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REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO : PODER GENERAL Y PODER ESPECIAL (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General )

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Por  RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Desde que formulamos nuestra petición a la Administración Pública hasta la obtención de la respuesta o se nos atienda conforme hemos solicitado ¿cuántas veces deberíamos volver?

 

Sería formidable que sólo 1 vez, para recoger la respuesta recaída o mejor aún recibirla en casa, dentro del  plazo no mayor de 30 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni feriados) que es el plazo máximo legalmente establecido en la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG).

 

Ocurre sin embargo, que no siempre es así, mas aún si el administrado trabaja, o es mayor de 70 años, o tiene dificultades para movilizarse  o vive en provincias o en el extranjero.

 

La LPAG, faculta al administrado a ser representado ante la Administración Pública por un tercero, a través de un Poder.

 

 

La Ley 27444 en el Artículo 115°, distingue dos tipos de poderes: Poder General  y Poder Especial.

 

Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado. (numeral 115.1 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Cómo se otorga el Poder General?

 

El administrado designará a quien lo representará ante la entidad en los reclamos, procedimientos o denuncias.

 

Para ello bastará un escrito simple dirigido a la entidad o bien a través de una carta poder simple, en la cual describirá el nombre completo conforme al documento nacional de identidad de la persona que lo representará, quien será su Apoderado.

 

Es suficiente la firma simple del apoderado puesta en el documento que contiene el Poder.

 

¿Para qué sirve el Poder General?

 

El Poder General faculta al representante:

  • A impulsar el procedimiento que se ha identificado realizar ante la entidad
  • Indagar el estado del expediente
  • Coordinar con los funcionarios a cargo,
  • Obtener copias
  • Presentar escritos a nombre de su representado.

 

Para asuntos de mayor relevancia se requiere  Poder Especial: igualmente regulado en el Artículo 115 de la Ley N° 27444:

 

“115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue conferido.

El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del administrado y representante ante la autoridad.” (numeral 115.2 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

¿Para que procedimientos me exigirán Poder Especial?

 

Cuando el administrado pretenda:

  • Poner fin a su petición antes la entidad emita la repuesta oficial solicitada (Desistirse del Procedimiento)
  • Interponer recursos impugnativo
  • Para el cobro de dinero.

Asimismo, para aquellos casos en que, por su importancia y excepción, la entidad haya previsto en su Procedimiento Especial.

 

 

¿Cómo se extiende el Poder Especial?

 

Según sea la mejor elección del Administrado:

 

  • Legalizando su firma ante el Notario Público;
  • Legalizando su firma ante el funcionario público autorizado expresamente para este propósito en la entidad.
  • Compareciendo el administrado y su representante y declarando tal voluntad ante la autoridad.

 

Es imprescindible que el administrado concurra personalmente a legalizar su firma.

 

 

Debes saber que :

 

“El empleo de la representación no impide la intervención del propio administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente Ley” (numeral 115.3 del Art. 115 de la LPAG).

 

 

Cuando se trata de otro tipo de representaciones (entre ellas: para procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones, ante entidades bancarias, alquilar, comprar, vender, etc.) el administrado podrá otorgar PODER GENERAL O PODER ESPECIAL regulados por el Artículo 74 Y 75 del Código Procesal Civil, el cual necesariamente será con intervención notarial o por Escritura Pública.

 

Gracias por tu preferencia, por escribir y compartir el blog

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

Escríbenos a:

asesoriadefensa02@gmail.com

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985 483 172 (RPM)

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Lima, 11 de marzo del 2018

Categoría : Ley del Proceso Administrativo General


 

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VIOLENCIA FAMILIAR LEY Nº 30275 LEY QUE MODIFICA EL TUO DE LA LEY 26260 DE VIOLENCIA FAMILIAR

                                                                   RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Sarita* comparte su experiencia de vida:

 

“Quisiera compartir con todos mi experiencia soy una mujer ya mayor.

 Me casé bastante joven,  tenia yo 20 años y me casé con la ilusión de hacerlo hasta la muerte.

  Mi esposo  empezó a cambiar y fui violentada enajenada violada maltratada por mas de 25 años.

 Todo el tiempo no pude concretar mi separación por que siempre pensé en mi hijo y claro en luchar hasta las últimas consecuencias por mi matrimonio.

  Además que los trámites para divorciarme eran en ese entonces muy difíciles. Y nunca tuve tiempo ni dinero ni voluntad de hacerlo pensando como piensan muchos aquí. La familia es la célula  básica de la sociedad…etc.

  Yo respeto mucho pero…por culpa de pensar de esta forma mi hijo sufre hoy todas las cosas k vio k su padre me hacia…Yo soy una persona triste y con tendencia a la depresión…

 Sobre mi esposo, él continua siéndome infiel con mujeres que se prestan a esto por internet…

 Todo se hubiera podido evitar si yo no hubiera pensado como piensan muchas aún….Que debemos continuar casados a pesar de todo lo que tenemos que soportar por nuestros hijos…

Hoy con esta ley después de todo lo que sufrí puedo divorciarme…pero a pienso…oh Dios mío  ya para que

¿¿¿ Mi hijo creció y el nunca cambiara y yo¿¿¿ tal vez yo pronto moriré”.

 

  

Para preservar la identidad de nuestra amiga lectora, la llamaremos Sarita.*

Cuantas veces, hasta cuando seguiremos viendo , oyendo o escuchando historias como la de Sarita?

Es una de la miles y miles de historias que se repiten en diversas formas una menos y otras muchísimo mas graves que la narrada.

Desde hace años en Perú se ha legislado y modificado con Ley 29282 la Ley de Violencia Familiar y su Reglamento,- cuyo texto será abordado en otro artículo-  y  como correlato existe todo un aparato policial, fiscal y judicial que se encarga de intervenir como procesar estos casos, lamentablemente, su quehacer es predominantemente  disuasivo, es decir, al final de todo un largo proceso  incide en recomendar que durante el proceso como al término del mismo , el agresor y su víctima  o toda su familia acuda a terapias sicológicas que casi nunca ocurren y menos le interesa al agresor.

A diario vemos diversidad de formas de violencia familiar una mas grave que otra; en los  pasados recientes días los medios de comunicación nos traían la noticia  como un padre asesina a su dijo que defendía a su maltratada madre; otra  el de una joven esposa cansada de esta violencia  resultó asesinada por arma de fuego  por su cónyuge junto con el policía al cual acudió a denunciar en el mismo acto que fue este último a notificarlo a su domicilio. El agresor quien también se suicidó, resolvió en segundos lo que la Ley tarda días, meses o años.

Lo peor de todo es que cuando estas noticias se difunden los malos actos se copian con el añadido que son superados en perversidad por los nuevos  actores.

Que hacer?

Aprender a   decir NO a tiempo.

Aprender decir NO  a tiempo puede y debería significar que las personas  aprendamos a identificar y apartarnos de todo vestigio o signo de violencia, desde la primera oportunidad.

Todos, nuestras amigas y amigos sicólogos, siquiatras, toda autoridad, servidor público, docentes, persona, vecino, familiares   tenemos una frondosa  tarea en lo preventivo, desde casa, en los colegios, acaso desde inicial o en la primaria, ahora casi todos los colegios cuentan con sicólogos, pero resultan insuficientes o en número o en estrategias para identificar y esencialmente para poder ejecutar acciones preventivas individuales destinadas a erradicarlas. Acaso una alternativa fuera educar a padres y docentes en estrategias orientadas  a identificar y disuadir toda  conducta violenta.

En que colegio no existen diversidad de niños y niñas violentadas o que violentan a  sus compañeras o compañeros o que presentan signos o síntomas de violencia en casa?  Recientemente el Ministerio de Educación procura regular al respecto una cruel realidad vigente de antaño.

Hay quienes no se consideran violentadas porque la pareja no le pega, no le insulta, pero la tiene sumida en un enfermizo  control hasta de sus mínimos movimientos, cual carceleros, es quien decide por ella que hacer o no, cuando como y con quien o no tratar.

Si aceptamos estas conductas desde el hogar es fácil entender porque  aceptamos con resignación las vejaciones a diario de cualquier persona  desde algunos  cobradores,  profesores,  compañeros de trabajo, del jefe, de la  autoridad que abusa de su poder.

Tratando de interpretar los comentarios de mi dilecto amigo, colega e historiador, César Cánepa Yori – a quien con esta parte rindo tributo de mi aprecio y amistad- en este país aún cuando han pasado mas de 500 años de emancipados  seguimos esperando un libertador, repetimos dia a dia  figuras o del conquistador avasallador o del genuflexo  resignado a su condición de conquistado.

Y que pasa en casos como el de Sarita  en el que ELLA siendo conciente de su vejación, de su destruída  autoestima  decide seguirla soportando hasta sus últimos días , dia a dia, con resignación?

Sarita es conciente del grave daño que su resignación no sólo le ha causado a ella sino también a su hijo. Quiera  su hijo  y Dios que su ciclo como agresor o víctima no se repita.

Mi consejo Sarita es que NUNCA, NUNCA  es tarde para que recobres tu dignidad, tu autoestima, tu libertad.

Busca ayuda profesional, da todo por un dia de vida en libertad, de vida con dignidad, verás que vale la pena verla y sobre todo, vivirla.

 

Estos eventos  ocurren a pesar de los esfuerzos legislativos del Estado, en dictar medidas para prevenir consecuencias mayores como las dictadas con la  LEY Nº 30275 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: LEY QUE MODIFICA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 26260, LEY DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA PROHIBIR LA POSESIÓN Y USO DE ARMAS DE FUEGO A LOS SENTENCIADOS POR VIOLENCIA FAMILIAR:

Artículo 1. Modificación del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar

Modifícase el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo 006-97-JUS, en los siguientes términos:

“De las medidas de protección inmediatas Artículo 10.- Recibida la petición o apreciados de of cio los hechos, el Fiscal dicta en el término de cuarenta y ocho (48) horas, bajo responsabilidad, las medidas de protección inmediatas que la situación exija.

Las medidas de protección inmediatas que se adoptan a solicitud de la víctima o por orden del Fiscal incluyen, sin que la enumeración sea limitativa, el retiro del agresor del domicilio, prohibición de comunicación, acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, suspensión temporal de visitas, inventarios sobre sus bienes, suspensión del derecho de tenencia y porte de armas, y otras medidas de protección inmediatas que garantizan su integridad física, psíquica y moral.

Para la ejecución de estas medidas, debe solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. Asimismo, el Fiscal puede solicitar la detención del agresor ante el Juez Penal competente, quien decreta dicha medida dentro del plazo de veinticuatro (24) horas.

El Fiscal de Familia pone en conocimiento del Juez de Familia las medidas de protección adoptadas en caso de formalizar la demanda.

El órgano fiscal debe oficiar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) la resolución que dispone la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de suspender la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida  de protección.

En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se debe oficiar al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones pertinentes”.

 

Artículo 2. Modificación del artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar Modifícase el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, aprobado por el Decreto Supremo 006-97-JUS, en los siguientes términos:

“De la sentencia Artículo 21.- La resolución judicial que pone fin al proceso determinará si ha existido o no violencia familiar y podrá establecer:

a) Las medidas de protección en favor de la víctima pudiendo ordenar entre otras, la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas por parte del agresor, además de cualquier otra forma de acoso para la víctima, entre otras, conforme lo prescribe el segundo párrafo del artículo 10 de esta Ley.

b) El tratamiento que debe recibir la víctima, su familia y el agresor, si se estima conveniente. Si la resolución judicial establece como medida de protección el tratamiento del agresor y este no cumple el mandato judicial, a solicitud de la víctima, el Juez debe variar la medida y ordenar el retiro temporal del agresor del domicilio y/o el impedimento temporal de visitas, según sea el caso. Cuando se establezca que el agresor debe seguir tratamiento de rehabilitación, corresponde supeditar la duración de la suspensión temporal de cohabitación y/o visitas al tratamiento que debe someterse; la rehabilitación debe ser acreditada con la certifi cación del médico tratante.

c) La reparación del daño.

d) El establecimiento de una pensión de alimentos para la víctima, cuando corresponda legalmente, si a criterio del juzgado ello es necesario para su subsistencia.

e) La prohibición de la posesión y uso de armas de fuego por parte del agresor y, en su caso, disponer su decomiso y la cancelación de la licencia respectiva. El órgano jurisdiccional oficia a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) la resolución que dispone la prohibición del uso y porte de armas y que ordena la entrega de las armas a esta institución. La SUCAMEC es responsable de cancelar la licencia e incautar las armas de uso civil que estén en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de armas de propiedad del Estado que sean empleadas por los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en situación de actividad para el ejercicio de sus funciones, se ofi cia al respectivo instituto armado o policial para la adopción de las acciones pertinentes. En atención a la función tuitiva de este proceso, el Juez puede agregar a su decisión los mandatos que aseguren la efi cacia de las pretensiones exigidas y los derechos esenciales de la víctima”.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

 

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Publicado por en febrero 20, 2011 en Derecho de Familia

 

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Ley del Procedimiento Administrativo General : DEL PLAZO

 

“Hazlo ahora mismo : Mas nos desgasta lo que dejamos de hacer que lo que hacemos” (Tomado de : El tiempo es Oro De Margaret Johnston)

 

 

 

 

 

Tan inherente es el tiempo a la vida misma que hay quienes dicen un año de vida es en realidad un año menos de vida.

 

 

La Ley ha establecido plazos para casi todas las actividades que realiza el ser humano sean : personales, familiares, herencias, contratos, laborales, pensiones, de negocios, actos administrativos, toma de decisiones, de notificaciones, procesos, procedimientos, reclamo de derechos, quejas, denuncias, etc.

 

 

Bajo esa esencial regla, no es suficiente tener la razón o el derecho sino pedirlo u otorgarlo a tiempo, a través de la autoridad competente y dentro del plazo establecido.

 

 

Si no se procede así se corre el riesgo no sólo perder el derecho e incluso ser pasibles de sanción  

 

 

Muy pocos asuntos son imprescriptibles, es decir, limitados a un plazo, como por ejemplo: reclamar una herencia.

 

 

Los actos privados de la persona se hallan regulados por el Código Civil en el cual se establece los plazos máximos para reclamar los derechos que se regulan por dicha Ley  :

 

Artículo 2001º Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:

1. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

2. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.

3. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.

 

El paso del tiempo, por excepción, también genera adquirir derecho en materia de propiedad de bienes muebles o inmuebles como se verifica en el Código Civil con la figura de la Prescripción Adquisitiva, en el :

 

Artículo 950º  La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años.

Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.

 

 Artículo 951º La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay.

 

En lo administrativo, el plazo transcurrido en los procedimientos administrativos y expresamente sancionados con Silencio Administrativo Positivo por la Ley 27444 como en la Ley 29060 también genera derechos a favor del interesado aún cuando éste no reuna los requisitos legales y no sea advertido por la administración dentro del breve plazo establecido.

 

 

De allí que ¿Cuanto le interesa a la administración pública el tiempo ?

 

Demasiado.

 

Sin embargo, hay una suerte de contradicción en lo que la Ley establece, promueve y dispone con lo que aún se hace con el plazo en muchas entidades que componen la Administración Pública.

 

Por un lado, años atrás el Gobierno dictó una Ley de Simplificación Administrativa para acabar de una vez por todas con las inacabables penurias que afrontaba el ciudadano; por ejemplo, quien se hallaba interesado en abrir un negocio, tenía que iniciar su peripecia ante las ventanillas de una entidad pública para obtener un documento que a la vez era requisito con el cual a la vez debía repetir una y otra vez hasta que finalmente con ellas obtenga su Licencia de Funcionamiento.  El año 2000 fue derogada la Ley de Simplificación Administrativa y sus alcances mas significativos fueron comprendidos en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, bajo sus alcances, modificatorias y normas relacionadas, actualmente, hoy algunas Municipalidades en minutos entregan Licencias de Funcionamiento.

 

 

Sin embargo, tal cambio y celeridad no es lo que comúnmente caracteriza a todos los procedimientos administrativos a cargo de la mayoría de las entidades públicas, lo cual sigue siendo materia de reclamo inclusive del actual mandatario de la Nación al justificar la promulgación de la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo Positivo .

 

 

A pesar de ello, hay  :

 

Expedientes que son recibidos e impulsados en su trámite sin verificar y consignar la debida foliación, o sin requerir la acreditación de la personería jurídica vigente por parte de las personas jurídicas, o que contengan todos los requisitos que exige el TUPA por ende sin anotar en el cargo los documentos faltantes les dan curso cuando por mandato de la Ley debe paralizarse su trámite hasta que el interesado lo subsane dentro del breve plazo de 48 horas vencido el cual si el interesado no lo subsanó le debe ser devuelto.

 

Expedientes a los que se dan inadecuada tramitación o innecesariamente se pide informe o sencillamente son dejados en la cola de los sujetos a ser atendidos cuando el llamado a hacerlo pueda o quiera revisarlo, a lo cual se añade la escasa o ausencia de supervisión por parte de su superior inmediato como del sistema administrativo o informático que le recuerde que el plazo máximo establecido por la Ley no es para la actuación de cada funcionario sino para la entidad en su conjunto y que si bien es verdad que la mayoría de los ciudadanos por desconocimiento o idiosincracia suelen ser sumamente pacientes también lo es que la Ley impone a quienes representan a la Administración Pública el deber de servir verificando que las actuaciones a su cargo como del personal que se halla bajo los alcances de su jefatura sean diligentes, eficaces, eficientes, económicas y oportunas; es decir, a tiempo, dentro del plazo concedido.

 

Procedimientos administrativos previstos en el TUPA con breve plazo para calificar en cuyo defecto le es aplicable el silencio administrativo positivo, que de no haber sido observado la falta de algún requisito a tiempo puede depender la vida o salud de muchas personas si la decisión es tardía, defectuosa  o se dio curso con documentación insuficiente 

 

 Resoluciones emitidas abriendo proceso administrativo disciplinario pero que al no ser notificadas dentro del plazo establecido puede dar lugar a que el incurso en responsabilidad invocando prescripción no pueda ser procesado administrativamente -esta omisión no exime la prosecución de las acciones civiles o penales, en los casos a que hubiera lugar – y que en contrario, quienes dieron lugar a tal omisión, se vean incursos en responsabilidad administrativa.  

 

 

Interesados que por omisión o desconocimiento no interpusieron  sus solicitudes, reclamos o impugnaciones a tiempo perdiendo su derecho.  

  

 

La vigilancia del plazo que sobre los expedientes a su cargo tuviera el funcionario o servidor público es parte del denominado control simultáneo y control interno previo que compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección, conforme precisa en su artículo 7º la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

 

 

El incumplimiento en el plazo por parte del servidor o funcionario por omitir, rehusar o retardar algún acto de su cargo,  puede dar lugar a que el afectado pida la intervención de la autoridad administrativa o invocando el artículo 244º de la Ley 27444 –incorporado con la Ley 28187- pedir la intervención del Fiscal Penal en concordancia al ilícito previsto el Artículo 377º del Código Penal.

 

 

A efectos de coadyuvar a sensibilizar y prevenir de estas adversas situaciones es necesario recordar que desde julio del año 2000 la Ley 27444 establece en su :

 

Artículo 35º  : PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN PREVIA.- El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 142°     PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

 

ARTÍCULO 143°     RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

143.1        El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2        También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático.

 

ARTÍCULO 158°     QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN

158.1          En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

158.2          La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin  de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

158.3          En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

158.4          La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

158.5          En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable….

 

 

 

El detalle de la mayoría de las actuaciones administrativas (no todas) sujetas a los alcances de la Ley 27444 han sido didácticamente recogidas por el colega OSCAR ZEGARRA GUZMÁN en su “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General  Análisis de la Ley N° 27444”, Ed. Gráfica Horizonte, Lima Octubre 2001 :

 

TABLA DE TÉRMINOS PROCESALES DE LA LEY DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (*)

 

ART.

ACTIVIDAD PROCESAL

PLAZO

INICIO DE PLAZO

85

Plazo para resolver el conflicto de competencia

4 días

Remisión del expediente

89.1

Plazo para remitir el expediente al Superior Jerárquico, por abstención

2 días hábiles

Recepción

25

Efectos de los actos Administrativos

Notificaciones personales: el día hubieren sido realizadas.

Por correo certificado, oficio, correo electrónico: el día que conste haber sido recibidas.

Por publicaciones: a partir del día de la última publicación en el diario oficial.

 

132.1

Remisión de documentos recepcionados a la sección correspondiente.

Dentro del mismo día

Recepción

125.1

Plazo de subsanación de solicitudes presentadas con observaciones por incumplimiento de requisitos.

2 días hábiles

Recepción de solicitudes

132.4

Plazo de realización de trámites a cargo de los interesados requeridos por la autoridad.

10 días

Solicitud

191

Abandono de procedimiento por incumplimiento de trámites a cargo del interesado.

30 días

Requerimiento de último trámite a cargo del interesado.

132.3

Plazo para evacuar informes o dictámenes peritajes.

7 días

Solicitud

132.2

Plazo para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter

3 días

Recepción

168.1

Solicitud de documentos a otras actividades

3 días en la misma entidad, 5 días en demás casos. No mayor de 10 días.

Solicitud

24

Notificación de acto administrativo

5 días

Expedición

207.2

Interposición de Recursos de Reconsideración

15 días

Dictamen de resolución

207.2

Plazo para resolver los recursos de Reconsideración

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de los recursos de apelación

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Apelación

30 días

Interposición de la demanda

207.2

Interposición de recursos de revisión

15 días

Dictamen de la resolución

207.2

Revisión

30 días

Interposición de la demanda

158.2

Término para resolver la queja

3 días

Previo traslado al quejado

35

Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa.

30 días hábiles, salvo ley o Dec. Leg. que establezca mayor plazo

Inicio del procedimiento

163.1

Actuación de la prueba

3 a 15 días

Dispone actuación de pruebas

163.2

Notificación de la actuación de la prueba

No menor de 3 días antes

Actuación de pruebas

169.1

Solicitud de pruebas a los administrados

Plazo establecido en requerimiento

Requerimiento

193.1.2

Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo

5 años

Resolución firme

202.3

Prescripción de facultad de declarar la nulidad de oficio

1 año

Resolución contenida

202.4

Nulidad de resolución vía proceso contencioso administrativo

2 años

Fecha que prescribió la facultad de declaración de nulidad administrativa

202.5

Nulidad de acto administrativo emitido por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, vía contencioso administrativa

3 años

Fecha que acto que firme

223

Contestación de la reclamación en procedimiento trilateral

15 días

Notificación

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

1 día

Concesión del recurso

226.3

Elevación de la apelación en proceso trilateral

5 días

Recepción por autoridad superior

227.2

Apelación del proceso trilateral

15 días

Notificación

227.2

Elevación de la apelación del proceso trilateral

2 días

Concesión del recurso

227.3

Traslado de la apelación del proceso trilateral

15 días

Recurso del expediente

227.3

Absolución de la otra parte de la apelación trilateral

15 días

Notificación del traslado

227.4

Vista de la causa de apelación del proceso trilateral

10 días

Notificación de absolución de la apelación

227.5

Resolución de la apelación en proceso trilateral

30 días

Audiencia

233.1

Prescripción de la facultad de determinar existencia de infracciones administrativas

5 años, si no está establecida en leyes especiales

Fecha que se cometió infracción

233.2

Cesación de la interrupción de la prescripción de infracciones administrativas

Paralizado por 2 meses por causa no imputable al administrado

Interrupción de la prescripción

234.4

Derecho a Defensa

5 días

Notificación

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Procedimiento Administrativo General,  Gestión Pública

02/01/2009

 

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JURISPRUDENCIA DEL TC SOBRE EL PROCESO ADIMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

La periódica revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución resulta de suma utilidad para los administrados como para quienes representan a la Administración como miembros de la CPPAD como a los titulares de entidades, Abogados, Jefes de las Oficinas de Personal o Recursos Humanos y a los Administradores, para la mejor comprensión del marco teórico y la aplicación de los casos concretos que nos toca afrontar.

 

 

La sentencia que hoy reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida  disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros,  lo relacionado a :

  • Abusos por parte de la administración pública
  • Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva
  • Aplicación del silencio administrativo negativo
  • Afectación al debido proceso,
  •  Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.

 

De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión,  al estar previsto en la Ley,  si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC.

 

Sin mayor preámbulo ni comentario lo comentado, con carácter ilustrativo lo destacamos  en letra cursiva y  negrita.  

EXP. N.º 1003-98-AA/TC

LIMA

JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los seis días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con el fundamento de voto, adjunto, del Magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miguel Alarcón Menéndez contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ocho, su fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente interpone acción de amparo contra los Vocales de la Corte Suprema, doctores Victor Raúl Castillo Castillo, Moisés Pantoja Rodulfo, Mario Urrelo Álvarez, Luis Edmundo Serpa Segura, los ex Vocales, César Fernández Arce, Ricardo Nugent López-Chávez, el Comandante José Dellepiane Massa, Titular del Pliego del Poder Judicial y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Solicita se declare inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Asimismo, se le reponga en el citado cargo, en razón de haberse conculcado el derecho al debido proceso en el trámite (sic) administrativo seguido en su contra, al impedírsele ejercer su derecho de defensa. Manifiesta que, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, fue nombrado Vocal Titular de la citada Corte Superior, y que en el año mil novecientos noventa se le instauró, junto a otros magistrados, proceso disciplinario por supuestas irregularidades administrativas en el desempeño de sus funciones, y en el curso del citado proceso solicitó al Presidente de la Corte Suprema, mediante escritos recepcionados con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, se le expida copia del informe recaído en los procesos disciplinarios y se le conceda el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho de defensa, lo que no le fue otorgado. Afirma que contra la resolución cuestionada con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, interpuso recurso de reconsideración, el cual no fue resuelto pese a su escrito de requerimiento; por ello, haciendo uso del silencio administrativo negativo, mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dio por denegado su recurso de reconsideración y formuló recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto en el plazo de ley, razón por la cual a través de “recurso”(sic) presentado a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consideró denegado el recurso de apelación, agotando así la vía administrativa.

 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita declarar improcedente o infundada la acción de amparo; en el primer caso, por no haber agotado la vía administrativa y por considerar que la presente vía no es la idónea, debiendo acudirse al proceso contencioso-administrativo; en el segundo, porque estima que no se ha acreditado la violación de ningún derecho constitucional del demandante, máxime el derecho de defensa, toda vez que ejerció los recursos de reconsideración y apelación.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y tres, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, declaró fundada la acción de amparo, por considerar que la sanción disciplinaria se dictó obviando que el demandante informe verbalmente antes de dicha decisión y que se le expidiera copia del informe de la Jefatura del Órgano de Control Interno del Poder Judicial; afectando así el derecho de defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional.

 

 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la acción incoada por considerar que ha operado la caducidad, dado que el recurso de apelación fue interpuesto por el demandante después de seis años de interpuesto el recurso de reconsideración y no dentro de los treinta días que establece la ley.

 

FUNDAMENTOS

 

 

El objeto del presente proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la inaplicabilidad de la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash, y se le reponga en el citado cargo.

 

 

Tratándose el acto cuestionado de un acto administrativo, antes de analizar el fondo de la controversia, deberá evaluarse el requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la vía previa (artículo 27.º, Ley N.° 23506); extremo que, en el presente caso, exige el análisis del silencio administrativo negativo, dado que, según alega el demandante, la vía previa se habría agotado a consecuencia de su acogimiento al silencio administrativo negativo ante la omisión de resolución expresa frente a los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos.

 

Silencio administrativo negativo

 

 

El Tribunal Constitucional interpretó que, en el caso de la acción de amparo, en el supuesto de que el administrado interpusiera recurso de reconsideración o de apelación, operaba siempre el silencio administrativo negativo, de modo tal que aquél no tenía la opción señalada en los artículos 98.º y 99.º del que fuera el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, D.S. 02-94-JUS, de esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa o de acogerse al silencio administrativo cuando considerara que conviniera a su derecho.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional modifica dicho criterio. Estima que, por el contrario, el administrado, transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo –y así acudir a la vía jurisdiccional- o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. Las razones que fundamentan este cambio de criterio son las siguientes:

En principio, una interpretación literal del dispositivo legal regulatorio de la materia descarta la referida tesis interpretativa. En efecto, de conformidad con el artículo 99.º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos: “El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.” (subrayado nuestro). La norma precisa que el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que “deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el pronunciamiento expreso de la administración. La misma consideración ha de extenderse al recurso de reconsideración contemplado por el artículo 98.º del citado dispositivo legal cuyo texto es análogo al citado artículo 99.º.

 

 

 

Naturaleza

 

 

El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición. Se trata de “una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de recurso”, en sustitución del acto expreso; pero “en beneficio del particular únicamente”, así “el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos [queda] abierto indefinidamente en tanto la Administración no [dicte] la resolución expresa” (subrayado nuestro, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, 7ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1996, p. 573). Sobre el particular, deben resaltarse dos aspectos: Se trata de una presunción en beneficio del particular únicamente, y su efecto es abrir la vía jurisdiccional, indefinidamente, en tanto la Administración no haya resuelto expresamente el recurso. La interpretación aún vigente del Tribunal Constitucional no concuerda con estos dos aspectos. En el primer caso, porque no se aplica en beneficio del particular, sino de la Administración, resultando que ésta, “la incumplidora de dicho deber de resolver, se beneficia de su propio incumplimiento” (Ernesto García-Trevijano Garnica, El silencio administrativo en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 1ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1994, p. 31). En el segundo caso, porque en lugar de abrir indefinidamente la vía judicial en tanto la Administración no resuelva expresamente, le impone un plazo, el que, además, ninguna norma del citado cuerpo normativo establece.

 

 

Constituye un criterio que limita irrazonablemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 139.º, inciso 3), de la Constitución. La interpretación efectuada restringe finalmente el derecho del particular de acceder a la vía judicial, porque ocasiona caducidad en el ejercicio del derecho de acción. Este derecho fundamental puede verse lesionado si, para acceder a la tutela jurisdiccional, la ley impone exigencias excesiva o irrazonablemente formalistas o, como en el presente caso, se interpreta las existentes u otras relacionadas, en un sentido de apreciación desvariado o desmesuradamente formal, ocasionándose en cualquiera de tales supuestos la imposibilidad del ejercicio de ese derecho fundamental. Considerando que el agotamiento de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al caso, las que regulan el sistema recursivo, deben interpretarse de conformidad con el principio pro actione. Es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. Tal es el caso, justamente, de la interpretación anterior del Tribunal.

 

 

 

No resulta acorde con el principio pro homine y pro libertatis de la interpretación constitucional, según los cuales, ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquélla que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo. La tesis interpretativa que posibilita esto último es justamente la que proviene del propio tenor literal de la norma antes referida y de la propia naturaleza del silencio administrativo negativo; esto es, la que establece que el administrado, luego de haber impugnado un acto administrado y transcurrido el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio administrativo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración, sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad en el ejercicio del derecho de acción.

 

 

Es en los términos antes establecidos que el Tribunal Constitucional, entiende, que se debe interpretar el silencio administrativo negativo, siendo dicha doctrina aplicable al caso, como a continuación se analiza.

 

 

El demandante impugnó el citado Acuerdo de Sala Plena con el recurso de reconsideración de fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno. La norma aplicable a dicho proceso, en cuanto concierne al plazo para resolver el referido recurso y la resolución ficta denegatoria (silencio administrativo negativo), es el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto Supremo N.° 070-89-PCM), toda vez que, de conformidad con su Sexta Disposición Transitoria “Los procedimientos administrativos en giro adecuarán su trámite a la norma contenida en el artículo 25.° en la fecha de vigencia del presente Reglamento. Las normas sobre silencio administrativo a que se refieren los artículos 26.° al 29.° regirán en los procedimientos administrativos que se inicien a partir del 02 de octubre de 1989”. Teniendo en cuenta que el proceso disciplinario del que proviene el acto impugnado se inició con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la norma antes citada es aplicable al referido proceso. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 25.º del citado dispositivo, modificado por el artículo 2.º del Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cada una de las entidades competentes deberá resolver el asunto solicitado o impugnado en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de iniciado el procedimiento o interpuesto el recurso impugnativo bajo responsabilidad(…)”. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del artículo 27.º del mismo dispositivo, también modificado por el artículo 3.º de la precitado Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cuando se trata de (…) procedimientos administrativos distintos a los conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y similares, operará, en los mismos plazos, el silencio administrativo negativo, salvo que la propia entidad, por norma expresa, disponga que opera el silencio administrativo positivo”; vale decir que, en el resto de procedimientos administrativos distintos a los antes señalados, el silencio administrativo negativo operará igualmente en el plazo de sesenta días de interpuesto el recurso impugnatorio.

 

 

 

En el presente caso, el recurso de reconsideración fue interpuesto con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, el mismo que no fue resuelto dentro del referido plazo de sesenta días. Ante ello y, de conformidad con el citado dispositivo, el demandante optó por esperar el pronunciamiento expreso de la administración pública, el cual empero, no se produjo no obstante el escrito de requerimiento de pronunciamiento por él presentado con fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis. Por tal motivo, con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete lo da por denegado, acogiéndose al silencio administrativo negativo e interponiendo, simultáneamente, recurso de apelación.

 

 

Sin embargo, tratándose el acto impugnado de un Acuerdo expedido por un órgano no sometido a subordinación jerárquica como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, no procedía la interposición de recurso de apelación. En tal sentido, el escrito en el que el demandante interpone un “recurso de apelación” y da por denegado el recurso de reconsideración, debe interpretarse como un requerimiento de resolución expresa del recurso de reconsideración, ello en aplicación del principio pro actione antes citado y el principio de no formalismo del procedimiento administrativo que se desprende del artículo 103º del citado Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo N.° 02-94-JUS). La errónea calificación del administrado de un acto –el recurso- no obsta para entender el efecto real que debe atribuirse a él en el procedimiento que, en este caso, no es sino el de requerir el pronunciamiento expreso de un recurso de reconsideración interpuesto.

 

Posteriormente, el demandante, por escrito recibido el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dio por denegado el denominado recurso de “apelación” y se acogió al silencio administrativo negativo, con lo cual, la vía previa había sido agotada.

 

 

La demanda ha sido interpuesta el quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, luego de haber agotado la vía previa en los términos antes precisados y dentro del plazo de sesenta días posterior al agotamiento de dicha vía. En consecuencia, habiéndose satisfecho las requisitos de procedibilidad de la acción de amparo, corresponde analizar el fondo de la controversia.

 

 

Planteamiento del problema de fondo de la controversia constitucional

 

 

El demandante, con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, solicitó a la Sala Plena que se le concediera el uso de la palabra ante dicho órgano, conforme consta a fojas ciento sesenta y cuatro, petición que, según dice el referido escrito, reiteró otra anterior, con idéntica pretensión, de fecha veintiocho de febrero del mismo año. Es, entonces, materia de análisis determinar si la omisión a una solicitud de informe oral o palabra, ante un pedido en ese sentido, lesiona o no el derecho a la defensa.

 

 

 

El demandante, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, dos días antes de emitirse la resolución sancionatoria, además de reiterar el pedido de uso de palabra, solicitó también que se le hiciera entrega de una copia del informe recaído en los procesos disciplinarios instaurados en su contra. Corresponde, así, analizar si la omisión de la entrega de los citados informes lesiona o no el derecho de defensa.

 

 

Límites de la potestad administrativa disciplinaria

 

 

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman.

 

 

Derecho de defensa

 

 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y, eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe.

 

 

Debe destacarse singularmente este extremo, dado que no es lo mismo que el procesado controvierta y ejerza su derecho de defensa ante el órgano investigador, como efectivamente ocurrió en este caso, que si efectúa el descargo respecto a la acusación no ante el referido órgano, sino ante el órgano que ha de aplicar o resolver la sanción. Esto crearía, además una situación de desigualdad de fondo incompatible con el debido proceso, porque el procesado está en desventaja respecto a la Administración, puesto que no puede ilustrar o controvertir, directamente, frente al órgano sancionador los cargos del informe. El órgano resolutor sólo conoce la apreciación de los hechos por parte del órgano investigador, sin que, respecto a ello, el procesado haya podido ejercer su derecho de defensa.

 

 

La omisión a la solicitud de informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ante un pedido a ese respecto, lesionó también el derecho a la defensa y, por consiguiente, el derecho al debido proceso, porque ocasionó indefensión en el demandante, al no posibilitarle la ocasión de defenderse ante el órgano sancionador respecto de los cargos que se le imputaban en el informe de la comisión y, de ese modo, poder controvertirlos y exponer o persuadir al órgano sancionador de todo cuanto conviniese a su derecho.

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

 

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, declara inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República; y prescrito el proceso administrativo que originó la medida disciplinaria; ordena la reposición del demandante en el cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, computándose los años de servicios solo para efectos pensionables; dispone, que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a fin de que inicie el procedimiento de antejuicio, así como a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artículo 11.° de la Ley N.° 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS REY TERRY  REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI  BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA

 

 EXP. N.° 1003-98-AA/TC

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

Hago mío el voto que antecede, agregando:

 

Que durante la última década, los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez.

 

SR.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

 

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ACTA DE NACIMIENTO : NIÑO o NIÑA IMPEDIDOS DE LLEVAR APELLIDOS DEL PADRE O DE LA MADRE

Los flamantes jóvenes padres de un recién nacido no cabían en sí de gozo con el nacimiento de su primer hijo, la madre y su niño ya habían sido dado de alta hospitalaria, sólo les quedaba cumplir con el último procedimiento en el Hospital : inscribir al niño en la Oficina de Registro Público que allí tiene la Municipalidad y obtener de manera GRATUITA SU PRIMERA PARTIDA DE NACIMIENTO (HOY LLAMADA ACTA DE NACIMIENTO).

 

 

Radiantes de felicidad se sentaron ante el  Registrador quien, al pedirles sus respectivo DNI les cambió la algarabía por un momento de confusión y suma incomodidad : El niño va a tener su partida de Nacimiento sólo que no puede llevar el apellido de la madre o del padre, ustedes elijan.

 

 

¿Quéééééé? Que le pasa? dijeron al Registador. Este les explicó: La madre en su DNI lleva el apellido de casada con otra persona, distinta al padre del recién nacido. El Código Civil en su Artículo el artículo 361º del Código Civil establece que “el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución tiene por padre al marido”, por lo cual , al hijo que nace de mujer casada, se le atribuye por disposición legal, la paternidad al marido de ésta, sin necesidad de  reconocimiento expreso por parte de él.   Frente a esta limitante legal, decidan con los dos apellidos de cual de ustedes emito el Acta de Nacimiento de su hijo.

 

Dura lex, sed lex dicho en el latín de los antiguos romanos o

“La Ley es dura, pero es la Ley”.

 

 

Ambos padres nunca contaron con esto, mostraron su enfado y turbaciones personales.

 

 

Es mi hijo, nunca voy a permitir que lleve los apellidos de un padre que verdaderamente no es. …Aunque por mis apellidos mas parecerá ser mi hermano. 

 

 

El padre, a pesar de ello insistió,  consideró arbitrario y abusivo el proceder del Registrador, mas porque decía conocer de muchas otras personas de los cuales uno de ellos era casado con otra que sin divorciarse nunca habían tenido impedimento en que sus hijos lleven el apellido respectivos de los verdaderos padres (PADRES BIOLÓGICOS).

 

 

El registrador apaciguó el enfado explicándoles : Esta ingrata situación no impide que hoy el niño salga hoy del hospital con su Acta de Nacimiento con lo cual tiene asegurado su DERECHO AL NOMBRE con ello ejercer desde ahora y a través de ustedes todos sus derechos, incluso hoy mismo pueden sacar su DNI.

 

 

A lo cual añadió, dirigiéndose a la madre, lo que usted tiene que hacer es : regularizar su estado civil, es decir, iniciar lo antes posible su proceso de DIVORCIO, tan pronto obtenga su sentencia o Acta que así lo declare e inscriba en los Registros Públicos y Registro de la Municipalidad donde se casó, puede usted tramitar su nuevo DNI y con ello acercarse a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad para RECONOCER A SU NIÑO, DE MANERA GRATUITA. El reconocimiento será anotado en el margen de esa partida.

 

Hecho esto,  incluso puede tramitar para obtener otra Acta de Nacimiento donde ya aparezca el niño tanto el apellido paterno de cada uno de sus padres, con la cual nadie tendrá porqué saber y menos preguntar porqué demoró en reconocer a su hijo.     

 

Lección :

 

Si uno de ustedes es casado y mantiene una relación de pareja estable con otra persona  y ella está embarazada o piensan tener un  hijo o hija, lo aconsejable es iniciar los trámites de tu divorcio, desde ya.  

 

 

Para obtener el divorcio debes iniciar tu proceso de separación de cuerpos por alguna de las siguientes alternativas:

 

  • Por separación convencional (mutuo acuerdo). En este caso, es aconsejable el “divorcio rápido”.
  • Por estar separados 2 ó 4 años. No es necesario que tu esposo o esposa esté de acuerdo contigo. Hoy puede ser suficiente que desde celebrado el matrimonio haya pasado:

 4 años si es que hubieran hijos menores de edad, o.,

 2 años si no hubieran hijos menores de edad

  • Por alguna de las siguientes causales  :  El adulterio, la violencia física o psicológica, que el Juez apreciará según las circunstancias, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años contínuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo, la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común, el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, la enfermedad venérea grave contraída después de la celebración del matrimonio, la homosexualidad sobreviniente al matrimonio, la condena por delito doloso a pena privativa de la libertad mayor de dos años, impuesta después de la celebración del matrimonio.

 

En cualquiera de los casos, siempre es aconsejable que consultes con el abogado de tu elección, pues muchos terminan abandonando sus divorcios que iniciaron bajo promesas de divorcio express (rapidísimo) y económico, lo cual no siempre es posible.

 

  

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Derecho de Familia

 
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Publicado por en febrero 16, 2009 en Derecho de Familia

 

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CONFORMACION DE LA CPPAD (Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios)(Art. 165º D.S. 005-90-PCM)

 

Otra vez, la prensa manifestando su poder.

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, frente a la difusión de  noticias sobre hechos que remecieron la opinión pública, han dado muestras de medidas correctivas para procurar salvar la respetabilidad e imagen pública del primer poder del Estado, cortar por lo sano, evitar el discurrir del “dime con quien andas y te diré quien eres”.

 

 

Frente a “chuponeados petroaudios” en que los ahora conocidos chuponeados mencionan el nombre de algunos altos funcionarios públicos, como parte de los correctivas el Primer mandatario salió en los medios de comunicación haciendo el respectivo deslinde, calificando a los involucrados, pidiendo la investigación de Ley y sanción severa para los incursos, además, para evitar la censura del gabinete, lo renovó parcialmente.

 

En ese mismo cometido, en vísperas de su designación por parte del primer mandatario, los medios anuncian que el Congreso de la República acuerdan el correctivo de no elegir a la única profesional aspirante propuesta a Contralora General de la República, alto cargo reservado a ocupar por 7 años a quien iba a encabezar la jefatura de los OCI como máxima autoridad del Sistema Nacional de Control de toda la Administración Pública y por la naturaleza de su función representante en las mesas de Política y Lucha Anticorrupción a nivel nacional e internacional.   Su craso error : haber declarado, falsamente, en su currículum vitae estudios, realizados en el exterior y desmentidos por las universidades invocadas.

 

Hoy ya se difunde la noticia que la aspirante a Contralora será denunciada penalmente por el Procurador Público del Congreso de la República.

 

 

La mención a estos ingratos episodios, no debe ser infructuosa y abundante en lo negativo; en contrario, aunque resulte paradójico, nos resultan oportunas para extraer lecciones positivas y ejemplares por parte de para quienes gerencian y administran organismos y entidades públicas como a sus servidores y funcionarios implementando los respectivos correctivos que correspondan en el respectivo ámbito de sus competencias; disponiendo por ejemplo, la inmediata revisión no sólo de las designaciones realizadas o por efectuar en cargos públicos sino de las resoluciones,  convenios, contratos que hubieran suscrito, por modestos que puedan parecer.

 

 

A estas alturas, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar por ejemplo que la función del portero o vigilante o del personal de limpieza es realmente modesta, intrascendente o no importante? Cuando la prensa también viene dando cuenta de la sustracción de voluminosos documentos de una entidad pública en tiempos coincidentes que se denuncian chuponeos y petroaudios?

 

 

¿Por qué un titular de entidad, gerente, Director, Administrador, Jefe de Personal debe esperar que la prensa se ocupe de denunciar hechos ocurridos al interior de sus respectivas entidades o a que el Organo de Control Interno (OCI), la Policía, Fiscalía Anticorrupción o el Congreso lo requiera o cite para esclarecerlas?   Cuando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control[1] ya ha trasladado dicha función y responsabilidad preventiva dotando al titular de la entidad como en los servidores y funcionarios a cargo el control interno previo y simultáneo; si ellos se implementaran tal cual, es probable que al requerimiento de las ya citadas autoridades todo pueda ser evaluado, fiscalizado, supervisado o auditado sin observaciones o hallazgos por parte de los OCI o bien que éstos no resulten relevantes.

 

 

Los comentarios precedentes no son ajenos cuando se trata de conformar y determinar los miembros que conformarán las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD) o de las Comisiones Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para funcionarios (CEPAD).

 

 

Para algunas autoridades, designar a los miembros de la CPPAD sólo constituye uno de sus diversos actos de administración, en la anodina creencia que la designación es suficiente que gocen de la “confianza” del titular.

 

 

Algunas veces la desnaturalización y mal uso de la “confianza” puede conducir a situaciones como las inicialmente comentamos.

 

La conformación de los miembros de la CPPAD está antelada por la condición de ser laboralmente nombrado y con la característica de ser : 1) funcionario representante del titular de la entidad, 2) jefe de personal y 3) representante de los trabajadores, las cuales son igualmente exigibles a sus respectivos suplentes.

 

 

¿Pero cuál es la función de la CPPAD?

 

La función de la CPPAD es sumamente delicada y privilegiada pues es parte del instrumento coercitivo y ejecutivo de la Ley respecto de quienes la omiten o infringen.

 

Concurrentemente con las atribuciones que la Ley confiere al titular de la entidad, al jefe inmediato, como al OCI, quienes conforman la CPPAD asumen la singular competencia y autónoma función de dictar “justicia administrativa” como suelen llamar algunos respetables colegas, de allí que, en el argot popular otros administrados afirman “me hicieron juicio en mi entidad” cuando en realidad han afrontado un proceso administrativo disciplinario.

 

Estas privilegiadas funciones de los miembros de la CPPAD consisten en  :

 

1)      calificar las denuncias que le sean remitidas para determinar si la conducta del servidor denunciado constituye  o no falta administrativa disciplinaria; 

2)      llevar a cabo el proceso administrativo una vez que le ha sido autorizado (función exclusiva y excluyente)

3)      Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución por 5 años; (función exclusiva y excluyente)

4)       En el caso de los docentes de la administración Pública, hasta emitir opinión en los recursos de los procesados;

5)      La CPPAD constituye, también parte activa del control preventivo y simultáneo de la gestión y actores protagónicos en la política institucional en materia sancionatoria frente a los actos transgresores de la Ley y la tantas veces  mentada lucha contra la corrupción.

 

La Ley (léase Decreto Legislativo Nº 005-90-PCM Reglamento del Decreto Legislativo 276 y normas conexas), no dice cuáles son los requisitos que deben reunir con antelación los antes mencionados miembros de la CPPAD, pero se asume que como garantía de sus funciones a quienes procesarán cuando menos deben ser: honorables, de incuestionable reputación, imparcialidad, ecuanimidad, conocida capacidad y trayectoria de causar “justicia” lo cual se infiere de las exigencias que la sistemática normativa exige a todos los funcionarios y servidores públicos en las obligaciones y deberes laborales y morales regulados en los artículos 3º, 21º, 28º del D.Leg. 276, en la Ley del Código de Etica de los Funcionarios y Servidores Públicos y su Reglamento.

 

 

Tampoco dice expresamente la Ley que la experiencia o capacitación en esta especializada función les resulte exigible, pero es indudable que es de prever mejores resultados si cuentan con experiencia y/o capacitación especializada en Procesos Administrativos Disciplinarios, lo cual comprende el conocimiento de los esenciales Derechos Humanos como de los Principios del Derecho Administrativo.

 

 

Es consecuentemente válido que tales condiciones puedan haber sido recogidas en la Reglamentación Interna, Directiva o Estatuto que posea cada Sector o entidad pública para la designación y elección de los representantes de los trabajadores, normas que debe poseer la Oficina de Personal o de Administración y accederse a través de petición directa y simple o bien con arreglo a la Ley de Transparencia y Control Ciudadano.

 

 

Los servidores, funcionarios como el titular de la entidad están legitimados, respectivamente, para verificar, pedir y hacer que así ocurra.

 

 

Lo anteriormente expresado conlleva absolver algunas interrogantes recurrentemente planteadas:

 

¿Quién fue procesado administrativamente está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Quién fue sancionado también está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Todo procesado es necesariamente culpable y por tanto debe estar inhabilitado para ser miembro de la CPPAD?

 

No, no siempre.

 

La Constitución Política de Perú de 1993 establece en el numeral 24º del artículo 2º “(El derecho de la persona) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”

 

 

No obstante este mandato constitucional, las convocatorias públicas a postulaciones a cargos públicos suelen restringir a quienes tienen o han tenido proceso administrativo o judicial.

 

 

Hay innumerables servidores y funcionarios que han sido sancionados en unos casos, y en otros, afrontado no sólo procesos administrativos disciplinarios sino también procesos judiciales penales y civiles, a causa de malos funcionarios de la CPPAD o del OCI que, por error o dolosamente, haciendo mal uso de la “confianza” y de la investidura que le confirió o delegó la Administración Pública, abusaron de ella concluyeron sus informes imputando responsabilidad no a quienes en realidad corresponde sino sobre todo a los “enemigos de la gestión” recomendando en algunos casos hasta dilucidar su responsabilidad en sede administrativa o judicial, lo cual puede conllevar hasta su destitución y afrontar al procesado, largos e impredecibles procesos judiciales, amén del desprestigio y del impredecible daño a su economía personal y familiar como a su salud emocional, que se resumen en vilipendio y suma afrenta a la dignidad humana que comenzamos tocando en nuestro artículo anterior, (Véase Poder de Representación del Administrado) y legitima accionar contra quienes así proceden como contra la entidad a la que representan.

 

 Creemos por ello que, es igualmente injusto poner en un mismo saco de impedidos a quienes afrontaron sanciones o procesos administrativos o judiciales por conductas manifiesta y probadamente dolosas, con quienes resultaron involucrados, por omisiones, errores propios o de terceros y sobre todo con quienes fueron procesados o sancionados calumniosamente, sin causa cierta alguna.

 

 

¿Y qué con quienes fueron rehabilitados?

 

Las convocatorias públicas nada dicen tampoco de quienes fueron rehabilitados.

 

 

Siendo la rehabilitación de la sanción administrativa un procedimiento administrativo regulado en su forma y plazo por Ley declarado mediante acto resolutivo, su efecto conlleva al silencio de los hechos materia de la rehabilitación por parte de la administración como de los administrados; de allí que, a nuestro juicio, quien acredite, documentadamente, haber sido rehabilitado no tendría porqué ver cuestionada o afectada su libertad de contratación o designación; si ello ocurriera está legitimada a accionar contra quienes procedan en contrario.

 

Si bien las personas como los funcionarios y servidores públicos tienen la facultad y hasta el deber de denunciar los actos inmorales o delictivos (Art. 21 del D.Leg. 276), ello no los exonera de indagar con la mejor certeza posible lo que se cuestiona, denuncia, afirma o pide dado que aparejado a esa facultad, antes, está el deber de decir la verdad integral, no a medias, como penosamente ha ocurrido con la recientemente autofrustrada aspirante a Contralora General. 

 

La Legislación Administrativa, Civil como Penal sanciona también las afirmaciones falsas como las denuncias calumniosas.

 

Lo anterior reposa en el derecho al respeto a la persona y su dignidad como a la presunción de inocencia hasta no ser declarado judicialmente culpable que consagra el literal e) del numeral 24º del Artículo 2 de la Constitución de 1993, por el cual, quien fue procesado y /o sancionado por la administración pública perfectamente puede obtener un fallo absolutorio en vía judicial y consecuentemente reclamar la indemnización contra los funcionarios y la entidad que dio lugar a dicho estado.

 

Si el funcionario designado en la CPPAD no tiene la función de representante del titular o es Jefe de la Oficina de Personal o si es designado como representante de los trabajadores sin haber sido elegido por votación de manera pública, transparente y con arreglo a los estatutos del Sector o de la entidad que se hubieran establecido con dicho fin, los trabajadores están legitimados para cuestionar o deducir la nulidad de la resolución que lo designa como tal.

 

Los estatutos internos deben prever si la designación en dicha función de representación es por uno o dos años.

 

 

Consiguientemente, es legítimo que cada uno de los funcionarios o servidores de manera individual o colectiva o a través de sus respectivos gremios, previa indagación objetiva e integral de los documentos que anteceden su pedido, pueda ejercer su constitucional derecho de petición (numeral 5 artículo 2 de la Constitución Política de 1993), pedir al titular de la entidad la revisión y rectificación de la designación como miembro de la CPPAD a que hubiera lugar.

 

 

Si ya media Resolución designando a los miembros de la CPPAD cabría plantear la correspondiente nulidad, que puede resultar amparada o desestimada.

 

 

Lo decoroso es que la autoridad administrativa sin necesidad de ser requerida, fortalezca su control previo y simultáneo supervisando, revisando y verificando adecuada e imparcialmente a las personas propuestas o que conforman sus respectivas CPPAD y CEPAD. En los casos que corresponda, de oficio, practique las rectificaciones a que hubiera lugar.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario


[1]Ley 27785  7º Artículo 7º.- Control Interno

El control interno comprende las acciones de cautela previa simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo.

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley.

 

 

 

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“SANCION” QUE NO ES SANCION ………ES ABUSO O NEGLIGENCIA

 

 

 

 

 

Cuántas veces ha escuchado decir a médicos que además de haber sido sancionados con amonestación o suspensión  también han sido sancionados por su superior inmediato con :

 

 .              Suspensión por varios meses para realizar intervenciones quirúrgicas; o,

.               Programándolos en el rol del mes para que realice sólo en una muy puntual labor y no en la

               habitual rotación por Emergencia, hospitalización, etc ?

 

 

En contraparte, acaso tampoco le sea ajena la queja de ciertos jefes con estribillos como :

 

 

.               Estamos cansados de sancionar a un trabajador y éste no enmienda, reincide una y otra vez en su irregular proceder?; o

 

.               ¡¡¡¡¡No se puede corregir al personal estable !!!!!!, contra ellos nada se puede hacer.

 

 

 

Estas situaciones se dan aún cuando, en su Artículo 1°, la Constitución del año 1993 (llamada también Ley de Leyes), en su TÍTULO I, referido a LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD, Capítulo I DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA consagra : “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” de allí que, como correlato al anterior artículo, enumera un listado de derechos sustantivos contenidos en el Artículo 2° . Toda persona tiene derecho:… A la libertad y a la seguridad personales, por ello  Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” (Art. 2º numeral 24, inciso d).

 

 

Los médicos nombrados que laboran para las dependencias del Ministerio de Salud, los profesionales de la salud, profesionales de otras disciplinas, las técnicas en enfermería, los servidores asistenciales y administrativos que, en el segundo caso que inicialmente anotamos como materia de queja de sus jefes- y ellos mismos reciben la nominación de “servidores públicos” (“empleado público” según la Ley Nº 28175 , Ley Marco del Empleo Público) y se hallan sujetos a los alcances del Decreto Legislativo Nº 276, LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA y a su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

 

El Decreto Legislativo 276  en el :

 

Artículo 3º establece las obligaciones;

Artículo 21º los deberes;

Artículo 24º los derechos; 

Artículo 28º las conductas que configuran falta administrativa disciplinaria; 

Artículo 25º  Precisa “Los servidores Públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan”; y en el,

Artículo 30º Circunscribe a 4 únicas clases, las SANCIONES administrativas disciplinarias que les pueden ser aplicadas :                 a)       Amonestación verbal o escrita;

b)       Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta días;

c)       Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y

d)       Destitución.

 

Ellas son reiteradas en el Reglamento, el D.S. 005 -90-PCM establece en el :

 

 Artículo 155º.- La Ley ha prescrito las  sanciones siguientes:

 a)          Amonestación verbal o escrita;

 b)          Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por treinta (30) días;

 c)          Cese temporal sin  goce de  remuneraciones mayor a treinta (30) días y hasta por doce (12) meses; y

 d)          Destitución.

 

Clarificando que :

Las sanciones se aplican sin atender necesariamente el orden correlativo señalado. De allí que no es correcto el usual raciocionio que ante la primera falta,aún cuando sea grave primero, se le debe sancionar necesariamente con una amonestación verbal.   Todo dependerá de la levedad o gravedad de la falta cometida, del bien jurídico afectado, su resultado dañoso como las demás condiciones legalmente preestablecidas en los  Artículos 151 y 154º del D.S: 005-90-PCM. 

 

 

En los artículos siguientes del citado D.S. se establece COMO y QUIEN  aplica cada una de las sanciones. La  sanción impuesta sin observar las formalidades siguientes además de ineficaz vicia el acto administrativo emitido pudiendo dar lugar a su nulidad, con las responsabilidades consiguientes :

 

Artículo 156º.- La amonestación será verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el caso de amonestación escrita la sanción se oficializa por resolución del Jefe de Personal.  No proceden más de dos amonestaciones escritas en caso de reincidencia.

 

 Artículo 157º.- La suspensión sin goce de remuneraciones  se aplica hasta por un máximo de treinta(30)días. El número de días de suspensión  será propuesto por el jefe inmediato y deberá contar con la aprobación del superior jerárquico de éste. La sanción se oficializa por resolución del Jefe de Personal.

 

Artículo 158º.- El cese temporal sin goce de remuneraciones mayor de treinta (30) días y hasta por doce (12) meses se aplica previo proceso administrativo  disciplinario. El número de meses de cese lo propone la Comisión de Procesos  Administrativos Disciplinarios de la entidad.

 

Artículo 159º.- La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario. El servidor destituido queda inhabilitado para desempeñarse en la Administración  Pública bajo cualquier forma o modalidad, en un período no menor de tres (5) años.

 

 

Pero, qué consideraciones y criterios previos a tener en cuenta quien debe sancionar?, los siguientes :  

 

Qué es Falta :

 

Artículo 150º.- Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normatividad especifica sobre los deberes de servidores y funcionarios, establecidos en el Artículo. 28º y otros de la Ley y el presente reglamento. La comisión de una falta de  lugar a la aplicación de la sanción correspondiente.

 

Qué condiciones agravan la falta :

Artículo 151º.- Las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad será determinada evaluando las condiciones siguientes:

 

a)          Circunstancias en que se comete;

b)          La forma de comisión

c)          La concurrencia de varias faltas;

d)          La participación de uno o más servidores a la comisión de la falta; y

e)          Los efectos que produce la falta.

 

 Quienes son competentes para calificar la falta :

 

Artículo 152º.- La calificación de la gravedad de la falta es atribución de la autoridad competente o de la Comisión de Procesos Administrativos  Disciplinarios, según corresponda.

 

Los elementos que se consideran para calificar la falta  serán enunciados por escrito. Lo cual formará parte obligatoria de la motivación puesta en los considerandos del Informe como de la Resolución sancionadora.

 

 

 

Una misma conducta puede dar lugar a que simultáneamente se inicien acciones en la vía administrativa, civil y penal como ocurre en los casos de “negligencia médica”, accidentes de tránsito, delitos contra la fé pública, colusión, etc.   

 

Artículo 153º.- Los servidores públicos serán sancionados administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran incurrir.

 

 Con caráter didático véase la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 165-97-AA/TC.

 

 

 Aspectos a tener en cuenta para aplicar la sanción :

 

Artículo 154º.- La aplicación de la sanción se hace teniendo en consideración la gravedad de la falta.

 

Para aplicar la sanción a que hubiere lugar, la autoridad respectiva tomará en cuenta, además:

 

a)          La reincidencia o reiterancia del autor o autores;

 b)          El nivel de carrera; y

 c)          La situación jerárquica del autor o autores.

 

 

 

Con lo anterior :

 

Queda claro que las sanciones distintas a las previstas en el Artículo 30º del D.Leg. 276 al no estar previstas como tales en la Ley, de acuerdo a la Constitución constituyen ABUSO DE AUTORIDAD, por ende, legitiman al sancionado con ellas a denunciar el hecho en las vías que prevé el artículo 25º  del citado Decreto Legislativo.

 

 

Del mismo modo, la autoridad que sancionó reiteradamente con Memorando, está actuando con medios que no surten eficacia legal valedera, de allí que, las reiteradas faltas que comete el servidor infractor por contravenir las obligaciones y deberes que le imponen los artículos 3º y 21º del D.Leg. 276 son propiciadas, por lo general, por la NEGLIGENCIA en el desempeño de sus funciones por parte de su superior jerárquico al no aplicar los procedimientos formalmente  establecidos a partir del Artículo 156º del D.S. 005-90-PCM.

 

Ambas conductas inicialmente descritas corresponden ser advertidas y corregidas, de Oficio según sea el caso, por el Jefe de Personal, el Director de Administración o el Titular de la entidad, como parte de las fiscalizaciones, revisiones, supervisiones, control interno concurrente y previo que les es inherente, bajo la preclara aplicación del fundamento Nº 2 del Tribunal Constitucional contenido en la sentencia de la Acción de Amparo seguida con el Expediente Nº4449-2004-AA/TC :  “La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. No obstante, como toda potestad, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución Política), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración al irrestricto respeto del derecho al debido proceso en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman”.

                                                                   

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Categoría : Proceso Administrativo Disciplinario

 

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