RESPUESTAS A PRINCIPALES TÍTULOS DE BÚSQUEDA(2)

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

En esta parte encontraras respuestas breves y generales a preguntas hechas por nuestros lectores diariamente y en mayor numero.

Procuraremos actualizarla con la mayor frecuencia posible.

tratándose de publicación periódica, ante eventuales preguntas repetitivas la respuesta será remitida a la respectivamente numerada.

Si gustas ampliar tu consulta o contratar mis servicios legales puedes llamarme o escribirme al correo personal.

Muy agradecido por escribir y difundir el blog.

Exitos.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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21 de setiembre 2013

1. Soy servidor publico puedo vivir en mi trabajo
Puedes solo si la naturaleza de tu trabajo y tu contrato asi te lo requiere

2. Puede mi hijo tener solo el apellido del padre?
Puede, si solo es el padre quien lo reconoce o si asi lo ordena el Juez.

3. OCI – Comité Especial
OCI en Perú son las siglas con las cuales se identifica al Organo de Control Institucional órgano encargado del control posterior que tienen todas las dependencias públicas y tienen por ente normativo y rector a la Contraloría General de la República.

Comité Especial es la nominación que se da en la Ley de Contrataciones del Estado a la constituída por el titular de la entidad por 3 miembros titulares y 3 suplentes encargados de llevar a cabo un determinado proceso de selección de comienzo a fin y en cuyo acto público el OCI suele acreditar un miembro en condición de veedor, lo cual no es impedimento para que posteriormente audite los actuados por dicho Comité Especial como sus resultados.
OCI y Comité Especial son una suerte de necesarios antípodas con un fin común : procurar el mejor resultado en el manejo de los recursos públicos, el primero como control posterior y el primero en gestión practicando el control concurrente.

4. Amonestación verbal sin previo derecho a la defensa
Si asi se procede es NULO y configura falta por abuso de autoridad, pudiendo ser denunciado como delito si el proceder del funcionario es doloso o intencional.

5. Persona que da su consentimiento en la acta de nacimiento quien es?
El padre y/o madre biológico padres del hijo(a) recién nacido(a).

6. Viuda e hija soltera reciben simultáneamente pensión de militar fallecido
En Perú es legalmente válido

7. A quién se le demanda en el caso de unión de hecho?
Al varón o cónyuge que tiene o tuvo tal condición con el solicitante o demandante y en caso de haber fallecido aquél los familiares que ls consta que hubo tal estado.

8. En acta de nacimiento cuando eres mama soltera queda blanco lo del papá?
Puede ser, pero no siempre; en Perú la Ley faculta a la mujer a declarar o no el nombre del padre.

9. Puedo cambiarle el nombre a mi bb?
Si , dentro de un proceso judicial pero solo si media una causal fehacientemente justificada; y usualmente asociada a nombres raros o que resulten vergonzosos.

10. Donde puedo escribir una inconformidad contra movistar 1
Ante el mismo proveedor y en caso que no prospere ante OSINERG

11- Que problemas hay si registro a mi hijo solo con mis apellidos?
La madre está facultada a hacerlo cuando desconoce la identidad del padre o aún por su sola voluntad; sin embargo, es importante pensar también si el hijo(a) compartirá tal decisión en razón que es legítimo que conozca a su progenitores como a los familiares de éste.

JURISPRUDENCIA DEL TC SOBRE EL PROCESO ADIMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

La periódica revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución resulta de suma utilidad para los administrados como para quienes representan a la Administración como miembros de la CPPAD como a los titulares de entidades, Abogados, Jefes de las Oficinas de Personal o Recursos Humanos y a los Administradores, para la mejor comprensión del marco teórico y la aplicación de los casos concretos que nos toca afrontar.

 

 

La sentencia que hoy reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida  disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros,  lo relacionado a :

    • Abusos por parte de la administración pública
    • Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva
    • Aplicación del silencio administrativo negativo
    • Afectación al debido proceso,
  •  Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.

 

De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión,  al estar previsto en la Ley,  si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC.

 

Sin mayor preámbulo ni comentario lo comentado, con carácter ilustrativo lo destacamos  en letra cursiva y  negrita.  

EXP. N.º 1003-98-AA/TC

LIMA

JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los seis días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con el fundamento de voto, adjunto, del Magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miguel Alarcón Menéndez contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ocho, su fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente interpone acción de amparo contra los Vocales de la Corte Suprema, doctores Victor Raúl Castillo Castillo, Moisés Pantoja Rodulfo, Mario Urrelo Álvarez, Luis Edmundo Serpa Segura, los ex Vocales, César Fernández Arce, Ricardo Nugent López-Chávez, el Comandante José Dellepiane Massa, Titular del Pliego del Poder Judicial y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Solicita se declare inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Asimismo, se le reponga en el citado cargo, en razón de haberse conculcado el derecho al debido proceso en el trámite (sic) administrativo seguido en su contra, al impedírsele ejercer su derecho de defensa. Manifiesta que, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, fue nombrado Vocal Titular de la citada Corte Superior, y que en el año mil novecientos noventa se le instauró, junto a otros magistrados, proceso disciplinario por supuestas irregularidades administrativas en el desempeño de sus funciones, y en el curso del citado proceso solicitó al Presidente de la Corte Suprema, mediante escritos recepcionados con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, se le expida copia del informe recaído en los procesos disciplinarios y se le conceda el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho de defensa, lo que no le fue otorgado. Afirma que contra la resolución cuestionada con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, interpuso recurso de reconsideración, el cual no fue resuelto pese a su escrito de requerimiento; por ello, haciendo uso del silencio administrativo negativo, mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dio por denegado su recurso de reconsideración y formuló recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto en el plazo de ley, razón por la cual a través de “recurso”(sic) presentado a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consideró denegado el recurso de apelación, agotando así la vía administrativa.

 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita declarar improcedente o infundada la acción de amparo; en el primer caso, por no haber agotado la vía administrativa y por considerar que la presente vía no es la idónea, debiendo acudirse al proceso contencioso-administrativo; en el segundo, porque estima que no se ha acreditado la violación de ningún derecho constitucional del demandante, máxime el derecho de defensa, toda vez que ejerció los recursos de reconsideración y apelación.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y tres, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, declaró fundada la acción de amparo, por considerar que la sanción disciplinaria se dictó obviando que el demandante informe verbalmente antes de dicha decisión y que se le expidiera copia del informe de la Jefatura del Órgano de Control Interno del Poder Judicial; afectando así el derecho de defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional.

 

 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la acción incoada por considerar que ha operado la caducidad, dado que el recurso de apelación fue interpuesto por el demandante después de seis años de interpuesto el recurso de reconsideración y no dentro de los treinta días que establece la ley.

 

FUNDAMENTOS

 

 

El objeto del presente proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la inaplicabilidad de la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash, y se le reponga en el citado cargo.

 

 

Tratándose el acto cuestionado de un acto administrativo, antes de analizar el fondo de la controversia, deberá evaluarse el requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la vía previa (artículo 27.º, Ley N.° 23506); extremo que, en el presente caso, exige el análisis del silencio administrativo negativo, dado que, según alega el demandante, la vía previa se habría agotado a consecuencia de su acogimiento al silencio administrativo negativo ante la omisión de resolución expresa frente a los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos.

 

Silencio administrativo negativo

 

 

El Tribunal Constitucional interpretó que, en el caso de la acción de amparo, en el supuesto de que el administrado interpusiera recurso de reconsideración o de apelación, operaba siempre el silencio administrativo negativo, de modo tal que aquél no tenía la opción señalada en los artículos 98.º y 99.º del que fuera el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, D.S. 02-94-JUS, de esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa o de acogerse al silencio administrativo cuando considerara que conviniera a su derecho.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional modifica dicho criterio. Estima que, por el contrario, el administrado, transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo –y así acudir a la vía jurisdiccional- o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. Las razones que fundamentan este cambio de criterio son las siguientes:

En principio, una interpretación literal del dispositivo legal regulatorio de la materia descarta la referida tesis interpretativa. En efecto, de conformidad con el artículo 99.º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos: “El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.” (subrayado nuestro). La norma precisa que el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que “deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el pronunciamiento expreso de la administración. La misma consideración ha de extenderse al recurso de reconsideración contemplado por el artículo 98.º del citado dispositivo legal cuyo texto es análogo al citado artículo 99.º.

 

 

 

Naturaleza

 

 

El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición. Se trata de “una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de recurso”, en sustitución del acto expreso; pero “en beneficio del particular únicamente”, así “el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos [queda] abierto indefinidamente en tanto la Administración no [dicte] la resolución expresa” (subrayado nuestro, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, 7ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1996, p. 573). Sobre el particular, deben resaltarse dos aspectos: Se trata de una presunción en beneficio del particular únicamente, y su efecto es abrir la vía jurisdiccional, indefinidamente, en tanto la Administración no haya resuelto expresamente el recurso. La interpretación aún vigente del Tribunal Constitucional no concuerda con estos dos aspectos. En el primer caso, porque no se aplica en beneficio del particular, sino de la Administración, resultando que ésta, “la incumplidora de dicho deber de resolver, se beneficia de su propio incumplimiento” (Ernesto García-Trevijano Garnica, El silencio administrativo en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 1ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1994, p. 31). En el segundo caso, porque en lugar de abrir indefinidamente la vía judicial en tanto la Administración no resuelva expresamente, le impone un plazo, el que, además, ninguna norma del citado cuerpo normativo establece.

 

 

Constituye un criterio que limita irrazonablemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 139.º, inciso 3), de la Constitución. La interpretación efectuada restringe finalmente el derecho del particular de acceder a la vía judicial, porque ocasiona caducidad en el ejercicio del derecho de acción. Este derecho fundamental puede verse lesionado si, para acceder a la tutela jurisdiccional, la ley impone exigencias excesiva o irrazonablemente formalistas o, como en el presente caso, se interpreta las existentes u otras relacionadas, en un sentido de apreciación desvariado o desmesuradamente formal, ocasionándose en cualquiera de tales supuestos la imposibilidad del ejercicio de ese derecho fundamental. Considerando que el agotamiento de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al caso, las que regulan el sistema recursivo, deben interpretarse de conformidad con el principio pro actione. Es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. Tal es el caso, justamente, de la interpretación anterior del Tribunal.

 

 

 

No resulta acorde con el principio pro homine y pro libertatis de la interpretación constitucional, según los cuales, ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquélla que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo. La tesis interpretativa que posibilita esto último es justamente la que proviene del propio tenor literal de la norma antes referida y de la propia naturaleza del silencio administrativo negativo; esto es, la que establece que el administrado, luego de haber impugnado un acto administrado y transcurrido el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio administrativo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración, sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad en el ejercicio del derecho de acción.

 

 

Es en los términos antes establecidos que el Tribunal Constitucional, entiende, que se debe interpretar el silencio administrativo negativo, siendo dicha doctrina aplicable al caso, como a continuación se analiza.

 

 

El demandante impugnó el citado Acuerdo de Sala Plena con el recurso de reconsideración de fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno. La norma aplicable a dicho proceso, en cuanto concierne al plazo para resolver el referido recurso y la resolución ficta denegatoria (silencio administrativo negativo), es el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto Supremo N.° 070-89-PCM), toda vez que, de conformidad con su Sexta Disposición Transitoria “Los procedimientos administrativos en giro adecuarán su trámite a la norma contenida en el artículo 25.° en la fecha de vigencia del presente Reglamento. Las normas sobre silencio administrativo a que se refieren los artículos 26.° al 29.° regirán en los procedimientos administrativos que se inicien a partir del 02 de octubre de 1989”. Teniendo en cuenta que el proceso disciplinario del que proviene el acto impugnado se inició con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la norma antes citada es aplicable al referido proceso. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 25.º del citado dispositivo, modificado por el artículo 2.º del Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cada una de las entidades competentes deberá resolver el asunto solicitado o impugnado en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de iniciado el procedimiento o interpuesto el recurso impugnativo bajo responsabilidad(…)”. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del artículo 27.º del mismo dispositivo, también modificado por el artículo 3.º de la precitado Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cuando se trata de (…) procedimientos administrativos distintos a los conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y similares, operará, en los mismos plazos, el silencio administrativo negativo, salvo que la propia entidad, por norma expresa, disponga que opera el silencio administrativo positivo”; vale decir que, en el resto de procedimientos administrativos distintos a los antes señalados, el silencio administrativo negativo operará igualmente en el plazo de sesenta días de interpuesto el recurso impugnatorio.

 

 

 

En el presente caso, el recurso de reconsideración fue interpuesto con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, el mismo que no fue resuelto dentro del referido plazo de sesenta días. Ante ello y, de conformidad con el citado dispositivo, el demandante optó por esperar el pronunciamiento expreso de la administración pública, el cual empero, no se produjo no obstante el escrito de requerimiento de pronunciamiento por él presentado con fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis. Por tal motivo, con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete lo da por denegado, acogiéndose al silencio administrativo negativo e interponiendo, simultáneamente, recurso de apelación.

 

 

Sin embargo, tratándose el acto impugnado de un Acuerdo expedido por un órgano no sometido a subordinación jerárquica como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, no procedía la interposición de recurso de apelación. En tal sentido, el escrito en el que el demandante interpone un “recurso de apelación” y da por denegado el recurso de reconsideración, debe interpretarse como un requerimiento de resolución expresa del recurso de reconsideración, ello en aplicación del principio pro actione antes citado y el principio de no formalismo del procedimiento administrativo que se desprende del artículo 103º del citado Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo N.° 02-94-JUS). La errónea calificación del administrado de un acto –el recurso- no obsta para entender el efecto real que debe atribuirse a él en el procedimiento que, en este caso, no es sino el de requerir el pronunciamiento expreso de un recurso de reconsideración interpuesto.

 

Posteriormente, el demandante, por escrito recibido el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dio por denegado el denominado recurso de “apelación” y se acogió al silencio administrativo negativo, con lo cual, la vía previa había sido agotada.

 

 

La demanda ha sido interpuesta el quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, luego de haber agotado la vía previa en los términos antes precisados y dentro del plazo de sesenta días posterior al agotamiento de dicha vía. En consecuencia, habiéndose satisfecho las requisitos de procedibilidad de la acción de amparo, corresponde analizar el fondo de la controversia.

 

 

Planteamiento del problema de fondo de la controversia constitucional

 

 

El demandante, con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, solicitó a la Sala Plena que se le concediera el uso de la palabra ante dicho órgano, conforme consta a fojas ciento sesenta y cuatro, petición que, según dice el referido escrito, reiteró otra anterior, con idéntica pretensión, de fecha veintiocho de febrero del mismo año. Es, entonces, materia de análisis determinar si la omisión a una solicitud de informe oral o palabra, ante un pedido en ese sentido, lesiona o no el derecho a la defensa.

 

 

 

El demandante, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, dos días antes de emitirse la resolución sancionatoria, además de reiterar el pedido de uso de palabra, solicitó también que se le hiciera entrega de una copia del informe recaído en los procesos disciplinarios instaurados en su contra. Corresponde, así, analizar si la omisión de la entrega de los citados informes lesiona o no el derecho de defensa.

 

 

Límites de la potestad administrativa disciplinaria

 

 

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman.

 

 

Derecho de defensa

 

 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y, eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe.

 

 

Debe destacarse singularmente este extremo, dado que no es lo mismo que el procesado controvierta y ejerza su derecho de defensa ante el órgano investigador, como efectivamente ocurrió en este caso, que si efectúa el descargo respecto a la acusación no ante el referido órgano, sino ante el órgano que ha de aplicar o resolver la sanción. Esto crearía, además una situación de desigualdad de fondo incompatible con el debido proceso, porque el procesado está en desventaja respecto a la Administración, puesto que no puede ilustrar o controvertir, directamente, frente al órgano sancionador los cargos del informe. El órgano resolutor sólo conoce la apreciación de los hechos por parte del órgano investigador, sin que, respecto a ello, el procesado haya podido ejercer su derecho de defensa.

 

 

La omisión a la solicitud de informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ante un pedido a ese respecto, lesionó también el derecho a la defensa y, por consiguiente, el derecho al debido proceso, porque ocasionó indefensión en el demandante, al no posibilitarle la ocasión de defenderse ante el órgano sancionador respecto de los cargos que se le imputaban en el informe de la comisión y, de ese modo, poder controvertirlos y exponer o persuadir al órgano sancionador de todo cuanto conviniese a su derecho.

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

 

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, declara inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República; y prescrito el proceso administrativo que originó la medida disciplinaria; ordena la reposición del demandante en el cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, computándose los años de servicios solo para efectos pensionables; dispone, que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a fin de que inicie el procedimiento de antejuicio, así como a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artículo 11.° de la Ley N.° 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS REY TERRY  REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI  BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA

 

 EXP. N.° 1003-98-AA/TC

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

Hago mío el voto que antecede, agregando:

 

Que durante la última década, los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez.

 

SR.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 20 de Marzo del 2019

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

CONFORMACION DE LA CPPAD (Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios)(Art. 165º D.S. 005-90-PCM)

 

Otra vez, la prensa manifestando su poder.

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, frente a la difusión de  noticias sobre hechos que remecieron la opinión pública, han dado muestras de medidas correctivas para procurar salvar la respetabilidad e imagen pública del primer poder del Estado, cortar por lo sano, evitar el discurrir del “dime con quien andas y te diré quien eres”.

 

 

Frente a “chuponeados petroaudios” en que los ahora conocidos chuponeados mencionan el nombre de algunos altos funcionarios públicos, como parte de los correctivas el Primer mandatario salió en los medios de comunicación haciendo el respectivo deslinde, calificando a los involucrados, pidiendo la investigación de Ley y sanción severa para los incursos, además, para evitar la censura del gabinete, lo renovó parcialmente.

 

En ese mismo cometido, en vísperas de su designación por parte del primer mandatario, los medios anuncian que el Congreso de la República acuerdan el correctivo de no elegir a la única profesional aspirante propuesta a Contralora General de la República, alto cargo reservado a ocupar por 7 años a quien iba a encabezar la jefatura de los OCI como máxima autoridad del Sistema Nacional de Control de toda la Administración Pública y por la naturaleza de su función representante en las mesas de Política y Lucha Anticorrupción a nivel nacional e internacional.   Su craso error : haber declarado, falsamente, en su currículum vitae estudios, realizados en el exterior y desmentidos por las universidades invocadas.

 

Hoy ya se difunde la noticia que la aspirante a Contralora será denunciada penalmente por el Procurador Público del Congreso de la República.

 

 

La mención a estos ingratos episodios, no debe ser infructuosa y abundante en lo negativo; en contrario, aunque resulte paradójico, nos resultan oportunas para extraer lecciones positivas y ejemplares por parte de para quienes gerencian y administran organismos y entidades públicas como a sus servidores y funcionarios implementando los respectivos correctivos que correspondan en el respectivo ámbito de sus competencias; disponiendo por ejemplo, la inmediata revisión no sólo de las designaciones realizadas o por efectuar en cargos públicos sino de las resoluciones,  convenios, contratos que hubieran suscrito, por modestos que puedan parecer.

 

 

A estas alturas, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar por ejemplo que la función del portero o vigilante o del personal de limpieza es realmente modesta, intrascendente o no importante? Cuando la prensa también viene dando cuenta de la sustracción de voluminosos documentos de una entidad pública en tiempos coincidentes que se denuncian chuponeos y petroaudios?

 

 

¿Por qué un titular de entidad, gerente, Director, Administrador, Jefe de Personal debe esperar que la prensa se ocupe de denunciar hechos ocurridos al interior de sus respectivas entidades o a que el Organo de Control Interno (OCI), la Policía, Fiscalía Anticorrupción o el Congreso lo requiera o cite para esclarecerlas?   Cuando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control[1] ya ha trasladado dicha función y responsabilidad preventiva dotando al titular de la entidad como en los servidores y funcionarios a cargo el control interno previo y simultáneo; si ellos se implementaran tal cual, es probable que al requerimiento de las ya citadas autoridades todo pueda ser evaluado, fiscalizado, supervisado o auditado sin observaciones o hallazgos por parte de los OCI o bien que éstos no resulten relevantes.

 

 

Los comentarios precedentes no son ajenos cuando se trata de conformar y determinar los miembros que conformarán las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD) o de las Comisiones Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para funcionarios (CEPAD).

 

 

Para algunas autoridades, designar a los miembros de la CPPAD sólo constituye uno de sus diversos actos de administración, en la anodina creencia que la designación es suficiente que gocen de la “confianza” del titular.

 

 

Algunas veces la desnaturalización y mal uso de la “confianza” puede conducir a situaciones como las inicialmente comentamos.

 

La conformación de los miembros de la CPPAD está antelada por la condición de ser laboralmente nombrado y con la característica de ser : 1) funcionario representante del titular de la entidad, 2) jefe de personal y 3) representante de los trabajadores, las cuales son igualmente exigibles a sus respectivos suplentes.

 

 

¿Pero cuál es la función de la CPPAD?

 

La función de la CPPAD es sumamente delicada y privilegiada pues es parte del instrumento coercitivo y ejecutivo de la Ley respecto de quienes la omiten o infringen.

 

Concurrentemente con las atribuciones que la Ley confiere al titular de la entidad, al jefe inmediato, como al OCI, quienes conforman la CPPAD asumen la singular competencia y autónoma función de dictar “justicia administrativa” como suelen llamar algunos respetables colegas, de allí que, en el argot popular otros administrados afirman “me hicieron juicio en mi entidad” cuando en realidad han afrontado un proceso administrativo disciplinario.

 

Estas privilegiadas funciones de los miembros de la CPPAD consisten en  :

 

1)      calificar las denuncias que le sean remitidas para determinar si la conducta del servidor denunciado constituye  o no falta administrativa disciplinaria; 

2)      llevar a cabo el proceso administrativo una vez que le ha sido autorizado (función exclusiva y excluyente)

3)      Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución por 5 años; (función exclusiva y excluyente)

4)       En el caso de los docentes de la administración Pública, hasta emitir opinión en los recursos de los procesados;

5)      La CPPAD constituye, también parte activa del control preventivo y simultáneo de la gestión y actores protagónicos en la política institucional en materia sancionatoria frente a los actos transgresores de la Ley y la tantas veces  mentada lucha contra la corrupción.

 

La Ley (léase Decreto Legislativo Nº 005-90-PCM Reglamento del Decreto Legislativo 276 y normas conexas), no dice cuáles son los requisitos que deben reunir con antelación los antes mencionados miembros de la CPPAD, pero se asume que como garantía de sus funciones a quienes procesarán cuando menos deben ser: honorables, de incuestionable reputación, imparcialidad, ecuanimidad, conocida capacidad y trayectoria de causar “justicia” lo cual se infiere de las exigencias que la sistemática normativa exige a todos los funcionarios y servidores públicos en las obligaciones y deberes laborales y morales regulados en los artículos 3º, 21º, 28º del D.Leg. 276, en la Ley del Código de Etica de los Funcionarios y Servidores Públicos y su Reglamento.

 

 

Tampoco dice expresamente la Ley que la experiencia o capacitación en esta especializada función les resulte exigible, pero es indudable que es de prever mejores resultados si cuentan con experiencia y/o capacitación especializada en Procesos Administrativos Disciplinarios, lo cual comprende el conocimiento de los esenciales Derechos Humanos como de los Principios del Derecho Administrativo.

 

 

Es consecuentemente válido que tales condiciones puedan haber sido recogidas en la Reglamentación Interna, Directiva o Estatuto que posea cada Sector o entidad pública para la designación y elección de los representantes de los trabajadores, normas que debe poseer la Oficina de Personal o de Administración y accederse a través de petición directa y simple o bien con arreglo a la Ley de Transparencia y Control Ciudadano.

 

 

Los servidores, funcionarios como el titular de la entidad están legitimados, respectivamente, para verificar, pedir y hacer que así ocurra.

 

 

Lo anteriormente expresado conlleva absolver algunas interrogantes recurrentemente planteadas:

 

¿Quién fue procesado administrativamente está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Quién fue sancionado también está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Todo procesado es necesariamente culpable y por tanto debe estar inhabilitado para ser miembro de la CPPAD?

 

No, no siempre.

 

La Constitución Política de Perú de 1993 establece en el numeral 24º del artículo 2º “(El derecho de la persona) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”

 

 

No obstante este mandato constitucional, las convocatorias públicas a postulaciones a cargos públicos suelen restringir a quienes tienen o han tenido proceso administrativo o judicial.

 

 

Hay innumerables servidores y funcionarios que han sido sancionados en unos casos, y en otros, afrontado no sólo procesos administrativos disciplinarios sino también procesos judiciales penales y civiles, a causa de malos funcionarios de la CPPAD o del OCI que, por error o dolosamente, haciendo mal uso de la “confianza” y de la investidura que le confirió o delegó la Administración Pública, abusaron de ella concluyeron sus informes imputando responsabilidad no a quienes en realidad corresponde sino sobre todo a los “enemigos de la gestión” recomendando en algunos casos hasta dilucidar su responsabilidad en sede administrativa o judicial, lo cual puede conllevar hasta su destitución y afrontar al procesado, largos e impredecibles procesos judiciales, amén del desprestigio y del impredecible daño a su economía personal y familiar como a su salud emocional, que se resumen en vilipendio y suma afrenta a la dignidad humana que comenzamos tocando en nuestro artículo anterior, (Véase Poder de Representación del Administrado) y legitima accionar contra quienes así proceden como contra la entidad a la que representan.

 

 Creemos por ello que, es igualmente injusto poner en un mismo saco de impedidos a quienes afrontaron sanciones o procesos administrativos o judiciales por conductas manifiesta y probadamente dolosas, con quienes resultaron involucrados, por omisiones, errores propios o de terceros y sobre todo con quienes fueron procesados o sancionados calumniosamente, sin causa cierta alguna.

 

 

¿Y qué con quienes fueron rehabilitados?

 

Las convocatorias públicas nada dicen tampoco de quienes fueron rehabilitados.

 

 

Siendo la rehabilitación de la sanción administrativa un procedimiento administrativo regulado en su forma y plazo por Ley declarado mediante acto resolutivo, su efecto conlleva al silencio de los hechos materia de la rehabilitación por parte de la administración como de los administrados; de allí que, a nuestro juicio, quien acredite, documentadamente, haber sido rehabilitado no tendría porqué ver cuestionada o afectada su libertad de contratación o designación; si ello ocurriera está legitimada a accionar contra quienes procedan en contrario.

 

Si bien las personas como los funcionarios y servidores públicos tienen la facultad y hasta el deber de denunciar los actos inmorales o delictivos (Art. 21 del D.Leg. 276), ello no los exonera de indagar con la mejor certeza posible lo que se cuestiona, denuncia, afirma o pide dado que aparejado a esa facultad, antes, está el deber de decir la verdad integral, no a medias, como penosamente ha ocurrido con la recientemente autofrustrada aspirante a Contralora General. 

 

La Legislación Administrativa, Civil como Penal sanciona también las afirmaciones falsas como las denuncias calumniosas.

 

Lo anterior reposa en el derecho al respeto a la persona y su dignidad como a la presunción de inocencia hasta no ser declarado judicialmente culpable que consagra el literal e) del numeral 24º del Artículo 2 de la Constitución de 1993, por el cual, quien fue procesado y /o sancionado por la administración pública perfectamente puede obtener un fallo absolutorio en vía judicial y consecuentemente reclamar la indemnización contra los funcionarios y la entidad que dio lugar a dicho estado.

 

Si el funcionario designado en la CPPAD no tiene la función de representante del titular o es Jefe de la Oficina de Personal o si es designado como representante de los trabajadores sin haber sido elegido por votación de manera pública, transparente y con arreglo a los estatutos del Sector o de la entidad que se hubieran establecido con dicho fin, los trabajadores están legitimados para cuestionar o deducir la nulidad de la resolución que lo designa como tal.

 

Los estatutos internos deben prever si la designación en dicha función de representación es por uno o dos años.

 

 

Consiguientemente, es legítimo que cada uno de los funcionarios o servidores de manera individual o colectiva o a través de sus respectivos gremios, previa indagación objetiva e integral de los documentos que anteceden su pedido, pueda ejercer su constitucional derecho de petición (numeral 5 artículo 2 de la Constitución Política de 1993), pedir al titular de la entidad la revisión y rectificación de la designación como miembro de la CPPAD a que hubiera lugar.

 

 

Si ya media Resolución designando a los miembros de la CPPAD cabría plantear la correspondiente nulidad, que puede resultar amparada o desestimada.

 

 

Lo decoroso es que la autoridad administrativa sin necesidad de ser requerida, fortalezca su control previo y simultáneo supervisando, revisando y verificando adecuada e imparcialmente a las personas propuestas o que conforman sus respectivas CPPAD y CEPAD. En los casos que corresponda, de oficio, practique las rectificaciones a que hubiera lugar.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario


[1]Ley 27785  7º Artículo 7º.- Control Interno

El control interno comprende las acciones de cautela previa simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo.

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley.