PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO MAL ESTABLECIDO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO MAL ESTABLECIDO

Por la relevancia y recurrencia que pueda presentarse a quienes afrontan situaciones como la consultada, comienzo transcribiendo parcialmente el prólogo de la “Guía sobre la aplicación del Principio – Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos” elaborado por el Ministerio de Justicia, cuya lectura y permanente revisión es recomendable para los titulares y funcionarios de las Entidades públicas, las autoridades del PAD, las Secretarías Técnicas del PAD, los abogados, los funcionarios y servidores investigados por la Secretaría Técnica, los procesados, los representantes gremiales y todo ciudadano, que por internet pueden descargar en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Gu%C3%ADa-del-debido-proceso-MINJUS.pdf.

“…La Constitución Política de Perú, contempla los derechos fundamentales y configura los poderes e instituciones que rigen el Estado junto a sus competencias. Por ello, su cumplimiento es de vital importancia, no solo por la trascendencia de su contenido, sino porque este genera un primer mandato sobre autoridades y ciudadanos de respeto a las derechos de las personas.

Conjuntamente, existen instrumentos internacionales de derechos humanos que refuerzan el vigor normativo de estos derechos y amplían su eficacia.

Por ello, observar el cumplimiento del principio del debido proceso, entendido como el conjunto de garantías que permiten que las personas puedan tener un proceso regular y justo, se vuelve de imperiosa necesidad.

Más aún, porque este principio se expande al ámbito de los procedimientos administrativos del Estado como el principio del debido procedimiento. Esta cobertura se da porque los operadores del sistema constitucional y, en particular los jueces, van delineando verdaderas reglas jurídicas, vigentes para el ámbito administrativo que van construyendo sus propias pautas a partir de normas inferidas o deducidas de algunos artículos constitucionales de tipo amplio, como por ejemplo, las que regulan el debido proceso.

En ese contexto, con el nuevo marco legal que establece el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e Ministerio de Justicia adquiere mayores competencias con la finalidad de lograr una auténtica promoción y difusión de los derechos humanos, convirtiéndose en un defensor del Estado Constitucional de Derecho y la institucionalidad democrática. En particular, la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico tiene entre sus funciones, brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público, así como sistematizar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con el fin de perfeccionar el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, la presente obra tiene como finalidad desarrollar los alcances del principio derecho del debido procedimiento en los procedimientos administrativos, así como un análisis del conjunto de derechos y garantías que lo conforman. Para ello, se ha recurrido además de la doctrina, a una selección de jurisprudencia relevante en la materia, de órganos jurisdiccionales supranacionales y nacionales como la Corte IDH y el TC.”

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), no puede por ello ser, un copiar y pegar de otro caso similar, y mucho menos el simple cumplimiento del pedido hecho a o por la máxima autoridad de la Entidad para que investiguen, procesen y “sancionen ejemplarmente” al presunto trabajador infractor, o permitir la impunidad ante el evidente abuso de su función que pudiera incurrir el Secretario Técnico del PAD, o el Organo Instructor o el Organo Sancionador del PAD o el Titular de la Entidad.

Aperturar, establecer o iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), implica capacitarse, conocer y adecuar la conducta conforme dictan los diversos Principios que regulan el PAD contenidos en el Art. 230 de la Ley 27444, de los cuales, el debido procedimiento es solo uno de ellos, bastando ver, solo el índice de la Guía para apreciar si las autoridades del PAD están cumpliendo con aplicar este principio o no al aperturar el PAD:
“(….)
I.1. El principio-derecho del debido proceso
I.2. La aplicación del debido proceso en los procedimientos administrativos
(…)
El debido procedimiento administrativo
II.1. Delimitación conceptual
II.2. Garantías del debido procedimiento administrativo
II.2.1. Derecho a la notificación
II.2.2. Derecho de acceso al expediente
II.2.3. Derecho a la defensa
II.2.4. Derecho a ofrecer y producir pruebas
II.2.5. Derecho a una decisión motivada y fundada en derecho
II.2.6. Derecho a la presunción de licitud
II.2.7. Derecho al plazo razonable
II.2.8. Derecho a ser investigado por una autoridad competente
II.2.9. Derecho a ser investigado por una autoridad imparcial
II.2.10. Derecho a impugnar las decisiones administrativas
II.2.11. Ne bis in idem
II.2.12. Principio de publicidad de normas procedimentales
(…)

De ahí que, si bien el acto de Apertura del PAD es inimpugnable, ello no obsta que, de verificarse el trastocamiento o incumplimiento de alguno de los elementos descritos en el índice o se proceda con infracción de los artículos 3° al 6° de la indicada Ley, o se soslaye pronunciarse sobre la prescripción extintiva o con vulneración de los principios que regulan el PAD, prescindido de las formalidades y procedimientos establecidos en la Ley 30057, su Reglamento aprobado con D.S. 004-2914-JUS, o en la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”, el procesado, puede denunciar por alguno de los vicios previstos en el Art. 10 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General o en vía de reconsideración o de apelación plantear la NULIDAD de los actuados.

De confirmarse la nulidad, la autoridad determinará las acciones conducentes a establecer responsabilidad de quienes dieron lugar a la nulidad, por negligencia o arbitrariedad.

“LLAMADA DE ATENCION”

En la Administración Pública, el memorando es un documento de uso interno empleado, generalmente, por el superior o funcionario o servidor público de igual jerarquía laboral para disponer o comunicar alguna acción en particular.

Algunas veces es también empleado como medio para imponer la sanción mal denominada “llamada de atención”.

La “llamada de atención” legalmente no existe; en el DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA -y normas conexas; por usos y costumbres, suele llamarse así a lo que la Ley califica como “AMONESTACION”.

Si con tu consulta te refieres a que con el memorando te están amonestando, sin antes haberte informado sobre alguna presunta falta atribuida a ti, ni haberte facilitado el acceso a la denuncia o facilitado copia de ella, ni haber solicitado tu descargo, se está transgrediendo el DEBIDO PROCESO PREVIO A LA SANCION A IMPONER, por ser todas estas condiciones relacionadas a la oportunidad para que EJERZAS TU DERECHO A LA DEFENSA-, entonces, sí, esa sanción es ilegal; respecto al cual puedes optar o por dejarlo tal cual por no tener valor legal, o bien impugnarla con el necesario concurso de Abogado con arreglo a Ley Nº 27444.

¿Que diferencia hay entre CERTIFICADO DE NACIMIENTO, PARTIDA DE NACIMIENTO, ACTA DE NACIMIENTO, DNI, CONSTANCIA DE NACIMIENTO?

muchas personas llegan a la adultez sin percatarse que sus nombres y apellidos o el de sus padres puestos en sus Partida de Nacimiento no son iguales al que aparecen en su DNI, por lo general, sólo reparan en ello, cuando alguien les hacen notar al llegar la hora de hacer algún trámite, un viaje, una compra venta, cobro de seguros, pensiones, fallecimiento de algún familiar, pretender alguna herencia, etc.

Te dan un plazo breve y no siempre tienes tiempo o dinero suficiente para realizar los procedimientos notariales o judiciales para arreglar tus papeles.

Nada pierdes dando una mirada a los tuyos y de tus seres queridos.

A continuación algunas pautas generales y previas relacionadas al título como a las notas precedentes, que ampliaremos en las siguientes entregas.

El nacimiento de un niño(a) da lugar a la emisión secuencial de diversos documentos.

Con el correr de los años, por lo general, perdemos noticia de la importancia de cada uno de ellos, hasta que, por la maternidad o paternidad o por razones de migración son vueltos a recordar.

El siguiente es, en Perú, el orden según su emisión :

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: Documento emitido obligatoriamente por el(a) médico, obstetra u obstetriz que atendió o constató el parto.

En las localidades apartadas donde no existen alguno de dichos profesionales el nacimiento es certificado por el profesional o técnico de salud que atendió o constató el parto.

El llenado de los datos es inmediatamente a la atención o constatación del parto.

Es entregado a los padres, sus representantes legales o al funcionario público designado formalmente.