REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ABUSO DE AUTORIDAD, ¿ SI ME DENUNCIAN POR HABER COMETIDO ABUSO DE AUTORIDAD, CÓMO LO EXPLICO?

 

Por Ricardo Ayala Gordillo

 

 

El mal trato y el abuso de autoridad son las quejas y denuncias que con mas frecuencia reportan las entidades públicas como las empresas que brindan servicios públicos;, como en el comentario cotidiano.

Cualquier persona puede denunciar el hecho que considere haber sufrido en su agravio; sin embargo, no todas las denuncias pueden ser amparadas finalmente; sobre todo, aquellas que son falsas o no tienen coherencia con la verdad o aún habiendo ocurrido, el denunciante no  aporta o no indica quien posee las pruebas necesarias.

En ese sentido, no cualquier persona puede cometer abuso de autoridad, sino únicamente el funcionario o servidor público.

El abuso de autoridad, tanto en el D.Leg 276 como  en la Ley 30057 Ley de Servicio Civil y en regímenes especiales, está considerada como una de las falta administrativas que previo PAD y de acuerdo a la gravedad, es pasible de ser sancionado administrativamente con amonestación escrita, suspensión o destitución, según fuera el caso.

El abuso de autoridad está también tipificado como delito en el Código Penal (donde al servidor público le da la condición de funcionario) siempre que concurran todos los elementos (resaltados en negrita) que conforman alguno  de los  dos tipos:

“Artículo 376.- Abuso de autoridad: El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.”

“Artículo 376-A.- Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios : El que, valiéndose de su condición de funcionario o servidor público, condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social, con la finalidad de obtener ventaja política y/o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.” (*)

Es al denunciante ante la Secretaría Técnica del PAD y a éste – o al Fiscal en los casos  penales-, a quienes les corresponde acreditar la concurrencia de los elementos que constituyen abuso de autoridad.

En consecuencia, el servidor o funcionario denunciado, puede rebatir la acusación ofreciendo los medios probatorios suficientes con los cuales acredite y explique que él ha procedido con apego y  dentro del marco de las funciones o facultades que expresamente, por escrito, le fue conferido en el Reglamento de Funciones de la entidad o por las dadas a él por su superior jerárquico y que estas, por cierto, sean acordes a la Constitución y a la Ley; actuar fuera de ellas, arbitrariamente imponiendo su voluntad por encima de dichas facultades, para obtener un ventaja  para si o para un tercero y siempre que se cause un perjuicio al administrado, puede configurar Abuso de Autoridad.

 

Lima, 20 de mayo 2018

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio    Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, RESPUESTAS A

por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

  1. Soy trabajador de la municipalidad y trabajador de la universidad del estado que delito he cometido?

 

Si no eres docente universitario, no has cometido delito sino falta administrativa, por doble percepción de remuneraciones del Estado, puedes ser sometido a Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) y sancionado con arreglo a la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.

 

  1. Ley 27444: En caso no apelar resolución queda consentida.

 

La respuesta es afirmativa.

 

  1. ¿Ante quien quejarse de un funcionario público?

 

Ante el titular de la entidad o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

 

  1. ¿Cuáles son las faltas en la Ley 27444?

 

El Artículo 259 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 establece las siguientes FALTAS en las que pueden estar incursos los funcionarios o servidores, que previo PAD, pueden dar lugar a que sean SANCIONADOS administrativamente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que pudiera haber lugar.

 

“Artículo 259.- Faltas administrativas

 

259.1. Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño

causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

 

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos,

declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

 

  1. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

 

  1. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o

expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la

producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado

dentro del procedimiento administrativo.

 

  1. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

 

  1. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.

 

  1. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

 

  1. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

 

  1. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja

administrativa o contradecir sus decisiones.

 

  1. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

 

  1. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral.

 

  1. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.

 

  1. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación

automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante

la propia u otra entidad administrativa.

 

  1. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1)UIT, sin contar con autorización previa.

 

  1. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.

 

  1. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al

establecido para los procedimientos estandarizados.

 

  1. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas

en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas

de simplificación, aunque consten en normas internas de las

entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.

 

  1. Exigir a los administrados la presentación de documentos

prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base

en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de

Procedimientos Administrativos.

 

  1. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

 

  1. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios

presentados por los administrados, o a expedir constancia

de su recepción, lo que no impide que pueda formular las

observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134;

 

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o

documentos cuando la normativa no lo exija.

 

  1. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto

Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

 

 

259.2. Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 253 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

 

  1. Si mi jefe me grita ¿pongo una denuncia ante la comisaria o inspección de trabajo?

 

En las entidades públicas sujetas a la Ley 30057: Ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

En las empresas privadas al Gerente de Recursos Humanos o ante la autoridad administrativa de  trabajo del Ministerio de Trabajo.

 

  1. Que diferencia principal existe entre el procedimiento sancionador y procedimiento disciplinario?

 

El procedimiento sancionador se aplica al administrado que incurrió en una infracción, por ejemplo: al vecino, al comerciante,  contribuyente, al transportista, etc.

 

El procedimiento disciplinario se aplica a los servidores o funcionarios por haber cometido alguna de las faltas descritas en la Ley 27444 o en su respectivo régimen laboral.

 

  1. Funcionario público me explota económicamente

 

Sería bueno que precises en que consiste la explotación : ¿te hace trabajar mas horas, te obliga a hacer trabajos que rebajan tu dignidad o diferentes a tus funciones?¿ Con que documentos o testigos cuentas para denunciar?  La explotación es una de las modalidades del ABUSO DE AUTORIDAD y como tal puedes  denunciarlo penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

.

 

  1. Denuncia por amenazas por un servidor publico

 

Para el Código Penal  el servidor es tratado como funcionario público, por ende, puede ser igualmente denunciado penalmente ante la Policía o la Fiscalía o  administrativamente, ante el titular de la entidad o el Jefe del Jefe o en la Secretaría Técnica   del PAD

de la entidad donde labora el funcionario o servidor.

 

  1. Después de la sanción cuanto tiempo tiene que pasar para aperturar otro proceso?

 

       La Ley no ha puesto límites al respecto, podría ser inmediatamente concluido el anterior. Dependerá de las diversas faltas que el servidor haya cometido y se vayan descubriendo.

 

  1. Sanciones por abandono de turno en el trabajo asistencial de un Hospital Peru.

 

Esta pregunta recuerda un tema recurrente: cuanto cuesta una vida humana? ¿La muerte  o el daño irreversible causado en el  cuerpo o el cerebro de un  bebé que no fue atendido a tiempo y cuyos padres tendrán no que disfrutar de la alegría de su nacimiento sino cargar con su cruz de por vida? La vida como la falta de oxigeno al cerebro solo por brevísimos minutos cambia el destino no solo del paciente sino de toda la familia y la comunidad.

De ahí que el abandono de trabajo durante el turno en un trabajo asistencial en un hospital o establecimiento de salud público, especialmente ,si es dentro de una guardia hospitalaria (12 o mas  horas continuadas de dia o de noche) esta tipificada como FALTA GRAVE, puede dar lugar a la suspensión temporal desde un dia hasta 365 dias sin goce de remuneraciones o destitución, según sea el riesgo expuesto o daño infringido, en el paciente, cuanto mayor sea su jerarquía es mas grave; sin perjuicio de la multa que pueda imponerse al hospital y el proceso penal o civil que puedan interponer los familiares.

 

  1. Me dieron un memorándum ¿como puedo responder en carta o que documento? El memorándum de llamada de atención se puede impugnar en sede administrativa?  ¿Cuantos días hábiles para cuestionar  una sanción destitución laboral?

 

Dependerá del contenido del Memorando: Te  dan a conocer nueva función u horario; o te sancionan o te abren proceso disciplinario.

 

En el caso de las dos primeras pueda que no hubiera necesidad de contestar, salvo que sea abusiva y te cause perjuicio.

 

Si asi fuera, al igual que si te estuvieran sancionando, es aconsejable que contrats servicio de abogado a efectos que  IMPUGNES -dentro del plazo de 15 dias hábiles desde la fecha de recibida mediante- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O APELACIÓN.

 

En el caso que te estén abriendo proceso disciplinario NO ES IMPUGNABLE pero si deberás presentar tu DESCARGO dentro del plazo de 5 dias hábiles desde la fecha de recibida, por carta u otro escrito simple.

 

Si se negasen a recibir es aconsejable  la Carta Notarial.

 

  1. Plazo del empleador para llamar la atención a un trabajador peru.

 

Inmediatamente de ocurrida la falta, previo requerimeinto del descargo.

 

En las entidades públicas solo cabe la AMONESTACIÓN ORAL la cual para ser tal debe ser hecha en forma privada y reservada. Si lo hacen de modo publico y airado se convierte en un acto arbitrario, por tanto, denunciable.

 

En estas entidades desde la entrada en vigencia del régimen sancionador previsto en la Ley 30057 está vedada la  AMONESTACIÓN ESCRITA  por Memorando. pues para que sea aplicada, se requiere que previamente exista un investigación preliminar a cargo de la Secretaria Técnica quien solo si recomienda se imponga esta sanción deberá abrirse Procedimiento Administrativo Disciplinario, acto que podría ser notificado al servidor con Memorandum, Carta, Oficio o Resolución, si presentado el descargo por el servidor la falta no es desvirtuada la AMONESTACION ESCRITA se sanciona con RESOLUCION ADMiNISTRATIVA del Jefe de la Oficina de Personal o de quien haga sus veces.

 

  1. El organo instructor hace preguntas en el informe oral

 

No, durante el Informe Oral el cual esta reservado al ORGANO SANCIONADOR .

 

Lo anterior no impide que el Organo Instructor durante la fase de la instrucción pueda citar al servidor para esclarecer los aspectos contenidos en su descargo.

 

 

  1. ¿Cómo actuar cuando un funcionario es acusado por OCI de falta penal?

 

El Informe final del OCI puede concluir estableciendo presunta responsabilidad penal del funcionario o servidor.

De ser asi la Contraloría promoverá la denuncia penal ante la Fiscalía Penal o Fiscalía Anticorrupción, según fuera el caso.

La denuncia de ser admitida, dará lugar a la investigación penal a cargo de la Fiscalía.

Al final de la investigación penal el Fiscal podrá formular acusación ante el Juez quien la evaluará o la devolverá o la rechazará.

De aperturarse el proceso penal a cargo del Juez finalmente se emitirá sentencia condenatoria o absolutoria.

 

En caso la sentencia sea apelada, esta podría llegar hasta Casación, de ahi que entre la denuncia y la sentencia final de ultima instancia pueden ocurrir meses o años.

En tanto, el funcionario se encontraría revestido por la “presunción de inocencia”,  lo cual no impide que el titular del pliego o de la entidad opte en  dar término  a la función encomendada.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM        985 483 172

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DENUNCIAS

por RICARDO AYALA GORDILLO

 

 

¿Como denunciar a un funcionario público?

La denuncia puede ser hecha verbalmente o por escrito.

Dependiendo de la naturaleza de lo que se va a denunciar:

Si es por faltas administrativas cometidas por  funcionarios o servidores en los procedimientos o trámites administrativos a su cargo   : ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario o ante el superior jerárquico.

Si es por mal uso de los recursos públicos  en la gestión o compras públicas  : Ante la Contraloría General o ante los  Organos de Control Institucional (OCI) que hay en cada entidad.

Si es por faltas o delitos de otras personas : ante la Comisaría o la Fiscalía Penal de turno de donde se produjo el hecho.

Si es contra Policias: ante  la Inspectoría de la Policía Nacional

 

Si es contra Jueces o Fiscales: Ante el respectivo Organo de Control .

 

Si es por hechos de conocimiento público:   Puede recurrirse también a los medios de comunicación.

 

Si es por mala prestación de seguros, servicios de salud, educativos, trnsportes, agua, luz , telefonía o internet, de empresas : ante las mismas entidades o empresas; en caso de no encontrar pronta respuestas o no encontrarse satisfecha con la respuesta, ante las respectivas  instancias superiores:Superintendencia, de Bancas y Seguros, SUSALUD,  UGEL , SUTRAN, o del Organo Supervisor, OSINERGMIN, INDECOPI, etc.

 

En todos los casos, es necesario actuar con la verdad y claridad en que consiste la denuncia, adjuntando o precisando   las pruebas en las cuales se sostiene la denuncia.

La entidad está obligada a dar respuesta al denunciante del resultado de la denuncia.

Siempre es aconsejable contar con  orientación legal de Abogado.

 

Incumplimiento en Contrataciones del Estado Perú.

Para los funcionarios y servidores: Deben supervisar la adecuada ejecución contractual  de los proveedores; caso contrario, las omisiones no solo pueden significar responsabilidades administrativas sino ser comprendidos  en responsabilidades civiles y esencialmente penales, lo cual es preciso evitar.

 

Para los proveedores: puede dar lugar a la pérdida de las garantías otorgadas, ser sancionados con  inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 5 años además de responder  las acciones civiles por los daños y perjuicios que se hubiera causado.

 

Para los usuarios: No recibir o recibir  malos bienes  o servicios

 

Después del hecho en cuanto tiempo se pasa memorándum

De inmediato, debe pedírsele un informe documentado sobre el hecho que lo motiva precisando que la respuesta sea dentro de un plazo no mayor de 3 a 6 días.

Con ello se tiene una versión más clara de los hechos, se garantiza el derecho a la defensa del empleado servidor y queda o desvirtuado o  esclarecida la situación, o bien si se trata de una falta puede apreciarse si esta es grave o leve.

En el caso de los servidores públicos sujetos a los regímenes de los decretos legislativos 30057, 276, 728 y 1057,  el Jefe o quien conozca el hecho puede denunciar o ponerlo en conocimiento de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) por ser legalmente la llamada a precalificar las denuncias y disponer su archivamiento si no reviste el carácter de falta o si solo ameritaría una amonestación verbal o bien emitir Informe Preliminar recomendando la apertura del PAD, -en los casos que si ameritase amonestar por escrito, suspensión al servidor con un día o hasta un año sin goce de remuneraciones o bien destitución- Informe que deberá remitir al Jefe inmediato o al Jefe de Personal según fuera el caso de quien actuará como Órgano Instructor quien previo estudio del mismo será quien determine y disponga la apertura del PAD  o bien apartarse de lo recomendado por el ST, en cuyo caso deberá fundamentar su decisión.

 

En el caso de los empleados de empresas privadas se encuentran al régimen del D.Leg. 728 el Gerente de la empresa o quien tenga facultades delegadas les deberá cursar preaviso de despido imputando la presunta falta grave, precisando los días que tiene para absolver el cargo imputado pudiendo exonerarlo de concurrir en esos días, solo en caso que no se desvirtuara la falta podría despedir al empleado. Si el despido es arbitrario el empleado podrá demandar al empleador.

 

 

¿Ante que fiscalía se denuncia a los funcionarios?

Si se trata de presuntos delitos comunes ante la Fiscalía Penal de turno, si se trata de delitos de corrupción contra la Fiscalía Anticorrupción.

 

Si yo ganara un proceso administrativo como policía ¿puedo reclamar el daño moral y en que lugar?

Dentro de un proceso judicial que deberás interponer con dicho fin; no bastará que alegues el daño moral sino acreditar el sufrimiento, entre otras pruebas, con el respectivo informe psicológico.

 

¿Puedo denunciar  un mal procedimiento de embargo?

Puedes impugnar el realizado dentro del respectivo proceso judicial; e independientemente de ello, denunciar a quienes participaron ilegal o irregularmente.

 

¿Dónde puedo poner una denuncia de un robo? ya que la inspectora no hace nada.

Si se trata de un robo debes denunciar ante la Comisaría o la Fiscalía Penal.

 

¿Cómo denunciar una conducta indebida de un policía de tránsito?

Ante la Inspectoría de la Policía Nacional, por escrito, con la verdad, precisando los hechos fecha y hora como adjuntando los medios probatorios u ofreciendo a los testigos que vieron o escucharon directamente los hechos.

 

¿Cómo denunciar anónimamente contra Ministerio Público?

Las denuncias por lo usual requieren como requisito indispensable la debida identificación de quien denuncia; salvo que la Ley y dependiendo del tipo de caso que denuncies, a tu pedido,  permita proteger tu identidad.

 

Recurso de Reconsideración ¿ se redacta como demanda o como reclamo?

Con la estructura de una demanda y a manera de reclamo respetuoso, precisando de manera puntual porque razón no estas de acuerdo con la decisión adversa que recurres.

Para que te concedan la posibilidad de evaluar tu reconsideración  es imprescindible que  aportes nueva o nuevas pruebas que no se encuentran en el expediente.

Satisfecho ese requisito, ten presente que la Reconsideración está orientada a que la misma autoridad que antes denegó tu pedido pueda volver a revisar cuanto ha decidido y con tus fundamentos y nuevas pruebas aportadas, rectifique su originaria decisión a tu favor.

Si bien ahora, a partir del vigencia el D.Leg. 1272 ya no se requiere que como requisito los recursos deban llevar firma de abogado, siempre es aconsejable que seas asesorada por el abogado de tu preferencia .   en dinde puedo poner una denuncia de un robo ya que la inspectora no hace nada

 

¿Cuantos días hábiles tiene una institución para contestar un escrito?

De tres a 7 dias hábiles.

La Ley 27444 en su Artículo establece: “No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor”.

 

¿Uno debe aceptar o no que anda con licencia falsa?

Siempre debe primar la verdad.

Elaborar o usar documentos falsos como si fueran verdaderos o declarar falsedades  constituye  delito contra la Fé Pública. Dentro de un proceso o investigación la confesión sincera puede rebajarte la sanción o pena a imponer.

 

Gracias por tu preferencia.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS; RESPUESTAS A  

 

                                                                                                        Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

¿Qué hacer si me abren proceso disciplinario por el testimonio falso de un compañero?

Si se demuestra la falsedad del testimonio dentro del PAD o dentro de una querella; puedes denunciar en la vía administrativa, penal y/o civilmente, a  quien asi procedió.

 

Procedimiento de demanda contra funcionario

Las denuncias verbales o escritas contra un funcionario público se interponen ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que por Ley existen en todas las entidades públicas, precisando con claridad los hechos y adjuntando o indicando que medios probatorios sustentan la denuncia .

A diferencia de las denuncias, las demandas son preparadas y firmadas por el Abogado que te patrocine y se interponen ante el Juzgado correspondiente.

 

¿Es posible recurrir al recurso de apelación sin necesidad de presentar el de reconsideración en el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la ley del servicio civil?

La respuesta es afirmativa.

 

¿Donde denunciar a un funcionario que falsifica documentos para trabajar en una institución del Estado?

Tanto quien falsifica como quien usa documentos falsos como si fuera verdadero para obtener ventajas para si o para otros incurre en delito contra la Fe Pública siendo el agraviado es el Estado, por tanto, la denuncia puede presentarse directamente ante la Fiscalía Penal de turno o bien poner en conocimiento de ese ilícito  ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, de la entidad a la cual pertenece el funcionario, la cual de verificar lo denunciado recabará la  opinión legal sobre la tipicidad de esa conducta, de confirmarla, corresponderá al titular de la entidad pedir la intervención del Procurador Público del Sector para que promueva la denuncia penal a que hubiera lugar.

 

¿Dónde puedo poner Queja por mal comportamiento contra empleado público?

El maltrato al público o a los compañeros de trabajo es una de las principales razones de DENUNCIAS que se interponen ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad a la cual pertenece el servidor público.

 

Sin embargo, también es verdad que, en ocasiones, se han dado casos en que, es el público ofuscado por la demora, largas esperas o mala calidad del servicio público el cual incurre en maltrato o agresión  verbal o física  contra el servidor que lo atiende, quien no siempre es responsables de la razón del reclamo, sino las falencias o carencias existentes en la entidad.

El respeto a la persona es recíproco y exigible a ambas partes.

 

¿Puedo enviar memorando a Gerente por abandono de funciones?

En el Régimen laboral privado del D.Leg 728 el Gerente General o quien tenga facultad delegada deberá cursarle la Carta de Preaviso de Despido solicitándole su descargo y en el caso de entidades públicas cuyo Gerente se encontrase dentro de los alcances de la Ley 30057 Ley de Servicio Civil, D. Leg 276, D. Leg. 1057 o D. Leg. 728 corresponderá al Secretario Técnico formular la correspondiente investigación preliminar que podría dar lugar a la apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario y con ello a la correspondiente sanción que, de ser el caso podría conllevarlo a la Destitución e Inhabilitación para contratar con cualquier otra entidad del Estado hasta por 5 años.

¿Dónde denunciar a un colegio?

Si se trata por un asunto administrativo relacionado a los servicios que presta el Colegio, ante  la UGEL a la cual pertenece el colegio.

 

¿Dónde denuncio cuando debieron devolverme mi carro un viernes y el funcionario de tránsito dilata la entrega hasta el lunes siguiente?

Puedes formular tu DENUNCIA ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, que por Ley existen en todas las entidades públicas.

 

¿Qué hacer ante un proceso administrativo indebido?

Si ya te instauraron o abrieron PAD, debes presentar tu descargo y en él, hacer notar los vicios que contiene; al declararse la NULIDAD del mismo, te habilitaría pedir que se establezca la responsabilidad de quienes procedieron en tu agravio.

 

Tengo constancia que un funcionario comete irregularidades ¿donde me dirijo?

Ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad a la cual pertenece el funionario.

Tiempo de respuesta a un memorando.

De uno a 3 dias.

Si es mas, deberás justificar, con documentos, la demora.

 

¿Cómo puedes defenderte de tu Jefe si te  ofende?

Puedes reclamarle alturadamente en forma verbal o por escrito, en caso fuera intransigente en su posición puedes cursarle Carta Notarial.

Si persiste en su proceder puedes denunciarlo ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad o ante la autoridad administrativa de trabajo o penalmente, si confuigura abuso de autoridad u hottilidad laboral, según fuera el caso.

 

¿Dónde denuncio por transgresión a la Ley de Contrataciones del Estado?

Ante la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad, o ante el Organo de Control Interno de la misma entidad, o ante la Contraloría General, ante el OSCE o ante la Fiscalía Penal competente.

 

¿Se puede denunciar a profesor agresivo?

Si, ante el Director del Colegio o ante la UGEL a la cual pertenece el Colegio.

 

Servir ¿donde encuentro la directiva del procedimiento administrativo sancionador?

Puedes encontrarla en el portal de SERVIR o en el siguiente enlace http://storage.servir.gob.pe/lsc/directiva/Res092-2016-SERVIR-PE_anexo1.pdf

 

¿Como llamo la atención a quien incumple entregarme informes oportunamente?

Previamente deberás requerirle por escrito a que te informe la razón de la demora en la emisión del informe solicitado.

Es de confiar que la justificación que alegue justifique la razón de la demora en la emisión del informe solicitado, correspondiendo a la jefatura coadyuvar a salvar las  limitantes que existieran.

En caso contrario, si la justificación que formule no resulte razonable y acorde a los hechos que expone o documente, podrías optar por amonestarla verbalmente, respetuosamente y en privado.

Si resulta injustificable cuanto argumenta o reincidente en tal cometido, podrías denunciarlo ante la Secretaría Técnica del PAD de la entidad a la cual pertenecen.

 

¿Que pasa si me niegan en la policía la pensión de sobrevivencia?

Puedes apelar ante la misma autoridad que denegó el otorgamiento de la pensión dentro de un plazo de 15 dias hábiles desde que fuiste notificado con la denegatoria; en caso de resultar infundado o improcedente la apelación, podrás acudir al Poder Judicial en la vía contenciosa administrativa.

 

¿Cómo verifico desde qué fecha tuve registro de consultor OSCE?

Ante el Registro Nacional de Proveedores de OSCE

 

¿Cómo impugno una asignación de plaza?

Dentro del plazo y con las formalidades que señalan las Bases Administrativas con las cuales has postulado y con sujeción de los requisitos y lo establecido por los Artículos 122, 216 a 219 del TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

A pesar que dicha Ley no exige ahora la fira de Abogado, siempre es aconsejable contar con la asesoría de Abogado, mucho más cuando en razón del interés que tengas respecto del resultado que esperas.

Artículo 122.- Requisitos de los escritos:

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

  1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
  2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
  3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
  4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
  5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
  6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
  7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

 


 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, DEBIDO PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDAD POR ERRORES

Por RICARDO AYALA GORDILLO

 

La expresión “todos los caminos conducen a Roma” aplicable, cuando se tiene varias alternativas para escoger y llegar al mismo resultado; no es compatible con aquel único”camino” que formalmente establece la Ley para cada procedimiento, con la debida observancia de las garantías, derechos,  competencia, forma y plazos que establece la Ley como componentes del Principio del Debido Procedimiento que rige los “trámites” o procedimientos que el administrado sigue ante las entidades de la Administración Pública como a quienes tienen a su cargo o afrontan una investigación preliminar o un Proceso Administrativo Disciplinario.

 

El D. Leg 1272 -que modifica determinados artículos de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General- incide en que el procedimiento administrativo es más simple y garantista a favor de los administrados; en contraparte, enfatiza que los funcionarios y/o servidores que forman parte dela administración e incurran en errores o decisiones administrativa que pudieran dañar a los administrados pueden verse incursos en generar responsabilidad civil.

 

En ese sentido, interesa a unos y otros, revisar comparativamente el texto originario -aún vigente-, entre otros, del Principio del Debido Procedimiento, dice :

“ 1.2. Principio del Debido Procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. la regulación  propia  del  derecho  procesal  civil  es  aplicable  sólo  en  cuanto  sea compatible con el régimen administrativo”.

 

La modificatoria de este principio lo amplia con el reciente D.Leg. 1272 como sigue:

“ 1.2. Principio del Debido Procedimiento principio del debido procedimiento.- los administrados   gozan   de   los   derechos   y   garantías implícitos  al  debido  procedimiento  administrativo. tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo. la regulación propia del derecho procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

 

En esa misma línea proteccionista del administrado el D.Leg. 1272 incorpora también 3 principios mas, cuya lectura y comprensión interesa antes de su entrada en vigencia:

 

1.17. Principio del Ejercicio Legítimo del Poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

1.18. Principio de Responsabilidad.- La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

1.19. Principio de Acceso Permanente.- La autoridad administrativa  está  obligada a  facilitar  información  a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia.

 

  1. Los Principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo.

La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo.”

(…)

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                      ABOGADO

RPM    # 985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO/PAD

Lima, 23 de enero 2017

 

 

MODIFICA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

Por RICARDO AYALA GORDILLO

 

Se ha hecho habitual que pensar en la Navidad sea sinónimo de obligación de comprar regalos, enhorabuena por los que pueden; particularmente, considero que la Navidad es el compartir familiar – que debiera ser cotidiano- para reflexionar sobre el mensaje de realidad, fé y esperanza que significa todo nacimiento, en este caso, el de Jesús, que su luz ilumine el dia a dia de cada persona y su familia prodigándole abundantes bendiciones con ello, mis deseos de permanente bienestar material como espiritual a mis lectores, clientes, familiares y amistades :

¡¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!.

 

En este contexto, hace apenas unos días, el 21 de diciembre 2016, el Gobierno nos ha dado un regalo legal, ha modificado la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General  y derogado la Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo.

 

¿Por que es un regalo? Porque las modificatorias y derogatoria debe significar un cambio mas favorable a los trámites que a diario realiza el ciudadano – administrado ante diversas entidades públicas como ante empresas que prestan servicios públicos de telefonía, agua, luz, etc. al Estado, sobre las cuales iremos comentando progresivamente en artículos siguientes.

Por la brevedad del tiempo, considero interesante compartir el artículo publicado por La LEY , y a continuación compartir la modificatoria referente al Procedimiento Sancionador, el incremento de Faltas aplicables y sobre el encargo dado ahora a Contraloría como a los Organos de Control Institucional para recibir las denuncias de los administrativos

http://laley.pe/not/3686/conoce-aqui-los-17-principales-cambios-al-procedimiento-administrativo/ .

 

FIJAN 12 NUEVAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 6 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

Conoce aquí los 17 principales cambios al procedimiento administrativo

 

El reciente Decreto Legislativo Nº 1272 busca agilizar y optimizar los procedimientos administrativos que se realizan en las entidades públicas. Para ello, modifica diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley del Silencio Administrativo. De esta manera se crean nuevas guías que los ciudadanos deberán tomar en cuenta durante sus trámites ante el Estado.

(Foto: Andina)

 

A partir de ahora, los procedimientos administrativos en las entidades públicas sufrirán significativos y progresivos cambios. Por un lado, la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley N° 27444) tendrá nuevas disposiciones, mientras que por el otro, la Ley del Silencio Administrativo quedará derogada. Así lo fija el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado este miércoles 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

 

Algunas de las modificaciones que establece la norma recaen sobre los derechos de los administrados, la velocidad de la respuesta por parte de los entes donde se realizan trámites administrativos, los supuestos eximentes de responsabilidad por infracciones y la incorporación de faltas. Además, ordena que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 sea aprobado en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de este jueves.

 

La norma deberá aplicarse tanto por parte de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como por los gobiernos regionales y locales, los organismos autónomos del Estado y las personas jurídicas que, estando bajo el régimen privado, prestan servicios al Estado o ejercen funciones administrativas. A continuación, te explicamos al detalle los cambios normativos más importantes que trae el nuevo decreto.

 

  1. Tres novedosos principios.El Decreto Legislativo Nº 1272 incorpora los siguientes principios: de ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad y de acceso permanente. El primero establece límites dentro de las facultades o potestades que posee la autoridad administrativa, con la finalidad de evitar el abuso del poder. Por su parte, el segundo principio obliga a la administración responder por los daños que perjudiquen a los administrados cuando la causa sea el mal funcionamiento de la actividad administrativa. Finalmente, el principio de acceso permanente busca facilitarle al administrado el acceso a la información sobre el estado de sus trámites.

 

  1. No cualquier notificación será válidamente efectuada.La norma también ordena que las notificaciones enviadas por correo electrónico sean validadas solo cuando la entidad reciba la respuesta de recepción, cuyo plazo es de dos días útiles.

 

  1. Administrados que mienten serán puestos en evidencia.Aquellos administrados que presenten declaraciones o informaciones falsas o fraudulentas serán incluidos en una lista pública. Esta relación será emitida y actualizada trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo.

 

  1. No más papeleo.A su vez, el decreto prohíbe a las entidades solicitar documentación que ellas mismas administren o tengan a la mano. Esta disposición se adecúa al Decreto Legislativo Nº 1246, que se publicó anteriormente y que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

 

  1. Se reconocen nuevos derechos de los administrados. Con la norma, se incorporan como nuevos derechos de los administrados el no presentar los documentos que las entidades tengan prohibido solicitar y a no pagar tasas diferentes a las reguladas. Además, las renovaciones de licencias o permisos se entenderán como prorrogadas siempre que el administrado lo solicite durante la vigencia original y la autoridad se encuentre instruyendo el procedimiento de renovación.

 

  1. Espacios idóneos.Las entidades deberán habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada al público.

 

  1. Denunciantes protegidos.La norma también establece que las entidades receptoras de denuncias podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes.

 

  1. Respuestas puntuales.De otro lado, las entidades estarán obligadas a responder las solicitudes de información dentro del plazo que establece la ley.

 

  1. El recurso administrativo de revisión podrá ser interpuesto solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente.

 

  1. Responsabilidad administrativa subjetiva.En los principios de la potestad sancionadora administrativa, se agrega el principio de culpabilidad, el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, a menos que por ley o decreto legislativo se establezca como objetiva.

 

  1. Situaciones que eximen de responsabilidad por infracciones. El decreto también fija seis supuestos en los que los administrados no serán responsabilizados por infracciones:

 

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

 

 

  1. Nuevas faltas administrativas.Por otra parte, se agregan 12 faltas administrativas que traen como consecuencia la suspensión, el cese o la destitución de la autoridad o personal administrativo. Algunos de los nuevos supuestos que califican como falta son: no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada; desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa; incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos y  cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

 

  1. Digitalización del procedimiento.El decreto ordena la incorporación del procedimiento administrativo electrónico. Esto, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales.

 

  1. Entidades interconectadas. Las entidades permitirán a otras el acceso gratuito a sus bases de datos para consultar información requerida.

 

  1. Nuevos parámetros en la Contraloría y la Oficina de Control Interno. Los roles cumplidos por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno responderán a nuevos parámetros específicos.

 

  1. Caducidad ampliable.La norma ordena que el plazo para la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio será de nueve meses. Sin embargo, también prevé que podrá otorgarse una prórroga de tres meses más.

 

  1. Se incorpora la Actividad Administrativa de Fiscalización, como un conjunto de actos, diligencias, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados.

 

 

Durante mis días de estudiante de Derecho estaba lejos de sospechar cuan cotidiano me resultaría el Derecho Administrativo, al cual me introduje abruptamente a partir de la experiencia laboral como Auditor Jefe reconocido por Contraloría que, con igual premura, me remitió a empaparme en la normativa y aplicación de las normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario como Abogado, Asesor de diversas entidades públicas, con cuyas experiencias me permito contribuir a  través de los artículos publicados en el Blog como a los consultantes al mismo o al correo personal en la esperanza que las peticiones que formulen y sobre todo las decisiones que se adopten resulten legales, como en lo posible, justas.

 

Por esta línea de trabajo en adición a las expuestas en los párrafos anteriores consideramos de relevante importancia antelar las modificaciones relacionadas al Procedimiento Sancionador como  las asignadas a Contraloría y a los Organos de Control Institucional.

 

 “Artículo 229. Ámbito de aplicación de este capítulo

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.”

 

“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

  1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
  2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento.

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

  1. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.

Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

  1. a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
  2. b) La probabilidad de detección de la infracción;
  3. c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
  4. d) EI perjuicio económico causado;
  5. e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
  6. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
  7. g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

 

 

  1. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

 

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

  1. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
  2. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

  1. a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
  2. b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
  3. c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el

ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

  1. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
  2. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
  3. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.
  4. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

(…)

“Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.

 

Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.”

 

Es en consecuencia  ilegal, imponer una medida correctiva no tipificada previamente como tal.

 

“Artículo 233. Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

 

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 232 infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

 

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

 

233.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

 

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

 

 

 

“Artículo 234. Caracteres del procedimiento sancionador

234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

  1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción.
  2. Considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.
  3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
  4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

 

234.2 La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio.

 

“Artículo 235. Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

  1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.
  2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

 

  1. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

 

  1. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

 

  1. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción.

 

La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

 

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

 

  1. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.”

 

Congruente como diferente, en parte, con el procedimiento sancionador previsto en la Ley 30057.

 

“Artículo 236. Medidas de carácter provisional

236.1 La autoridad que tramita el procedimiento

puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 146.

 

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.

236.3 No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos.

 

236.4 Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.5 Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.6 Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva medida.

 

236.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

236.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas:

  1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso.
  2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.”

 

 

“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracci nes las siguientes:

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:

  1. a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

  1. b) Otros que se establezcan por norma especial.”

 

Oportuna incorporación de reclamados eximentes y atenuantes a favor del administrado

 

Artículo 239.- Faltas administrativas

 

239.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de

los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.
  2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
  3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
  4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
  5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
  6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.
  7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
  8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
  9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
  10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refi ere el numeral 160.1 de esta Ley.
  11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.
  12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
  13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.
  14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
  15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
  16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.
  17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

20 Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 125;

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.
  2. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

239.2 Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

Ampliar el número de faltas es el resultado de haber verificado no solo que existen sino que son las que mas proliferan en las diversas entidades públicas, constituyendo el proceso de implementación de 60 dias (hasta el 21 de febrero2017), para los titulares de las entidades, no solo el deber de capacitar al personal sino modificar los instrumentos de gestión y en determinados casos racionalizar o incrementar recursos humanos como adecuar  su infraestructura.

 

“Artículo 49-B.- Rol de la Contraloría General y de los órganos de control interno

49-B.1 Corresponde a la Contraloría General de la República y a los órganos de control interno de las entidades, en el marco de la Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verificar de oficio que las entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento Administrativo, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.”

49-B.2 Los administrados podrán presentar denuncias ante los órganos de control interno de las entidades, que forman parte del Sistema Nacional de Control, o directamente ante la Contraloría General de la República, contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.

49-B.3 Es obligación de los órganos de control interno de las entidades o de la Contraloría General de la República que conocen de las denuncias informar a los denunciantes sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como resultado de las denuncias en relación a las irregularidades o incumplimientos que son objeto de denuncia.

49-B.4 El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia institucional, en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este dispositivo.”

 

Particularmente consideramos que esta función debiera encomendarse a las Secretarías Técnicas de Procedimiento Administrativo Disciplinario a efectos de no recargarse la labor relevante de los Organos de Control Interno en evaluar la adecuada ejecución de los recursos públicos asignados a las entidades.

 

Comprobado está que mejores leyes por si solas  no hacen un cambio significativo en la sociedad, de ahí la urgencia en la difusión de las Leyes antes mencionadas tanto en los ciudadanos –administrados como por parte de la entidades públicas representadas por los funcionarios, directivos y los servidores, quienes están obligados al mejor conocimiento de las normas administrativas que regulan sus funciones como todas aquellas relacionadas a su quehacer.

 

Exitos en tu cometido.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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CATEGORIA : /LEY DELPROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO GENERAL

Lima, 24/12/ 2016.

 

Taller : “ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

TALLER :

“ APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR(PAD) REGULADO POR  LA LEY N°30057 LEY DE SERVICIO CIVIL, SU REGLAMENTO APROBADO CON D.S. N°040-2014-PCM Y SU DIRECTIVA N° 02-2015-SERVIR/GPSC”

Ponente         :

Abogado RICARDO P. AYALA GORDILLO

 Autor del “Blog Apuntes de Derecho de Derecho Administrativo y de Familia”

 

Fechas y Horas  :

Sábado 7 de Enero del 2017

De  9 am. a 1 pm.  y de 2 pm. a 6 pm.

Lugar:             :           Jr. Moquegua N° 157 Oficina 201 –  Lima

Duración        :           12 horas académicas

Costo             :           S/. 300.00 por participante

Tarifa Corporativa  :   De 2 a 3 participantes     S/.  270.00 soles por participante

De 4 a mas participantes: S/. 250.00 soles por participante

Talleres en Regiones, Departamentos o Provincias   :  Informes y coordinaciones  escribiendo a  asesoriadefensa02@gmail.com o llamando al

RPM      # 985  483  172

RPC         994 948 189

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                 ABOGADO

Lima, 11 de Diciembre 2016

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