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FALTAS ADMINISTRATIVAS EN EL T.U.O. DE LA LEY 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

Vas a una entidad pública, intentas presentar tu solicitud,  la cuestionan o rechazan; presentas tu solicitud  te indican regresar en tantos días,regresas en la fecha señalada  no obtienes respuesta, vuelves a ir una y otra vez; no hay cuando te respondan, o la respuesta es sumamente tardía o no resuelve lo que solicitas.

La Constitución establece que es un derecho fundamental de la persona humana el derecho de petición y a obtener respuesta por parte d ela autoridad competente en el plazo de Ley; asi lo regulan también las diversas leyes relacionadas. 

Al otro lado del escritorio, el documento fue recibido por trámite documentario y trasladado  a la oficina que corresponde atender lo solicitado, donde reparan a la vez que se requiere una o más opiniones técnicas de otras oficinas, antes de dar respuesta al interesado.

El interesado consigue llegar a hablar con quien tiene su expediente, el funcionario o servidor que tiene el expediente le indica que recién se lo han entregado,que está con recargadas labores atrasadas, no funciona su computadora, o que quien lo tiene está de vacaciones o licencia, habrá que esperar que retorne,etc, etc.

Cuantos casos asi  ocurren a diario las Entidades públicas, como en las empresas que brindan servicios públicos.

Cada una de las conductas arriba graficadas pueden configurar faltas administrativas,por ende, susceptibles de ser reclamadas y atendidas y sobre todo SOLUCIONADAS por el Titular de la Entidad directamente o a través de los servidores o funcionarios  que él delegue; caso contrario, ser denunciadas   ante la Secretaría Técnica de Apoyo a las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario, la cual con la verificación de la denuncia podría recomendar las medidas correctivas como si existe o no la necesidad de Aperturar Procedimiento Administrativo contra los servidores o funcionarios infractores.

Este post mas que promover las denuncias tiene el propósito que tanto los ciudadanos- administrados como los servidores y funcionarios recuerden que conductas son necesarias modificarlas para evitar ser denunciados.

El Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General , en el capítulo relacionado a la  “Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública” establece de modo expreso que conductas que constituyen Faltas Administrativas

Artículo 259.- Faltas administrativas

259.1.Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

2.No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

3.Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

6.No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

7.Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

8.Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral 169.1 de este TUO.

11.No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.

12.Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.

13.Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.

14.Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1)UIT, sin contar con autorización previa.

15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.

16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.

17.Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.

18.Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.

19.Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

20.Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134;

21.Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.

22.Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

259.2. Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 253 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.

Importa también tener en consideración que esta Ley ha previsto en el Artículo 263° la posibilidad que el administrado pueda formular  Denuncia por delito de omisión o retardo de función ante el Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función. Para ello el Ministerio Público, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido. b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

Celular       985 483 172

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com 

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

               (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

Derecho Administrativo

Lima, 3 de diciembre 2018

 

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS, RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE TEMAS DE (II)

 

                                                                                                                         Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

Nulidades en el proceso disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario (PAD) como la sanción impuesta, puede ser declarado nulo a pedido de parte (efectuado por el procesado, su abogado  o su representante legal) o de oficio, por la autoridad jerárquicamente superior (en caso de amonestación escrita) o el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR, (en caso de suspensión o destitución) si se encuentra incurso en alguna de las causales de Nulidad del Acto Administrativo previstos en el Artículo 10 de la Ley o del TUO de la Ley 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

  1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
  2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
  3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.
  4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asi, es Nulo si el acto administrativo que no contiene los requisitos de validez previstos en el Art. 3 de la indicada Ley:

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

  1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
  2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
  3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
  4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
  5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

 

En ese sentido, puede declararse la Nulidad del PAD o de la sanción impuesta, entre otras razones: cuando ya ha prescrito la falta, o si se impone sanción sin la investigación preliminar y/o el PAD previo; si investigación preliminar y/o el PAD son llevados a cabo por autoridad incompetente, o sin reunir las formalidades o requisitos establecidos por la Ley 30057; si se apertura por una falta y se sanciona por otra distinta, o cuando el PAD es llevado en forma irregular en contravención con los principios que informan al procedimiento sancionador o la sanción resulta desproporcional a la falta cometida, etc.

 

Perú, derecho de petición

La Constitución  reconoce a todo(a) ciudadano (a) peruano(a) el derecho a pedir el respeto de sus derechos humanos previstos en los Artículos 1, 2, 3, 26 y siguientes de la Constitución.

De manera específica  el Art. 2, inciso 20) reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

 

El TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General precisa:

Artículo 115.- Derecho de petición administrativa

115.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

 

115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

 

115.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.  Tal derecho impone a la administración el deber de:

  1. a) “Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho de petición sin trabas absurdas o innecesarias.
  2. b) Abstenerse de cualquier forma o modo de sancionar al peticionante, por el solo hecho de haber ejercido dicho derecho.
  3. c) Admitir y tramitar el petitorio.
  4. d) Resolver en el plazo señalado por la ley de la materia la petición planteada, ofreciendo la correspondiente fundamentación de la determinación.
  5. e) Comunicar al peticionante la decisión adoptada” (STC 01042-2002-AA/TC, fundamento 2.2.4, último párrafo).

A la vez,  el pedir documentación o información que posea la entidad no requiere expresar la causa, es decir, sin necesidad de justificar para que se solicita dicha documentación.

Asimismo,  pedir documentación o información que posea la entidad  no obliga a que la entidad produzca la  información que solicita.

Los pedidos formulados por el ciudadano o administrado, deben ser respondidos por la autoridad administrativa dentro del plazo establecido por la Ley, bajo responsabilidad administrativa y funcional de ser sancionados conforme al PAD establecido por la Ley 30057, Ley de Servicio Civil como la que resulte aplicable, pudiendo dar lugar a la denuncia del titular de la entidad ante la Fiscalía Penal, en caso de incumplimiento .

 

Importante es saber que el derecho de petición apareja el deber del administrado de proceder con la verdad y apego a la Ley, caso contrario el pedido puede cual boomerang resultarle adverso con implicancias administrativas, penales como civiles si ese fuera el caso.

 

Artículo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:

 

  1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental

 

  1. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.

 

  1. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

 

  1. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

 

 

 

 

Órgano Sancionador

En el Régimen Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario previsto en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, aplicable a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057:

Es el Jefe Inmediato del servidor procesado, si la sanción es de amonestación verbal o escrita

El Jefe de la Oficina de Personal si la sanción consiste en suspensión si goce de remuneraciones desde un día hasta un año.

El Titular de la entidad si la sanción consiste en destitución.

 

 

Sanción por agresión verbal

Para sancionar válidamente a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057, se requiere que previamente exista una Investigación Preliminar a cargo del Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien de concluir en que el denunciado le asiste presunta responsabilidad administrativa podrá recomendar se le aperture PAD ante la cual ejerza su derecho a defenderse del cargo imputado, a cuyo término, de no desvirtuarla, se le impondrá la sanción que resulte proporcional a la gravedad de la falta incurrida.

Si se sanciona prescindiendo del procedimiento antes indicado, la sanción se encontraría incursa en Nulidad de pleno derecho, legitimando al procesado a impugnarla con invocando su nulidad.

 

¿Que pasa con el funcionario de institución pública que  ha sido denunciada por acoso?

Si la denuncia es en la vía penal será investigado y de ser el caso procesado judicialmente, de ser hallado culpable podría ser condenado a pena restrictiva de la libertad.

Si la denuncia es en la vía administrativa podría ser sometido a investigación dentro de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, si lo encuentran culpable en la vía administrativa podrían sancionarlo con amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o destitución.

 

 

¿Dónde me quejo de una notaría en Perú?

Dependiendo de lo que se trate en el Libro de Reclamaciones de la misma Notaría, el cual está sujeto a la intervención del Notario como del Indecopi; pudiendo recurrir también ante el Colegio de Notarios como ante el Colegio de Abogados, si se tratara de un acto propio del Abogado Notario.

 

¿Dónde denunciar una estafa o fraude de la alcaldía (catastro)?

La estafa o fraude es un delito,  por tal razón, debe ser denunciado ante la Fiscalía Penal ; sin embargo si evaluados los hechos  se concluye que se trata de un delito de corrupción de funcionarios la Fiscalía competente será la Fiscalía Anticorrupción, lo cual implicará la necesaria intervención previa de la Contraloría General o a través del Órgano de Control Institucional de la entidad.

Lo anterior no impide que puedas denunciar la conducta del servidor ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad .

 

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                  ABOGADO

 

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio :   Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

 

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