la rectificación marginal de los datos consignados en la misma Historia clínica, en la Base de Datos informática, en los libros y Registros hospitalarios. Ello a efecto de minimizar los errores de registro, que una persona tuviera dos historias clínicas con distintas identidades, lo cual podría evidenciarse cuando acudiera a la siguiente atención o cuando solicitara una constancia de nacimiento.

 

  • Que, se determine o asigne a una persona que actúe como facilitador y verificador de estos expedientes desde su inicio hasta la culminación;

 

  • Que, estas solicitudes y sus resultados sean incorporados como parte de las estadísticas de la entidad;

 

  • Que, el alta del(a) recién nacido(a) con la respectiva Acta de Nacimiento, mas allá del cumplimiento de la norma que así lo establece pase a formar parte de la política pública de los establecimientos de salud. 

 

  • Que, la entidad eleve  al  Ministerio de Salud la Directiva para su mejor regulación, aprobación y de considerarlo, de aplicación y alcance en los demás establecimientos de salud del país. 

 

 

Hemos seguido por los medios, el sensible y dramático caso de Claudina Herrera cuya recién nacida hija fue inscrita como si fuera su hija por  la principal involucrada en el homicidio de aquella con cuyas falsedades consiguió comprender en el proceso penal, afortunadamente sólo de manera temporal,  a la obstetríz que emitió el certificado de nacimiento cuya ingrata experiencia resulta un valioso insumo para minimizar situaciones como la afrontada y ser incorporadas en la parte pertinente de la Directiva.

 

 

 

Siempre nos viene al recuerdo, la dama de notorio aspecto provinciano de mas 40 años quien habiendo  hecho un alto a su jornada como vendedora en la el gran Mercado de la Parada, con toda naturalidad y chanza nos comentó que venía a inscribir sola a su hijo pues lo tuvo por un “chiripazo” que tuvo en una fiesta costumbrista, pero quien al explicarle la importancia para el niño que conozca a su padre, con el mismo ímpetu que llegó se fue para retornar con él reconociéndolo ambos ese mismo día, gesto que entonces como ahora, demostró cómo la incorporación de un diminuto valor agregado al servicio y funciones oficialmente establecidas probablemente pudo arrancar a un niño de las gruesas filas[4] de quienes no llegan a conocer a su progenitor y probablemente a contribuir a mejor consolidar su familia.

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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# 985 483 172 (RPM)

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Lima, 21 de Abril del 2013

 


[1] Por entonces, mas de 70 nacimientos por día

[2] Un promedio diario de 10

[3]REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL aprobado por DECRETO SUPREMO Nº 015-98-PCM

 

Artículo 25.- Es deber y derecho del padre y la madre inscribir de manera individual o conjunta a sus hijos recién nacidos, dentro de los plazos establecidos en los Artículos 23 y 24 de este Reglamento, para lo cual acompañaran cualquiera de los siguientes documentos:

 

a) Certificado de nacimiento expedido por profesional competente o constancia otorgada por persona autorizada por el Ministerio de Salud, de haber atendido o constatado el parto.

b) Declaración Jurada de la autoridad Política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento, dentro del plazo de 30 días de ocurrido el mismo, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exista profesional u otra persona competente que pueda atender o constatar el parto.

 

Se entiende por profesional competente al médico, obstetra o enfermero con título reconocido por el Estado

 

[4]A quienes la UNICEF hace alusión en su último Informe “Excluidos e invisibles” precisa que asciende a más de 50 millones de niños y niñas los que comienzan su vida sin ninguna identidad porque nadie les inscribe al nacer.

 

 
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Publicado por en noviembre 2, 2008 en Derecho de Familia

 

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