MODIFICA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

hace apenas unos días, el 21 de diciembre 2016, el Gobierno nos ha dado un regalo legal, ha modificado la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y derogado la Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo.

¿Por que es un regalo? Porque las modificatorias y derogatoria debe significar un cambio mas favorable a los trámites que a diario realiza el ciudadano – administrado ante diversas entidades públicas como ante empresas que prestan servicios públicos de telefonía, agua, luz, etc. al Estado, sobre las cuales iremos comentando progresivamente en artículos siguientes.

Por la brevedad del tiempo, considero interesante compartir el artículo publicado por La LEY , y a continuación compartir la modificatoria referente al Procedimiento Sancionador, el incremento de Faltas aplicables y sobre el encargo dado ahora a Contraloría como a los Organos de Control Institucional para recibir las denuncias de los administrativos

http://laley.pe/not/3686/conoce-aqui-los-17-principales-cambios-al-procedimiento-administrativo/ .

FIJAN 12 NUEVAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 6 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

Conoce aquí los 17 principales cambios al procedimiento administrativo

El reciente Decreto Legislativo Nº 1272 busca agilizar y optimizar los procedimientos administrativos que se realizan en las entidades públicas. Para ello, modifica diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley del Silencio Administrativo. De esta manera se crean nuevas guías que los ciudadanos deberán tomar en cuenta durante sus trámites ante el Estado.

(Foto: Andina)

A partir de ahora, los procedimientos administrativos en las entidades públicas sufrirán significativos y progresivos cambios. Por un lado, la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley N° 27444) tendrá nuevas disposiciones, mientras que por el otro, la Ley del Silencio Administrativo quedará derogada. Así lo fija el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado este miércoles 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

Algunas de las modificaciones que establece la norma recaen sobre los derechos de los administrados, la velocidad de la respuesta por parte de los entes donde se realizan trámites administrativos, los supuestos eximentes de responsabilidad por infracciones y la incorporación de faltas. Además, ordena que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 sea aprobado en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de este jueves.

La norma deberá aplicarse tanto por parte de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como por los gobiernos regionales y locales, los organismos autónomos del Estado y las personas jurídicas que, estando bajo el régimen privado, prestan servicios al Estado o ejercen funciones administrativas. A continuación, te explicamos al detalle los cambios normativos más importantes que trae el nuevo decreto.

Tres novedosos principios.El Decreto Legislativo Nº 1272 incorpora los siguientes principios: de ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad y de acceso permanente. El primero establece límites dentro de las facultades o potestades que posee la autoridad administrativa, con la finalidad de evitar el abuso del poder. Por su parte, el segundo principio obliga a la administración responder por los daños que perjudiquen a los administrados cuando la causa sea el mal funcionamiento de la actividad administrativa. Finalmente, el principio de acceso permanente busca facilitarle al administrado el acceso a la información sobre el estado de sus trámites.

No cualquier notificación será válidamente efectuada.La norma también ordena que las notificaciones enviadas por correo electrónico sean validadas solo cuando la entidad reciba la respuesta de recepción, cuyo plazo es de dos días útiles.

Administrados que mienten serán puestos en evidencia.Aquellos administrados que presenten declaraciones o informaciones falsas o fraudulentas serán incluidos en una lista pública. Esta relación será emitida y actualizada trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo.

No más papeleo.A su vez, el decreto prohíbe a las entidades solicitar documentación que ellas mismas administren o tengan a la mano. Esta disposición se adecúa al Decreto Legislativo Nº 1246, que se publicó anteriormente y que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

Se reconocen nuevos derechos de los administrados. Con la norma, se incorporan como nuevos derechos de los administrados el no presentar los documentos que las entidades tengan prohibido solicitar y a no pagar tasas diferentes a las reguladas. Además, las renovaciones de licencias o permisos se entenderán como prorrogadas siempre que el administrado lo solicite durante la vigencia original y la autoridad se encuentre instruyendo el procedimiento de renovación.

Espacios idóneos.Las entidades deberán habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada al público.

Denunciantes protegidos.La norma también establece que las entidades receptoras de denuncias podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes.

Respuestas puntuales.De otro lado, las entidades estarán obligadas a responder las solicitudes de información dentro del plazo que establece la ley.

El recurso administrativo de revisión podrá ser interpuesto solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente.

Responsabilidad administrativa subjetiva.En los principios de la potestad sancionadora administrativa, se agrega el principio de culpabilidad, el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, a menos que por ley o decreto legislativo se establezca como objetiva.

Situaciones que eximen de responsabilidad por infracciones. El decreto también fija seis supuestos en los que los administrados no serán responsabilizados por infracciones:

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

Nuevas faltas administrativas.Por otra parte, se agregan 12 faltas administrativas que traen como consecuencia la suspensión, el cese o la destitución de la autoridad o personal administrativo. Algunos de los nuevos supuestos que califican como falta son: no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada; desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa; incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos y cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

Digitalización del procedimiento.El decreto ordena la incorporación del procedimiento administrativo electrónico. Esto, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales.

Entidades interconectadas. Las entidades permitirán a otras el acceso gratuito a sus bases de datos para consultar información requerida.

Nuevos parámetros en la Contraloría y la Oficina de Control Interno. Los roles cumplidos por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno responderán a nuevos parámetros específicos.

Caducidad ampliable.La norma ordena que el plazo para la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio será de nueve meses. Sin embargo, también prevé que podrá otorgarse una prórroga de tres meses más.

Se incorpora la Actividad Administrativa de Fiscalización, como un conjunto de actos, diligencias, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados.

Durante mis días de estudiante de Derecho estaba lejos de sospechar cuan cotidiano me resultaría el Derecho Administrativo, al cual me introduje abruptamente a partir de la experiencia laboral como Auditor Jefe reconocido por Contraloría que, con igual premura, me remitió a empaparme en la normativa y aplicación de las normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario como Abogado, Asesor de diversas entidades públicas, con cuyas experiencias me permito contribuir a través de los artículos publicados en el Blog como a los consultantes al mismo o al correo personal en la esperanza que las peticiones que formulen y sobre todo las decisiones que se adopten resulten legales, como en lo posible, justas.

Por esta línea de trabajo en adición a las expuestas en los párrafos anteriores consideramos de relevante importancia antelar las modificaciones relacionadas al Procedimiento Sancionador como las asignadas a Contraloría y a los Organos de Control Institucional.

“Artículo 229. Ámbito de aplicación de este capítulo

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.”

“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento.
Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.
Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;

INFORME ORAL EN PAD

Favor de ilustrarnos de forma resumida, como se debe desarrollar correctamente el informe ORAL dentro del PAD y cual es la actuación de las partes que intervienen.

2.- Cual sería la actuación de las autoridades del PAD, considerando que en la institución solo contamos con 1 secretario técnico el mismo que desempeña funciones de asesor legal, teniendo en cuenta el asesoramiento para instaurar el proceso, informe de órgano instructor, informe oral, resolución de sanción, recurso de apelación, etc, resumiendo que lógicamente las autoridades no son especialistas en derecho y necesitan el asesoramiento legal, sin embargo la secretaria técnica es un órgano de apoyo y no es autoridad disciplinaria, la idea es no vulnerar el principio de doble instancia, por cuanto en algunos procesos es la secretaría técnica quien realiza todos los documentos del proceso y las autoridades disciplinarias solo se limitan a firmar los mismos, favor ilustrarnos como deberíamos proceder en estos casos.

Asimismo cuando se proyecta una resolución de sanción o que resuelve un recurso de apelación, debe ir el sello o visto bueno de secretaría técnica? nosotros consideramos que no, por cuanto podría vulnerar el debido proceso o el principio de doble instancia, sin embargo ¿como una autoridad que no es conocedora del derecho puede resolver o emitir dichos pronunciamientos?

Aprecio sinceramente la reflexión que formulas en torno, a cómo un servidor o funcionario público especializado en otras materias, que, por mandato de la Ley, de pronto, se ve compelido a asumir una función compleja, especializada y no siempre querida debe actuar como autoridad en materia disciplinaria, en su condición de Organo Instructor o de Organo Sancionador, o de ambas a la vez.

Respuesta:

El rol encomendado por Ley a los colegas abogados que asumen funciones como Secretarios Técnicos del PAD, lo hemos dicho siempre, es un importante avance en el régimen sancionador como en el procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, no es suficiente, de ahí la necesidad que los titulares de las entidades públicas, los Secretarios Técnicos y los gremios se interesen en fomentar la capacitación en esta materia tanto a Jefes como a los servidores públicos.

Si revisas la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y de manera especial, los gráficos 2 y 3, existentes al final de la Directiva Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, podrás apreciar que el Informe Oral es un derecho del procesado cuya actuación está prevista para ser solicitada, concedida y actuada ante el Organo Sancionador.

La Directiva establece en el numeral 17.1 “Informe Oral.- Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos {2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario solicitar un informe oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil. El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de diez (10) días hábiles, prorrogables por igual período de tiempo, debidamente sustentado.”

En el escrito que presente el procesado pidiendo se le fije fecha y hora para que proceda a informar oralmente, el procesado precisará si es él quien únicamente informará o sólo su Abogado o bien un tiempo cada uno. El Organo Instructor en la respuesta precisará los minutos que concederá al procesado y/o o su abogado.

A dicho acto son dos las partes que concurren, la autoridad que actúa como Organo Sancionador y el procesado.

El Organo Sancionador puede encontrarse asistido por el Secretario Técnico del PAD para el levantamiento del Acta; a la vez, el procesado puede optar por ir solo o asistido por su Abogado.

En dicho acto el Organo Sancionador se circunscribirá a escuchar los argumentos que respecto a su defensa proceda a exponer al procesado y/o a su abogado.

No dice la norma; sin embargo, considerando que el informe oral es la última oportunidad previa a la emisión de la sanción o absolución que correspondiera, el Organo Sancionador puede hacer alguna o algunas preguntas que mejor esclarezcan o ilustren los argumentos de defensa escrita presentados durante el descargo, que, en ocasiones, el Instructor y esencialmente para el Organo Sancionador, no han leido el expediente administrativo, ni las normas originariamente citadas ni analizan si la apertura del PAD, los medios probatorios o las diligencias realizadas han sido acordes o no a la norma especializada y aplicable como en aquellos casos, en que como dices, “es la secretaría técnica quien realiza todos los documentos del proceso y las autoridades disciplinarias solo se limitan a firmar los mismos” o donde por razones presupuestales o de decisión “…en la institución solo contamos con 1 secretario técnico el mismo que desempeña funciones de asesor legal, teniendo en cuenta el asesoramiento para instaurar el proceso, informe de órgano instructor, informe oral, resolución de sanción, recurso de apelación,etc, resumiendo que lógicamente las autoridades no son especialistas en derecho y necesitan el asesoramiento legal, la secretaria técnica es un órgano de apoyo y no es autoridad disciplinaria, la idea es no vulnerar el principio de doble instancia.”

En ese sentido, en el caso que expones, la actuación concurrente del colega Asesor, actuando a la vez como Secretario Técnico y quien proyecta las resoluciones en diversas instancias podría viciar todos los actuados, riesgo que debe evaluar y en todo caso, corresponde corregir al titular de la entidad.

Un adecuado informe oral, preferiblemente, a cargo de un Abogado, en muchas ocasiones, ha sido gravitante para que el Organo Sancionador sino revire todo lo actuado, emita una decisión mas justa.

RESPUESTAS A PREGUNTAS EN DERECHO DE FAMILIA Y ADMINISTRATIVO (9)

Se puede poner el apellido del padre sin su consentimiento?

Si.

No quiero que mi hija lleve el apellido de su padre, el puede oponerse a eso?

Si, por la sola condición de ser el progenitor.

Causales para registrar un bebe como madre soltera

Por desconocer el nombre del padre, haber fallecido o por decisión personal.

Que datos tiene que aparecer en la partida de matrimonio?

En el formato establecido por RENIEC: Nombre de la Municipalidad ante la cual se contrae el matrimonio civil, lugar, fecha y hora, nombre y apellidos completos, DNI, edad, nacionalidad y ocupación de quienes se casan, nombre de sus respectivos padres y de los testigos, firma y sello del funcionario público ante el cual se casan.

Tengo 5 años de convivencia con una persona, tengo derechos a heredarlo cuando el fallezca?

Sí, siempre que él o tu no se hubieran encontrados casados antes con otra persona o si lo estuvieron, que se encuentren divorciados; asimismo, que tengas declarada, o judicialmente tu UNION DE HECHO.

Si viví en unión libre por 22 años con un hombre tengo 2 hijos a que tengo derecho.

Tienes casi los mismos derechos de una casada por civil; a que sea declarada tu UNION DE HECHO, a pedir Alimentos si estas imposibilitada, a la sociedad de gananciales, cuando tu cónyuge fallezca a pedir pensión de viudez y a heredarlo; siempre que él o tu no se hubieran encontrados casados antes con otra persona o si lo estuvieron, que se encuentren divorciados.

Cuanto tiempo debo esperar respuesta solicitud de nulidad?

Si es en la vía administrativa, 30 días hábiles.

Cómo se resuelve una queja contra un funcionario municipal?

Recuerdas aquello de el cliente siempre tiene la razón?

Si tiene razón quien se queja, deberás declarar fundada la queja y disponer las medidas destinadas a enmendar lo quejado; caso contrario, deberá ser declarada infundada.

En ambos casos, se debe dar respuesta al quejado por escrito.

Como responder llamada de atención severa infundada?

Si ya te amonestaron, debes impugnar dicha sanción, con el necesario concurso de Abogado.

Fui destituido, puedo tramitar constancia de no inhabilitado.

Puedes tramitarlo, pero la constancia declarará que estás inhabilitado por 5 años para laborar con cualquier entidad del Estado.

PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS

En este artículo, los lectores interesados pueden dar a conocer y ofertar el resumen de su experiencia profesional y/o laboral como datos de contacto y de considerarlo, remitir en archivo adjunto al email asesoriadefensa02@yahoo.es su currículum vitae no documentado.

En este espacio es, también, las entidades públicas o personas jurídicas o naturales interesadas pueden resumir sus convocatorias o solicitudes de servicios profesionales, de modo sucinto y en archivo adjunto consignar los detalles ampliados.

PRESCRIPCIÓN del Proceso Administrativo Disciplinario : JURISPRUDENCIA del TC

2. El cómputo del año se cuenta a partir del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria. Nótese que la Ley no dice desde que conoce el hecho. Aquí la primera gran diferencia con lo establecido para las acciones civiles o penales, y también con el plazo establecido para la prescripción en algunos regímenes especiales de la administración pública, como podemos verificar en el caso de la Jurisprudencia del TC que hoy nos ilustra.

PENSIONES ¿ONP O AFP?

A efectos de contribuir con ordenar las preguntas y respuestas relacionadas al SISTEMA PUBLICO o PRIVADO DE PENSIONES que elijas o te encuentres iniciando el trámite o en curso, te invito a consultar en este espacio, lo relacionado a

El Régimen del Decreto Ley No. 19990 o SNP

El Régimen del Decreto Ley No. 20530

Otros sistema previsionales

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA.

Esa es la regla.

Mas, la misma Ley ha establecido una excepción a dicha regla.

Dichas excepción es la SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO la cual, previa ponderación, por parte de la autoridad competente llamada a resolver la apelación, puede ser concedida, DE OFICIO o A PEDIDO DE PARTE, cuando concurren algunas de las siguientes condiciones:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente.

Lo anteriormente expresado fluye del Artículo 216º de la refereida Ley 27444:

s216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien

competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la

ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes

circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie

REHABILITACION Y REINGRESO DE TRABAJADORES DEL REGIMEN LABORAL DEL D.LEG. 276

l reingreso a la Administración Pública y la Rehabilitación son dos conceptos aunque vinculados, diferentes.

Para el reingreso, quien cumplió su sanción de destitución puede volver a postular a cualquier entidad de la Administración Pública e incluso regresar al cargo que tenia antes, siempre que exista plaza vacante o la que tuvo antes no haya sido coberturada por otro.

Para la Rehabilitación, a diferencia de la rehabilitación automática en quien cumplió su condena penal, en los sujetos al D. Leg. 276 quien fue antes destituido, se requiere el reingreso, el paso de 3 años, solicitud del interesado, haber ascendido u observado buena conducta y obtenido evaluación favorable desde la aplicación de la sanción la solicitud y declaración favorable de la administración.

Ley del Procedimiento Administrativo General : DEL PLAZO

Procedimientos administrativos previstos en el TUPA con breve plazo para calificar en cuyo defecto le es aplicable el silencio administrativo positivo, que de no haber sido observado la falta de algún requisito a tiempo puede depender la vida o salud de muchas personas si la decisión es tardía, defectuosa o se dio curso con documentación insuficiente

LEY Nº 27444 “LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL”

Cuando el ciudadano, en Perú, acude a alguna de las entidades públicas (conformadas, entre otros, por municipalidades, ministerios, colegios, hospitales, SUNAT, EsSALUD, ONP, INDECOPI, etc.) o algunas empresas que prestan servicios públicos como : agua, luz, telefonía, organismos reguladores, etc., formulando un pedido o reclamo o es requerido por ellas por causa alguna : se INICIA un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO el mismo que para su adecuada atención está sujeto a requisitos para la admisibilidad, procedencia, validez o invalidez de lo actuado, quien es la autoridad competente, cuales son los principios que regulan el procedimiento, cuales son los plazos mínimos y máximos, las formalidades, los derechos, obligaciones y responsabilidades que respectivamente le corresponde a cada una de las partes (los administrados y la Administración Pública: representada por sus servidores y funcionarios públicos) a uno de los cuales la Ley le faculta poner FIN con la correspondiente decisión y respuesta escrita y/o electrónica “notificada debidamente” al interesado o, excepcionalmente, con el silencio administrativo ( falta de respuesta).