Por RICARDO P. AYALA GORDILLO

Dr. Buen día:

La consulta es, a la luz de la publicación dela Directiva Nº 02-2015 y las normas sustantivas en la que si bien precisan con cargos específicos de quién sería la autoridad instructora, sancionadora y quien oficializa la sanción, pero no precisa si dichos funcionarios previo a recibir los expedientes calificados de los Secretarios Técnicos deben estar reconocidos o designados como tal por el titular de la entidad, si la respuesta es no es necesario entonces la remisión que hagan los secretarios técnicos sería dirigiendo los documentos por sus cargos, por otro lado tengo las siguientes interrogantes:

¿Que debe contener en su conclusión la autoridad sancionadora y la autoridad que oficializa la sanción cual es la diferencia?
¿El secretario Técnico puede ser una persona que no tiene vínculo laboral (locación es decir abogado específico) o necesariamente servidor o funcionario?

Agradeciendo por anticipado su respuesta.

Respuesta:

A tu primera pregunta, en mi opinión, no es necesario que en cada caso se emita resolución previa reconociendo como órgano instructor o sancionador al que asi corresponda.

La Conclusión del Informe de la autoridad sancionadora puede acoger o no la sanción recomendada por el Organo Instructor, en ese sentido debe verificar que contenga : 1) Los hechos que determinan la comisión de la falta, 2) las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, 3) La identificación de la falta imputada, así como de la norma jurídica presuntamente vulnerada y 4) la sanción a imponer .

En caso que el órgano sancionador decidiera apartarse de las recomendaciones del órgano instructor, necesariamente deberá motivar adecuadamente las razones que lo sustentan.

La diferencia con quien oficializa la sanción es que ésta se circunscribe a emitir el respectivo acto resolutivo, incorporando los numerales precedentes enunciados en la parte considerativa y resolutiva, respectivamente.

El Abogado que asuma la conducción de la Secretaria Técnica de Apoyo a los Organos Instructores (ST o STAOI), la Ley y la Directiva, no prevén que sea contratado por locación de servicios, sino vinculado laboralmente a la entidad.

Lo absuelto en este extremo nos remite a reflexionar, dos situaciones a considerar al respecto, por un lado, al hecho comentado en nuestro primer articulo publicado a la dación de la Ley N° 30057 y su Reglamento, en el sentido que: la creación de la ST considerábamos un avance y acierto dado que venía a formalizar y reconocer la labor que, desde antaño en el régimen sancionador y proceso administrativo disciplinario previsto en el D. Leg. 276 y su Reglamento DS 005-90.PCM, venían realizando Abogados, por lo general contratados por locación de servicios o CAS, como asesores de las CPPAD o CEPAD cuyos miembros designados por lo usual se limitaban a convalidar con sus respectivas firmas. Esta singular prestación no fue materia de regulación expresa, puesto que el texto se circunscribía a facultar que, las CPPAD o CEPAD podían contar con asesores.

El otro componente que interesa tener en consideración es, hasta que punto el servidor o funcionario con vínculo laboral tiene o no independencia y objetividad cuando de recomendar la aplicación de una sanción administrativa se trata respecto de sus compañeros de trabajo o superiores jerárquicos.

Este aspecto es a mi entender mas relevante incluso que el de los servidores o funcionarios con vínculo laboral con la entidad que ejercen la función de Jefes de los Organos de Control Institucional (OCI), respecto de quienes desde años atrás existe la propuesta no materializada a la fecha, que dependan administrativa, laboral y funcionalmente de Contraloría General de la República, cuyos Informes de Control terminan con las recomendaciones al titular de la entidad a fin que, en los casos que corresponda, se realice el correspondiente deslinde de responsabilidad; lo cual implicará la remisión del Informe de Control a la ST, la cual tiene por funciones esenciales precalificar y documentar todas las etapas del PAD, asistiendo a las autoridades instructoras y sancionadoras del mismo.

En ese sentido, el abogado a cargo de la ST, al precalificar la gravedad de la presunta falta establecerá quien será el Organo Instructor como el Organo Sancionador que, según corresponda, finalmente aplicará desde la amonestación escrita hasta la destitución, y/o a que recomiende la intervención del Procurador Público sea quien inicie las acciones judiciales (civiles o penales a que hubiera lugar).

Gracias por escribir y difundir el blog.

Exitos

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO
ABOGADO

Celular:

RPM # 985 483 172
RPC 994 948 189

asesoriadefensa02@gmail.com

Lima, 2 de julio 2015

6 comentarios

  1. Estimado doctor
    Considerando la designación de funciones como Secretario Técnico de los Organos Instructores del PAD son adicionales al cargo del servidor público, luego de un tiempo en el ejercicio como Secretario Técnico se toma la decisión de renunciar, la entidad esta facultada para no aceptar la renuncia bajo el argumento del Código de Etica (art. 7), entre otros aspectos. Agradeceré su gentil respuesta.

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    1. Brian

      Asumo que eres Abogado, sería conveniente que pidas te precisen que deber y contenido en que numeral del artículo del Código de Etica, según tu entidad, estarías infringiendo.

      Gracias por escribir y difundir el blog

      RICARDO P. AYALA GORDILLO
      Abogado

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      1. Estimado doctor
        La entidad cita el artículo 7.6 de la Ley 27815 “Responsabilidad.- Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.”
        Argumenta que la designación de funciones como ST, son adicionales al cargo de Especialista (CAP) que vengo desempeñando, por tanto es IRRENUNCIABLE.
        En mi criterio, arguir que el cargo de ST es irrenunciable, se estaría vulnerando los principios jurídicos de legalidad y de la autonomía de la voluntad, previstos en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444 y el literal a), inc. 24 del artículo 24 de la Constitución, respectivamente.
        Para finalizar, por el google he podido acceder a varias resoluciones de otras entidades públicas que aceptan la renuncia de ST y designan al reemplazo.
        Agradeceré su calificada opinión.

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        1. Brian

          Comparto tu posición, consecuentemente te asiste la facultad de impugnar la decisión de la administración.

          Sin embargo, podría mejor ayudarte la renuncia razonablemente fundamentada.

          Gracias por escribir y difundir el blog.

          Exitos

          RICARDO P. AYALA GORDILLO
          Abogado

          CITAS:

          # 985 483 172 RPM

          994 948 189 RPC

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Gracias por tu preferencia. RICARDO PERCY AYALA GORDILLO ABOGADO RPM 985 483 172 RPC 994 948 189 Email: asesoriadefensa02@gmail.com Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima - Peru (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

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