denuncias·DERECHO LABORAL·Gestión Pública·Procedimiento Administrativo General·Proceso Administrativo Disicplinario

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS, RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE TEMAS DE (II)


 

                                                                                                                         Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

 

 

Nulidades en el proceso disciplinario

El procedimiento administrativo disciplinario (PAD) como la sanción impuesta, puede ser declarado nulo a pedido de parte (efectuado por el procesado, su abogado  o su representante legal) o de oficio, por la autoridad jerárquicamente superior (en caso de amonestación escrita) o el Tribunal de Servicio Civil de SERVIR, (en caso de suspensión o destitución) si se encuentra incurso en alguna de las causales de Nulidad del Acto Administrativo previstos en el Artículo 10 de la Ley o del TUO de la Ley 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

  1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
  2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
  3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.
  4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

 

Asi, es Nulo si el acto administrativo que no contiene los requisitos de validez previstos en el Art. 3 de la indicada Ley:

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

  1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
  2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
  3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
  4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
  5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

 

En ese sentido, puede declararse la Nulidad del PAD o de la sanción impuesta, entre otras razones: cuando ya ha prescrito la falta, o si se impone sanción sin la investigación preliminar y/o el PAD previo; si investigación preliminar y/o el PAD son llevados a cabo por autoridad incompetente, o sin reunir las formalidades o requisitos establecidos por la Ley 30057; si se apertura por una falta y se sanciona por otra distinta, o cuando el PAD es llevado en forma irregular en contravención con los principios que informan al procedimiento sancionador o la sanción resulta desproporcional a la falta cometida, etc.

 

Perú, derecho de petición

La Constitución  reconoce a todo(a) ciudadano (a) peruano(a) el derecho a pedir el respeto de sus derechos humanos previstos en los Artículos 1, 2, 3, 26 y siguientes de la Constitución.

De manera específica  el Art. 2, inciso 20) reconoce el derecho fundamental de toda persona: “a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”.

 

El TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General precisa:

Artículo 115.- Derecho de petición administrativa

115.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

 

115.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

 

115.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.  Tal derecho impone a la administración el deber de:

  1. a) “Facilitar los medios para que el ciudadano pueda ejercitar el derecho de petición sin trabas absurdas o innecesarias.
  2. b) Abstenerse de cualquier forma o modo de sancionar al peticionante, por el solo hecho de haber ejercido dicho derecho.
  3. c) Admitir y tramitar el petitorio.
  4. d) Resolver en el plazo señalado por la ley de la materia la petición planteada, ofreciendo la correspondiente fundamentación de la determinación.
  5. e) Comunicar al peticionante la decisión adoptada” (STC 01042-2002-AA/TC, fundamento 2.2.4, último párrafo).

A la vez,  el pedir documentación o información que posea la entidad no requiere expresar la causa, es decir, sin necesidad de justificar para que se solicita dicha documentación.

Asimismo,  pedir documentación o información que posea la entidad  no obliga a que la entidad produzca la  información que solicita.

Los pedidos formulados por el ciudadano o administrado, deben ser respondidos por la autoridad administrativa dentro del plazo establecido por la Ley, bajo responsabilidad administrativa y funcional de ser sancionados conforme al PAD establecido por la Ley 30057, Ley de Servicio Civil como la que resulte aplicable, pudiendo dar lugar a la denuncia del titular de la entidad ante la Fiscalía Penal, en caso de incumplimiento .

 

Importante es saber que el derecho de petición apareja el deber del administrado de proceder con la verdad y apego a la Ley, caso contrario el pedido puede cual boomerang resultarle adverso con implicancias administrativas, penales como civiles si ese fuera el caso.

 

Artículo 65.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales:

 

  1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental

 

  1. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos.

 

  1. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

 

  1. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

 

 

 

 

Órgano Sancionador

En el Régimen Sancionador y Procedimiento Administrativo Disciplinario previsto en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, aplicable a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057:

Es el Jefe Inmediato del servidor procesado, si la sanción es de amonestación verbal o escrita

El Jefe de la Oficina de Personal si la sanción consiste en suspensión si goce de remuneraciones desde un día hasta un año.

El Titular de la entidad si la sanción consiste en destitución.

 

 

Sanción por agresión verbal

Para sancionar válidamente a los servidores de los regímenes laborales del D.Leg. 276, 728 y 1057, se requiere que previamente exista una Investigación Preliminar a cargo del Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien de concluir en que el denunciado le asiste presunta responsabilidad administrativa podrá recomendar se le aperture PAD ante la cual ejerza su derecho a defenderse del cargo imputado, a cuyo término, de no desvirtuarla, se le impondrá la sanción que resulte proporcional a la gravedad de la falta incurrida.

Si se sanciona prescindiendo del procedimiento antes indicado, la sanción se encontraría incursa en Nulidad de pleno derecho, legitimando al procesado a impugnarla con invocando su nulidad.

 

¿Que pasa con el funcionario de institución pública que  ha sido denunciada por acoso?

Si la denuncia es en la vía penal será investigado y de ser el caso procesado judicialmente, de ser hallado culpable podría ser condenado a pena restrictiva de la libertad.

Si la denuncia es en la vía administrativa podría ser sometido a investigación dentro de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, si lo encuentran culpable en la vía administrativa podrían sancionarlo con amonestación escrita, suspensión sin goce de remuneraciones o destitución.

 

 

¿Dónde me quejo de una notaría en Perú?

Dependiendo de lo que se trate en el Libro de Reclamaciones de la misma Notaría, el cual está sujeto a la intervención del Notario como del Indecopi; pudiendo recurrir también ante el Colegio de Notarios como ante el Colegio de Abogados, si se tratara de un acto propio del Abogado Notario.

 

¿Dónde denunciar una estafa o fraude de la alcaldía (catastro)?

La estafa o fraude es un delito,  por tal razón, debe ser denunciado ante la Fiscalía Penal ; sin embargo si evaluados los hechos  se concluye que se trata de un delito de corrupción de funcionarios la Fiscalía competente será la Fiscalía Anticorrupción, lo cual implicará la necesaria intervención previa de la Contraloría General o a través del Órgano de Control Institucional de la entidad.

Lo anterior no impide que puedas denunciar la conducta del servidor ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad .

 

 

Gracias por tu preferencia.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO   

                  ABOGADO

 

RPM        985 483 172

RPC        994 948 189

Email:      asesoriadefensa02@gmail.com

Estudio :   Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Perú

(Atención previa cita confirmada telefónicamente)

 

Anuncios

2 comentarios sobre “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y DENUNCIAS, RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE TEMAS DE (II)

  1. Estimado Dr.. Ayala,
    Respecto de las quejas o denuncias por presunta infracción administrativa de una notaria, esta debe ser dirigida al Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de la jurisdicción; no obstante, de considerarse que la falta sea grave, sugiero remitir copia al Consejo del Notariado, que tiene competencia disciplinaria del notariado nacional, siendo su atribución, recibir quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la función notarial, de conformidad con el D. Leg 1049-Ley del Notariado; y esto por que el Tribunal de Honor de los Colegios de Notarios (debe aperturar los procedimientos disciplinarios) y el Fiscal (asume la investigación de la presunta infracción administrativa disciplinaria) son miembros delpropio colegio; y particularmente considero que afecta la imparcialidad y la objetividad del proceso.

    Me gusta

    1. José

      Muy agradecido por tu oportuno aporte.

      Solo el añadido que, siempre hay el riesgo de la imparcialidad en los órganos colegiados
      de Colegios Profesionales como el de Notarios que indicas.

      Gracias por tu preferencia.

      RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
      ABOGADO
      RPM 985 483 172
      RPC 994 948 189
      Email: asesoriadefensa02@gmail.com
      Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru
      (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

      Me gusta

Gracias por tu preferencia. RICARDO PERCY AYALA GORDILLO ABOGADO RPM 985 483 172 RPC 994 948 189 Email: asesoriadefensa02@gmail.com Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima - Peru (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s