AGRESORES DE VIOLENCIA FAMILIAR ¿PUEDEN POSTULAR A TRABAJOS DEL ESTADO ?

A

Por Ricardo Ayala Gordillo

El autor de este artículo rechaza todo tipo de violencia, cualquiera sea su procedencia.

El Gobierno, ha emitido el  Decreto Legislativo N°1386 con el cual, ha modificado parcialmente, la Ley N° 30364- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-, con el objeto de erradicar el incesante incremento de diversidad de actos de violencia familiar y fortalecer las medidas dirigidas a proteger a las víctimas de violencia, ordena las funciones de los operadores del sistema de justicia y fomentando una participación mas activa y responsabilidades en la materia de las instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Público, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, instituciones educativas, profesionales de la salud de los establecimientos de salud públicos y privados, disponiendo que incurre en delito de demora o rehusamiento de sus deberes de función (Art. 377 Código Penal) a quien en ejercicio de su cargo, conociendo de un caso de violencia familiar, actúa con indiferencia, rehusa o demora cuanto por función le corresponde ; dando lugar a la impunidad; asimismo, ha ampliado las medidas de protección que a favor de las víctimas el Juzgado de Familia puede dictar algunas de  las siguientes medidas cautelares contra el agresor y con ello, dar celeridad al proceso :

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición del regresar al mismo. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución.

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, a una distancia idónea para garantizar su seguridad e integridad.

3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación.

4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones, el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este numeral.

5. Inventario de bienes.

6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia.

El pago de esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la exposición de la víctima.

7. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes.

8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.

9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.

10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.

11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad, previa coordinación con la institución a cargo de este.

12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares.”

Como se puede apreciar, entre las indicadas medidas, no se encuentra alguna que restrinja al agresor  de violencia familiar para postular o laborar en alguna Entidad de la Administración Pública.

Lo anterior se explicaría en el hecho que, la Constitución Política del Estado a la cual los peruanos nos encontramos obligados a respetarla  y obedecerla, de modo especial, por parte de las autoridades, cualquiera sea el cargo o función, consagra como derecho fundamentales de la persona humana : el derecho al trabajo, al igual que la presunción de inocencia. De ahí que, en tanto no medie sentencia firme, prevalece la presunción de inocencia. El denunciado por violencia familiar puede postular a trabajar en una Entidad del Estado. Postular no significa necesariamente  ganar un proceso de selección. Asimismo, si bien cualquier persona puede denunciar a otra, no todas las denuncias son amparadas por falta de pruebas o por ser calumniosas.

Finalmente, quien es violento contra la familia es posible que también pueda serlo en el trabajo, de ahí que es conveniente y saludable que, los compañeros de trabajo o el empleador se lo hagan notar, exhortándolo al cambio de conducta, máxime cuando de modo expreso la Ley, sanciona todo tipo violencia,  faltamiento de respeto verbal o física a los compañeros de trabajo, superiores y público que, de ser verificada, previo Procedimiento Administrativo Disciplinario, puede llevarlo a perder temporal o definitivamente, el privilegio de contar con un trabajo.

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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Categoría : Derecho de Familia – Derecho al Nombre

21 de Marzo del 2019

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A PREGUNTAS MAS FRECUENTES EN

Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

¿Dónde denuncio a funcionario inspector?

Ante la Secretaría Técnica del Procesos Administrativos Disciplinario (en adelante PAD) de la misma entidad.

¿Cómo proceder ante la amonestación laboral?

Si el trabajador amonestado no se encuentra de acuerdo con dicha sanción, sea porque lo considera un exceso, abuso o porque no ha cometido falta alguna o porque no ha sido sometido a un procedimiento investigatorio o PAD previo o porque el llevado a cabo contra el ha sido irregular, tiene el legítimo derecho a impugnarla a través de un Recurso de Reconsideración o de Apelación

¿Se puede negar a recibir un documento un servidor público?

Puede, pero no debe.

Si no lo recibe no tendrá forma de saber el contenido del documento.

La Ley 27444 faculta tenerlo por notificado en su domicilio y entregarlo a la persona que allí se encuentre dejando constancia de su nombre y relación con el notificado, o consignando “se negó a firmar”, precisando como las características del inmueble donde ha sido notificado.

Verificadas las opciones anteriores, la autoridad si considera necesario, puede optar por publicar el edicto ( el contenido del documento.)  en el diario oficial “El Peruano” como en uno de los medios escritos de la localidad.

Llamado de atención por estado etílico

La Ley 30057 establece como falta administrativa:  “g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes”

Para que el servidor  sea válidamente sancionado por dicha falta , debe ser preferiblemente  sometido a un resultado de laboratorio como parte de la  Investigación Preliminar a cargo de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) quien expresamente deberá recomendar que se le Instaure PAD.

 

Queja por mal comportamiento de funcionario

Puedes presentarla anotando  en el Libro de Reclamaciones o bien ante la Secretaria Técnica del PAD que existe en toda entidad pública.

Es esencial que sea verdad cuanto afirmas.

A tu reclamo o denuncia  debes  aportar las pruebas que lo sustentan tu reclamo o denuncia a efectos que no sea desestimada por falta de pruebas.

 

Procedimiento administrativo para destituir a un funcionario público por Abuso de Autoridad

Se entiende por abuso autoridad el cometido por el servidor o funcionario quien excediendo sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de una persona, un acto arbitrario cualquiera.

Los servidores o funcionarios sujetos a la Ley 30057 pueden ser sujetos de denuncia por abuso de autoridad, presentada ante la Secretaria Técnica del PAD quien recibiéndola  iniciará la investigación Preliminar a cuyo término de encontrar elementos que determinen la concurrencia de elementos materia de la denuncia recomendará se instaure PAD, se designará una Comisión Para Funcionarios quienes tendrán a su cargo de la fase instructiva del PAD, en cuya competencia  solicitarán el descargo documentado del funcionario o servidor procesado, efectuará las indagaciones que considere complementarias  y emitirá  su informe final al  Organo Sancionador ante el cual aquél solicitará presentar su Informe Oral, con la cual se encontrará expedido de  imponer la sanción a que pudiera haber lugar.

No cualquier falta administrativa debe conducir a la destitución, debe evaluarse la conducta con los resultados, podría ser merecedor o de una suspensión por días o una amonestación.

Para graduar la gravedad de la sanción a imponer , necesariamente debe procederse conforme a lo establecido en la LEY 30057:

“Artículo 87. Determinación de la sanción a las faltas

La sanción aplicable debe ser proporcional a la falta cometida y se determina evaluando la existencia de las condiciones siguientes:

  1. a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.
  2. b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento.
  3. c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.
  4. d) Las circunstancias   en   que   se   comete   la infracción.
  5. e) La concurrencia de varias faltas.
  6. f) La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta o faltas.
  7. g) La reincidencia en la comisión de la falta.
  8. h) La continuidad en la comisión de la falta.
  9. i) El beneficio ilícitamente obtenido,  de  ser el caso.

Articulo 91. Graduación de la sanción

Los actos de la Administración Pública que impongan sanciones disciplinarias deben estar debidamente motivados de modo expreso y claro, identificando la relación entre los hechos y las faltas, y los criterios para la determinación de la sanción establecidos en la presente Ley.

Soy servidor público destacado a trabajar en la Secretaria Técnica del PAD puede tener algún inconveniente por algún procesado?

No, si reúnes el perfil requerido y realizas tus funciones con eficiencia, repeto y probidad como con apego a los procedimientos previstos por Ley.

Sentencia de nulidad de proceso administrativo disciplinario

La sentencia es expedida por el Poder Judicial.

En ella se determinará de modo expreso el alcance de sus efectos favorables al procesado y de obligatorio acatamiento por parte de la entidad.

 

Un gerente inhabilitado por la contraloria puede seguir laborando en una entidad publica

No debe, salvo que cuente con medida judicial que suspenda dicha inhabilitación.

 

Se le proceso con un reglamento que no estaba vigente al momento que ocurrieron los hechos.

El PAD se encontraría afectado de nulidad.

 

Como quejarse de un docente déspota y que amenaza a los alumnos y no los evalúa bien?

En el caso de los docentes sujetos a la Ley de la Carrera Magisterial la denuncia se interpone ante el Director del Plantel o ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinario de la UGEL.

Un funcionario impide que me defienda

Puedes proceder conforme a lo indicado en los casos de Abuso de Autoridad

 

Causas de extinción del proceso administrativo disciplinario en Perú.

Por declararse afectado el PAD por prescripción o por el fallecimiento del procesado.

Recurso casación ¿suspende ejecución sanción disciplinaria?

No, salvo que declare la nulidad del acto que impuso la sanción.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

 

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Categoría : PAD

25 de Marzo del 2019