Apuntes sobre Derecho Administrativo y de Familia

CPPAD : RESPONSABILIDAD POR DEMORA


Por RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

Isaac nos consulta :

Buenos Dias, ¿el plazo de caducidad en los procesos disciplinarios del D.Leg 276, muchas jurisprudencias constitucionales, han señalado que el exceso de los 30 días para sancionar o para el pronunciamiento final de la CPPAD ó CEPAD no significa que se declare NULO todo el proceso.

La pregunta es :

¿si hay una recargada labor de la CEPAD ó CPPAD, se podrán pronunciar luego por decir en un año más, en los extremos de los casos o no?

Hola Isaac :

Dentro del marco permisible incorporado por la reiterada jurisprudencia del TC la CPPAD o CEPAD podrá emitir válidamente su informe final aún luego de pasado un año.

La justificación de retardo que invoquen los miembros de la CPPAD o CEPAD en la alegada recarga de labores debe ser real y verificable,  de allí que no impide que el procesado o servidor que se considere afectado en sus derechos con dicha demora, al amparo de la Ley 27444, haga valer su derecho formulando la correspondiente petición administrativa, queja, reclamo, denuncia administrativa, civil o penal, y a que la autoridad administrativa resuelva con apego  a  justicia y Ley.

Aún cuando suele sostenerse que aún la apertura de un proceso no ees impugnable por no variar la situación del servidor, lo cierto es que en realidad durante dicha etapa y aún en la etapa de la investigación  o calificación de denuncia el servidor investigado o procesado puede perder el acceso a mejores oportunidades laborales  para asumir nuevas y mayores responsabilidades con la consiguiente mejora de ingresos a causa de dilaciones no siempre reales, al margen del estigma y perjuicio que en la práctica  suele prevalecer en el entorno laboral.

De allí que quien no encontrara conforme la justificación dada por la administración  puede hacer uso de los medios impugnatorios :reconsideración o apelación.

Agotada la vía administrativa, si el adminstrado persistiera en no hallarse conforme con lo resuelto, puede impugnar judicialmente la resolución administrativa en vía contenciosa administrativa.

Una rápida revisión de los principales artículos de la Ley 27444 vinculados son el sustento de tal aserto.

Lo razonable es que los miembros de la CPPAD o CEPAD con el titular de la entidad coordinen las acciones destinadas a dotarles de capacitación especializada, logística, tiempo y reasignación de otras funciones a fin que les permita el cabal y oportuno desempeño de sus funciones en la CPPAD tanto para la etapa de la calificación de denuncias como para el desarrollo mismo del proceso administrativo disciplinario.

LEY 27444   LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATVO GENERAL

PLAZO MAXIMO

Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos

143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado.

143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático

PETICIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 106.- Derecho de petición administrativa

106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado.

106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.

QUEJA:

Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación

158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible.

158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable.),

RECLAMO

Artículo 221.- Inicio del procedimiento

221.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una reclamación o de oficio.

221.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia.

221.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del reclamado a fin de que éste presente su descargo.

Artículo 222.- Contenido de la reclamación

222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de acción afirmativa.

222.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos las pruebas de las que disponga.

222.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho respectivos.

DENUNCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 105.- Derecho a formular denuncias:

105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento.

105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación.

105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si estuviese individualizado.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 238.- Disposiciones Generales

238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la administración. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas.”

238.2 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o de tercero.

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias.”

238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización.”

238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado proveniente de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo  con la ley. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos.”

238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se calculará con referencia al día en que el perjuicio se produjo. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029, publicada el 24 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:

“238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.”

238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.

RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 239.- Faltas administrativas

Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones o expedir constancia sobre ellas.

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.

3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentra incurso.

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus decisiones.

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.

Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.

AUTONOMÍA DE RESPONSABILIDADES

Artículo 243 .- Autonomía de responsabilidades

243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.

243.2 Los  procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.

DENUNCIA POR DELITO DE OMISIÓN O RETARDO DE FUNCIÓN

“Artículo 244.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función

El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido.

b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.”

(*) Artículo 244, incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 28187, publicada el 09-03-2004.

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

 

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 22/09/12

 

Categoría: PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

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8 comentarios »

  1. BUENAS TARDES,SOLO UNA CONSULTA.EL TIEMPO DE PRESCRIPCION PARA EL INICIO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO,QUE ES DE UN AÑO A PARTIR DE QUE TIEMPO SE CUENTA; DESDE QUE EL DIRECTOR Y FUNCIONARIOS TOMAN CONOCIMIENTO,O CUANDO LLEGA EL EXP. A LA CPPD.CABE INDICAR Q EN LA INSTITUCION,AUN NO SE HABIA FORMADO LA CPPD,AL MOMENTO DE LOS HECHOS.GRACIAS.

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  2. Querida Cristina

    Corre el plazo prescriptorio desde la fecha en que el titular de la entidad toma conocimiento que el hecho CONSTITUYE FALTA ADMINISTRATIVA

    Es irrelevante si estaba constituída o no la CPAD

    Gracias por escribir

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  3. Que plazo, segun Ley, tiene la Gerencia de un Catastro para resuelver un Recurso. Seis meses? Un año? Pasados 18 meses desde la entrada en el registro, que procedimiento nos ampara para solicitar la obligacion de su cumplimiento?. La misma pregunta para un Recurso presentado en el Tribunal Economico administrativo. Que mision tiene el “Tear” si no presta asistencia, en justicia, a los recursos? Mucho funcionario en las oficinas y muy lentas sus resoluciones,

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  4. Apreciado J. Luis:

    Los plazos por los cuales preguntas deben estar establecidos en las normas legales que resultan aplicables a cada procedimiento.

    En Relación al Tribunal Económico Administrativo Regional puedes visitar su página de referencia dewww.aeat.es/AEAT/Contenidos_Comunes/…/dipticoTEAC.pdf

    A los respectivos superiores de cada instancia que conoce de cuanto tienes pendiente les corresponde resolver la queja que fueras a presentar contra la demora en la atención de lo tuyo.

    Gracias por escribir

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  5. el plazo maximo establecido por el articulo 142 de la ley puede homoplogarse a un mes??? o son dias habiles necesariamente, no tengo muy claro

    gracias

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  6. Apreciado Hugo :

    La ley considera dias hábiles.

    Gracias por escribir.

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  7. consulta.
    Si un miembro titular del CPAD. (Respresentante de trabajaores) no es convocado ni informado sobre los procesos en transito o por prescribir, a pesar de haberlo solicitado oficialmente en forma reiterada al CEPAD. ¿Que grado de responsabilidad puede tener en la precripción de uno o mas procesos? ¿Que responsabilidad tienen los otros miembros del CEPAD por estas acciones?

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  8. Apreciado Jorge Alberto:

    Aqui la importancia del Libro de Actas.

    Se asume que la CPPAD tiene un Reglamento Interno o cuando menos fechas y horas ciertas en las cuales sesionan para proceder con arreglo a sus atribuciones respecto de las denuncias y expedientes a su cargo.

    Si sesionan debes dejar sentado tu reclamo y extrañeza debidmente firmado en el libro de Actas.

    Si no sesionan es aconsejable que curses preferentemente una Carta Notarial al Presidente de la CPPAD siendo recomendable también al Titular de la entidad adjuntando tus reclamos anteriores con el cual deslindas tu responsabilidad en ls términos que consultas respecto de los casos que no habiendo requerido información no te la proporcionan, pudiendo también denunciar ante el OCI esta irregularidad.

    Es de asumir que con dichos requerimientos las autoridades enmienden su proceder.

    Los miembros de la CPPAD como el titular de la entidad podrían ser pasibles de responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la gravedad de cada caso.

    Gracias por escribir y difundir el blog.

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Gracias por tu preferencia. RICARDO PERCY AYALA GORDILLO ABOGADO RPM 985 483 172 RPC 994 948 189 Email: asesoriadefensa02@gmail.com Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima - Peru (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

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