Por RICARDO AYALA GORDILLO

 

Se ha hecho habitual que pensar en la Navidad sea sinónimo de obligación de comprar regalos, enhorabuena por los que pueden; particularmente, considero que la Navidad es el compartir familiar – que debiera ser cotidiano- para reflexionar sobre el mensaje de realidad, fé y esperanza que significa todo nacimiento, en este caso, el de Jesús, que su luz ilumine el dia a dia de cada persona y su familia prodigándole abundantes bendiciones con ello, mis deseos de permanente bienestar material como espiritual a mis lectores, clientes, familiares y amistades :

¡¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!.

 

En este contexto, hace apenas unos días, el 21 de diciembre 2016, el Gobierno nos ha dado un regalo legal, ha modificado la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General  y derogado la Ley 29060 Ley del Silencio Administrativo.

 

¿Por que es un regalo? Porque las modificatorias y derogatoria debe significar un cambio mas favorable a los trámites que a diario realiza el ciudadano – administrado ante diversas entidades públicas como ante empresas que prestan servicios públicos de telefonía, agua, luz, etc. al Estado, sobre las cuales iremos comentando progresivamente en artículos siguientes.

Por la brevedad del tiempo, considero interesante compartir el artículo publicado por La LEY , y a continuación compartir la modificatoria referente al Procedimiento Sancionador, el incremento de Faltas aplicables y sobre el encargo dado ahora a Contraloría como a los Organos de Control Institucional para recibir las denuncias de los administrativos

http://laley.pe/not/3686/conoce-aqui-los-17-principales-cambios-al-procedimiento-administrativo/ .

 

FIJAN 12 NUEVAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y 6 EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

Conoce aquí los 17 principales cambios al procedimiento administrativo

 

El reciente Decreto Legislativo Nº 1272 busca agilizar y optimizar los procedimientos administrativos que se realizan en las entidades públicas. Para ello, modifica diversas disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley del Silencio Administrativo. De esta manera se crean nuevas guías que los ciudadanos deberán tomar en cuenta durante sus trámites ante el Estado.

(Foto: Andina)

 

A partir de ahora, los procedimientos administrativos en las entidades públicas sufrirán significativos y progresivos cambios. Por un lado, la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley N° 27444) tendrá nuevas disposiciones, mientras que por el otro, la Ley del Silencio Administrativo quedará derogada. Así lo fija el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado este miércoles 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

 

Algunas de las modificaciones que establece la norma recaen sobre los derechos de los administrados, la velocidad de la respuesta por parte de los entes donde se realizan trámites administrativos, los supuestos eximentes de responsabilidad por infracciones y la incorporación de faltas. Además, ordena que el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444 sea aprobado en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de este jueves.

 

La norma deberá aplicarse tanto por parte de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– como por los gobiernos regionales y locales, los organismos autónomos del Estado y las personas jurídicas que, estando bajo el régimen privado, prestan servicios al Estado o ejercen funciones administrativas. A continuación, te explicamos al detalle los cambios normativos más importantes que trae el nuevo decreto.

 

  1. Tres novedosos principios.El Decreto Legislativo Nº 1272 incorpora los siguientes principios: de ejercicio legítimo del poder, de responsabilidad y de acceso permanente. El primero establece límites dentro de las facultades o potestades que posee la autoridad administrativa, con la finalidad de evitar el abuso del poder. Por su parte, el segundo principio obliga a la administración responder por los daños que perjudiquen a los administrados cuando la causa sea el mal funcionamiento de la actividad administrativa. Finalmente, el principio de acceso permanente busca facilitarle al administrado el acceso a la información sobre el estado de sus trámites.

 

  1. No cualquier notificación será válidamente efectuada.La norma también ordena que las notificaciones enviadas por correo electrónico sean validadas solo cuando la entidad reciba la respuesta de recepción, cuyo plazo es de dos días útiles.

 

  1. Administrados que mienten serán puestos en evidencia.Aquellos administrados que presenten declaraciones o informaciones falsas o fraudulentas serán incluidos en una lista pública. Esta relación será emitida y actualizada trimestralmente en la Central de Riesgo Administrativo.

 

  1. No más papeleo.A su vez, el decreto prohíbe a las entidades solicitar documentación que ellas mismas administren o tengan a la mano. Esta disposición se adecúa al Decreto Legislativo Nº 1246, que se publicó anteriormente y que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

 

  1. Se reconocen nuevos derechos de los administrados. Con la norma, se incorporan como nuevos derechos de los administrados el no presentar los documentos que las entidades tengan prohibido solicitar y a no pagar tasas diferentes a las reguladas. Además, las renovaciones de licencias o permisos se entenderán como prorrogadas siempre que el administrado lo solicite durante la vigencia original y la autoridad se encuentre instruyendo el procedimiento de renovación.

 

  1. Espacios idóneos.Las entidades deberán habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada al público.

 

  1. Denunciantes protegidos.La norma también establece que las entidades receptoras de denuncias podrán otorgar medidas de protección a los denunciantes.

 

  1. Respuestas puntuales.De otro lado, las entidades estarán obligadas a responder las solicitudes de información dentro del plazo que establece la ley.

 

  1. El recurso administrativo de revisión podrá ser interpuesto solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente.

 

  1. Responsabilidad administrativa subjetiva.En los principios de la potestad sancionadora administrativa, se agrega el principio de culpabilidad, el cual señala que la responsabilidad administrativa es subjetiva, a menos que por ley o decreto legislativo se establezca como objetiva.

 

  1. Situaciones que eximen de responsabilidad por infracciones. El decreto también fija seis supuestos en los que los administrados no serán responsabilizados por infracciones:

 

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

 

 

  1. Nuevas faltas administrativas.Por otra parte, se agregan 12 faltas administrativas que traen como consecuencia la suspensión, el cese o la destitución de la autoridad o personal administrativo. Algunos de los nuevos supuestos que califican como falta son: no resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada; desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa; incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos y  cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

 

  1. Digitalización del procedimiento.El decreto ordena la incorporación del procedimiento administrativo electrónico. Esto, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales.

 

  1. Entidades interconectadas. Las entidades permitirán a otras el acceso gratuito a sus bases de datos para consultar información requerida.

 

  1. Nuevos parámetros en la Contraloría y la Oficina de Control Interno. Los roles cumplidos por la Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno responderán a nuevos parámetros específicos.

 

  1. Caducidad ampliable.La norma ordena que el plazo para la caducidad de los procedimientos sancionadores iniciados de oficio será de nueve meses. Sin embargo, también prevé que podrá otorgarse una prórroga de tres meses más.

 

  1. Se incorpora la Actividad Administrativa de Fiscalización, como un conjunto de actos, diligencias, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados.

 

 

Durante mis días de estudiante de Derecho estaba lejos de sospechar cuan cotidiano me resultaría el Derecho Administrativo, al cual me introduje abruptamente a partir de la experiencia laboral como Auditor Jefe reconocido por Contraloría que, con igual premura, me remitió a empaparme en la normativa y aplicación de las normas que regulan el Proceso Administrativo Disciplinario como Abogado, Asesor de diversas entidades públicas, con cuyas experiencias me permito contribuir a  través de los artículos publicados en el Blog como a los consultantes al mismo o al correo personal en la esperanza que las peticiones que formulen y sobre todo las decisiones que se adopten resulten legales, como en lo posible, justas.

 

Por esta línea de trabajo en adición a las expuestas en los párrafos anteriores consideramos de relevante importancia antelar las modificaciones relacionadas al Procedimiento Sancionador como  las asignadas a Contraloría y a los Organos de Control Institucional.

 

 “Artículo 229. Ámbito de aplicación de este capítulo

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.

 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa sobre la materia.”

 

“Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

  1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
  2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento.

Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas.

  1. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción.

Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

  1. a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
  2. b) La probabilidad de detección de la infracción;
  3. c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
  4. d) EI perjuicio económico causado;
  5. e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
  6. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
  7. g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

 

 

  1. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

 

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición.

  1. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
  2. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

  1. a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
  2. b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
  3. c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el

ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.

  1. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
  2. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.
  3. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.
  4. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.”

(…)

“Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente.

 

Las medidas correctivas deben estar previamente tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto.

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.”

 

Es en consecuencia  ilegal, imponer una medida correctiva no tipificada previamente como tal.

 

“Artículo 233. Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.

 

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de 232 infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes.

 

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado.

 

233.3 La autoridad declara de oficio la prescripción y da por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.

 

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia.

 

 

 

“Artículo 234. Caracteres del procedimiento sancionador

234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

  1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción.
  2. Considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores.
  3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.
  4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación.

 

234.2 La Administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio.

 

“Artículo 235. Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

  1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.
  2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación.

 

  1. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

 

  1. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

 

  1. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción.

 

La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.

 

Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

 

  1. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.”

 

Congruente como diferente, en parte, con el procedimiento sancionador previsto en la Ley 30057.

 

“Artículo 236. Medidas de carácter provisional

236.1 La autoridad que tramita el procedimiento

puede disponer, en cualquier momento, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 146.

 

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto concreto.

236.3 No se puede dictar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de sus derechos.

 

236.4 Las medidas de carácter provisional no pueden extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.5 Durante la tramitación, la autoridad competente que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional las revoca, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

 

236.6 Cuando la autoridad constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión provisional, esta debe ser cambiada, modificando las medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por otras, según requiera la nueva medida.

 

236.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que en su caso se adopten, se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción impuesta.

236.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen por las siguientes causas:

  1. Por la resolución que pone fin al procedimiento en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo de que se trate puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del recurso.
  2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.”

 

 

“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracci nes las siguientes:

  1. a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.
  2. b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
  3. c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción.
  4. d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones.
  5. e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal.
  6. f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la

notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:

  1. a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

  1. b) Otros que se establezcan por norma especial.”

 

Oportuna incorporación de reclamados eximentes y atenuantes a favor del administrado

 

Artículo 239.- Faltas administrativas

 

239.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de

los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

  1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.
  2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.
  3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.
  4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
  5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
  6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.
  7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.
  8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.
  9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.
  10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refi ere el numeral 160.1 de esta Ley.
  11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de manera negligente o injustificada.
  12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
  13. Incumplir con los criterios, procedimientos y metodologías para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios administrativos.
  14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.
  15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
  16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los procedimientos estandarizados.
  17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a los dispuestos en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.
  19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.

20 Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 125;

  1. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.
  2. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo de Ministros.

239.2 Las correspondientes sanciones deben ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.”

 

Ampliar el número de faltas es el resultado de haber verificado no solo que existen sino que son las que mas proliferan en las diversas entidades públicas, constituyendo el proceso de implementación de 60 dias (hasta el 21 de febrero2017), para los titulares de las entidades, no solo el deber de capacitar al personal sino modificar los instrumentos de gestión y en determinados casos racionalizar o incrementar recursos humanos como adecuar  su infraestructura.

 

“Artículo 49-B.- Rol de la Contraloría General y de los órganos de control interno

49-B.1 Corresponde a la Contraloría General de la República y a los órganos de control interno de las entidades, en el marco de la Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, verificar de oficio que las entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento Administrativo, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.”

49-B.2 Los administrados podrán presentar denuncias ante los órganos de control interno de las entidades, que forman parte del Sistema Nacional de Control, o directamente ante la Contraloría General de la República, contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan cualquiera de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.

49-B.3 Es obligación de los órganos de control interno de las entidades o de la Contraloría General de la República que conocen de las denuncias informar a los denunciantes sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como resultado de las denuncias en relación a las irregularidades o incumplimientos que son objeto de denuncia.

49-B.4 El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia institucional, en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este dispositivo.”

 

Particularmente consideramos que esta función debiera encomendarse a las Secretarías Técnicas de Procedimiento Administrativo Disciplinario a efectos de no recargarse la labor relevante de los Organos de Control Interno en evaluar la adecuada ejecución de los recursos públicos asignados a las entidades.

 

Comprobado está que mejores leyes por si solas  no hacen un cambio significativo en la sociedad, de ahí la urgencia en la difusión de las Leyes antes mencionadas tanto en los ciudadanos –administrados como por parte de la entidades públicas representadas por los funcionarios, directivos y los servidores, quienes están obligados al mejor conocimiento de las normas administrativas que regulan sus funciones como todas aquellas relacionadas a su quehacer.

 

Exitos en tu cometido.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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CATEGORIA : /LEY DELPROCEDIMIENTO ADMINSTRATIVO GENERAL

Lima, 24/12/ 2016.

 

7 comentarios

  1. doctor deseo que me amplié los conocimientos del procedimiento administrativo de revisión

    Tengo un caso, denuncie a una ex autoridad por abuso de autoridad, ante el Ministerio Publico por haberme destituido del centro de labores sin haberme instaurado un procedimiento administrativo sancionador según el en base de una sentencia del poder judicial por una Inhabilitacion , interpretando a su manera la destitucion automática, sin encontrarse firme y consentida la referida sentencia la misma que se encontraba en la corte suprema .

    el ministerio publico después de 3 años solicito el REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN

    El juez en primera instancia RESUELVE 1.-declarando FORMALMENTE VALIDA LA ACUSACIÓN FISCAL. POR ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA EL IMPUTADO EX AUTORIDAD.

    2.- DECLARA EXTEMPORÁNEO EL ESCRITO DE SUBSANACION DE OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL IMPUTADO .

    3.- DECLARA DE OFICIO EL SOBRESIMIENTO DE LA CAUSA , A FAVOR DEL IMPUTADO POR supuesto de ATIPICIDAD , LEVANTANDOLE LAS SANCIONES AL MISMO.

    PRESENTE EL RECURSO DE APELACIÓN , CONTRA EL EXTREMO TERCERO EL MISMO QUE FUE ADMITIDO. LA SALA SUPERIOR NOS DA LA RAZÓN EN SU CRITERIO DE ANÁLISIS QUE NO EXISTE ATIPICIDAD Y QUE ES ILICITO EL PROCEDER DEL IMPUTADO. PERO AL MOMENTO DE RESOLVER CONSIDERA EXTIGUIR LA PENA, POR HABER EXISTIDO UNA DEMANDA EXTRA PENAL, QUE DECLARO LICITO LA RESOLUCION DE ALCALDIA, (JUZGADO LABORAL) EL MISMO QUE HE PRESENTADO RECURSO DE CASACION A LA CORTE SUPREMA.-

    LA PREGUNTA ES :

    AL NO HABER IMPUGNACIÓN ALGUNA CONTRA EL PRIMERO Y SEGUNDO EXTREMO DE LO RESUELTO POR EL JUEZ. Y HABIENDO CUMPLIDO CON EL TIEMPO DE LEY . QUEDA FIRME Y CONSENTIDO.

    LA CONSULTA ES AL OBTENER LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE FIRME Y CONSENTIDA EL EXTREMO PRIMERO , PUEDO PRESENTAR EL RECURSO DE REVISIÓN A LA MISMA MUNICIPALIDAD , PORQUE HA QUEDADO COMPROBADO EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD.

    O DE LO CONTRARIO PRESENTAR UN RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL JUZGADO LABORAL , YA QUE NUESTRA DEMANDA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO , ME LO DECLARARON INFUNDADO EN PRIMERA INSTANCIA Y LA APELACION ME LA CONFIRMARON LA DECISIÓN, YA QUE LA AUTORIDAD TODAVÍA ESTABA EN EL CARGO.

    TENGO AL MOMENTO DEL CASO NARRADO 28 AÑOS DE SERVICIO COMO TRABAJADOR ESTABLE. 4 AÑOS HE ESTADO EN EL PROCESO JUDICIAL.

    MUCHAS GRACIAS POR SU ORIENTACIÓN.

    ________________________________

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    1. José

      El Recurso del cual habla la Ley 27444, en este caso de su modificatoria, es del aplicable a los procedimientos administrativos, no a procesos judiciales como el que expones.

      La versión originaria de la Ley 27444, consideraba que el procedimiento administrativo regular podía comprender hasta 3 tipos de recursos e instancias:

      “207.1 Los recursos administrativos son:

      a) Recurso de reconsideración
      b) Recurso de apelación
      c) Recurso de revisión

      207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y
      deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

      La regulación del Recurso de Revisión lo preveía con caracter excepcional:

      Artículo 210.- Recurso de revisión
      Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia
      nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de
      competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se
      impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”.

      Con la modificatoria hecha por el D.Leg 1272 a la Ley 27444 desaparece la tercera instancia quedando relegada a casos únicamente facultados por Ley, como sigue:

      “Artículo 207. Recursos administrativos
      207.1 Los recursos administrativos son:
      a) Recurso de reconsideración
      b) Recurso de apelación

      Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.”

      Siendo ello asi, si bien podrías presentar tu pedido de revisión a la municipalidad lo mas probable es que sea rechazada de plano por estar fuera del plazo y esencialmente por no concurrir los presupuestos legales antes indicados.

      La REVISION está prevista en un proceso penal no como un Recurso, sino cuando exista una condena penal firme por quien fue condenado o sus familiares, lo cual no concurre en el caso que planteas.

      Confiemos que tu casación cuente con los elementos que permitan conducirte a la justicia que anhelas.

      Gracias por escribir y difundir el blog.

      RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
      ABOGADO
      RPM # 985 483 172
      RPC 994 948 189
      Email: asesoriadefensa02@gmail.com

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      1. Dr. agradezco la orientación que brinda a sus lectores. Tengo una duda con respecto al recurso de revisión y es que ¿Si con esta modificatoria este recurso se ha restringido o se ha excluido? ya que anteriormente se mencionaba expresamente en tres literales los recursos administrativos, sin embrago ahora se hace mención al recurso de reconsidereciòn y de apelación: “Artículo 207. Recursos administrativos
        207.1 Los recursos administrativos son:
        a) Recurso de reconsideración
        b) Recurso de apelación
        Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.”

        Por ello también me gustaría saber si es que al estar restringido o excluido de la ley existe algún tipo de vulneraciòn al derecho del debido procedimiento del administrado al tener limitaciones a una tercera instancia.

        Agradecería su orientación.

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        1. Janelly

          Se preserva el derecho a la pluralidad de instancia entendiéndose por ella a la doble instancia.

          La tercera instancia era excepcional, reservada solo en aquellas entidades cuyas autoridades tenían alcance nacional.

          La modificatoria de la Ley 27444 por lo anotado en la línea inicial la ha suprimido como parte de la regla.

          No obstante ello, expresamente deja abierta a su uso “Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión.”

          Gracias por escribir y difundir el blog.

          Gracias por tu preferencia.

          RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
          ABOGADO
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          Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima – Peru
          (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

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Gracias por tu preferencia. RICARDO PERCY AYALA GORDILLO ABOGADO RPM 985 483 172 RPC 994 948 189 Email: asesoriadefensa02@gmail.com Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima - Peru (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

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