REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

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Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

 

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

 

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

 

 

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Cómo se otorga el Poder General?

 

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

 

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

 

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 

¿Para qué sirve el Poder General?

 

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

 

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

 

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

 

 

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

 

Según sea la mejor elección del Administrado:

 

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

 

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

 

Debes saber que :

 

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 11 de marzo del 2018

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General


NOMBRE Y RECONOCIMIENTO DE HIJO

 

 

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

 

¿Qué puedo hacer si mi nombre en mi DNI es José Sebastián Bartolomé y mi Acta de Nacimiento tiene nada más un nombre dónde acudir?

Tendrás que hacer un proceso judicial por Rectificación de Nombre

 

 

Un padre en prisión puede darle apellido a un hijo recién nacido

Si. La prisión no le cercena el derecho como padre.

 

Reconocí a mi sobrino como hijo ¿Que trámite debo seguir para que mi hermano lo firme en su partida de nacimiento en Perú?

Tu hermano debe pedir la nulidad del reconocimiento dentro de un proceso judicial.

 

Se puede registrar a un bebé sin la presencia del padre en Perú?

Si.

La Ley  asi  le faculta a la mamá, quien podrá inscribir su nacimiento en RENIEC  consignando el apellido del padre o sólo el de ella.

 

Cualquiera que fuera su decisión no le impide más adelante, demandar judicialmente al padre para que proceda a reconocerlo y darle alimentos  a su hijo.

 

¿Cómo hacer en casos que el padre no firma al recién nacido?

La madre puede demandar judicialmente al padre para que proceda a reconocerlo y darle alimentos  a su hijo.

 

En  Perú, ¿si la madre registra a un niño sin padre que apellido llevaría?

Todo niño tiene un padre, necesariamente.

Lllevará el apellido del padre o de la madre, según ella lo decida.

 

¿Cómo firmar reconociendo a mi hijo cuando otra persona lo firmó en Perú?

Previamente deberás pedir la Nulidad de dicho reconocimiento dentro de un proceso judicial.

De acreditarse tu  paternidad con el examen de ADN dentro de ese proceso judicial, el Juez declarará la Nulidad del Reconocimiento y dispondrá a RENIEC proceda a emitir nueva Acta de Nacimiento con tus nombres y apellidos.

 

Mi hija tiene 50 días de nacida su papa la quiere reconocer

No hay inconveniente para que la reconozca el trámite es personal, inmediato y gratuito, bastará que ambos padres acudan con sus DNI ante la Oficina de RENIEC.

 

¿Puede mi pareja de unión de hecho demandarme por deuda?

Puede demandarte, si no está acreditado el reconocimiento de  la Unión de Hecho.

 

¿Puedo ponerle el apellido de papá mi hijo después de siete meses de nacimiento?

Si , voluntariamente, yendo conjuntamente contigo a RENIEC o demandándolo judicialmente por Filiación Extramatrimonial .

 

Quiero  cambiar el apellido RENIEC

El cambio de apellidos no se hace ante la RENIEC sino ante el Poder Judicial. No procede a la sola voluntad o deseo del peticionante, sino que existan legalmente razones para que el Juez asi lo ampare, sea en caso de errores en el apellidos o cuando este resulte probadamente vergonzoso u ofensivo, el Juez determnará la procedencia o no de lo solicitado.

 

Una hijo de 20 años que este estudiando satisfactoriamente  tiene derecho a la pension?

La respuesta es afirmativa, siempre que así lo acredite documentadamente.

 

Conviviente tarda 10 años en reclamar pensión

El pedido de la pensión es imprescriptible.

 

Si consideras,  puedes llamarnos o escribirnos para reservar cita.

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

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Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

 

 

 

Derecho de Familia/Unión de Hecho

 

Lima, 2 de diciembre del 2017

DENUNCIAS

por RICARDO AYALA GORDILLO

 

 

¿Como denunciar a un funcionario público?

La denuncia puede ser hecha verbalmente o por escrito.

Dependiendo de la naturaleza de lo que se va a denunciar:

Si es por faltas administrativas cometidas por  funcionarios o servidores en los procedimientos o trámites administrativos a su cargo   : ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario o ante el superior jerárquico.

Si es por mal uso de los recursos públicos  en la gestión o compras públicas  : Ante la Contraloría General o ante los  Organos de Control Institucional (OCI) que hay en cada entidad.

Si es por faltas o delitos de otras personas : ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de turno de donde se produjo el hecho.

Si es contra Policias: ante  la Inspectoría de la Policía Nacional

 

Si es contra Jueces o Fiscales: Ante el respectivo Organo de Control .

 

Si es por hechos de conocimiento público:   Puede recurrirse también a los medios de comunicación.

 

Si es por mala prestación de seguros, servicios de salud, educativos, trnsportes, agua, luz , telefonía o internet, de empresas : ante las mismas entidades o empresas; en caso de no encontrar pronta respuestas o no encontrarse satisfecha con la respuesta, ante las respectivas  instancias superiores:Superintendencia, de Bancas y Seguros, SUSALUD,  UGEL , SUTRAN, o del Organo Supervisor, OSINERGMIN, INDECOPI, etc.

 

En todos los casos, es necesario actuar con la verdad y claridad en que consiste la denuncia, adjuntando o precisando   las pruebas en las cuales se sostiene la denuncia.

La entidad está obligada a dar respuesta al denunciante del resultado de la denuncia.

Siempre es aconsejable contar con  orientación legal de Abogado.

 

Incumplimiento en Contrataciones del Estado Perú.

Para los funcionarios y servidores: Deben supervisar la adecuada ejecución contractual  de los proveedores; caso contrario, las omisiones no solo pueden significar responsabilidades administrativas sino ser comprendidos  en responsabilidades civiles y esencialmente penales, lo cual es preciso evitar.

 

Para los proveedores: puede dar lugar a la pérdida de las garantías otorgadas, ser sancionados con  inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 5 años además de responder  las acciones civiles por los daños y perjuicios que se hubiera causado.

 

Para los usuarios: No recibir o recibir  malos bienes  o servicios

 

Después del hecho en cuanto tiempo se pasa memorándum

De inmediato, debe pedírsele un informe documentado sobre el hecho que lo motiva precisando que la respuesta sea dentro de un plazo no mayor de 3 a 6 días.

Con ello se tiene una versión más clara de los hechos, se garantiza el derecho a la defensa del empleado servidor y queda o desvirtuado o  esclarecida la situación, o bien si se trata de una falta puede apreciarse si esta es grave o leve.

En el caso de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 30057, 276, 728 y 1057,  el Jefe o quien conozca el hecho puede denunciar o ponerlo en conocimiento de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) por ser legalmente la llamada a precalificar las denuncias y disponer su archivamiento si no reviste el carácter de falta o si solo ameritaría una amonestación verbal o bien emitir Informe Preliminar recomendando la apertura del PAD, -en los casos que si ameritase amonestar por escrito, suspensión al servidor con un día o hasta un año sin goce de remuneraciones o bien destitución- Informe que deberá remitir al Jefe inmediato o al Jefe de Personal según fuera el caso de quien actuará como Órgano Instructor quien previo estudio del mismo será quien determine y disponga la apertura del PAD  o bien apartarse de lo recomendado por el ST, en cuyo caso deberá fundamentar su decisión.

 

En el caso de los empleados de empresas privadas se encuentran al régimen del D.Leg. 728 el Gerente de la empresa o quien tenga facultades delegadas les deberá cursar preaviso de despido imputando la presunta falta grave, precisando los días que tiene para absolver el cargo imputado pudiendo exonerarlo de concurrir en esos días, solo en caso que no se desvirtuara la falta podría despedir al empleado. Si el despido es arbitrario el empleado podrá demandar al empleador.

 

 

¿Ante que fiscalía se denuncia a los funcionarios?

Si se trata de presuntos delitos comunes ante la Fiscalía Penal de turno, si se trata de delitos de corrupción contra la Fiscalía Anticorrupción.

 

Si yo ganara un proceso administrativo como policía ¿puedo reclamar el daño moral y en que lugar?

Dentro de un proceso judicial que deberás interponer con dicho fin; no bastará que alegues el daño moral sino acreditar el sufrimiento, entre otras pruebas, con el respectivo informe psicológico.

 

¿Puedo denunciar  un mal procedimiento de embargo?

Puedes impugnar el realizado dentro del respectivo proceso judicial; e independientemente de ello, denunciar a quienes participaron ilegal o irregularmente.

 

¿Dónde puedo poner una denuncia de un robo? ya que la inspectora no hace nada.

Si se trata de un robo debes denunciar ante la Comisaría o la Fiscalía Penal.

 

¿Cómo denunciar una conducta indebida de un policía de tránsito?

Ante la Inspectoría de la Policía Nacional, por escrito, con la verdad, precisando los hechos fecha y hora como adjuntando los medios probatorios u ofreciendo a los testigos que vieron o escucharon directamente los hechos.

 

¿Cómo denunciar anónimamente contra Ministerio Público?

Las denuncias por lo usual requieren como requisito indispensable la debida identificación de quien denuncia; salvo que la Ley y dependiendo del tipo de caso que denuncies, a tu pedido,  permita proteger tu identidad.

 

Recurso de Reconsideración ¿ se redacta como demanda o como reclamo?

Con la estructura de una demanda y a manera de reclamo respetuoso, precisando de manera puntual porque razón no estas de acuerdo con la decisión adversa que recurres.

Para que te concedan la posibilidad de evaluar tu reconsideración  es imprescindible que  aportes nueva o nuevas pruebas que no se encuentran en el expediente.

Satisfecho ese requisito, ten presente que la Reconsideración está orientada a que la misma autoridad que antes denegó tu pedido pueda volver a revisar cuanto ha decidido y con tus fundamentos y nuevas pruebas aportadas, rectifique su originaria decisión a tu favor.

Si bien ahora, a partir del vigencia el D.Leg. 1272 ya no se requiere que como requisito los recursos deban llevar firma de abogado, siempre es aconsejable que seas asesorada por el abogado de tu preferencia .   en dinde puedo poner una denuncia de un robo ya que la inspectora no hace nada

 

¿Cuantos días hábiles tiene una institución para contestar un escrito?

De tres a 7 dias hábiles.

La Ley 27444 en su Artículo establece: “No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor”.

 

¿Uno debe aceptar o no que anda con licencia falsa?

Siempre debe primar la verdad.

Elaborar o usar documentos falsos como si fueran verdaderos o declarar falsedades  constituye  delito contra la Fé Pública. Dentro de un proceso o investigación la confesión sincera puede rebajarte la sanción o pena a imponer.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS, RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE TEMAS DE (II)

 

                                                                                                                         Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

Nulidades en el proceso disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario (PAD) como la sanción impuesta, puede ser declarado nulo a pedido de parte (efectuado por el procesado, su abogado  o su representante legal) o de oficio, por la autoridad jerárquicamente superior (en caso de amonestación escrita) o el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR, (en caso de suspensión o destitución) si se encuentra incurso en alguna de las causales de Nulidad del Acto Administrativo previstos en el Artículo 10 de la Ley o del TUO de la Ley 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

  1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
  2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
  3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.
  4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asi, es Nulo si el acto administrativo que no contiene los requisitos de validez previstos en el Art. 3 de la indicada Ley:

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

  1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
  2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
  3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
  4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
  5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

 

En ese sentido, puede declararse la Nulidad del PAD o de la sanción impuesta, entre otras razones: cuando ya ha prescrito la falta, o si se impone sanción sin la investigación preliminar y/o el PAD previo; si investigación preliminar y/o el PAD son llevados a cabo por autoridad incompetente, o sin reunir las formalidades o requisitos establecidos por la Ley 30057; si se apertura por una falta y se sanciona por otra distinta, o cuando el PAD es llevado en forma irregular en contravención con los principios que informan al procedimiento sancionador o la sanción resulta desproporcional a la falta cometida, etc.

 

Perú, derecho de petición

La Constitución  reconoce a todo(a) ciudadano (a) peruano(a) el derecho a pedir el respeto de sus derechos humanos previstos en los Artículos 1, 2, 3, 26 y siguientes de la Constitución.

De manera específica  el Art. 2, inciso 20) reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

 

El TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General precisa:

Artículo 115.- Derecho de petición administrativa

115.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

 

115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

 

115.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.  Tal derecho impone a la administración el deber de:

  1. a) “Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho de petición sin trabas absurdas o innecesarias.
  2. b) Abstenerse de cualquier forma o modo de sancionar al peticionante, por el solo hecho de haber ejercido dicho derecho.
  3. c) Admitir y tramitar el petitorio.
  4. d) Resolver en el plazo señalado por la ley de la materia la petición planteada, ofreciendo la correspondiente fundamentación de la determinación.
  5. e) Comunicar al peticionante la decisión adoptada” (STC 01042-2002-AA/TC, fundamento 2.2.4, último párrafo).

A la vez,  el pedir documentación o información que posea la entidad no requiere expresar la causa, es decir, sin necesidad de justificar para que se solicita dicha documentación.

Asimismo,  pedir documentación o información que posea la entidad  no obliga a que la entidad produzca la  información que solicita.

Los pedidos formulados por el ciudadano o administrado, deben ser respondidos por la autoridad administrativa dentro del plazo establecido por la Ley, bajo responsabilidad administrativa y funcional de ser sancionados conforme al PAD establecido por la Ley 30057, Ley de Servicio Civil como la que resulte aplicable, pudiendo dar lugar a la denuncia del titular de la entidad ante la Fiscalía Penal, en caso de incumplimiento .

 

Importante es saber que el derecho de petición apareja el deber del administrado de proceder con la verdad y apego a la Ley, caso contrario el pedido puede cual boomerang resultarle adverso con implicancias administrativas, penales como civiles si ese fuera el caso.

 

Artículo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:

 

  1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental

 

  1. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.

 

  1. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

 

  1. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

 

 

 

 

Órgano Sancionador

En el Régimen Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario previsto en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, aplicable a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057:

Es el Jefe Inmediato del servidor procesado, si la sanción es de amonestación verbal o escrita

El Jefe de la Oficina de Personal si la sanción consiste en suspensión si goce de remuneraciones desde un día hasta un año.

El Titular de la entidad si la sanción consiste en destitución.

 

 

Sanción por agresión verbal

Para sancionar válidamente a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057, se requiere que previamente exista una Investigación Preliminar a cargo del Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien de concluir en que el denunciado le asiste presunta responsabilidad administrativa podrá recomendar se le aperture PAD ante la cual ejerza su derecho a defenderse del cargo imputado, a cuyo término, de no desvirtuarla, se le impondrá la sanción que resulte proporcional a la gravedad de la falta incurrida.

Si se sanciona prescindiendo del procedimiento antes indicado, la sanción se encontraría incursa en Nulidad de pleno derecho, legitimando al procesado a impugnarla con invocando su nulidad.

 

¿Que pasa con el funcionario de institución pública que  ha sido denunciada por acoso?

Si la denuncia es en la vía penal será investigado y de ser el caso procesado judicialmente, de ser hallado culpable podría ser condenado a pena restrictiva de la libertad.

Si la denuncia es en la vía administrativa podría ser sometido a investigación dentro de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, si lo encuentran culpable en la vía administrativa podrían sancionarlo con amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o destitución.

 

 

¿Dónde me quejo de una notaría en Perú?

Dependiendo de lo que se trate en el Libro de Reclamaciones de la misma Notaría, el cual está sujeto a la intervención del Notario como del Indecopi; pudiendo recurrir también ante el Colegio de Notarios como ante el Colegio de Abogados, si se tratara de un acto propio del Abogado Notario.

 

¿Dónde denunciar una estafa o fraude de la alcaldía (catastro)?

La estafa o fraude es un delito,  por tal razón, debe ser denunciado ante la Fiscalía Penal ; sin embargo si evaluados los hechos  se concluye que se trata de un delito de corrupción de funcionarios la Fiscalía competente será la Fiscalía Anticorrupción, lo cual implicará la necesaria intervención previa de la Contraloría General o a través del Órgano de Control Institucional de la entidad.

Lo anterior no impide que puedas denunciar la conducta del servidor ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad .

 

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                  ABOGADO

 

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio :   Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

TALLER :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

Ponente         :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

 Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

 

Fechas y Horas  :

Sábado 7 de Enero del 2017

De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6 pm.

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           12 horas académicas

Costo             :           S/. 300.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  270.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 250.00 soles por participante

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y coordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al

RPM      # 985  483  172

RPC         994 948 189

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 11 de Diciembre 2016

RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE TEMAS DE FAMILIA Y REGIMEN SANCIONADOR

 

 

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

DONDE SE SACA LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE MUJER ANALFABETA?

Ante la Oficina de la RENIEC con las personas que la conozcan y den información cierta sobre tu nacimiento.

 

COMO PRUEBO LA UNION DE HECHO?

Con la declaración notarial o sentencia judicial debidamente inscrita ante RENIEC y Registros Públicos .

Si no has obtenido aún lo anterior, debes reunir cuanto medio probatorio constituyan documentos libres de dudas y testigos acrediten que ambos no tienen impedimento pasa casarse y que han vivido por mas de dos años como casado en el mismo domicilio.

Todos ellos serán valorados por el Abogado antes de preparar la solicitud pidiendo ser reconocida en tu Unión de Hecho.

 

COMO ACREDITAR QUE SOY HIJA SIN ACTA DE NACIMIENTO?

Tienes que seguir un proceso judicial de reconocimiento como tal por parte de los ascendientes de los padres.

 

ME PUEDO CASAR CON UN HOMBRE Q HAYA FIRMADO UNION DE HECHO?

Puedes, como también tener problemas en tanto no haya formalizado oficialmente el fin de su Unión de Hecho que antes hubiera tenido con otra persona.

 

EN DONDE SE DENUNCIA A UN JUEZ DE LO FAMILIAR?

Verbalmente o por escrito ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) o en la ODECMA que se ubica en toda sede de la Corte Superior del Poder Judicial .

 

DE QUE TRATA LA LEY 30275,?

Modifica el texto único ordenado de la Ley 26260, Ley de protección frente a la violencia familiar, para prohibir la posesión y uso de armas de fuego a los sentenciados por violencia familiar publicada en el diario Oficial El Peruano el 30/11/2014.

A CUAL AUTORIDAD ACUDIR PARA Q CHEQUEEN A TU HIJO VIOLADO?

Ante el establecimiento de salud u hospital mas cercano o la Comisaría Nacional de Perú o la Fiscalía Penal de Turno.

COMO SE HACE PARA DENUNCIAR A UN MILITAR EN PERU?

Acude a la Inspectoría de la Fuerza Armada a la cual pertenece si es que se tratra de un acto de función.

Si se trata de un delito común ante la Fiscalía Penal del lugar donde ocurrió el hecho o donde aquel vive.

 

QUE FUNCIONARIOS DEPENDENCIA Y ORGANOS SE ENCARGAN DE LAS CONTRATACIONES EN PERU?

En las entidades públicas el Jefe y servidores que laboran en las denominadas Oficinas de Logística.

 

MI HIJITA ES LA HEREDERA UNIVERSAL DE SU PAPA SI ASI DICE EL  TESTAMENTO?

Siempre que no exista cónyuge, conviviente u otros hermanos, respuesta es afirmativa. Caso contrario aquellos tendrán derecho a impugnar  y reclamar sus respectivos derechos a heredar.

 

MEMORANDUN LLAMADA DE ATENCION MINEDU

Si se trata de docente comprendido en la Ley de Reforma del Magisterial, no se encuentra prevista como sanción, como puedes verificar en el Reglamento de la indicada Ley en su Artículo 43:

Sanciones

Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Las sanciones son:

  1. Amonestación escrita.
  2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
  3. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treintay un días (31) hasta doce (12) meses.
  4. Destitución del servicio.

Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

 

QUE DICE EL ARTICULO EL ARTÍCULO 115.1 DELA LEY N° 27444

Está referido a la CARTA PODER con la cual el administrado otorga PODER GENERAL a quien elige REPRESENTARLO en un procedimiento que viene realizando ante la Administración Pública:

“115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado”.

QUE PASA CUANDO LOS PADRES NO INSCRIBEN A SUS HIJOS HAY ALGUNA MULTA?

NO, pero se afecta el derecho a la identidad del bebé y con ello imposibilita la adecuada atención al menor,

 

SI HE HECHO UNA DECLARACION DE UNION MARITAL DE HECHO EN UNA CIUDAD PERO SI YA NO VIVO EN ESTA CIUDAD PUEDO HACER LA DECLARACION DE TERMINACION DE ESTA UNION MARITAL DE HECHO EN LA CIUDAD QUE VIVO ACTUALMENTE

La Declaración o Sentencia de Unión de Hecho es inscrita en RENIEC como en los Registros Públicos, ante las cuales deberá inscribirse el Fin de la misma, siguiendo igual procedimiento que para la inscripción.

 

QUE PASA SI NO ME LLEGA LAS PAPELETAS A MI DIRECCIÓN Y QUIERO ANULAR EL AUMENTO DE PAPELETAS EN LIMA Y CALLAO

Si no te llegan formula tu reclamo ante el SAT.

Si te llegan las que no corresponde devuélvelas preferiblemente mediante Carta Notarial al SAT independientemente de la denuncia ante el PAD de la entidad que las emite.

 

MEMO AL TRABAJADOR POR LEER DOCUMENTOS PRIVADOS EN PERU?

NO corresponde remitir Memo, sino denunciarlo ante la Secretaría Técnica del PAD, quien luego de investigarlo probablemente le abrirá PAD y propondrá la respectiva sanción a aplicarle, previo PAD, por parte del Organo Sancionador.

 

QUIEN ME BRINDA EL ACTA DE NACIMIENTO EN EL PERU?

La RENIEC.

 

SI EL ACTA DE MATRIMONIO DICE QUE ESTOY EN UNION LIBRE, ES VALIDO?

Es contradictorio que asi consigne el Acta de Matrimonio, debes promover la rectificación respectiva.

 

SI SOY SERVIDOR PUBLICO DE CARRERA PUEDO RECLAMAR POR HABERSEME PUESTO A DISPOSICION DE PERSONAL?

Si, sobre todo si ha sido realizado arbitrariamente.

 

LLAMADA DE ATENCION ES SANCION?

En Perú  suele llamarse así a lo que la Ley denomina Amonestación Verbal o Amonestación Escrita, la cual para ser válida, se impone como resultado de haber otorgado previamente el derecho a la defensa del servidor o funcionario,  dentro del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD).

En este sentido, la respuesta es afirmativa, siempre que estuviera asi previsto en el Reglamento Interno de Trabajo o en la Ley que regula la relación laboral o contractual.

De no ser asi, revela la intencionalidad por parte de quien la impone, habilitando al servidor a impugnarlo planteando la respectiva Nulidad por no haberse ceñido al debido procedimiento establecido por Ley.

 

 

Gracias por escribir y difundir el blog.

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

Reservación del dia y hora de CITA:

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Twiter:     @ricardoayalago

RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS VII

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

1. Si mi conviviente me bota del domicilio conyugal que puedo hacer Perú

Puedes optar por irte o por no irte, mas en ambos casos es aconsejable que ambos procuren llegar aj un acuerdo armonioso, preferiblemente con el concurso de Abogado que apoye a ambos en el común objetivo y no necesariamente terminar como enemigos irreconciliables, especialmente si hay hijos menores de edad.

Si esta es tu opción cuenta puedes contratar  mis servicios legales.

De no prosperar lo anterior puedes considerar pedir, garantías, denunciarlo por Violencia Familiar y entablar la demanda judicial a que hubiera lugar.

  1. Cómo niego un hijo extrajudicial si nació cuando estaba casada y separada

El cónyuge con quien estabas casada, es quien deberá interponer la correspondiente acción judicial, con el necesario concurso de Abogado

  1. Puedo ponerle el apellido de su papa sin estar presente cuando nazca el bebé?

En Perú si, la madre puede inscribir a su hijo sólo con sus apellidos o bien dando los apellidos del padre. Luego de lo cual, el padre biológico podrá reconocerlo voluntariamente o bien tu puedes demandarlo por Filiación Extramatrimonial y por Alimentos para el bebé.

  1. Puede una madre poner el apellido en RENIEC del padre sin haberlo firmado

Si. Procede como indiqué en la respuesta anterior.

 5. Una mujer que tiene conviviendo cuatro años con su pareja tiene derecho a recibir algo si se separa?

Si, tendrías derecho al 50% de los bienes adquiridos dentro de dicho periodo y/o INDEMNIZACION, para lo cual debes saber que:

En Perú, son CONVIVIENTES el hombre y  mujer sin impedimento para contraer matrimonio civil(soltero, viudo o divorciados) que por mas de dos años viven como si fueran casados.

Quienes se encuentran en esta condición, mientras se encuentran en armoniosa relación es aconsejable que contraten Abogado   para obtener su DECLARACION DE UNION DE HECHO ante Notario Público.

Quienes viven en esta condición pero en mala relación, o cuando uno de ellos se ha marchado de la casa o ha fallecido deberá contratar Abogado para iniciar DEMANDA JUDICIAL para obtener su DECLARACION DE UNION DE HECHO precisando los bienes adquiridos dentro de dicho periodo, aún cuando sólo uno de ellos hubiera trabajado . El proceso judicial puede durar meses, un año o mas de 3, dependerá en parte de la cantidad de procesos que tenga a su cargo el juzgado, como de  la oposición que realice el demandado o sus familiares, en caso de fallecido.

La DECLARACION NOTARIAL O JUDICIAL DE UNION DE HECHO, debidamente inscrita en el Registro Personal (RENIEC, REGISTROS PUBLICOS) otorgará al conviviente o exconviviente derecho alimenticio, a acceder al 50% de los bienes comunes adquiridos dentro de dicho régimen, a ser asegurado, como a heredarlo cuando fallezca.

El(la) solter(a) o viudo(a) que vive con casado(a) no podrá acceder a a que sea DECLARADO NOTARIAL O JUDICIAL EN UNION DE HECHO, y en consecuencia tampoco a los beneficios antes descritos.

  1. Vivo 6 años con mi esposo no soy casada y no tengo unión de hecho como reclamo mis derechos el no me quiere dar nada?

Si no eres casada no es tu esposo.

Si cumples los requisitos como conviviente indicados en el numeral anterior puedes iniciar el correspondiente proceso judicial,

 7. Vivo con mi pareja en unión libre me abandona por otra mujer y está pidiendo la mitad de mi casa, que pasa?

Si le asiste el derecho como conviviente, es aconsejable que llegues a un acuerdo con ella, o bien podría iniciarte juicio.

  1. Diferencia entre acta de nacimiento y partida de nacimiento

Es lo mismo.

Antes se llamaba Partida y hoy Acta.

  1. Que es una constancia de nacimiento

El documento que te otorga el establecimiento de salud donde nació el bebé, cuando te sea solicitado por otras autoridades.

  1. No quiero que mi hijo lleve el apellido del padre

Puedes inscribirlo solo con tus apellidos, mas no podrías legalmente impedir que él lo reconozca

  1. Abogados para registrar niño, no cuento con certificado de nacimiento

Acércate a una Oficina de RENIEC con los testigos que constataron el nacimiento del bebé y los documentos que te requieran a falta del certificado d nacimiento

  1. Cómo puedo averiguar si un niño recién nacido lleva mi apellido?

Obtén en RENIEC un Acta de Nacimiento del meno.

13. Hice registrar una niña como mi hija y resulta que no es mia que puedo hacer para que el verdadero papa le de sus apellidos

Si no eres el padre deberás contratar servicios legales e iniciar el correspondiente proceso judicial para pedir la nulidad de dicho reconocimiento.

14. Como debe proceder la mujer y personas que son víctimas de Violencia familiar

Lo ideal es que padres, educadores y todas las autoridades ayudemos a los niños y niñas aprender a reconocer , evitar o rechazar al potencial agresor (a).

Si ya tienes un agresor o potencial agresor en tu vida : como dicen los expertos, ¡corre, ya! te sugiero ver https://www.youtube.com/watch?v=6dAJOXEI3Fg

En Perú, el incremento de la espiral de violencia contra la mujer y miembros de la familia ha dado lugar a que, supere la tendencia de remitir a las partes al psicólogo y propugne una suerte de reconciliación por un procedimiento mas expeditivo que comienza con la denuncia ante la policía quienes bajo responsabilidad deben intervenir poniendo en conocimiento de esta situación al Fiscal de Familia como al Juez Penal de Turno para que en los casos de flagrancia pudiera procesar o sentenciar con celeridad al denunciado, sin perjuicio que se dispongan medidas protectoras a favor de la víctima como el retiro del domicilio y el no acercarse a la víctima .

En este último sentido el legislador ha emitido la  LEY Nº 30364  LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR , en cuyo ARTÍCULO 1. Establece que es OBJETO DE LA LEY  prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y re educación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

artículo 5. definición de violencia contra las mujeres

la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se entiende por violencia contra las mujeres:

  1. la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual.
  2. la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
  3. la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del estado, donde quiera que ocurra.

artículo 6. definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar

la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.

Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Artículo 7. Son sujetos de protección de la ley:

  1. las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor.
  2. los miembros del grupo familiar. entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia.

Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:

1.a) violencia física. es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.

1.b) violencia psicológica. es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos.

Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.

  1. c) Violencia sexual. son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.
  2. d) Violencia económica o patrimonial. es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:
  3. la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
  4. la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
  5. la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;
  6. la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

Derechos de las mujeres y del grupo familiar

Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.

 

Artículo 10. derecho a la asistencia y la protección integrales

Las entidades que conforman el sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos.

 13. Delito alteración filiación

El agraviado deberá denunciar a quienes incurrieron en tal ilícito ante la fiscalía Penal.

  1. Ahora dan acta de nacimiento y no son certificado de nacimiento porque

El Certificado de Nacimiento lo expide el profesional que constató el nacimiento con el cual la RENIEC expide el Acta de Nacimiento

 14. Entrega de cargo implica un informe de transferencia de gestión

No necesariamente.

El informe de transferencia de Gestión comprende al titular de la entidad como a los niveles gerenciales.

15. A quien se le entrega la renuncia para que sea válida

Al Jefe de la entidad donde laboras para que previo trámite te sea aceptada mediante escrito oficial.

16. Poder de representación del administrado ley 27444

Quien necesita ser representado en la tramitación de un procedimiento, en el mismo escrito de petición que dirige a la autoridad, en párrafo aparte deberá precisar que otorga poder general a don ………con DNI………..a efectos que lo represente en el marco de las facultades que le confiere el Art. 115 de la Ley 271444.

 16. Descargo por no diligenciamientos de formatos

El servidor presentará su descargo cuando le sea requerido y dentro del plazo concedido. precisando con claridad los hechos y en lo posible los fundamentos de derecho, adjuntando la documentación que sustente cuanto afirma.

El descargo está orientado a esclarecer o desvirtuar una situación en particular que le es atribuida.

En lo posible, persigue la absolución, exoneración, exclusión,  justificación o atenuación  de la responsabilidad que se le atribuye.

17. Como es un proceso disciplinario en una entidad municipal?

Como en toda otra entidad pública cuyos trabajadores pertenezcan al D.Leg. 276, 728 o 1057, les resulta aplicable el Régimen Sancionador y PAD previsto en la Ley de Servicio Civil.

Comienza con una denuncia, reporte del funcionario o informe del Ogano de Control Institucional, la cual es recibida y precalificada por el SECRETARIO TECNICO quien con las pruebas presentadas o las que acopie determinará si se abre Proceso Administrativo o no al denunciado. Si no procede dispondrá el Archivamiento. Si procede, dependiendo de la gravedad de la falta cometida determinará que tipo de sanción es aplicable (amonestación escrita, suspensión de uno hasta 365 dias sin goce de haber o destitución –que conlleva inhabilitación para contratar con cualquier otra entidad del Estado hasta por 5 años-)  establece quien es el Organo Instructor (OI) (si el Jefe inmediato, el Jefe de la Oficina de Personal) quien será  el que abra el respectivo PAD  y ante quien deberá presentar descargo documentado dentro de un plazo de 5 dias hábiles con el cual el OI lo evaluará emitiendo el Informe proponiendo la graduación de la sanción aplicable o no al Organo Sancionador (OS) (el Jefe de la Oficina de Personal o el Titular de la entidad) quien a la vez notificará al procesado para que informe oralmente y con ello emita la respectiva sanción.

Te sugiero ver mi artículo REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL, o participar del  Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL

16. Modelo de denuncia

El siguiente es el Modelo denuncia contra funcionario publico, elaborado por SERVIR y debes presentarlo ante la SECRETARIA TECNICA de la entidad  donde labora el funcionario:

 

Ciudad de ………., a los …… días del mes ……. de ….

Yo, ………………………………………………….. identificado con ……………………………………………….. (nombre completo y apellidos, en caso de ser persona natural y nombre de la empresa y de su representante, en caso de ser persona jurídica) y domicilio en ……………………………………….………………………….. me presento ante usted, con   la   finalidad   de   dejar   constancia   de   una   denuncia   contra   el   servidor(es)…………………………  de  vuestra  entidad,  conforme  a  los  hechos  que  a  continuación expongo:

……………………………………………………………………………………………………………………………………( Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores y partícipes y el aporte de la evidencia o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación)

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente:

……………………

…………………..

EN  CASO  NO  SE  CUENTE  CON  LA  PRUEBA  FÍSICA,  declaro  bajo  juramento  que  la autoridad …………………………………………………….. la tiene en su poder.

EN  CASO  NO  SE  TRATE  DE  UNA  PRUEBA  DOCUMENTAL,  adjunto  como  prueba

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre y firma del denunciante)

(Se  debe  adjuntar  copia  simple  del  documento  de  identidad:  D.N.I.,  Carné  de Extranjería o Pasaporte y vigencia de poder, de ser el caso, de la persona natural o representante de la empresa).

Nota: El denunciante puede solicitar una copia de la denuncia que presenta, la misma que se le debe otorgar sin costo adicional.

17. Cuando un trabajador comete faltas se hace un memo de amonestación, en que articulo según la ley del ministerio laboral debo revisar en ecuador.

Coordina con un Abogado laboralista ecuatoriano para que te informe el procedimiento aplicable en tu país o con el Jefe de la Oficina de Personal o Recursos Humanos de tu entidad para que te dé el Reglamento Interno donde se establece el procedimiento aplicable al respecto.

 19. Se aplica la Ley Servir para sancionar faltas de la 276

La respuesta es afirmativa en parte.

Quienes pertenecen a los regímenes laborales del D.Leg 276, 728, 30057 y 1057(CAS) y cometen alguna falta prevista ahora en la Ley del Servicio Civil, serán sometidos al Régimen Sancionador y Proceso Administrativo previsto en dicha Ley.

  1. Ley 30057 responsabilidades e infracciones

 Artículo 39. Obligaciones de los servidores civiles Son   obligaciones   de   los   servidores   civiles,   las siguientes:

a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público.

b) Privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o de particulares.

c) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales o la actuación de la entidad.

d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos. Los recursos y el personal a su cargo se asignan exclusivamente para el servicio oficial.

e) No emitir opiniones ni brindar declaraciones en nombre de la entidad, salvo autorización expresa del superior jerárquico competente o cuando ello corresponda por la naturaleza del puesto.

f) Informar a la autoridad superior o denunciar ante la autoridad correspondiente los actos delictivos, faltas disciplinarias o irregularidades que conozca.

g) Actuar con imparcialidad y neutralidad política.

h) No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en los contratos con su entidad o cualquier otra entidad del Estado en los que tenga interés el propio servidor civil, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

I) No participar ni intervenir por sí o por terceras personas, directa o indirectamente, en la gestión de intereses en un procedimiento administrativo de su entidad. En el caso del nivel nacional de gobierno, esta prohibición se extiende a los procedimientos administrativos tramitados ante todas las entidades pertenecientes a su sector.

j) Guardar secreto o reserva de la información calificada como tal por las normas sobre la materia, aun cuando ya no formen parte del Servicio Civil.

k) Mejorar continuamente sus competencias y mantener la iniciativa en sus labores.

I) Someterse a las evaluaciones que se efectúen en el marco de la presente Ley.

m) Las demás que señale la presente Ley, sus normas reglamentarias y demás normas que regulan el Servicio Civil, en cuanto fueran aplicables.

FALTAS

Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad,   pueden   ser  sancionadas  con   suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.

b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores.

c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor.

d) La negligencia en el desempeño de las funciones.

e) El impedir el funcionamiento del servicio público.

f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros.

g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de lo función con fines de lucro.

i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta.

j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días (180) calendario.

k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la victima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública.

I) Realizar actividades de proselitismo político durante la jomada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.

m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica.

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.

ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil.

o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros.

p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función docente.

q) Las demás que señale la ley.

A estas faltas se adicionan las establecidas en la Ley 27444 como en la Ley que aprueba el código de Etica de la Función Pública, como las establecidas en las leyes especiales que resultase aplicable.

Artículo 86. Régimen de los ex servidores de las entidades

Los ex servidores civiles de una entidad se acogen a las restricciones establecidas en el artículo 241 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

20. Me ha agredido un funcionario publico

La agresión o violencia física como la agresión sicológica y el faltamiento de respeto constituyen falta administrativa que puede ser sancionada como falta grave a quien la comete previo PAD en la entidad; como denunciable ante la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo, Comisaría y el respectivo juez penal.

El daño causado a la parte física puede sanar prontamente.

El daño causado con la violencia sicológica puede ser muchísimo mas grave en la persona y mellar a la organización como a su familia. Vésae : Acoso moral o mobbing: maltrato deliberado y continuado al trabajador  ver minuto 23 hacia delante de https://www.youtube.com/watch?v=nS58fcmxsjo.

21. Modelo del documento sancionador resultado del proceso administrativo disciplinario

La siguiente es la estructura que debe contener el acto resolutivo imponiendo sanción derivada del Informe que emita el Organo Sancionador conforme  a la DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL” (ANEXO F)

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimient

2. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del servidor o ex servidor civil respecto de la falta que se estime cometid

3. La sanción impuest

4. Los recursos administrativos  (reconsideración  o  apelación)  que  pueden interponerse contra el acto de sanción.

5. El plazo para impugn

6. La autoridad ante quien se presenta el recurso administrat

7. La autoridad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar

 

Gracias por tu preferencia

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO.

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Lima, 21 de Febrero del 2016

Categoría : RESPUESTAS A PRINCIPALES PREGUNTAS

 

PACIENTES y SUS DERECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN PERU

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

El jueves 13 de agosto del 2013, DIA NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE, fue publicado en las separatas de las normas legales el Decreto Supremo N° 17-2015/MINSA, 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, formando parte de los reglamentos de la Ley General de Salud Ley N° 26842 promulgada el 15 de julio de 1997, esto es, 18 años atrás.

Bastante joven tuve el privilegio de contar con formación profesional en salud y brindar mis servicios en Pueblo Nuevo de Maray, paradisiaco bello rincón de gente generosa asentados en la ceja de sierra de Morropón, Piura; entre la infinidad de anécdotas, recuerdo un grupo de campesinos provistos de ponchos y sus habituales machetes, bordeando las 5 de la mañana, en una improvisada camilla desde unas tres horas antes habían iniciado el traslado a pie hasta el Centro de Salud de Morropón, ubicado hora y media mas adelante, a su agónico anciano familiar, en una improvisada camilla de palos; le ha dado el “garrotazo” (neumonía) dijeron, en su paso presuroso; el establecimiento a mi cargo no contaba con Médico ni oxígeno por lo que urgía de una movilidad que presta lo lleve hacia el indicado establecimiento de salud, uno de los familiares sentenció con naturalidad, “no me hacen caso, yo les he dicho que, por las puras lo bajamos, porque no tenemos ya plata para comprar la medicina que nos pidan y que en vez de eso gastemos en el cajón.”

Historias dolorosas como la que me impactó desde entonces, de diverso tipo y grado hay a diario y no solo es privilegio de los confines apartados de nuestra patria sino en la ciudad capital conforme cada tanto expone la prensa, siempre ha sido y es tarea permanente de gobernantes dotar de establecimientos médicos y de salud con equipamiento suficiente para prevenir, atender las emergencias, recuperar y rehabilitar a nuestros conciudadanos.

Las limitantes económicas como la expuesta arriba, afortunadamente, para bien de las mayorías, no ha sido soslayada por los diversos gobiernos de turno, al crear en el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) el 2001 el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) resultado de la fusión previa en una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, de los programas subsidiados de salud creados en 1997 Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional y en 1998 el denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años hasta que el 29 de enero del 2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, la misma que crea el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, siendo posteriormente calificado como Organismos Público Ejecutor mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, cuya cobertura se ha ampliado a toda persona que se inscriba en los establecimientos públicos de salud cercano a su domicilio que no cuente con otros tipos de seguros de salud (hoy llamadas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)).

Actualmente el SIS brinda una amplia cobertura de la mayoría de enfermedades de alrededor del 70% de la población que acude a los establecimientos de salud del MINSA.

El derecho a la salud es parte de los derechos universales que le asiste a toda persona humana.

El derecho a la salud reviste en contraparte los deberes que corresponde a los PACIENTES, llamados en nuestra legislación nacional USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud pone relevancia recordar los derechos y deberes de los médicos y profesionales de la salud como del personal de los establecimientos de salud.

Usuarios como el personal de los establecimientos de salud tienen la necesidad de recordar la igual protección de los derechos constitucionales que les asiste como personas humanas : a ser respetados en su dignidad humana y con ello al recíproco trato respetuoso.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica a la vez obligaciones y deberes para los hospitales, clínicas, policlínicos y consultorios médicos y paramédicos públicos como privados, que ahora reciben la denominación de IPRESS (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) y UGIPRESS (UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) respectivamente y muy especialmente, para los titulares y gestores de dichas entidades como a los médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo que en ellos laboran cuyas actuaciones obligan al monitoreo y cercana supervisión de los JEFES INMEDIATOS como permanentemente por el personal que ha asignado SUSALUD (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) que, como parte de su normativa aplicable en su REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES prevé para infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves, sanciones a los establecimientos de salud que previo procedimiento administrativo sancionador van desde amonestaciones, cierre temporal parcial o total como definitivo, aparejados de gravosas multas impuestas a los establecimientos que van desde 100, 300 a 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria UIT para el año 2015 es de S/. 3,850.00) susceptibles de aplicar a partir del 1 de agosto del 2015, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran coexistir e involucrar al personal que resulte comprendido en la infracción que se establezca, todo lo cual implica, la urgente revisión y adecuación de documentos normativos internos, procedimientos de las IPRESS y UGIPRESS como las conductas del personal a su cargo.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica para el Poder Ejecutivo el incremento de los presupuestos que anualmente asigna a las IPRESS y UGIPRESS a su cargo, como lo propio por parte de los dueños y accionistas de los establecimientos de salud privados.

Resultaría injusto e incongruente con los fines que persigue la Ley General de Salud y sus Reglamentos como el que hoy nos ocupa, que el Poder Ejecutivo a través de las multas que impusiera SUSALUD termine embargando los escasos presupuestos asignados a las IPRES y UGIPRES, resultando recomendable la revisión de la graduación de las sanciones pecuniarias; como injusto y oportuno resultaría que el usuario afectado sea indemnizado inoportunamente o con montos diminutos.

A continuación enunciamos los derechos materia de regulación en el Reglamento, cuya lectura integral recomendamos a usuarios, gestores, jefes inmediatos, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo de los establecimeintos de salud.
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas

RICARDO P. AYALA GORDILLO
Abogado

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Celular: # 985 483 172 (RPM)

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Lima, 6 de setiembre 2015

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DECRETO SUPREMO Nº 027-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 123 de la precitada ley, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;
Que, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del Estado garantiza;
Que, la Primera Disposición Final de la precitada Ley, dispuso que el Poder Ejecutivo Reglamente dicha Ley;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consta de tres (3) Capítulos, treinta (30) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Salud.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 031-2014-SA
1. Modifíquese el Anexo I A: Infracciones Leves aplicables a IAFAS del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“47. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
2. Modifíquese el Anexo II: Infracciones Leves Aplicables a UGIPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“9. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
3. Modifíquese el Anexo III A: Infracciones de Carácter General: Infracciones Leves, del Anexo III Infracciones Aplicables a las IPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose los siguientes numerales:
“39. No exhibir la cartera de servicios, listado de médicos, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente.
40. No permitir u obstaculizar el desarrollo de la segunda opinión médica, incluyendo la restricción al acceso a la historia clínica del médico consultor, previa autorización firmada por el paciente.
41. No contar con protocolos de seguridad personal, o no implementarlos o no evaluarlos de conformidad a la normativa vigente.
42. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así como, al acceso a la información y consentimiento informado.
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas.
Artículo 2.- Definiciones
Son de aplicación al presente reglamento las definiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1158, así como de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, las previstas en el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2006-SA y sus modificatorias; y las contenidas en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27604 que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2002-SA.
Adicionalmente, son de aplicación al presente Reglamento las definiciones y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, a las cuales se adicionan las siguientes:
Diálogo intercultural: Proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción de dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas y opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales a través de relaciones simétricas y de reciprocidad.
Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de los servicios, así como adaptarlos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
Artículo 3.- Lista de Acrónimos
El presente Reglamento contiene los siguientes acrónimos:
a. IAFAS : Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
b. IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
c. MINSA : Ministerio de Salud.
d. SIS : Seguro Integral de Salud.
e. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud
f. UGIPRESS : Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional a las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas, y en lo que corresponda para las IAFAS públicas, privadas y mixtas, así como a los trabajadores de éstas.
Artículo 5.- Representación de la persona usuaria de los servicios de salud
El ejercicio de los derechos estipulados en el presente reglamento corresponde a toda persona usuaria de los servicios de salud.
En caso que el titular del derecho delegue su representación o no se encuentre en capacidad de poder manifestar su voluntad, estos derechos podrán ser ejercidos por su representante, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. La representación se ejerce conforme a lo siguiente:
a. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio podrá delegar su representación a cualquier persona capaz, a través de una carta poder con firma certificada por fedatario institucional o notario o juez de paz, en forma anticipada a la situación que le impida manifestar su voluntad.
b. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no pueda expresar su voluntad, su representación será ejercida, conforme los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en la norma civil.
c. Cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absoluta o relativamente incapaz para manifestar su voluntad, será representada por aquellos que ejerzan la curatela, conforme lo establece el Código Civil. Así también los menores de edad serán representados por quienes ejerzan la patria potestad y tutela.
d. Cuando la persona usuaria sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, conforme a lo establecido en el Código Civil, no requerirá representación.
Ante la ausencia de las personas que ejercen la representación de los incapaces absolutos o relativos, el médico tratante dejará constancia de tal hecho en la Historia Clínica de la persona usuaria y el representante legal de la IPRESS dispondrá las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de dichas personas, debiendo comunicar el hecho al Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho.
Es nula toda representación de la persona usuaria en los servicios de salud que se hubiera realizado sin la observancia debida de lo estipulado en el presente artículo.
La IPRESS debe brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a. del presente artículo, debiéndose insertar copia del documento de representación en la historia clínica del paciente.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla en cualquier IPRESS pública, privada o mixta, en base a la capacidad resolutiva necesaria para tal fin.
La emergencia es determinada únicamente por el profesional médico, y excepcionalmente en ausencia de éste en el primer nivel de atención, podrá ser determinada por el personal asistencial de la IPRESS. Si ésta no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel.
La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.
Culminada la atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá solicitarlo a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Para el caso de las personas comprendidas en los grupos poblacionales vulnerables, los gastos de atención de la situación de emergencia serán asumidos por el Seguro Integral de Salud (SIS) bajo el Régimen Subsidiado, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la persona no se encuentre afiliada pero califique para acceder a dicha cobertura, la IPRESS que brinde la atención de emergencia deberá solicitar su afiliación al SIS de acuerdo a la normativa vigente.
Para el caso de las personas que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y no pertenezca a un grupo poblacional vulnerable, la IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma, de acuerdo a sus procedimientos institucionales.
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Toda persona en el ejercicio del derecho a su bienestar en salud puede elegir libremente al médico o a la IPRESS que le brinde la atención, según los lineamientos de gestión de las IAFAS. Quedan exceptuados los casos de emergencia.
Asimismo, la persona tiene derecho a no ser inducido u obligado a acudir por una determinada atención a otra IPRESS, con excepción de las limitaciones propias establecidas en la cobertura contratada, de ser el caso.
Para el ejercicio de este derecho, la IAFAS debe informar por medios idóneos, a sus asegurados las condiciones del plan de salud, incluyendo de ser el caso, la utilización del modelo de adscripción para su atención en una red prestacional, en cuyo caso la elección a la que se refiere el presente artículo deberá entenderse sólo respecto al médico tratante.
La IPRESS debe comunicar por medios idóneos a la persona usuaria, la disponibilidad, los horarios de atención previstos, y demás condiciones de acceso al servicio solicitado entre los que se encuentra la capacidad operativa. La persona usuaria debe sujetarse a las condiciones previstas para el acceso al servicio solicitado.
La IPRESS debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios, de forma actualizada y permanente.
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
La IPRESS está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. El acto médico se rige por la normativa dictada por el Ministerio de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos Internacionales ratificados por el Gobierno Peruano.
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Toda persona, bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o con cargo a sus propios recursos, tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la IPRESS ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante quien dejará constancia de la solicitud en la historia clínica del paciente. El médico consultor tiene acceso a la historia clínica, sin poder modificarla, debiendo exhibir para ello la autorización firmada por el paciente.
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.
La IAFAS debe garantizar el acceso de acuerdo a las condiciones de cobertura con el afiliado, su sostenibilidad financiera, lineamientos de gestión presupuestal y la normatividad vigente.
La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.
Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.
SUB CAPÍTULO II
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Toda persona tiene derecho a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en calidad de persona usuaria de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, sin ser discriminada por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, o discapacidad.
Para tal efecto las IAFAS e IPRESS deben difundir por medios idóneos y de forma permanente la lista de derechos de las personas usuarias que forman parte del presente Reglamento en calidad de Anexo. Los medios utilizados pueden ser físicos y virtuales, como afiches, boletines, medios de información y comunicación alternativa, entre otros, que permitan su comprensión, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren, debiendo exhibirse en un lugar visible y de fácil acceso al público, como en las áreas de ingreso y salida, salas de espera y así también usar todos aquellos medios disponibles para dicho fin.
Las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS garantizan la difusión permanente del listado de derechos contenido en el Anexo del presente reglamento, sin perjuicio de su difusión, a través de sus páginas institucionales.
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos. Esta información estará consignada en la Historia Clínica a cargo del médico, así como en la Nota de los profesionales de la salud, según corresponda, en estricta observancia de la norma técnica de Historia Clínica dictada por el Ministerio de Salud.
La IPRESS debe garantizar que todo el personal asistencial y administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado.
La persona usuaria podrá solicitar a la IPRESS el nombre de los responsables a que se refiere el presente artículo, mediante comunicación escrita. La IPRESS atenderá por escrito esta solicitud en un plazo máximo de dos (2) días útiles de recibida la solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, si la solicitud es formulada verbalmente, el personal de la IPRESS podrá dar respuesta de la misma forma y de manera inmediata, de ser el caso.
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria.
La IPRESS debe disponer los medios y procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias antes de llevarse a cabo la atención de salud, con excepción de las atenciones de emergencia.
La IAFAS debe garantizar que la persona usuaria sea informada de la cobertura de su póliza o plan de salud, a través de medios y procedimientos idóneos.
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Toda persona tiene derecho a recibir información completa sobre las razones que justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará.
La persona usuaria tiene derecho a no ser trasladada sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable de la IPRESS.
La persona usuaria o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá solicitar su traslado a otra IPRESS, de acuerdo a las condiciones de su cobertura, siempre que: exprese su voluntad por escrito, su estado de salud lo permita y su situación de salud, determinada por el médico, así lo requiera.
La IPRESS debe garantizar la seguridad de la persona usuaria durante el traslado, sin perjuicio de su derecho de solicitar a la IAFAS el reembolso por los gastos incurridos, siempre que forme parte de la cobertura prestacional a que la persona usuaria tiene derecho en su IAFAS.
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a acceder en forma precisa y oportuna a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas que rigen las actividades de la IPRESS vinculadas a su atención.
Para ello la IPRESS implementa permanentemente medios de difusión (físicos y/o virtuales) accesibles a las personas usuarias, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren.
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a recibir del médico tratante y, en términos comprensibles, información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren.
Asimismo, tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.
En caso que la persona se niegue, voluntariamente, a recibir dicha información, el médico tratante dejará constancia del hecho en la historia clínica del paciente, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá decidir su retiro voluntario del servicio o de la IPRESS; para tal efecto, deberá expresar al médico tratante por escrito esta decisión, dejando constancia que la misma se ejerce voluntariamente, sin presión alguna y que ha sido informado de los riesgos que asume por tal decisión, consignándose expresamente los mismos y, entregándole una copia de esa información con cargo de recepción. Asimismo, debe consignarse en la historia clínica haber recibido la información, que será firmada por el paciente o su representante y el médico tratante, eximiendo de responsabilidad a este último y a la IPRESS. También podrá solicitar copia de la epicrisis de forma gratuita y de su historia clínica a su costo.
La decisión de retiro voluntario de la IPRESS no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o cuando éste ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento, con la participación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que los que no gozan de autonomía plena requieren protección.
La negativa a recibir o continuar el tratamiento no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o esta decisión ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Toda persona tiene derecho a ser informada por el investigador sobre la condición experimental de un producto o procedimiento en investigación, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos y las condiciones de la continuidad del tratamiento; debiendo el investigador dejar constancia por escrito en la historia clínica del paciente; y la firma del consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el literal c. del artículo 24 del presente Reglamento, en concordancia con la legislación especial sobre la materia y a la Declaración de Helsinki.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
SUB CAPÍTULO III
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Toda persona tiene derecho a ser atendida por personal de salud autorizado por la normatividad vigente, y con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo.
El personal profesional de la salud y administrativo de la IPRESS debe brindar una atención con buen trato y respeto a las personas usuarias de los servicios de salud, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Ninguna persona usuaria puede ser discriminada en el acceso a los servicios de salud, la atención o tratamiento por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole.
En caso el paciente haya autorizado, previa firma de consentimiento informado, la exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, el médico tratante debe garantizar el respeto a la privacidad y pudor del paciente.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento a que se refiere el párrafo precedente, será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos hayan sido científicamente comprobados, o cuya eficacia o mecanismos con reacciones adversas y efectos colaterales descritos le hayan sido advertidos oportunamente. Las IAFAS podrán financiar estos tipos de tratamientos de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 10 del presente reglamento.
Para tal efecto, previo al inicio del tratamiento, el personal profesional en salud autorizado a indicar el tratamiento y prescribir los medicamentos, debe informar al paciente las reacciones adversas, interacciones o efectos colaterales, conocidos a la fecha, que pudiere ocasionarle y las precauciones que se deben observar para su uso correcto y seguro, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Con respecto a la seguridad del paciente, la IPRESS debe garantizar que éste no sea expuesto a riesgos adicionales a los de su propia enfermedad, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la IPRESS disponer las medidas preventivas frente a eventos adversos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, la información es brindada a los representantes, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Toda persona tiene derecho a su seguridad, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas a la IPRESS desde el momento que accede al mismo, para lo cual la IPRESS deberá implementar protocolos de seguridad personal, cuyo cumplimiento será responsabilidad de su máxima autoridad administrativa.
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a autorizar que estén presentes en sus exámenes médicos o intervención quirúrgica, personas que no estén implicadas directamente en la atención médica. La participación deberá contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándolo en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y se observen las prácticas de bioseguridad, caso contrario se revoca dicha aprobación. El paciente asumirá los costos derivados de dicha participación.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado. En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Cualquier acción u omisión que contravenga el citado proceso será pasible de las acciones punibles contenidas en el Código Penal.
SUB CAPÍTULO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, por lo que de no cumplirse con estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud.
El médico tratante o el investigador, según corresponda, es el responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria.
La firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, ni a la IPRESS, frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias.
Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que evidencie el proceso de información y decisión, el cual forma parte de la historia clínica de la persona usuaria, siendo responsabilidad de la IPRESS su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deberán imprimir su huella digital en señal de conformidad.
El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma en que fue otorgado.
El consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones:
a. Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.
b. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes.
c. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica.
d. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki y el marco legal vigente sobre la materia.
e. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.
f. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública.
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante tiene derecho a solicitar copia completa de su historia clínica, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante asume los costos de reproducción que supone el pedido.
La información contenida en la historia clínica del paciente así como aquella relacionada a cualquier acto médico, tiene carácter reservado, salvo en los supuestos contemplados en la Ley General de Salud.
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
La IPRESS debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente, observando la estructura y registros a consignarse en la misma y otros documentos vinculados.
La información mínima de la historia clínica debe contener lo siguiente:
a. Identificación del paciente.
b. Registro de la atención de salud.
c. Información complementaria.
d. Formatos Especiales.
Adicionalmente, el contenido mínimo de variables según la especialidad médica, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica manuscrita o electrónica deben adecuarse a lo dispuesto en las normas técnicas y otras emitidas por el ente rector en salud.
CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 27.- De la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de velar por la aplicación del presente Reglamento en el marco de las competencias conferidas en la normativa vigente de la materia.
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas
Toda persona que se encuentre disconforme con la atención recibida, tiene derecho a ser escuchada y recibir respuesta, debiendo presentar su reclamo ante las instancias competentes de la IAFAS o IPRESS, sin perjuicio de acudir en vía de queja ante SUSALUD para el inicio del procedimiento administrativo que pudiere corresponder, según la normatividad que sobre la materia emite SUSALUD.
La IPRESS debe exhibir de manera visible y de fácil acceso, el procedimiento para la atención de reclamos de las personas usuarias así como la posibilidad de acudir a SUSALUD en instancia de queja.
Artículo 29.- Solución de controversias
En caso de surgir controversias entre las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS y la persona usuaria de los servicios de salud, aquellas deberán generar mecanismos ágiles y oportunos de solución mediante el trato directo o el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional.
En caso las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo sobre el centro competente, se entenderá como centro competente el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.
SUSALUD propiciará mecanismos de acceso a la justicia a las personas que consideren haber sido vulnerados en sus derechos, sin que la capacidad económica de las personas sea un limitante para garantizar su acceso oportuno e independiente.
Artículo 30.- Responsabilidad frente a la vulneración de derechos
Las infracciones referidas a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y las sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, están establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA.
Para efecto de la restitución de los derechos de las personas usuarias y con el objeto de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado, SUSALUD, de acuerdo a las facultades conferidas, deberá disponer las medidas de seguridad que correspondan; así como, las medidas provisionales y correctivas, en el marco del procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar.
Para las pretensiones indemnizatorias la persona usuaria de los servicios de salud podrá acudir a la vía judicial o medios alternativos de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los profesionales de la salud dicha responsabilidad se rige por las normas laborales administrativas, civiles, penales, Código de Ética y Deontología y demás normas estatutarias de los colegios profesionales correspondientes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Registro de Sanciones de los Profesionales de la Salud
El Decano Nacional del Colegio Profesional correspondiente, comunicará a SUSALUD, por medio escrito, las sanciones impuestas por los respectivos Colegios Profesionales a sus agremiados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haber quedado firme la resolución que impuso la sanción.
SUSALUD, implementará el Registro respectivo, donde publicará la información remitida, a través de su portal institucional, conforme a la normativa vigente de la materia.
Segunda.- Enfoque Intercultural
Las disposiciones del presente Reglamento que establezcan la aplicación de técnicas para el uso de la metodología de Diálogo Intercultural con las personas usuarias de los servicios de salud en pueblos vulnerables, deberán ser implementadas por todas las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas de manera progresiva en observancia a las normas pertinentes de la materia y de todas aquellas que emita el Ministerio de Salud para tal efecto, así como las complementarias y conexas.
Tercera.- Reglamento de Reclamos y Quejas
A propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobará el Reglamento de Quejas y Reclamos que contendrá el procedimiento para la atención de las Quejas y Reclamos de las personas usuarias de los servicios de Salud en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles.

ANEXO

VIOLENCIA FAMILIAR LEY Nº 30275 LEY QUE MODIFICA EL TUO DE LA LEY 26260 DE VIOLENCIA FAMILIAR

                                                                   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Sarita* comparte su experiencia de vida:

 

“Quisiera compartir con todos mi experiencia soy una mujer ya mayor.

 Me casé bastante joven,  tenia yo 20 años y me casé con la ilusión de hacerlo hasta la muerte.

  Mi esposo  empezó a cambiar y fui violentada enajenada violada maltratada por mas de 25 años.

 Todo el tiempo no pude concretar mi separación por que siempre pensé en mi hijo y claro en luchar hasta las últimas consecuencias por mi matrimonio.

  Además que los trámites para divorciarme eran en ese entonces muy difíciles. Y nunca tuve tiempo ni dinero ni voluntad de hacerlo pensando como piensan muchos aquí. La familia es la célula  básica de la sociedad…etc.

  Yo respeto mucho pero…por culpa de pensar de esta forma mi hijo sufre hoy todas las cosas k vio k su padre me hacia…Yo soy una persona triste y con tendencia a la depresión…

 Sobre mi esposo, él continua siéndome infiel con mujeres que se prestan a esto por internet…

 Todo se hubiera podido evitar si yo no hubiera pensado como piensan muchas aún….Que debemos continuar casados a pesar de todo lo que tenemos que soportar por nuestros hijos…

Hoy con esta ley después de todo lo que sufrí puedo divorciarme…pero a pienso…oh Dios mío  ya para que

¿¿¿ Mi hijo creció y el nunca cambiara y yo¿¿¿ tal vez yo pronto moriré”.

 

  

Para preservar la identidad de nuestra amiga lectora, la llamaremos Sarita.*

Cuantas veces, hasta cuando seguiremos viendo , oyendo o escuchando historias como la de Sarita?

Es una de la miles y miles de historias que se repiten en diversas formas una menos y otras muchísimo mas graves que la narrada.

Desde hace años en Perú se ha legislado y modificado con Ley 29282 la Ley de Violencia Familiar y su Reglamento,- cuyo texto será abordado en otro artículo-  y  como correlato existe todo un aparato policial, fiscal y judicial que se encarga de intervenir como procesar estos casos, lamentablemente, su quehacer es predominantemente  disuasivo, es decir, al final de todo un largo proceso  incide en recomendar que durante el proceso como al término del mismo , el agresor y su víctima  o toda su familia acuda a terapias sicológicas que casi nunca ocurren y menos le interesa al agresor.

A diario vemos diversidad de formas de violencia familiar una mas grave que otra; en los  pasados recientes días los medios de comunicación nos traían la noticia  como un padre asesina a su dijo que defendía a su maltratada madre; otra  el de una joven esposa cansada de esta violencia  resultó asesinada por arma de fuego  por su cónyuge junto con el policía al cual acudió a denunciar en el mismo acto que fue este último a notificarlo a su domicilio. El agresor quien también se suicidó, resolvió en segundos lo que la Ley tarda días, meses o años.

Lo peor de todo es que cuando estas noticias se difunden los malos actos se copian con el añadido que son superados en perversidad por los nuevos  actores.

Que hacer?

Aprender a   decir NO a tiempo.

Aprender decir NO  a tiempo puede y debería significar que las personas  aprendamos a identificar y apartarnos de todo vestigio o signo de violencia, desde la primera oportunidad.

Todos, nuestras amigas y amigos sicólogos, siquiatras, toda autoridad, servidor público, docentes, persona, vecino, familiares   tenemos una frondosa  tarea en lo preventivo, desde casa, en los colegios, acaso desde inicial o en la primaria, ahora casi todos los colegios cuentan con sicólogos, pero resultan insuficientes o en número o en estrategias para identificar y esencialmente para poder ejecutar acciones preventivas individuales destinadas a erradicarlas. Acaso una alternativa fuera educar a padres y docentes en estrategias orientadas  a identificar y disuadir toda  conducta violenta.

En que colegio no existen diversidad de niños y niñas violentadas o que violentan a  sus compañeras o compañeros o que presentan signos o síntomas de violencia en casa?  Recientemente el Ministerio de Educación procura regular al respecto una cruel realidad vigente de antaño.

Hay quienes no se consideran violentadas porque la pareja no le pega, no le insulta, pero la tiene sumida en un enfermizo  control hasta de sus mínimos movimientos, cual carceleros, es quien decide por ella que hacer o no, cuando como y con quien o no tratar.

Si aceptamos estas conductas desde el hogar es fácil entender porque  aceptamos con resignación las vejaciones a diario de cualquier persona  desde algunos  cobradores,  profesores,  compañeros de trabajo, del jefe, de la  autoridad que abusa de su poder.

Tratando de interpretar los comentarios de mi dilecto amigo, colega e historiador, César Cánepa Yori – a quien con esta parte rindo tributo de mi aprecio y amistad- en este país aún cuando han pasado mas de 500 años de emancipados  seguimos esperando un libertador, repetimos dia a dia  figuras o del conquistador avasallador o del genuflexo  resignado a su condición de conquistado.

Y que pasa en casos como el de Sarita  en el que ELLA siendo conciente de su vejación, de su destruída  autoestima  decide seguirla soportando hasta sus últimos días , dia a dia, con resignación?

Sarita es conciente del grave daño que su resignación no sólo le ha causado a ella sino también a su hijo. Quiera  su hijo  y Dios que su ciclo como agresor o víctima no se repita.

Mi consejo Sarita es que NUNCA, NUNCA  es tarde para que recobres tu dignidad, tu autoestima, tu libertad.

Busca ayuda profesional, da todo por un dia de vida en libertad, de vida con dignidad, verás que vale la pena verla y sobre todo, vivirla.

 

Estos eventos  ocurren a pesar de los esfuerzos legislativos del Estado, en dictar medidas para prevenir consecuencias mayores como las dictadas con la  LEY Nº 30275 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 26260, LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA PROHIBIR LA POSESIÓN Y USO DE ARMAS DE FUEGO A LOS SENTENCIADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR:

Artículo 1. Modificación del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar

Modifícase el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo 006-97-JUS, en los siguientes términos:

“De las medidas de protección inmediatas Artículo 10.- Recibida la petición o apreciados de of cio los hechos, el Fiscal dicta en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija.

Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima o por orden del Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes, suspensión del derecho de tenencia y porte de armas, y otras medidas de protección inmediatas que garantizan su integridad física, psíquica y moral.

Para la ejecución de estas medidas, debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Asimismo, el Fiscal puede solicitar la detención del agresor ante el Juez Penal competente, quien decreta dicha medida dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.

El Fiscal de Familia pone en conocimiento del Juez de Familia las medidas de protección adoptadas en caso de formalizar la demanda.

El órgano fiscal debe oficiar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) la resolución que dispone la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de suspender la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida  de protección.

En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se debe oficiar al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones pertinentes”.

 

Artículo 2. Modificación del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar Modifícase el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo 006-97-JUS, en los siguientes términos:

“De la sentencia Artículo 21.- La resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y podrá establecer:

a) Las medidas de protección en favor de la víctima pudiendo ordenar entre otras, la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra forma de acoso para la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el segundo párrafo del artículo 10 de esta Ley.

b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se estima conveniente. Si la resolución judicial establece como medida de protección el tratamiento del agresor y este no cumple el mandato judicial, a solicitud de la víctima, el Juez debe variar la medida y ordenar el retiro temporal del agresor del domicilio y/o el impedimento temporal de visitas, según sea el caso. Cuando se establezca que el agresor debe seguir tratamiento de rehabilitación, corresponde supeditar la duración de la suspensión temporal de cohabitación y/o visitas al tratamiento que debe someterse; la rehabilitación debe ser acreditada con la certifi cación del médico tratante.

c) La reparación del daño.

d) El establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, cuando corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para su subsistencia.

e) La prohibición de la posesión y uso de armas de fuego por parte del agresor y, en su caso, disponer su decomiso y la cancelación de la licencia respectiva. El órgano jurisdiccional oficia a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) la resolución que dispone la prohibición del uso y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de cancelar la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se ofi cia al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones pertinentes. En atención a la función tuitiva de este proceso, el Juez puede agregar a su decisión los mandatos que aseguren la efi cacia de las pretensiones exigidas y los derechos esenciales de la víctima”.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

 

CITAS llamándome a los Teléfonos móviles:

RPM                    # 985 483 172

RPC                        994 948 189

asesoriadefensa02@yahoo.es Categoría :Derecho de Familia

http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Ley del Procedimiento Administrativo General : DEL PLAZO

 

“Hazlo ahora mismo : Mas nos desgasta lo que dejamos de hacer que lo que hacemos” (Tomado de : El tiempo es Oro De Margaret Johnston)

 

 

 

 

 

Tan inherente es el tiempo a la vida misma que hay quienes dicen un año de vida es en realidad un año menos de vida.

 

 

La Ley ha establecido plazos para casi todas las actividades que realiza el ser humano sean : personales, familiares, herencias, contratos, laborales, pensiones, de negocios, actos administrativos, toma de decisiones, de notificaciones, procesos, procedimientos, reclamo de derechos, quejas, denuncias, etc.

 

 

Bajo esa esencial regla, no es suficiente tener la razón o el derecho sino pedirlo u otorgarlo a tiempo, a través de la autoridad competente y dentro del plazo establecido.

 

 

Si no se procede así se corre el riesgo no sólo perder el derecho e incluso ser pasibles de sanción  

 

 

Muy pocos asuntos son imprescriptibles, es decir, limitados a un plazo, como por ejemplo: reclamar una herencia.

 

 

Los actos privados de la persona se hallan regulados por el Código Civil en el cual se establece los plazos máximos para reclamar los derechos que se regulan por dicha Ley  :

 

Artículo 2001º Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

 

El paso del tiempo, por excepción, también genera adquirir derecho en materia de propiedad de bienes muebles o inmuebles como se verifica en el Código Civil con la figura de la Prescripción Adquisitiva, en el :

 

Artículo 950º  La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años.

Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.

 

 Artículo 951º La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.

 

En lo administrativo, el plazo transcurrido en los procedimientos administrativos y expresamente sancionados con Silencio Administrativo Positivo por la Ley 27444 como en la Ley 29060 también genera derechos a favor del interesado aún cuando éste no reuna los requisitos legales y no sea advertido por la administración dentro del breve plazo establecido.

 

 

De allí que ¿Cuanto le interesa a la administración pública el tiempo ?

 

Demasiado.

 

Sin embargo, hay una suerte de contradicción en lo que la Ley establece, promueve y dispone con lo que aún se hace con el plazo en muchas entidades que componen la Administración Pública.

 

Por un lado, años atrás el Gobierno dictó una Ley de Simplificación Administrativa para acabar de una vez por todas con las inacabables penurias que afrontaba el ciudadano; por ejemplo, quien se hallaba interesado en abrir un negocio, tenía que iniciar su peripecia ante las ventanillas de una entidad pública para obtener un documento que a la vez era requisito con el cual a la vez debía repetir una y otra vez hasta que finalmente con ellas obtenga su Licencia de Funcionamiento.  El año 2000 fue derogada la Ley de Simplificación Administrativa y sus alcances mas significativos fueron comprendidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo sus alcances, modificatorias y normas relacionadas, actualmente, hoy algunas Municipalidades en minutos entregan Licencias de Funcionamiento.

 

 

Sin embargo, tal cambio y celeridad no es lo que comúnmente caracteriza a todos los procedimientos administrativos a cargo de la mayoría de las entidades públicas, lo cual sigue siendo materia de reclamo inclusive del actual mandatario de la Nación al justificar la promulgación de la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo .

 

 

A pesar de ello, hay  :

 

Expedientes que son recibidos e impulsados en su trámite sin verificar y consignar la debida foliación, o sin requerir la acreditación de la personería jurídica vigente por parte de las personas jurídicas, o que contengan todos los requisitos que exige el TUPA por ende sin anotar en el cargo los documentos faltantes les dan curso cuando por mandato de la Ley debe paralizarse su trámite hasta que el interesado lo subsane dentro del breve plazo de 48 horas vencido el cual si el interesado no lo subsanó le debe ser devuelto.

 

Expedientes a los que se dan inadecuada tramitación o innecesariamente se pide informe o sencillamente son dejados en la cola de los sujetos a ser atendidos cuando el llamado a hacerlo pueda o quiera revisarlo, a lo cual se añade la escasa o ausencia de supervisión por parte de su superior inmediato como del sistema administrativo o informático que le recuerde que el plazo máximo establecido por la Ley no es para la actuación de cada funcionario sino para la entidad en su conjunto y que si bien es verdad que la mayoría de los ciudadanos por desconocimiento o idiosincracia suelen ser sumamente pacientes también lo es que la Ley impone a quienes representan a la Administración Pública el deber de servir verificando que las actuaciones a su cargo como del personal que se halla bajo los alcances de su jefatura sean diligentes, eficaces, eficientes, económicas y oportunas; es decir, a tiempo, dentro del plazo concedido.

 

Procedimientos administrativos previstos en el TUPA con breve plazo para calificar en cuyo defecto le es aplicable el silencio administrativo positivo, que de no haber sido observado la falta de algún requisito a tiempo puede depender la vida o salud de muchas personas si la decisión es tardía, defectuosa  o se dio curso con documentación insuficiente 

 

 Resoluciones emitidas abriendo proceso administrativo disciplinario pero que al no ser notificadas dentro del plazo establecido puede dar lugar a que el incurso en responsabilidad invocando prescripción no pueda ser procesado administrativamente -esta omisión no exime la prosecución de las acciones civiles o penales, en los casos a que hubiera lugar – y que en contrario, quienes dieron lugar a tal omisión, se vean incursos en responsabilidad administrativa.  

 

 

Interesados que por omisión o desconocimiento no interpusieron  sus solicitudes, reclamos o impugnaciones a tiempo perdiendo su derecho.  

  

 

La vigilancia del plazo que sobre los expedientes a su cargo tuviera el funcionario o servidor público es parte del denominado control simultáneo y control interno previo que compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección, conforme precisa en su artículo 7º la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

 

 

El incumplimiento en el plazo por parte del servidor o funcionario por omitir, rehusar o retardar algún acto de su cargo,  puede dar lugar a que el afectado pida la intervención de la autoridad administrativa o invocando el artículo 244º de la Ley 27444 –incorporado con la Ley 28187- pedir la intervención del Fiscal Penal en concordancia al ilícito previsto el Artículo 377º del Código Penal.

 

 

A efectos de coadyuvar a sensibilizar y prevenir de estas adversas situaciones es necesario recordar que desde julio del año 2000 la Ley 27444 establece en su :

 

Artículo 35º  : PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN PREVIA.- El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 142°     PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143°     RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1        El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2        También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

ARTÍCULO 158°     QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN

158.1          En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

158.2          La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin  de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

158.3          En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

158.4          La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

158.5          En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable….

 

 

 

El detalle de la mayoría de las actuaciones administrativas (no todas) sujetas a los alcances de la Ley 27444 han sido didácticamente recogidas por el colega OSCAR ZEGARRA GUZMÁN en su “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General  Análisis de la Ley N° 27444”, Ed. Gráfica Horizonte, Lima Octubre 2001 :

 

TABLA DE TÉRMINOS PROCESALES DE LA LEY DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (*)

 

ART.

ACTIVIDAD PROCESAL

PLAZO

INICIO DE PLAZO

85

Plazo para resolver el conflicto de competencia

4 días

Remisión del expediente

89.1

Plazo para remitir el expediente al Superior Jerárquico, por abstención

2 días hábiles

Recepción

25

Efectos de los actos Administrativos

Notificaciones personales: el día hubieren sido realizadas.

Por correo certificado, oficio, correo electrónico: el día que conste haber sido recibidas.

Por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el diario oficial.

 

132.1

Remisión de documentos recepcionados a la sección correspondiente.

Dentro del mismo día

Recepción

125.1

Plazo de subsanación de solicitudes presentadas con observaciones por incumplimiento de requisitos.

2 días hábiles

Recepción de solicitudes

132.4

Plazo de realización de trámites a cargo de los interesados requeridos por la autoridad.

10 días

Solicitud

191

Abandono de procedimiento por incumplimiento de trámites a cargo del interesado.

30 días

Requerimiento de último trámite a cargo del interesado.

132.3

Plazo para evacuar informes o dictámenes peritajes.

7 días

Solicitud

132.2

Plazo para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter

3 días

Recepción

168.1

Solicitud de documentos a otras actividades

3 días en la misma entidad, 5 días en demás casos. No mayor de 10 días.

Solicitud

24

Notificación de acto administrativo

5 días

Expedición

207.2

Interposición de Recursos de Reconsideración

15 días

Dictamen de resolución

207.2

Plazo para resolver los recursos de Reconsideración

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de los recursos de apelación

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Apelación

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de recursos de revisión

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Revisión

30 días

Interposición de la demanda

158.2

Término para resolver la queja

3 días

Previo traslado al quejado

35

Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa.

30 días hábiles, salvo ley o Dec. Leg. que establezca mayor plazo

Inicio del procedimiento

163.1

Actuación de la prueba

3 a 15 días

Dispone actuación de pruebas

163.2

Notificación de la actuación de la prueba

No menor de 3 días antes

Actuación de pruebas

169.1

Solicitud de pruebas a los administrados

Plazo establecido en requerimiento

Requerimiento

193.1.2

Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

5 años

Resolución firme

202.3

Prescripción de facultad de declarar la nulidad de oficio

1 año

Resolución contenida

202.4

Nulidad de resolución vía proceso contencioso administrativo

2 años

Fecha que prescribió la facultad de declaración de nulidad administrativa

202.5

Nulidad de acto administrativo emitido por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, vía contencioso administrativa

3 años

Fecha que acto que firme

223

Contestación de la reclamación en procedimiento trilateral

15 días

Notificación

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

1 día

Concesión del recurso

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

5 días

Recepción por autoridad superior

227.2

Apelación del proceso trilateral

15 días

Notificación

227.2

Elevación de la apelación del proceso trilateral

2 días

Concesión del recurso

227.3

Traslado de la apelación del proceso trilateral

15 días

Recurso del expediente

227.3

Absolución de la otra parte de la apelación trilateral

15 días

Notificación del traslado

227.4

Vista de la causa de apelación del proceso trilateral

10 días

Notificación de absolución de la apelación

227.5

Resolución de la apelación en proceso trilateral

30 días

Audiencia

233.1

Prescripción de la facultad de determinar existencia de infracciones administrativas

5 años, si no está establecida en leyes especiales

Fecha que se cometió infracción

233.2

Cesación de la interrupción de la prescripción de infracciones administrativas

Paralizado por 2 meses por causa no imputable al administrado

Interrupción de la prescripción

234.4

Derecho a Defensa

5 días

Notificación

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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Categoría : Procedimiento Administrativo General,  Gestión Pública

02/01/2009