AGRESORES DE VIOLENCIA FAMILIAR ¿PUEDEN POSTULAR A TRABAJOS DEL ESTADO ?

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Por Ricardo Ayala Gordillo

El autor de este artículo rechaza todo tipo de violencia, cualquiera sea su procedencia.

El Gobierno, ha emitido el  Decreto Legislativo N°1386 con el cual, ha modificado parcialmente, la Ley N° 30364- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-, con el objeto de erradicar el incesante incremento de diversidad de actos de violencia familiar y fortalecer las medidas dirigidas a proteger a las víctimas de violencia, ordena las funciones de los operadores del sistema de justicia y fomentando una participación mas activa y responsabilidades en la materia de las instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, instituciones educativas, profesionales de la salud de los establecimientos de salud públicos y privados, disponiendo que incurre en delito de demora o rehusamiento de sus deberes de función (Art. 377 Código Penal) a quien en ejercicio de su cargo, conociendo de un caso de violencia familiar, actúa con indiferencia, rehusa o demora cuanto por función le corresponde ; dando lugar a la impunidad; asimismo, ha ampliado las medidas de protección que a favor de las víctimas el Juzgado de Familia puede dictar algunas de  las siguientes medidas cautelares contra el agresor y con ello, dar celeridad al proceso :

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución.

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad.

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este numeral.

5. Inventario de bienes.

6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia.

El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.

7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes.

8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.

9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.

10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.

11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este.

12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares.”

Como se puede apreciar, entre las indicadas medidas, no se encuentra alguna que restrinja al agresor  de violencia familiar para postular o laborar en alguna Entidad de la Administración Pública.

Lo anterior se explicaría en el hecho que, la Constitución Política del Estado a la cual los peruanos nos encontramos obligados a respetarla  y obedecerla, de modo especial, por parte de las autoridades, cualquiera sea el cargo o función, consagra como derecho fundamentales de la persona humana : el derecho al trabajo, al igual que la presunción de inocencia. De ahí que, en tanto no medie sentencia firme, prevalece la presunción de inocencia. El denunciado por violencia familiar puede postular a trabajar en una Entidad del Estado. Postular no significa necesariamente  ganar un proceso de selección. Asimismo, si bien cualquier persona puede denunciar a otra, no todas las denuncias son amparadas por falta de pruebas o por ser calumniosas.

Finalmente, quien es violento contra la familia es posible que también pueda serlo en el trabajo, de ahí que es conveniente y saludable que, los compañeros de trabajo o el empleador se lo hagan notar, exhortándolo al cambio de conducta, máxime cuando de modo expreso la Ley, sanciona todo tipo violencia,  faltamiento de respeto verbal o física a los compañeros de trabajo, superiores y público que, de ser verificada, previo Procedimiento Administrativo Disciplinario, puede llevarlo a perder temporal o definitivamente, el privilegio de contar con un trabajo.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

       ABOGADO

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Categoría : Derecho de Familia – Derecho al Nombre

21 de Marzo del 2019