NULIDAD DEL PAD

                                                                              Por RICARDO AYALA GORDILLO

La Nulidad se regula en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su Texto Único Ordenado (TUO).  

El PAD es regulado en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, su Reglamento y Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. En lo no previsto en ella (como ocurre con la Nulidad) resulta de aplicación supletoria la Ley 27444.

El PAD para ser  válido requiere que cada una de sus actuaciones sean realizadas con respeto a los principios que regulan el procedimiento sancionador (descritos en el Art. 248° del TUO ) ser emitido conforme al ordenamiento legal (art. 8°) y constitucional y que cumplan los requisitos descritos en el Art. 3° de la Ley 27444, caso contrario, será declarado nulo los actuados, retrotrayendo los actuados hasta la etapa de la comisión del vicio, dando lugar al respectivo deslinde de responsabilidad.

En ocasiones la autoridad del PAD es renuente a reconocer la nulidad incurrida desestimando la interpuesta, dando lugar a que en vía de Apelación sea declarada por  el Tribunal de Servicio Civil.

Por la razón que antecede tanto el Secretario Técnico, las autoridades del PAD deben contar con capacitación permanente y especializada; en el caso del procesado siempre es recomendable que contrate los servicios del Abogado especializado de su elección; esencialmente cuanto mas severa sea la sanción recomendada a imponer.

La nulidad debe ser puesta en conocimiento, por escrito fundamentado ante  de las autoridades del PAD o del  titular de la entidad inmediatamente conocida y ser resuelta con igual inmediatez.

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

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6 de Mayo del 2019

Ley 27444

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos:

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación

indispensables para su emisión.

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el  ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

Son Nulos de Pleno derecho :

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refi ere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos,

documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

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RICARDO AYALA GORDILLO

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6 de Mayo del 2019

ABSTENCIÓN: DEL SECRETARIO TÉCNICO Y AUTORIDADES DEL PAD

                                                           Por Ricardo Percy Ayala Gordillo

CONSULTA:

El año pasado fui insultado y amenazado, sin darle motivo alguno, por un compañero de trabajo al cual denuncié tanto ante la máxima autoridad de mi centro de trabajo como policialmente.  Recientemente, soy citado a declarar en relación a mi denuncia, me doy con la sorpresa que el Secretario Técnico del PAD es nada menos la persona a quien denuncié. ¿Eso es correcto? ¿No hay forma de evitar que esta misma persona sea quien esté a cargo de la investigación?  

Respuesta :

Los funcionarios y servidores que por mandato de la Ley, la Administración Pública les delega, la función de : Secretario Técnico del Apoyo o de autoridades del PAD: Órgano Instructor u Órgano Sancionador, asistiéndoles, respectivamente,   investigar y castigar las conductas que constituyen infracciones de naturaleza administrativas,  a efectos de disciplinar a quienes no cumplan con sus obligaciones o afecten los derechos de otros, estableciendo sanciones de obligatorio cumplimiento*; deben cuidar que sus actos sean apegados a las potestades y límites  que establece a unos y a otros la Constitución, la Ley 30057 y sus normas reglamentarias, caso contrario, pueden ser objeto de denuncia por arbitrariedad o abuso.

De ahí que, cuando se advierta que, quien investido de las antes indicadas funciones se encuentre en situaciones que pueden resultar en una suerte de conflicto de intereses como el que motiva tu consulta;  el Secretario Técnico a quien denunciaste antes de asumir dicha función, estaría afectado por la enemistad que les antecede, correspondiéndole a él (de oficio) o a ti (a pedido de parte), pedir de inmediato, que se ABSTENGA de seguir interviniendo en la investigación,  promoviendo ante el titular de la entidad se designe al Secretario Técnico Suplente, que con la imparcialidad esperada, sea quien realice la investigación.

Es categórico el último párrafo del numeral 8.1 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil “Si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88° de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG”   

La causal aplicable en tu consulta está comprendida en el numeral 4to del Art. 97° del TUO de la Ley 27444, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el procedimiento aplicable en su Artículo 98° y siguientes,

PREGUNTAS RELACIONADAS:

¿Cuándo se debe abstener la autoridad de sancionar a un servidor público?

Cuando se encuentre incursa en alguna de las causales de Abstención establecidas en el TUO de la Ley 27444, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Debiendo seguir el procedimiento establecido en el Artículo 98°.

¿Qué significa inhibirse en un proceso disciplinario?

La Ley 27444 como la Ley 30057 emplean el término ABSTENCION para referirse al APARTAMIENTO que, de oficio o a pedido de parte debe realizar, en el caso del PAD, el SECRETARIO TECNICO del PAD o las autoridades que actúan como órgano Instructor u Organo Sancionador.

La Abstención es obligatoria, de no hacerlo vicia el PAD y conlleva responsabilidad para quien a sabiendas no lo realiza.

La Abstención en todo caso debe ser resuelta por el titular de la entidad

TUO de la Ley 27444, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General:

Artículo 97.- Causales de abstención

La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos:

1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus

empresas, o con quienes les presten servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente.

No se aplica lo establecido en el presente numeral en los casos de contratos para la prestación de servicios públicos o, que versen sobre operaciones que normalmente realice el administrado-persona jurídica con terceros y, siempre que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros consumidores o usuarios.

6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración las siguientes reglas:

 a) En caso que la autoridad integre un órgano colegiado, este  último debe aceptar o denegar la solicitud.

b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, su jerárquico debe emitir una resolución aceptando o denegando la solicitud.

Artículo 98.- Promoción de la abstención

98.1. La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remitir superior lo actuado al superior jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día.

 98.2. Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento.”

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RICARDO AYALA GORDILLO

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5 de Mayo del 2019

CASA PARA EL CASADO

Por : Ricardo Ayala Gordillo

Consulta

“Nunca le caí bien a mi suegra tanto así que no fue a mi matrimonio; a pesar de todo, al poco tiempo de casados vino con mi suegro a visitarnos al cuarto que alquilábamos; nos propusieron que construyamos en la parte de su terreno sin construir y asi ahorrar pago de alquiler, nacieron nuestros hijos, hubo de seguir construyendo verticalmente a fin de darles mejores condiciones de vida, 25 años después, las discusiones cada vez son más frecuentes y más tensas, invade mis espacios con sus cosas, me acusa y ofende permanentemente me pide que me vaya. ¿Cómo hago para que mi suegra me dé el título de propiedad de mi casa?”

Estimada consultante:

Cuidado!!!, no sea que el enojo de la suegra contigo, la lleve a hacer que pierdas no solo cuanto has invertido para construir tu vivienda sobre suelo ajeno, sino también que puedas perder el contacto diario o cercanía a los tuyos vía denuncia de violencia familiar, -por violencia psicológica, física o patrimonial.

El ideal de las madres es que los hijos siempre se mantengan unidos y vivan en armonía; con ese fin, algunas, adquieren propiedades pensando en dejar a cada hijo vivienda propia o bien habitaciones, departamentos o minidepartamentos, de modo que aún casados vivan en el mismo inmueble paternal o maternal.

Suele decirse que,  la mejor herencia de los padres es dar a los hijos la mejor  educación y formación en valores.

La educación será entonces la herramienta que permitirá a los hijos  trabajar en cuanto más les gusta, ser independientes, más fuertes como responsables, permitiéndoles valorar el amor y esfuerzo de sus padres que les costó obtener el patrimonio familiar, de modo que, con sus propios peculios, cada hijo adquiera o construya su propia casa o departamento o minidepartamento, preferiblemente, fuera de la vivienda paternal o maternal, lo cual va en consonancia con el refrán que : el casado casa quiere. 

Si se acepta y decide  vivir en la casa de los suegros, el ideal de convivencia feliz entre todos los miembros de la familia no siempre es lo que más predomina; muy por el contrario, suelen presentarse diversidad de hechos sobretodo, cuantos más miembros la integren, las diferencias de caracteres, sociales, económicas y culturales, pueden ser generadoras de situaciones o exposiciones a todo tipo de riesgos impredecibles, que pueden ir desde las discusiones por situaciones no importantes, sustracciones de pertenencias, abuso de confianza, tocamientos indebidos, seducción, violación sexual, violencia familiar, etc. que muchas veces son mantenidas en silencio como las consecuencias mayores que ello puede generar o significar.

Contra lo esperado, a veces, es triste ver, como los padres -propietarios originarios del inmueble- terminan siendo despojados en los hechos de disfrutar de su patrimonio; o convivencias o matrimonios que terminan fracasando.

Si a pesar de lo dicho, persiste la voluntad que toda la familia viva en el mismo inmueble, lo aconsejable es, que todos depongan sus diferencias, aporten sus mejores buenas voluntades en la causa común; en ese sentido, en gesto de elemental correspondencia, privilegien el cuidado y apoyo a los padres o suegros -dueños originarios del inmueble- por elemental respeto y gratitud a cuanto les dieron, que en esa recíproca y saludable convivencia, es aconsejable que los propietarios del inmueble puedan realizar o autorizar :

  • La declaratoria de fábrica;

Y mediante las correspondientes escrituras públicas:

  • Independizar,
  • Dividir y partir o repartir equitativamente el inmueble
  • Vender o dar en anticipo de legítima a cada hijo su respectiva parte.
  • Reservar para los padres o propietarios originarios el área donde vivirán hasta sus últimos días sin temor de ser despojados adecuada con reserva de usufructo y dispensa de colación.

Con lo dicho, es necesario identificar la causa del encono de tu suegra contra tu persona y que los demás miembros de la familia coadyuven a hacer que cese por el lado de ambas toda rencilla de modo que prontamente pueda otorgarse la escritura pública que les permita contar con el necesario título de propiedad del inmueble construido durante estos años; caso contrario, tendrán que acudir a un Centro de Conciliación Extrajudicial y a un proceso judicial que puede resultar largo y oneroso, que en lo posible sugiero evitar, salvo que no prospere los medios alternativos de solución de conflictos.

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RICARDO AYALA GORDILLO

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  • Categoría: Derecho Civil
  • Lima, 1° de Mayo del 2019

¿CÓMO IMPUGNAR UN CONCURSO ?


  • Todo concurso comienza con la publicación en las bases.
  • Los interesados a postular deben leer y adecuar su proceder a las Bases.
  • Si a su entender las Bases tienen requerimientos arbitrarios, incongruencias o errores en los criterios de calificación, etc. el postulante como administrado tiene derecho a formular las observaciones a las Bases, mediante solicitud o Carta dirigida a quien suscribe la convocatoria debe  precisar de manera expresa cuanto considera debe rectificarse. El solicitante tiene  derecho a obtener respuesta.
  • El funcionario o comité responsable de la convocatoria le corresponde procesar lo observado o peticionado y de ser el caso, acogerla o no, siendo su obligación dar la respuesta que corresponda.
  • El administrado que a sabiendas de las falencias anotadas en el párrafo  anterior se inscribe y postula está aceptando las reglas establecidas en las Bases por ende a los resultados. No obstante lo anterior, ello no lo exonera de su derecho a formular el reclamo escrito, preferiblemente con la asesoría del abogado de su elección, -de inmediato ante la autoridad que se precisa en las Bases- precisando de modo expreso y claro el extremo que a su entender le resulta desfavorable y la norma aplicable. Es obligación de la autoridad dar la respuesta oportuna debidamente sustentada.
  • El administrado, de no encontrar arreglada a Ley lo resuelto en primera instancia puede apelar, en caso de persistir la respuesta adversa -con la cual se agota la vía administrativa-, puede impugnarla en sede judicial en la vía contenciosa administrativa dentro de un plazo máximo de 3 meses.  

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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28 de Abril del 2019

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DIRECTIVA DE SERVIR QUE REGULA EL “RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”

Por RICARDO AYALA GORDILLO

El martes 24 de marzo de 2015 ha sido publicada en separata especial del diario oficial El Peruano, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, cuyo contenido puedes verificar en el siguiente link http://storage.servir.gob.pe/normatividad/Resoluciones/PE-2015/Res101-2015-SERVIR-PE_anexo.pdf

Esta norma administrativa, esperada con expectativa por funcionarios, directivos y servidores, por ex funcionarios y ex servidores de los regímenes laborales correspondientes a los Decretos Legislativos Nº 276, 728, 1057 y Ley N° 30057, (con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil) como por trabajadores de los demás regímenes especiales en los cuales resulta de aplicación supletoria; por cuanto, es de suma su utilidad práctica para los denunciantes, para el servidor o funcionario público denunciado como para las autoridades administrativas a quienes corresponderá evaluar la gravedad de la denuncia y en los casos que corresponda, previo procedimiento administrativo impondrán o no las sanciones de amonestación, suspensión de 1 a 365 días o la destitución.

La Directiva está redactada en términos comprensibles, sigue un orden sistemático que no se apreciaba en el caduco D.S. Nº 005-90-PCM; clarifica los aspectos relacionados al Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador contenidos en la Ley Nº 30057 Ley de Servicio Civil y su Reglamento D.S Nº 040-2014-PCM, desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y el procedimiento sancionador aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes antes mencionados, incluye modelos contenidos en anexos así como gráficos que facilitan su explicación.

Reitera el mandato a las entidades públicas en su deber de adecuar su normativa interna sobre Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la Directiva.

Finalmente, modifica el numeral 5.2.1 del punto 5.2 de la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH que aprueba los “Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, precisando que sólo serán materia de inscripción:
a) Destitución o despido y suspensión independientemente de su régimen laboral.
b) Sanciones por responsabilidad administrativa funcional interpuestas por la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.
c) Inhabilitaciones de ex servidores civiles.
d) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial
e) Otras que determine la normatividad

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RICARDO AYALA GORDILLO

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Categoría : PAD

25 de Marzo del 2019

Aqui la Directiva en word

DIRECTIVA Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC

“RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA LEY N° 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL”

1. OBJETO

La presente directiva tiene por objeto desarrollar las reglas del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador que establece la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.

2. BASE LEGAL

– Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
– Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias.
– Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público y sus modificatorias.
– Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil como organismo técnico especializado y rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y su modificatoria.
– Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
– Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
– Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias.
– Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil y su modificatoria.
– Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Régimen
Especial para Gobiernos Locales.

3. SIGLAS Y ABREVIATURAS

– LPAG : Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
– CEFP : Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
– LMEP : Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.
– LSC : Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
– El Reglamento : Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la
Ley del Servicio Civil y su modificatoria.
– ORH : Oficina de Recursos Humanos.
– PAD : Procedimiento Administrativo Disciplinario.
– ST : Secretario Técnico.
– TUO : Texto Único Ordenado.

4. ÁMBITO

4.1. La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento.

De igual manera, es aplicable a los servidores civiles comprendidos dentro del Régimen Especial para Gobiernos Locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. Nº 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial para Gobiernos Locales.

4.2. A los servidores previstos en la Primera Disposición Complementaria Final de la LSC se les aplica de modo supletorio. La supletoriedad implica que, en todo aquello no previsto por sus normas especiales, se aplica el régimen disciplinario de la LSC y sus normas de desarrollo.

4.3. Las faltas previstas en el CEFP y la LPAG se procesan conforme a las reglas procedimentales del régimen disciplinario de la LSC y su Reglamento. Esta regla incluye el ámbito de aplicación de ambos cuerpos normativos.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Instrumentos de Gestión
Para efectos de esta directiva, se entenderá como instrumentos de gestión al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, el Manual Operativo, y aquellos en los que se definan las funciones y atribuciones de las entidades, órganos desconcentrados, proyectos, programas o unidades ejecutoras conforme a la Ley N° 28411.

5.2. Alcances del Poder Disciplinario
Se entiende que aquellos órganos desconcentrados, proyectos, programas o
unidades ejecutoras conforme a la Ley N° 28411, de una entidad pública Tipo A, cuentan con poder disciplinario en los siguientes supuestos:

a) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y son declaradas entidades Tipo B.

b) Cuando una norma o instrumento de gestión les ha otorgado la facultad de sancionar, y no son declaradas entidades Tipo B.

c) Cuando no se les ha otorgado la facultad de sancionar y son declaradas entidades Tipo B.

5.3. Plazos. Para el desarrollo de sus investigaciones o actuaciones, impulsar el inicio, resolver o declarar el archivo de los procedimientos administrativos

disciplinarios, la Secretaría Técnica y las autoridades del PAD observan plazos razonables y proporcionales a la complejidad del caso, al ejercicio del derecho de defensa, entre otros. En este sentido, los actores del PAD deben actuar con diligencia en sus actuaciones, respetando los plazos de prescripción.

5.4. Desplazamiento del servidor. En caso de desplazamiento temporal o definitivo del servidor a otra entidad, órgano o unidad orgánica, la investigación preliminar, el inicio y, en general, el PAD, se realiza en la entidad, órgano o unidad orgánica donde se cometió la falta, correspondiendo a la entidad, órgano o unidad orgánica de destino del servidor la ejecución de la sanción.

5.5. Ex servidores. Cuando la Ley o el Reglamento hacen referencia a “ex servidores”, se entiende que se refiere a aquellas personas que no ejercen funciones públicas en ninguna entidad pública, bajo modalidad contractual alguna.

6. VIGENCIA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PAD
6.1. Los PAD instaurados antes del 14 de setiembre de 2014 (con resolución u otro acto de inicio expreso) se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al PAD.

6.2. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la LSC y su Reglamento y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.

6.3. Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley Nº 30057 y su Reglamento.

6.4. Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad en parte o de todo lo actuado, se seguirá el mismo criterio dispuesto en el numeral 6.2 anterior.

6.5. Para efectos de la presente directiva, se considera que el PAD ha sido instaurado cuando la resolución u otro acto de inicio expreso que contiene la imputación de cargos ha sido debidamente notificado.

7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 de la presente directiva, las siguientes:

7.1. Reglas procedimentales:

– Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario.
– Etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos procedimentales.
– Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales.
– Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
– Medidas cautelares.
– Plazos de prescripción.

7.2 Reglas sustantivas:

– Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores.
– Las faltas.
– Las sanciones: tipos, determinación, graduación y eximentes.

8. LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DEL PAD

8.1. Definición

La Secretaría Técnica apoya el desarrollo del procedimiento disciplinario. Está a cargo de un Secretario Técnico que es designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, en adición a las funciones que viene ejerciendo en la entidad o específicamente para dicho propósito. El Secretario Técnico puede ser un servidor civil que no forme parte de la ORH, sin embargo, en el ejercicio de sus funciones reporta a esta.

Tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del
PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo.

La Secretaría Técnica puede contar con servidores civiles que colaboren con el Secretario Técnico en el cumplimiento de sus funciones. Por el principio de flexibilidad, la entidad define su composición en razón a las dimensiones de la entidad, carga procesal, complejidad de los procedimientos, cantidad de órganos desconcentrados, entre otros criterios.

Si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en alguna de las causales de abstención del artículo 88 de la LPAG, la autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento. Para estos efectos, se aplican los artículos pertinentes de la LPAG.

8.2. Funciones

a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos, como se señala en el formato que se adjunta como anexo A de la presente directiva.
b) Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles (Anexo B).
c) Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario, cuando la entidad sea competente y no se haya realizado la notificación dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento.
d) Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y
las investigaciones realizadas.
e) Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, servidores y ex servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos estos remitir la información solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad.
f) Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la fundamentación de su archivamiento (Anexo C).
g) Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, proponer la medida cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la medida cautelar propuesta por el ST.
h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD.
i) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes ante la presunta comisión de una falta.
j) Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte en caso que luego de las investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para dar lugar a la apertura del PAD.
k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

9. LAS AUTORIDADES DEL PAD

Para efectos de la identificación de las autoridades del PAD, se adopta como criterio la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de la entidad.

9.1. Causales de abstención

Si la autoridad instructiva o sancionadora se encontrare o incurriese en alguno de los supuestos del artículo 88 de la LPAG, se aplica el criterio de jerarquía, con el fin de determinar la autoridad competente.

La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su abstención mediante un escrito motivado y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, con el fin de que sin más trámite se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día hábil.

Si la solicitud de abstención fuese aceptada, el superior jerárquico procede a designar a la autoridad competente del PAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la LPAG.

En el supuesto que la abstención sea ordenada de oficio o a pedido del presunto infractor, se seguirá lo establecido en el mismo artículo 90 de la LPAG.

9.2. Conflictos de competencia

Los casos de conflictos de competencia entre Órganos Instructores u órganos sancionadores, si las autoridades del procedimiento disciplinario considerasen que cuentan con dicha competencia en el caso concreto o que carecen de ella, son resueltos por la máxima autoridad administrativa de conformidad con lo dispuesto por la LPAG.

10. LA PRESCRIPCIÓN

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 97.3 del Reglamento, corresponde a la máxima autoridad administrativa de la entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte.

Si el plazo para iniciar el procedimiento o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor civil prescribiese, la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la entidad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento.

Dicha autoridad dispone el inicio de las acciones de responsabilidad para identificar las causas de la inacción administrativa.

10.1. Prescripción para el inicio del PAD

La prescripción para el inicio del procedimiento opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años.

Cuando la denuncia proviene de una autoridad de control, se entiende que la entidad conoció de la comisión de la falta cuando el informe de control es recibido por el funcionario público a cargo de la conducción de la entidad. En los demás casos, se entiende que la entidad conoció de la falta cuando la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente.

Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo es de dos (2) años calendario, computado desde que la entidad conoció de la comisión de la falta. Para este supuesto, se aplicarán los mismos criterios señalados en el párrafo anterior.

En los casos de falta continuada, para el cómputo del plazo, se entiende que la comisión de la falta se produce con el último acto que suponga la comisión de la misma falta.

10.2. Prescripción del PAD

Conforme a lo señalado en el artículo 94 de la LSC, entre la notificación de la resolución o del acto de inicio del PAD y la notificación de la resolución que impone la sanción o determina el archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más de un (1) año calendario.

11. LAS DENUNCIAS

11.1. Las denuncias pueden ser presentadas de forma verbal o escrita de manera directa ante la Secretaría Técnica. Cuando la denuncia sea presentada de forma verbal, se debe canalizar a través de un formato de distribución gratuita que al menos cuente con la información contenida en el Anexo A. En el caso que el jefe inmediato o cualquier otro servidor civil sea quien ponga en conocimiento los hechos, se le dará el mismo tratamiento.
11.2. La denuncia debe exponer los hechos en que se fundamenta, adjuntando los medios probatorios que la sustentan, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 8.2 de la presente directiva. El ST puede también investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.
11.3. El denunciante no es parte del procedimiento administrativo disciplinario, sino
es un colaborador de la administración pública.

11.4. El plazo de treinta (30) días hábiles dispuesto por el artículo 101 del Reglamento tiene por objeto que el ST informe el estado de la denuncia al denunciante, teniendo en consideración, según corresponda, lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha respuesta no es impugnable.
11.5. El ST debe presentar semestralmente al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces un reporte sobre el estado de las denuncias recibidas y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados, pudiendo la entidad establecer plazos menores para la emisión de dicho reporte.
11.6. Sin perjuicio de lo indicado en el numeral precedente, el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces puede solicitar, cuando lo considere conveniente, al ST información sobre el estado de las denuncias y/o procedimientos administrativos disciplinarios iniciados.

12. LAS MEDIDAS CAUTELARES

12.1. La adopción de una medida cautelar antes del inicio del PAD es de competencia de la ORH o quien haga sus veces. La continuidad de sus efectos está condicionada al inicio del PAD en el plazo de cinco (5) días hábiles, conforme lo dispone el literal b) del artículo 109 del Reglamento.
12.2. Una vez iniciado el PAD, corresponde al Órgano Instructor adoptar la medida cautelar.
12.3. Tanto el Órgano Instructor como el Órgano Sancionador están facultados para modificar o revocar la medida cautelar dictada.
12.4. La medida cautelar no es impugnable.

13. LA INVESTIGACIÓN PREVIA Y LA PRECALIFICACIÓN

13.1. Inicio y término de la etapa

Una vez recibidos la denuncia o el reporte del jefe inmediato o de cualquier otro servidor civil u otros indicios de haberse cometido una falta, la Secretaría Técnica efectúa las investigaciones preliminares. Si la denuncia o reporte no adjuntara la documentación probatoria o indiciaria correspondiente, el ST la requerirá. En caso no reciba respuesta en plazo razonable puede declararlos como “no ha lugar a trámite”.

Una vez concluida la investigación, el ST realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 de la LSC.

Esta etapa culmina con el archivo de la denuncia conforme se señala en el informe de precalificación (Anexo C1) o con la remisión al Órgano Instructor del informe de precalificación recomendando el inicio del PAD (Anexo C2).

En el caso del informe de control, el ST procede a identificar en su informe al órgano instructor competente.

El Órgano Instructor puede apartarse de las conclusiones del informe del ST por considerarse no competente o por considerar que no existen razones para iniciar el PAD. En ambos casos, debe argumentar las razones de su decisión.

13.2. Concurso de Infractores

En el caso de presuntos infractores que ostenten igual o similar nivel jerárquico y dependan del mismo inmediato superior, corresponde a este ser el Órgano Instructor.

Si los presuntos infractores pertenecieran a distintas unidades orgánicas o de distintos niveles jerárquicos y correspondiese que el instructor sea el jefe inmediato, es competente la autoridad de mayor nivel jerárquico.

Si se diera la situación de presuntos infractores que ostentan igual o similar nivel jerárquico y dependan de distinto inmediato superior del mismo rango, es la máxima autoridad administrativa la que determina cuál de los jefes inmediatos debe actuar como Órgano Instructor.

En caso se diera una diversidad de posibles sanciones a aplicar, corresponderá instruir a la autoridad competente de conocer la falta más grave.

13.3 Concurso de Infracciones

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG, cuando una misma conducta califique como más de una infracción, se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

14. LAS SANCIONES

14.1 A las faltas del CEFP y las que se señalan de la LPAG, se les aplica las sanciones dispuestas por la LSC y su Reglamento, conforme al artículo 100 del Reglamento, a excepción de lo establecido en el artículo 241 de la LPAG.

14.2 Las sanciones principales que pueden imponerse a los servidores civiles por la comisión de una falta son: amonestación, suspensión entre uno (1) y trescientos sesenta y cinco (365) días y destitución.

14.3 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por cinco (5) años es la sanción principal solo para los ex servidores civiles.

Las autoridades competentes para esta sanción serán las previstas para la sanción de destitución. En el caso de ex funcionarios se sigue el procedimiento previsto en el numeral 19 de esta directiva.

Esta sanción se aplica de conformidad a las faltas y a los criterios de gradación previstos en la LSC y su Reglamento.

14.4 La inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco (5) años es sanción accesoria de la sanción de destitución. Esta sanción accesoria es eficaz y ejecutable una vez que la sanción principal haya quedado firme o se haya agotado la vía administrativa.

15. EL INICIO DEL PAD

15.1 El PAD se inicia con la notificación al servidor o ex servidor civil del documento que contiene la imputación de cargos o inicio del PAD emitido por el Órgano Instructor. Dicho documento debe contener los cargos que se le imputan y los documentos en que se sustenta, entre otros. El acto o resolución de inicio sigue la estructura que se presenta como Anexo D.

15.2 La notificación del acto o resolución de inicio se realiza dentro del término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de su expedición.

15.3 El acto o resolución de inicio no es impugnable.

15.4 Para efectos de notificaciones, en todo lo no previsto por la presente directiva, se aplica supletoriamente la LPAG.

16. LA FASE INSTRUCTIVA

16.1 Los descargos se presentan dentro del plazo de cinco (5) días hábiles conforme lo establece el artículo 111 del Reglamento. La solicitud de prórroga se presenta dentro de dicho plazo; caso contrario, el Órgano Instructor continúa con el procedimiento hasta la emisión de su informe.

16.2 En caso de presentarse la solicitud de prórroga, corresponde al Órgano Instructor evaluar la solicitud y adoptando el principio de razonabilidad, conferir el plazo que considere necesario para que el imputado ejerza su derecho de defensa. Si el Órgano Instructor no se pronunciara en el plazo de dos (2) días hábiles, se entenderá que la prórroga ha sido otorgada por un plazo adicional de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial.

16.3 La fase instructiva culmina con la recepción por parte del Órgano Sancionador del informe a que se refiere el artículo 114 del Reglamento, emitido por el Órgano Instructor (Anexo E). El informe se sustenta en el análisis e indagaciones realizadas por el Órgano Instructor de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del literal a) del artículo 106 del Reglamento.

En el caso de la amonestación escrita, cuando el Órgano Instructor y Sancionador recae en el jefe inmediato, el procedimiento se culmina con la emisión del informe a que se refiere el párrafo precedente, remitiéndose el mismo, conforme se señala en el numeral 17.3 de esta directiva, al Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces para que oficialice la sanción, de ser el caso.

17. LA FASE SANCIONADORA

17.1 Informe Oral
Una vez que el Órgano Sancionador recibe el informe del Órgano Instructor, el primero comunica tal hecho al servidor o ex servidor civil en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a efectos de que este pueda -de considerarlo necesario- solicitar un informe oral ante el Órgano Sancionador. La solicitud de informe oral debe ser presentada dentro del plazo de tres (3) días hábiles de notificado el servidor o ex servidor civil.

El Órgano Sancionador atiende el pedido señalando lugar, fecha y hora, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, debiendo tener en cuenta que el plazo para emitir pronunciamiento sobre la comisión de la falta es de diez (10) días hábiles, prorrogables por igual período de tiempo, debidamente sustentado.

17.2 Registro en el legajo
Se registran en el legajo las sanciones de amonestación escrita, suspensión sin goce de compensaciones y destitución. Las amonestaciones verbales no se registran en el legajo del servidor civil. Son de carácter reservado, conforme con lo dispuesto en la LSC.

17.3 Oficialización de la sanción
La sanción se entiende oficializada cuando es comunicada al servidor o ex servidor civil, bajo los términos del artículo 93 del Reglamento y 89 y 90 de la LSC. Para los casos de amonestación escrita, cuando el jefe inmediato actúa como Órgano Instructor y Sancionador, una vez decidida la sanción, este debe comunicar al Jefe de Recursos Humanos o el que haga sus veces, para que dicha sanción sea puesta en conocimiento del servidor o ex servidor civil procesado. En los casos de suspensión y destitución, corresponde al mismo Órgano Sancionador oficializar la sanción o emitir el acto de sanción.

La Secretaría Técnica queda a cargo de la notificación de los actos de oficialización de la sanción.

18. LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS

18.1 Contra las resoluciones que ponen fin al PAD, pueden interponerse los recursos de reconsideración o apelación ante la propia autoridad que impuso la sanción.

18.2 En el caso de las amonestaciones escritas, los recursos de apelación son resueltos por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces.

18.3 En los casos de suspensión y destitución, los recursos de apelación son resueltos por el Tribunal del Servicio Civil.

18.4 La interposición de los recursos impugnativos no suspende la ejecución de la sanción, salvo lo dispuesto para la inhabilitación como sanción accesoria.

19. REGLAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS EN EL PAD

19.1 Para efectos del PAD, se entiende que son funcionarios aquellos que han sido definidos como tales en la LSC y en la LMEP, inclusive para los regímenes distintos al de la LSC, con las exclusiones señaladas en el primer párrafo del numeral 4.1 de la presente directiva. Estas disposiciones se dictan en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 de la LSC y rigen de igual manera para los ex funcionarios.

19.2 En el caso de funcionarios pertenecientes a un Sector, el Órgano Sancionador se constituye en la figura del Titular del Sector para todos los casos y es quien oficializa la sanción.

19.3 Si los funcionarios pertenecen a una entidad no adscrita a un Sector, la
Resolución que conforma la Comisión a la que se hace referencia en el artículo
93.4 del Reglamento la emite el funcionario público responsable de la conducción de la entidad. En este supuesto, la Comisión Ad-hoc es determinada por dicho funcionario público y se compone por dos (2) funcionarios del mismo rango o jerarquía y el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces de la entidad. En caso la entidad no cuente con funcionarios de rango equivalente, se puede designar a funcionarios de rango inmediato inferior. El funcionario que tiene a su cargo la conducción de la entidad emite y oficializa también la resolución de sanción o archivo, según corresponda.

19.4 En el caso de funcionarios de gobiernos regionales y locales, la composición de la Comisión Ad-hoc a que se refiere el artículo 93.5 del Reglamento es determinada por el Consejo Regional o Concejo Municipal, según corresponda. La Comisión se integra por dos (2) miembros elegidos entre los directivos

públicos de la entidad de rango inmediato inferior al funcionario procesado y el Jefe o responsable de la ORH de la entidad, quien será también el responsable de oficializar la sanción.

19.5 Las demás disposiciones relacionadas al régimen disciplinario y procedimiento sancionador reguladas por la LSC y su Reglamento son de aplicación para determinar la responsabilidad de los funcionarios o ex funcionarios, a que se refiere el presente apartado, en lo que corresponda.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES PRIMERA.-APLICACIÓN A OTRAS FORMAS DE CONTRATACIÓN
La presente directiva también se aplica a otras formas de contratación de servicios de
personal en articulación a lo dispuesto en el artículo 4 del CEFP.

SEGUNDA.-ADECUACIÓN DE NORMATIVA INTERNA
Las entidades públicas deben adecuar su normativa interna sobre Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador a los lineamientos desarrollados en la presente directiva, de conformidad al Decreto Legislativo N° 1023 que establece la rectoría de SERVIR.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- SOBRE LAS COMISIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
Las Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, o quienes hagan sus
veces en los regímenes laborales, que al 13 de setiembre de 2014 estaban investigando la presunta comisión de faltas, pero que no notificaron al servidor civil el inicio del disciplinario con la imputación de cargos, deben remitir los actuados a la Secretaría Técnica, la que se encargará del procedimiento conforme a lo dispuesto en la presente directiva.

Los PAD que se encuentren en curso ante las Comisiones de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de las entidades, una vez finalizados los procedimientos, deben remitir los actuados al ST de la entidad para su custodia y archivo.

SEGUNDA.- SANCIONES ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LSC
Para los procesos en curso seguidos por faltas cometidas antes de la entrada en vigencia del régimen disciplinario dispuesto por la Ley Nº 30057 y su Reglamento, las sanciones de cese temporal y despido, reguladas bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276 y 728, son aplicables para los casos que correspondan.

ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Modifíquese el numeral 5.2.1 del punto 5.2 de la Directiva N°001-2014-SERVIR/GDSRH que aprueba los “Lineamientos para la Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°233-
2014-SERVIR-PE, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:

“5.2 – SANCIONES MATERIA DE INSCRIPCIÓN
5.2.1.- Sanciones de obligatoria inscripción en el Registro
Las sanciones que son objeto de inscripción en el Registro son las siguientes:
a) Destitución o despido y suspensión, independientemente de su régimen laboral.
b) Sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por la Contraloría
General de la República y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. c) Inhabilitaciones de ex – servidores civiles.
d) Inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial.
e) Otras que determine la normatividad.”

RELACIÓN DE ANEXOS Y GRÁFICOS

ANEXOS:

Anexo A Formato de denuncia
Anexo B Estructura y formato de carta respuesta al denunciante
B1 Estructura de carta respuesta al denunciante
B2 Formato de carta respuesta al denunciante
Anexo C Estructura del informe de precalificación por parte del Secretario
Técnico:
C1 Dispone archivo de la denuncia
C2 Recomienda inicio del PAD Anexo D Estructura del Acto que inicia el PAD Anexo E Informe del Órgano Instructor
Anexo F Estructura del Acto de sanción disciplinaria
Anexo G Estructura del Acto de archivo del PAD

GRÁFICOS:

Gráfico 1 Cronología de la vigencia del PAD – LSC Gráfico 2 Esquema procedimental del PAD Gráfico 3 Flujograma del procedimiento

ANEXO A FORMATO DE DENUNCIA

Ciudad de ………., a los …… días del mes ……. de ….

Yo, ………………………………………………….. identificado con ……………………………………………….. (nombre completo y apellidos, en caso de ser persona natural y nombre de la empresa y de su representante, en caso de ser persona jurídica)

y domicilio en ……………………………………….………………………….. me presento ante usted, con la finalidad de dejar constancia de una denuncia contra el servidor(es)
………………………… de vuestra entidad, conforme a los hechos que a continuación
expongo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… (Se debe realizar una exposición clara de la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores y partícipes y el aporte de la evidencia o su descripción, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación)

Adjunto como medios probatorios copia simple de lo siguiente:
1. ……………………
2. …………………..
3. …………………..

EN CASO NO SE CUENTE CON LA PRUEBA FÍSICA, declaro bajo juramento que la
autoridad …………………………………………………….. la tiene en su poder.

EN CASO NO SE TRATE DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL, adjunto como prueba
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nombre y firma del denunciante)

(Se debe adjuntar copia simple del documento de identidad: D.N.I., Carné de Extranjería o Pasaporte y vigencia de poder, de ser el caso, de la persona natural o representante de la empresa).
Nota: El denunciante puede solicitar una copia de la denuncia que presenta, la misma que se le debe otorgar sin costo adicional.

ANEXO B1
ESTRUCTURA DE LA CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE

1. Lugar y fecha de emisión.
2. Persona a quien va dirigida la comunicación (denunciante/colaborador).
3. Domicilio del destinatario de la comunicación (denunciante/colaborador).
4. Identificación de la denuncia y su estado, teniendo en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806.
5. Agradecimiento por su colaboración.
6. Firma.

ANEXO B2
FORMATO CARTA RESPUESTA AL DENUNCIANTE

Ciudad de ………., (fecha)

Señor(a)
………………………………..
(nombre completo y apellidos)
…………………………………………………. (dirección indicada en la denuncia) Presente.-

Apreciado(a) o Estimado(a) señor(a) …………………………………………………

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, con el fin de informarle el estado de la denuncia formulada y presentada ante nuestra entidad el día …. del mes de ………….. de …………

Al respecto, cumplimos con informar, conforme lo dispone el artículo 101 del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2014-PCM, que su denuncia tiene el siguiente estado:

En investigación a cargo de la Secretaría Técnica
En precalificación por el Secretario Técnico
En trámite por el Órgano Instructor
Se inició procedimiento administrativo disciplinario
Se dispuso su archivo *

*Se debe exponer claramente las razones por las cuales se dispuso el archivo de la denuncia.

Por parte nuestra, le agradecemos su colaboración y le precisamos que la información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública, guardan reserva con referencia al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de conformidad con lo establecido por el numeral 3 del artículo 17 del D.S. Nº 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

……………………………………..
(Firma e identificación del ST)

ANEXO C1
ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN (dispone archivo de la denuncia)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil señalado en la denuncia, reporte o informe de control interno, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Descripción de los hechos relacionados con la falta presuntamente cometida señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno y los medios probatorios en que sustentan.
3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada.
5. Fundamentación de las razones por las que se dispone el archivo. Análisis de los
documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para dicha decisión.
6. Disposición del archivo.

ANEXO C2
ESTRUCTURA DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN (recomienda inicio del PAD)

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Descripción de los hechos que configuran la presunta falta. Identificación de los hechos señalados en la denuncia, reporte o el informe de control interno, así como, de ser el caso, los hechos identificados producto de las investigaciones realizadas y los medios probatorios presentados y los obtenidos de oficio.
3. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
4. Fundamentación de las razones por las cuales se recomienda el inicio del PAD.
Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para dicha recomendación.
5. La posible sanción a la presunta falta imputada.
6. Identificación del Órgano Instructor competente para disponer el inicio del PAD.
7. De ser el caso, propuesta de medida cautelar. Debe tenerse en cuenta la gravedad de la presunta falta, así como la afectación que esta genera al interés general.
8. Recomendación de inicio del PAD.

ANEXO D
ESTRUCTURA DEL ACTO QUE INICIA EL PAD

1. La identificación del servidor o ex servidor civil procesado, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. La falta disciplinaria que se imputa, con precisión de los hechos que configurarían dicha falta.
3. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
Análisis de los documentos y en general los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión.
4. La norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. La medida cautelar, de corresponder.
6. La posible sanción a la falta cometida.
7. El plazo para presentar el descargo.
8. La autoridad competente para recibir el descargo o la solicitud de prórroga.
9. Los derechos y las obligaciones del servidor o ex servidor civil en el trámite del procedimiento, conforme se detallan en el artículo 96 del Reglamento.
10. Decisión de inicio del PAD.

ANEXO E
INFORME DEL ÓRGANO INSTRUCTOR

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente vulnerada.
3. Los hechos que determinaron la comisión de la falta y los medios probatorios en que se sustentan.
4. Su pronunciamiento sobre la comisión de la falta.
5. La recomendación del archivo o de la sanción aplicable, de ser el caso.
6. El proyecto de resolución o comunicación que pone fin al procedimiento, debidamente motivado.

ANEXO F
ESTRUCTURA DEL ACTO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA

1. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
2. La falta incurrida, incluyendo la descripción de los hechos y las normas vulneradas, debiendo expresar con toda precisión la responsabilidad del servidor o ex servidor civil respecto de la falta que se estime cometida.
3. La sanción impuesta.
4. Los recursos administrativos (reconsideración o apelación) que pueden interponerse contra el acto de sanción.
5. El plazo para impugnar.
6. La autoridad ante quien se presenta el recurso administrativo.
7. La autoridad encargada de resolver el recurso de reconsideración o apelación que se pudiera presentar.

ANEXO G
ESTRUCTURA DEL ACTO DE ARCHIVO DEL PAD

1. Identificación del servidor o ex servidor civil, así como del puesto desempeñado al momento de la comisión de la falta.
2. Los antecedentes y documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento.
3. De ser el caso, descripción de los hechos identificados producto de la investigación realizada.
4. Norma jurídica presuntamente vulnerada.
5. Fundamentación de las razones por las que se archiva. Análisis de los documentos y en general de los medios probatorios que sirven de sustento para la decisión.
6. Decisión de archivo.

Gracias por tu preferencia, por escribir y difundir el blog.

 

RICARDO AYALA GORDILLO

ABOGADO

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Categoría : PAD

25 de Marzo del 2019

CARTA NOTARIAL

La comunicación entre las personas, siempre es vital.

La adecuada comunicación está en crisis, la factura la pagan las parejas, los hogares, las relaciones laborales, entre la administración pública y privada con los administrados, entre gobernantes y gobernados.  

Es común la distrosión de lo dicho o hecho por eso lo del “teléfono malogrado” o la interpretación de la verdad por cada quien a su medida.

Antes de la masificación del uso del internet era habitual que para comunicarse con otra persona se acuda o al teléfono por cable que muy pocos contaban, a las oficinas de correo para enviar un telegrama para comunicaciones breves y urgentes; para enviar la carta simple (a los seres queridos aquellas que nos costaba redactar y más esperar la respuesta que en ocasiones las atesoramos), la carta certificada cuando se quería tener certeza de su recepción,  la Carta comercial cuando se trataba de ofertas o comunicaciones entre empresas y sus usuarios y la Carta  Notarial cuando por Ley se exigía remitir una comunicación por dicha vía.  

El internet y la tecnología nos ha cambiado en extremos : casi han desaparecido las oficinas de correo, escasamente se usan los telegramas y las cartas simples, ahora, basta pulsar en la pantalla del celular o el teclado de la computadora para conectarnos al instante con el destinatario que vive al otro lado del mundo mediante correo electrónico, chat o audio y video  y permanecer comunicados todo el dia;  paradójicamente nos ha distanciado de los seres más cercanos y con ello afectado la comunicación esencial con nuestro entorno inmediato.

Las Cartas Notariales mantienen su vigencia.

Está reservada para comunicar decisiones importantes o las previas a la adopción de otras medidas.

Debe contener con certeza y claridad:

  • El nombre completo del destinatario y la dirección correcta de su domicilio actual, en caso de desconocer o tener duda es aconsejable realizar las verificaciones que correspondan, caso contrario, puede no ser entregada o será rechazada dando lugar a que le sea devuelta al remitente perdiéndose el costo del servicio.
  • El cuerpo o contenido, por lo general, mas que para formular un pedido, está orientado a poner en conocimiento del destinatario una verdad, recordar la proximidad o el inicio, fin u otorgamiento de un plazo o de un evento preacordado, el preaviso a una decisión, un incumplimiento, un requerimiento a título personal o porque es un requisito previsto en la Ley previo a iniciar alguna acción legal. Así, puede servir para : aclarar o rechazar una afirmación o un hecho que se le atribuye, pedir la restitución del inmueble dado en arrendamiento por vencimiento de contrato o falta de pago, la rectificación de expresiones vertidas contra el honor personal (calumnia, difamación, injuria), el inicio o término de una relación convivencial o de unión de hecho, la fecha cierta en que se hace entrega de una suma de dinero o de un bien o se formula un reclamo, el vencimiento del plazo para cancelar deudas, para que cumpla con reconocer al hijo o la pensión de alimentos con los documentos que en copia certificada se adjuntan, el requerimiento previo a demandar Acción de Cumplimiento, la conveniencia de arribar a una transacción extrajudicial o a una conciliación extrajudicial, requerir el pago de Honorarios profesionales o de mensualidades impagas, el cese del descuento o la devolución de lo ilegalmente descontado, el reiterado incumplimiento de lo pedido en fechas ciertas y no atendido, imputar la responsabilidad extracontractual presunta; el pago de indemnizaciones; etc. Es aconsejable precisar la fecha o plazo que se otorga para obtener respuesta o la atención de lo requerido.
  • El nombre completo del destinatario, DNI, la dirección correcta de su domicilio actual y opcionalmente el N° de celular como el correo electrónico.   

Con este fin el remitente llevará la Carta al Notario en 3 juegos (una para el destinatario uno para el cargo de la Notaría donde se dejará constancia de la notificación y otra como cargo de la dejada por el interesado) para que sea la Notaría la que notifique al destinatario, previo pago del costo por el servicio; devolviendo al remitente el cargo debidamente firmado por el Notario, dentro de un plazo de 3 días hábiles. Es importante indicar a la Notaría que se autoriza dejar la Carta bajo la puerta.

Al dorso del cargo de la carta entregada deberá precisar la fecha y hora en que fue diligenciada, el nombre completo de la persona que lo recibió su relación con el destinatario, su N° de documento de identidad, las características de dicha persona*, como las características del inmueble y el número de suministro eléctrico cuando sea posible, como el nombre y DNI del notificador**

El énfasis anterior obedece en que hay casos en que la persona que recibe la Carta es la destinataria, lee el contenido y aún así se niega  recibirla, aduciendo ser otra persona y/o que el destinatario no vive o que ya no vive ahí, circunstancia de la que el notificador dejará tal constancia y dejará la carta bajo la puerta.  

Las Cartas Notariales si bien pueden ser redactadas por el interesado (remitente) como por el destinatario (en respuesta), es aconsejable que sea elaborada por el Abogado de su elección quien, previo estudio de los hechos y documentos aplicando su ciencia y experiencia, podría persuadir al destinatario y con ello, evitar uno o más juicios largos y por tanto onerosos o demostrar la conveniencia de iniciarlos, salvo que sean factibles de manejarlos mediante medios alternativos de solución de conflictos.  

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

Estudio  : Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

CITAS, CONSULTAS Y SERVICIOS LEGALES

asesoriadefensa02@gmail.com

Celular : 985  483 172 o las redes sociales

28 de Abril del 2019

Categoria : Derecho de Familia

Fotografía : Gracias a https://pixabay.com/es/photos/search/notario/ 

DERECHOS SUCESORIOS ENTRE MIEMBROS DE UNION DE HECHO

 

                                                                                                                                     Por : Ricardo Ayala Gordillo

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos.

La Ley reconoce derecho sucesorio entre  los convivientes, esto es, a que al fallecimiento de uno, el otro pueda heredarlo forzosamente como a acceder a la herencia, cobrar las pensiones y seguros, para lo cual, el sobreviviente, deberá adjuntar a los familiares o juzgado,  empleador o empresa de seguros, según corresponda: el testimonio de la escritura pública o la sentencia judicial firme debidamente inscrita en el Registro Personal de los Registro Públicos.

La inscripción de la Unión de Hecho será tramitada notarialmente cuando habiendo cumplido más de dos años como convivientes, ambos se encuentran viviendo juntos y en armonía.

La inscripción de la Unión de Hecho será judicial cuando habiendo cumplido más de dos años como convivientes, viven en el mismo domicilio pero separados de cuerpo, o viven en domicilios diferentes o abandonó el hogar o falleció uno de ellos.

Los hijos de los convivientes podrán promover el reconocimiento de la Unión de Hecho de sus padres.

La falta de reconocimiento e inscripción oportuna de la declaración de Unión de Hecho pueda dar lugar a que el sobreviviente sea despojado por los familiares del fallecido o quienes se reclamen mejor derecho a heredarlo.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

ABOGADO

Estudio  : Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

CITAS, CONSULTAS Y SERVICIOS LEGALES

asesoriadefensa02@gmail.com

Celular : 985  483 172 o las redes sociales

27 de Abril del 2019

Categoria : Derecho de Familia

Fotografía : Gracias a  https://picography.co/?s=family