Otra vez, la prensa manifestando su poder.

 

Recientemente, el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, frente a la difusión de  noticias sobre hechos que remecieron la opinión pública, han dado muestras de medidas correctivas para procurar salvar la respetabilidad e imagen pública del primer poder del Estado, cortar por lo sano, evitar el discurrir del “dime con quien andas y te diré quien eres”.

 

 

Frente a “chuponeados petroaudios” en que los ahora conocidos chuponeados mencionan el nombre de algunos altos funcionarios públicos, como parte de los correctivas el Primer mandatario salió en los medios de comunicación haciendo el respectivo deslinde, calificando a los involucrados, pidiendo la investigación de Ley y sanción severa para los incursos, además, para evitar la censura del gabinete, lo renovó parcialmente.

 

En ese mismo cometido, en vísperas de su designación por parte del primer mandatario, los medios anuncian que el Congreso de la República acuerdan el correctivo de no elegir a la única profesional aspirante propuesta a Contralora General de la República, alto cargo reservado a ocupar por 7 años a quien iba a encabezar la jefatura de los OCI como máxima autoridad del Sistema Nacional de Control de toda la Administración Pública y por la naturaleza de su función representante en las mesas de Política y Lucha Anticorrupción a nivel nacional e internacional.   Su craso error : haber declarado, falsamente, en su currículum vitae estudios, realizados en el exterior y desmentidos por las universidades invocadas.

 

Hoy ya se difunde la noticia que la aspirante a Contralora será denunciada penalmente por el Procurador Público del Congreso de la República.

 

 

La mención a estos ingratos episodios, no debe ser infructuosa y abundante en lo negativo; en contrario, aunque resulte paradójico, nos resultan oportunas para extraer lecciones positivas y ejemplares por parte de para quienes gerencian y administran organismos y entidades públicas como a sus servidores y funcionarios implementando los respectivos correctivos que correspondan en el respectivo ámbito de sus competencias; disponiendo por ejemplo, la inmediata revisión no sólo de las designaciones realizadas o por efectuar en cargos públicos sino de las resoluciones,  convenios, contratos que hubieran suscrito, por modestos que puedan parecer.

 

 

A estas alturas, ¿alguien estaría en condiciones de afirmar por ejemplo que la función del portero o vigilante o del personal de limpieza es realmente modesta, intrascendente o no importante? Cuando la prensa también viene dando cuenta de la sustracción de voluminosos documentos de una entidad pública en tiempos coincidentes que se denuncian chuponeos y petroaudios?

 

 

¿Por qué un titular de entidad, gerente, Director, Administrador, Jefe de Personal debe esperar que la prensa se ocupe de denunciar hechos ocurridos al interior de sus respectivas entidades o a que el Organo de Control Interno (OCI), la Policía, Fiscalía Anticorrupción o el Congreso lo requiera o cite para esclarecerlas?   Cuando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control[1] ya ha trasladado dicha función y responsabilidad preventiva dotando al titular de la entidad como en los servidores y funcionarios a cargo el control interno previo y simultáneo; si ellos se implementaran tal cual, es probable que al requerimiento de las ya citadas autoridades todo pueda ser evaluado, fiscalizado, supervisado o auditado sin observaciones o hallazgos por parte de los OCI o bien que éstos no resulten relevantes.

 

 

Los comentarios precedentes no son ajenos cuando se trata de conformar y determinar los miembros que conformarán las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD) o de las Comisiones Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para funcionarios (CEPAD).

 

 

Para algunas autoridades, designar a los miembros de la CPPAD sólo constituye uno de sus diversos actos de administración, en la anodina creencia que la designación es suficiente que gocen de la “confianza” del titular.

 

 

Algunas veces la desnaturalización y mal uso de la “confianza” puede conducir a situaciones como las inicialmente comentamos.

 

La conformación de los miembros de la CPPAD está antelada por la condición de ser laboralmente nombrado y con la característica de ser : 1) funcionario representante del titular de la entidad, 2) jefe de personal y 3) representante de los trabajadores, las cuales son igualmente exigibles a sus respectivos suplentes.

 

 

¿Pero cuál es la función de la CPPAD?

 

La función de la CPPAD es sumamente delicada y privilegiada pues es parte del instrumento coercitivo y ejecutivo de la Ley respecto de quienes la omiten o infringen.

 

Concurrentemente con las atribuciones que la Ley confiere al titular de la entidad, al jefe inmediato, como al OCI, quienes conforman la CPPAD asumen la singular competencia y autónoma función de dictar “justicia administrativa” como suelen llamar algunos respetables colegas, de allí que, en el argot popular otros administrados afirman “me hicieron juicio en mi entidad” cuando en realidad han afrontado un proceso administrativo disciplinario.

 

Estas privilegiadas funciones de los miembros de la CPPAD consisten en  :

 

1)      calificar las denuncias que le sean remitidas para determinar si la conducta del servidor denunciado constituye  o no falta administrativa disciplinaria; 

2)      llevar a cabo el proceso administrativo una vez que le ha sido autorizado (función exclusiva y excluyente)

3)      Proponer la absolución o graduación de la sanción a imponer, lo cual comprende hasta la destitución por 5 años; (función exclusiva y excluyente)

4)       En el caso de los docentes de la administración Pública, hasta emitir opinión en los recursos de los procesados;

5)      La CPPAD constituye, también parte activa del control preventivo y simultáneo de la gestión y actores protagónicos en la política institucional en materia sancionatoria frente a los actos transgresores de la Ley y la tantas veces  mentada lucha contra la corrupción.

 

La Ley (léase Decreto Legislativo Nº 005-90-PCM Reglamento del Decreto Legislativo 276 y normas conexas), no dice cuáles son los requisitos que deben reunir con antelación los antes mencionados miembros de la CPPAD, pero se asume que como garantía de sus funciones a quienes procesarán cuando menos deben ser: honorables, de incuestionable reputación, imparcialidad, ecuanimidad, conocida capacidad y trayectoria de causar “justicia” lo cual se infiere de las exigencias que la sistemática normativa exige a todos los funcionarios y servidores públicos en las obligaciones y deberes laborales y morales regulados en los artículos 3º, 21º, 28º del D.Leg. 276, en la Ley del Código de Etica de los Funcionarios y Servidores Públicos y su Reglamento.

 

 

Tampoco dice expresamente la Ley que la experiencia o capacitación en esta especializada función les resulte exigible, pero es indudable que es de prever mejores resultados si cuentan con experiencia y/o capacitación especializada en Procesos Administrativos Disciplinarios, lo cual comprende el conocimiento de los esenciales Derechos Humanos como de los Principios del Derecho Administrativo.

 

 

Es consecuentemente válido que tales condiciones puedan haber sido recogidas en la Reglamentación Interna, Directiva o Estatuto que posea cada Sector o entidad pública para la designación y elección de los representantes de los trabajadores, normas que debe poseer la Oficina de Personal o de Administración y accederse a través de petición directa y simple o bien con arreglo a la Ley de Transparencia y Control Ciudadano.

 

 

Los servidores, funcionarios como el titular de la entidad están legitimados, respectivamente, para verificar, pedir y hacer que así ocurra.

 

 

Lo anteriormente expresado conlleva absolver algunas interrogantes recurrentemente planteadas:

 

¿Quién fue procesado administrativamente está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Quién fue sancionado también está impedido de formar parte de la CPPAD?

 

¿Todo procesado es necesariamente culpable y por tanto debe estar inhabilitado para ser miembro de la CPPAD?

 

No, no siempre.

 

La Constitución Política de Perú de 1993 establece en el numeral 24º del artículo 2º “(El derecho de la persona) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.”

 

 

No obstante este mandato constitucional, las convocatorias públicas a postulaciones a cargos públicos suelen restringir a quienes tienen o han tenido proceso administrativo o judicial.

 

 

Hay innumerables servidores y funcionarios que han sido sancionados en unos casos, y en otros, afrontado no sólo procesos administrativos disciplinarios sino también procesos judiciales penales y civiles, a causa de malos funcionarios de la CPPAD o del OCI que, por error o dolosamente, haciendo mal uso de la “confianza” y de la investidura que le confirió o delegó la Administración Pública, abusaron de ella concluyeron sus informes imputando responsabilidad no a quienes en realidad corresponde sino sobre todo a los “enemigos de la gestión” recomendando en algunos casos hasta dilucidar su responsabilidad en sede administrativa o judicial, lo cual puede conllevar hasta su destitución y afrontar al procesado, largos e impredecibles procesos judiciales, amén del desprestigio y del impredecible daño a su economía personal y familiar como a su salud emocional, que se resumen en vilipendio y suma afrenta a la dignidad humana que comenzamos tocando en nuestro artículo anterior, (Véase Poder de Representación del Administrado) y legitima accionar contra quienes así proceden como contra la entidad a la que representan.

 

 Creemos por ello que, es igualmente injusto poner en un mismo saco de impedidos a quienes afrontaron sanciones o procesos administrativos o judiciales por conductas manifiesta y probadamente dolosas, con quienes resultaron involucrados, por omisiones, errores propios o de terceros y sobre todo con quienes fueron procesados o sancionados calumniosamente, sin causa cierta alguna.

 

 

¿Y qué con quienes fueron rehabilitados?

 

Las convocatorias públicas nada dicen tampoco de quienes fueron rehabilitados.

 

 

Siendo la rehabilitación de la sanción administrativa un procedimiento administrativo regulado en su forma y plazo por Ley declarado mediante acto resolutivo, su efecto conlleva al silencio de los hechos materia de la rehabilitación por parte de la administración como de los administrados; de allí que, a nuestro juicio, quien acredite, documentadamente, haber sido rehabilitado no tendría porqué ver cuestionada o afectada su libertad de contratación o designación; si ello ocurriera está legitimada a accionar contra quienes procedan en contrario.

 

Si bien las personas como los funcionarios y servidores públicos tienen la facultad y hasta el deber de denunciar los actos inmorales o delictivos (Art. 21 del D.Leg. 276), ello no los exonera de indagar con la mejor certeza posible lo que se cuestiona, denuncia, afirma o pide dado que aparejado a esa facultad, antes, está el deber de decir la verdad integral, no a medias, como penosamente ha ocurrido con la recientemente autofrustrada aspirante a Contralora General. 

 

La Legislación Administrativa, Civil como Penal sanciona también las afirmaciones falsas como las denuncias calumniosas.

 

Lo anterior reposa en el derecho al respeto a la persona y su dignidad como a la presunción de inocencia hasta no ser declarado judicialmente culpable que consagra el literal e) del numeral 24º del Artículo 2 de la Constitución de 1993, por el cual, quien fue procesado y /o sancionado por la administración pública perfectamente puede obtener un fallo absolutorio en vía judicial y consecuentemente reclamar la indemnización contra los funcionarios y la entidad que dio lugar a dicho estado.

 

Si el funcionario designado en la CPPAD no tiene la función de representante del titular o es Jefe de la Oficina de Personal o si es designado como representante de los trabajadores sin haber sido elegido por votación de manera pública, transparente y con arreglo a los estatutos del Sector o de la entidad que se hubieran establecido con dicho fin, los trabajadores están legitimados para cuestionar o deducir la nulidad de la resolución que lo designa como tal.

 

Los estatutos internos deben prever si la designación en dicha función de representación es por uno o dos años.

 

 

Consiguientemente, es legítimo que cada uno de los funcionarios o servidores de manera individual o colectiva o a través de sus respectivos gremios, previa indagación objetiva e integral de los documentos que anteceden su pedido, pueda ejercer su constitucional derecho de petición (numeral 5 artículo 2 de la Constitución Política de 1993), pedir al titular de la entidad la revisión y rectificación de la designación como miembro de la CPPAD a que hubiera lugar.

 

 

Si ya media Resolución designando a los miembros de la CPPAD cabría plantear la correspondiente nulidad, que puede resultar amparada o desestimada.

 

 

Lo decoroso es que la autoridad administrativa sin necesidad de ser requerida, fortalezca su control previo y simultáneo supervisando, revisando y verificando adecuada e imparcialmente a las personas propuestas o que conforman sus respectivas CPPAD y CEPAD. En los casos que corresponda, de oficio, practique las rectificaciones a que hubiera lugar.

 

RICARDO PERCY AYALA GORDILLO

                  ABOGADO

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Lima, 21 de Abril del 2013

Categoría :  Proceso Administrativo Disciplinario


[1]Ley 27785  7º Artículo 7º.- Control Interno

El control interno comprende las acciones de cautela previa simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo.

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley.