La periódica revisión de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en su condición de supremo intérprete de la Constitución resulta de suma utilidad para los administrados como para quienes representan a la Administración como miembros de la CPPAD como a los titulares de entidades, Abogados, Jefes de las Oficinas de Personal o Recursos Humanos y a los Administradores, para la mejor comprensión del marco teórico y la aplicación de los casos concretos que nos toca afrontar.

 

 

La sentencia que hoy reproducimos, recaída en el Expediente Nº 1003-98-AA/TC sobre Acción de Amparo interpuesto por el Juez don JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ contra la medida  disciplinaria de destitución reafirma lo sostenido en nuestros artículos anteriores, entre otros,  lo relacionado a :

  • Abusos por parte de la administración pública
  • Vicios de la CPPAD como de la autoridad resolutiva
  • Aplicación del silencio administrativo negativo
  • Afectación al debido proceso,
  •  Afectación al derecho a la defensa, al no entregar al procesado copias de los actuados previos a la defensa, como la privación del informe oral.

 

De singular valía, resulta el voto en minoría del DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN para quien, la decisión del TC, de oficio, enfatiza la determinación de la responsabilidad de los infractores respecto del daño cometido al recurrente, proceder que, en nuestra opinión,  al estar previsto en la Ley,  si los Jefes o titulares de entidades de la administración pública lo consignaran como parte del control interno previo y simultáneo en uno de los numerales resolutivos en las resoluciones que emiten en el ámbito de sus atribuciones probablemente aleccionarían y sería un freno a la quienes con su acción u omisión incurren en abusos como los que, en este caso, pone de manifiesto la presente resolución del TC.

 

Sin mayor preámbulo ni comentario lo comentado, con carácter ilustrativo lo destacamos  en letra cursiva y  negrita.  

EXP. N.º 1003-98-AA/TC

LIMA

JORGE MIGUEL ALARCÓN MENÉNDEZ

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los seis días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, con el fundamento de voto, adjunto, del Magistrado Bardelli Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia

 

ASUNTO

 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miguel Alarcón Menéndez contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos ocho, su fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

 

El recurrente interpone acción de amparo contra los Vocales de la Corte Suprema, doctores Victor Raúl Castillo Castillo, Moisés Pantoja Rodulfo, Mario Urrelo Álvarez, Luis Edmundo Serpa Segura, los ex Vocales, César Fernández Arce, Ricardo Nugent López-Chávez, el Comandante José Dellepiane Massa, Titular del Pliego del Poder Judicial y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial. Solicita se declare inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash. Asimismo, se le reponga en el citado cargo, en razón de haberse conculcado el derecho al debido proceso en el trámite (sic) administrativo seguido en su contra, al impedírsele ejercer su derecho de defensa. Manifiesta que, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, fue nombrado Vocal Titular de la citada Corte Superior, y que en el año mil novecientos noventa se le instauró, junto a otros magistrados, proceso disciplinario por supuestas irregularidades administrativas en el desempeño de sus funciones, y en el curso del citado proceso solicitó al Presidente de la Corte Suprema, mediante escritos recepcionados con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, se le expida copia del informe recaído en los procesos disciplinarios y se le conceda el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho de defensa, lo que no le fue otorgado. Afirma que contra la resolución cuestionada con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, interpuso recurso de reconsideración, el cual no fue resuelto pese a su escrito de requerimiento; por ello, haciendo uso del silencio administrativo negativo, mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, dio por denegado su recurso de reconsideración y formuló recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto en el plazo de ley, razón por la cual a través de “recurso”(sic) presentado a la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, consideró denegado el recurso de apelación, agotando así la vía administrativa.

 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita declarar improcedente o infundada la acción de amparo; en el primer caso, por no haber agotado la vía administrativa y por considerar que la presente vía no es la idónea, debiendo acudirse al proceso contencioso-administrativo; en el segundo, porque estima que no se ha acreditado la violación de ningún derecho constitucional del demandante, máxime el derecho de defensa, toda vez que ejerció los recursos de reconsideración y apelación.

 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas setenta y tres, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, declaró fundada la acción de amparo, por considerar que la sanción disciplinaria se dictó obviando que el demandante informe verbalmente antes de dicha decisión y que se le expidiera copia del informe de la Jefatura del Órgano de Control Interno del Poder Judicial; afectando así el derecho de defensa, debido proceso y tutela jurisdiccional.

 

 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la acción incoada por considerar que ha operado la caducidad, dado que el recurso de apelación fue interpuesto por el demandante después de seis años de interpuesto el recurso de reconsideración y no dentro de los treinta días que establece la ley.

 

FUNDAMENTOS

 

 

El objeto del presente proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la inaplicabilidad de la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Áncash, y se le reponga en el citado cargo.

 

 

Tratándose el acto cuestionado de un acto administrativo, antes de analizar el fondo de la controversia, deberá evaluarse el requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la vía previa (artículo 27.º, Ley N.° 23506); extremo que, en el presente caso, exige el análisis del silencio administrativo negativo, dado que, según alega el demandante, la vía previa se habría agotado a consecuencia de su acogimiento al silencio administrativo negativo ante la omisión de resolución expresa frente a los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos.

 

Silencio administrativo negativo

 

 

El Tribunal Constitucional interpretó que, en el caso de la acción de amparo, en el supuesto de que el administrado interpusiera recurso de reconsideración o de apelación, operaba siempre el silencio administrativo negativo, de modo tal que aquél no tenía la opción señalada en los artículos 98.º y 99.º del que fuera el Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, D.S. 02-94-JUS, de esperar el pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa o de acogerse al silencio administrativo cuando considerara que conviniera a su derecho.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional modifica dicho criterio. Estima que, por el contrario, el administrado, transcurrido el plazo para que la Administración resuelva el recurso impugnativo interpuesto, tiene la potestad de acogerse al silencio administrativo –y así acudir a la vía jurisdiccional- o de esperar el pronunciamiento expreso de la Administración. Las razones que fundamentan este cambio de criterio son las siguientes:

En principio, una interpretación literal del dispositivo legal regulatorio de la materia descarta la referida tesis interpretativa. En efecto, de conformidad con el artículo 99.º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos: “El término para la interposición de este recurso es de quince (15) días y deberá resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días, transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado dicho recurso a efectos de interponer el Recurso de Revisión o la demanda judicial, en su caso, o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración Pública.” (subrayado nuestro). La norma precisa que el administrado “podrá” considerar denegado el petitorio y no que “deberá” hacerlo. La norma en cuestión consagra una facultad del administrado a la que, si así lo desea, podrá acogerse. No se trata de una obligación; por lo tanto, la no resolución del recurso impugnatorio dentro del plazo de treinta días no puede considerarse como causal de exclusión de la potestad del administrado de esperar el pronunciamiento expreso de la administración. La misma consideración ha de extenderse al recurso de reconsideración contemplado por el artículo 98.º del citado dispositivo legal cuyo texto es análogo al citado artículo 99.º.

 

 

 

Naturaleza

 

 

El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la Administración, para protegerlo ante la eventual mora de ésta en la resolución de su petición. Se trata de “una simple ficción de efectos estrictamente procesales, limitados, además, a abrir la vía de recurso”, en sustitución del acto expreso; pero “en beneficio del particular únicamente”, así “el acceso a la vía jurisdiccional una vez cumplidos los plazos [queda] abierto indefinidamente en tanto la Administración no [dicte] la resolución expresa” (subrayado nuestro, Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo, 7ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1996, p. 573). Sobre el particular, deben resaltarse dos aspectos: Se trata de una presunción en beneficio del particular únicamente, y su efecto es abrir la vía jurisdiccional, indefinidamente, en tanto la Administración no haya resuelto expresamente el recurso. La interpretación aún vigente del Tribunal Constitucional no concuerda con estos dos aspectos. En el primer caso, porque no se aplica en beneficio del particular, sino de la Administración, resultando que ésta, “la incumplidora de dicho deber de resolver, se beneficia de su propio incumplimiento” (Ernesto García-Trevijano Garnica, El silencio administrativo en la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 1ª ed., Edit. Civitas S.A., Madrid, 1994, p. 31). En el segundo caso, porque en lugar de abrir indefinidamente la vía judicial en tanto la Administración no resuelva expresamente, le impone un plazo, el que, además, ninguna norma del citado cuerpo normativo establece.

 

 

Constituye un criterio que limita irrazonablemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional reconocido por el artículo 139.º, inciso 3), de la Constitución. La interpretación efectuada restringe finalmente el derecho del particular de acceder a la vía judicial, porque ocasiona caducidad en el ejercicio del derecho de acción. Este derecho fundamental puede verse lesionado si, para acceder a la tutela jurisdiccional, la ley impone exigencias excesiva o irrazonablemente formalistas o, como en el presente caso, se interpreta las existentes u otras relacionadas, en un sentido de apreciación desvariado o desmesuradamente formal, ocasionándose en cualquiera de tales supuestos la imposibilidad del ejercicio de ese derecho fundamental. Considerando que el agotamiento de la vía previa constituye un presupuesto procesal de cuya satisfacción depende el acceso a la tutela jurisdiccional, las normas que la regulan y, en particular, como concierne al caso, las que regulan el sistema recursivo, deben interpretarse de conformidad con el principio pro actione. Es decir, en sentido favorable para posibilitar el acceso a la tutela jurisdiccional y, consiguientemente, con exclusión de toda opción interpretativa que sea contraria a ese propósito. Tal es el caso, justamente, de la interpretación anterior del Tribunal.

 

 

 

No resulta acorde con el principio pro homine y pro libertatis de la interpretación constitucional, según los cuales, ante eventuales diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por aquélla que conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela jurisdiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo. La tesis interpretativa que posibilita esto último es justamente la que proviene del propio tenor literal de la norma antes referida y de la propia naturaleza del silencio administrativo negativo; esto es, la que establece que el administrado, luego de haber impugnado un acto administrado y transcurrido el plazo para resolverlo, puede acogerse al silencio administrativo o esperar el pronunciamiento expreso de la Administración, sin que la opción por esta última alternativa genere la caducidad en el ejercicio del derecho de acción.

 

 

Es en los términos antes establecidos que el Tribunal Constitucional, entiende, que se debe interpretar el silencio administrativo negativo, siendo dicha doctrina aplicable al caso, como a continuación se analiza.

 

 

El demandante impugnó el citado Acuerdo de Sala Plena con el recurso de reconsideración de fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno. La norma aplicable a dicho proceso, en cuanto concierne al plazo para resolver el referido recurso y la resolución ficta denegatoria (silencio administrativo negativo), es el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto Supremo N.° 070-89-PCM), toda vez que, de conformidad con su Sexta Disposición Transitoria “Los procedimientos administrativos en giro adecuarán su trámite a la norma contenida en el artículo 25.° en la fecha de vigencia del presente Reglamento. Las normas sobre silencio administrativo a que se refieren los artículos 26.° al 29.° regirán en los procedimientos administrativos que se inicien a partir del 02 de octubre de 1989”. Teniendo en cuenta que el proceso disciplinario del que proviene el acto impugnado se inició con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa, la norma antes citada es aplicable al referido proceso. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 25.º del citado dispositivo, modificado por el artículo 2.º del Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cada una de las entidades competentes deberá resolver el asunto solicitado o impugnado en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario de iniciado el procedimiento o interpuesto el recurso impugnativo bajo responsabilidad(…)”. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del artículo 27.º del mismo dispositivo, también modificado por el artículo 3.º de la precitado Decreto Supremo N.° 002-90-PCM, “Cuando se trata de (…) procedimientos administrativos distintos a los conducentes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones y similares, operará, en los mismos plazos, el silencio administrativo negativo, salvo que la propia entidad, por norma expresa, disponga que opera el silencio administrativo positivo”; vale decir que, en el resto de procedimientos administrativos distintos a los antes señalados, el silencio administrativo negativo operará igualmente en el plazo de sesenta días de interpuesto el recurso impugnatorio.

 

 

 

En el presente caso, el recurso de reconsideración fue interpuesto con fecha dos de setiembre de mil novecientos noventa y uno, el mismo que no fue resuelto dentro del referido plazo de sesenta días. Ante ello y, de conformidad con el citado dispositivo, el demandante optó por esperar el pronunciamiento expreso de la administración pública, el cual empero, no se produjo no obstante el escrito de requerimiento de pronunciamiento por él presentado con fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis. Por tal motivo, con fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete lo da por denegado, acogiéndose al silencio administrativo negativo e interponiendo, simultáneamente, recurso de apelación.

 

 

Sin embargo, tratándose el acto impugnado de un Acuerdo expedido por un órgano no sometido a subordinación jerárquica como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, no procedía la interposición de recurso de apelación. En tal sentido, el escrito en el que el demandante interpone un “recurso de apelación” y da por denegado el recurso de reconsideración, debe interpretarse como un requerimiento de resolución expresa del recurso de reconsideración, ello en aplicación del principio pro actione antes citado y el principio de no formalismo del procedimiento administrativo que se desprende del artículo 103º del citado Texto Único de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (Decreto Supremo N.° 02-94-JUS). La errónea calificación del administrado de un acto –el recurso- no obsta para entender el efecto real que debe atribuirse a él en el procedimiento que, en este caso, no es sino el de requerir el pronunciamiento expreso de un recurso de reconsideración interpuesto.

 

Posteriormente, el demandante, por escrito recibido el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y ocho, dio por denegado el denominado recurso de “apelación” y se acogió al silencio administrativo negativo, con lo cual, la vía previa había sido agotada.

 

 

La demanda ha sido interpuesta el quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, luego de haber agotado la vía previa en los términos antes precisados y dentro del plazo de sesenta días posterior al agotamiento de dicha vía. En consecuencia, habiéndose satisfecho las requisitos de procedibilidad de la acción de amparo, corresponde analizar el fondo de la controversia.

 

 

Planteamiento del problema de fondo de la controversia constitucional

 

 

El demandante, con fecha tres de junio de mil novecientos noventa y uno, solicitó a la Sala Plena que se le concediera el uso de la palabra ante dicho órgano, conforme consta a fojas ciento sesenta y cuatro, petición que, según dice el referido escrito, reiteró otra anterior, con idéntica pretensión, de fecha veintiocho de febrero del mismo año. Es, entonces, materia de análisis determinar si la omisión a una solicitud de informe oral o palabra, ante un pedido en ese sentido, lesiona o no el derecho a la defensa.

 

 

 

El demandante, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y uno, dos días antes de emitirse la resolución sancionatoria, además de reiterar el pedido de uso de palabra, solicitó también que se le hiciera entrega de una copia del informe recaído en los procesos disciplinarios instaurados en su contra. Corresponde, así, analizar si la omisión de la entrega de los citados informes lesiona o no el derecho de defensa.

 

 

Límites de la potestad administrativa disciplinaria

 

 

La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. Como toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.º, Constitución), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular, de la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman.

 

 

Derecho de defensa

 

 

El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso. En cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés.

 

 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que se ha lesionado el derecho de defensa en la medida en que la omisión de proveer el informe de la comisión que sustentaba la sanción propuesta no permitió que el demandante conociera los exactos términos de la forma en que el órgano investigador había analizado los cargos atribuidos y su responsabilidad en las infracciones imputadas. Sólo conociendo estos aspectos, el demandante podía ejercer su derecho de defensa de manera idónea y eficaz. Idónea en cuanto era la forma apropiada o indicada, no existiendo otra a través de la cual podía ilustrar al órgano que debía imponer la sanción y, así, controvertir o contradecir ante aquél –en cuanto órgano decisorio– los cargos efectuados por el órgano que se hizo del procedimiento de investigación. Y, eficaz, por cuanto el propósito de impedir indefensión frente al criterio asumido por el órgano investigador (Comisión y Jefe de la Oficina General de Control Interno del Poder Judicial) se alcanzaba sólo conociendo la conclusión final que aquél asumía en el citado informe.

 

 

Debe destacarse singularmente este extremo, dado que no es lo mismo que el procesado controvierta y ejerza su derecho de defensa ante el órgano investigador, como efectivamente ocurrió en este caso, que si efectúa el descargo respecto a la acusación no ante el referido órgano, sino ante el órgano que ha de aplicar o resolver la sanción. Esto crearía, además una situación de desigualdad de fondo incompatible con el debido proceso, porque el procesado está en desventaja respecto a la Administración, puesto que no puede ilustrar o controvertir, directamente, frente al órgano sancionador los cargos del informe. El órgano resolutor sólo conoce la apreciación de los hechos por parte del órgano investigador, sin que, respecto a ello, el procesado haya podido ejercer su derecho de defensa.

 

 

La omisión a la solicitud de informe oral ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, ante un pedido a ese respecto, lesionó también el derecho a la defensa y, por consiguiente, el derecho al debido proceso, porque ocasionó indefensión en el demandante, al no posibilitarle la ocasión de defenderse ante el órgano sancionador respecto de los cargos que se le imputaban en el informe de la comisión y, de ese modo, poder controvertirlos y exponer o persuadir al órgano sancionador de todo cuanto conviniese a su derecho.

 

 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,

 

 

 

FALLA

 

REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, declara inaplicable la resolución administrativa de fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno, expedida por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República; y prescrito el proceso administrativo que originó la medida disciplinaria; ordena la reposición del demandante en el cargo de Vocal Titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, computándose los años de servicios solo para efectos pensionables; dispone, que la presente sentencia se ponga en conocimiento del Congreso de la República a fin de que inicie el procedimiento de antejuicio, así como a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que proceda de conformidad con el artículo 11.° de la Ley N.° 23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

 

SS REY TERRY  REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI  BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA

 

 EXP. N.° 1003-98-AA/TC

 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL DR. BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

Hago mío el voto que antecede, agregando:

 

Que durante la última década, los magistrados del Poder Judicial fueron víctimas de una serie de atropellos a su persona y su dignidad, entre otros, por haber sido destituidos indebidamente mediante decretos leyes u otro tipo de resoluciones expedidas por el Gobierno de facto en su momento, o por procesos digitados contra los jueces que se presumía no apoyarían las acciones de corrupción que se proponían dentro del Poder Judicial a fin de favorecer el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras figuras delictivas; que por otro lado, como en el caso de autos, el recurrente no ha tenido las garantías al debido proceso al demorarse el trámite de su reclamación más de siete años, por culpa de la autoridad administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que el actor se vio precisado a tener que recurrir a la figura del silencio administrativo, situación que le fue cuestionada al plantearse la caducidad de su reclamo en el proceso de garantía incoado; que tal hecho debe ser investigado a efectos de determinarse si las autoridades denunciadas actuaron con dolo o negligencia en el trámite del reclamo, por lo que la presente resolución deberá ponerse en conocimiento del Congreso de la República a fin de que proceda en virtud de las facultades que le señala el artículo 99.° de la Constitución del Estado y de la Fiscalía de la Nación para la aplicación de lo dispuesto por el artículo 11.° de la Ley N.° 23506, respecto de los funcionarios que hubiesen actuado con negligencia o dolo no aplicando las normas contenidas en el Reglamento General de Normas de Procesos Administrativos aprobado por el D.S. 02-94-JUS, aplicable supletoriamente, por razones de temporalidad, al reclamo administrativo que en su momento formulara el actor Jorge Miguel Alarcón Meléndez.

 

SR.

 

BARDELLI LARTIRIGOYEN

 

 

 

 

 

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario

46 comentarios

  1. INTERESANTE PERO ME GUSTARÍA ESTAR MAS AL TANTO SEGÚN LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES COMO SE APLICA EL SILENCIO ADMINISTRATIVOS EN LA COMISÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS

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  2. Apreciada Gaby:

    Al Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) le resulta aplicable la Ley Especial constituída de acuerdo al régimen laboral al cual pertenezca cada trabajador

    No resulta en ellos de aplicación el silencio administrativo positivo como algunos creen que, pasado el plazo establecido por Ley deba entenderse que la decisión necesariamente es favorable a su situación.

    Muy por el contrario, el Tribunal Constitucional es claro en precisar que la infracción de los plazos dentro de un proceso administrativo disciplinario no significa que el Estado deje de sancionar al infractor o que por ese solo hechos se declare la nulidad de los actuados.

    Ello es muy distinto a que el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración Pública sí genera responsabilidad administrativa, civil o penal para quien incurre en ellos y según la naturaleza de cada caso en particular.

    Lo aconsejable es que todo procesado cuente con una buena asesoría y defensa legal encargada de velar porque el PAD sea llevado con las garantías del debido proceso que conduzca a que la opinión que emita la CPPAD como a que la decisión que adopte la autoridad sea libre de vicios y abusos, arreglada a Ley y sobre todo justa.

    Gracias por escribir.

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  3. Muy buena su informaciónm, le felicito. Me aterev a preguntarle : que pasaria si indecopi a iniciativa de un usuario presenta reclamo a un banco y este no contesta ¿Se puede aplicar el silencio administrativo positivo o cuál sería el otrro paso legal

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  4. Hola tocayo

    Indecopi frente a las denuncias de los consumidores, el procedimiento que aplica se rige por sus normas especiales, en el caso que consultas si Indecopi previo traslado de la denuncia del consumidor no obtiene respuesta o las que el Banco le emita no enerva la formulada contra él puede declarar procedente la denuncia y multar al Banco disponiendo las medidas a favor del consumidor con sujeción al artículo 8º de la Ley de Protección al Consumidor, ley aplicable al caso.

    Gracias por escribir

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  5. Apreciado César

    A tu primera pregunta nada impide que un miembro de la CPPAD pudiera ser sujeto de observaciones o determinación de responsabilidades si es que existieran elementos que así lo acrediten

    A tu segunda pregunta, si, siempre que el acto resolutivo mediante el cual se establece el vínculo contractual o laboral así lo hubiera determinado.

    Te sugiero revises esas resoluciones.

    Gracias por escribir

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  6. Hola Liset

    Muy sugestiva e interesante tu pregunta

    Si el administrado eres tu y como comerciante pretendes iniciar actividades para iniciar una construcción y en el TUPA de la entidad ese procedimiento aparece sujeto a calificación por 7 días vencido el cual le resulta aplicable el SAP (silencio adminstrativo positivo) entonces es una garantía de darte por aprobada tu solicitud
    no operando contra ellas exigencias ni cuestionamientos al respecto, salvo que hubieras faltado a la verdad y sea detectada
    via fiscalización posterior

    Pero si por administrado se entiende a la vecina que se ve afectada con el inicio de esa construcción sin haber satisfecho las exigencias establecidas por la Ley causándote el riesgo o daño en tu propiedad, tendrá el mismo carácter el SAP¿

    Espero tu comentario

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  7. Amigo Ricardo: Nuy unteresante sus comentario en torno a la sentencia de TC, puesto que abundan en la Adm. Pública polémicos casos.
    Me gustsría leer/saber su comentario sobre el Art. 28 del D. Leg. 276, puesto que esta normativa tácitamente da a entender que no por cualquier falta necesariamente tiene que sancionarse previo PAD, aún exista recomendación en una acción de control.
    Gracias.

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  8. Dr. Ricardo Ayala
    Buenos días es para solicitar en cuanto a la operatividad del silencio administrativo Negativo yo presente mi apelacion con fecha 19/10/2009 , y pedi acojerme al beneficio del Silencio Administrativo con fecha 23 de NOV 2009, a partir de cuando puedo entablar la demanda en lo contencioso administrativo a fin de que sea admitido y cuanto de plazo tengo para interpones esta demanda. agradeceré responder a mi correo electrónico , como también vía este mismo medio

    Atte

    Roel

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  9. Apreciado Roel

    Transcurrido el plazo de 30 días calendarios después de interpuesta sin que la entidad hubiera resuelto si hay una tercera instancia adminstrativa puedes interponer Recurso de Revisión.

    Ley 27444:
    Artículo 210.- Recurso de revisión
    Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia de competencia
    nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por autoridades que no son de
    competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se
    impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

    De no ser así, tienes 3 meses para acudir a presentar la demanda en la vía judicial en lo contencioso adminstrativo

    exitos en tu cometido

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  10. ESTIMADO DR. RICARDO DISCULPE LA MOLESTIA SOLO PARA PREGUNTARLE QUE PASA SI SE DESPIDIO SIN CAUSAL A UNA PERSONA QUE TRABAJO POR MAS DE 8 AÑOS, AGOTO LA VIA ADMINISTRATIVA Y COMO CONSTANTEMENTE CAMBIAN DE AUTORIDADES ENTONCES AL NO HABER RESPUESTA ALGUNA AL RECURSO DE APELACION ESTE ACOGIO AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO Y CON LA MODIFICACION DE LA LEY 27854 POR EL D.LEG.Nº1067 SE PUEDE INICIAR EL PROCESO JUDICIAL O LA DENEGARAN YA QUE CON EL MUTATIS MUTANDIS SEÑALA QUE ES APLICABLE A CUALQUIER PROCESO JUDICAL O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE PREVEA PLAZOS DE PRESCRIPCION O CADUCIDAD , ADEMAS QUE ESTOS SEÑALAN MEDIANTE UNA CARTA NOTARIAL QUE EL TRABAJADOR TIENE DERECHO HA ACCIONAR EN LA VIA JUDIAL CUANDO LO CREA CONVENIENTE YA QUE LA ADMINISTRACION ESTA EN LA OBLIGACION DE RESOLVER BAJO RESPONSABILIDAD ME DESPIDO DEUD. MUCHO AGRADECERE QUE ME PUEDA RESPONDER POR ESTE MEDIO Y MAIL PERSONAL

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  11. DR LO DESPIDIERON EN EL AÑO 2006 SE PUEDE INICIAR LA LA VIA JUDICIAL ESTSA PERSONA ESTA EN EL REGIMEN LABORAL 276 ADEMAS QUE ESTA AUTORIDAD ENCARGADA NO TENIA COMPETENCIA PARA DESPEDIR SELALADO EN ANTERIORES PROCESOS JUDICIALES DONDE REPUSIERON AL TRABAJADOR

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  12. Es interesante este Blog de Ricardo Ayala Gordillo, felicitaciones,nos permite intercambiar experiencias y criterios para la buena aplicacion de las normas referente a Procesos Disciplinarios Administrativos.
    Saludos
    Edmundo Ferroa Flores

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  13. Previamente, permitame felicitarlo por abordar este tipo de temas mediante este medio.

    Mi pregunta va dirigida al Sistema Sancionador
    En la practica las autoridades encargadas d elos proceimdientos administrativos sancionadores no respetan plazo alguno, tanto en las investigaciones previas como dentro del proceso sancionador, conllevando a veces que los procesos durante varios años,situacion que se ve a diario por ejemplo en el Poder Judicial, se inician procedimientos luego d etres o cuatro años

    ¿ esta demora no implica responsabilidad efectividad del funcioanrio o servidor encargado, o se justifica la demora por las investigaciones previas que se realizan?

    ¿existe una sanción efectiva para estos funcionarios, que se permiten, inverstigaciones por el retardo judicial, ocasionado por la carga judicial impuesta por el propio Poder Judicial,no obstantes que ellos mismos se demoran varios años para iniciar los proceidmientos sancionadores?

    Preciso que realemnte es una constradicción insana que un servidor judicial se le sancione por un retraso de tres cuatro, o seis meses, cuando es el Propio Poder Judicial quien ha ocasionado el problema de sobrecargar procesal en algunos organos jurisdiccionales, como los de familia, laboral , contencisoo admnistrativo.

    Mas aún si el Organo Sancionador, para investigar estos retrasos, ocasionados por la misma entidad, se demoran dos, tres y cuatro años.

    Espero pueda constestar las preguntas formuladas

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  14. Apreciada Teresa:

    Comparto tu incomodidad.

    A la primera de tus dos interrogantes, la infracción de los plazos conlleva responsabilidad administrativa para los infractores, cierto es que muchas veces es la misma entidad la cual lo vulnera y mantiene en la impunidad a los infractores.

    En cuanto a la segunda interrogante, por lo usual las sanciones para dichos infractores deben ser promovidas en sede judicial, con las implicancias que ello supone.

    Como parte de los espacios para procurar contrarestar dicho abuso actualmente, además de la vía penal, un servidor público procesado tiene la posibilidad de acudir en vía de apelación en sede administrativa a efectos que sea el Tribunal de Servicio Civil, el cual se pronuncie al respecto.

    Puedes ver mayores comentarios en “Del proceso Administrativo Disciplinario”

    Exitos en tu cometido

    el plazo la ley establece responsabilidad por demora para los funcionprimera pregunta

    A la Tus Las dos preguntas estan absueltas

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  15. Ilustrado Doctor Ricardo, se puede recurrir a una Acción de Amparo, obviamente presentada ya la demanda al Juzgado correspondiente en lo Contencioso Administrativo que recae sobre una snción disciplinaria simple, en la cual no se observó el debido proceso y por ende se violó el derecho a la defensa?

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  16. Apreciado anónimo

    Temo que no, por estar comprendida en la tercera causal de improcedencia que prevé el Código Procesal Constitucional en su :

    Artículo 5.- Causales de improcedencia

    No proceden los procesos constitucionales cuando:

    3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional;

    ;

    5. A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable;

    Gracias por escribir y difundir el blog

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  17. Buenos días Doctor, mi consulta es, la municipalidad me impuieron una multa por expender licor en la via publica, habiendo presentado el descargo de la multa, la cual no me contestaron, luego presente una reconsideración, tampoco se me contestaron, por lo que presente una solicitud de silencio positivo, la cual tampoco me contestaron, ahora me ha llegado un requerimiento de pago de la multa, que puedo hacer, agradeceré la respuesta a mi consulta.

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  18. Apreciado Efraín :

    El pago de la multa debió suspenderse de haber presentado tu reconsideración a tiempo y con arreglo a Ley, si ello no ha ocurrido posiblemente es o es por desinterés en atenderte o porque no presentaste tu reconsideración dentro del plazo de Ley y con las exigencias establecidas, como quiera que sea ello no exoneraba a la Municipalidad en darte respuesta desestimando o rechazando tus peticiones, al no haber ocurrido ello, sería conveniente que tu caso lo tome un Abogado (lo cual debió ocurrir desde que te impusieron la multa).

    Gracias por escribir y por difundir el blog.

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  19. Hola Dr. Ricardo, mi nombre es Eduardo Falcón Sanabria

    Agradeciendole de antemano por la respuesta que me pudiera brindar:

    Hace poco vi en su blog. una consulta de Luis realizada el 1 º de Diciembre del 2009 la cual la paso a trascribir:

    Dr. una pregunta ¿el tiempo de prescripción de un proceso se inicia cuando el titular toma conocimiento y termina con la notificación al trabajador que se le va aperturar o sanciona?
    Ejemplo:
    Fecha que toma conocimiento el Titula 25/09/2008
    Fecha que prescribe el proceso 25/09/2009
    Fecha que se notifica el proceso 30/09/2009
    El trabajador esta sujeto al regimen D. Leg. 276 ¿hay`prescrpición si o no?

    A lo que Ud. Dr. Ricardo Ayala le contesto mediante su blog el 02 de Diciembre del 2009 la siguiente respuesta:

    En función a las fechas que anotas hay prescripción.
    Unicamente ha de distinguirse que el documento con el cual toma conocimiento el titular califique como falta el hecho y que haya sido por autoridad competente (OCI, CPPAD, Abogado, Jefe inmediato).

    Ahora bien Dr. La pregunta es, ante la respuesta que Ud. muy gentilmente le brindo a Luis existe alguna Juriprudencia, mucho le agradecería que me diera a conocer por este medio.

    Atentamente.
    Eduardo F.S.

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  20. Apreciado Eduardo:

    No cuento con alguna jurisprudencia específica a la mano. Te invito en todo caso a que busques en las que publicitan en sus respectivos portales tanto el Tribunal Constitucional ( TC) como el Tribunal de Servicio Civil (TSC).

    La opinión vertida sobre el extremo último de loabsuelto fluye del mismo texto de la ley especial en la cual no preestablece que solo alguno de ellos sea el único llamado a proponer la existencia de la falta que motive la calificación de grave, leve o inexistente por parte de la CPPEAD.

    Gracias por escribi y difundir el blog.

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  21. Dr. Ricardo muy buenos días, con todo respeto solicito a Ud. absolverme la siguiente pregunta-comentario: En fecha 26 de Julio me han notificado resolución apretándome PAD, por Supuestas faltas Injustificada derivadas de que no he registrado mi asistencia en en la tarjeta de control de asistencia, nunca he faltado, solo no se han registrado, existen la historias clínicas, el libro de registro de emergencias, las hojas del HIS de consultorios externos que demuestran mi asistencia y mi trabajo (Soy medico que laboro en un hospital del MINSA, como medico asistente), me imputan haber trasgredido el inc a) y d) del art 28º del D. Leg 276; a mi criterio ello no ha sucedido, debido a que nunca falte, ha existo falta de registro de mi asistencia debido a que a la hora que ingreso y salgo de mis guardias es a las 8.00 Am y 8.00 Pm, tal como lo dispone la Ley del Trabajo Médico y su Reglamento el DS. 024-2001-SA en el Art. 21º, pero a esa hora ya no esta disponible el reloj marcador ni la tarjeta de control de asistencia por lo cual comunique a la administración el 30 de marzo que no podría hacer registro de mi asistencia por tal motivo, nunca me respondió la administración, y comenzaron a descontarme la bonificación por guardias hospitalarias desde el mes de marzo, al solicitar la devolución respectiva me han respondido con la notificación del PAD, en el que nunca me notificaron que estaban haciendo un investigación para tal efecto y además me han negado las copias de los documentos que deben existir en el expediente que contiene lo actuado en este PAD, me han entregado solo algunos, con lo que mis descargos, probablemente sean insuficientes por falta de la información requerida para tal efecto; además que el Director de la SRS donde funciona la comisión de PPAD ha inducido y obligado al Presidente titular de la CPPAD a inhibirse para que designe al suplente con el agravante que con el documento que dispone tal designación dice “solamente para el proceso del Dr. Aníbal Balcázar”, al otorgarme en forma incompleta los documentos solicitados me vi obligado a solicitar prorroga para la presentación de descargos, pero no me entregaron el resto de documentos, mas si un documento diciéndome que ya me habían alcanzado la in Formación Í Y QUE ESO ERA TODO.
    Sr. Dr. la pregunta es ¿PUEDO INTERPONER DEMANDA DE AMPARO POR AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO, UNA VEZ QUE ME NOTIFIQUEN LA RESOLUCIÓN DEL PAD?, por la actuación parcializada de la administración y por informes extraoficiales que tengo me dicen que me van a destituir, es la razón de mi pregunta, o si debo necesariamente agotar la vía administrativa.
    Mil Gracias por la atención que me brinde, atentamente.
    Aníbal Balcázar Torrejón
    DNI Nª 27749730

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  22. Apreciado Aníbal

    Podrías interponer la acción de amparo que aludes, si los hechos son como expones, si se demuestran esos vicios conllevaría la nulidad de los actuados.

    A efectos de ser objetivos resultaría necesario verificar la posición que sostienes.

    En mi opinión, mas expeditivo podría resultar que mediante una Carta Notarial hicieras notar al titular de la entidad como al titular de la CPPAD los referidos vicios y falencias que refieres a efectos que, procedieran a enmendarlos y de ser el caso, te sometan a un proceso disicplinario justo, estando vedado todo adelantamiento de opinión en la decisión a adoptar.

    Exitos en tu cometido.

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  23. MIL GRACIAS DOCTOR POR SU APRECIABLE CONSEJO, ENVIARE LA CARTA NOTARIAL, TAL COMO LO SUGIERE.
    TODOS LOS VICIOS SEÑALADOS LOS TENGO DOCUMENTADOS Y EN MIS DESCARGOS HE PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS PRUEBA. EL DIA DE MAÑANA MI ASESOR HARÁ EL INFORME ORAL Y AL DÍA SIGUIENTE CREO ES OPORTUNO PRESENTE LA CARTA NOTARIAL

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  24. Buenos días:

    La sentencia del Tribunal Constitucional (2002) ha sido emitida antes de la dación de la Ley de SIlencio Administrativo Positivo (2007), de la revisión de la referida Ley no he encontrado que la falta de pronunciamiento final en un procedimiento disciplinario pueda encajar en algun supuesto de aplicación del silencio administrativo negativo establecidos en la primera disposición transitoria, por lo que, quisiera saber si se sigue aplicando la jurisprudencia constitucional o para estos casos se aplica la Ley de silencio positivo, lo cual me parece que no sería congruente por la naturaleza del pronunciamiento). No tengo conocimiento que el TC haya emitido pronunciamiento posterior al respecto.

    Agradezco la atención a mi consulta.

    Susana Ch.

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  25. DISTINGUIDO DOCTOR, PARA COMENTARLE QUE REFERENTE AL PAD QUE LE COMENTE SE HABÍA INSTAURADO EN MI CONTRA, ESTE YA CUMPLIÓ SU TERMINO EL 08 DE SEPTIEMBRE Y HASTA LA FECHA EL DIRECTOR DE LA SRS JAEN NO EMITE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, CON LO QUE EL PROCESO HA CADUCADO, NO LO HACE PORQUE LA CPPAD HA OPINADO POR AMONESTACIÓN, YA QUE NO HAN PODIDO ACREDITAR LOS CARGOS QUE ME IMPUTABAN; INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS POR NO HACER REGISTRADO HORA DE INGRESO O SALIDA, SOLO DICEN QUE SE HA PODIDO COMPROBAR QUE INASISTI TRES DÍAS NO CONSECUTIVOS, POR LO QUE SUPONGO ME DESCONTARAN MIS HABERES PERO COMO LAS INASISTENCIAS NO SON FALTAS DISCIPLINARIAS, NI SIQUIERA ME PUEDEN AMONESTAR, QUE PUEDO HACER PARA QUE EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAÉN EXPIDA LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDE?.
    ESTARÉ MUY AGRADECIDO POR SU PESPUESTA.

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  26. Apreciado Aníbal

    Si los hechos son como refieres, bien por ti, solo es pertinente que esperes la emisión de la Resolución; en tanto, es de asumir que prosigas con regularidad, tu servicio público.

    Gracias por escribir y difundir el blog

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  27. ¿ Una inquietud, que sucede cuando presentada la demanda por algun acto administrativo se solicita completar por falta de requisitos a la demanda: Desde cuando cuenta el término para la contestación y no incurrir en silencio administrativo?.
    Desde la presentación o desde que se completó la demanda.

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  28. Apreciada Sara:

    Si hablamos de “presentada una demanda” hablamos de un proceso judicial.

    Si el Juez observa la falta de requisitos en esa misma resolución te concede un plazo expreso para subsanarlo, el cual corre a partir del dia siguiente de recibida la notificación.

    En un proceso judicial no resulta aplicable el silencio administrativo.

    Si gustas, puedes ampliar tu pregunta.

    Gracias por escribir y difundir el blog.

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  29. MIL GRACIAS POR SU ATENCIÓN, AUN ESTOY A LA ESPERA DE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PAD, QUE AL PARECER EL DIRECTOR NO QUIERE EXPEDIR, HASTA LA FECHA NO LO HA HECHO,.DEBO SEGUIR PROCESADO AD INFINITUM?

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  30. Apreciado Aníbal,

    La clave es saber el plazo
    trascurrdo desde que te abrieron proceso.

    Si ha pasado mas de 5 meses
    podrias invocar a tu favor el principio de inmediatez,

    Exitos

    Gracias por excribir y difundir e blog.

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  31. EN EFECTO DR. RICARDO; AUN NO HAN TRANSCURRIDO CINCO MESES, ME NOTIFICARON LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EL 26 DE jULIO DE 2011, DE TAL FORMA QUE DEBERÉ ESPERAR HASTA EL 26 DE DICIEMBRE; PARA INVOCAR EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, EN LA VIA ADMIISTRATIVA, EN UN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO O EN UN AMAPARO?.
    SINCERAMENTE AGRADECIDO POR SU ATENCIÓN.

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  32. doctor bobadilla tengo una consulta y recurro a usted esperando su apoyo ya que me encuentro en una controversia que no puedo resolver.
    segun el articulo 166 del d.s 005-90 PCM LA COMISION PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS TIENE LA POTESTAD DE INSTAURAR PROCESO en mi caso quien instauro fue el titular de la entidad en un acuerdo de pleno.
    la sancion fue a merito de dicha comision permanente.
    yo presente mi recurso de apelacion contra la resolucion que me sanciona en diciembre del año pasado, donde hasta la fecha no se me ah emitodo respuesta.
    en el mes de octubre presente, encausar y merituar el recurso de apelacion como recurso de reconsideracion.
    mi pregunta es la siguiente
    1. se ah vulnerado mi derecho al debido procedimiento
    2. es factible que mi recurso de apelacion se meritue y encause como reconsideracion.
    3. que responsabilidades se puede acarrear por no dar respuesta hasta la fecha de mi recurso de apelacion
    4. en que caso se puede merituar y encausar un expediente

    doctor recurro a usted para su apoyo le dejo mi correo frojas_tfc@hotmail.es fernando rojas osorio

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  33. Apreciado Fernando :

    El nombre del autor de este blog es RICARDO PERCY AYALA GORDILLO.

    A tu pedido mi respuesta va a tu correo

    Gracias por escribr y difundir el blog

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  34. Doctor mire a mi me cerraron mi local comercial,osea inicie sin licencia de funcionamiento pero cuando quise solicitarla no me quisieron dar, luego inicie un proceso contencioso administrativo hace unos meses pero me han entregado una notificacion preventiva por licencia de funcionamiento. La municipalidad no tiene porq notificarme porque estoy en tramite judicial, es verdad? o estoy equivocada. La administracion publicaa perdio jurisdiccion al haber iniciado mi proceso judicial. Que debo hacer respecto a esa notificacion y que norma debo invocar? Gracias doctor por su respuesta.
    Galy Acosta
    MI correo es gatita_08072011@hotmail.com o gatita08072011@hotmail.com

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    1. Apreciada Galy

      Cierto, la ley prohibe a la adminstración intervenir cuando el asunto ya es materia de competencia de la autoridad judicial.

      Si estas en un proceso judicial en la vía contenciosa adminstrativa, se asume que cuentas con un abogado de tu confianza a quien te sugiero pedir el alcance en razón que a la luz de los antecedentes que obran en el expediente él podría verificar si el remitido guarda relación directa con lo ahora controvertido y de proponerte el procedimiento a seguir.

      Gracias por escribir y difundir el blog.

      Exitos

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  35. Buen día, lineas arriba se mencionó que no se podía aplicar el silencio administrativo positivo en los procedimientos disciplinarios, sin embargo me entra la duda pues al momento de aplicar el principio de inmediatez, es el caso de que la administración no se pronuncie, el TC ha establecido que por el principio de inmediatez se entenderá que la administración al no pronunciarse perdona la falta, lo cual de por si ya implica un respuesta. Lo que al final de cuentas tendría un efecto similar a la aplicación del silencio administrativo positivo o me equivoco?

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    1. Apreciado Vicente

      Asi interpretativamente es posible asemejarlo, sin embargo, difiere del concepto y aplicación contenida tanto en su petición como en su concesión que expresamente emana de la Ley y es recogido en los TUPAs.

      Gracias por escribir y difundir el blog

      Exitos

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  36. Dr. buenas tardes. Para hacerle una consulta.

    Las empresas del sistema financiero según la Ley del Silencio Administrativo se sujetan al Silencio Administrativo Negativo (PRIMERA.- Silencio administrativo negativo).

    Si existe una póliza de seguros contratada en una empresa de seguros, sucede un siniestro, el beneficiario solicita la cobertura, pasa el tiempo para contestarla, se apela la denegatoria ficta, no se contesta, se presenta la declaración jurada para garantizar el procedimiento seguido.

    ¿Puedo ir al INDECOPI para hacer efectivo la cobertura? o tengo que solicitar que se coberture ante la misma aseguradora.

    Gracias.

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    1. Juan Carlos

      Debes solicitar la cobertura ante la misma aseguradora, asi debe precisarlo la póliza o el contrato; solicitando en todo caso la intervención de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP independientemente de la competencia que le asiste al Indecopi por mandato de la Ley 29571.

      Gracias por escribir y difundir el blog.

      Exitos

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  37. Mi condición laboral es de Auxiliar Coactivo, me han abierto un proceso administrativo disciplinario por haber presentado diversos informes denunciando irregularidades en diferentes procesos coactivos; cuando se me instaura el proceso, presento mi descargo planteando la excepción de incompetencia, por cuanto me procesa la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, que es la que procesa a funcionarios de confianza, mas cuando existe vigente un Reglamento de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, la misma que en uno de sus articulados refiere que la CEPAD, tiene JURISDICCION Y COMPETENCIA para procesar a los Funcionarios de Confianza y ex Funcionarios de Confianza; sin embargo, pese a tamaña claridad de las normas, el colegiado del CEPAD declaro infundada mi excepcion planteada y me sanciono por 35 días; posteriormente al reconsiderar igualmente declararon improcedente la excepción de incompetencia y me disminuyeron la sanción a 30 días. Administrativamente se agoto mi defensa, debo de recurrir al órgano jurisidiccional vía acción de amparo por la violación al debido proceso, pues la Comisión que debió procesarme es la CPPAD; pues bien, ahora se me pretende ejecutar arbitrariamente la sanción por 30 dias, pese a que aún estoy dentro del plazo para interponer mi recurso constitucional.
    PREGUNTAS:
    1.- ¿Es competente el CEPAD para procesarme administrativamente?
    2.- ¿Es mejor plantear una acción de amparo, por la vulneración al debido proceso, o demandar una acción contenciosa administrativa?.
    3.- ¿Es posible que se ejecute la sanción cuando no se han vencido los plazo para impugnar el acto administrativo judicialmente?.
    Anteladamente agradecido por su respuesta.

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    1. Mauro

      Te respondo en el orden que preguntas:

      No, puesto que la Ley Nº 27204, precisa que el cargo de Ejecutor y Auxiliar Coactivo no es cargo de confianza.

      Si, por la razón anterior, es recomendable que interpongas una Acción de Amparo planteando te sea inaplicable la Resolución sancionatoria como la que te apertura PAD a cargo de la CEPAD, por ser órgano incompetente como para prever la no ejecución de la sanción, en caso que no obstante tu impugnación, asi lo decidieran.

      Si, es posible; de alli lo recomendado en el párrafo anterior.

      Confiemos en la capacidad de rectificación por parte de la autoridad judicial.

      Gracias por escribir y difundir el blog.

      Exitos

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Gracias por tu preferencia. RICARDO PERCY AYALA GORDILLO ABOGADO RPM 985 483 172 RPC 994 948 189 Email: asesoriadefensa02@gmail.com Estudio Jr. Moquegua 157 Oficina 201 Cercado de Lima - Peru (Atención previa cita confirmada telefónicamente)

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