¿SE CONSIDERA BIGAMIA UNA UNIÓN ESTABLE DE HECHO ESTANDO CASADA CON OTRA PERSONA PERO CON MAS DE 5 AÑOS DE SEPARACIÓN DE CUERPOS?

 

Por RICARDO AYALA GORDILLO

 

El matrimonio celebrado en el Perú tiene validez en cualquier lugar del mundo.

El  nuevo matrimonio celebrado en Perú o el extranjero, sin que antes se haya divorciado e inscrito el Divorcio en RENIEC y Registros Públicos, no tiene validez ante la ley.

En  Perú, es bígamo quien siendo casado, contrae otro matrimonio.

Por ello, si bien la convivencia o Unión de Hecho se asemeja en mucho al matrimonio, el casado que con otra pareja vive en tal condición, no incurriría en delito de bigamia.

El bígamo incurre en Delito contra la Familia, (Artículo 139 del Código Penal) por tanto, será denunciado, procesado y sancionado con pena privativa de la libertad, según fuera su conducta:

. Al bígamo, hasta con cuatro años.

. Hasta con cinco años, si el bígamo indujo a error a la persona con quien contrae el nuevo matrimonio.

. Hasta con 3 años al soltero que a sabiendas contrae matrimonio con persona casada..

Además de los novios; serán castigados, también lo serán el funcionario público que, a sabiendas, celebra un matrimonio ilegal y al  párroco  que proceda a la celebración del matrimonio sin observar las formalidades exigidas por la ley.

 

Gracias por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

¿QUE DIFERENCIA HAY ENTRE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, ACTA DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, CONSTANCIA DE NACIMIENTO Y DNI? (Reedición)

 

Transcurridos los 9 meses del embarazo, algunas madres gestantes  llegado el momento del parto aún no decidieron  que nombre poner a sus hijos o hijas o no se pusieron de acuerdo con el padre en el nombre del hijo o hija; algunas otras, del padre sólo saben  su apelativo o sólo un nombre; otras no saben quien es el padre.

Estas realidades salen a flote cuando  llegado el momento del parto, el médico o la obstetriz le piden el nombre del hijo o hija y el nombre del padre.

Muchas veces en el Certificado de Nacimiento esos datos quedan en blanco y por causa de ello y de una elemental orientación, se dan casos de  niños que quedan sin ser inscritos por varios años, en tanto, la vida y destino de algunos de esos niños o niñas  se vuelve incierta.

A 23 años de la trascendental función que cumple el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), –organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad (DNI), registrando hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que modifican el estado civil-; aún existen niños y niñas, como adolescentes como adultas indocumentadas que, por esa razón, terminan siendo traficados, o siendo parte de inimaginables situaciones como es el caso de abuelos que creyendo obrar bien intencionados pretenden reconocer al nieto como progenitores; o aquellos en que las gestantes madres  contraen nuevo compromiso que reconozca o le asignen el apellido  de éste al hijo a sabiendas que el padre biológico es otro.

Si el asunto no funciona, con el tiempo, suelen presentarse situaciones diversas que necesariamente terminarán en procesos judiciales de Exclusión de Nombre, Usurpación de Nombre, Nulidad de Reconocimiento, Filiación Extramatrimonial, etc., que demandarán tiempo y dinero al demandante, con las implicancias familiares, relacionadas a pensiones de sobrevivientes, pensiones alimenticias, herencias, entre otros.

Hoy,  la Ley faculta a la madre soltera inscribir a su niño con el apellido del padre o bien sólo con los apellidos de la madre.

En la medida de lo posible, promovamos medidas para que el niño conozca la identidad del padre.

De otro lado, alguna personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.

Te dan un plazo breve y no siempre tienes tiempo o dinero suficiente para realizar los procedimientos notariales o judiciales para arreglar tus papeles.

Nada pierdes dando una mirada a tu Partida o Acta de Nacimiento  y de tus seres queridos.

A continuación algunas pautas generales y previas relacionadas al título como  a las notas precedentes, que ampliaremos en las siguientes entregas.

El nacimiento de un niño(a) da lugar a la emisión secuencial de diversos documentos.

Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar.

El siguiente es, en Perú,  el orden según su emisión :

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO (ANTES CERTIFICADO DE NACIMIENTO): Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetríz que atendió o constató el parto.

En las localidades apartadas donde no existen alguno de dichos profesionales el nacimiento es certificado por el profesional o técnico de salud que atendió o constató el parto.

El llenado de los datos es inmediatamente a la atención o constatación del parto.

Es entregado a los padres, sus representantes legales o al funcionario público designado formalmente.

Es el primer documento público que prueba, en esencia, el nacimiento del(a)  recién nacido(a).

Su emisión es coetánea al procedimiento administrativo de verificación de identidad a cargo del personal Criminalística de la Policía Nacional del Perú encargado de la toma de la huella digital de la madre y huella pelmatoscópica (huella plantar) del(a) recién nacido (a).

El certificado de Nacido Vivo prueba:

El lugar del nacimiento

La hora, el día, mes y año del nacimiento.

El sexo del(a) recién nacido(a)

La identidad de la madre : Nombre, Edad, Estado Civil

El nombre del(a) recién nacido(a)

Debería contener también la identidad del padre

La huella pelmatoscópica (huella plantar del pie derecho del recién nacido)

Sello, nombre, colegiatura y nombre del profesional que atendió el parto

Sello del establecimiento donde ocurrió el nacimiento

Es un formato aprobado oficialmente por la RENIEC y el INEI

ACTA DE NACIMIENTO (ANTES  LLAMADA PARTIDA DE NACIMIENTO):  Documento Público emitido por el funcionario autorizado de las Oficinas de RENIEC o del Registro Civil de las Municipalidades Distritales del país donde se produjo el nacimiento.

Lo expide el funcionario previamente autorizado, teniendo a la vista o presentando el Certificado de Nacido Vivo y el documento de identidad de los padres o del progenitor que lo inscribe.

El formato que lo contiene es una hoja de papel con membrete de la Municipalidad, llenado en una sola carilla en formato A-4 u Oficio. Al dorso suele ir sello y firma certificando su originalidad.  Además de los datos que contiene el Certificado de Nacimiento, lleva una numeración correlativa y espacio para la firma de los funcionarios y progenitores que intervienen.

La Partida de Nacimiento contiene:

El lugar del nacimiento

La hora, el día, mes y año del nacimiento.

El sexo del(a) recién nacido(a)

La identidad de ambos padres : Nombre, Edad, Estado Civil

El nombre del(a) recién nacido(a)

Domicilio de los padres

Nombre y domicilio de los testigos

El Código Civil establece que éste es el primer documento público con el cual la persona acredita su nombre y a partir de él, su derecho y pertenencia a una familia, a recibir alimentos, sus expectativa a heredar,  a la seguridad social, educación, etc.

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

RENIEC ya ha incorporado en su Base de Datos las Actas de Nacimiento, Actas de Matrimonio y Actas de Defunción que poseen la mayoría de las Oficinas de Registros Civiles (ORECs) de los diversos Distritos de Lima y delPerú.

La gran ventaja de este proceso es que podrás obtener en tiempo récord el Acta que necesites desde cualquier Agencia de Reniec ubicada a lo largo del país.

DNI   :           Documento de Identidad Nacional emitido por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC).

Es una tarjeta de color azul para los adultos y de color amarillo con marrón claro para los niños(a), similar al tamaño de una tarjeta de crédito, de dimensiones: 8.54 cms. de ancho, por 5.4 cms. de alto en posición horizontal, y contiene la misma información que contiene el Acta de Nacimiento, fecha de caducidad del documento y fotografía de frente del titular con todos los elementos de seguridad destinados a evitar su falsificación.

La ley dispone que el primer ejemplar debe ser entregado a los padres de manera gratuita.

Para una mayor cobertura del tema te sugiero visitar el portal de RENIEC en : http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm

CONSTANCIA DE NACIMIENTO  :     Documento Público emitido por el funcionario autorizado de los establecimientos de Salud a solicitud de parte interesada.

Es un formato preelaborado y aprobado formalmente por el establecimiento de salud donde ocurrió el nacimiento.

Por lo general, es emitido por el Jefe de la Oficina de Estadística e Informática.

Contiene los mismos datos que el Certificado de Nacido Vivo los que son extractados de la Base de Datos del establecimiento de salud.

En  los últimos tiempos, dado el incremento  del uso de documentos falsificados, su demanda se ha visto incrementada por diversas Embajadas, que lo requieren a los  interesados en obtener visa,  como parte de los mecanismos de verificación y de control cruzando dicha información con la que contienen los DNI o Partida de Nacimiento que ellos han presentado.

Es comprensible que para su expedición se cobre una tasa, razón por  la cual debe formar parte de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) del establecimiento de salud.

Todo aporte será bienvenido.

Las inquietudes personales o servicios legales que puedas requerir,  escríbenos  a asesoriadefensa02@gmail. com. o llámanos al RPM # 985483172.

No es obligatorio, pero a efectos de propiciar  la coordinación necesaria con los contactos que pudieran existir,  te invitamos a consignar desde donde nos escribes, el País y Estado en los casos que son fuera de Perú; y la Región,  Departamento, Provincia o Distrito si eres residente en Perú.

Lima, 26 de abril 2016

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

 

SANCIONES Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO A SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS LA LEY N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC)

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 La Ley N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC), vigente a partir del 14.09.2014, estableció un común Regimen Sancionador (RS) y Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), derogando asi los diferentes PAD que hasta entonces se aplicaban a los servidores y funcionarios públicos de los regímenes laborales comprendidos en la misma ley, en el D.Leg. 276, 728 y 1057 (CAS) incluyendo el previsto en el Código de Etica de la Función Pública.

Como hemos sostenido en nuestros artículos anteriores, con todas las imperfecciones que pueda atribuirse a esta Ley, en lo concerniente al RS y PAD para quien es PROCESADO ADMINISTRATIVAMENTE, es mas garantista (léase justa si se quiere) que las derogadas, porque, entre otros, crea la SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD(ST), el ORGANO INSTRUCTOR(OI) Y ORGANO SANCIONADOR(OS), estableciendo que son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario:            El jefe inmediato del presunto infractor.(desaparece el término de autoridad competente),    El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el titular de la entidad y el Tribunal del Servicio Civil (de SERVIR); precisa el plazo prescriptorio, introduce la causal de eximente de responsabilidad, que para aplicar una de las tres sanciones debe necesariamente someterse a una investigación preliminar a cargo de la ST, que se encuentra a cargo de Abogado designado por el titular de la entidad, de abrirse PAD previamente debe entregarse copia del expediente que contienen los antecedentes y cargos que se atribuyen al servidor y en caso de no encontrarse conforme con la sanción impuesta no será la misma entidad sino un tercero ajeno, en este caso, el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR el competente para evaluarlo y resolverlo, de ahí que originariamente un número importante resultaron amparadas en todo o en parte.

Para los JEFES INMEDIATOS si constituye una ingrata pero necesaria función, puesto que antes se limitaban a informar sobre el hecho presuntamente infractor, hoy les toca actuar como ORGANO INSTRUCTOR, es decir de abrir PAD y de evaluar el descargo del servidor procesado  y cuando se trata de Amonestar por Escrito actuar como ORGANO SANCIONADOR.

Al tipo de FALTAS que se encontraban previstas en el D.Leg. 276 se han incrementado las establecidas en el Código de Etica de la Función Pública como en la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, las que discrecionalmente se precisen en el Reglamento Interno de Trabajo de cada entidad, y aunque no lo dice expresamente también las previstas, entre otros, como faltas leves en el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Contraloría General de la República, etc.

De las 4 SANCIONES establecidas en el D.Leg. 276 hoy son 3, suprimiéndose  la  Suspensión de 1 a 30 dias sin goce de remuneraciones, subsistiendo la Amonestación, Cese temporal con la variante que hoy es desde 1 hasta 365 dias sin goce de remuneraciones y Destitución.

La diferencias sustantivas es que para imponer la AMONESTACION en sus dos formas –oral y escrita- requieren la observancia del DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, esto es, entre otros, el derecho del servidor a recibir de su Jefe inmediato los documentos que contiene el sustento de la denuncia por la cual se le pretende sancionar, como su derecho a producir prueba y a que ella sea actuada, antes de imponerse la sanción

En el caso de la AMONESTACION VERBAL es impuesta solo para las faltas leves por el Jefe Inmediato de manera personal y reservada, se equipara, en nuestra opinión, mas a una EXHORTACION puesto que en vía de informes legales, se dispone que no debe figurar documento alguno relacionado en el legajo personal.

Si las solas exhortaciones fueran suficiente para que el servidor o funcionario se enmiende o se abstenga de incurrir en faltas sería estupendo, aunque tal deseo no siempre es acorde con nuestra realidad.

Si se determina sancionar con AMONESTACIÓN ESCRITA debe existir investigación preliminar previa e informe de precalificación emitido por la ST  y APERTURA DE PAD, trasladándole copia del expediente de todo lo actuado a efectos que ejerza su defensa con la presentación de su Descargo dentro del plazo de 5 dias hábiles .

De ahí lo aconsejable de tener a la mano la Ley 30057, su reglamento aprobado con D.S. N°040-2014-PCM y su DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC revisarlo permanentemente  y si es mejor capacitarse en este no grato pero circunstancialmente necesario procedimiento.

Es en este común cometido, integrando nuestros anteriores artículos y consultas absueltas  progresivamente incorporaremos bajo este título las relacionadas:

1 .¿QUE NORMA CREA EL ORGANO SANCIONADOR EN LA ADMINISTRACION PUBLICA PERUANA?

La Ley N° 30057 LEY DE SERVICIO CIVIL (LSC), su reglamento aprobado con D.S. N°040-2014-PCM identifica quien es OI y precisa su competencia en cada caso como de las demás autoridades:

Artículo 93.- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario

93.1. La competencia para conducir el procedimiento administrativo disciplinario y sancionar corresponde, en primera instancia, a:

  1. a) En el caso de la sanción de amonestación escrita, el jefe inmediato instruye y sanciona, y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, oficializa dicha sanción.
  2. b) En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción.
  3. c) En el caso de la sanción de destitución, el jefe de recursos humanos es el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano sancionador y quien oficializa la sanción.

La oficialización se da a través del registro de la sanción en el legajo y su comunicación al servidor.

 Cuando se le haya imputado al jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces, la comisión de una infracción, para el caso contemplado en el literal a) precedente, instruye y sanciona su jefe inmediato y en los demás casos instruye el jefe inmediato y sanciona el titular de la entidad.

93.2.   En los casos de progresión transversal, la competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria corresponde al jefe inmediato, al jefe de recursos humanos o al titular de entidad en la que se cometió la falta, conforme al tipo de sanción a ser impuesta y los criterios antes detallados; sin perjuicio de que la sanción se ejecute en la entidad en la que al momento de ser impuesta el servidor civil presta sus servicios.

93.3.   En el caso de los funcionarios, el instructor será una comisión compuesta por dos (2) funcionarios de rango equivalente pertenecientes al Sector al cual está adscrita la Entidad y el Jefe de Recursos Humanos del Sector, los cuales serán designados mediante resolución del Titular del Sector correspondiente. Excepcionalmente, en el caso que el Sector no cuente con dos funcionarios de rango equivalente al funcionario sujeto a procedimiento, se podrá designar a funcionarios de rango inmediato inferior.

93.4.   En el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales, el instructor es el Jefe inmediato y el Consejo Regional y el Concejo Municipal, según corresponda, nombra una Comisión Ad-hoc para sancionar.”

 

2. INFORME DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR SECRETARIA TECNICA SOBRE ABUSO DE AUTORIDAD

Una de las conductas mas recurrentemente calladas es la de  ABUSO de AUTORIDAD, por lo regular ante el temor a perder el trabajo o a que quede impune y en contrario a ello se tomen represalias diversas contra ella, dado el vínculo del superior con las autoridades que lo investigarán; existiendo casos también en que el trabajador a efectos de omitir sus deberes de función opta por denunciar por esta conducta directamente o a través de sus respectivos sindicatos.

Frente a la denuncia presentada ante la ST, evaluará los medios probatorios presentados, realizará la investigación preliminar a que hubiera. Concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC.

Esta etapa culmina con el archivo de la denuncia conforme se señala en el informe de precalificación o con la remisión al Órgano Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD, en cuyo caso el informe contendrá : 1. La identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta; 2. Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. Identificación de los hechos  señalados  en  la denuncia, reporte  o el informe de control interno, así como, de ser el caso, los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios probatorios presentados y los obtenidos de oficio; 3. Norma jurídica presuntamente vulnerada; 4.Fundamentación de las razones por las cuales se recomienda el inicio del PAD; 5. Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para dicha recomendación; 6.   La posible sanción a la presunta falta imputada; 7.  Identificación del Órgano Instructor competente para disponer el inicio del PAD; 8.  De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la presunta falta, así como la afectación que esta genera al interés general; y 8.   Recomendación de inicio del PAD.

El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por considerarse no  competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAD. De proceder asi, en ambos casos, el OI debe fundamentar debidamente las razones de su decisión.

De acoger la apertura del PAD, se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano Instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos en que se sustenta, entre otros.

La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

El acto o resolución de inicio no es impugnable.

3.  ¿COMO PROCEDO SI DURANTE EL PROCESO  ADMINISTRATIVO LA ST, EL  OI ,  EL  OS INCURRE EN VICIOS?

Del mismo modo que la entidad en materia de PAD, cuenta ahora con un Abogado que tiene a cargo la ST  que evalúa las denuncias, investiga y precalifica si corresponde abrir PAd o declarar No ha Lugar al trámite;  con mayor razón es aconsejable que el denunciado y tanto mas el procesado cuente con abogado.

Tan prontamente el procesado tome conocimiento de un vicio dentro de un PAD, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad administrativa a efectos que asi lo declare.

El pedido dará lugar a que la autoridad tenga presente al momento de resolver o promueva la nulidad de oficio, retrotaendo hasta la respectiva subsanación.

En ningún caso es aconsejable que el procesado deje de presentar su descargo o presentar su informe oral, pues implicaría renunciar al ejercicio de su defensa,

Si al momento de resolverse la Apelación se declarase infundada la nulidad del vicio invocado,  el servidor podrá optar por demandar judicialmente en via del Proceso Contencioso Administrativo pidiendo se declare la Ineficacia o  Nulidad del acto administrativo impugnado.

4. HAN PASADO UN EXPEDIENTE DONDE LA SECRETARIA TÉCNICA HACE UN EXTENSO INFORME SOBRE UNA POSIBLE RESPONSABILIDAD DE UN MONITOR DE OBRA AL HABER PERMITIDO EN EXCESO AMPLIACIONES DE PLAZO EN UNA OBRA, Y RECOMIENDA AL FINAL UNA LLAMADA DE ATENCIÓN VERBAL.¿QUE SE HACE CON EL EXPEDIENTE, EL JEFE INMEDIATO (INSTRUCTOR Y SANCIONADOR) CON PROVEÍDO HA DICHO QUE SE ARCHIVE Y QUE YA LLAMO LA ATENCIÓN VERBALMENTE AL INFRACTOR. PREGUNTO ES NECESARIO HACER UN INFORME Y SOLICITAR SU ARCHIVO COMUNICANDO QUE SE HA CUMPLIDO CON AMONESTAR VERBALMENTE AL INFRACTOR?

Anita, pregunto : A cuánto asciende el total de ampliaciones de obra? Que porcentaje significan respecto del contrato originario? Fueron imprescindibles de modo que fue posible preveer en las Bases y el Contrato? De otro lado, la Secretaría Técnica toma en consideración los aspectos precedentes y los fundamenta motivadamente o resulta evidente que no habría proporcionalidad en la sanción propuesta?.

El OI-Jefe inmediato, se encuentra facultado por Ley, a apartarse de la sanción propuesta motivando debidamente su decisión; y de ser ast,  la ST deberá adecuar su Apoyo a dicha decisión.

 5. EN UN EVENTUAL INICIO DE UN PAD, QUIEN TENDRÍA QUE SER EL QUE ACTÚE COMO ÓRGANO INSTRUCTOR, SI EL INFRACTOR ES PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA, Y LA TESORERÍA ESTA CON ENCARGATURA POR UN TIEMPO CORTO, LA ADMINISTRADORA (SE DESEMPEÑO COMO TESORERA Y JEFE DEL INFRACTOR EN EL MOMENTO DE LOS HECHOS), TENDRÍA QUE INHIBIRSE?, PREGUNTO PODRÍA SER EL ÓRGANO INSTRUCTOR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS?, GRACIAS.

Si la sanción a aplicar sería amonestación escrita o suspensión sin goce de remuneraciones, el OI necesariamente será su Jefe inmediato, vale decir, quien ocupe el cargo de Tesorero, independientemente de la persona que transitoriamente ejerza dicho cargo, por así establecerlo la Ley.

Si el procesado o el Tesorero promueve la abstención, el titular deberá proceder a designar a funcionario de igual jerarquía que actúe haciendo sus veces conforme a la regla establecida en el artículo 90 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General de aplicación supletoria en lo no previsto en la Ley 30057 y su reglamento.

6. A LA LUZ DEL NUEVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA LEY 30057, SI EN EL INICIO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, EL INFRACTOR, EN SU DESCARGO NO DEDUCE NULIDAD POR CUANTO NO SE LE HABÍA ADJUNTADO A LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PAD NOTIFICADA A ESTE, LOS ANTECEDENTES DOCUMENTARIOS, Y ES VIA INFORME ORAL ANTE EL ÓRGANO SANCIONADOR SOLICITA NULIDAD DE ACTUADOS, POR LA RAZÓN ANTES COMENTADA, MI PREGUNTA ES: SE DEBE APLICAR LA NULIDAD DE DICHA RESOLUCION DE INICIO DEL PAD, O DEBE CONVALIDARSE DICHO ACTO, POR CUANTO NO LO OBSERVO EN SU DEBIDO MOMENTO (DESCARGO)?.

Considerando que no todos los procesados, optan por contratar Abogado o este por desconocimiento prescinde de este sustantivo acto, en mi opinión, se vulnera el derecho a la defensa como al debido proceso; de ahí que, es aconsejable declarar la nulidad de oficio, retrotraer y subsanar lo omitido, a efectos que el OS en primera o el TSC segunda instancia, no sea quien lo declare.

Salvo que, en el expediente se verifique fehacientemente que el procesado o su abogado tomaron conocimiento integral del contenido.

7. SON VÁLIDAS LAS SANCIONES IMPUESTAS, INVOCANDO QUE EL PROCESADO COMETIÓ FALTAS CONTENIDAS EN LOS INCISOS A) Y D) DEL ART. 85° DE LA LEY 30057 – LEY DEL SERVICIO CIVIL QUE NORMA: A) “EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY Y SU REGLAMENTO” D) “ LA NEGLIGENCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES”,

         Para su validez en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional exige que la autoridad administrativa haya reglamentadoen su RIT  y/o precise de modo expreso y no genéricamente que conductas se encuentran incursas en uno u otro inciso.

8.  LEY QUE REGULA EL APOYO DEL ESTADO AL FUNCIONARIO QUE EN CUMPLIMIENTO A SUS FUNCIONES INCUMPLIÓ LAS NORMAS

Es parte de los derechos individuales que confiere a los servidores civiles la Ley 30057 Ley de Servicio Civil en su Artículo 35 inciso l) Contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con  la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializados.

9. HASTA QUE ETAPA DEL PROCESO DISCIPLINARIO PUEDO PEDIR PRUEBAS?

Si eres Secretario Técnico dentro de la etapa de la precalificación de la denuncia, reporte o informe de control.

Si es dentro del PAD el Órgano Instructor dentro del plazo concedido al servidor para que presente su descargo documentado durante la fase de la Instrucción.

Si eres Órgano Sancionador,  únicamente que se previsto que se haga ante ti el Informe Oral.

Por excepción en mi opinión, en prioridad  de la verdad, podrías recibir  o pedir pruebas hasta antes de emitir la sanción a imponer.

10. ¿CUAL ES EL PLAZO PARA QUE SE PRONUNCIE EL ORGANO INSTRUCTOR EN EL PAD?

Luego de recibido el descargo tiene un plazo de 15 dias hábiles para remitir su informe al Organo Sancionador.

11. Ejemplos de hacer un descargo de una llamada de atención

Si ya te impusieron la sanción de “amonestación escrita” y no estás de acuerdo;

tienes derecho a impugnarla, interponiendo Recurso de Reconsideración o Recurso de Apelación, para lo cual es aconsejable que contrates los servicios de Abogado.

12. PROCESOS SANCIONADORES POR PARTE DE LOS JEFES INMEDIATOS DEL AREA DE QUÍMICA Y FARMACIA DE ESSALUD

Resulta de aplicación el Régimen Sancionador y PAD previsto en la Ley N° 30057

Comienza con la “denuncia” o “reporte” que sobre los hechos reciba la Secretaría Técnica quien luego de evaluar el contenido  de cuanto se denuncia precalificará y opinará por la procedencia o no del respectivo PAD.

Si opina porque se abra PAD, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, establecerá que tipo de sanción se aplicaría, si: amonestación escrita, suspensión o destitución.

El tipo de sanción a aplicar será la que determine que autoridad actuará como Órgano Instructor : si el Jefe inmediato o la Jefatura de la Oficina de Personal.

13.  SE ENCUENTRAN VIGENTES LAS COMISIONES PERMANENTES DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

Las constituidas por mandato del D.Leg 276  caducaron en sus funciones 14 de setiembre del 2014, subsistiendo por excepción para culminar los PAD que se encontraban en curso antes de esa fecha.

14.  La LEY SERVIR SE APLICA A DOCENTES?

No.

Los docentes se rigen por su Ley Especial Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial  y su Reglamento.

15. QUE PROCEDE CUANDO UN PRESIDENTE DE UN SINDICATO VIOLA UN DERECHO DE UN TRABAJADOR?

Es susceptible de denuncia y de ser el caso de remoción, conforme a sus Estatutos; independientemente de la falta que pudiera haber cometido como servidor público que daría lugar a la denuncia ante la ST.

 16. ABUSO DE AUTORIDAD EN CONTRA DE MI, ME PERJUDICA EN MIS ASPIRACIONES.

No todo acto cometido por el superior constituye Abuso de Autoridad, como la apertura de un PAD o la aplicación de una sanción, siempre que sean el resultado del debido procedimiento administrativo.

A diferencia de lo anteriormente anotado, podría constituir Abuso de Autoridad todo aquello que es un derecho para el servidor y no es otorgado por la autoridad.

Asimismo, podría constituir Abuso de Autoridad, todo procedimiento u obligación expresamente establecida para la autoridad y no atendida por ella.

17. CÓMO DEFENDER MI HONOR COMO FUNCIONARIO  DENUNCIADO  CON FALSEDADES ANTE UN FALLO JUDICIAL EN MI CONTRA?

Apelando el fallo judicial.

De resultarte favorable la decisión final en sede judicial, tienes derecho a pedir la correspondiente indemnización.

18. QUE PASA SI LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, NO DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE OFICIO O A PEDIDO DE PARTE.

Puedes optar por apelar y/o denunciar dicho acto.

19. PUEDES SER FUNCIONARIO TENIENDO UNA DENUNCIA POR AMENAZAS?

Legalmente puede, en tanto no medie sanción firme, prevalece la presunción de inocencia.

Por ética, los funcionarios, dado que por su tendencia ser paradigmas como líderes del personal a su cargo, debieran estar desprovistos de todo acto que resultase cuestionable.

20. PORQUE MI PROFORMA DE CONTRALORÍA DICE EVENTUAL Y SOY PERMANENTE EN LA INSTITUCIÓN.

Pide la aclaración respectiva ante la Contraloría.

21. CONDICIONES DEL TRABAJADOR PARA INTEGRAR LA SECRETARIA TÉCNICA DISCIPLINARIA DEL NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO, SEGÚN DS. 040-2014-PCM

Abogado(a) nombrado o con vínculo laboral como contratado por la entidad.

Capacidad de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública.

Preferiblemente con experiencia en la Administración Pública con un mínimo de dos años.

Diplomado en Derecho Administrativo, Constitucional y Penal, Mejor si acredita cursos o Experiencia laboral en Procesos Administrativo Disciplinario o Procedimiento Administrativo Sancionador.

Ausencia de deméritos o de PAD.

Proactivo(a), responsable, imparcial, ecuanimidad,  colaborador, trabajo a presión y trato cordial.

22. MODELO DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIO PUBLICO

Revisa mi respuesta 17 en mi artículo Respuesta a Principales preguntas N° 7.

23. CUANDO HABLAMOS DE PRESCRIPCIÓN EN UN PAD, EN EL CASO QUE DENTRO DE LOS TRES AÑOS CALENDARIOS MI SECRETARIA TÉCNICA RECIBE EL EXPEDIENTE FALTANDO SEIS MESES PARA QUE SE CUMPLIESE EL PLAZO DE LOS TRES AÑOS CALENDARIOS, YO ENTENDÍA QUE AL TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS, MI SECRETARIA TENDRÍA UN AÑO MAS DEL PLAZO DE PLAZO A PARTIR DE LA TOMA DE CONOCIMIENTO. 

Temo que no lo es, no hay un plazo adicional al de 3 años.

Más aún, ese plazo de prescripcion se reduce a 1 si fue conocido por la Oficina de Personal.

24.  PARA LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PAD, POR PARTE DEL ÓRGANO INSTRUCTOR, NECESITA LLEVAR LA VISACION DEL ÁREA LEGAL DE LA INSTITUCIÓN, POR CUANTO ASÍ LO SEÑALA SU NORMA INSTITUCIONAL., O ES QUE EN ESTE TIPO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS BASTA QUE SE REMITA CON LA FIRMA DEL ENCARGADO DEL ÓRGANO INSTRUCTOR.

Si la Ley no lo estableció, debería adecuarse en ese sentido el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), en atención al principio de legalidad y de la jerarquía de las normas.

No obstante lo anterior, podría conservarse dicho procedimiento siempre que la VISIONA no consista sólo en recabar sello y firma del titular de la Oficina de Asesoría Jurídica en el acto resolutivo, sino la revisión previa de su contenido, la satisfacción del debido procedimiento, la legalidad y formalidad del acto, sin que ello implique afectar el principio de celeridad y con ello el plazo establecido por Ley.

 25. CÓMO REALIZAR UNA DENUNCIA ANÓNIMA A UN SERVIDOR PÚBLICO DE SALUD.

Te sugiero dirigirte a la SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, con las pruebas que poseas y le expliques la razón del porque prefieres que sea anónima la denuncia.

En la medida que exista certeza y verdad sobre la materia denunciada en salvaguarda de cautelar o proteger la vida o salud de los pacientes, el bien publico, o el patrimonio como la imagen de la institución de salud, excepcionalmente debiera resultar amparable, con igual criterio que la Contraloría General protege la identidad que los denunciantes; u opcionalmente a que la ST o el Jefe inmediato del infractor la acojan a efectos de promover como REPORTE o bien la ST la inicie de Oficio.

26. ¿QUE ESCRITO PRESENTARÍA A LA ADMINISTRACIÓN, CUANDO EN LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO ME CALIFICAN COMO FUNCIONARIO, SIENDO YO UN SERVIDOR PUBLICO SIN PODER DE DECISIÓN Y OTROS, EXPRESANDO QUE POR SER FUNCIONARIO LA INSTRUCCIÓN LO LLEVARA UNA COMISIÓN, ESTANDO A QUE EL JEFE INMEDIATO ES EL QUE TIENE COMPETENCIA PARA LA INSTRUCCIÓN DE UN SERVIDOR (CAS 1057) QUE ESCRITO Y QUE SOLICITARÍA EN EL PRESENTE CASO, TENIENDO A QUE ME DIERON 5 DÍAS PARA MI DESCARGO; NO OBSTANTE PIDEN SUSPENSIÓN DE 1 AÑO CUANDO MI CONTRATO SE TERMINO HACE 3 MESES ATRÁS,( YA CESO) ENTONCES EN EL DESCARGO TENDRÍA QUE MENCIONAR ESTO?

No dices que falta te atribuyen ni la función que desempeñaste como CAS.

Considerando la consecuencia que te acarrearía la suspensión de contratar con toda entidad del Estado, hasta por un año como el antecedente que ello te generaría, siempre es conveniente que el expediente sea estudiado por tu abogado, para que integralmente con los hechos que alegas, prepare tu descargo dentro del plazo concedido.

Si no fuiste funcionario, podrías alegar incompetencia.

El hecho que no mantengas vínculo con la entidad no te exonera de ser procesado.

De ser necesario, la Ley te faculta el que pidas prórroga para presentar tu descargo  hasts por 5 dias mas, y posteriormente que informes oralmente.

 27.¿CUALES SON LOS PROCEDIMIENTOS QUE UNO DEBE SEGUIR ANTE UNA ESTAFA?.TENGO UN HERMANO DE 15 AÑOS QUE PRESTO DINERO A SU PROFESOR A ESCONDIDAS, DINERO QUE IBA A SER DESTINADO EN SUS ESTUDIOS.ESE PROFESOR LE LLAMABA Y LE MANDABA MENSAJES INSISTENTEMENTE ARGUMENTANDO QUE TENIA UNA ESPOSA ENFERMA Y QUE NECESITA EL DINERO PARA CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO DE ELLA, MI HERMANO DE BUENA FE, LE PRESTO DINERO, EL ACUERDO ERA QUE LE IBA A PAGAR EN UN MES. YA HA PASADO MAS DE 3 MESES Y EL PROFESOR NO LE PAGA. HOY NOS ACABAMOS DE ENTERAR QUE ES UNA APERSONA ACOSTUMBRADA Y QUE AL IGUAL QUE MI HERMANO A OTROS JÓVENES LES HA ESTAFADO CON DIFERENTES ARTIMAÑAS.

La estafa es un delito que debe ser denunciado ante la Policía dando lugar a una investigación y proceso judicial que podría dar a su detención temporal y al final de los años que dure el juicio condenará al culpable, si lo halla responsable, pero no necesariamente, garantiza la devolución del dinero ni la puesta en prisión del culpable.

La conducta del profesor constituye una falta administrativa grave que mas allá de la suma obtenida implica un grave aprovechamiento de la confianza sobre quien tiene bajo su custodia temporal, máxime si esta habituado a realizarla con otros escolares.

Esta falta grave deberá ser denunciada ante el Director del Colegio y la UGEL, la cual lo someterá a una investigación administrativa proceso administrativo disciplinario que, daría lugar a apartarlo de su habitual centro de labores y de hallarlo responsable, suspenderlo temporal o definitivamente. Extraordinariamente, es posible que el profesor se obligue a devolver la suma recibida a efectos de procurar evitar una sanción severa.

Este hecho alecciona a la urgente necesidad de mejorar la comunicación con los hijos y los riesgos a los cuales están expuestos al no existir o ser precaria.

28.¿A QUE INSTANCIA RECURRO PARA RECLAMAR MI CARGO Y CUMPLA DISPOSICION DE SERVIR?

En caso la autoridad administrativa no cumpla con lo ordenado por el TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL o el mandato judicial, si fuera el caso; el afectado pondrá de la renuencia en conocimiento de aquellas o proceder a la ACCION JUDICIAL destinada  a EJECUTAR lo ordenado por la instancia superior,

La renuencia de la autoridad constituye  incumplimiento de órdenes del superior o en desacato al mandato judicial, resultando susceptible de denuncia administrativa o penal, respectivamente, lo cual es preciso a las autoridades administrativas evitar.

 

 Gracias por escribir y difundir el blog.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO  

                  ABOGADO

 

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Categoría : Procedimiento Administrativo Sancionador

Lima, 3 de abril del 2016

 

 

PACIENTES y SUS DERECHOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN PERU

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

El jueves 13 de agosto del 2013, DIA NACIONAL DE LA SALUD Y DEL BUEN TRATO AL PACIENTE, fue publicado en las separatas de las normas legales el Decreto Supremo N° 17-2015/MINSA, 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, formando parte de los reglamentos de la Ley General de Salud Ley N° 26842 promulgada el 15 de julio de 1997, esto es, 18 años atrás.

Bastante joven tuve el privilegio de contar con formación profesional en salud y brindar mis servicios en Pueblo Nuevo de Maray, paradisiaco bello rincón de gente generosa asentados en la ceja de sierra de Morropón, Piura; entre la infinidad de anécdotas, recuerdo un grupo de campesinos provistos de ponchos y sus habituales machetes, bordeando las 5 de la mañana, en una improvisada camilla desde unas tres horas antes habían iniciado el traslado a pie hasta el Centro de Salud de Morropón, ubicado hora y media mas adelante, a su agónico anciano familiar, en una improvisada camilla de palos; le ha dado el “garrotazo” (neumonía) dijeron, en su paso presuroso; el establecimiento a mi cargo no contaba con Médico ni oxígeno por lo que urgía de una movilidad que presta lo lleve hacia el indicado establecimiento de salud, uno de los familiares sentenció con naturalidad, “no me hacen caso, yo les he dicho que, por las puras lo bajamos, porque no tenemos ya plata para comprar la medicina que nos pidan y que en vez de eso gastemos en el cajón.”

Historias dolorosas como la que me impactó desde entonces, de diverso tipo y grado hay a diario y no solo es privilegio de los confines apartados de nuestra patria sino en la ciudad capital conforme cada tanto expone la prensa, siempre ha sido y es tarea permanente de gobernantes dotar de establecimientos médicos y de salud con equipamiento suficiente para prevenir, atender las emergencias, recuperar y rehabilitar a nuestros conciudadanos.

Las limitantes económicas como la expuesta arriba, afortunadamente, para bien de las mayorías, no ha sido soslayada por los diversos gobiernos de turno, al crear en el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) el 2001 el SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) resultado de la fusión previa en una instancia transitoria denominada Unidad de Seguro Público, de los programas subsidiados de salud creados en 1997 Seguro Escolar Gratuito (SEG), que debía cubrir a los escolares matriculados en escuelas públicas a escala nacional y en 1998 el denominado Seguro Materno Infantil, el que cubría a gestantes y niños menores de 5 años hasta que el 29 de enero del 2002 se emite la Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud, la misma que crea el Seguro Integral de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud, siendo posteriormente calificado como Organismos Público Ejecutor mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, cuya cobertura se ha ampliado a toda persona que se inscriba en los establecimientos públicos de salud cercano a su domicilio que no cuente con otros tipos de seguros de salud (hoy llamadas Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS)).

Actualmente el SIS brinda una amplia cobertura de la mayoría de enfermedades de alrededor del 70% de la población que acude a los establecimientos de salud del MINSA.

El derecho a la salud es parte de los derechos universales que le asiste a toda persona humana.

El derecho a la salud reviste en contraparte los deberes que corresponde a los PACIENTES, llamados en nuestra legislación nacional USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud pone relevancia recordar los derechos y deberes de los médicos y profesionales de la salud como del personal de los establecimientos de salud.

Usuarios como el personal de los establecimientos de salud tienen la necesidad de recordar la igual protección de los derechos constitucionales que les asiste como personas humanas : a ser respetados en su dignidad humana y con ello al recíproco trato respetuoso.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica a la vez obligaciones y deberes para los hospitales, clínicas, policlínicos y consultorios médicos y paramédicos públicos como privados, que ahora reciben la denominación de IPRESS (INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) y UGIPRESS (UNIDAD DE GESTIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD) respectivamente y muy especialmente, para los titulares y gestores de dichas entidades como a los médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo que en ellos laboran cuyas actuaciones obligan al monitoreo y cercana supervisión de los JEFES INMEDIATOS como permanentemente por el personal que ha asignado SUSALUD (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD) que, como parte de su normativa aplicable en su REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES prevé para infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves, sanciones a los establecimientos de salud que previo procedimiento administrativo sancionador van desde amonestaciones, cierre temporal parcial o total como definitivo, aparejados de gravosas multas impuestas a los establecimientos que van desde 100, 300 a 500 UIT (Unidad Impositiva Tributaria UIT para el año 2015 es de S/. 3,850.00) susceptibles de aplicar a partir del 1 de agosto del 2015, independientemente de la responsabilidad administrativa, civil o penal que pudieran coexistir e involucrar al personal que resulte comprendido en la infracción que se establezca, todo lo cual implica, la urgente revisión y adecuación de documentos normativos internos, procedimientos de las IPRESS y UGIPRESS como las conductas del personal a su cargo.

El derecho a la salud de los usuarios de los establecimientos de salud implica para el Poder Ejecutivo el incremento de los presupuestos que anualmente asigna a las IPRESS y UGIPRESS a su cargo, como lo propio por parte de los dueños y accionistas de los establecimientos de salud privados.

Resultaría injusto e incongruente con los fines que persigue la Ley General de Salud y sus Reglamentos como el que hoy nos ocupa, que el Poder Ejecutivo a través de las multas que impusiera SUSALUD termine embargando los escasos presupuestos asignados a las IPRES y UGIPRES, resultando recomendable la revisión de la graduación de las sanciones pecuniarias; como injusto y oportuno resultaría que el usuario afectado sea indemnizado inoportunamente o con montos diminutos.

A continuación enunciamos los derechos materia de regulación en el Reglamento, cuya lectura integral recomendamos a usuarios, gestores, jefes inmediatos, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos médicos, técnicos y auxiliares en enfermería como para el personal asistencial y el administrativo de los establecimeintos de salud.
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas

RICARDO P. AYALA GORDILLO
Abogado

Citas:
Email : asesoriadefensa02@gmail.com
Celular: # 985 483 172 (RPM)

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http://www.ricardoayalagordillo.wordpress.com

Lima, 6 de setiembre 2015

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DECRETO SUPREMO Nº 027-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 1 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; y que el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el artículo 123 de la precitada ley, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en materia de salud;
Que, el literal a) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora del Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno;
Que, mediante Ley Nº 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o tratamiento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras leyes, o los que la Constitución Política del Estado garantiza;
Que, la Primera Disposición Final de la precitada Ley, dispuso que el Poder Ejecutivo Reglamente dicha Ley;
De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consta de tres (3) Capítulos, treinta (30) artículos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales y un (1) Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe), del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe), del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro de Salud.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modificación del Decreto Supremo Nº 031-2014-SA
1. Modifíquese el Anexo I A: Infracciones Leves aplicables a IAFAS del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“47. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
2. Modifíquese el Anexo II: Infracciones Leves Aplicables a UGIPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose el siguiente numeral:
“9. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
3. Modifíquese el Anexo III A: Infracciones de Carácter General: Infracciones Leves, del Anexo III Infracciones Aplicables a las IPRESS, del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA, incorporándose los siguientes numerales:
“39. No exhibir la cartera de servicios, listado de médicos, horarios y disponibilidad de sus servicios de forma actualizada y permanente.
40. No permitir u obstaculizar el desarrollo de la segunda opinión médica, incluyendo la restricción al acceso a la historia clínica del médico consultor, previa autorización firmada por el paciente.
41. No contar con protocolos de seguridad personal, o no implementarlos o no evaluarlos de conformidad a la normativa vigente.
42. No cumplir con las disposiciones aplicables para la difusión de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.”
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de agosto del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
JAKKE VALAKIVI ÁLVAREZ
Ministro de Defensa
JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE
Ministro del Interior
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
DANIEL MAURATE ROMERO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29414, LEY QUE ESTABLECE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, precisando el alcance de los derechos al acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud que comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud; así como, al acceso a la información y consentimiento informado.
Asimismo se encarga a la Superintendencia Nacional de Salud, velar por la aplicación del presente Reglamento; y se elabora la lista de derechos de las personas usuarias contenidos en la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias y conexas, junto con los mecanismos para su divulgación en las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPRESS públicas, privadas y mixtas.
Artículo 2.- Definiciones
Son de aplicación al presente reglamento las definiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1158, así como de la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, las previstas en el artículo 7 del Reglamento de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2006-SA y sus modificatorias; y las contenidas en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 27604 que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2002-SA.
Adicionalmente, son de aplicación al presente Reglamento las definiciones y principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada mediante Decreto Supremo Nº 073-2007-RE, a las cuales se adicionan las siguientes:
Diálogo intercultural: Proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción de dos o más individuos y/o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas y opiniones, brinda información y/o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales a través de relaciones simétricas y de reciprocidad.
Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca entre los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en un determinado espacio. Esto implica incorporar las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales en la prestación de los servicios, así como adaptarlos a las particularidades socio-culturales de los mismos.
Artículo 3.- Lista de Acrónimos
El presente Reglamento contiene los siguientes acrónimos:
a. IAFAS : Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud.
b. IPRESS : Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
c. MINSA : Ministerio de Salud.
d. SIS : Seguro Integral de Salud.
e. SUSALUD : Superintendencia Nacional de Salud
f. UGIPRESS : Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
El presente reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional a las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas, y en lo que corresponda para las IAFAS públicas, privadas y mixtas, así como a los trabajadores de éstas.
Artículo 5.- Representación de la persona usuaria de los servicios de salud
El ejercicio de los derechos estipulados en el presente reglamento corresponde a toda persona usuaria de los servicios de salud.
En caso que el titular del derecho delegue su representación o no se encuentre en capacidad de poder manifestar su voluntad, estos derechos podrán ser ejercidos por su representante, de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. La representación se ejerce conforme a lo siguiente:
a. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio podrá delegar su representación a cualquier persona capaz, a través de una carta poder con firma certificada por fedatario institucional o notario o juez de paz, en forma anticipada a la situación que le impida manifestar su voluntad.
b. Cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no pueda expresar su voluntad, su representación será ejercida, conforme los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en la norma civil.
c. Cuando la persona usuaria haya sido declarada por el juez como absoluta o relativamente incapaz para manifestar su voluntad, será representada por aquellos que ejerzan la curatela, conforme lo establece el Código Civil. Así también los menores de edad serán representados por quienes ejerzan la patria potestad y tutela.
d. Cuando la persona usuaria sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio, conforme a lo establecido en el Código Civil, no requerirá representación.
Ante la ausencia de las personas que ejercen la representación de los incapaces absolutos o relativos, el médico tratante dejará constancia de tal hecho en la Historia Clínica de la persona usuaria y el representante legal de la IPRESS dispondrá las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud de dichas personas, debiendo comunicar el hecho al Ministerio Público dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho.
Es nula toda representación de la persona usuaria en los servicios de salud que se hubiera realizado sin la observancia debida de lo estipulado en el presente artículo.
La IPRESS debe brindar las facilidades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el literal a. del presente artículo, debiéndose insertar copia del documento de representación en la historia clínica del paciente.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LA PERSONA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SUB CAPÍTULO I
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 6.- Derecho a la atención de emergencia
Toda persona que necesite atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica, tiene derecho a recibirla en cualquier IPRESS pública, privada o mixta, en base a la capacidad resolutiva necesaria para tal fin.
La emergencia es determinada únicamente por el profesional médico, y excepcionalmente en ausencia de éste en el primer nivel de atención, podrá ser determinada por el personal asistencial de la IPRESS. Si ésta no contase con la capacidad resolutiva necesaria, deberá referirlo de inmediato a un establecimiento de mayor nivel.
La IPRESS está obligada a prestar dicha atención, en tanto subsista el estado de grave riesgo para la vida y la salud, no pudiendo condicionar esta atención a la presentación de documento alguno, ni a la suscripción de pagaré, letra de cambio o cualquier otro medio de pago.
Culminada la atención de emergencia, la IPRESS tiene derecho al reembolso por los gastos incurridos y deberá solicitarlo a la IAFAS correspondiente, de acuerdo a las condiciones de cobertura otorgada.
Para el caso de las personas comprendidas en los grupos poblacionales vulnerables, los gastos de atención de la situación de emergencia serán asumidos por el Seguro Integral de Salud (SIS) bajo el Régimen Subsidiado, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Cuando la persona no se encuentre afiliada pero califique para acceder a dicha cobertura, la IPRESS que brinde la atención de emergencia deberá solicitar su afiliación al SIS de acuerdo a la normativa vigente.
Para el caso de las personas que no se encuentren aseguradas por alguna IAFAS, y no pertenezca a un grupo poblacional vulnerable, la IPRESS iniciará la gestión de cobranza de los gastos por la atención de emergencia, una vez culminada la misma, de acuerdo a sus procedimientos institucionales.
Artículo 7.- Derecho a la libre elección del médico o IPRESS
Toda persona en el ejercicio del derecho a su bienestar en salud puede elegir libremente al médico o a la IPRESS que le brinde la atención, según los lineamientos de gestión de las IAFAS. Quedan exceptuados los casos de emergencia.
Asimismo, la persona tiene derecho a no ser inducido u obligado a acudir por una determinada atención a otra IPRESS, con excepción de las limitaciones propias establecidas en la cobertura contratada, de ser el caso.
Para el ejercicio de este derecho, la IAFAS debe informar por medios idóneos, a sus asegurados las condiciones del plan de salud, incluyendo de ser el caso, la utilización del modelo de adscripción para su atención en una red prestacional, en cuyo caso la elección a la que se refiere el presente artículo deberá entenderse sólo respecto al médico tratante.
La IPRESS debe comunicar por medios idóneos a la persona usuaria, la disponibilidad, los horarios de atención previstos, y demás condiciones de acceso al servicio solicitado entre los que se encuentra la capacidad operativa. La persona usuaria debe sujetarse a las condiciones previstas para el acceso al servicio solicitado.
La IPRESS debe exhibir la cartera de servicios, horarios y disponibilidad de sus servicios, de forma actualizada y permanente.
Artículo 8.- Derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico
La IPRESS está obligada a garantizar que los médicos ejerzan su labor con libertad para realizar juicios clínicos. El acto médico se rige por la normativa dictada por el Ministerio de Salud, el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos Internacionales ratificados por el Gobierno Peruano.
Artículo 9.- Derecho a una segunda opinión médica
Toda persona, bajo su responsabilidad y según su cobertura contratada con la IAFAS o con cargo a sus propios recursos, tiene derecho a solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la IPRESS ofrece, en cualquier momento o etapa de su atención o tratamiento, debiendo ponerlo en conocimiento de su médico tratante quien dejará constancia de la solicitud en la historia clínica del paciente. El médico consultor tiene acceso a la historia clínica, sin poder modificarla, debiendo exhibir para ello la autorización firmada por el paciente.
Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios
Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS.
La IAFAS debe garantizar el acceso de acuerdo a las condiciones de cobertura con el afiliado, su sostenibilidad financiera, lineamientos de gestión presupuestal y la normatividad vigente.
La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente.
Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.
SUB CAPÍTULO II
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 11.- Derecho a ser informada de sus derechos
Toda persona tiene derecho a ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en calidad de persona usuaria de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, sin ser discriminada por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, o discapacidad.
Para tal efecto las IAFAS e IPRESS deben difundir por medios idóneos y de forma permanente la lista de derechos de las personas usuarias que forman parte del presente Reglamento en calidad de Anexo. Los medios utilizados pueden ser físicos y virtuales, como afiches, boletines, medios de información y comunicación alternativa, entre otros, que permitan su comprensión, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren, debiendo exhibirse en un lugar visible y de fácil acceso al público, como en las áreas de ingreso y salida, salas de espera y así también usar todos aquellos medios disponibles para dicho fin.
Las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS garantizan la difusión permanente del listado de derechos contenido en el Anexo del presente reglamento, sin perjuicio de su difusión, a través de sus páginas institucionales.
Artículo 12.- Derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento
Toda persona tiene derecho a conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como el de las personas a cargo de la realización de los procedimientos. Esta información estará consignada en la Historia Clínica a cargo del médico, así como en la Nota de los profesionales de la salud, según corresponda, en estricta observancia de la norma técnica de Historia Clínica dictada por el Ministerio de Salud.
La IPRESS debe garantizar que todo el personal asistencial y administrativo se encuentre debida y permanentemente identificado.
La persona usuaria podrá solicitar a la IPRESS el nombre de los responsables a que se refiere el presente artículo, mediante comunicación escrita. La IPRESS atenderá por escrito esta solicitud en un plazo máximo de dos (2) días útiles de recibida la solicitud.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, si la solicitud es formulada verbalmente, el personal de la IPRESS podrá dar respuesta de la misma forma y de manera inmediata, de ser el caso.
Artículo 13.- Derecho a ser informada sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud
Toda persona tiene derecho a recibir información en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, sobre las características del servicio, listado de médicos, los horarios de atención y demás términos y condiciones del servicio. Podrá solicitar los gastos resultantes para la persona usuaria del cuidado médico, en tanto exista obligación de pago de la persona usuaria.
La IPRESS debe disponer los medios y procedimientos necesarios y suficientes para garantizar la información a las personas usuarias antes de llevarse a cabo la atención de salud, con excepción de las atenciones de emergencia.
La IAFAS debe garantizar que la persona usuaria sea informada de la cobertura de su póliza o plan de salud, a través de medios y procedimientos idóneos.
Artículo 14.- Derecho a ser informada sobre su traslado
Toda persona tiene derecho a recibir información completa sobre las razones que justifican su traslado dentro o fuera de la IPRESS y las condiciones en que se realizará.
La persona usuaria tiene derecho a no ser trasladada sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable de la IPRESS.
La persona usuaria o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá solicitar su traslado a otra IPRESS, de acuerdo a las condiciones de su cobertura, siempre que: exprese su voluntad por escrito, su estado de salud lo permita y su situación de salud, determinada por el médico, así lo requiera.
La IPRESS debe garantizar la seguridad de la persona usuaria durante el traslado, sin perjuicio de su derecho de solicitar a la IAFAS el reembolso por los gastos incurridos, siempre que forme parte de la cobertura prestacional a que la persona usuaria tiene derecho en su IAFAS.
Artículo 15.- Derecho a acceder a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a acceder en forma precisa y oportuna a las normas, reglamentos y/o condiciones administrativas que rigen las actividades de la IPRESS vinculadas a su atención.
Para ello la IPRESS implementa permanentemente medios de difusión (físicos y/o virtuales) accesibles a las personas usuarias, acorde con la realidad de la localidad donde se encuentren.
Artículo 16.- Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la IPRESS
Toda persona tiene derecho a recibir del médico tratante y, en términos comprensibles, información completa, oportuna y continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren.
Asimismo, tiene derecho a recibir información de sus necesidades de atención y tratamiento al ser dado de alta.
En caso que la persona se niegue, voluntariamente, a recibir dicha información, el médico tratante dejará constancia del hecho en la historia clínica del paciente, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante en el caso de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, podrá decidir su retiro voluntario del servicio o de la IPRESS; para tal efecto, deberá expresar al médico tratante por escrito esta decisión, dejando constancia que la misma se ejerce voluntariamente, sin presión alguna y que ha sido informado de los riesgos que asume por tal decisión, consignándose expresamente los mismos y, entregándole una copia de esa información con cargo de recepción. Asimismo, debe consignarse en la historia clínica haber recibido la información, que será firmada por el paciente o su representante y el médico tratante, eximiendo de responsabilidad a este último y a la IPRESS. También podrá solicitar copia de la epicrisis de forma gratuita y de su historia clínica a su costo.
La decisión de retiro voluntario de la IPRESS no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o cuando éste ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 17.- Derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento
Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación o negativa en relación al tratamiento, consignando además la firma o huella digital del paciente o de su representante, según corresponda.
La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento, con la participación del Ministerio Público, teniendo en cuenta que los que no gozan de autonomía plena requieren protección.
La negativa a recibir o continuar el tratamiento no procede cuando la persona usuaria del servicio de salud se encuentre en estado de emergencia o esta decisión ponga en riesgo la salud pública.
Artículo 18.- Derecho a ser informada sobre la condición experimental de productos o procedimientos en investigación
Toda persona tiene derecho a ser informada por el investigador sobre la condición experimental de un producto o procedimiento en investigación, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos y las condiciones de la continuidad del tratamiento; debiendo el investigador dejar constancia por escrito en la historia clínica del paciente; y la firma del consentimiento informado de acuerdo a lo establecido en el literal c. del artículo 24 del presente Reglamento, en concordancia con la legislación especial sobre la materia y a la Declaración de Helsinki.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
SUB CAPÍTULO III
ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD
Artículo 19.- Derecho al respeto de su dignidad e intimidad
Toda persona tiene derecho a ser atendida por personal de salud autorizado por la normatividad vigente, y con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin discriminación por acción u omisión de ningún tipo.
El personal profesional de la salud y administrativo de la IPRESS debe brindar una atención con buen trato y respeto a las personas usuarias de los servicios de salud, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
Ninguna persona usuaria puede ser discriminada en el acceso a los servicios de salud, la atención o tratamiento por motivo de origen, etnia, sexo, género, idioma, religión, opinión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole.
En caso el paciente haya autorizado, previa firma de consentimiento informado, la exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, el médico tratante debe garantizar el respeto a la privacidad y pudor del paciente.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, el consentimiento a que se refiere el párrafo precedente, será expresado de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 20.- Derecho a recibir tratamientos científicamente comprobados o con reacciones adversas y efectos colaterales advertidos
Toda persona tiene derecho a recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos hayan sido científicamente comprobados, o cuya eficacia o mecanismos con reacciones adversas y efectos colaterales descritos le hayan sido advertidos oportunamente. Las IAFAS podrán financiar estos tipos de tratamientos de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 10 del presente reglamento.
Para tal efecto, previo al inicio del tratamiento, el personal profesional en salud autorizado a indicar el tratamiento y prescribir los medicamentos, debe informar al paciente las reacciones adversas, interacciones o efectos colaterales, conocidos a la fecha, que pudiere ocasionarle y las precauciones que se deben observar para su uso correcto y seguro, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Con respecto a la seguridad del paciente, la IPRESS debe garantizar que éste no sea expuesto a riesgos adicionales a los de su propia enfermedad, siendo responsabilidad de la máxima autoridad de la IPRESS disponer las medidas preventivas frente a eventos adversos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, la información es brindada a los representantes, conforme a lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 21.- Derecho a la seguridad personal, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas al establecimiento
Toda persona tiene derecho a su seguridad, a no ser perturbada o expuesta al peligro por personas ajenas a la IPRESS desde el momento que accede al mismo, para lo cual la IPRESS deberá implementar protocolos de seguridad personal, cuyo cumplimiento será responsabilidad de su máxima autoridad administrativa.
Artículo 22.- Derecho a autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía
Toda persona usuaria de los servicios de salud, tiene derecho a autorizar que estén presentes en sus exámenes médicos o intervención quirúrgica, personas que no estén implicadas directamente en la atención médica. La participación deberá contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándolo en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y se observen las prácticas de bioseguridad, caso contrario se revoca dicha aprobación. El paciente asumirá los costos derivados de dicha participación.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Artículo 23.- Derecho al respeto del proceso natural de la muerte del enfermo terminal
Toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que correspondan como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, previa firma del consentimiento informado. En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realizará conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
Cualquier acción u omisión que contravenga el citado proceso será pasible de las acciones punibles contenidas en el Código Penal.
SUB CAPÍTULO IV
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 24.- Derecho al consentimiento informado
Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, por lo que de no cumplirse con estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud.
El médico tratante o el investigador, según corresponda, es el responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión de la persona usuaria.
La firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la salud, ni a la IPRESS, frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en desmedro de la salud de las personas usuarias.
Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que evidencie el proceso de información y decisión, el cual forma parte de la historia clínica de la persona usuaria, siendo responsabilidad de la IPRESS su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deberán imprimir su huella digital en señal de conformidad.
El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma en que fue otorgado.
El consentimiento escrito deberá ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones:
a. Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona.
b. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes.
c. Cuando la persona vaya a ser incluida en un estudio de investigación científica.
d. Cuando la persona reciba la aplicación de productos o procedimientos en investigación, según la legislación especial de la materia y la Declaración de Helsinki y el marco legal vigente sobre la materia.
e. Cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar un tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.
f. Cuando el paciente reciba cuidados paliativos.
En caso de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho por sí mismos, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, o de grave riesgo para la salud pública.
Artículo 25.- Derecho a acceder a copia de la historia clínica
Toda persona usuaria de los servicios de salud o su representante tiene derecho a solicitar copia completa de su historia clínica, la cual debe ser entregada en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida la solicitud. El solicitante asume los costos de reproducción que supone el pedido.
La información contenida en la historia clínica del paciente así como aquella relacionada a cualquier acto médico, tiene carácter reservado, salvo en los supuestos contemplados en la Ley General de Salud.
Artículo 26.- Información mínima de la historia clínica
La IPRESS debe garantizar que el acto médico esté sustentado en una historia clínica veraz y suficiente, observando la estructura y registros a consignarse en la misma y otros documentos vinculados.
La información mínima de la historia clínica debe contener lo siguiente:
a. Identificación del paciente.
b. Registro de la atención de salud.
c. Información complementaria.
d. Formatos Especiales.
Adicionalmente, el contenido mínimo de variables según la especialidad médica, las especificaciones de registro y las características de la historia clínica manuscrita o electrónica deben adecuarse a lo dispuesto en las normas técnicas y otras emitidas por el ente rector en salud.
CAPÍTULO III
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Artículo 27.- De la Superintendencia Nacional de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad encargada de velar por la aplicación del presente Reglamento en el marco de las competencias conferidas en la normativa vigente de la materia.
Artículo 28.- Derecho a presentar reclamos y quejas
Toda persona que se encuentre disconforme con la atención recibida, tiene derecho a ser escuchada y recibir respuesta, debiendo presentar su reclamo ante las instancias competentes de la IAFAS o IPRESS, sin perjuicio de acudir en vía de queja ante SUSALUD para el inicio del procedimiento administrativo que pudiere corresponder, según la normatividad que sobre la materia emite SUSALUD.
La IPRESS debe exhibir de manera visible y de fácil acceso, el procedimiento para la atención de reclamos de las personas usuarias así como la posibilidad de acudir a SUSALUD en instancia de queja.
Artículo 29.- Solución de controversias
En caso de surgir controversias entre las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS y la persona usuaria de los servicios de salud, aquellas deberán generar mecanismos ágiles y oportunos de solución mediante el trato directo o el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, sin perjuicio del acceso a la vía jurisdiccional.
En caso las partes hayan acordado el sometimiento a arbitraje y no alcancen un acuerdo sobre el centro competente, se entenderá como centro competente el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD.
SUSALUD propiciará mecanismos de acceso a la justicia a las personas que consideren haber sido vulnerados en sus derechos, sin que la capacidad económica de las personas sea un limitante para garantizar su acceso oportuno e independiente.
Artículo 30.- Responsabilidad frente a la vulneración de derechos
Las infracciones referidas a la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud y las sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS o UGIPRESS, están establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2014-SA.
Para efecto de la restitución de los derechos de las personas usuarias y con el objeto de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado, SUSALUD, de acuerdo a las facultades conferidas, deberá disponer las medidas de seguridad que correspondan; así como, las medidas provisionales y correctivas, en el marco del procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar.
Para las pretensiones indemnizatorias la persona usuaria de los servicios de salud podrá acudir a la vía judicial o medios alternativos de solución de controversias de acuerdo a la normativa vigente.
En el caso de los profesionales de la salud dicha responsabilidad se rige por las normas laborales administrativas, civiles, penales, Código de Ética y Deontología y demás normas estatutarias de los colegios profesionales correspondientes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Registro de Sanciones de los Profesionales de la Salud
El Decano Nacional del Colegio Profesional correspondiente, comunicará a SUSALUD, por medio escrito, las sanciones impuestas por los respectivos Colegios Profesionales a sus agremiados, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de haber quedado firme la resolución que impuso la sanción.
SUSALUD, implementará el Registro respectivo, donde publicará la información remitida, a través de su portal institucional, conforme a la normativa vigente de la materia.
Segunda.- Enfoque Intercultural
Las disposiciones del presente Reglamento que establezcan la aplicación de técnicas para el uso de la metodología de Diálogo Intercultural con las personas usuarias de los servicios de salud en pueblos vulnerables, deberán ser implementadas por todas las IPRESS y UGIPRESS, públicas, privadas y mixtas de manera progresiva en observancia a las normas pertinentes de la materia y de todas aquellas que emita el Ministerio de Salud para tal efecto, así como las complementarias y conexas.
Tercera.- Reglamento de Reclamos y Quejas
A propuesta de la Superintendencia Nacional de Salud, se aprobará el Reglamento de Quejas y Reclamos que contendrá el procedimiento para la atención de las Quejas y Reclamos de las personas usuarias de los servicios de Salud en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles.

ANEXO

RESPUESTAS BREVES A PRINCIPALES BUSQUEDAS

Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

  1. En la RENIEC puede aparecer el hijo de mi padre y otra mujer?

Si, si tienes los nombres de la madre o del hijo y siempre que el lo haya reconocido.

  1. Heredar pensión por viudez

Tiene derecho a pedir pensión por viudez quien fue casada por civil o la conviviente (legalmente, no es conviviente quien vive o vivió emparejada con el fallecido sin haberse divorciado previamente de su matrimonio anterior) que acredite haber convivido por mas de dos años como si fueran casados y acredite tal condición con su DECLARACION DE HECHO (hecha notarialmente cuando ambos vivían, o bien tramitarla judicialmente cuando el ya falleció), ACREDITAR DOCUMENTADAMENTE; la Escritura de la SUCESION INTESTADA,  verificar que no se encuentra en alguno de los impedimentos  establecidos en el régimen pensionario que perteneció el fallecido, documentos que adjuntados al DNI deben ser presentados a la  ONP o a la AFP .

  1. Mi bebe nació en provincia pero vivo en lima como hago para registrarlo?

Te sugiero que te acerques a cualquier oficina de RENIEC. Siendo de carácter nacional el alcance de la RENIEC confío que exista la opción de registrarlo en Lima precisando su lugar de nacimiento de tu bebé.

  1. Mi mamá falleció en la clínica, como hago para solicitar el acta de defunción

Cualquiera de ustedes tu papá, tu o cualquiera de tus hermanos, acreditando la condición con el DNI y la Partida de Matrimonio o de Nacimiento, tienen derecho a solicitar que se otorgue el Acta de Defunción.

  1. Plazo de ejecución de resolución administrativa para destitución de trabajador

En Perú la normativa de SERVIR dispone que sea inmediatamente emitida la resolución que así lo declare. La Ley del Procedimiento Administrativo General como las disposiciones contenidas en el Procedimiento Administrativo Sancionador a cargo de la Contraloría General dispone que la sanción se ejecuta  una vez agotada la vía judicial, lo cual preservaría de eventuales arbitrariedades que pudieran existir en la resolución de primera instancia.

 6. Puedo inscribir a mi hijo sin acta de nacimiento?

Excepcionalmente si ante RENIEC, solo en los casos que el parto no hubiera sido constatado por el médico o profesional de la salud; a solicitud de autoridad política o religiosa siempre que no hubiera profesional de salud que constate; que cuentes con testigos del nacimiento mayores de edad , por mandato judicial.

  1. Responsabilidad de un ingeniero residente en una empresa

Al ser contratado por la empresa representa los  intereses de ésta, correspondiéndole proceder con honestidad y profesionalismo, estándole por Ley y éticamente prohibido  inmiscuirse en acuerdo ilícitos con la otra parte; caso contrario  incurriría en responsabilidades administrativas, civiles y/o penales, según fuera el caso.

  1. Estoy por dar a luz y como asiento a mi hijo si su padre no quiere reconocerlo

La Ley peruana faculta a la madre soltera inscribir al nacido dando el nombre del padre o bien únicamente sólo con sus apellidos.

Asi de sencilla es la respuesta; sin embargo, por la diversidad de experiencias contadas por cada protagonistas en el blog, vemos que la decisión que adoptes es crucial.

Lo ideal es que la mujer, especialmente, pero también los varones, pensaran sobre este tema mucho antes de iniciar  relaciones sexuales.

Lo importante es que tu hijo cuente con su Acta de Nacimiento y su DNI desde que nace, por eso esta decisión, en el caso de las no casadas o no declaradas en  Unión de Hecho, debe ser pensada desde el primer dia del embarazo.

Si dudas sobre la responsabilidad o del buen trato del padre  hacia ti o especialmente hacia el bebé, lo prudente es que  lo reconozcas solo con tus apellidos.

Si das el nombre del padre,  la RENIEC pondrá su apellido , pero no significa que legalmente sea el padre en tanto él no lo haya reconocido.

Si mas adelante decides que el padre lo reconozca deberás seguirle un proceso de Filiación Extramatrimonial y Alimentos  o bien; prescindiendo de lo anterior, mas adelante hallar a quien te ame realmente como a tu hijo y pueda adoptarlo judicialmente dándole sus apellidos.

 9. Entrega de Cargo Norma interna de Contraloria

 La entrega de cargo de los altos funcionarios públicos es regulada además de las normas internas establecidas por cada entidad por las formalidades establecidas por la Contraloría General de la República para la TRANSFERENCIA DE GESTION, RENDICION DE CUENTAS Y DECLARACIONES JURADAS cuyas normas puedes encontrarlas en el portal electrónico de la Contraloría:

TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Guía Técnica de Probidad Administrativa – “Transferencia de Gestión” aprobada por Resolución de Contraloría General N° 373-2006-CG.

Municipal

Ley N° 26997- Ley que establece la conformación de Comisiones de Transferencia de la Administración Municipal, modificada por Ley N° 28430 – Ley que modifica los artículos 1°, 3° y 4° e incorpora el artículo 8° en la Ley N° 26997.

Regional

Directiva Nº 08-2006-CG/SGE-PC – Lineamientos preventivos para las entidades del Estado sobre Transferencia de Gestión y Directiva Nº 09-2006-CG/SGE-PC – Lineamientos preventivos para el control de la Transferencia de Gestión en las entidades del Estado, aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 372-2006-CG,

RENDICIÓN DE CUENTAS

Directiva N° 04-2007-CG/GDES “Rendición de cuentas de los titulares” aprobada con R.C. 332-2007-CG de 10.OCT.2007 y modificada por R.C. N° 001-2010-CG

DECLARACIONES JURADAS

Ley N° 27482, Reglamento y modificatorias “Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”

 10. Donde reclamar abuso de autoridad

Puedes denunciar ante la Secretaría Técnica que existe en cada entidades pública; o ante la Fiscalía Penal, en este caso siempre que reúna los componentes del ilícito penal.

  1. Que es la destitución administrativa

Es la mas grave de las tres sanciones que se imponen al servidor o funcionario público, luego de haber sido sometido, necesariamente, al correspondiente proceso administrativo disciplinario, cuyo efecto será separarlo de su trabajo sin poder reingresar a ninguna otra entidad que pertenezca a la administración pública durante el plazo de 5 años.        

 12. Plazo para la entrega de cargo

Dependiendo de la complejidad del cargo puede ser hecha en el mismo día o dentro de un término prudencialmente acordado, de 8 a 15 dias hábiles,  entre quien entrega y recibe con la anuencia de la superior autoridad administrativa.

La entrega de cargo no solo ocurre al término de una relación laboral sino antes de salir de licencia, comisión o por vacaciones y tiene por objeto que las labores y funciones encomendadas a quien se retira, no se paralicen y afecten con ello a los usuarios o administrados, por tal razón, sean asumidas en su ausencia por quien es designado en asumir sus funciones.

Consiste en la entrega formal de la documentación inventariada de los expedientes pendientes de resolver,  como de los equipos y materiales que le fueron entregados, contenida en las respectivas Actas de Entrega.

  1. Procedimiento disciplinario para la empresa

Las empresas en Perú laboralmente se regulan por el régimen laboral de la administración privada D. Leg. 728 y su Reglamento, la cual establecen que cada empresa debe contar con su respectivo RIT (Reglamento Interno de Trabajo) documento que debe ser entregado a cada trabajador para su conocimiento y aplicación sobre contiene la forma en que se organiza la empresa, los derechos, deberes, obligaciones y funciones de los servidores, y entre ellos el procedimiento administrativo previo sancionador  aplicable, en el marco del antes enunciado régimen laboral, pudiendo recoger  las garantías establecidas en el procedimiento administrativo sancionador del régimen público.

  1. Difamación laboral servidores publico

La DIFAMACION (consiste en atribuir a una persona hechos como si fueran verdaderos propalándolo por escrito o verbalmente ante otras personas reunidas o por separado, a sabiendas de su falsedad,) en la legislación peruana está calificada como uno de los 3 delitos contra el honor de la persona (los otros son la INJURIA (insultos) y la CALUMNIA (Atribuir falsamente haber cometido un delito) que por tal razón se denuncia ante el Juez penal sólo por interés y a pedido de quien se considere agraviado, y no por el Fiscal Penal como ocurre con los demás delitos.

En las entidades públicas es usual que servidores o funcionarios incurran en estos ilícitos, y muchas veces la autoridad a sabiendas, los ignore aduciéndose en ocasiones no ser competentes.

No somos partidarios que la autoridad administrativa, entendiéndose por tal al Jefe inmediato del cual depende el servidor o funcionario afectado o las Oficinas de Recursos Humanos o de Personal, ignore o se mantenga al margen de estos hechos, debiendo al contrario evitar que el personal a su cargo no sufra ninguna mella en su honor, como suele ocurrir con quienes son permanente u ocasionalmente agredidos con alguna de estas formas o con muchas otras formas de HOSTILIZACION, verbal o física o directa o indirectamente, pues su relación y rendimiento laboral, personal como familiar se verá  seriamente mellado hasta grados insospechados, evidenciándose cuadros de estress o depresión que, en ocasiones puede llevar a graves resultados, que repercuten en la imagen institucional como en la persona.

De ahí que todo acto como los antes anotados deben ser detectados y corregidos con la urgencia del caso, pudiendo ser materia de denuncia y sanción previo proceso administrativo quienes incurren en hostilización o infracción al deber de buen trato y respeto a los compañeros de trabajo.

Gracias por tu elección, por escribir y difundir el blog

Exitos

RICARDO P. AYALA GORDILLO

Abogado

Email :            asesoriadefensa02@gmail.com

Teléfonos:

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994 948 189    (RPC)

 

Categoría : Consultas Variadas

Lima 9 de agosto 2015

MADRE SOLTERA CONSULTA

por RICARDO AYALA GORDILLO

Buenos días Doctor

Tengo 22 años, y en este momento estoy embarazada, tengo un embarazo de casi 27 semanas. Soy madre soltera y la verdad que muy conciente de mi condición, por lo tanto he tomado una decisión y necesito saber si la ley me apoya.

El padre de mi hija supo desde el primer momento de mi embarazo.
Luego desde aquella noticia yo lo vi 4, o 5 veces más. Él ya tiene un hijo de 2 años, su alejamiento para mi fue muy doloroso en un primer momento ya que nos veíamos todos los días pero desde aquella noticia él se alejo rotundamente. Cuando tenía aproximadamente 7 semanas de embarazo me entero que además había dejado embarazada a otra niña, menor que yo y que tenía casi las mismas semanas que yo.

El golpe emocional fue muy duro, pensé en interrumpir mi embarazo, caí en una depresión muy profunda, cuando esto sucedió el padre de mi hija estaba en el sur, a la otra persona le negó siempre sobre mi embarazo por lo tanto yo corté contacto con él.

Con la otra madre seguimos conversando y cuando él llegó a Santiago lo enfrentamos a lo que él no pudo negar la realidad. Ella por una fuerte carga emocional interrumpió su embarazo, se fue a vivir a otra ciudad y actualmente esta con tratamiento psicológico.

Yo por otra parte, hable un par de veces mas con él solo por Teléfono, yo le pedía que se alejara a lo que él me decía que no me daría en el gusto, que siempre lo tendría en mi vida me gustara o no.

Desde diciembre que no lo he vuelto a ver ni a hablar con el por ningún medio. La familia de él sabe sobre mi embarazo y tampoco tengo contacto con ellos.

Yo he tenido que pasar mi embarazo sola, y un embarazo muy difícil por la alta carga emocional, con una depresión bastante grande, a pesar de que estamos en otros tiempos igual uno pasa por ese típico juicio moral de la gente de ser madre soltera y tener la incertidumbre de que este ser humano regrese a reprochar derechos cuando si lo llevamos al plano moral, derechos ya no tendría.

Encuentro totalmente injusto que el día de mañana el regrese y quiera reconocer a mi hija y yo no pueda ponerle ningún tope, él pueda verla, compartir decisiones, llevársela, que ella deba compartir con gente que durante estos 6 meses y medio en que ella existe nadie se ha preocupado si esta bien su formación o esta mal.

No lo encuentro justo, ni para mi como madre y co-creadora de mi hija ni tampoco para mi hija, tener que convivir con la inestabilidad constante de un hombre, de una familia completa, tener que convivir con gente que desde el primer momento no desearon su existencia y han tenido una nula preocupación acerca de si ella esta bien, (de hecho me imagino que ni siquiera deben saber si ella es mujer).

Pienso y creo que la justicia no puede ser tan injusta con la mujer, y tampoco con el hombre, creo que la justicia no debería seguir avalando la irresponsabilidad masculina, existen generaciones completas de hombres que evaden todo tipo de responsabilidad y me cuesta creer que no exista un respaldo para uno como madre y tutora de nuestros hijos en proteger a nuestros bebes de este tipo de personas tan inestables, que yo creo como opinión muy personal es peor que nuestros hijos crezcan con alguien inestable que con alguien que este totalmente ausente.

No podemos esperar a que el ”madure” y diga ya, ahora estoy preparado, puedo hacerme cargo… cuando a nosotras nadie nos pregunto si estábamos preparadas, si podíamos, si queríamos, simplemente tuvimos que salir adelante a pesar de todo y ya… es por eso he decidido que no quiero que mi hija lleve el apellido de su padre y que el no pueda gozar de ningún derecho sobre ella, jamás le diré a el que mi hija no es de el, por que creo que no es justo, mi hija el día de mañana tiene que saber su realidad y vivir bajo ella, por que creo que si yo le mentiría tarde o temprano eso también me pesará a mi, y quiero hacer las cosas bien.

Yo sé que si voy a inscribir a mi hija con mis apellidos, el puede ir cualquier día a reconocerla y no necesita mi autorización, pues quiero saber si existe la posibilidad de interponer algo legal para que eso no suceda y exista un proceso judicial anterior a esto, quiero que el antes de reconocerla pase por un proceso judicial en donde explique el por que ahora, ya que yo no estoy de acuerdo, pienso que la naturaleza es muy injusta con las mujeres, pero también pienso que el hombre si puede empoderarse de su paternidad, estar presente (estando en pareja o no) y no solo ser un actor presente los fines de semana, comprar zapatillas y sacarla, no es justo y creo que como país debemos empezar a educar a los hombres acerca de la responsabilidad.

Esa duda por una parte, y mi siguiente duda es que, ¿Que pasaría si el, el día de mañana me demanda para pedirme un exámen de ADN para corroborar su paternidad (ya que algunas veces me insinuó haciéndose el chistoso que quizás no era de él)? ok, yo no me negaría ya que si demostraría un interés en tener derechos sobre mi hija, pero eso no quita la ausencia de todo el embarazo y el tiempo de vida que la niña tenga cuando eso suceda (si es que llega a suceder) el examen de ADN obviamente saldría positivo, pero… ¿Antes de hacerse dicho reconocimiento, yo puedo pedir una indemnización por daño y perjuicio? Ya que encuentro que antes de reconocer a la niña sería una buena forma de ”castigo” ante su irresponsabilidad.

Espero usted pueda darme un buen asesoramiento, de que si esto se puede hacer o si hay algo que yo pueda hacer para evitar que el padre de mi hija la reconozca asi tan fácil, sino que antes exista una demostración de interés y un castigo por su irresponsabilidad, ya que no creo que sea justo que la vida se le haga tan fácil a el siendo que ha cometido tantos errores.

Estaré muy atenta a su respuesta, ya que de hacer algo ante esta situación quiero dejar todo listo antes de mi parto, por que tengo la leve sospecha que el aparecerá cuando la niña haya nacido, siendo que existía hace ya 9 meses.

Muchas gracias por su tiempo.

Comentario del autor a manera de respuesta :

En su momento di respuesta oportuna y personal a nuestra consultante, joven madre soltera del vecino país del sur.

Su historia, conservando su identidad en el anonimato, nos alecciona una vez mas, en diversos aspectos: que abusos e ingenuidades, -vamos a decirlo asi, aun cuando no es el mejor término- de varones y mujeres que procrean hijos respectivamente, no conoce de edades, culturas, ni fronteras, de necesidades legislativas, pero sobre todo, a mi entender, de cambio de actitudes esencialmente de orden preventivo por parte de niños, jóvenes y adultos en edad fértil, como de quienes los rodeamos, a efectos que la experiencia ajena, no sea únicamente para leerla, sino para reflexionarla y esencialmente para poder tomar anteriores mejores situaciones, en la diversidad de los aspectos que contiene su consulta.

Sobre la cual ampliaremos en este mismo artículo y sobre la cual se ha dicho en otros como en diversas respuestas.

Gracias por tu elección, por escribir y difundir el blog

RICARDO P. AYALA GORDILLO
Abogado

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REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN LA LEY DE SERVICIO CIVIL

Por Ricardo P. Ayala Gordillo

A re aprender de nuevo.

A partir del 14 de setiembre del 2014 todo lo que aprendimos sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 y su Reglamento Decreto Supremo N° 005.90.PCM será sustituido por el REGIMEN SANCIONADOR previsto en la Ley N°30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 040.2014.PCM.

La Ley N°30057 no se aplica al universos de servidores o funcionarios de la administración pública. Es aplicable a los servidores sujetos a los regímenes laborales de D.Leg. 276 como del D.Leg. 276, y supletoriamente a los comprendidos en carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República.

El Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la Ley N°30057 .

Todo lo aprendido sobre el PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el marco del D.Leg 276 es base sólida para comprender y aplicar las actuales normas.

Las normas sobre el PAD previstas en el D.Leg 276 y el D.S. N° 005.90.PCM seguirán vigentes solo para los casos que viniera conociendo las CPPAD y CEPAD, comisiones que se desactivan las cuales se desactivan al culminar el trámite de los procedimientos a su cargo.

Las actuales normas son mas garantistas, específicas y ordenadas sistemáticamente que la 276 y su reglamento, pues integra mucho de lo que requería remitirse a otras normas para su mejor comprensión, como el genérico “autoridad competente” cuando se refería a quien es la persona que califica y aplica sanción, así ahora es explícita en precisar es ORGANO SANCIONADOR el JEFE INMEDIATO es primera instancia para imponer sanciones de amonestación, en el caso de las suspensiones lo es el jefe de Recursos Humanos y para las destitución el titular de la entidad, la segunda, el Tribunal del Servicio Civil.

Las funciones de la autoridades que actúan como ORGANO INSTRUCTOR que tenían a su cargo las CPPAD y CEPAD se encontrarán a cargo de una SECRETARIA TECNICA que estará compuesta preferiblemente de ABOGADOS, lo cual es un reclamado acierto, dado que veníamos sosteniendo que la conformación de las CPPAD adolecía de tal capacidad profesional, las que muchas veces en la práctica se limitaban a firmar cuanto hacían abogados contratados como asesores con funciones no siempre claras.

La conformación de la Secretaría Técnica es una destacada oportunidad de labor especializada para nuestros colegas ABOGADOS que remite a la respectiva capacitación.

Igual necesidad de capacitación sobre régimen sancionador asiste a los JEFES INMEDIATOS, JEFES DE RECURSOS HUMANOS y TITULARES DE ENTIDADES en adición a la especializada y distinta formación profesional, el conocimiento les despojará de comprensibles dudas o temores por desconocimiento o del habitual limitarse a informar al superior y este a su vez sobre el superior a él cuando toman conocimiento sobre denuncias o hechos constitutivos de presuntas faltas administrativas.

En los JEFES INMEDIATOS tan importante como la capacitación es que tengan claramente delimitado los servidores sobre quienes tienen competencia sancionadora, a efectos de evitar innecesarias dilaciones o infundadas cuestiones de competencia.

Al desaparecer las CPPAD desaparecen también los REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, quienes mayormente consideraban que su participación correspondía actuar como defensor del servidor procesado, cuando su rol se circunscribía en velar porque se cumpla con el DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de ahí el mayor interés en capacitarse también los FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS y SERVIDORES individual, grupal o colectivamente o a través de los GREMIOS.

Si estas interesado en participar en el CURSO: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR puedes contactarme en los datos de contactos puestos al pie de este artículo.

A continuación puedes realizar las comparaciones entre la Ley N° 30057 y el Reglamento del D.Leg. 276

LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL

TÍTULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
CAPÍTULO I: FALTAS

Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:
a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.
b) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores.
c) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior del personal jerárquico y de los compañeros de labor.
d) La negligencia en el desempeño de las funciones.
e) El impedir el funcionamiento del servicio público.
f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros.
g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.
h) El abuso de autoridad, la prevaricación o el uso de lo función con fines de lucro.
i) El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la entidad o en posesión de ésta.
j) Las ausencias injustificadas por más de tres (3) días consecutivos o por más de cinco (5) días no consecutivos en un periodo de treinta (30) días calendario, o más de quince (15) días no consecutivos en un período de ciento ochenta días (180) calendario.
k) El hostigamiento sexual cometido por quien ejerza autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido por un servidor civil, cualquiera sea la ubicación de la victima del hostigamiento en la estructura jerárquica de la entidad pública.
I) Realizar actividades de proselitismo político durante la jomada de trabajo, o a través del uso de sus funciones o de recursos de la entidad pública.
m) Discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica.
n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.
ñ) La afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil.
o) Actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros.
p) La doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función docente.
q) Las demás que señale la ley.

Artículo 86. Régimen de los exservidores de las entidades
Los exservidores civiles de una entidad se acogen a las restricciones establecidas en el artículo 241 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas
La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes:
a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.
b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.
d) Las circunstancias en que se comete la infracción.
e) La concurrencia de varias faltas.
f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
g) La reincidencia en la comisión de la falta.
h) La continuidad en la comisión de la falta.
i) El beneficio ¡licitamente obtenido, de ser el caso.
Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
La destitución acarrea la inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública. El servidor civil que se encuentre en este supuesto, no puede reingresar a prestar servicios a favor del Estado por un plazo de cinco (5) años, contados a partir de que la resolución administrativa que causa estado es eficaz.
Si un servidor civil es declarado responsable de un delito doloso, mediante sentencia que cause estado, o que haya quedado consentida, o ejecutoriada, culmina su relación con la entidad.

CAPITULO II: RÉGIMEN DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Articulo 88. Sanciones aplicables
Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:
a) Amonestación verbal o escrita.
b) Suspensión sin goce de remuneraciones desde un día hasta por doce (12) meses.
c) Destitución.
Toda sanción impuesta al servidor debe constar en el legajo.

Articulo 89. La amonestación
La amonestación es verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el jefe inmediato en forma personal y reservada. Para el casode amonestación escrita la sanción se aplica previo proceso administrativo disciplinario. Es impuesta por el jefe inmediato. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien hago sus veces. La apelación es resuelta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.

Articulo 90. La suspensión y la destitución
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

Articulo 91. Graduación de la sanción
Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley.
La sanción corresponde a la magnitud de las faltas, según su menor o mayor gravedad. Su aplicación no es necesariamente correlativa ni automática. En cada caso la

entidad pública debe contemplar no sólo la naturaleza de la infracción sino también los antecedentes del servidor.
Los descuentos por tardanzas e inasistencia no tienen naturaleza disciplinaria, por lo que no eximen de la aplicación de la debida sanción.

Artículo 92. Autoridades
Son autoridades del procedimiento administrativo disciplinario:
a) El JEFE INMEDIATO del presunto infractor.
b) El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.
c) El titular de la entidad.
d) El Tribunal del Servicio Civil.
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un SECRETARIO TÉCNICO, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones. El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentarla actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes.
La secretaría técnica depende de la oficina de recursos humanos de la entidad o la que haga sus veces.
Cualquier persona que considere que un servidor civil ha incurrido en una conducta que tenga las características de falta disciplinaria, debe informarlo de manera verbal o escrita ante la Secretaria Técnica. La denuncia debe expresar claramente los hechos y adjuntar las pruebas pertinentes.

Articulo 93. El procedimiento administrativo disciplinarlo
93.1 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia inicia el
procedimiento de oficio o a pedido de una denuncia, debiendo comunicar al servidor por escrito las presuntas faltas y otorgarle un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente para su defensa. Para tal efecto, el servidor civil tiene derecho a conocer los documentos y antecedentes que dan lugar al procedimiento.
Vencido el plazo sin la presentación de los descargos, el proceso queda listo para ser resuelto.
Cuando la comunicación de la presunta falta es a través de una denuncia, el rechazo a iniciar un proceso administrativo disciplinario debe ser motivado y notificado al que puso en conocimiento la presunta falta, si estuviese individualizado.

93.2 Previo al pronunciamiento de las autoridades del proceso administrativo disciplinario de primera instancia y luego de presentado los descargos, el servidor civil procesado puede ejercer su derecho de defensa a través de un informe oral, efectuado personalmente o por medio de un abogado, para lo cual se señala fecha y hora única.
93.3 La autoridad del procedimiento administrativo disciplinario de primera instancia realiza las investigaciones del caso, solicita los informes respectivos, examina las pruebas que se presenten e impone las sanciones que sean de aplicación.
93 4 Durante el tiempo que dura el procedimiento administrativo disciplinario el servidor civil procesado, según la falta cometida, puede ser separado de su función y puesto a disposición de la oficina de recursos humanos. Mientras se resuelve su situación, el servidor civil tiene derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco (5) días o presentar renuncia.

Artículo 94. Prescripción
La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces.
La autoridad administrativa resuelve en un plazo de treinta (30)días hábiles. Si la complejidad del procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad administrativa debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayora un (1)año.
Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de prescripción es de dos (2) años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión de la infracción.

Artículo 95. El procedimiento de los medios ¡mpugnatorios
95.1 El término perentorio para la interposición de los medios ¡mpugnatorios es de quince (15) días hábiles, y debe resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. La resolución de la apelación agota la vía administrativa.
95.2 La interposición de los medios ¡mpugnatorios no suspende la ejecución del acto impugnado.
95.3 El recurso de apelación se interpone cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas, se trate de cuestiones de puro derecho o se cuente con nueva prueba instrumental. Se dirige a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. La apelación es sin efecto suspensivo.

Articulo 96. Medidas cautelares
96.1 Luego de comunicar por escrito al servidor civil sobre las presuntas faltas, la autoridad del proceso administrativo disciplinario puede, mediante decisión motivada, y con el objeto de prevenir afectaciones mayores a la entidad pública o a los ciudadanos, separarlo de su función y ponerlo a disposición de la Oficina de Personal para realizar trabajos que le sean asignados de acuerdo con su especialidad, o exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo.
96.2 Las medidas cautelares se ejercitan durante el tiempo que dura el proceso administrativo disciplinario, siempre que ello no perjudique el derecho de defensa del servidorcivil y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corres ponderle. Excepcional mente, cuando la falta presuntamente cometida por el servidor civil afecte gravemente los intereses generales, la medida cautelar puede imponerse de modo previo al inicio del procedimiento administrativo disciplinario. La validez de dicha medida está condicionada al inicio del procedimiento correspondiente.
96.3 Las medidas cautelares pueden ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento administrativo disciplinario, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
96.4 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento administrativo disciplinario en la instancia que impuso la medida, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento.

Artículo 97. Medidas correctivas
La autoridad puede dictar medidas correctivas para revertir en lo posible el acto que causó el daño a la entidad pública o a los ciudadanos.

Articulo 98. Registro de sanciones
Las sanciones de suspensión y destitución deben ser inscritas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido creado por el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que administra la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir). La inscripción es permanente y debe indicar el plazo de la sanción.

D.S. N° 005-90-PCM
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: ENCAUSAMIENTO ANTE GRAVEDAD DE FALTA
Artículo 163º.- El servidor público que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables.
El incumplimiento del plazo señalado configura falta de carácter disciplinario contenida en los incisos a) y d) del Artículo 28º de la Ley.

PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO: FORMALIDAD Y COMPETENCIA INVESTIGADORA
Artículo 164º.- El proceso administrativo disciplinario a que se refiere el articulo anterior será escrito y sumario y estará a cargo de una Comisión de carácter permanente y cuyos integrantes son designados por resolución del titular de la entidad.

COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS: CONSTITUCIÓN CON MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES
Artículo 165º.- La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios estará constituida por tres (3) miembros titulares y contará con tres (3) miembros suplentes. La citada comisión será presidida por un funcionario designado por el titular de la entidad y la integran el Jefe de Personal y un servidor de carrera designado por los servidores. La comisión podrá contar con el asesoramiento de los profesionales que resulten necesarios.

COMISIÓN ESPECIAL PARA FUNCIONARIOS
Para el proceso de funcionarios se constituirá una Comisión Especial integrada por tres (3) miembros acordes con la jerarquía del procesado. Está Comisión tendrá las mismas facultades y observara similar procedimiento que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.
COMISIÓN: POTESTAD PARA CALIFICAR Y PRONUNCIARSE
Artículo 166º.- La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario. En caso de no proceder este elevara lo actuado al titular de la entidad con los fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso.

RESOLUCIÓN DEL TITULAR: INSTAURACIÓN FORMAL
Artículo 167º.- El proceso administrativo disciplinario será instaurado por resolución del titular de la entidad o del funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto, debiendo notificarse al servidor procesado en forma personal o publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, dentro del término de setentidós (72) horas contadas a partir del día siguiente de la expedición de dicha resolución.

SERVIDOR PROCESADO: DESCARGO Y PRESENTACIÓN DE PRUEBAS DESVIRTUATORIAS
Artículo 168º.- El servidor procesado tendrá derecho a presentar el descargo y las pruebas que crea conveniente en su defensa, para lo cual tomará conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso.

EL DESCARGO: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y FÁCTICA
Artículo 169º.- El descargo a que se refiere el articulo anterior, deberá hacerse por escrito y contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas con que se desvirtúen los cargos materia del proceso o el reconocimiento de su legalidad. El término de presentación de cinco(5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se prorrogará cinco (5) días hábiles más.

COMISIÓN INVESTIGACIÓN, EXAMEN Y RECOMENDACIÓN
Artículo 170º.- La Comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad recomendando las sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del titular de la Entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse.

INFORME ORAL: PERSONAL O POR APODERADO
Artículo 171º.- Previo al pronunciamiento de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios a que se refiere el artículo anterior, el servidor procesado podrá hacer de sus derechos a través de un informe oral efectuado personalmente o por medio de un apoderado, para lo que se señalará fecha y hora única.

SERVIDOR PROCESADO: REMOCIÓN EVENTUAL DEL CARGO
Artículo 172º.- Durante el tiempo que dure el proceso administrativo disciplinario el servidor procesado, según la falta cometida, podrá ser separado de su función y puesto a disposición de la Oficina de Personal para realizar trabajos que le sean asignados de acuerdo con su nivel de carrera y especialidad. Mientras se resuelve su situación, el servidor tiene derecho al goce de sus remuneraciones, estando impedido de hacer uso de vacaciones, licencias por motivos particulares mayores a cinco(5) días o presentar renuncia.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA: DEBE SER DECLARADA
Artículo 173º.- El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar.

CESANTES: ENCAUSAMIENTO DE SERVIDORES CESANTES
Artículo 174º.- El servidor cesante podrá ser sometido a proceso administrativo por las faltas de carácter disciplinario que hubiese cometido en el ejercicio de sus funciones dentro de los términos señalados en el artículo anterior.

ANÁLOGO PROCEDER PARA EMPLEADOS CONTRATADOS
Artículo 175º.- Están comprendidos en el presente capítulo los funcionarios y servidores públicos contratados, en lo que les sea aplicables, aún en el caso que haya concluido su vínculo laboral con el Estado y dentro de los términos señalados en el artículo 173º del presente reglamento.

Índice General Índice

CAPITULO XIV
DE LA REHABILITACION

REHABILITACIÓN: REQUISITOS DETERMINANTES
Artículo 176º.- Para que un servidor sea rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hayan impuesto en el curso de su Carrera Administrativa, debe haber observado buena conducta y obtenido evaluación favorable desde la aplicación de la sanción.

REHABILITACIÓN – EFECTOS: ANULACIÓN DE SANCIÓN Y FALTAS REGISTRADAS
Artículo 177º.- La rehabilitación deja sin efecto toda mención o constancia de la sanción impuesta proveniente de falta disciplinaria en el Registro de Funcionarios y Servidores y el correspondiente legajo personal. Se formaliza mediante resolución del funcionario competente.

REHABILITACIÓN POR ASCENSO
Artículo 178º.- El servidor de carrera queda rehabilitado de las sanciones administrativas que se le hubieren aplicado durante su permanencia en un nivel de carrera cuando obtenga su ascenso al nivel inmediato superior; salvo que no hubiere transcurrido cuando menos un año de haberse cumplido con la sanción impuesta, en cuyo caso deberá esperarse dicho plazo. Para el efecto los procesos de ascenso deberán considerar las sanciones impuestas como deméritos.

REAPTITUD DE SERVIDOR SIN ASCENSO
Artículo 179º.- La rehabilitación del servidor que no hubiese ascendido de nivel sólo procederá transcurrido un año de su postulación a dicho ascenso, debiendo tenerse en cuenta la salvedad a que se refiere el artículo anterior.

TRIENIO LABORAL PARA REIVINDICACIÓN
Artículo 180.- La rehabilitación del servidor destituido que hubiese reingresado a la Administración Pública sólo procederá transcurridos tres (3) años, computables a partir de dicho reingreso.

REHABILITACIÓN: SOLICITUD DEL INTERESADO Y OPINIÓN PREVIAS
Artículo 181º.- La rehabilitación de los servidores comprendidos en los Arts. 179º y 180º se efectuará a solicitud del interesado con el informe del jefe inmediato, teniéndose en cuenta el resultado del promedio de sus evaluaciones en el nivel.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
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NO BASTA …PEDIR DESCARGO Y SANCIONAR

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Cuando de sancionar administrativamente disciplinariamente se trata, no es suficiente la sola constatación del hecho y la sola petición del descargo, lo cual aún suele ser cotidiano en muchas entidades públicas.

No basta incluso que el servidor infractor hubiera reconocido que se apoderó de bienes de la entidad o de terceros ni que la policía haya constatado el acto como es el caso resuelto y publicado por el Tribunal de SERVIR http://files.servir.gob.pe/WWW/files/Tribunal/2013/Sala1/Res_01800-2013-SERVIR-TSC-Primera_Sala.pdf, que en vía de apelación declara FUNDADA, que si bien precisa que el ex servidor CAS no tiene derecho a ser reincorporado pero si a ser indemnizado por despido arbitrario.

De acuerdo a lo expuesto en la indicada Resolución, es preciso que cuando el JEFE INMEDIATO DEL PRESUNTO INFRACTOR (quien de acuerdo al Art. 92 de la Ley N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL es ahora primera instancia en el Procedimiento Sancionador -Ley en proceso de implementación progresiva-) tome conocimiento del hecho COMUNIQUE AL SERVIDOR ESE HECHO CALIFICANDO LA PRESUNTA FALTA COMETIDA lo cual implica que esa comunicación cite expresamente los artículos infringidos de la Ley especial aplicable y/o del contrato o manual de organización y funciones como del régimen laboral aplicable relacionados al caso, estas normas serán el marco legal dentro del cual el servidor tiene derecho a ejercer su constitucional derecho a la defensa formulando su descargo, dentro del plazo de 5 días y en caso lo solicite, a una prórroga por igual plazo; siendo dentro de ese marco legal que se circunscribirá el eventual proceso administrativo disciplinario y eventual sanción, en caso de corresponder; de no ser así, la entidad podría afrontar resultados como el antes anotado.

De ahí que si antes predominaba que el jefe inmediato CUMPLIA CON INFORMAR el hecho al superior jerárquico y asi en cadena hasta que muchas veces el infractor resultaba impune y la falta sino olvidada o prescrita, hoy está aclarado lo que en vía interpretativa dice aún el D.S. N° 005-90-PCM, es función de LOS JEFES INMEDIATOS, LAS JEFATURAS DE LAS OFICINAS DE PERSONAL, COMO QUIENES CONFORMAN LAS CPPAD, ABOGADOS, ASESORES y TITULARES DE ENTIDADES, quienes tienen el poder de sancionar; como quienes participan instruyendo, asesorando, revisando o visando las resoluciones sancionatorias, verifiquen si en la etapa de requerimiento de descargo al infractor se le precisó o no la OBLIGACION LEGAL O CONTRACTUAL INFRINGIDA O INCUMPLIDA, asimismo, estimen que tipo de FALTA ADMINISTRATIVA presuntamente habría cometido, de no ser así, lo mas probable es que la apelación contra la sanción sea declarado FUNDADA y/o NULA la sanción como todos los actuados.

Hay en consecuencia la tarea de capacitar a unos y otros, como sin ninguna duda, con igual exigencia a los servidores públicos a efectos de procurar lo mejor de sí y esencialmente de evitar que afronten estas ingratas situaciones que pudieran ver afectado el privilegio de contar con un puesto de trabajo.

Otra es la eventual responsabilidad penal que pudiera seguir la admnistración a través del Procurador en la respectiva vía penal.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima 24 de enero del 2014

Categoría : PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO

ALIMENTOS – MONTO

Por Ricardo P. Ayala Gordillo

Consulta

El padre que no tiene empleo fijo, que recién ha empezado una empresa, que al momento no percibe ingresos, ¿tiene deber económico por alimentos a su hijo?
si fuera el caso que los tuviera, cuanto tendría que dar?
y si en algunos meses su sueldo fuera de 1000 soles cuanto le corresponde dar a la mama de su niño. el menor tiene 6años.
Gracias.

Apreciada lectora

En orden a cuanto preguntas:

Si tiene el deber, aunque si actualmente no percibe ingreso la pregunta es ¿de donde te daría?

Lo anterior es valedero como reflexión que te invito a considerarla como si fueras tu la requerida en situación semejante; aunque es verdad, suele ser usado como justificación por muchos cuando no corresponde.

El deber de alimentar a los hijos no es solamente responsabilidad de uno de los padres sino de ambos, del padre como de la madre, si bien en los primeros meses y años, la madre es quien debe priorizar el cuidado del(a) hijo(a), ambos tienen la obligación de trabajar para proveer la mejor alimentación de su(s) hijo(s), entendiéndose por alimentación no solo la comida sino todo lo necesario para su subsistencia: vivienda, alimentos propiamente dichos, ropa, salud, educación, recreación.

En caso que los padres vivan separados, lo ideal sería acordar un monto como pensión alimenticia, la fecha, como el lugar donde cumplirá oportunamente con pagarlo. Debiera bastar en honrar la palabra empeñada.

Si primase la desconfianza o la necesidad de rodearse de una común seguridad, sería mejor que ese acuerdo, sea elaborado con el concurso de un ABOGADO y quede plasmado en un acta celebrada ante un CENTRO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL RECONOCIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA, lo cual te evitará pérdida de tiempo y dinero en pasajes, trámites engorrosos, sobre todo enojos y enemistades mayores siendo lo mas importante que tiene igual validez que una sentencia judicial, de modo que de no cumplirse, es mas pronto su exigibilidad, en ese caso si a través de un JUZGADO.

Con esa acta, el monto no pagado oportunamente, se entenderá adeudado y es pasible de exigir su cobranza como devengados para cuando el padre perciba ingresos, oportunidad en la cual podrás exigir el pago de los respectivos INTERESES generados.

Idealmente debiera ser el 50% de sus ingresos a favor del niño, aunque judicialmente suele señalarse alrededor del 20 al 30%.

Mucho dependerá de cada caso en particular, asi, si un padre tuviera un ingreso diminuto, el porcentaje otorgado por máximo que fuera siempre será en esa proporción; en contrario, si su ingreso es alto, el mas diminuto que se señale podría atender con creces la necesidad del alimentista.

A mayor edad mayor necesidad de alimentos.

Si no son casados ni convivientes no le corresponde monto alguno a la mamá.

Gracias por escribir y difundir el blog

Exitos.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
ABOGADO

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Derecho de Familia
30 agosto 2013

FALTA ADMINISTRATIVA, OMISION DE DEBERES DE FUNCION, DEPRESION SEVERA, AGRESION

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

Consulta

 

Dr. Ricardo

 

Mi consulta, es referente al siguiente caso: fui agredida verbal y físicamente por una colega en el centro educativo donde trabajo sin haber causa justificada. El hecho fue observado por la directora y dos colegas que tuvo que coger a mi agresora para que no siga golpeándome y yo en ningún momento le respondí con golpes ni con palabras nocivas. la Directora llamó la atención con un memo a mi agresora y a mi nunca me notificó por mal comportamiento pues mi agresora era la única responsable del problema. Ante esto, comenzaron las agresiones psicológicas, hice la denuncia a la UGEL la cual constató la agresión en ese momento yo me encontraba con descanso médico y no estuve presente. La Directora manifestó que tengo mal comportamiento generando un problema gratuito contra mi por haber denunciado el hecho a la Ugel y llamó a todas las colegas quienes declararon lo mismo, rindiendo solo su manifestación en mi contra sin presentar ningún documento que demuestre mi mal comportamiento coludiéndose con mi agresora, esto llegó a su limite y me he enfermado psicológicamente hasta presentar un cuadro de depresión severa por las agresiones psicológicas en la institución.

 

La Ugel me destaca a otra institución a solicitud mía, pues es imposible seguir laborando en esa institución donde hay una evidente ruptura de relaciones humanas. Ante esto la Ugel nunca aperturó proceso administrativo disciplinario a pesar de q constato las agresiones y yo solicité q lo hiciera para dar mis descargo usando mi derecho a defensa. Doctor he solicitado ser reubicada a otra institución con plaza y todo y tampoco la UGEL quiere hacerlo, me están dando otro destaque sin autorización de la directora que es el cambio temporal. Doctor considero q este destaque no es la solución definitiva a mi problema, salí apta en el proceso de reasignación y tampoco me han reasignado por no haber plaza vacante disponible y me han dado un acta de espera hasta que halla una plaza vacante lo cual tampoco es procedente pues el proceso de reasignación ya concluyó, tengo conocimiento de que si existe la plaza, pero la Ugel se niega a reasignarme. ¿qué hago doctor?, oriénteme ¿los plazos para el proceso administrativo disciplinario todavía están vigentes? el problema fue en junio del 2012, como resultado del proceso administrativo disciplinario ¿ yo podría lograr salir ser reubicada con plaza y todo a otra institución? pues yo estoy en riesgo laboral al tener a todas las colegas en mi contra por haber denunciado el hecho y no haber querido someterme a sus abusos. Oriénteme

 

Dr. Gracias.

 

 

Apreciada consultante:

La agresión física como verbal, es una grave vulneración a la DIGNIDAD HUMANA de ahí que su protección es de primer orden constitucional (Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado)  y legalmente materia de tutela y protección por parte del Estado en todas las instancias civil, penal y administrativa- disciplinariamente constitutiva de falta administrativa, por lo que, la servidora, previo descargo o proceso administrativo debió ser sancionada válidamente,  de ser el caso emitiéndose la correspondiente REsolución Sancionatoria, de ahí que el Memorando con el cual la Directora “la sanciona”, es nulo sin  valor legal alguno; al respecto, sería conveniente que contrates los servicios de un abogado a efectos que representándote sea él quien hiciera las indagaciones administrativas ante la UGEL sobre el estado de tu expediente relacionado a la agresión en tu agravio como de la negativa en reasignarte en la plaza que refieres existe y quien luego evalúe las acciones legales a adoptar, tanto mas cuando como refieres, tanto la agresión como la posición de tus demás colegas en contra tuya, te ha causado depresión severa.

 

En mi opinión, lo que es muy urgente, por encima de lo que otros te han hecho y/o han dejado de hacer, favoreciendo por ahora a la otra docente, es que te ocupes de ti como persona, con el objeto que seas tu y no otros quien supere tu depresión severa, eso es lo urgente, tu puedes y debes salir de la depresión, necesitas pensar en ti, que otro u otros se ocupen de los otros, tu tienes la prioridad de ocuparte de ti de estar bien en todo el sentido de la palabra; en la medida que te concentres en ti, en que vayas superando tu depresión, llegarás al convencimiento que cuanto ahora te aflige no vale la pena, que vales mucho mas de lo que te imaginas, que la vida todos los días te ofrece un sinfín de posibilidades, que si amas la carrera como docente podrás reinventarte e incluso ver que hay muchas y mejores posibilidades laborales en otros ámbitos que nunca siquiera se te ocurrió explorar; busca ayuda profesional y motívate día a día con quienes saben mucho mejor de lo que te digo como el buen Facundo, enciende los parlantes, cierra los ojos y escúchalo http://www.youtube.com/watch?v=XaIIHuOcDWI

Gracias por escribir y difundir el blog.

Exitos

Si gustas, puedes ampliar tu consulta al correo personal o concertar cita.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

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Lima, 17 de Abril del 2013