AMONESTACION VERBAL Y RESPUESTAS SOBRE PROCEDIMIENTO ADIMINISTRATIVO

por RICARDO AYALA GORDILLO

 

 

¿Qué es una llamada de atención verbal legalmente?

Es la realizada al servidor, cuando -como resultado de la evaluación del informe solicitado sobre el hecho, el superior jerárquico tiene la certeza que se trata de una falta leve-  el superior jerárquico decide amonestarlo, en forma personal y en privado. No dice la norma, pero indudablemente, se realiza en términos respetuoso.

En contrario, la realizada sin conocer la versión del servidor, ante un grupo y en términos altisonante, con insultos u ofensas o por memorando; constituye falta administrativa por parte del superior.

 

¿Puedo apelar mientras estoy sancionado sin goce de haber?

Si, es lo que por derecho a la doble instancia en sede administrativa, te corresponde.

 

¿Cuándo una empresa o institución estatal cobra distinta de la oficial por un servicio  el usuario puede presentar una denuncia?

La respuesta es afirmativa.

La denuncia puedes presentarla en el Libro de Reclamaciones, o ante el Órgano de Control Institucional (OCI)  o la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos.

 

Lo que hagamos como administración en materia de procedimientos, ¿va a ser revisado y observado, al revisar los TUPA?

La respuesta es afirmativa.

La revisión de los procedimientos administrativos, debe  ser realizada  permanentemente, de oficio, por la propia entidad; siendo algunos de ellos, materia de control periódico por el Órgano de Control Institucional (OCI) , como ocurre con los relacionados a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

¿El procesado en prisión, tiene derecho a copias certificadas de su proceso penal en Perú?

La respuesta es afirmativa, es parte de sus derechos esenciales.

 

Plazos de respuesta dentro de un proceso administrativo.

Presentada tu solicitud, tienes derecho a obtener respuesta dentro de un plazo de 3 a 7 días, sobre el estado en que se encuentra tu expediente.

La Ley del Procedimiento General establece que El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.  Gracias por tu preferencia.

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO  

ABOGADO

 

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Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

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PAD/PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

818163670

Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

 

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

 

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

 

 

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Cómo se otorga el Poder General?

 

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

 

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

 

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 

¿Para qué sirve el Poder General?

 

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

 

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

 

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

 

 

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

 

Según sea la mejor elección del Administrado:

 

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

 

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

 

Debes saber que :

 

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 11 de marzo del 2018

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General


¿COMO RECLAMO POR UNA AMONESTACION…?

 

 

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

 

 

¿Cómo reclamo por una amonestación verbal?

 

Se entiende que la amonestación verbal para ser válida debe ser hecha en privado solo entre el jefe inmediato y el servidor, en términos respetuosos, no dejándose registro expreso de lo tratado.

 

No obstante lo anterior, si estas en desacuerdo con ella, podrías plantear la respectiva reconsideración o apelación, precisando cuales son las razones por las cuales consideras que se te sanciona sin arreglo a Ley o porque no constituye la falta que se te atribuye acompañando de ser el caso, de los respectivos documentos.

 

Si la amonestación verbal es hecha de modo altisonante  y en público, deja de ser tal para convertirse en falta cometida por el Jefe, por ende, denunciable como Abuso de Autoridad.

 

Siempre es aconsejable que previamente consultes con Abogado.

 

 

Plazo para presentar descargos de auditoria según ley.

 

Recibida la Apertura del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) con todos los anexos, el plazo para presentar descargo es de 10 días de acuerdo a la Ley 29622, siendo susceptible de prórroga, que expresamente debe indicarlo el Auditor, usualmente por un plazo menor al originariamente dado.

 

 

 

Rehabilitación ley 27444

 

La Ley N°27444, por tratar sobre Procedimientos Administrativos no ha regulado sobre la Rehabilitación.

 

Sin embargo, es conveniente que sepas que la Rehabilitación es la eliminación automática de los antecedentes de sanción por responsabilidad incurrida siendo un derecho que le asiste pedir a quien fue sancionado o condenado una vez cumplida la sanción, condena o inhabilitación, según fuera el caso.

 

El plazo para que opere la Rehabilitación lo precisa la Ley especial por la que fue sancionado según sea cada procedimiento especial (administrativo sancionador, civil o penal).

 

Una vez declarada la Rehabilitación u operada esta por mandato legal, dicho antecedente no debe ser vuelto a tomar en consideración para las nuevas postulaciones que pretenda el interesado; asi:

Deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta.

No puede constituir un precedente o demérito para el infractor

No puede ser considerada para estimar la reiterancia o reincidencia del administrado.

 

¿A qué instancias jurídicas se debe acudir cuando a un maestro le quitan beneficios de su sueldo sin consultar al agraviado?

 

Los beneficios si forman parte de la remunertación son intangibles y sólo podrían ser materia de los descuentos de Ley caso contrario atentan contra tu derevho a la Alimentación y por ende susceptible de ser denunciado y reclamado al Poder Judicial via Acción de Amparo independietemente de la denuncia que puedas realizar ante el Titular de la entidad o Jefe del servidor que asi procede, o a la Secretaría Técnica de la entidad.

 

 

Dependencia gubernamental que se hace cargo de robos y abusos.

¿Cómo denunciar abuso de autoridad en aeropuerto?

Ocurrido el robo, debes denunciarlo personalmente o por escrito ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de Turno, mejor si lo acreditas documentadamente o con testigos.

En el caso de abusos hay de todo tipo, de familiares, vecinos o autoridades como de instituciones que brindan servicios públicos o establecimientos comerciales todos los cuales puedes denunciarlos ante las autoridades indicadas ante la Comisaria o Fiscalía.

 

En el caso de instituciones públicas también ante la Secretaría Técnica de la entidad y en el Libro de Reclamaciones y la Defensoría del Pueblo.

.

En el caso de instituciones que brindan servicios públicos o establecimientos comerciales, en el Libro de Reclamaciones, las respectivas Superintendencias e Indecopi también en el caso de establecimientos privados, como ante la Defensoría del Pueblo.

En todos los casos tan importante como la denuncia que debe ser ajustada a la verdad, es el seguimiento que hagas de ella hasta su resultado final.

 

 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa

 

Es el Reglamento del Decreto Legislativo 276 bajo cuyo régimen laboral laboran un importante sector de servidores y funcionarios públicos.

 

Algunas de sus partes han sido derogadas entre otras por la Ley 30057 Ley de Servicio Civil, como ocurre en el caso del Régimen Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario.

 

 

¿Me puede amenazar un funcionario?

 

Puede amenazarte como de hecho, según indicas, así ha procedido; pero, legalmente, NO te DEBE amenazar y mucho menos maltratar, porque estaría incurriendo en ABUSO de su autoridad; por ende, es tu derecho denunciar dicho proceder.

 

 

Acciones a realizar cuando dan de baja un RUC en casos de procesos de contratación con el Estado.

 

No podrás contratar si el RUC ha sido dado de baja, teniéndose por no presentada su propuesta .

 

 

Ley 27444 articulo 115

 

Regula el derecho que tiene el Administrado de ser Representado por otra persona, como los  diferentes tipos de Representación y los límites de ella.

 

“Artículo 115.- Representación del administrado

 

115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado.

 

115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado  para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.

 

115.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley.”

 

 

 

Mi tia enviudó de su esposo inglés puede cobrar su pensión por viudez?

 

Es su derecho a reclamarla, siempre que tu tía reuna los requisitos establecidos por la Ley inglesa

 

 

 

 

¿Qué es autoevalúo ?

 

Autoavalúo, es la valorización que tu mismo atribuyes a tu inmueble en tu declaración anual ante la Municipalidad conforme a los parámetros que ella establece para el correspondiente pago de tu impuesto predial

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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DENUNCIAS

por RICARDO AYALA GORDILLO

 

 

¿Como denunciar a un funcionario público?

La denuncia puede ser hecha verbalmente o por escrito.

Dependiendo de la naturaleza de lo que se va a denunciar:

Si es por faltas administrativas cometidas por  funcionarios o servidores en los procedimientos o trámites administrativos a su cargo   : ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario o ante el superior jerárquico.

Si es por mal uso de los recursos públicos  en la gestión o compras públicas  : Ante la Contraloría General o ante los  Organos de Control Institucional (OCI) que hay en cada entidad.

Si es por faltas o delitos de otras personas : ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de turno de donde se produjo el hecho.

Si es contra Policias: ante  la Inspectoría de la Policía Nacional

 

Si es contra Jueces o Fiscales: Ante el respectivo Organo de Control .

 

Si es por hechos de conocimiento público:   Puede recurrirse también a los medios de comunicación.

 

Si es por mala prestación de seguros, servicios de salud, educativos, trnsportes, agua, luz , telefonía o internet, de empresas : ante las mismas entidades o empresas; en caso de no encontrar pronta respuestas o no encontrarse satisfecha con la respuesta, ante las respectivas  instancias superiores:Superintendencia, de Bancas y Seguros, SUSALUD,  UGEL , SUTRAN, o del Organo Supervisor, OSINERGMIN, INDECOPI, etc.

 

En todos los casos, es necesario actuar con la verdad y claridad en que consiste la denuncia, adjuntando o precisando   las pruebas en las cuales se sostiene la denuncia.

La entidad está obligada a dar respuesta al denunciante del resultado de la denuncia.

Siempre es aconsejable contar con  orientación legal de Abogado.

 

Incumplimiento en Contrataciones del Estado Perú.

Para los funcionarios y servidores: Deben supervisar la adecuada ejecución contractual  de los proveedores; caso contrario, las omisiones no solo pueden significar responsabilidades administrativas sino ser comprendidos  en responsabilidades civiles y esencialmente penales, lo cual es preciso evitar.

 

Para los proveedores: puede dar lugar a la pérdida de las garantías otorgadas, ser sancionados con  inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 5 años además de responder  las acciones civiles por los daños y perjuicios que se hubiera causado.

 

Para los usuarios: No recibir o recibir  malos bienes  o servicios

 

Después del hecho en cuanto tiempo se pasa memorándum

De inmediato, debe pedírsele un informe documentado sobre el hecho que lo motiva precisando que la respuesta sea dentro de un plazo no mayor de 3 a 6 días.

Con ello se tiene una versión más clara de los hechos, se garantiza el derecho a la defensa del empleado servidor y queda o desvirtuado o  esclarecida la situación, o bien si se trata de una falta puede apreciarse si esta es grave o leve.

En el caso de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 30057, 276, 728 y 1057,  el Jefe o quien conozca el hecho puede denunciar o ponerlo en conocimiento de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) por ser legalmente la llamada a precalificar las denuncias y disponer su archivamiento si no reviste el carácter de falta o si solo ameritaría una amonestación verbal o bien emitir Informe Preliminar recomendando la apertura del PAD, -en los casos que si ameritase amonestar por escrito, suspensión al servidor con un día o hasta un año sin goce de remuneraciones o bien destitución- Informe que deberá remitir al Jefe inmediato o al Jefe de Personal según fuera el caso de quien actuará como Órgano Instructor quien previo estudio del mismo será quien determine y disponga la apertura del PAD  o bien apartarse de lo recomendado por el ST, en cuyo caso deberá fundamentar su decisión.

 

En el caso de los empleados de empresas privadas se encuentran al régimen del D.Leg. 728 el Gerente de la empresa o quien tenga facultades delegadas les deberá cursar preaviso de despido imputando la presunta falta grave, precisando los días que tiene para absolver el cargo imputado pudiendo exonerarlo de concurrir en esos días, solo en caso que no se desvirtuara la falta podría despedir al empleado. Si el despido es arbitrario el empleado podrá demandar al empleador.

 

 

¿Ante que fiscalía se denuncia a los funcionarios?

Si se trata de presuntos delitos comunes ante la Fiscalía Penal de turno, si se trata de delitos de corrupción contra la Fiscalía Anticorrupción.

 

Si yo ganara un proceso administrativo como policía ¿puedo reclamar el daño moral y en que lugar?

Dentro de un proceso judicial que deberás interponer con dicho fin; no bastará que alegues el daño moral sino acreditar el sufrimiento, entre otras pruebas, con el respectivo informe psicológico.

 

¿Puedo denunciar  un mal procedimiento de embargo?

Puedes impugnar el realizado dentro del respectivo proceso judicial; e independientemente de ello, denunciar a quienes participaron ilegal o irregularmente.

 

¿Dónde puedo poner una denuncia de un robo? ya que la inspectora no hace nada.

Si se trata de un robo debes denunciar ante la Comisaría o la Fiscalía Penal.

 

¿Cómo denunciar una conducta indebida de un policía de tránsito?

Ante la Inspectoría de la Policía Nacional, por escrito, con la verdad, precisando los hechos fecha y hora como adjuntando los medios probatorios u ofreciendo a los testigos que vieron o escucharon directamente los hechos.

 

¿Cómo denunciar anónimamente contra Ministerio Público?

Las denuncias por lo usual requieren como requisito indispensable la debida identificación de quien denuncia; salvo que la Ley y dependiendo del tipo de caso que denuncies, a tu pedido,  permita proteger tu identidad.

 

Recurso de Reconsideración ¿ se redacta como demanda o como reclamo?

Con la estructura de una demanda y a manera de reclamo respetuoso, precisando de manera puntual porque razón no estas de acuerdo con la decisión adversa que recurres.

Para que te concedan la posibilidad de evaluar tu reconsideración  es imprescindible que  aportes nueva o nuevas pruebas que no se encuentran en el expediente.

Satisfecho ese requisito, ten presente que la Reconsideración está orientada a que la misma autoridad que antes denegó tu pedido pueda volver a revisar cuanto ha decidido y con tus fundamentos y nuevas pruebas aportadas, rectifique su originaria decisión a tu favor.

Si bien ahora, a partir del vigencia el D.Leg. 1272 ya no se requiere que como requisito los recursos deban llevar firma de abogado, siempre es aconsejable que seas asesorada por el abogado de tu preferencia .   en dinde puedo poner una denuncia de un robo ya que la inspectora no hace nada

 

¿Cuantos días hábiles tiene una institución para contestar un escrito?

De tres a 7 dias hábiles.

La Ley 27444 en su Artículo establece: “No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor”.

 

¿Uno debe aceptar o no que anda con licencia falsa?

Siempre debe primar la verdad.

Elaborar o usar documentos falsos como si fueran verdaderos o declarar falsedades  constituye  delito contra la Fé Pública. Dentro de un proceso o investigación la confesión sincera puede rebajarte la sanción o pena a imponer.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS; RESPUESTAS A  

 

                                                                                                        Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

¿Qué hacer si me abren proceso disciplinario por el testimonio falso de un compañero?

Si se demuestra la falsedad del testimonio dentro del PAD o dentro de una querella; puedes denunciar en la vía administrativa, penal y/o civilmente, a  quien asi procedió.

 

Procedimiento de demanda contra funcionario

Las denuncias verbales o escritas contra un funcionario público se interponen ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que por Ley existen en todas las entidades públicas, precisando con claridad los hechos y adjuntando o indicando que medios probatorios sustentan la denuncia .

A diferencia de las denuncias, las demandas son preparadas y firmadas por el Abogado que te patrocine y se interponen ante el Juzgado correspondiente.

 

¿Es posible recurrir al recurso de apelación sin necesidad de presentar el de reconsideración en el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley del servicio civil?

La respuesta es afirmativa.

 

¿Donde denunciar a un funcionario que falsifica documentos para trabajar en una institución del Estado?

Tanto quien falsifica como quien usa documentos falsos como si fuera verdadero para obtener ventajas para si o para otros incurre en delito contra la Fe Pública siendo el agraviado es el Estado, por tanto, la denuncia puede presentarse directamente ante la Fiscalía Penal de turno o bien poner en conocimiento de ese ilícito  ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, de la entidad a la cual pertenece el funcionario, la cual de verificar lo denunciado recabará la  opinión legal sobre la tipicidad de esa conducta, de confirmarla, corresponderá al titular de la entidad pedir la intervención del Procurador Público del Sector para que promueva la denuncia penal a que hubiera lugar.

 

¿Dónde puedo poner Queja por mal comportamiento contra empleado público?

El maltrato al público o a los compañeros de trabajo es una de las principales razones de DENUNCIAS que se interponen ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad a la cual pertenece el servidor público.

 

Sin embargo, también es verdad que, en ocasiones, se han dado casos en que, es el público ofuscado por la demora, largas esperas o mala calidad del servicio público el cual incurre en maltrato o agresión  verbal o física  contra el servidor que lo atiende, quien no siempre es responsables de la razón del reclamo, sino las falencias o carencias existentes en la entidad.

El respeto a la persona es recíproco y exigible a ambas partes.

 

¿Puedo enviar memorando a Gerente por abandono de funciones?

En el Régimen laboral privado del D.Leg 728 el Gerente General o quien tenga facultad delegada deberá cursarle la Carta de Preaviso de Despido solicitándole su descargo y en el caso de entidades públicas cuyo Gerente se encontrase dentro de los alcances de la Ley 30057 Ley de Servicio Civil, D. Leg 276, D. Leg. 1057 o D. Leg. 728 corresponderá al Secretario Técnico formular la correspondiente investigación preliminar que podría dar lugar a la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario y con ello a la correspondiente sanción que, de ser el caso podría conllevarlo a la Destitución e Inhabilitación para contratar con cualquier otra entidad del Estado hasta por 5 años.

¿Dónde denunciar a un colegio?

Si se trata por un asunto administrativo relacionado a los servicios que presta el Colegio, ante  la UGEL a la cual pertenece el colegio.

 

¿Dónde denuncio cuando debieron devolverme mi carro un viernes y el funcionario de tránsito dilata la entrega hasta el lunes siguiente?

Puedes formular tu DENUNCIA ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que por Ley existen en todas las entidades públicas.

 

¿Qué hacer ante un proceso administrativo indebido?

Si ya te instauraron o abrieron PAD, debes presentar tu descargo y en él, hacer notar los vicios que contiene; al declararse la NULIDAD del mismo, te habilitaría pedir que se establezca la responsabilidad de quienes procedieron en tu agravio.

 

Tengo constancia que un funcionario comete irregularidades ¿donde me dirijo?

Ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad a la cual pertenece el funionario.

Tiempo de respuesta a un memorando.

De uno a 3 dias.

Si es mas, deberás justificar, con documentos, la demora.

 

¿Cómo puedes defenderte de tu Jefe si te  ofende?

Puedes reclamarle alturadamente en forma verbal o por escrito, en caso fuera intransigente en su posición puedes cursarle Carta Notarial.

Si persiste en su proceder puedes denunciarlo ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad o ante la autoridad administrativa de trabajo o penalmente, si confuigura abuso de autoridad u hottilidad laboral, según fuera el caso.

 

¿Dónde denuncio por transgresión a la Ley de Contrataciones del Estado?

Ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad, o ante el Organo de Control Interno de la misma entidad, o ante la Contraloría General, ante el OSCE o ante la Fiscalía Penal competente.

 

¿Se puede denunciar a profesor agresivo?

Si, ante el Director del Colegio o ante la UGEL a la cual pertenece el Colegio.

 

Servir ¿donde encuentro la directiva del procedimiento administrativo sancionador?

Puedes encontrarla en el portal de SERVIR o en el siguiente enlace http://storage.servir.gob.pe/lsc/directiva/Res092-2016-SERVIR-PE_anexo1.pdf

 

¿Como llamo la atención a quien incumple entregarme informes oportunamente?

Previamente deberás requerirle por escrito a que te informe la razón de la demora en la emisión del informe solicitado.

Es de confiar que la justificación que alegue justifique la razón de la demora en la emisión del informe solicitado, correspondiendo a la jefatura coadyuvar a salvar las  limitantes que existieran.

En caso contrario, si la justificación que formule no resulte razonable y acorde a los hechos que expone o documente, podrías optar por amonestarla verbalmente, respetuosamente y en privado.

Si resulta injustificable cuanto argumenta o reincidente en tal cometido, podrías denunciarlo ante la Secretaría Técnica del PAD de la entidad a la cual pertenecen.

 

¿Que pasa si me niegan en la policía la pensión de sobrevivencia?

Puedes apelar ante la misma autoridad que denegó el otorgamiento de la pensión dentro de un plazo de 15 dias hábiles desde que fuiste notificado con la denegatoria; en caso de resultar infundado o improcedente la apelación, podrás acudir al Poder Judicial en la vía contenciosa administrativa.

 

¿Cómo verifico desde qué fecha tuve registro de consultor OSCE?

Ante el Registro Nacional de Proveedores de OSCE

 

¿Cómo impugno una asignación de plaza?

Dentro del plazo y con las formalidades que señalan las Bases Administrativas con las cuales has postulado y con sujeción de los requisitos y lo establecido por los Artículos 122, 216 a 219 del TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

A pesar que dicha Ley no exige ahora la fira de Abogado, siempre es aconsejable contar con la asesoría de Abogado, mucho más cuando en razón del interés que tengas respecto del resultado que esperas.

Artículo 122.- Requisitos de los escritos:

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

  1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
  2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
  3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
  4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
  5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
  6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
  7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

 


 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A PREGUNTAS MAS FRECUENTES EN

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

¿Dónde denuncio a funcionario inspector?

Ante la Secretaría Técnica del Procesos Administrativos Disciplinario (en adelante PAD) de la misma entidad.

¿Cómo proceder ante la amonestación laboral?

Si el trabajador amonestado no se encuentra de acuerdo con dicha sanción, sea porque lo considera un exceso, abuso o porque no ha cometido falta alguna o porque no ha sido sometido a un procedimiento investigatorio o PAD previo o porque el llevado a cabo contra el ha sido irregular, tiene el legítimo derecho a impugnarla a través de un Recurso de Reconsideración o de Apelación

¿Se puede negar a recibir un documento un servidor público?

Puede, pero no debe.

Si no lo recibe no tendrá forma de saber el contenido del documento.

La Ley 27444 faculta tenerlo por notificado en su domicilio y entregarlo a la persona que allí se encuentre dejando constancia de su nombre y relación con el notificado, o consignando “se negó a firmar”, precisando como las características del inmueble donde ha sido notificado.

Verificadas las opciones anteriores, la autoridad si considera necesario, puede optar por publicar el edicto ( el contenido del documento.)  en el diario oficial “El Peruano” como en uno de los medios escritos de la localidad.

 

Llamado de atención por estado etílico

La Ley 30057 establece como falta administrativa:  “g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes”

Para que el servidor  sea válidamente sancionado por dicha falta , debe ser preferiblemente  sometido a un resultado de laboratorio como parte de la  Investigación Preliminar a cargo de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) quien expresamente deberá recomendar que se le Instaure PAD.

 

Queja por mal comportamiento de funcionario

Puedes presentarla anotando  en el Libro de Reclamaciones o bien ante la Secretaria Técnica del PAD que existe en toda entidad pública.

Es esencial que sea verdad cuanto afirmas.

A tu reclamo o denuncia  debes  aportar las pruebas que lo sustentan tu reclamo o denuncia a efectos que no sea desestimada por falta de pruebas.

 

Procedimiento administrativo para destituir a un funcionario público por Abuso de Autoridad

Se entiende por abuso autoridad el cometido por el servidor o funcionario quien excediendo sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de una persona, un acto arbitrario cualquiera.

Los servidores o funcionarios sujetos a la Ley 30057 pueden ser sujetos de denuncia por abuso de autoridad, presentada ante la Secretaria Técnica del PAD quien recibiéndola  iniciará la investigación Preliminar a cuyo término de encontrar elementos que determinen la concurrencia de elementos materia de la denuncia recomendará se instaure PAD, se designará una Comisión Para Funcionarios quienes tendrán a su cargo de la fase instructiva del PAD, en cuya competencia  solicitarán el descargo documentado del funcionario o servidor procesado, efectuará las indagaciones que considere complementarias  y emitirá  su informe final al  Organo Sancionador ante el cual aquél solicitará presentar su Informe Oral, con la cual se encontrará expedido de  imponer la sanción a que pudiera haber lugar.

No cualquier falta administrativa debe conducir a la destitución, debe evaluarse la conducta con los resultados, podría ser merecedor o de una suspensión por días o una amonestación.

Para graduar la gravedad de la sanción a imponer , necesariamente debe procederse conforme a lo establecido en la LEY 30057:

“Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas

La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes:

  1. a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.
  2. b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
  3. c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.
  4. d) Las circunstancias   en   que   se   comete   la infracción.
  5. e) La concurrencia de varias faltas.
  6. f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
  7. g) La reincidencia en la comisión de la falta.
  8. h) La continuidad en la comisión de la falta.
  9. i) El beneficio ilícitamente obtenido,  de  ser el caso.

Articulo 91. Graduación de la sanción

Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley.

 

Soy servidor público destacado a trabajar en la Secretaria Técnica del PAD puede tener algún inconveniente por algún procesado?

No, si reúnes el perfil requerido y realizas tus funciones con eficiencia, repeto y probidad como con apego a los procedimientos previstos por Ley.

 

Sentencia de nulidad de proceso administrativo disciplinario

La sentencia es expedida por el Poder Judicial.

En ella se determinará de modo expreso el alcance de sus efectos favorables al procesado y de obligatorio acatamiento por parte de la entidad.

 

Un gerente inhabilitado por la contraloria puede seguir laborando en una entidad publica

No debe, salvo que cuente con medida judicial que suspenda dicha inhabilitación.

 

Se le proceso con un reglamento que no estaba vigente al momento que ocurrieron los hechos.

El PAD se encontraría afectado de nulidad.

 

Como quejarse de un docente déspota y que amenaza a los alumnos y no los evalúa bien?

En el caso de los docentes sujetos a la Ley de la Carrera Magisterial la denuncia se interpone ante el Director del Plantel o ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de la UGEL.

 

Un funcionario impide que me defienda

Puedes proceder conforme a lo indicado en los casos de Abuso de Autoridad

 

Causas de extinción del proceso administrativo disciplinario en Perú.

Por declararse afectado el PAD por prescripción o por el fallecimiento del procesado.

 

Recurso casación ¿suspende ejecución sanción disciplinaria?

No, salvo que declare la nulidad del acto que impuso la sanción.

 

 Gracias por tu preferencia como por escribir y difundir el blog.

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

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Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

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PLAZOS Y TÉRMINOS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL LEY N° 27444

 

 

                                                               Por   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

¿Cuánto tiempo debo esperar para que la municipalidad de respuesta a mi pedido?

¿Debo esperar el tiempo que me indican o hay una norma que señala un plazo obligatorio?

¿Qué hago si no me responden a tiempo?

¿Desde cuándo debo contar el plazo y hasta cuándo?

¿Qué son  días hábiles?

¿Qué son dias calendarios?

¿Cuál es el horario de atención?

¿Por qué me sancionan si yo emití mi informe dentro del plazo de 7 dias que dice el Juzgado? Ahora me dicen que ese plazo era no para mi sino para la entidad, yo que culpa tengo y que me abrirán proceso sancionador. Nunca nos dijeron nada.

¡¡¡Aquí toda la vida hemos atendido asi!!!.

 

Estas son algunas de las reiteradas preguntas y expresiones cotidianas que suele hacerse el ciudadano como los servidores o funcionarios públicos en ejercicio.

 

La respuesta a cada interrogante se encuentra en la Ley 27444 cuya parte pertinente relacionada a los plazos y términos transcribimos  al final de este breve comentario

 

La Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, como sus recientes modificatorias introducidas con el Decreto  Legislativo N° 1272,  son de obligatorio conocimiento para los servidores y funcionarios públicos y de suma utilidad para los ciudadanos que acuden  a realizar sus diversos trámites ante las diversas instituciones públicas como en las  organizaciones y empresa privadas que  prestan  servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, por cuanto en ella se regula cómo, quien y en que tiempo, deben resolver las actuaciones necesarias para dar respuesta sea denegando o atendiendo lo solicitado .

 

En la Ley 27444 se regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, los derechos y obligaciones y  faltas que pueden incurrir  quienes laboran para la administración pública como el administrado; desde el inicio, con la presentación de la solicitud hasta que concluya con  lo resuelto en segunda instancia agotándose  con ello finalmente la vía administrativa, quedando expedito el derecho del interesado acudir a la vía judicial respecto de cuanto no lo considere favorable.

 

En el caso de las entidades que cuentan con un procedimiento especial prevalece el establecido en dichas leyes y en lo no previsto en aquella es de aplicación supletoria lo regulado por Ley 27444.

 

La Ley 27444 está orientada a facilitar la atención al administrado con respeto eficiencia y eficacia, imponiendo sanciones administrativas al administrado  o a los servidores si el proceder es arbitrario o abusivo si es contrario a lo establecido por Ley.

 

La prevalencia de la Ley a favor del ciudadano no faculta al administrado a faltar el respeto a los servidores y mucho menos a que se realicen declaraciones falsas o documentos falsos o se incumplan los requerimientos que la administración le realiza.

 

De ahí la importancia de recordar a administrados como a los funcionarios y servidores públicos la adecuación de sus funciones como la permanente revisión de los Principios de Derecho  aplicables al Procedimiento Administrativo entre ellos:

 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación  propia  del  Derecho  Procesal  Civil  es  aplicable  sólo  en  cuanto  sea compatible con el régimen administrativo.

 

1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico

 

TÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO IV

PLAZOS Y TÉRMINOS

 

 

CONCORDANCIAS: D.U. N° 099-2009 (Establecen como días hábiles para elcómputo de determinados plazos administrativos a los días sábados, domingos y feriados no laborables)

 

ARTÍCULO 131° OBLIGATORIEDAD DE PLAZOS Y TÉRMINOS

131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, aquello que respectivamente les concierna.

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.

131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio.

 

 

ARTÍCULO 132° PLAZOS MÁXIMOS PARA REALIZAR ACTOS PROCEDIMENTALES

A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

  1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación.
  2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter en tres días.
  3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de siete días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros.
  4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse dentro de los diez días de solicitados.

 

 

ARTÍCULO 133° INICIO DE CÓMPUTO

133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última.

133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

 

 

ARTÍCULO 134° TRANSCURSO DEL PLAZO

134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o regional.

134.2 Cuando el último día de plazo o la fecha determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente.

134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

 

ARTÍCULO 135° TÉRMINO DE LA DISTANCIA

135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para llevar a cabo la perspectiva actuación.

135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente.

 

 

ARTÍCULO 136° PLAZOS IMPRORROGABLES

136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, respectivamente.

136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

 

ARTÍCULO 137° RÉGIMEN PARA DÍAS INHÁBILES

137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos administrativos.

137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los administrados.

137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental.

 

ARTÍCULO 138° RÉGIMEN DE LAS HORAS HÁBILES

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas:

  1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas.

CONCORDANCIAS: ACUERDO N° 006-2005 (Cumplimiento obligatorio del horario de atención de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General)

  1. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias.
  2. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.
  3. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última persona compareciente dentro del horario hábil.
  4. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado consienta en diferirlos.
  5. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad, en caso de duda o a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que prevalecerá.

 

ARTÍCULO 139° CÓMPUTO DE DÍAS CALENDARIO

139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun cuando fuera inhábil.

139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto procedimental a  cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le es advertida expresamente en la notificación.

ARTÍCULO 140° EFECTOS DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión.

140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo.

140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario.

 

ARTÍCULO 141° ADELANTAMIENTO DE PLAZOS

La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.

ARTÍCULO 142° PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143° RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

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RPC        994 948 189

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Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

MODIFICA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

Por RICARDO AYALA GORDILLO

 

Se ha hecho habitual que pensar en la Navidad sea sinónimo de obligación de comprar regalos, enhorabuena por los que pueden; particularmente, considero que la Navidad es el compartir familiar – que debiera ser cotidiano- para reflexionar sobre el mensaje de realidad, fé y esperanza que significa todo nacimiento, en este caso, el de Jesús, que su luz ilumine el dia a dia de cada persona y su familia prodigándole abundantes bendiciones con ello, mis deseos de permanente bienestar material como espiritual a mis lectores, clientes, familiares y amistades :

¡¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!.

 

En este contexto, hace apenas unos días, el 21 de diciembre 2016, el Gobierno nos ha dado un regalo legal, ha modificado la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General  y derogado la Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo.

 

¿Por que es un regalo? Porque las modificatorias y derogatoria debe significar un cambio mas favorable a los trámites que a diario realiza el ciudadano – administrado ante diversas entidades públicas como ante empresas que prestan servicios públicos de telefonía, agua, luz, etc. al Estado, sobre las cuales iremos comentando progresivamente en artículos siguientes.

Por la brevedad del tiempo, considero interesante compartir el artículo publicado por La LEY , y a continuación compartir la modificatoria referente al Procedimiento Sancionador, el incremento de Faltas aplicables y sobre el encargo dado ahora a Contraloría como a los Organos de Control Institucional para recibir las denuncias de los administrativos

http://laley.pe/not/3686/conoce-aqui-los-17-principales-cambios-al-procedimiento-administrativo/ .

 

FIJAN 12 NUEVAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 6 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

Conoce aquí los 17 principales cambios al procedimiento administrativo

 

El reciente Decreto Legislativo Nº 1272 busca agilizar y optimizar los procedimientos administrativos que se realizan en las entidades públicas. Para ello, modifica diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley del Silencio Administrativo. De esta manera se crean nuevas guías que los ciudadanos deberán tomar en cuenta durante sus trámites ante el Estado.

(Foto: Andina)

 

A partir de ahora, los procedimientos administrativos en las entidades públicas sufrirán significativos y progresivos cambios. Por un lado, la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley N° 27444) tendrá nuevas disposiciones, mientras que por el otro, la Ley del Silencio Administrativo quedará derogada. Así lo fija el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado este miércoles 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

 

Algunas de las modificaciones que establece la norma recaen sobre los derechos de los administrados, la velocidad de la respuesta por parte de los entes donde se realizan trámites administrativos, los supuestos eximentes de responsabilidad por infracciones y la incorporación de faltas. Además, ordena que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 sea aprobado en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de este jueves.

 

La norma deberá aplicarse tanto por parte de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como por los gobiernos regionales y locales, los organismos autónomos del Estado y las personas jurídicas que, estando bajo el régimen privado, prestan servicios al Estado o ejercen funciones administrativas. A continuación, te explicamos al detalle los cambios normativos más importantes que trae el nuevo decreto.

 

  1. Tres novedosos principios.El Decreto Legislativo Nº 1272 incorpora los siguientes principios: de ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad y de acceso permanente. El primero establece límites dentro de las facultades o potestades que posee la autoridad administrativa, con la finalidad de evitar el abuso del poder. Por su parte, el segundo principio obliga a la administración responder por los daños que perjudiquen a los administrados cuando la causa sea el mal funcionamiento de la actividad administrativa. Finalmente, el principio de acceso permanente busca facilitarle al administrado el acceso a la información sobre el estado de sus trámites.

 

  1. No cualquier notificación será válidamente efectuada.La norma también ordena que las notificaciones enviadas por correo electrónico sean validadas solo cuando la entidad reciba la respuesta de recepción, cuyo plazo es de dos días útiles.

 

  1. Administrados que mienten serán puestos en evidencia.Aquellos administrados que presenten declaraciones o informaciones falsas o fraudulentas serán incluidos en una lista pública. Esta relación será emitida y actualizada trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo.

 

  1. No más papeleo.A su vez, el decreto prohíbe a las entidades solicitar documentación que ellas mismas administren o tengan a la mano. Esta disposición se adecúa al Decreto Legislativo Nº 1246, que se publicó anteriormente y que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

 

  1. Se reconocen nuevos derechos de los administrados. Con la norma, se incorporan como nuevos derechos de los administrados el no presentar los documentos que las entidades tengan prohibido solicitar y a no pagar tasas diferentes a las reguladas. Además, las renovaciones de licencias o permisos se entenderán como prorrogadas siempre que el administrado lo solicite durante la vigencia original y la autoridad se encuentre instruyendo el procedimiento de renovación.

 

  1. Espacios idóneos.Las entidades deberán habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada al público.

 

  1. Denunciantes protegidos.La norma también establece que las entidades receptoras de denuncias podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes.

 

  1. Respuestas puntuales.De otro lado, las entidades estarán obligadas a responder las solicitudes de información dentro del plazo que establece la ley.

 

  1. El recurso administrativo de revisión podrá ser interpuesto solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente.

 

  1. Responsabilidad administrativa subjetiva.En los principios de la potestad sancionadora administrativa, se agrega el principio de culpabilidad, el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, a menos que por ley o decreto legislativo se establezca como objetiva.

 

  1. Situaciones que eximen de responsabilidad por infracciones. El decreto también fija seis supuestos en los que los administrados no serán responsabilizados por infracciones:

 

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

 

 

  1. Nuevas faltas administrativas.Por otra parte, se agregan 12 faltas administrativas que traen como consecuencia la suspensión, el cese o la destitución de la autoridad o personal administrativo. Algunos de los nuevos supuestos que califican como falta son: no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada; desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa; incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos y  cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

 

  1. Digitalización del procedimiento.El decreto ordena la incorporación del procedimiento administrativo electrónico. Esto, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales.

 

  1. Entidades interconectadas. Las entidades permitirán a otras el acceso gratuito a sus bases de datos para consultar información requerida.

 

  1. Nuevos parámetros en la Contraloría y la Oficina de Control Interno. Los roles cumplidos por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno responderán a nuevos parámetros específicos.

 

  1. Caducidad ampliable.La norma ordena que el plazo para la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio será de nueve meses. Sin embargo, también prevé que podrá otorgarse una prórroga de tres meses más.

 

  1. Se incorpora la Actividad Administrativa de Fiscalización, como un conjunto de actos, diligencias, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados.

 

 

Durante mis días de estudiante de Derecho estaba lejos de sospechar cuan cotidiano me resultaría el Derecho Administrativo, al cual me introduje abruptamente a partir de la experiencia laboral como Auditor Jefe reconocido por Contraloría que, con igual premura, me remitió a empaparme en la normativa y aplicación de las normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario como Abogado, Asesor de diversas entidades públicas, con cuyas experiencias me permito contribuir a  través de los artículos publicados en el Blog como a los consultantes al mismo o al correo personal en la esperanza que las peticiones que formulen y sobre todo las decisiones que se adopten resulten legales, como en lo posible, justas.

 

Por esta línea de trabajo en adición a las expuestas en los párrafos anteriores consideramos de relevante importancia antelar las modificaciones relacionadas al Procedimiento Sancionador como  las asignadas a Contraloría y a los Organos de Control Institucional.

 

 “Artículo 229. Ámbito de aplicación de este capítulo

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.”

 

“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

  1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
  2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento.

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

  1. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.

Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

  1. a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
  2. b) La probabilidad de detección de la infracción;
  3. c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
  4. d) EI perjuicio económico causado;
  5. e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
  6. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
  7. g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

 

 

  1. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

 

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

  1. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
  2. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

  1. a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
  2. b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
  3. c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el

ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

  1. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
  2. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
  3. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.
  4. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

(…)

“Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.

 

Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.”

 

Es en consecuencia  ilegal, imponer una medida correctiva no tipificada previamente como tal.

 

“Artículo 233. Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

 

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 232 infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

 

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

 

233.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

 

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

 

 

 

“Artículo 234. Caracteres del procedimiento sancionador

234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

  1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción.
  2. Considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.
  3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
  4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

 

234.2 La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio.

 

“Artículo 235. Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

  1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.
  2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

 

  1. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

 

  1. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

 

  1. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción.

 

La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

 

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

 

  1. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.”

 

Congruente como diferente, en parte, con el procedimiento sancionador previsto en la Ley 30057.

 

“Artículo 236. Medidas de carácter provisional

236.1 La autoridad que tramita el procedimiento

puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 146.

 

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.

236.3 No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos.

 

236.4 Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.5 Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.6 Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva medida.

 

236.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

236.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas:

  1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso.
  2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.”

 

 

“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracci nes las siguientes:

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:

  1. a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

  1. b) Otros que se establezcan por norma especial.”

 

Oportuna incorporación de reclamados eximentes y atenuantes a favor del administrado

 

Artículo 239.- Faltas administrativas

 

239.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de

los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.
  2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
  3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
  4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
  5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
  6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.
  7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
  8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
  9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
  10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refi ere el numeral 160.1 de esta Ley.
  11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.
  12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
  13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.
  14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
  15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
  16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.
  17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

20 Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 125;

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.
  2. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

239.2 Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

Ampliar el número de faltas es el resultado de haber verificado no solo que existen sino que son las que mas proliferan en las diversas entidades públicas, constituyendo el proceso de implementación de 60 dias (hasta el 21 de febrero2017), para los titulares de las entidades, no solo el deber de capacitar al personal sino modificar los instrumentos de gestión y en determinados casos racionalizar o incrementar recursos humanos como adecuar  su infraestructura.

 

“Artículo 49-B.- Rol de la Contraloría General y de los órganos de control interno

49-B.1 Corresponde a la Contraloría General de la República y a los órganos de control interno de las entidades, en el marco de la Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verificar de oficio que las entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento Administrativo, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.”

49-B.2 Los administrados podrán presentar denuncias ante los órganos de control interno de las entidades, que forman parte del Sistema Nacional de Control, o directamente ante la Contraloría General de la República, contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.

49-B.3 Es obligación de los órganos de control interno de las entidades o de la Contraloría General de la República que conocen de las denuncias informar a los denunciantes sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como resultado de las denuncias en relación a las irregularidades o incumplimientos que son objeto de denuncia.

49-B.4 El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia institucional, en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este dispositivo.”

 

Particularmente consideramos que esta función debiera encomendarse a las Secretarías Técnicas de Procedimiento Administrativo Disciplinario a efectos de no recargarse la labor relevante de los Organos de Control Interno en evaluar la adecuada ejecución de los recursos públicos asignados a las entidades.

 

Comprobado está que mejores leyes por si solas  no hacen un cambio significativo en la sociedad, de ahí la urgencia en la difusión de las Leyes antes mencionadas tanto en los ciudadanos –administrados como por parte de la entidades públicas representadas por los funcionarios, directivos y los servidores, quienes están obligados al mejor conocimiento de las normas administrativas que regulan sus funciones como todas aquellas relacionadas a su quehacer.

 

Exitos en tu cometido.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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CATEGORIA : /LEY DELPROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO GENERAL

Lima, 24/12/ 2016.

 

REGIMEN SANCIONADOR Y PAD EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N°29944 LEY DE REFORMA MAGISTERIAL (DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-ED)

 

Por RICARDO P. AYALA GORDILLO

 

La Ley N° 29944  LEY DE REFORMA MAGISTERIAL y su Reglamento aprobado con DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-ED es de aplicación a los profesores comprendidos en  la  Carrera  Pública Magisterial del Profesor Coordinador, Director de Institución Educativa, Especialista en Educación y Director o Jefe de Gestión Pedagógica que prestan servicios en las instituciones y programas  educativos  públicos  de  Educación  Básica y  Técnico-Productiva  y  en  las  instancias  de  gestión educativa descentralizada; regulando sus deberes, derechos,  la  formación  continua,  la  Carrera  Pública Magisterial,  la  evaluación,  el  proceso  disciplinario,  las remuneraciones y los estímulos e incentivos.

Su Régimen Sancionador y PAD, tiende a ser explícito y garantista como el establecido por la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil Servir (LSC); en esencia y términos generales se asemeja al originariamente establecido en el D.S. 005-90-PCM Reglamento del D.Leg. 276, en ese sentido, conserva los 4 tipos de sanciones (amonestación escrita (aunque ha desaparecido la amonestación verbal), suspensión, cese temporal y destitución); como la CPPAD y CEPAD para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, proscritos en la LSC.

La publicación de este artículo, como preámbulo y homenaje al Día del Trabajo, no está orientada a promover su aplicación indiscriminada, sino en contrario, con el objeto que quienes cuenten con un trabajo por el Estado lo conserven, respeten y valoren al colega, compañero como a los educandos y sus padres de familia en toda su dimensión humana;  fomentando su conocimiento  y revisión por Directores de las Instituciones Educativas, autoridades y docentes comprendidos en la Ley de Carrera Magisterial, con carácter disuasivo y preventivo; de modo que, sólo cuando resulte necesario, aplicarlo, lo sea con la elemental justeza y apego a los principios y procedimientos establecidos para cada caso o sanción en particular.

La revisión del capítulo IX Sanciones, Régimen Sancionador y PAD, debe realizarse necesaria y concordantemente con los principios  deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones contenidos en la Ley N° 29944 y del Código de Ética de la Función Pública, aplicable este último a los docentes contratados pero con sujeción al procedimiento establecido por la LSC por cuanto el PAD previsto fue derogado por esta última Ley.

Lima, 30 de abril del 2015

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

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RPM           # 985 483 172

RPC                994 948 189

Email:           asesoriadefensa02@gmail.com

 

 LEY N° 29944 LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL

CAPÍTULO IX

SANCIONES

Artículo 43

Sanciones

Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Las sanciones son:

  1. Amonestación escrita.
  2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
  3. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treintay un días (31) hasta doce (12) meses.
  4. Destitución del servicio.

Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

 

Artículo 44

Medidas preventivas

El director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente.

 

Artículo 45

Calificación y gravedad de la falta

Es atribución del titular que corresponda, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas,

en el marco de las normas vigentes.

 

Artículo 46

Amonestación escrita

El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

 

Artículo 47

Suspensión

Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

Artículo 48

Cese temporal

Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes:

  1. Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa.
  2. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa.
  3. Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos.
  4. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la correspondiente autorización.
  5. Abandonar el cargo injustificadamente.
  6. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo.
  7. Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales.
  8. Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales a) y b), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

El cese temporal es impuesto por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 49

Destitución

Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave.

También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución,

las siguientes:

  1. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada.
  2. Haber sido condenado por delito doloso.
  3. Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas agravadas.
  4. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos.
  5. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.
  6. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.
  7. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga.
  8. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político.
  9. Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un período de dos (2) meses.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales d), e), f), g) y h), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 50

Registro de las sanciones

Las sanciones administrativas como cosa decidida y las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada aplicadas al profesor son registradas en el Escalafón Magisterial.

La sanción administrativa se comunica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para que esta sea incluida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido o el que haga sus veces.

Artículo 51

Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial

El profesor sancionado administrativamente, conforme a los literales a) y b) del artículo 43 de la presente Ley, puede solicitar la eliminación de anotación de sanción en el Escalafón Magisterial, luego de transcurrido un año de haber cumplido con la sanción aplicada por falta disciplinaria.

En el caso del profesor sancionado de conformidad con el literal c) del citado artículo, debe haber transcurrido dos años del cumplimiento de la sanción. En ambos supuestos se requiere, además, haber observado buena conducta y obtenido informe favorable de su desempeño laboral.

Artículo 52

Inhabilitación

La inhabilitación impide al servidor ejercer función docente pública durante un determinado lapso, por haber sido sancionado como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio de su función pública o en su vida privada, que lo hace desmerecedor del ejercicio docente público, tales como:

  1. Las sanciones administrativas de suspensión y cese temporal implican la inhabilitación del ejercicio de la función docente hasta el término de la sanción.
  2. La sanción de destitución implica la inhabilitación para el desempeño de función pública bajo cualquier forma o modalidad, por un período no menor de cinco (5) años.
  3. Por resolución judicial firme que dispone la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, el profesor queda inhabilitado, según los términos de la sentencia.
  4. El profesional de la educación condenado por delito de terrorismo o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionario y de tráfico ilícito de drogas, queda impedido de ingresar al servicio público en el Sector Educación.

CAPÍTULO X

TÉRMINO Y REINGRESO A LA CARRERA

Artículo 53

Término de la relación laboral

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los

siguientes casos:

  1. Renuncia.
  2. Destitución.
  3. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley.
  4. Por límite de edad, al cumplir 65 años.
  5. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
  6. Fallecimiento.

Artículo 54

Reingreso a la Carrera Pública Magisterial

El reingreso a la Carrera Pública Magisterial está sujeto a evaluación y, de ser el  caso, a aprobación expresa, y se sujeta a:

  1. El profesor que renuncia puede solicitar su reingreso a la Carrera Pública Magisterial. El reingreso se produce en la misma escala magisterial que tenía al momento de su retiro de la carrera. El reglamento establece las condiciones y procedimientos de reingreso.
  2. El profesor destituido no puede reingresar al servicio público docente.
  3. El profesor comprendido en los alcances del literal c) del artículo anterior no puede reingresar al servicio público docente

 

 

REGLAMENTO  DE LA LEY N° 29944 LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL (DECRETO SUPREMO N°004-2013-ED)

CAPÍTULO IX

SANCIONES

 

Artículo 43

Sanciones

Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Las sanciones son:

  1. Amonestación escrita.
  2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
  3. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treintay un días (31) hasta doce (12) meses.
  4. Destitución del servicio.

Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

 

Artículo 44

Medidas preventivas

El director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente.

 

Artículo 45

Calificación y gravedad de la falta

Es atribución del titular que corresponda, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas,

en el marco de las normas vigentes.

 

Artículo 46

Amonestación escrita

El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

 

Artículo 47

Suspensión

Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

Artículo 48

Cese temporal

Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes:

  1. Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa.
  2. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa.
  3. Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos.
  4. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la correspondiente autorización.
  5. Abandonar el cargo injustificadamente.
  6. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo.
  7. Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales.
  8. Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales a) y b), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

El cese temporal es impuesto por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 49

Destitución

Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave.

También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución,

las siguientes:

  1. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada.
  2. Haber sido condenado por delito doloso.
  3. Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas agravadas.
  4. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos.
  5. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.
  6. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.
  7. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga.
  8. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político.
  9. Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un período de dos (2) meses.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales d), e), f), g) y h), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 50

Registro de las sanciones

Las sanciones administrativas como cosa decidida y las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada aplicadas al profesor son registradas en el Escalafón Magisterial.

La sanción administrativa se comunica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para que esta sea incluida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido o el que haga sus veces.

Artículo 51

Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial

El profesor sancionado administrativamente, conforme a los literales a) y b) del artículo 43 de la presente Ley, puede solicitar la eliminación de anotación de sanción en el Escalafón Magisterial, luego de transcurrido un año de haber cumplido con la sanción aplicada por falta disciplinaria.

En el caso del profesor sancionado de conformidad con el literal c) del citado artículo, debe haber transcurrido dos años del cumplimiento de la sanción. En ambos supuestos se requiere, además, haber observado buena conducta y obtenido informe favorable de su desempeño laboral.

 

Artículo 52

Inhabilitación

La inhabilitación impide al servidor ejercer función docente pública durante un determinado lapso, por haber sido sancionado como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio de su función pública o en su vida privada, que lo hace desmerecedor del ejercicio docente público, tales como:

 

  1. Las sanciones administrativas de suspensión y cese temporal implican la inhabilitación del ejercicio de la función docente hasta el término de la sanción.
  2. La sanción de destitución implica la inhabilitación para el desempeño de función pública bajo cualquier forma o modalidad, por un período no menor de cinco (5) años.
  3. Por resolución judicial firme que dispone la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, el profesor queda inhabilitado, según los términos de la sentencia.
  4. El profesional de la educación condenado por delito de terrorismo o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionario y de tráfico ilícito de drogas, queda impedido de ingresar al servicio público en el Sector Educación.

CAPÍTULO X

TÉRMINO Y REINGRESO A LA CARRERA

 

Artículo 53

Término de la relación laboral

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los

siguientes casos:

  1. Renuncia.
  2. Destitución.
  3. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley.
  4. Por límite de edad, al cumplir 65 años.
  5. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
  6. Fallecimiento.

 

Artículo 54

Reingreso a la Carrera Pública Magisterial

El reingreso a la Carrera Pública Magisterial está sujeto a evaluación y, de ser el  caso, a aprobación expresa, y se sujeta a:

  1. El profesor que renuncia puede solicitar su reingreso a la Carrera Pública Magisterial. El reingreso se produce en la misma escala magisterial que tenía al momento de su retiro de la carrera. El reglamento establece las condiciones y procedimientos de reingreso.
  2. El profesor destituido no puede reingresar al servicio público docente.
  3. El profesor comprendido en los alcances del literal c) del artículo anterior no puede reingresar al servicio público docente

CAPÍTULO IX

SANCIONES

 

Artículo 43

Sanciones

Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Las sanciones son:

  1. Amonestación escrita.
  2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
  3. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treintay un días (31) hasta doce (12) meses.
  4. Destitución del servicio.

Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

 

Artículo 44

Medidas preventivas

El director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente.

 

Artículo 45

Calificación y gravedad de la falta

Es atribución del titular que corresponda, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas,

en el marco de las normas vigentes.

 

Artículo 46

Amonestación escrita

El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

 

Artículo 47

Suspensión

Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

Artículo 48

Cese temporal

Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes:

  1. Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa.
  2. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa.
  3. Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos.
  4. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la correspondiente autorización.
  5. Abandonar el cargo injustificadamente.
  6. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo.
  7. Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales.
  8. Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales a) y b), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

El cese temporal es impuesto por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 49

Destitución

Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave.

También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución,

las siguientes:

  1. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada.
  2. Haber sido condenado por delito doloso.
  3. Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas agravadas.
  4. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos.
  5. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.
  6. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.
  7. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga.
  8. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político.
  9. Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un período de dos (2) meses.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales d), e), f), g) y h), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 50

Registro de las sanciones

Las sanciones administrativas como cosa decidida y las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada aplicadas al profesor son registradas en el Escalafón Magisterial.

La sanción administrativa se comunica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para que esta sea incluida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido o el que haga sus veces.

Artículo 51

Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial

El profesor sancionado administrativamente, conforme a los literales a) y b) del artículo 43 de la presente Ley, puede solicitar la eliminación de anotación de sanción en el Escalafón Magisterial, luego de transcurrido un año de haber cumplido con la sanción aplicada por falta disciplinaria.

En el caso del profesor sancionado de conformidad con el literal c) del citado artículo, debe haber transcurrido dos años del cumplimiento de la sanción. En ambos supuestos se requiere, además, haber observado buena conducta y obtenido informe favorable de su desempeño laboral.

 

Artículo 52

Inhabilitación

La inhabilitación impide al servidor ejercer función docente pública durante un determinado lapso, por haber sido sancionado como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio de su función pública o en su vida privada, que lo hace desmerecedor del ejercicio docente público, tales como:

 

  1. Las sanciones administrativas de suspensión y cese temporal implican la inhabilitación del ejercicio de la función docente hasta el término de la sanción.
  2. La sanción de destitución implica la inhabilitación para el desempeño de función pública bajo cualquier forma o modalidad, por un período no menor de cinco (5) años.
  3. Por resolución judicial firme que dispone la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, el profesor queda inhabilitado, según los términos de la sentencia.
  4. El profesional de la educación condenado por delito de terrorismo o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionario y de tráfico ilícito de drogas, queda impedido de ingresar al servicio público en el Sector Educación.

CAPÍTULO X

TÉRMINO Y REINGRESO A LA CARRERA

 

Artículo 53

Término de la relación laboral

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los

siguientes casos:

  1. Renuncia.
  2. Destitución.
  3. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley.
  4. Por límite de edad, al cumplir 65 años.
  5. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
  6. Fallecimiento.

 

Artículo 54

Reingreso a la Carrera Pública Magisterial

El reingreso a la Carrera Pública Magisterial está sujeto a evaluación y, de ser el  caso, a aprobación expresa, y se sujeta a:

  1. El profesor que renuncia puede solicitar su reingreso a la Carrera Pública Magisterial. El reingreso se produce en la misma escala magisterial que tenía al momento de su retiro de la carrera. El reglamento establece las condiciones y procedimientos de reingreso.
  2. El profesor destituido no puede reingresar al servicio público docente.
  3. El profesor comprendido en los alcances del literal c) del artículo anterior no puede reingresar al servicio público docente

CAPÍTULO IX

SANCIONES

 

Artículo 43

Sanciones

Los profesores que se desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la presente Ley, que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Las sanciones son:

  1. Amonestación escrita.
  2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
  3. Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treintay un días (31) hasta doce (12) meses.
  4. Destitución del servicio.

Las sanciones indicadas en los literales c) y d) se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la instauración del proceso.

Las sanciones señaladas no eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar, así como de los efectos que de ellas se deriven ante las autoridades respectivas.

 

Artículo 44

Medidas preventivas

El director de la institución educativa separa preventivamente al profesor y da cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, cuando exista una denuncia administrativa o judicial contra este, por los presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico ilícito de drogas; así como por incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente.

 

Artículo 45

Calificación y gravedad de la falta

Es atribución del titular que corresponda, calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas,

en el marco de las normas vigentes.

 

Artículo 46

Amonestación escrita

El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como leve, es pasible de amonestación escrita.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

 

Artículo 47

Suspensión

Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es pasible de suspensión.

La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, previo descargo del presunto responsable, según corresponda.

Artículo 48

Cese temporal

Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes:

  1. Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa.
  2. Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa.
  3. Realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos.
  4. Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la correspondiente autorización.
  5. Abandonar el cargo injustificadamente.
  6. Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo.
  7. Realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales.
  8. Otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con suspensión, es pasible de cese temporal.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales a) y b), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

El cese temporal es impuesto por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 49

Destitución

Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave.

También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución,

las siguientes:

  1. No presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada.
  2. Haber sido condenado por delito doloso.
  3. Haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas agravadas.
  4. Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos.
  5. Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.
  6. Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.
  7. Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga.
  8. Inducir a los alumnos a participar en marchas de carácter político.
  9. Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un período de dos (2) meses.

Asimismo, el profesor que incurre en una falta o infracción, habiendo sido sancionado previamente en dos (2) ocasiones con cese temporal, es pasible de destitución.

En el caso de los profesores que prestan servicios en las instituciones educativas, que incurran en las faltas señaladas en los literales d), e), f), g) y h), iniciado el proceso investigatorio previo al proceso administrativo disciplinario y en tanto estos no concluyan, el profesor es retirado de la institución educativa.

La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, según corresponda.

 

Artículo 50

Registro de las sanciones

Las sanciones administrativas como cosa decidida y las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada aplicadas al profesor son registradas en el Escalafón Magisterial.

La sanción administrativa se comunica a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, para que esta sea incluida en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido o el que haga sus veces.

Artículo 51

Eliminación de anotaciones de sanción en el Escalafón Magisterial

El profesor sancionado administrativamente, conforme a los literales a) y b) del artículo 43 de la presente Ley, puede solicitar la eliminación de anotación de sanción en el Escalafón Magisterial, luego de transcurrido un año de haber cumplido con la sanción aplicada por falta disciplinaria.

En el caso del profesor sancionado de conformidad con el literal c) del citado artículo, debe haber transcurrido dos años del cumplimiento de la sanción. En ambos supuestos se requiere, además, haber observado buena conducta y obtenido informe favorable de su desempeño laboral.

 

Artículo 52

Inhabilitación

La inhabilitación impide al servidor ejercer función docente pública durante un determinado lapso, por haber sido sancionado como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio de su función pública o en su vida privada, que lo hace desmerecedor del ejercicio docente público, tales como:

 

  1. Las sanciones administrativas de suspensión y cese temporal implican la inhabilitación del ejercicio de la función docente hasta el término de la sanción.
  2. La sanción de destitución implica la inhabilitación para el desempeño de función pública bajo cualquier forma o modalidad, por un período no menor de cinco (5) años.
  3. Por resolución judicial firme que dispone la inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, el profesor queda inhabilitado, según los términos de la sentencia.
  4. El profesional de la educación condenado por delito de terrorismo o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionario y de tráfico ilícito de drogas, queda impedido de ingresar al servicio público en el Sector Educación.

CAPÍTULO X

TÉRMINO Y REINGRESO A LA CARRERA

 

Artículo 53

Término de la relación laboral

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los

siguientes casos:

  1. Renuncia.
  2. Destitución.
  3. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley.
  4. Por límite de edad, al cumplir 65 años.
  5. Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
  6. Fallecimiento.

 

Artículo 54

Reingreso a la Carrera Pública Magisterial

El reingreso a la Carrera Pública Magisterial está sujeto a evaluación y, de ser el  caso, a aprobación expresa, y se sujeta a:

  1. El profesor que renuncia puede solicitar su reingreso a la Carrera Pública Magisterial. El reingreso se produce en la misma escala magisterial que tenía al momento de su retiro de la carrera. El reglamento establece las condiciones y procedimientos de reingreso.
  2. El profesor destituido no puede reingresar al servicio público docente.
  3. El profesor comprendido en los alcances del literal c) del artículo anterior no puede reingresar al servicio público docente

(DECRETO SUPREMO Nº 004-2013-ED)  

CAPÍTULO IX SANCIONES

SUB CAPÍTULO I

DE LAS FALTAS O INFRACCIONES

 

Artículo 77.- Falta o infracción

77.1. Se considera falta a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40 de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.

77.2. Se considera infracción a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación de la sanción administrativa correspondiente.

Artículo 78.- Calificación y gravedad de la falta

Las faltas se califican por la naturaleza de la acción u omisión.

Su gravedad se determina evaluando de manera concurrente las condiciones siguientes:

  1. a) Circunstancias en que se cometen. b) Forma en que se cometen.
  2. c) Concurrencia de varias faltas o infracciones. d) Participación de uno o más servidores.
  3. e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.
  4. f) Perjuicio económico causado.
  5. g) Beneficio ilegalmente obtenido.
  6. h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.
  7. i) Situación jerárquica del autor o autores.

Artículo 79.- Sanciones

La Ley ha prescrito las sanciones siguientes:

  1. a) Amonestación escrita.
  2. b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones.
  3. c) Cese temporal   en   el   cargo   sin   goce   de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta doce  (12) meses.
  4. d) Destitución del servicio.

Artículo 80.- Amonestación escrita

80.1. La amonestación escrita a la que se refiere el artículo 46º de la Ley consiste en la llamada de atención escrita al profesor de modo que éste mejore su conducta funcional, instándolo a no incurrir en nuevas faltas administrativas.

80.2. La sanción de amonestación escrita al profesor que ejerce labor en aula, personal jerárquico y Subdirector de institución educativa se oficializa por resolución del Director de la Institución Educativa.

80.3. Para el caso del Profesor Coordinador, Director de Institución Educativa, Especialista en Educación y Director o Jefe de Gestión Pedagógica, se oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, con excepción de los profesores que laboran en el MINEDU, a quienes se les aplica la sanción conforme a lo establecido en el numeral 89.4 del presente Reglamento.

80.4. Para el caso del Director de UGEL se oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada del ámbito regional.

80.5. No proceden más de dos (02) sanciones de amonestación escrita. De corresponderle una nueva sanción de amonestación, procede la suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones.

 

Artículo 81.- Suspensión

81.1. La sanción de suspensión consiste en la separación del profesor del servicio hasta por un máximo de treinta (30) días sin goce de remuneraciones.

81.2.  La  sanción  de  suspensión  al  profesor  que ejerce labor en aula, personal jerárquico y subdirector de institución educativa se oficializa por resolución del Director de la Institución Educativa.

81.3. Para el caso del Profesor Coordinador, Director de Institución Educativa, Especialista en Educación y Director o Jefe de Gestión Pedagógica, se oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, con excepción de los profesores que laboran en el MINEDU, a quienes se les aplica la sanción conforme a lo establecido en el numeral 89.4 del presente Reglamento.

81.4. Para el caso del Director de UGEL se oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada del ámbito regional.

81.5. No proceden más de dos (2) sanciones de suspensión. De corresponderle una nueva sanción de suspensión, procede la aplicación de la sanción de cese temporal sin goce de remuneraciones.

 

Artículo 82.- Cese temporal

82.1.  La  sanción de  cese  temporal  consiste  en  la inasistencia obligada del profesor al centro de trabajo sin goce de haber por un periodo mayor a treinta y un (31) días y hasta doce (12) meses.

82.2.  La  sanción  de  cese  temporal  se  oficializa por resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, previo proceso administrativo disciplinario.

82.3.  No  proceden  más  de  dos  (2)  sanciones  de cese  temporal.  De  corresponderle  una  nueva  sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de destitución.

82.4 El abandono injustificado a que se refiere el art. 48 de la ley se considera inasistencia injustificada  por mas de 3 continuas o 5 discontinuas en un periodo de  2 meses, correspondiéndole cese temporal (Adicionado por DS. 007-2015-MINEDU, 10 julio 2015).

Artículo 83.- Destitución

83.1. La destitución consiste en el término de la carrera pública magisterial producto de una sanción administrativa.

83.2. La sanción de destitución se oficializa por resolución   del   Titular   de   la   Instancia   de   Gestión Educativa Descentralizada, previo proceso administrativo disciplinario, disponiéndose su publicación en el Registro de Sanciones.

 

Artículo 84.- Condena Penal

84.1. La condena penal consentida o ejecutoriada privativa de la libertad por delito doloso, acarrea destitución automática sin proceso administrativo.

84.2  En  caso  de  condena  penal  suspendida  por delito doloso no vinculado al ejercicio de las funciones asignadas ni afecte a la administración pública, la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes recomienda si el profesor debe ser sancionado con cese temporal o destitución.

84.3. El profesor condenado con sentencia consentida  o  ejecutoriada  por  delito  de  terrorismo, o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios o delito de tráfico ilícito de drogas, queda impedido de manera permanente de ingresar o reingresar al servicio público docente.

 

Artículo 85.- Inhabilitación para ejercer función pública docente

 

85.1. La sanción administrativa disciplinaria de suspensión  y  cese  temporal  inhabilita  al  profesor  por el tiempo de la sanción a ejercer función pública, bajo cualquier forma o modalidad.

85.2. El profesor destituido queda inhabilitado para ejercer función docente pública bajo cualquier forma o modalidad, por un período no menor a cinco (5) años.

85.3 La resolución judicial firme, emitida conforme al artículo 36º del Código Penal, inhabilita al profesor según los términos de la sentencia.

85.4. En todos los casos, la inhabilitación es de alcance nacional.

 

Artículo 86.- Medidas preventivas y Retiro (Modificado por DS. 007-2015-MINEDU, 10 julio 2015) 

86.1.   La   medida   de   separación   preventiva   se aplica  de  oficio  a  los  profesores  que  prestan  servicio en  las  instituciones  educativas,  desde  el  inicio  del proceso investigatorio hasta la conclusión del proceso administrativo disciplinario, en los siguientes casos:

  1. a) Denuncia administrativa o judicial por los presuntos delitos señalados en el artículo 44º de la Ley.
  2. b) Denuncias por presuntas faltas graves señaladas en los literales a) y b) del artículo 48º de la Ley.
  3. c) Denuncias por presuntas faltas muy graves señaladas en los literales d), e), f), g) y h) del artículo 49º de la Ley.

86.2. Durante el periodo de la separación preventiva, el Jefe o Especialista Administrativo de Personal de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda, debe garantizar la prestación del servicio en la institución educativa.

86.3.  Concluido  el  proceso  investigatorio,  si  no se instaura proceso administrativo disciplinario, o en caso se instaure el proceso administrativo disciplinario y el profesor sea absuelto, éste es restituido en sus funciones.   Esta   medida   preventiva   no   constituye sanción ni demérito

 

Artículo 87.- Registro Nacional de Sanciones

Las sanciones de cese temporal y destitución son registradas,  además  del  Escalafón  Magisterial,  en  el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido conforme a las disposiciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la que será comunicada por la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada que corresponda, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde  la  fecha  en  que  quedó  firme  y  consentida  la Resolución respectiva.

 

SUB CAPÍTULO II

DE LA INVESTIGACIÓN

Artículo  88.-  Investigación  de  denuncia  por  el Director de Institución Educativa

88.1.  La  investigación  de  las  denuncias  por  falta leve o faltas que no pueden ser calificadas como leve, presentadas contra el profesor, personal jerárquico y subdirector de institución educativa, que ameriten sanción de amonestación escrita o suspensión, le corresponde al Director en los casos siguientes:

  1. a) El incumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo del programa curricular.
  2. b) El incumplimiento de la jornada laboral en la que se desempeña el profesor, sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente.
  3. c) La tardanza o inasistencia injustificada, sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente.
  4. d) La inasistencia injustificada a las actividades de formación en servicio para las que ha sido seleccionado por su institución educativa, red educativa, el Gobierno Regional o el MINEDU.
  5. e) La evasión de su obligación, de ser el caso, de colaborar en las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes que realiza  el  MINEDU,  de  participar  en la formulación, ejecución y seguimiento al proyecto educativo institucional, proyecto curricular de la institución educativa, reglamento interno y plan anual de trabajo de la institución educativa.
  6. f) Incumplimiento de otros deberes u obligaciones establecidos en la Ley y que puedan ser calificados como leves o faltas que no pueden ser calificadas como leve.

88.2. El Director de la Institución Educativa alcanzará al denunciado, copia de la denuncia, para que presente sus descargos en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación. Vencido el plazo el Director realiza la investigación correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, aplicando la amonestación escrita o suspensión, de ser el caso, mediante resolución.

 

Artículo 89.- Investigación de denuncia por el Jefe de Personal de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada o quien haga sus veces

89.1.  La  investigación  de  las  denuncias  por  falta leve y las que no puedan ser calificadas como leve, presentadas contra el Director de la Institución Educativa, Especialistas en Educación, Director o Jefe de Gestión Pedagógica y Director de UGEL, que ameriten sanción de amonestación escrita o suspensión, están a cargo del Jefe de Personal o quien haga sus veces, de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada a la que pertenece el profesor denunciado o de la instancia superior, según corresponda.

89.2. El Jefe de Personal de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, o quien haga sus veces, alcanza al investigado un copia de la denuncia, para que presente sus descargos en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación. Vencido  el  plazo  se  realiza  la  investigación  en  un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, aplicando la amonestación escrita o suspensión, de ser el caso, mediante resolución del titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, que corresponda.

89.3 En caso que el Informe Investigatorio recomiende sanción de suspensión prevista en el literal b) del artículo 43º de la Ley, corresponde al Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada la graduación de la sanción y emitir la resolución en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de recibido el Informe.

89.4 En caso el Director de la Institución Educativa no cumpla con lo establecido en el artículo 88 del presente Reglamento, será pasible de sanción, de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente artículo.

89.5. Cuando se trate de profesores que laboran en el MINEDU, la Resolución de sanción la emite el Jefe o Director General del Órgano o Unidad Orgánica en la que se desempeña el sancionado.

Artículo   90.-  Calificación e Investigación preliminar  de  denuncias   por las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios (Modificado por DS. 007-2015-MINEDU, 10 julio 2015)

90.1. La investigación de las faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial   de   Procesos   Administrativos   Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda.

90.2.   Por   acuerdo   de   la   Comisión   Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, la investigación se encarga a uno de sus miembros como ponente, quien alcanza al denunciado copia de la denuncia, para que presente sus descargos en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir de la debida notificación.

90.3 Transcurrido dicho plazo, el miembro a cargo de la investigación presenta su respectivo informe en un plazo no mayor de diez (10) días, para aprobación de los demás miembros de la Comisión, pronunciándose sobre la procedencia o no de instaurar proceso administrativo disciplinario. Una vez aprobado dicho informe, la Comisión lo remite al Titular de Instancia de Gestión Educativa Descentralizada correspondiente.

90.4. En caso la Comisión recomiende la instauración de proceso administrativo disciplinario, el Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada emite la respectiva resolución en un plazo no mayor de cinco (5) días desde la fecha de recibido dicho informe.

90.5 Si de la evaluación se considera que no hay mérito para la instauración de proceso administrativo disciplinario se recomienda el archivo del expediente y se emite el correspondiente acto administrativo que declare la no instauración del procedimiento administrativo disciplinario.

90.6 Dejado sin efecto por (Modificado por DS. 007-2015-MINEDU, 10 julio 2015).

 

SUB CAPÍTULO III

DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y COMISIÓN

ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES

 

Artículo 91.- Constitución, estructura y miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes

91.1. La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes se constituye mediante resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda. Se encarga  de  los  procesos  administrativos  disciplinarios por faltas que ameriten sanción de cese temporal o destitución del profesor, personal jerárquico, Subdirector de institución educativa, directivos de las instituciones educativas, sedes administrativas de las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y MINEDU, bajo responsabilidad funcional.

91.2. La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes está conformada por tres (03) miembros titulares y tres (03) miembros alternos, quienes asumen funciones en casos debidamente justificados. Los miembros de dicha comisión son los siguientes:

 

  1. a) Un representante  de  la  Instancia  de  Gestión Educativa Descentralizada, quien lo preside.
  2. b) Un representante de la Oficina de Personal de la Instancia de   Gestión   Educativa   Descentralizada, profesional en derecho, que presta servicios a tiempo completo  y  de  forma  exclusiva,  quien  actúa  como Secretario Técnico y,
  3. c) Un representante de los profesores nombrados de la jurisdicción.

 

91.3.  Para  el  cumplimiento  del  debido  proceso  y los plazos establecidos, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes puede contar con el asesoramiento de los profesionales que resulten necesarios.

Artículo 92.- Constitución, estructura y miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes

92.1 La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes se constituye mediante Resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda. Se encarga de los procesos administrativos disciplinarios a los Directores o Jefes de Gestión Pedagógica y los Directores de UGEL por faltas que ameriten la sanción de cese temporal o destitución.

92.2. La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes está conformada por tres (03) miembros titulares y tres (03) miembros alternos, quienes asumen funciones en caso debidamente justificado. Los miembros son funcionarios de igual o mayor nivel que el denunciado.

92.3. La Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes puede contar con el asesoramiento de los profesionales que resulten necesarios.

Artículo  93.-  Impedimentos  para  formar  parte de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes

Es impedimento para formar parte de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, estar cumpliendo sanción administrativa o haber sido sancionado administrativamente en los últimos cinco (5) años.

 

Artículo   94.-   Abstención   para   formar   parte de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes

El miembro de la Comisión Permanente y Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes debe abstenerse de formar parte de la misma en caso de:

  1. a) Ser pariente   dentro   del   cuarto   grado   de consanguinidad o segundo de afinidad con el procesado. b) Haber intervenido como perito, testigo o abogado en la etapa investigatoria y en el mismo proceso.

 

Artículo 95.- Funciones y atribuciones (Modificado por DS. 007-2015-MINEDU, 10 julio 2015)

La  Comisión  Permanente  o  Comisión  Especial  de Procesos Administrativos Disciplinarios  para  Docentes, ejerce con plena autonomía las funciones y atribuciones siguientes:

  1. a) Calificar e investigar las denuncias que le sean remitidas.(M)
  2. b) Recomendar el retiro del denunciado en el ejercicio de su función.(M)
  3. c) Emitir Informe Preliminar sobre procedencia o no de instaurar proceso administrativo disciplinario.
  4. d) Conducir los procesos administrativos disciplinarios en los plazos y términos de ley.
  5. e) Evaluar el mérito de los cargos, descargos y pruebas.
  6. f) Tipificar las faltas de acuerdo a la naturaleza de la acción y omisión.
  7. g) Emitir el Informe Final recomendando la sanción o absolución del procesado en el plazo establecido.
  8. h) Llevar el adecuado control, registro y archivo de los expedientes y la documentación remitida a la Comisión.
  9. i) Elaborar informes mensuales sobre el estado de los procesos administrativos disciplinarios a cargo de la Comisión.

 

SUB CAPÍTULO IV

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

 

Artículo 96.- Encausamiento y Acumulación

96.1. El profesor cesante, puede ser sometido a proceso administrativo disciplinario por las faltas que hubiese cometido en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

96.2. El profesor contratado, aun cuando haya concluido el vínculo laboral con el Estado, es sometido a proceso administrativo disciplinario regulado en la Ley No. 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública.

96.3. La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes puede  acumular  las  denuncias,  investigaciones  y  los procesos   administrativos   disciplinarios   que   guarden conexión y se encuentren pendientes de informe final.

Dicha acumulación puede ser a petición de parte o de oficio, previo informe de la Comisión.

Artículo 97.- Formalidad de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes

El proceso administrativo disciplinario es escrito y sumario y está a cargo de la Comisión Permanente o de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, según corresponda.

 

Artículo 98.- Instauración de Proceso Administrativo Disciplinario

98.1. El proceso administrativo disciplinario se instaura por Resolución del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada o por el funcionario que tenga la facultad delegada.

98.2. La resolución de instauración de proceso administrativo no es impugnable. La resolución y todos los actuados son derivados a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes que corresponda, para el trámite respectivo.

Artículo 99.- Notificación de resolución de instauración de proceso administrativo y descargos

99.1. El Área de Trámite Documentario de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, conforme a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, efectúa la notificación de la resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario.

99.2. La Instancia de Gestión Educativa Descentralizada   queda   dispensada   de   notificar   si el administrado toma conocimiento de la resolución mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, y dejando constancia de esta situación en el expediente.

Artículo   100.-   Presentación   de   descargo   y pruebas

El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso. El término de presentación de absolución de cargos es de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se puede prorrogar por cinco (5) días hábiles más.

Artículo 101.- Informe oral personal o por apoderado

Antes del pronunciamiento de las Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, el procesado puede solicitar autorización para hacer un informe oral en forma personal o por medio de apoderado, para lo cual las Comisiones señalan fecha y hora del mismo.

 

Artículo  102.-  Investigación,  examen  e  informe final

102.1.Las Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes realizan las investigaciones complementarias del caso, solicitando los informes respectivos, examinando las pruebas presentadas, considerando los principios de la potestad sancionadora señalados en el artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; elevando su Informe Final al Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables bajo responsabilidad funcional, recomendando las sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del Titular determinar el tipo de sanción y el periodo a aplicarse. En caso el Titular no esté de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios  para  Docentes, debe motivar su decisión.

102.2. El incumplimiento del plazo señalado no origina caducidad del proceso sino que constituye falta pasible de sanción.

 

Artículo 103.- Resolución de sanción o absolución

El  Titular  de  la  Instancia  de  Gestión  Educativa Descentralizada   emite   la   resolución   de   sanción   o absolución, en el plazo de cinco (05) días de recibido el Informe Final de la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario para Docentes correspondiente.

 

Artículo 104.- Ejecución de sanción

El acto administrativo, debidamente notificado, que dispone  sanción  disciplinaria  tiene  carácter  ejecutorio, conforme al artículo 192 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento  Administrativo  General  y  conforme  a los precedentes administrativos que dicte la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo  alguno.

 

Artículo 105.- Plazo de prescripción de la acción disciplinaria

105.1 El plazo de prescripción de la acción del proceso administrativo disciplinario es de un (01) año contado desde la fecha en que la Comisión Permanente o la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes  hace  de  conocimiento  la  falta,  a  través  del  Informe Preliminar, al Titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada.

105.2. El profesor investigado plantea la prescripción como  alegato  de  defensa  y  el  titular  de  la  entidad debe  resolverla  sin  más  trámite  que  la  constatación de los plazos. La acción se podrá declarar prescrita, disponiéndose el deslinde de responsabilidades por la inacción administrativa.

105.3. La prescripción del proceso opera sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

Artículo 106.- Interposición de recursos administrativos

El profesor sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previstos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 107.- Del proceso administrativo disciplinario por infracciones al Código de Ética de la Función Pública

El proceso administrativo disciplinario por infracciones se realiza según lo prescrito en la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, y está a cargo de las Comisiones reguladas en los artículos 91 y 92 del presente Reglamento.

 

Artículo 108.- Defectos de tramitación y silencio administrativo

 

108.1. Contra los defectos de tramitación en el proceso administrativo disciplinario, el profesor puede formular queja, la misma que debe ser tramitada de acuerdo a lo previsto por el artículo 158 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

108.2. En los procedimientos administrativos disciplinarios, opera el silencio administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

Artículo 109.- Denuncia maliciosa

El denunciado que considera que la denuncia en su contra ha sido efectuada de manera maliciosa tiene expedito su derecho para acudir a las instancias administrativas o judiciales para las acciones correspondientes.

 

CAPÍTULO X

TÉRMINO Y REINGRESO A LA CARRERA

SUB CAPÍTULO I

DEL TÉRMINO DE LA CARRERA

PÚBLICA MAGISTERIAL

 

Artículo   110.-   Retiro   de   la   Carrera   Pública Magisterial

El  retiro  de  la  carrera  pública  magisterial  extingue la relación laboral del profesor con el Sector poniendo término a la carrera pública magisterial y a los derechos

inherentes a ella. Se produce por las causales señaladas en  el  artículo  53  de  la  Ley  y  se  formaliza  mediante resolución administrativa de cese.

 

Artículo 111.- Renuncia

111.1.  La  renuncia  se  produce  a  solicitud  expresa del profesor con firma legalizada ante Notario Público o autenticada por Fedatario.

111.2. La solicitud es presentada ante el jefe inmediato del profesor, con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, previos a la fecha en que solicita su renuncia, siendo potestad del Titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada la exoneración del plazo.

111.3. El profesor comprendido en un proceso administrativo disciplinario, no puede presentar renuncia en tanto no se concluya el referido proceso, se delimite la responsabilidad y se cumpla con la ejecución de la sanción de ser el caso.

111.4.  El  profesor  podrá  solicitar  el  desistimiento de la renuncia sólo si no se ha emitido la resolución respectiva.

 

Artículo 112.- Destitución

 

112.1. La destitución es el término de la carrera pública magisterial producto de una sanción administrativa o como  consecuencia  de  resolución  judicial  consentida y ejecutoriada de condena por delito doloso con pena privativa de la libertad efectiva.

112.2. En el caso de profesor retirado que luego de un proceso administrativo disciplinario es sancionado con destitución, la resolución correspondiente forma parte de su legajo.

Artículo 113.- Retiro por no haber aprobado la evaluación de desempeño docente

El profesor que conforme al segundo párrafo del artículo 23 de la Ley no apruebe la segunda evaluación extraordinaria de la evaluación de desempeño docente será cesado definitivamente de la carrera pública magisterial, sin previo proceso administrativo disciplinario.

Artículo 114.- Retiro por límite de edad

El  profesor  es  retirado  definitivamente  al  cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El retiro se efectúa de oficio debiendo la administración comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro.

Artículo 115.- Retiro por incapacidad permanente

La autoridad competente, de oficio, emite la resolución administrativa  disponiendo  el  retiro  por  incapacidad permanente para el trabajo, previo Informe Médico de

la Junta Médica Evaluadora del Seguro Social de Salud- ESSALUD  que  determina  la  incapacidad  permanente, física o mental del profesor.

 

Artículo 116.- Retiro por fallecimiento

La autoridad competente, de oficio, emite la resolución administrativa de cese por fallecimiento del profesor a partir del día de su deceso, acreditado con el Acta de Defunción emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC.

Artículo 117.- Datos relativos a la situación laboral

Las  resoluciones  que  determinan  el  término  de  la carrera  pública  magisterial  del  profesor  deben  estar debidamente  motivadas,  señalando  expresamente  la causal que se invoca, los documentos que acreditan la misma y los datos referentes a la situación laboral del ex profesor. Conlleva necesariamente el otorgamiento de la compensación por tiempo de servicios y los beneficios pensionarios si fuera el caso.

Artículo 118.- Entrega del cargo

Al  término  de  la  carrera  pública  magisterial,  con excepción del retiro por fallecimiento, el ex servidor, bajo responsabilidad, hace entrega del cargo, bienes y asuntos pendientes  de  atención, ante la autoridad  competente designada.

Artículo 119.- Responsabilidad administrativa de profesores retirados

La resolución de cese del profesor por renuncia, límite de edad o no haber aprobado la evaluación de desempeño docente, no lo exime de la responsabilidad administrativa que por el ejercicio de la función pública se determine. En el caso que un proceso administrativo disciplinario  comprenda  a  un  profesor  fallecido,  se da por concluido el proceso respecto a este último, continuando el proceso para los demás profesores que resulten responsables.

 

SUB CAPÍTULO II

DEL REINGRESO A LA CARRERA

PÚBLICA MAGISTERIAL

 

Artículo 120.- Reingreso

 

120.1. El reingreso es la acción administrativa mediante la cual por única vez el profesor renunciante a la carrera pública magisterial, puede solicitar su reingreso a la carrera. En caso de proceder se autoriza en las mismas condiciones laborales que tenía al momento del retiro.

 

120.2. Los profesores prohibidos de reingresar a la carrera pública magisterial, señalados en los literales b) y c) del artículo 54 de la Ley, están impedidos de participar en los concursos públicos de ingreso.

 

Artículo 121.- Condiciones para el reingreso

El  profesor  podrá  solicitar  su  reingreso  bajo  las  siguientes condiciones:

  1. a) El reingreso se efectúa necesariamente en la misma jurisdicción a la que pertenecía la plaza de la que fue titular al momento del retiro.
  2. b) Existencia de plaza vacante presupuestada en el mismo cargo, especialidad, modalidad, forma, nivel o ciclo educativo. Para el caso de los especialistas el reingreso sólo procede en la sede administrativa en la que laboró al momento del retiro.
  3. c) El reingreso se realiza necesariamente después de los concursos públicos de reasignación y ascenso del profesor.

Artículo 122.- Requisitos para reingreso

Para el reingreso a la carrera pública magisterial, el profesor debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley.

Artículo 123.- Evaluación y aprobación expresa del reingreso

Las instancias de gestión educativa descentralizada implementan los procesos evaluativos para el reingreso, en base a los lineamientos nacionales establecidos por el MINEDU.

DIRECTIVA DE SERVIR QUE REGULA EL “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”

Por RICARDO AYALA GORDILLO

El martes 24 de marzo de 2015 ha sido publicada en separata especial del diario oficial El Peruano, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, cuyo contenido puedes verificar en el siguiente link http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2015/Res101-2015-SERVIR-PE_anexo.pdf

Esta norma administrativa, esperada con expectativa por funcionarios, directivos y servidores, por ex funcionarios y ex servidores de los regímenes laborales correspondientes a los Decretos Legislativos Nº 276, 728, 1057 y Ley N° 30057, (con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil) como por trabajadores de los demás regímenes especiales en los cuales resulta de aplicación supletoria; por cuanto, es de suma su utilidad práctica para los denunciantes, para el servidor o funcionario público denunciado como para las autoridades administrativas a quienes corresponderá evaluar la gravedad de la denuncia y en los casos que corresponda, previo procedimiento administrativo impondrán o no las sanciones de amonestación, suspensión de 1 a 365 días o la destitución.

La Directiva está redactada en términos comprensibles, sigue un orden sistemático que no se apreciaba en el caduco D.S. Nº 005-90-PCM; clarifica los aspectos relacionados al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador contenidos en la Ley Nº 30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento D.S Nº 040-2014-PCM, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y el procedimiento sancionador aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes antes mencionados, incluye modelos contenidos en anexos así como gráficos que facilitan su explicación.

Reitera el mandato a las entidades públicas en su deber de adecuar su normativa interna sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la Directiva.

Finalmente, modifica el numeral 5.2.1 del punto 5.2 de la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH que aprueba los “Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, precisando que sólo serán materia de inscripción:
a) Destitución o despido y suspensión independientemente de su régimen laboral.
b) Sanciones por responsabilidad administrativa funcional interpuestas por la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.
c) Inhabilitaciones de ex servidores civiles.
d) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial
e) Otras que determine la normatividad

Gracias por escribir y difundir el blog.

Exitos

RICARDO P. AYALA GORDILLO
Abogado

CITAS:

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ima, 28 de marzo 2015

Aqui la Directiva en word

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC

“RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”

1. OBJETO

La presente directiva tiene por objeto desarrollar las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador que establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.

2. BASE LEGAL

– Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
– Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.
– Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público y sus modificatorias.
– Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil como organismo técnico especializado y rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y su modificatoria.
– Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
– Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
– Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias.
– Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y su modificatoria.
– Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen
Especial para Gobiernos Locales.

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS

– LPAG : Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
– CEFP : Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
– LMEP : Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
– LSC : Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
– El Reglamento : Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la
Ley del Servicio Civil y su modificatoria.
– ORH : Oficina de Recursos Humanos.
– PAD : Procedimiento Administrativo Disciplinario.
– ST : Secretario Técnico.
– TUO : Texto Único Ordenado.

4. ÁMBITO

4.1. La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento.

De igual manera, es aplicable a los servidores civiles comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. Nº 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales.

4.2. A los servidores previstos en la Primera Disposición Complementaria Final de la LSC se les aplica de modo supletorio. La supletoriedad implica que, en todo aquello no previsto por sus normas especiales, se aplica el régimen disciplinario de la LSC y sus normas de desarrollo.

4.3. Las faltas previstas en el CEFP y la LPAG se procesan conforme a las reglas procedimentales del régimen disciplinario de la LSC y su Reglamento. Esta regla incluye el ámbito de aplicación de ambos cuerpos normativos.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Instrumentos de Gestión
Para efectos de esta directiva, se entenderá como instrumentos de gestión al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el Manual Operativo, y aquellos en los que se definan las funciones y atribuciones de las entidades, órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley N° 28411.

5.2. Alcances del Poder Disciplinario
Se entiende que aquellos órganos desconcentrados, proyectos, programas o
unidades ejecutoras conforme a la Ley N° 28411, de una entidad pública Tipo A, cuentan con poder disciplinario en los siguientes supuestos:

a) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y son declaradas entidades Tipo B.

b) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y no son declaradas entidades Tipo B.

c) Cuando no se les ha otorgado la facultad de sancionar y son declaradas entidades Tipo B.

5.3. Plazos. Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, resolver o declarar el archivo de los procedimientos administrativos

disciplinarios, la Secretaría Técnica y las autoridades del PAD observan plazos razonables y proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del derecho de defensa, entre otros. En este sentido, los actores del PAD deben actuar con diligencia en sus actuaciones, respetando los plazos de prescripción.

5.4. Desplazamiento del servidor. En caso de desplazamiento temporal o definitivo del servidor a otra entidad, órgano o unidad orgánica, la investigación preliminar, el inicio y, en general, el PAD, se realiza en la entidad, órgano o unidad orgánica donde se cometió la falta, correspondiendo a la entidad, órgano o unidad orgánica de destino del servidor la ejecución de la sanción.

5.5. Ex servidores. Cuando la Ley o el Reglamento hacen referencia a “ex servidores”, se entiende que se refiere a aquellas personas que no ejercen funciones públicas en ninguna entidad pública, bajo modalidad contractual alguna.

6. VIGENCIA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PAD
6.1. Los PAD instaurados antes del 14 de setiembre de 2014 (con resolución u otro acto de inicio expreso) se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al PAD.

6.2. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la LSC y su Reglamento y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.

6.3. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley Nº 30057 y su Reglamento.

6.4. Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad en parte o de todo lo actuado, se seguirá el mismo criterio dispuesto en el numeral 6.2 anterior.

6.5. Para efectos de la presente directiva, se considera que el PAD ha sido instaurado cuando la resolución u otro acto de inicio expreso que contiene la imputación de cargos ha sido debidamente notificado.

7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 de la presente directiva, las siguientes:

7.1. Reglas procedimentales:

– Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario.
– Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos procedimentales.
– Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales.
– Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
– Medidas cautelares.
– Plazos de prescripción.

7.2 Reglas sustantivas:

– Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores.
– Las faltas.
– Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes.

8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD

8.1. Definición

La Secretaría Técnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario. Está a cargo de un Secretario Técnico que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, en adición a las funciones que viene ejerciendo en la entidad o específicamente para dicho propósito. El Secretario Técnico puede ser un servidor civil que no forme parte de la ORH, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones reporta a esta.

Tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del
PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo.

La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren con el Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de flexibilidad, la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcentrados, entre otros criterios.

Si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG.

8.2. Funciones

a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, como se señala en el formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva.
b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles (Anexo B).
c) Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario, cuando la entidad sea competente y no se haya realizado la notificación dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento.
d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y
las investigaciones realizadas.
e) Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad.
f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento (Anexo C).
g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por el ST.
h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD.
i) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta.
j) Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte en caso que luego de las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la apertura del PAD.
k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

9. LAS AUTORIDADES DEL PAD

Para efectos de la identificación de las autoridades del PAD, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad.

9.1. Causales de abstención

Si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrare o incurriese en alguno de los supuestos del artículo 88 de la LPAG, se aplica el criterio de jerarquía, con el fin de determinar la autoridad competente.

La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día hábil.

Si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior jerárquico procede a designar a la autoridad competente del PAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la LPAG.

En el supuesto que la abstención sea ordenada de oficio o a pedido del presunto infractor, se seguirá lo establecido en el mismo artículo 90 de la LPAG.

9.2. Conflictos de competencia

Los casos de conflictos de competencia entre Órganos Instructores u órganos sancionadores, si las autoridades del procedimiento disciplinario considerasen que cuentan con dicha competencia en el caso concreto o que carecen de ella, son resueltos por la máxima autoridad administrativa de conformidad con lo dispuesto por la LPAG.

10. LA PRESCRIPCIÓN

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte.

Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento.

Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa.

10.1. Prescripción para el inicio del PAD

La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años.

Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende que la entidad conoció de la falta cuando la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente.

Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo es de dos (2) años calendario, computado desde que la entidad conoció de la comisión de la falta. Para este supuesto, se aplicarán los mismos criterios señalados en el párrafo anterior.

En los casos de falta continuada, para el cómputo del plazo, se entiende que la comisión de la falta se produce con el último acto que suponga la comisión de la misma falta.

10.2. Prescripción del PAD

Conforme a lo señalado en el artículo 94 de la LSC, entre la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la notificación de la resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más de un (1) año calendario.

11. LAS DENUNCIAS

11.1. Las denuncias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita de manera directa ante la Secretaría Técnica. Cuando la denuncia sea presentada de forma verbal, se debe canalizar a través de un formato de distribución gratuita que al menos cuente con la información contenida en el Anexo A. En el caso que el jefe inmediato o cualquier otro servidor civil sea quien ponga en conocimiento los hechos, se le dará el mismo tratamiento.
11.2. La denuncia debe exponer los hechos en que se fundamenta, adjuntando los medios probatorios que la sustentan, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 8.2 de la presente directiva. El ST puede también investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.
11.3. El denunciante no es parte del procedimiento administrativo disciplinario, sino
es un colaborador de la administración pública.

11.4. El plazo de treinta (30) días hábiles dispuesto por el artículo 101 del Reglamento tiene por objeto que el ST informe el estado de la denuncia al denunciante, teniendo en consideración, según corresponda, lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha respuesta no es impugnable.
11.5. El ST debe presentar semestralmente al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces un reporte sobre el estado de las denuncias recibidas y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados, pudiendo la entidad establecer plazos menores para la emisión de dicho reporte.
11.6. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral precedente, el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces puede solicitar, cuando lo considere conveniente, al ST información sobre el estado de las denuncias y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados.

12. LAS MEDIDAS CAUTELARES

12.1. La adopción de una medida cautelar antes del inicio del PAD es de competencia de la ORH o quien haga sus veces. La continuidad de sus efectos está condicionada al inicio del PAD en el plazo de cinco (5) días hábiles, conforme lo dispone el literal b) del artículo 109 del Reglamento.
12.2. Una vez iniciado el PAD, corresponde al Órgano Instructor adoptar la medida cautelar.
12.3. Tanto el Órgano Instructor como el Órgano Sancionador están facultados para modificar o revocar la medida cautelar dictada.
12.4. La medida cautelar no es impugnable.

13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRECALIFICACIÓN

13.1. Inicio y término de la etapa

Una vez recibidos la denuncia o el reporte del jefe inmediato o de cualquier otro servidor civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la Secretaría Técnica efectúa las investigaciones preliminares. Si la denuncia o reporte no adjuntara la documentación probatoria o indiciaria correspondiente, el ST la requerirá. En caso no reciba respuesta en plazo razonable puede declararlos como “no ha lugar a trámite”.

Una vez concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC.

Esta etapa culmina con el archivo de la denuncia conforme se señala en el informe de precalificación (Anexo C1) o con la remisión al Órgano Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD (Anexo C2).

En el caso del informe de control, el ST procede a identificar en su informe al órgano instructor competente.

El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAD. En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión.

13.2. Concurso de Infractores

En el caso de presuntos infractores que ostenten igual o similar nivel jerárquico y dependan del mismo inmediato superior, corresponde a este ser el Órgano Instructor.

Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos niveles jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el jefe inmediato, es competente la autoridad de mayor nivel jerárquico.

Si se diera la situación de presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel jerárquico y dependan de distinto inmediato superior del mismo rango, es la máxima autoridad administrativa la que determina cuál de los jefes inmediatos debe actuar como Órgano Instructor.

En caso se diera una diversidad de posibles sanciones a aplicar, corresponderá instruir a la autoridad competente de conocer la falta más grave.

13.3 Concurso de Infracciones

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG, cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

14. LAS SANCIONES

14.1 A las faltas del CEFP y las que se señalan de la LPAG, se les aplica las sanciones dispuestas por la LSC y su Reglamento, conforme al artículo 100 del Reglamento, a excepción de lo establecido en el artículo 241 de la LPAG.

14.2 Las sanciones principales que pueden imponerse a los servidores civiles por la comisión de una falta son: amonestación, suspensión entre uno (1) y trescientos sesenta y cinco (365) días y destitución.

14.3 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por cinco (5) años es la sanción principal solo para los ex servidores civiles.

Las autoridades competentes para esta sanción serán las previstas para la sanción de destitución. En el caso de ex funcionarios se sigue el procedimiento previsto en el numeral 19 de esta directiva.

Esta sanción se aplica de conformidad a las faltas y a los criterios de gradación previstos en la LSC y su Reglamento.

14.4 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años es sanción accesoria de la sanción de destitución. Esta sanción accesoria es eficaz y ejecutable una vez que la sanción principal haya quedado firme o se haya agotado la vía administrativa.

15. EL INICIO DEL PAD

15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano Instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos en que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio sigue la estructura que se presenta como Anexo D.

15.2 La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

15.3 El acto o resolución de inicio no es impugnable.

15.4 Para efectos de notificaciones, en todo lo no previsto por la presente directiva, se aplica supletoriamente la LPAG.

16. LA FASE INSTRUCTIVA

16.1 Los descargos se presentan dentro del plazo de cinco (5) días hábiles conforme lo establece el artículo 111 del Reglamento. La solicitud de prórroga se presenta dentro de dicho plazo; caso contrario, el Órgano Instructor continúa con el procedimiento hasta la emisión de su informe.

16.2 En caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al Órgano Instructor evaluar la solicitud y adoptando el principio de razonabilidad, conferir el plazo que considere necesario para que el imputado ejerza su derecho de defensa. Si el Órgano Instructor no se pronunciara en el plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial.

16.3 La fase instructiva culmina con la recepción por parte del Órgano Sancionador del informe a que se refiere el artículo 114 del Reglamento, emitido por el Órgano Instructor (Anexo E). El informe se sustenta en el análisis e indagaciones realizadas por el Órgano Instructor de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del literal a) del artículo 106 del Reglamento.

En el caso de la amonestación escrita, cuando el Órgano Instructor y Sancionador recae en el jefe inmediato, el procedimiento se culmina con la emisión del informe a que se refiere el párrafo precedente, remitiéndose el mismo, conforme se señala en el numeral 17.3 de esta directiva, al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces para que oficialice la sanción, de ser el caso.

17. LA FASE SANCIONADORA

17.1 Informe Oral
Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario- solicitar un informe oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil.

El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de diez (10) días hábiles, prorrogables por igual período de tiempo, debidamente sustentado.

17.2 Registro en el legajo
Se registran en el legajo las sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones y destitución. Las amonestaciones verbales no se registran en el legajo del servidor civil. Son de carácter reservado, conforme con lo dispuesto en la LSC.

17.3 Oficialización de la sanción
La sanción se entiende oficializada cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil, bajo los términos del artículo 93 del Reglamento y 89 y 90 de la LSC. Para los casos de amonestación escrita, cuando el jefe inmediato actúa como Órgano Instructor y Sancionador, una vez decidida la sanción, este debe comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, para que dicha sanción sea puesta en conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado. En los casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo Órgano Sancionador oficializar la sanción o emitir el acto de sanción.

La Secretaría Técnica queda a cargo de la notificación de los actos de oficialización de la sanción.

18. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

18.1 Contra las resoluciones que ponen fin al PAD, pueden interponerse los recursos de reconsideración o apelación ante la propia autoridad que impuso la sanción.

18.2 En el caso de las amonestaciones escritas, los recursos de apelación son resueltos por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

18.3 En los casos de suspensión y destitución, los recursos de apelación son resueltos por el Tribunal del Servicio Civil.

18.4 La interposición de los recursos impugnativos no suspende la ejecución de la sanción, salvo lo dispuesto para la inhabilitación como sanción accesoria.

19. REGLAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS EN EL PAD

19.1 Para efectos del PAD, se entiende que son funcionarios aquellos que han sido definidos como tales en la LSC y en la LMEP, inclusive para los regímenes distintos al de la LSC, con las exclusiones señaladas en el primer párrafo del numeral 4.1 de la presente directiva. Estas disposiciones se dictan en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 de la LSC y rigen de igual manera para los ex funcionarios.

19.2 En el caso de funcionarios pertenecientes a un Sector, el Órgano Sancionador se constituye en la figura del Titular del Sector para todos los casos y es quien oficializa la sanción.

19.3 Si los funcionarios pertenecen a una entidad no adscrita a un Sector, la
Resolución que conforma la Comisión a la que se hace referencia en el artículo
93.4 del Reglamento la emite el funcionario público responsable de la conducción de la entidad. En este supuesto, la Comisión Ad-hoc es determinada por dicho funcionario público y se compone por dos (2) funcionarios del mismo rango o jerarquía y el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces de la entidad. En caso la entidad no cuente con funcionarios de rango equivalente, se puede designar a funcionarios de rango inmediato inferior. El funcionario que tiene a su cargo la conducción de la entidad emite y oficializa también la resolución de sanción o archivo, según corresponda.

19.4 En el caso de funcionarios de gobiernos regionales y locales, la composición de la Comisión Ad-hoc a que se refiere el artículo 93.5 del Reglamento es determinada por el Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda. La Comisión se integra por dos (2) miembros elegidos entre los directivos

públicos de la entidad de rango inmediato inferior al funcionario procesado y el Jefe o responsable de la ORH de la entidad, quien será también el responsable de oficializar la sanción.

19.5 Las demás disposiciones relacionadas al régimen disciplinario y procedimiento sancionador reguladas por la LSC y su Reglamento son de aplicación para determinar la responsabilidad de los funcionarios o ex funcionarios, a que se refiere el presente apartado, en lo que corresponda.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA.-APLICACIÓN A OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN
La presente directiva también se aplica a otras formas de contratación de servicios de
personal en articulación a lo dispuesto en el artículo 4 del CEFP.

SEGUNDA.-ADECUACIÓN DE NORMATIVA INTERNA
Las entidades públicas deben adecuar su normativa interna sobre Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la presente directiva, de conformidad al Decreto Legislativo N° 1023 que establece la rectoría de SERVIR.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- SOBRE LAS COMISIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
Las Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, o quienes hagan sus
veces en los regímenes laborales, que al 13 de setiembre de 2014 estaban investigando la presunta comisión de faltas, pero que no notificaron al servidor civil el inicio del disciplinario con la imputación de cargos, deben remitir los actuados a la Secretaría Técnica, la que se encargará del procedimiento conforme a lo dispuesto en la presente directiva.

Los PAD que se encuentren en curso ante las Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de las entidades, una vez finalizados los procedimientos, deben remitir los actuados al ST de la entidad para su custodia y archivo.

SEGUNDA.- SANCIONES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LSC
Para los procesos en curso seguidos por faltas cometidas antes de la entrada en vigencia del régimen disciplinario dispuesto por la Ley Nº 30057 y su Reglamento, las sanciones de cese temporal y despido, reguladas bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, son aplicables para los casos que correspondan.

ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Modifíquese el numeral 5.2.1 del punto 5.2 de la Directiva N°001-2014-SERVIR/GDSRH que aprueba los “Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°233-
2014-SERVIR-PE, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:

“5.2 – SANCIONES MATERIA DE INSCRIPCIÓN
5.2.1.- Sanciones de obligatoria inscripción en el Registro
Las sanciones que son objeto de inscripción en el Registro son las siguientes:
a) Destitución o despido y suspensión, independientemente de su régimen laboral.
b) Sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por la Contraloría
General de la República y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. c) Inhabilitaciones de ex – servidores civiles.
d) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial.
e) Otras que determine la normatividad.”

RELACIÓN DE ANEXOS Y GRÁFICOS

ANEXOS:

Anexo A Formato de denuncia
Anexo B Estructura y formato de carta respuesta al denunciante
B1 Estructura de carta respuesta al denunciante
B2 Formato de carta respuesta al denunciante
Anexo C Estructura del informe de precalificación por parte del Secretario
Técnico:
C1 Dispone archivo de la denuncia
C2 Recomienda inicio del PAD Anexo D Estructura del Acto que inicia el PAD Anexo E Informe del Órgano Instructor
Anexo F Estructura del Acto de sanción disciplinaria
Anexo G Estructura del Acto de archivo del PAD

GRÁFICOS:

Gráfico 1 Cronología de la vigencia del PAD – LSC Gráfico 2 Esquema procedimental del PAD Gráfico 3 Flujograma del procedimiento

ANEXO A FORMATO DE DENUNCIA

Ciudad de ………., a los …… días del mes ……. de ….

Yo, ………………………………………………….. identificado con ……………………………………………….. (nombre completo y apellidos, en caso de ser persona natural y nombre de la empresa y de su representante, en caso de ser persona jurídica)

y domicilio en ……………………………………….………………………….. me presento ante usted, con la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el servidor(es)
………………………… de vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuación
expongo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… (Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores y partícipes y el aporte de la evidencia o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación)

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente:
1. ……………………
2. …………………..
3. …………………..

EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FÍSICA, declaro bajo juramento que la
autoridad …………………………………………………….. la tiene en su poder.

EN CASO NO SE TRATE DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL, adjunto como prueba
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre y firma del denunciante)

(Se debe adjuntar copia simple del documento de identidad: D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte y vigencia de poder, de ser el caso, de la persona natural o representante de la empresa).
Nota: El denunciante puede solicitar una copia de la denuncia que presenta, la misma que se le debe otorgar sin costo adicional.

ANEXO B1
ESTRUCTURA DE LA CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE

1. Lugar y fecha de emisión.
2. Persona a quien va dirigida la comunicación (denunciante/colaborador).
3. Domicilio del destinatario de la comunicación (denunciante/colaborador).
4. Identificación de la denuncia y su estado, teniendo en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806.
5. Agradecimiento por su colaboración.
6. Firma.

ANEXO B2
FORMATO CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE

Ciudad de ………., (fecha)

Señor(a)
………………………………..
(nombre completo y apellidos)
…………………………………………………. (dirección indicada en la denuncia) Presente.-

Apreciado(a) o Estimado(a) señor(a) …………………………………………………

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, con el fin de informarle el estado de la denuncia formulada y presentada ante nuestra entidad el día …. del mes de ………….. de …………

Al respecto, cumplimos con informar, conforme lo dispone el artículo 101 del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2014-PCM, que su denuncia tiene el siguiente estado:

En investigación a cargo de la Secretaría Técnica
En precalificación por el Secretario Técnico
En trámite por el Órgano Instructor
Se inició procedimiento administrativo disciplinario
Se dispuso su archivo *

*Se debe exponer claramente las razones por las cuales se dispuso el archivo de la denuncia.

Por parte nuestra, le agradecemos su colaboración y le precisamos que la información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, guardan reserva con referencia al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido por el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

……………………………………..
(Firma e identificación del ST)

ANEXO C1
ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN (dispone archivo de la denuncia)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil señalado en la denuncia, reporte o informe de control interno, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente cometida señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno y los medios probatorios en que sustentan.
3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada.
5. Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. Análisis de los
documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para dicha decisión.
6. Disposición del archivo.

ANEXO C2
ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN (recomienda inicio del PAD)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. Identificación de los hechos señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno, así como, de ser el caso, los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios probatorios presentados y los obtenidos de oficio.
3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. Fundamentación de las razones por las cuales se recomienda el inicio del PAD.
Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para dicha recomendación.
5. La posible sanción a la presunta falta imputada.
6. Identificación del Órgano Instructor competente para disponer el inicio del PAD.
7. De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la presunta falta, así como la afectación que esta genera al interés general.
8. Recomendación de inicio del PAD.

ANEXO D
ESTRUCTURA DEL ACTO QUE INICIA EL PAD

1. La identificación del servidor o ex servidor civil procesado, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. La falta disciplinaria que se imputa, con precisión de los hechos que configurarían dicha falta.
3. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
Análisis de los documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión.
4. La norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. La medida cautelar, de corresponder.
6. La posible sanción a la falta cometida.
7. El plazo para presentar el descargo.
8. La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga.
9. Los derechos y las obligaciones del servidor o ex servidor civil en el trámite del procedimiento, conforme se detallan en el artículo 96 del Reglamento.
10. Decisión de inicio del PAD.

ANEXO E
INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente vulnerada.
3. Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los medios probatorios en que se sustentan.
4. Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta.
5. La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser el caso.
6. El proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento, debidamente motivado.

ANEXO F
ESTRUCTURA DEL ACTO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del servidor o ex servidor civil respecto de la falta que se estime cometida.
3. La sanción impuesta.
4. Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) que pueden interponerse contra el acto de sanción.
5. El plazo para impugnar.
6. La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo.
7. La autoridad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar.

ANEXO G
ESTRUCTURA DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PAD

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
3. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada.
4. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. Fundamentación de las razones por las que se archiva. Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión.
6. Decisión de archivo.